La oposición conformada por el PAN-PRI-PRD volvió a irse en picada por tercer mes consecutivo, rumbo a los comicios de 2024.
De esta forma, ha disminuido de 41 a 36 por ciento entre abril y julio, mientras que el apoyo a Morena y sus alianzas ha aumentado de 46 a 51 por ciento en ese mismo periodo, según dio a conocer la más reciente encuesta nacional de El Financiero.
Así, lo que en abril era un ventaja de cinco puntos para el bloque de Morena, hoy en día suma 15 puntos.
Los presidenciables
Entre quienes podrían competir por la Presidencia, del partido guinda, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard siguen disputándose el primer lugar, al ser los más conocidos, tener una imagen positiva y mayor apoyo rumbo a la definición de la candidatura.
En el último cierre, Sheinbaum cuenta con 42% de opinión positiva y 77% de conocimiento; Ebrard ha recibido 39% de opinión positiva y 82% de conocimiento; les sigue Tatiana Clouthier, con 28% de opinión favorable y 57% de conocimiento.
Ebrard destacada como el que tiene más preparación, según las percepciones, y Sheinbaum como quien mejor representa el proyecto de la 4T. Ambos tienen resultados muy similares sobre quién ha dado mejores resultados en su cargo actual.
En junio pasado Ebrard encabezó las preferencias para ser el candidato de Morena a la Presidencia, pero en julio Sheinbaum ha recuperado el primer puesto en las preferencias de la población general.
Por parte de la oposición, el más popular es Luis Donaldo Colosio Riojas, quien obtuvo 31% de opinión favorable y 68% de conocimiento.
Le sigue Margarita Zavala, con 26% de opinión positiva y 77% de nivel de conocimiento, pues incluso fue candidata en 2018.
Enrique de la Madrid capta 24% de opinión positiva y 57% de conocimiento, aunque sus bonos cayeron en comparación con el mes pasado.
Alejandro Moreno recibió 13% de opinión positiva y 33% negativa, con un conocimiento de 56%.
La encuesta de El Financiero fue realizada vía telefónica a 600 mexicanos adultos entre el 8 y el 10 de julio pasados, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de las estimaciones de +/-4.0%.
Los políticos Roberto Gil Zuarth, Germán Martínez Cázares, Luis Fernando Salazar y Jorge Luis Lavalle –este último preso por el caso de los sobornos de Odebrecht a exlegisladores– figuran en la carpeta de investigación FECC/FECC//FECC-CDMX/0000776/2020, abierta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. De éstos se revisa su situación financiera, fiscal, bancaria y propiedades como bienes inmuebles. Allí se detalla la constitución y operación del despacho Accuracy, el cual recibe recursos millonarios a través de un esquema que la UIF considera ilegal por haber una “triangulación entre empresas”, incluidas factureras. Gil Zuarth enfrenta además una investigación en la Procuraduría Fiscal de la Federación por un supuesto adeudo de 360 mil pesos.
Primera parte. Tres denuncias por enriquecimiento ilícito y fraude fiscal enfrenta Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón cuando fue presidente de la República. Se trata de dos denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) –la última recibida el 19 de enero de 2022– y otra más anónima en la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Junto con Gil Zuarth, otros panistas y exmilitantes de ese partido de derecha también aparecen en la carpeta de investigación FECC/FECC//FECC-CDMX/0000776/2020: el senador Germán Martínez Cázares, exsecretario de la Función Pública en el gobierno de Calderón, expresidente del PAN y director general del IMSS en los primeros seis meses del actual gobierno; el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, preso por casos de sobornos relacionados con la transnacional Odebrecht y con el exdirector general de Pemex Emilio Lozoya Austin, también preso; el exsenador panista Luis Fernando Salazar Fernández, y otras 15 personas físicas y morales, incluidos familiares, empresas y despachos legales.
A cinco requerimientos de información (todos en poder de Contralínea) solicitados a las autoridades financieras del país por la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó, entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, la situación financiera, fiscal, bancaria y la lista de propiedades de bienes inmuebles de 30 personas físicas y morales, en donde sugiere en dichos oficios que se trata de movimientos de dinero superiores a los declarados por los involucrados, triangulación de recursos a través de empresas factureras, uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, uso de prestanombres, enriquecimiento ilícito y corrupción producto de supuestos sobornos por la aprobación de la reforma energética.
Al respecto, el abogado Gil Zuarth responde que todo es una infamia fabricada por motivos personales y políticos de quien fuera titular de la UIF en los primeros tres años del actual gobierno, Santiago Nieto, y asegura que dos peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo exculpan de cualquier irregularidad financiera en sus cuentas.
