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  • Riquelme: empresas familiares e ingresos superiores a su sueldo

    Riquelme: empresas familiares e ingresos superiores a su sueldo

    En ninguna de las declaraciones de bienes del mandatario saliente de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, se registran las empresas que su esposa y sus hijas crearon durante su administración, ni se aclara por qué reporta ingresos superiores a su sueldo de gobernador.

    SALTILLO, Coah., (Proceso).- Termina el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, durante el cual su esposa, sus dos hijas y hasta el yerno crearon cinco empresas, de las cuales dos son constructoras, pero ninguna de éstas aparece en su última declaración ni en las anteriores.

    Tampoco se reportan ingresos adicionales a los de su sueldo como gobernador, pese a que su esposa, Blanca Marcela Gorgón Carrillo, figura en tres de los negocios en los que es accionista.

    En sus declaraciones patrimoniales, el gobernador prii bajosta reportó ingresos de siete millones 413 mil pesos en 2022, sólo por su salario, y en 2023 termina con cuatro millones 945 mil pesos, cuando su ingreso anual era oficialmente de menos de un millón 300 mil pesos.

    Riquelme Solís concluyó el jueves 30 su periodo y, aunque se le menciona para incorporarse a la campaña de la precandidata de la alianza Va por México, Xóchitl Gálvez, él asegura que no ha sido requerido.

    También se le considera posible candidato para recuperar la senaduría por el estado que desde hace varios años mantiene la oposición.

    El 1 de diciembre de 2017, Riquelme Solís asumió la gubernatura y apenas dos meses después su hija menor, Graciela Riquelme Gorjón, en ese entonces de 21 años, creó la empresa Deleite Azteca, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad.

    En el documento correspondiente Riquelme Gorjón se identificó como comerciante junto con su socia Ileana Guajardo Montoya, pero en julio 20 de 2019 ésta vendió su única acción a la descendiente mayor de Riquelme Solís, Marcela Alejandra.

    Dicha empresa fue creada con un capital social mínimo de 50 mil pesos y cuenta con una licencia de restaurante bar. El establecimiento está en el llamado Paseo Morelos de Torreón, sector comercial construido cuando el padre de ambas fue presidente municipal y su giro en realidad es de postrería.

    Como administrador único aparece Javier Lechuga Jiménez-Labora, quien fue funcionario de Riquelme Solís en el ayuntamiento torreonense y hoy es el tesorero en el Congreso del Estado.

    Además, el 17 de marzo de 2018 se registró la empresa MRiquelme S.A. de C.V, con las dos Marcelas, madre e hija, como socias.

    El objeto de este negocio es diseño, creación de alhajas, maquila, aleación, importación y exportación de materiales y suministros para la joyería. También adquirir, vender, usufructuar toda clase de bienes muebles e inmuebles, tramitar permisos, franquicias, concesiones y celebrar toda clase de negocios sobre la propiedad industrial, entre otros.

    Marcela Alejandra es diseñadora de joyas y su trabajo se dio a conocer en 2009, en un evento denominado “Brillos del Desierto”, que financió el gobierno del estado y se realizó en las Dunas de Bilbao, municipio de Viesca.

    El 1 de junio de 2018 el esposo de Marcela Alejandra, Enrique Alcorta Núñez, tramitó en el Registro Público de Comercio la empresa Edificaciones del Noreste y Soluciones Arquitectónicas. El matrimonio se realizó dos meses antes del inicio de la administración de Riquelme Solís.

    Como socio de dicha firma aparece Saúl Bañuelos Aspiazu, compañero del yerno de Riquelme en la dirección de Obras Públicas del municipio de Torreón, donde ambos son supervisores de proyectos.

    El 6 de diciembre de 2019 fue registrada la empresa corporativo Adoria Mx, una sociedad integrada por la esposa y la hija mayor de Riquelme Solís. Sólo de esta empresa se hallaron actividades comerciales públicas.

