El Instituto Nacional Electoral (INE) gastó 534.1 millones de pesos en servicios externos durante 2022, entre los que están la evaluación de su imagen, equipos de asesores externos para el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, y “técnicos especializados para la producción de programas de televisión“.
De acuerdo al Informe Anual del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, el órgano electoral erogó más de 534 millones de pesos a servicios externos.
El INE había solicitado 680.6 millones para este fin, sin embargo no los gastó por lo que los sobrantes podrían ir a parar a sus fideicomisos. Por ende, el contralor del OIC reiteró la recomendación de elaborar el anteproyecto de presupuesto “con mayor rigor, que impida solicitar recursos mayores a los efectivamente requeridos“.
Sesión en el Consejo del INE.
Según lo detalla el informe del OIC, 998 mil 528 pesos del presupuesto del INE se destinaron para la contratación de tres estudios que medirían la imagen del INE entre la ciudadanía. El informe indicó que de los tres encargos para evaluar la imagen del INE, uno fue bajo la modalidad de cara a cara en vivienda y dos mediante levantamiento telefónico.
Uno de estos estudios fue la encuesta mediática en la que se preguntó a la población sobre su aceptación a la Reforma Electoral presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El resultado de dicho sondeo mostró el gran apoyo a la iniciativa presidencial.
Lorenzo Córdova, durante la sesión extraordinaria en el INE. Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro
La mayor parte del monto general tiene relación con servicios en materia de sistemas informáticos, aunque al mismo tiempo, el año pasado el instituto gastó 37.7 millones en impresiones y 1.4 millones para imprimir y distribuir materiales para las elecciones de 2023. Asimismo, derogó 9.7 millones para contratar los servicios de una agencia de viajes para la compra de pasajes aéreos nacionales e internacionales
Para organizar elecciones y consultas, el INE mandó fabricar 90 urnas electrónicas modelo 6.0, por un total de 6.5 millones. En cuanto a materiales y útiles de oficina, administrados mediante una tienda virtual para las oficinas centrales, la erogación fue de 9.7 millones.
Lorenzo Córdova, presidente del INE y Ciro Murayama, consejero. Foto: Especial.
De la misma manera, el “árbitro” electoral gastó alrededor de un millón de pesos en suministrar e instalar llantas y rines para el parque vehicular del órgano central.
Finalmente, el informe del OIC detalla que el INE contrató “técnicos especializados para la producción de programas periodísticos de televisión” con un costo de 2.4 millones de pesos. Cabe resaltar que el órgano encabezado por Lorenzo Córdova pretendía erogar 28.3 millones de pesos a una agencia “para el desarrollo de la creatividad” de mensajes que se divulgarían en los medios de comunicación. No obstante, y gracias a la intervención de oficio del OIC, dicho contrato quedó suspendido.
Daniel Robles Haro, acompañado de su madre, en el Salón Tesorería, a donde acudió a manifestarle algunas inquietudes al presidente López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro
En la actualidad, las pensiones que se otorgan a personas menores de 29 años con discapacidad suman ya un millón en todo el país y, mediante acuerdos con gobiernos estatales, en la mitad de las entidades se ha alcanzado un acuerdo para que con aportación de 50 por ciento de la Federación y los estados, se ampliaron estas becas hasta los 65 años de edad, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En respuesta a un joven discapacidad, Daniel Robles Haro, quien a través de una grabación y el apoyo de su madre le pidió incorporar tableros de comunicación alternativa en los libros de texto, que les facilite la comunicación y la incorporación de infraestructura para atención de estas personas en los planteles, López Obrador dijo que en paralelo, se alcanzó un acuerdo con la Fundación Teletón, a fin de otorgar 20 mil becas más para que se les proporcione terapia a personas con discapacidad y puedan lograr su rehabilitación.