Al pedirle copia de dichos peritajes, Gil Zuarth rechaza entregarlos porque dice “son parte de mi defensa, con lo cual demuestro que todo es una fabricación y una manipulación por cuestiones personales de Nieto. Ninguno de los dos peritajes ha encontrado una sola irregularidad financiera en mis cuentas, bienes e ingresos”.
Este político panista sostiene además que las acusaciones en su contra son por enriquecimiento ilícito y adeudos fiscales (crédito por 360 mil pesos), y rechaza que en los expedientes haya señalamientos de uso de recursos de procedencia ilícita (lavadode dinero) y delincuencia organizada, porque si así fuera la denuncia tendría que concentrarla la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y no la Fiscalía anticorrupción.
El exsecretario particular de Calderón –quien asegura que estima al expresidente y es su amigo, aunque asegura no haberlo visto desde antes de la pandemia– pasa al ataque y dice que ya presentó dos denuncias penales contra el exdirector de la UIF, y prepara otras dos acusaciones que ya casi están listas por uso de empresas fantasmas, triangulación de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y fabricación de delitos.
Sobre ello, Santiago Nieto respondió en redes sociales que también presentara demandas en contra Gil Zuarth: “Una vez más @rgilzuart miente. Soy hombre de leyes y lo demandaré ante tribunales. Ni empresas fachadas ni simulaciones. Quiere esconder la corrupción que lo acompaña desde Calderón hasta Tamaulipas. Lo reto a que abramos ambos nuestras declaraciones y las expongamos en público.
“Roberto Gil es un corrupto. Es como si el Chapo Guzmán acusara a alguien de narcotráfico. Están desesperados por la corrupción que tienen en Tamaulipas y por el triunfo de Américo Villarreal. Saben lo que les espera.
“Hay ‘abogados’ que confunden demanda con denuncia. De pena ajena.”
Las denuncias anónimas y los requerimientos de la fiscal Mijangos para que se investigue la situación patrimonial del exsecretario de Gil Zuarth incluyen a familiares, como su esposa Elia Mary Knight Corripio; y a sus socios Roberto Ramírez Mier y Roberto Juárez Salinas, este representante legal y tesorero de la firma de abogados Accuracy Legal and Consulting que Gil Zuarth fundó, y Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, integrante del mismo despacho.
En la lista de investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se incluye a varias empresas y despachos: Alaf 0984, SAPI de CV; Accuracy Legal and Consulting; Marlag, SA de CV; Sum Desarrollo Inmobiliario, SA de CV; Salazar Woolfolk y Asociados, SC; Inmobiliaria Calizas 475, SA de CV; Constructora Gaskent, SA de CV; Construcciones Metálicas de Chihuahua, SA; Microsoluciones Efectivas, SA de CV> Sofom ENR; Bestlabor, SA de CV; Construcciones Jerbo de México, SA de CV.; Snash, SC; FGZ Estrategias; Tekpro Servicios de Mercadotecnia, SA de CV; Papertex, SA de CV; Centro de Excelencia Académica, SC.
En la carpeta de investigación están también las declaraciones anuales de impuestos de los involucrados, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones fiscales, las transferencias vía SPEI, compras de inmuebles, sueldos y salarios, viajes al extranjero. En la lista de involucrados aparecen también los nombres de Karla Matilde y Kattia Marcela Villarreal Villarreal y Ricardo Hernández Gallego.
De los cinco requerimientos, en el quinto, con fecha de 19 de mayo de 2021, la fiscal Mijangos -mediante oficio FECC/OF/234/2021- solicita a las autoridades hacendarias toda la información de Roberto Gil Zuarth, en cuya respuesta la UIF envía un expediente de 141 páginas de este político panista que es objeto, junto con familiares, amigos, socios y empleados, de una profunda indagatoria iniciada hace tres años por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, para que la FECC determine si hay elementos para judicializar el expediente.
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Allí se afirma que los ingresos en cuentas bancarias, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito fueron superiores a los ingresos reflejados en las declaraciones fiscales que Roberto Gil Zuarth presentó ante le SAT.
El documento destaca que, como senador de la República, entre septiembre de 2012 y el 15 de febrero de 2018, este político panista recibió grandes cantidades de dinero “sin justificación” de diversas personas, como Carlos Alberto Lezama y Roberto Juárez Salinas, “a quienes se identifica como posibles prestanombres”.
