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Por Antonio Castro.

Cada vez es más evidente la desaparición del PRI del mapa político nacional; se acerca por el espejo retrovisor. Pero no es suficiente para poder confiarnos, es bien sabido que son capaces de hacer cualquier cosa por aferrarse a los últimos dos estados que siguen gobernando (Estado de México y Coahuila). En Coahuila, Miguel Riquelme ha destinado todos los esfuerzos y recursos del estado para colocar a Manolo Jimenez (secretario estatal de desarrollo social) en la gubernatura, a sabiendas de que cubrirá sus espaldas y dará continuidad a su política de pillaje y negocios sucios, de compadrazgo e impunidad.

Sin embargo, a nivel federal, lejos de sus alcances políticos, se ha estado erigiendo un obstáculo que podría truncar su plan. Se trata de la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) deje fuera de la jugada a Manolo Jiménez gracias a la reglamentación de paridad de género total discutida dentro del instituto a raíz de la legislación federal que así lo designa. Esto obligaría a los partidos a postular por lo menos una candidata mujer en las próximas elecciones del Estado de México o Coahuila según sea el caso; de ser hombre en una, debería ser mujer en la otra. Esto, a menos de que la legislación local de los estados contemplara ya la implementación de políticas de paridad de género.

A este acuerdo propuesto por el INE, le han puesto trabas el senado y el Partido Acción Nacional, a pesar de que en 2021, de las 15 candidaturas en juego, se designaron a 7 mujeres y 8 hombres, o las de 2022, donde de las seis gubernaturas, se postularon a 3 mujeres y 3 hombres.

Ante este escenario, Miguel Angel Riquelme ordenó a sus copartidarios del legislativo local, a apresurarse para aprobar una ley de “paridad” que salvase el cuello de su peón Manolo Jiménez en caso de que en el estado de México hubiera candidato hombre. Siguiendo esta orden, los diputados locales del PRI aprobaron en menos de tres días, sometidos y sin un criterio objetivo, la “ley de paridad”, una ley que, cubierta bajo la capa de ser progresista, se permitía ser un artificio para esquivar las reglamentaciones del INE. ¿Cómo? Escondiendo en un artículo transitorio la trampa que beneficiaba a la dictadura priísta coahuilense, aplazando la paridad en las candidaturas hasta el año 2029, blindando a su figurín hacia el 2023. Esta ley, más que reivindicar a la mujer y darle la representación debida y la oportunidad de que ocupe los cargos, es una afrenta a la paridad y una confirmación de la cultura machista que impera en este régimen en extinción.

Con el paso de los meses, se controvertió la constitucionalidad de esta ley, dada la evidente irregularidad con la que fue creada, por lo que en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la nación se impulsaba un proyecto donde se proponía declarar la inconstitucionalidad del artículo transitorio que buscaba posponer la postulación de mujeres en el estado hasta el 2029, dando paso a que en el 2023 los partidos postulacen exclusivamente candidatas mujeres en Coahuila, bajo un estudio extenso del caso a cargo de la ministra Loretta Ortiz.

Con lo anterior, les habría salido el tiro por la culata a Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jimenez. Por esta razón, en un acto sumamente corrupto y denigrante a los poderes del estado, presionaron a los magistrados del Poder Judicial del Estado de Coahuila para rescatar la cada vez más problemática y complicada candidatura de Manolo Jimenez. En una búsqueda por aprovechar la acción de inconstitucionalidad 03/2022, promovida por el grupo parlamentario de Morena, y ponerle fin al relevo eterno del priismo en el estado, (misma que por cierto, había estado en la congeladora y sin atención, dado que en mayo se discutió la acción de inconstitucionalidad local 02/2022 al igual sobre esta ley de paridad), consiguieron en una resolución fast track, a unas cuantas horas después del anuncio de la SCJN, que se invalidara la ley de paridad y así se pudo dejar de momento sin materia de promoción al proyecto de la ministra Loreta y asegurar la candidatura de Manolo para el 2023.

En un artículo publicado en el sitio web de Proceso (Redacción. 2022, 28 junio) y que se puede leer en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Ictbup, dedicado al tribunal de Coahuila invalidando la paridad de género, se explica que el Tribunal Constitucional local hizo referencia a que, conforme a la Constitución Local y la Ley de Justicia Constitucional local, para que las reformas constitucionales locales sean válidas, “se debe garantizar la deliberación mínima del sentir de los ayuntamientos”. Como órganos deliberantes municipales, abundó, los ayuntamientos deben expresar y motivar sus razones para aprobar en forma válida una reforma constitucional como parte del Constituyente Reformador, y debido a que esa condición no se cumplió, el Tribunal decidió dejar sin efecto el decreto de reforma y ordenó al Congreso del estado reponer el procedimiento para que los ayuntamientos se expresen. Este fallo indica que el Congreso coahuilense deberá sesionar dentro de las 24 horas que se notifique la sentencia y hasta que no se cumpla con dicho proceso, la reforma de paridad para el siguiente proceso electoral 2023 en donde se renovará la gubernatura y el Congreso, quedará invalidada y sin efectos.

Cabe destacar que la magistrada María del Carmen Galvan Tello fue la ponente de la AIL 03/22, quien hasta el 2019, fue consejera jurídica del Gobernador Miguel Angel Riquelme, que ya sabemos ha sido el mayor beneficiado de esta resolución, en dupla con Manolo Jimenez.

Así mismo, una vez que la magistrada Galvan Tello fue ascendida, el que fue presidente del Tribunal Electoral del Estado y mismo que le entregó la gubernatura a Riquelme, el licenciado Valeriano Valdes Cabello, es ahora el consejero jurídico del gobernador. Para los analistas, esto debería ser temática de discusión, pues no parece existir una división clara entre los miembros de los distintos poderes ni algo que separe sus vínculos partidistas.

Hoy más que nunca debemos llamar a la rendición de cuentas en todos los aspectos sociales y políticos; representación equitativa de género en los cargos populares y alto al saqueo del estado de Coahuila con el compadrazgo del que ha sido víctima año tras año.