    La firma se dedica a la elaboración de piezas de joyería y orfebrería, pero posteriormente amplió su objeto social y se dedica a la venta también de lámparas, candiles, esculturas, pinturas, alfombras, telas, tapices, venta de perfumes, artículos decorativos, cosméticos, jabones, ropa, calzado, bisutería, hasta comercialización de semillas, plantas, fertilizantes, insecticidas, figuras de fieltro, juguetes, y peluche entre otras cosas.

    En esta empresa también aparece como apoderado Javier Lechuga Jiménez.

    La compañía de más reciente creación (12 de octubre de 2020) es la Constructora RG de la Laguna, en la que aparece la esposa de Riquelme Solís como socia de Graciela, su hija menor.

    Empresas dudosas

    Aunque las firmas, principalmente las constructoras, no aparecen en el listado de contratistas ni en la asignación de obras del gobierno estatal, algunos de esos trabajos se dejaron en manos de empresas que antes se dedicaban a vender bolos al gobierno estatal o bien empezaron a trabajar en el sexenio que termina y están en proceso de disolución.

    Icifed. Contratos anómalos

    Un ejemplo son los contratos para rehabilitar carreteras, o pavimentar calles y hasta construir aulas que se otorgaron a Karla Cecilia del Bosque de Luna, quien de 2019 al presente año obtuvo 29 encargos por más de 37 millones de pesos sólo por parte de Instituto Coahuilense de Infraestructura Física y Educativa (Icifed).

    Su giro es la venta de material de ferretería, pero antes del gobierno de Riquelme Solís vendió a la administración estatal bolos para las fiestas del Día del Niño y Navidad.

    La Constructora Valle de Chapala, que cuenta con una escritura de creación desde 2004, se registró oficialmente en 2020 y desde entonces ha obtenido 18 contratos por 24 millones 479 mil pesos. Ahora está en proceso de disolución.

    Otro ejemplo es el del actual secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta, quien en 2019, un año antes de asumir el cargo, obtuvo para la empresa Ingeniería Eléctrica y Multiservicios varios contratos por casi ocho millones de pesos.

    La empresa fue creada en 2015 y la maneja el hijo de Algara Acosta, quien también fue funcionario cuando Riquelme Solís era presidente municipal de Torreón.

    Proceso

  • Coahuila: Finanzas en terapia intensiva

    Coahuila: Finanzas en terapia intensiva

    Denuncias penales, multas, falta de liquidez y más de 6 mil millones de pesos sin comprobar es lo que deja el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila.

    El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pasará a la historia por heredar un desastre económico en la entidad por el pésimo manejo de las finanzas estatales.

    Debido a esta situación, durante el segundo semestre del 2022, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, 63 denuncias penales correspondientes a revisiones de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 según el Informe de Actividades del 2022 y el Estado que Guardan las Cuentas Públicas.

    Dicho documento se publicó durante el pasado mes de mayo, sin embargo, en este informe  no se precisa cuáles entes públicos son y los montos correspondientes a cada denuncia.

    El 26 de mayo del 2022 se presentaron dos denuncias;  el 15 de julio se hicieron las entregas de 48 denuncias; mientras que el mismo mes, pero el día 26, otras 10 denuncias.

    Las últimas tres fueron presentadas el día 23 de agosto, todas ante la misma instancia: la Fiscalía Anticorrupción.

    Al menos durante el 2022, la ASE emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información. Foto: Especial
    Al menos durante el 2022, la ASE emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información. Foto: Especial

    De acuerdo los artículos 70 al 74 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos podrán tener las siguientes sanciones:

    Suspensión de 30 a 90 días naturales; destitución, sanción económica;  inhabilitación temporal de 1 a 20 años, según el monto; y de 3 meses a 1 año en caso, de no causar daños y perjuicios, ni exista beneficio o lucro.

    De acuerdo con medio locales, Del 2013 al 2022, la ASEC ha presentado más de 430 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y Fiscalía Anticorrupción, todas con base en la revisión de las cuentas públicas, así como también por orden de revisiones específicas derivadas de puntos de acuerdo aprobados en el Congreso del estado.

    Las Multas

    En dicho informe también se señala que al menos durante el 2022, la ASE  emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información y presentación de avances de gestión financiera.