Otro dato relevante en el expediente es que se señala que, posterior a su cargo público como senador, tiene una evolución financiera y patrimonial que asciende de manera “desproporcional y sin aparente justificación”.
En materia de ingresos por salarios y actividades profesionales, las autoridades financieras explican su ingreso bruto del 1 de septiembre de 2015 al 15 de febrero de 2018: el Senado de la República le pagó 14 millones 318 mil 198 pesos, cuyo ingreso neto significó 9 millones 974 mil 58 pesos.
Además, en un periodo de tres años, del 16 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, Gil Zuarth recibió ingresos de actividades profesionales por 45 millones 347 mil 52 pesos.
El 79.26 por ciento de estos ingresos, es decir 35 millones 945 mil 192 pesos, los recibió de su despacho Accuracy Legal and Consulting, constituido en febrero de 2018 y en el que, según la UIF, hay irregularidades al contrastar lo declarado por el despacho legal y los ingresos recibidos por el exsenador panista, pues en los tres ejercicios fiscales de Accuracy se reporta que pagó un total de 47 millones 755 mil 893 pesos por concepto de honorarios, de los cuales Gil Zuarth recibió el 83.57 por ciento, es decir 39.9 millones.
Se explica que de 2018 a 2020, ese despacho legal reportó ingresos nominales por 144 millones 441 mil 280 pesos, de los cuales el mejor año fue 2018, cuando recibió 54.8 millones; y aunque presenta los comprobantes fiscales correspondientes “no comprueba materialidad de los posibles servicios prestados por la sociedad (Accuracy) con los que justifica los ingresos millonarios del primer año”, aseguran las autoridades hacendarias.
Observan también que de manera inmediata, al momento de que pide licencia como senador de la República, Gil Zuarth comienza a recibir la mayor parte de recursos de ese despacho legal.
Por lo anterior, dice el expediente, “hay la presunción fundada de que Accuracy operó financieramente con empresas a través de un esquema de triangulación de recursos que están relacionados entre sí; recursos de corporaciones que dentro de sus múltiples giros se encuentra la energía y que muy probablemente se vieron beneficiadas por la reforma energética impulsada por Gil Zuarth y de la que se ha señalado, por Emilio Lozoya, de recibir sobornos para su aprobación; asimismo, varias de las sociedades mercantiles han sido listadas por el SAT y algunas otras están relacionadas con contratos públicos irregulares y no cumplidos con diversas alcaldías de la Ciudad de México”.
Entre las empresas que menciona destaca tres que tienen vínculos con la firma Accuracy: Grupo Empresarial Jerome de México, el cual realizó cinco transferencias por 500 mil pesos cuyo beneficiario fue Gil Zuarth.
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Ese Grupo Empresarial se relaciona con un contrato de adjudicación directa “irregular” con la alcaldía Benito Juárez (administración panista) por la adquisición de vehículos policiacos, operación revisada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
La segunda empresa es la Transnacional AP de México, la cual realizó tres transferencias al despacho Accurity por 300 mil pesos, dinero cuyo beneficiario fue el exsenador panista. Esa empresa se relaciona con un contrato de adjudicación directa, supuestamente irregular, con la alcaldía Gustavo A Madero por la adquisición de maquinaria y equipo de construcción, mismo que fue también revisado por la Auditoría Superior de la CDMX.
La tercera empresa, HYT del Pacífico, transfirió 200 mil pesos al despacho legal y el dinero fue a parar a las cuentas de Gil Zuarth. A esa empresa se le relaciona con un contrato de adjudicación directa con la alcaldía Gustavo A Madero por la adquisición de alimentos y otros, lo cual fue auditado por la Auditoría Superior de la CDMX.
De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión de la Secretaría de Economía, las tres empresas mencionadas anteriormente están relacionadas corporativamente, pues Luis González Castruita es accionista de Grupo Empresarial Jerome de México y de Transnacional AP de México, mientras que Carlos Jaime Morales es accionista de HYT del Pacífico y de Grupo Empresarial Jerome de México.
De acuerdo con las investigaciones financieras, el despacho Accuracy realizó ocho transferencias a Gil Zuarth por 10 millones 669 mil 334.13 pesos por concepto de honorarios.
El 8 de febrero de 2018, cuando Gil Zuarth fungía como senador de la República, constituye el despacho Accuracy, en donde Roberto Juárez Salinas es tesorero y representante de esa firma de abogados y “a quien se le identifica como prestanombres”, según la carpeta de investigación.