Por otro lado, el mandatario celebró una vez más el triunfo de México en el Mundial de Beisbol, que derrotó a Canadá 10-3 y pasó a la siguiente fase de ese certamen. Destacó el papel del pitcheo mexicano y la atinada dirección técnica del manager Benjamin Hll, que ha logrado los cambios de pitchers a tiempo. “Les deseamos lo mejor a los mexicanos. Están enrachados”.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado capturar a 9 de los 22 imputados en el caso de los 142 millones de pesos que pagó Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) por la compra de 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las que únicamente recibió 3 mil 110.
Un juez federal les ordenó prisión preventiva oficiosa, dejando internados a siete acusados en el Penal Federal del Altiplano y a una mujer en el Penal Federal Femenil de Morelos.
Fue la Policía Federal Ministrerial (PFM) la que detuvo, en cuatro estados del país, a cinco ex servidores públicos de Segalmex, a dos representantes de la proveedora Carregin y a un particular que recibió los recursos en sus cuentas, de acuerdo con la orden de aprehensión girada el 2 de marzo pasado.
Sobre los ex funcionarios detenidos, sus capturas fueron giradas por el delito de delincuencia organizada, pero hay otros aún prófugos de la justicia, así como particulares, que son perseguidos por ese delito y por lavado de dinero.
Los ex funcionarios detenidos son:
Carlos Antonio Dávila Amerena, Jurídico de Diconsa y Selgamex
Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar
Laura Patricia Hernández Rojas, Coordinadora de Control Presupuestal Liconsa
Simón Escobar Copca, Jefe de Almacén en Querétaro
Artemio Gutiérrez Rodríguez, Subjefe Operativo de Diconsa en Querétaro
Asimismo fue detenido Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Servicios Integrales Carregín SA de CV, la empresa proveedora de este contrato de azúcar.
Por su parte, el ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, sigue prófugo por este caso, y dos procesos por la supuesta compra ilegal de títulos bursátiles por 800 millones de pesos con recursos de Segalmex.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este lunes que se irá a fondo en el desfalco a Segalmex. “Antes decían ‘caiga quien caiga’, pura simulación, pura demagogia, ahora no es así”, reiteró.
Autoridades federales han dado a conocer que Gavira Segreste tiene orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el primero de ellos contemplado con prisión preventiva de oficio.
Gavira Segreste llegó al cargo al inicio del actual Gobierno federal, y renunció el 30 de junio de 2020, cuando ya había denuncias en su contra por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades en el organismo a su cargo.
Dos meses después de dejar el cargo, su hijo, René Federico Gavira Martínez, compró un departamento de 135 metros cuadrados en The Ricchi Luxury Condominiums, un exclusivo desarrollo residencial en San Antonio, Texas.
Contratación irregular
Fue en abril de 2020 cuando Segalmex otorgó un contrato mediante el que Diconsa, filial de Segalmex, pagó a Carregin 465 millones de pesos por 25 mil toneladas de azúcar.
Cuando el organismo descentralizado pidió la devolución de 88 millones de pesos, correspondientes a 4 mil 700 toneladas de azúcar no entregadas, Carregin únicamente depositó 8 millones de pesos a Diconsa.
La empresa proveedora se habría quedado con 80 millones de pesos sin entregar la azúcar correspondiente.
Este sería el segundo proceso penal en contra de Gavira Martínez, ya que en abril pasado un juez de control federal del Reclusorio Norte lo vinculó a proceso por la presunta compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con un valor de 100 millones de pesos con recursos de Segalmex.
En este caso habría sido la Corporación en Asesoría Financiera, encabezada por René Dávila de la Vega, la que captó los recursos de Liconsa mediante un fideicomiso.
La casa de bolsa CI Banco, como fiduciaria, habría emitido los certificados bursátiles.
En este tema, el ex funcionario fue procesado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 15 de marzo de 2023. Foto Cristina Rodríguez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que convocará a médicos y científicos mexicanos a analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo para elaborar analgésicos que permitan controlar el dolor en intervenciones quirúrgicas por otro tipo de sustancias y, de ser viable, prohibir la importación de esta sustancia que es utilizada como precursor de drogas químicas.
