Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, al ex presidente Enrique Peña Nieto, provenientes de un familiar. Con esta información, la fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar si existe un delito en estas operaciones que motive la judicialización del caso.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, detalló que Peña Nieto conformó dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos, una de las cuales tenía “relación simbiótica” con una compañía extranjera. Esta última se convirtió en proveedor de su administración, en la cual “se benefició” de contratos por un total de 10 mil 533 millones de pesos: 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018.
En la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la prioridad de su gobierno es combatir la corrupción, pero no se pretende hacer de ello un circo o un espectáculo, porque no es el propósito empantanarse en el escándalo. La UIF depende del Presidente y la instrucción que tiene, “para que se oiga bien y se oiga lejos”, es no ocultar información ni convertirse en una simulación para permitir la corrupción, aunque también aseveró que no hay persecución política ni construcción de delitos en su gobierno.
“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios, y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir: ‘Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero’, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos “, agregó.
La instancia que determinará si existe un delito será el Ministerio Público y después un juez. “No le voy a decir al fiscal: no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal, ya no tengo autoridad que resuelva con autonomía. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Si el fiscal, con pruebas, integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez”.
Gómez informó que el ex presidente recibió tres transferencias internacionales de un familiar: en agosto de 2019, por 16 millones de pesos; en octubre de 2021, dos depósitos por 5.7 millones cada uno. Este pariente consanguíneo registró retiros por 189.9 millones de pesos y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.
–¿Cuáles serían los delitos?
–Los presuntos delitos los establece el fiscal, es parte de su función constitucional en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicialización, no hay delito todavía. El Código Penal Federal otorga a la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita. Sólo en ese caso la UIF es proactiva.
Apuntó que el expediente con la información completa –con datos de Compranet y del sistema financiero– y todos sus detalles ya está en poder de la FGR, a partir de lo cual abrió su carpeta de investigación, a la cual la UIF “aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.
Las empresas tienen como giro el comercio, pero “no están en una sola rama”. Gómez indicó que la compañía identificada como B (para respetar la presunción de inocencia) realizó 261 transferencias internacionales entre 2015 y 2021: por mil 557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares.
–¿Se ha dado seguimiento a otros ex presidentes?
–No puedo decir que sí ni que no.
–¿Contra (Felipe) Calderón hay una denuncia?
–No tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la fiscalía.
Más adelante, ante sendas preguntas, declinó informar si se han detectado movimientos irregulares en las cuentas de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Sin embargo, en torno al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, resumió: “Es un escándalo”, pero acto seguido declinó informar porque fue el presidente de la comisión instructora de la Cámara de Diputados quien promovió su desafuero y ahora está al frente de la UIF.
Gómez aceptó que hay varios elementos en materia penal y civil relacionados con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, que podrían darse a conocer sin afectar los procedimientos judiciales en curso.
Empresas involucradas
Durante la conferencia presidencial, Pablo Gómez expuso que la denuncia se derivó de un análisis de los reportes financieros y avisos que permanentemente recibe la UIF respecto de quienes realizan actividades vulnerables. Advirtió que la Unidad de Inteligencia “detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.
En su amplia explicación, el economista advirtió que los análisis detectaron que el expresidente Peña Nieto “tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos, para efectos de esta nota, como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.
Agregó que en el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012.
“Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones”, explicó.
Respecto de la empresa B, afirmó que fue constituida por Peña Nieto y familiares antes de que asumiera la Presidencia de la República. Asimismo, apuntó que esta compañía “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, es decir, entre 2013 y 2018.
“Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013 por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de 2 mil 126 millones y pico, en 2015 por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1 mil 246; para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos”.
El titular de la UIF explicó que entre 2015 y 2021, la empresa B envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares.
“Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.”
Pablo Gómez señaló que la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, misma que ha abierto ya una carpeta de investigación. “La Fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información, de acuerdo con la ley, y el análisis de la misma, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerido o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ningún caso”.
Por ello, aclaró que, “en relación con esto, no hay una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la Fiscalía, sino algo completamente normal que se lleva a cabo en este y muchísimos casos, y en la relación más directa, más permanente y más cordial, que es lo que tenemos entre la UIF y la Fiscalía General de la República”.