Desde la creación del despacho legal, de inmediato recibe grandes cantidades de recursos “sin justificación”, y las autoridades presumen que “el despacho fue constituido con la finalidad de recibir el pago de sobornos para garantizar la reforma energética”.
Las pruebas que aporta Hacienda a la Fiscalía es una serie de transferencias SPEI recibidas por Accuracy en 2018 de parte de cuatro empresas: Coisa Consultores Industriales, GDS Connection, Tas Tevel y Viajes Olamex.
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Explica que la empresa Coisa tiene alerta del SAT por tratarse de una empresa denominada EFOS, por emitir facturas de operaciones simuladas y de donde se realizaron transferencias por 881 mil 600 pesos en favor del despacho de Gil Zuarth.
Gil Zuarth, abogado de Corporativo Kosmos, de polémica familia Landsmanas
Las otras tres empresas, que transfirieron en el mismo año 2018 un total de 25 millones 520 mil pesos, pagaron con el concepto denominado “Corporativo Kosmos pago factura”.
Ese Corporativo Kosmos, se explica en la carpeta de investigación, forma parte de un conglomerado de empresas de las que es dueña la familia Landsmanas, la cual fue acreedora a través de su empresa Termo WTE, SA de CV, de un contrato DGIARSU-2017-DTDFRSU-PS-LP-068 por más de 80 millones de pesos con la Agencia Termovalorizadora, que convertiría la basura de la capital en energía, el cual fue auditado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México por tener irregularidades. En ese año 2017, el jefe de gobierno era el perredista Miguel Ángel Mancera, actual senador por ese mismo partido.
Se añade que Corporativo Kosmos está conformado por tres empresas principalmente: La Cosmopolitana; Serel, incluida en la lista de empresas bloqueadas por las autoridades financieras en 2018; y Kol Tov.
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Serel y Kol Tov se relacionan con Tas Tevel, y “fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación con contratos irregulares de la partida especial de gastos de seguridad nacional de la entonces Policía Federal”.
Respecto de la relación corporativa entre las empresas relacionadas, además de que todas pertenecen a este Corporativo Kosmos, se localizó en el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) que Tas Tevel y Viajes Olamex tienen a los mismos accionistas; además, Jaime Gary Braun es el apoderado de GDS Connection, Tas Tevel y Serel; y de Viajes Olamex su representante legal y comisario es Erick Eduardo Alvarado Cárdenas, junto con la empresa de energía Termo WTE.
Por todo lo anterior, la UIF advierte que “Accuracy recibe a través de un esquema de triangulación de recursos de empresas que están relacionadas entre sí, recursos de corporaciones que dentro de sus múltiples giros se encuentra la energía y que muy probablemente se vieron beneficiadas por la reforma energética impulsada por Gil Zuarth y de la que ha sido señalado por Emilio Lozoya [exdirector general de Pemex actualmente preso] de recibir sobornos para su aprobación”.
Las cantidades pagadas por las tres empresas, además de coincidir en el concepto, también lo hacen en los montos de forma exacta por 5 millones 800 mil pesos y una por 1 millón 160 mil, situación que en lugar de parecer coincidencia, dice el expediente, se advierte con más claridad el esquema de triangulación de recursos.
Otro indicio de anomalías financieras para las autoridades hacendarias es que Gil Zuarth recibe el 29 por ciento de los ingresos brutos de Accuracy y el 83 por ciento del gasto total de honorarios que hace ese despacho legal, siendo esto casi la totalidad de recursos destinados a pagos hacia él mismo.
Lo anterior también alerta sobre la utilización de estructuras corporativas en beneficio de una sola persona que, mediante ésta, trata de justificar o hace parecer como lícitos los ingresos que recibe, un sistema que cada vez es más sofisticado para que el SAT o la UIF no los detecten.
Este tipo de mecánicas financieras, argumenta la UIF, son utilizadas en esquemas de lavadode activos, ya que las personas físicas buscan evadir el depósito de ingresos altos directamente en su haber patrimonial, por lo que recurren a entidades jurídicas, que al analizarlas reflejan cifras que pueden ser inviables para su operación.
En la conclusión que hacen las autoridades financieras sobre los ingresos gravables que reportó Roberto Gil Zuarth entre 2012 y 2020, por un monto total de 61 millones 345 mil 451 pesos, observan que el incremento patrimonial en sus ingresos por actividades profesionales, una vez que dejó de ser senador de la República, se elevaron en un 74 por ciento sólo en tres años (2018-2020).