Durante su conferencia, el mandatario aseveró que México ha incrementado sustancialmente sus controles para enfrentar la introducción de fentanilo y otras sustancias para elaborar drogas químicas, entre las que destacó la decisión de que la secretaria de Marina controle los puertos y la secretaria de la Defensa Nacional las aduanas fronterizas.
Reconoció que en su momento estas decisiones propiciaron la renuncia del ex secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, quien le externó su inconformidad porque ello implicaría la militarización del país. Explicó que discreparon de criterios y aún cuando respetó su posición, se adoptó esta decisión porque era responsabilidad presidencial buscar mayor control en estas áreas, porque antes «los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas estaban tomados por la delincuencia, se aplicaba el principio de plomo o plata».
López Obrador consideró que fue una determinación acertada porque «hemos podido decomisar mucha droga en puertos, incluso en las aduanas marítimas y terrestres se han incrementado los ingresos. Está funcionando bien. Además Marina con Cofepris trabajaron para ordenar la importación del fentanilo, que viene fundamentalmente de Asia».
Sin embargo, aseguró que aún cuando congresistas estadunidenses acusan a México de no hacer lo suficiente para controlar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, dijo que esta sustancia no sólo proviene de México, sino también de Canadá e incluso se introduce de manera directa a Estados Unidos desde Asia.
Señaló que esta distorsión de responsabilidad solo a México ha propiciado incluso que se anuncien iniciativas legislativas para que el ejército estadunidense pudiera intervenir en México para confrontar a las bandas criminales que trafican con esta sustancia, lo cual «nunca jamás lo permitiremos».
Aseveró que se lanzará una convocatoria a la comunidad médica y científica en México para analizar la posibilidad de que se sustituya el uso de fentailo por otras sustancias y prohibir la importación legal de fentanilo para uso médico.
«Aunque tenemos el control sobre el ingreso con usos médicos de todas al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos a ver si esto es viable. Con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando será combatido». De proceder, solicitaría que en Estados Unidos se realizara una medida similar para prohibir en la región el uso de dicha sustancia para uso médico.
Acusó que las autoridaes estadunidenses no están haciendo lo suficiente para desalentar el consumo de drogas entre los jóvenes. «Este es un asunto de las dos naciones, los dos gobiernos. No es culpar al vecino, es ver la paja en el ojo ajeno y lo la viga en el propio
«¿Cómo combate a los narcotraficantes distribuidores de droga en Estadoa Unidos? ¿Cuánto decomisan? ¿Qué están haciendo para que los jóvenes no opten por la droga? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿La DEA qué hace? ¿Por qué el jefe de la DEA en México se vinculó con narcotraficantes y lo único que hicieron fue destituirlo? Pasó de noche la noticia. Esto no es de maniqueísmo, de buenos y malos, es una forma muy simplista, ramplona, superficial de ver un problema».
López Obrador sostuvo que México tiene su estrategia que prioriza la atención a las causas y dar mayor oportunidad a los jóvenes, buscando controlar el consumo de drogas porque eso aceleraría más la violencia y los homicidios, aun cuando se trate de enfrentamientos entre ellos.
Sin embargo, esto pasa por no permitir corrupción e impunidad, «nada de venta de plazas, nada de García Lunas, no aceptar un narcoestado como existió y cooperar con Estados Unidos, para este que no entre droga por la frontera de México».
Alertó que esta postura de cooperación con Estados Unidos no debe mal interpretarse. No quieran que eso sea lo primero. Seguir cooperando por cuestiones humanitarias, por solidaridad pero no vamos a ser nosotros sus empleados y no nos van a venir a decir te vas a dedicar únicamente a esto. Somos soberanos e independientes».