Entonces, por actividades profesionales obtuvo un aumento de 454.6 por ciento más que sus ingresos como senador de la República en 6 años. Esta situación, dice Hacienda, es anómala, porque no hay una evolución armónica y consistente en el ingreso recibido, máxime que en esos tres años los recursos provinieron de la iniciativa privada.
Varios panistas revivieron el desacuerdo que mantenían con la dirigencia nacional, comandada por Marko Cortés, tras los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio.
Varios panistas revivieron el desacuerdo que mantenían con la dirigencia nacional, comandada por Marko Cortés, tras los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio. Voces como la de Adriana Dávila, exdiputada federal; los senadores Gustavo Madero y Damián Zepeda, así como el gobernador Martín Orozco, han pedido cuentas al líder panista, revalorar la alianza que se creó con el PRI y hasta su renuncia.
Martín Orozco
El gobernador saliente de Aguascalientes, señaló que después del resultado electoral del pasado 5 de junio era momento de retomar la conversación del pasado 3 de noviembre 2021, donde el mandatario reveló una conversación en la que el líder panista le dijo que con la única gubernatura con la que se quedarían para los comicios de 2022 era la de su estado.
Martín Orozco pidió que al dirigente nacional del PAN renunciar a su cargo “por dignidad”. En una entrevista para W Radio el panista mencionó que desde hace mucho debió dejar este liderazgo y cuestionó su estrategia.
“Por dignidad tendría que renunciar, pero la respuesta ya la conozco; entonces, que sea humilde y que realmente, con otros actores y no con sus cuates, revise las estrategias para enfrentar el 2024. Marko no ha hecho nada por buscar alianzas dentro del partido antes de buscarlas por fuera. Hay un problema de dirigencia y de estrategia en el PAN”, dijo a la emisora de radio.
Dávila exige una Asamblea ante “debacle electoral”
Adriana Dávila, excandidata a la presidencia del PAN, urgió a Cortés, a “rendir cuentas” y a convocar a una Asamblea Nacional extraordinaria para revisar los resultados de los comicios del 5 de junio y “la debacle electoral” en que se encuentra el partido, debido a que no hay la “mínima intención” del michoacano para dejar su cargo.
“Tengo perfectamente claro que Marko Cortés no tiene la mínima intención de renunciar a su posición, no puedo hacer una petición de renuncia porque la generosidad y la reflexión no son precisamente atributos del presidente nacional del partido”, señaló.
La exdiputada descartó que su petición se trate de un asunto personal, pues la dirigencia de Acción Nacional está obligada a rendir cuentas a la militancia, presentar un balance y aceptar las consecuencias de las decisiones tomadas.
A la petición se sumó la del senador Gustavo Madero, quien pidió a Marko Cortés convocar a los exdirigentes y exgobernadores para revisar los resultados del 5 de junio; así como hacer una autocrítica al interior del PAN para cambiar de estrategia o hasta de dirigencia nacional.
Madero, quien también por desacuerdos con la dirigencia nacional se desentendió del grupo parlamentario del PAN y se sumó al Grupo Plural, recordó que en cinco años su partido pasó de gobernar 39 millones de personas en 11 estados, a solo 17 millones en cinco entidades.
“Yo también me sumo a ese reclamo, a esa necesidad de pedirle a la dirigencia de nuestro partido, un cambio en la dirigencia o de la dirigencia. Son dos cosas: o cambiamos la forma en que estamos haciendo las cosas o cambian los actores que están ejerciendo estas acciones”, dijo en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.
Comparto la solicitud que hoy presenté a @MarkoCortes para convocar a los expresidentes de @AccionNacional y a los exgobernadores de la primera ola
con el actual Comité Ejecutivo para analizar con autocrítica los resultados electorales y proponer los cambios que se requieren pic.twitter.com/ON6tD6iGZn
Damián Zepeda, senador y expresidente nacional del PAN, revivió su desacuerdo con la alianza realizada principalmente con el PRI, pidiendo valorar esta coalición rumbo a los próximos comicios, porque a su parecer ha resultado “un fracaso”.
“Creo que tenemos que hacer cambios en las decisiones que estamos tomando, empezando por revalorar la alianza misma, sí estoy de acuerdo en la suma de esfuerzos pero creo que la alianza PAN-PRI ha resultado un fracaso”, señaló.
#VIDEO | Además de declararse listo para buscar la candidatura presidencial por una eventual alianza opositora, Damián Zepeda @damianzepeda) ex dirigente nacional del PAN, llama a revisar la alianza del blanquiazul con el @PRI_Nacional “Ha sido un fracaso”, aseveró en #Cuernavacapic.twitter.com/rGIOvZUmAz
Pero no es el único que pone en duda la alianza. La exdiputada Dávila también llamó a revisar la “viabilidad” de construir coaliciones electorales, para las que pidió que se ponga en el centro de la discusión para qué, con quiénes se hará y de ser necesario, considerar la pertinencia de “apostar por nosotros mismos”.
Mientras que Madero dijo que las alianzas electorales con el PRI y el PRD han sido “insuficientes” para conseguir una verdadera alternativa política orientada a resolver los grandes rezagos sociales y proponer un mejor sistema económico.
También el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, hizo un llamado para reflexionar sobre su alianza con el PRI: “El PAN es el más fuerte de la alianza, de la coalición ‘Va por México’, ¿debería tener mano para las candidaturas de Coahuila y del Estado de México”.
La Ahora candidata de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández Piña, operó, en contubernio con su esposo, Carlos Alberto Moyano, un negocio para que éste último obtuviera contratos del ayuntamiento de Puerto Morelos por un valor de 832 millones 416 mil pesos, mientras Fernádez fungía como alcaldesa.
El fraudulento esquema desarrollado por el matrimonio para la construcción del Palacio Municipal elevó el costo original de 57 millones 983 mil 563 pesos a un total final de 389 millones 760 mil pesos y una obra de alumbrado público por la que se debían pagar 42 millones 950 mil pesos, terminó costando 442 millones 656 mil pesos.
Los contratos propuestos por la ex priísta Laura Fernández y autorizados por la XVI Legislatura del Congreso local, implicaban que el ayuntamiento de Puerto Morelos adquiriera las “obligaciones relacionadas” con los contratos, según los decretos 103 y 104 del 21 de marzo de 2021, lo cual significaría una mensualidad de 2 millones 990 mil pesos, por lo que se comprometió durante 20 años el 48% del presupuesto de participaciones federales del municipio de Puerto Morelos.
Y es que, al parecer, para Laura Fernández es imperativo obtener la gubernatura de Quintana Roo, para así poder “proteger” a su esposo, Carlos Alberto Moyano, quien es buscado en Nayarit por abuso de confianza.
Las cosas se complican aún más para la pareja, pues el ayuntamiento de Puerto Morelos denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Quintana Roo a Laura Fernández, a un grupo cinco de sus subalternos cuando ella fue presidenta municipal en ese sitio, así como a cuatro empresas, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.
“Concretamente operaciones de recursos de procedencia ilícita, delitos preparados y planeados desde una asociación delictiva en la que idearon un plan que consiste en una primera etapa en la simulación de diversos dictámenes y documentos de viabilidad, ello con el fin de la aprobación con fecha 02 de julio del año 2019, por parte del Ayuntamiento, conforme a los procedimientos de la Ley Estatal de la materia el Proyecto de Inversión Pública Productiva, posteriormente de manera ilegal se llevaron los procedimientos con la clara intención de adjudicar a dos personas morales vinculadas con la entonces presidenta municipal dos contratos de (bienes), que además de ser el producto de una actividad ilícita, forman parte de la estructura legal y financiera ideada para custodiar y administrar estos bienes, así como para ocultar la titularidad de estos…”, dice la denuncia.
El modelo de negocios implementado por Fernández deja en desventaja al ayuntamiento ya que aumentan los costos financieros y de mantenimiento a lo largo de 20 años, ya que obliga a pagar una contraprestración a lo largo de 20 años en obras con participación federal, comprometiendo así las participaciones que el ayuntamiento recibe.
Mario Delgado, líder de Morena; Marko Cortés, líder del PAN; ‘Alito´ Moreno, líder del PRI; y Jesús Zambrano, líder del PRD. Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2021 los partidos políticos gastaron el dinero público en pruebas COVID, automóviles, banderitas y viajes, mientras que otra parte del gasto está en la opacidad.
El diario SinEmbargoexplicó que la Constitución señala que los partidos políticos deben recibir prerrogativas para gastar para la libre ejecución de sus actividades, aunque “están registrados gastos que poco tienen que ver con la política”, entre los que destacan:
Libretas Moleskine
Pines
Tazas
Un escritorio de chapa de madera y tacto piel
Pruebas COVID
Viajes
Ventiladores
Cursos
Se señaló que en 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a los 10 partidos políticos, con registro en ese entonces, ascendió a cinco mil 250 millones 952 mil 127 pesos. En 2022, la cantidad aumentó a cinco mil 543 millones 960 mil 204 pesos repartidos ahora entre siete instituciones.