López Obrador lanzó: «no vamos a someternos a sus estrategias y menos a estrategias fallidas, cómo le vamos a dejar el manejo de la seguridad a la DEA si han demostrado que no pueden o no ha habido buenos resultados en el combate a la droga. No, y nosotros sí vamos avanzando, estamos reduciendo el número de homicidios. Somos libres, soberanos».
Burocracia dorada llenan de aplausos a la corrupción. Consejeros y representantes de distintos partidos opositores aplaudieron el retorno de Edmundo Jacobo Molina a sus funciones como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
El día de hoy, en sesión ordinaria del Consejo General, el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, calificó como “un acto de justicia” la reincorporación del funcionario, a quien describió como una persona “honesta y comprometida”.
“Con la resolución del Poder Judicial de la Federación y la suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho”, señaló.
Asimismo, el consejero presidente recordó que el artículo 41 de la Constitución indica que es el Consejo General quien designa al secretario ejecutivo, y que ningún Poder del Estado puede removerlo si no existe un juicio político de por medio.
¿Qué pasó?
Un Tribunal Colegiado ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), aún cuando la aprobación y publicación del Plan B de Reforma Electoral ordenó su destitución del cargo, en el cual permaneció casi 15 años.
El Noveno Tribunal Colegiado fue quién concedió a Edmundo Jacobo una suspensión provisional, dentro del juicio de amparo que promovió Jacobo contra el Plan B de la Reforma Electoral. Siendo así, se impugnó el Décimo Séptimo transitorio del Plan B de la Reforma Electoral, vigente desde el 2 de marzo y en el cual se estableció el despido del funcionario del INE.
La suspensión señala que Edmundo Jacobo fue designado Secretario Ejecutivo del INE hasta febrero de 2026, por lo que la Reforma electoral no justifica su despido.
“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades (de la Secretaría Ejecutiva) justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia”, dice.
Un cargamento de 280 kilogramos de fentanilo y 720 kilogramos de medicamentos controlados fue interceptado por el Ejército en carreteras de Sinaloa.
Mediante labores de inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtuvo información del envió de este cargamento a través de una empresa privada de paquetería, desde Guadalajara, Jalisco, hasta Ciudad Obregón, Sonora.
Elementos del Ejército tras realizar el decomiso de la sustancia y los medicamentos. Imagen Sedena.
Para capturarlo, se desplegó un operativo especial que permitió detectar el cargamento a bordo de un camión de carga, cuando pasaba por el puesto militar estratégico “El Desengaño”, en el municipio de Sinaloa.
La Sedena aseguró que el conductor del vehículo y las sustancias decomisadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para que inicien las investigaciones correspondientes.
Desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ordenó la restitución temporal del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo.
Ello luego de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió al funcionario una suspensión provisional contra la orden de removerlo de su cargo, planteada en el artículo 17 transitorio del “Plan B” electoral.
Uno de los argumentos que permitió el regreso de Edmundo Jacobo al organismo electoral fue que el Secretario Ejecutivo había sido designado para el periodo febrero de 2020 a febrero de 2026, y no existe ningún motivo para cesar en funciones.
Si bien la medida obtenida permitirá que el funcionario continúe con sus labores en el INE, esta no es definitiva y podría ser impugnada.
Tribunal federal ordena restituir a Edmundo Jacobo, mejor conocido como el "Porfirito", como Secretario Ejecutivo del INE, luego de haber sido cesado por el "Plan B" de AMLO. El poder Judicial al rescate de la burocracia dorada del INE. #CuántosMásPiña 📛📛 pic.twitter.com/X2cXZak0bi
Un Juez Federal giro una orden de aprehensión en contra de 22 personas relacionadas con el desfalco multimillonario en Seguridad Alimenticia Mexicana (Segalmex).
El juez, con sede en Almoloya, dictó las órdenes de aprehensión en contra de 22 presuntos involucrados al desfalco de Segalmex. Entre los señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) están 12 ex servidores públicos y el resto son 4 ligados a empresas con las que se habría coludido y 6 beneficiarios de los recursos desviados del organismo.