Foto: Captura de pantalla del diario Sinembargo
“Según lo que establece la Ley, las prerrogativas buscan garantizar que los partidos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.”
¿En que gastaron los partidos el dinero público?
Se precisó que en la PNT, específicamente en el apartado de Contratos de Bienes y Servicios, la lista de adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestaciones del 2021 destacan:
Partido Acción Nacional (PAN)
En 2021, el PAN pagó 989 mil 272 pesos en promocionales; 433 mil 898 pesos en chalecos bordados y playeras impresas; cinco millones 637 mil 600 pesos en bolsas y calcomanías para la campaña en Guerrero y 585 mil pesos en dos vehículos marca Toyota y 31 mil pesos en banderas para escritorio.
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
De acuerdo con el medio, el PRI es el que más gastó en cursos en 2021. Pagó entre 750 mil y 1 millón 200 mil por clases en línea. También gastaron 1 millón de pesos en hojalatería, pintura, mecánica y verificación vehicular;seis millones 500 mil pesos fue por “Asesoría y revisión de obligaciones sociales ante el IMSS e INFONAVIT”.
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
En ese mismo año, el PRD realizó gastos de dos millones 851 mil pesos en adquisición de vehículos; siete millones 957 mil 472 pesos en “bolsas y mandiles”; siete millones 540 mil pesos en playeras blanca con el logo del PRD; cuatro millones 999 mil 600 pesos para la compra de cubrebocas KN95 con el logo del PRD.
Morena
Mientras que Morena es quien más dinero recibe de las prerrogativas: en 2021 recibió para sus actividades ordinarias mil 636 millones 383 mil 823 pesos y en 2022, mil 716 millones 197 mil 062 pesos.
Dirigentes de los diferentes partidos políticos. Mario Delgado, presidente de Morena, Karen Castrejon, dirigente del PVEM y Alberto Anaya, presidente del PT. Foto: Cuartoscuro
Aunado a esto se explicó que en el listado de Contratos de Bienes y Servicios aparecen solo seis gastos de Morena por 812 mil 665 pesos “por servicios de seguridad privada, timbrado de nómina, equipo de limpieza y logística para un evento”.
“También reportan la compra de ‘carpetas de piel, fistoles y material publicitario en general’, pero sin informar el precio de esos productos.”
El diario cuestionó a Morena el por qué solo aparecen seis contratos, sin embargo, no obtuvieron respuesta.
La iniciativa de AMLO
El pasado 28 de abril AMLO envió una propuesta de reforma constitucional para realizar cambios en cuanto a lo electoral.
La propuesta del Presidente es sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), así como una reducción en el número de legisladores plurinominales.
Pero la iniciativa presidencial también plantea una reforma en los recursos que reciben los partidos. Uno de los puntos de la propuesta plantea entregar dinero a los partidos únicamente para el periodo electoral.
Se menciona que “el Estado mexicano destina cada año alrededor más de 11 mil millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos”.
Hablar de una dictadura, son palabras mayores. En América Latina, no podemos olvidar lo que padecieron países como Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, sin olvidar a los países centroamericanos, que también soportaron el embate de juntas militares que sembraron el terror y la violencia en sus territorios.
Hablamos de sistemas inhumanos, bajo el patrocinio de potencias, como los Estados Unidos, que, a través del miedo, la muerte y la desaparición de personas, mantuvieron cierto control de los recursos y de las poblaciones en dichos países. Todavía hoy, las heridas que de los años sesenta a los noventa dejaron personajes como Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, Efraín Ríos Montt, entre otros, siguen abiertas a causa de los traumas colectivos y los resquicios que dejaron sus mandatos.
Sin embargo, en México, hace algunos días, los presidentes de PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, organizaron una conferencia para, entre otras cosas, asegurar sufren persecución política y que “Morena está mostrando el ADN de los dictadores”.
“Morena está demostrando el ADN de los dictadores. Estigmatizan y tachan de reaccionarios a quienes no respaldan sus inventos, desprecian a las instituciones porque simplemente les estorban para hacer su voluntad”, aseguró el dirigente priista y lanzó un llamado a la ciudadanía y sociedad civil: “Nosotros estamos dando la batalla, pero la sociedad civil también nos va a apoyar. Vamos juntos a evitar que estos mafiosos sigan sembrando mentiras. No podemos permitir que la tiranía de Morena se apodere de México y se instaure una dictadura”.
Muchas cosas que decir al respecto. Su acto fue enmarcado visualmente por un fondo con montones de rostros, entre los que destacan legisladores, influencers y periodistas. Tan extraño es ese apoyo que piden a la sociedad civil, que el propio Chumel Torres, quien aparecía en las fotografías del fondo, pidió a través de su cuenta de Twitter que su imagen fuese retirada.
Por otro lado, qué extraño que un priista como Alejandro Moreno hable de dictaduras, cuando su partido perpetuó la más larga que se ha conocido en nuestro país, pues, aunque no fue una junta militar la que sembraba el terror, sí fue la Dirección Federal de Seguridad, a través de Miguel Nasar Haro, u otras corporaciones militares y policiacas, con personajes como el Arturo, El Negro, Durazo, que desaparecieron opositores, estudiantes, líderes campesinos, entre muchas otras personas.
Más allá de simpatías o aversiones con el gobierno actual, no se puede negar que ha sido una administración que no reprime de forma violenta, ni administrativa, las ideas o proyectos de la oposición o de quienes no están de acuerdo con la llamada 4ta Transformación. Hasta el momento, no han existido episodios como los que patrocinaba Enrique Peña Nieto, cuando, por ejemplo, el 13 de septiembre de 2013, envió a la artillería pesada de los granaderos al Zócalo capitalino para desalojar a maestros que se quejaban de la Reforma Educativa.
En más de tres años de gobierno, no se ha visto un Atenco, un Aguas Blancas o más claramente, una represión como la de 1968, 1971 y tantas que nos dejó el periodo conocido como guerra sucia. Gran parte de la sociedad civil, esa de la que piden el apoyo, es la que a través de las redes sociales, ha expuesto a quienes votaron en contra de la Reforma Eléctrica que, hace unas semanas, no le aprobaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados.
Muchos legisladores de la oposición, se quejan de ser llamados “traidores a la patria” por haber votado en contra, pero, si estaban tan convencidos de hacerlo, ¿por qué no defender su punto con argumentos? Si no son traidores a la patria, que lo demuestren con datos, campañas de información, ejemplos internacionales que les ayuden a convencer a la sociedad de que su decisión en el Congreso fue la correcta; pero no, les es más fácil hacerse las víctimas de un sistema que, ni de lejos, ha repetido las represiones del pasado.
Hay que tener cuidado con los términos que se utilizan, porque las palabras son muy delicadas. Incluso en últimos tiempos, el propio Revolucionario Institucional ha debido hacer campañas sobre un “nuevo PRI”, porque saben que el viejo esconde represiones, muerte y corrupción; ¿el asesinato de Luis Donaldo Colosio no muestra más el ADN de las dictaduras? No hay que estar de acuerdo con la 4ta Transformación para entender que se está lejos de esos sistemas totalitarios de los que se queja la oposición, sólo por no saber lidiar con una sociedad que les exige más, pero a la cual no quieren entender.
Los coordinadores parlamentarios de los partidos PRI, PAN y PRD rechazaron la propuesta de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa advirtieron que no apoyarán la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y la extinción de los diputados plurinominales. Además, tampoco concuerdan con la posibilidad de un periodo extraordinario para discutir la iniciativa.
Los tres coordinadores anunciaron que presentarán por separado sus propuestas de Reforma Electoral antes del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre próximo.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, explicó que si bien es necesario analizar a fondo la iniciativa, hay algunos temas que no les ven posibilidades. Afirmó que nadie puede quejarse del INE, pues han dado resultados, y de hacerlo, ya existe el Tribunal Electoral.
“Nosotros estamos conformes con el Instituto, no vemos peligro con el Instituto, parece que el peligro lo ven ellos”, señaló.
Por su parte el coordinador del PAN, Jorge Romero, informó que PAN, PRI y PRD presentarán propuestas de reforma electoral por separado, pero hay posibilidades de que coincidieran en algunos puntos.
Las y los @diputadospan analizaremos la #ReformaElectoral del Presidente. No permitiremos ninguna reforma que represente un retroceso y ponga en riesgo la democracia. Presentaremos nuestra iniciativa de reforma electoral que busca fortalecer instituciones y mira hacia adelante.
Esta mañana, López Obrador anunció que enviaría al Congreso la iniciativa de Reforma Electoral, la cual tiene como objetivo modificar 8 artículos de la Constitución, crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir al INE, federalizar las elecciones para desaparecer los órganos electorales autónomos de cada estado, entre otras cosas.