La FGR trabaja en cuatro carpetas de investigación relacionadas al mismo caso. Hasta el momento ha logrado seis judializaciones y adelantó que próximamente serán judicializadas más carpetas.
#FGRInforma | A través de la #FEMDO, esta institución obtuvo de un Juez de Control con sede en el #Altiplano, orden de aprehensión en contra de 22 personas por presuntos delitos en agravio de #Segalmex.
En el caso de las 22 personas a las que se les giró orden de aprehensión, éstas estarían implicadas en irregularidades en contratos y pagos por 142 millones 440 mil 883 pesos para la adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar de los cuales no pudieron probar que hayan sido entregados a Segalmex.
En agosto del año pasado, Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de Función Pública (SFP) reveló que se han presentado 38 denuncias por la presunta comisión de delitos por daño patrimonial en Segalmex.
Estos delitos, según explicó el funcionario, alcanzan la suma de 9 mil 500 millones de pesos en presunto daño patrimonial.
Buscan evitar otro desfalco
Salcedo Aquino explicó que para evitar que este tipo de actos sigan ocurriendo dentro de Segalmex, se adoptarían medidas.
Por ejemplo, robustecer los sistemas de control interno y de supervisión para erradicar conductas nocivas. Además de modernizar el equipamiento y los sistemas informáticos de los centros de acopio.
También se fortalecerán los inventarios de mercancías en los almacenes de todo el país y actualizar y gestionar los padrones de productores, concesionarios, distribuidores y beneficiarios.
Para frenar la producción y el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, y reducir las muertes por sus efectos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de ley que propone tipificar el delito de desvío o importación ilegal de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas.
También sancionar la posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas.
La primera iniciativa plantea reformar la Ley federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos.
Con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización y medidas de vigilancia, control y verificación de recursos químicos y productos químicos esenciales, de forma que se asegure su correcta disponibilidad para uso médico y científico.
“Este dinero, controlado sobre todo por la delincuencia organizada, no paga impuestos y se ha utilizado para sobornar a funcionarios gubernamentales corruptos de todos los niveles”, menciona la propuesta, pues señala que los grupos del narcotráfico se han diversificados en sus fuentes de ingreso y una de ellas es la venta de madera.
Además, otorga atribuciones a la Guardia Nacional, Sedena, Semar y Seguridd Pública Ciudadana para detectar y evitar el desvío de precursores químicos.
…utilizados para producir drogas sintéticas. También sancionar la posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas.
Pablo Gómez Álvarez señaló que Cristina Pereyra también participa activamente en el entramado de corrupción de su esposo, quien fuera Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, Genero García Luna, no sólo era un familiar, sino que también participaba activamente en la red de corrupción.
“Genaro García Luna además de propiedades, tiene empresas y su esposa, Linda Cristina Pereyra, es quien las administra”, dijo Gómez en conferencia de prensa.
Además, el titular de la UIF dio a conocer que Pereyra Gálvez está denunciada por el Gobierno de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y señaló que es dueña de varias propiedades en Miami, las cuales están bajo litigio con Estados Unidos.
“La esposa de García Luna no es simplemente un familiar del jefe [Genaro García Luna], sino que ella participa. […] Ella es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están asegurados por la Corte donde está interpuesto el juicio civil que reclama estos bienes”, afirmó Gómez Álvarez.
El funcionario recordó que en el juicio de García Luna, Cristina Pereyra explicó la procedencia del dinero, que tenía la pareja, sin embargo, aclaró que el testimonio es “enteramente falso”, pues “ella está denuncia está denunciada por el Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos”.
El pasado 14 de febrero, durante el juicio, Pereyra Gálvez subió al estrado y explicó la procedencia de sus bienes entre 1994 y 2008, a lo que reporteros que cubrieron el caso, coincidieron que lo realizó de manera lógica, efectiva y metódica.
El titular de la UIF detalló cómo operaba la pareja en sus negocios de presunto lavado de dinero. Foto: Galo Cañas Rodríguez, Cuartoscuro.
“Ella está denunciada, […] al igual que varios de sus familiares que han sido beneficiados del inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de Genaro García Luna y de la Secretaría de Gobernación de [Miguel Ángel] Osorio Chong”, señaló el titular de la UIF.
“No solamente están denunciados, están abiertas las carpetas de investigación, hemos estado insistiendo en la Fiscalía [General de la República] de que es necesario ya la solicitud de las órdenes de aprehensión”, sostuvo.
Asimismo, Pablo Gómez explicó que las solicitudes de órdenes de aprehensión están a órdenes del Fiscal Alejandro Gertz Manero, y que es el Fiscal es quien que abre las carpetas de investigación, y que la UIF sólo se encarga de recibir información, analizarla y presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
PODER JUDICIAL DESCONGELA CUENTAS DE CRISTINA PEREYRA
El mismo día que García Luna fue declarado culpable de narcotráfico, el Poder Judicial le liberó las cuentas a Cristina Pereyra. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
El pasado 21 de febrero, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo, con la que se había negado Linda Cristina Pereyra el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.
El mismo día en que el jurado en Estados Unidos declaró culpable de todos los cargos a García Luna, el Tribunal, integrado por el presidente Rolando González Licona, el Magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García Gonzále, le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.
La UIF había incluido a Pereyra Gálvez en la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna.
“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó Pablo Gómez, en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en una cobertura de SinEmbargo al Aire, vía YouTube.
“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó.
Además, Pereyra Gálvez está demandada ante una Corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de que México rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami.
GOBIERNO MEXICANO BUSCA RECUPERAR DINERO DE LAS PROPIEDADES
Pablo Gómez Álvarez reveló que entidades del Gobierno federal suscribieron diversos contratos millonarios con empresas ligadas a la trama de corrupción que encabezó Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereyra. Foto: Gobierno de México
El Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, sin embargo, esa información se supo apenas a finales de enero, días después del inicio del juicio de García Luna.
La meta de las autoridades mexicana es recuperar “los activos adquiridos” con el dinero producto de la supuesta corrupción de la que acusan a la red de García Luna para resarcir el daño al pueblo mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal donde el exsecretario de Seguridad fue declarado culpable de cinco cargos, incluido el de encabezar una organización criminal durante un largo periodo de tiempo y el de conspirar para traficar droga a EU, el pasado 21 de febrero.
La acusación de la UIF se extiende mucho más allá de solo García Luna. Incluye una lista de personas (ocho físicas): el propio Genaro García Luna; su esposa Linda Cristina Pereyra; “los Weinbergs”, quienes fueron mencionados durante su juicio penal en Nueva York: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg; así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
El dibujo del tribunal de Nueva York ilustra a Genaro García Luna y su abogada Valerie Gotlieb durante el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México. Foto: Elizabeth Williams, AP.
Además, se encuentran demandadas 44 personas morales –empresas– supuestamente relacionadas con la red de García Luna. De ellas, ocho fueron las que adquirieron las 19 propiedades ahora incautadas por el Gobierno estadounidense, las cuales tienen un valor total de 17 millones 930 mil 402 dólares.
La que más destaca es Delta Integrator LLC, creada en 2013 y la cual estaría directamente relacionada con Pereyra, la esposa de García Luna. Cuatro de las propiedades aseguradas fueron adquiridas por dicha compañía. En total, el valor de mercado es de dos millones 476 mil 726 dólares, casi 45 mil millones de pesos.
Se trata de cuatro departamentos ubicados en el mismo edificio, tres de ellos contiguos: las unidades 1009, 1010 y 1011. Además, adquirió el 505. Por su parte, otra empresa señalada, Jagra LLC, adquirió la unidad 1007 valuada en 469 mil 806 dólares.