    De las 16  multas, 14 fueron por incumplimiento a los requerimientos de información formulados por la ASE y dos por falta de presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.

    Dichas sanciones obedecen a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado que establece que si con motivo del ejercicio de las funciones de la ASE se advierte infracciones a dicha ley, ésta tendrá la facultad de imponer sanciones pecuniarias.

    Poderes de Coahuila sin dinero para pagar

    De acuerdo al  resumen ejecutivo de los resultados del Análisis al Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) correspondiente al primer trimestre del 2023, los tres poderes del estado no contaron con liquidez para satisfacer sus compromisos financieros a corto plazo.

    La liquidez es la capacidad que tiene la entidad pública para pagar sus compromisos financieros a corto plazo.

    “Al 31 de marzo de 2023, en términos globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, señala el documento.

    Los activos circulares son los recursos controlados por un ente público en términos monetarios y de los que se esperan beneficios económicos y sociales futuros, de fácil disponibilidad, en un plazo menor o igual a doce meses.

    El Poder Ejecutivo representado por el gobernador Miguel Riquelme, al 31 de marzo de 2023 y 2022, no tuvo la suficiente liquidez para satisfacer sus compromisos financieros.

    El Poder Judicial representado al menos por el Tribunal Superior de Justicia,  al 31 de marzo de 2023, de igual manera, no tuvo la posibilidad de disponer de dinero suficiente para satisfacer sus compromisos financieros; por el contrario al 31 de marzo de 2022 que presentó una liquidez de 1.08 pesos indicando capacidad de pago a corto plazo.

    El Poder Legislativo fue el único que demostró capacidad de solventar sus gastos a corto plazo inclusive mayor al periodo correspondiente del 2022. Al 31 de marzo de 2023 y 2022, presentó una liquidez de 3.98 y 1.15 pesos, respectivamente, indicando capacidad de pago a corto plazo en ambos periodos.

    Nueve entes no fueron fiscalizados

    Uno de los datos que resaltan en los recientes informes de gestión es que nueve entes no fueron evaluados de los 146 que conforman el estado de Coahuila, por diversos motivos.

    Entre ellos se encuentran el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismos que se encuentran en proceso de extinción.

    La lista también lo constituye el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila:; Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el  Instituto Municipal del Emprendimiento de Torreón.

    Dos de las nueve que podrían caer en una infracción más grave son la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura pues en los pasados periodos no presentaron avances de gestión financiera.

    Dichas irregularidades también serían acreedoras a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

    Irregularidades millonarias

    De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Miguel Ángel Riquelme ha acumulado erogaciones sin comprobar por el orden de los 6 mil 827 millones de pesos.

    El monto pendiente de justificar o solventar, según reportes oficiales de la ASF, asciende exactamente a 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos, lo cual significa que el gobierno de Riquelme Solís ha realizado, en promedio, un gasto diario sin comprobar por 3 millones 561 mil 507 millones de pesos.

    Dicha información se encuentra en el punto de acuerdo del diputado local Francisco Javier Cortez Gomez que se emitió el pasado mes de abril y en donde exhorta al gobernador a dar una explicación respecto a dichos señalamientos.

    La suma total de egresos sin comprobar equivale aproximadamente a lo que el gobierno estatal destinará el 2023 al abono de la megadeuda.

    El gobierno de Riquelme ha acumulado erogaciones sin comprobar por más de 6 mil 827 millones de pesos. Foto: Especial
    El gobierno de Riquelme ha acumulado erogaciones sin comprobar por más de 6 mil 827 millones de pesos. Foto: Especial

    Riquelme, en su primer año fiscal 2018, dejó un monto de 3 mil 555 millones 154 mil 325.13 pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación.

    Estos recursos obedecían al pago de trabajadores no localizados, ni identificados en sus centros de trabajo; así mismo, se refieren a la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones en servicios personales de cinco entidades públicas del Gobierno del estado de Coahuila.

    En 2019 se gastaron irregularmente 416 millones 801 mil 537.76 pesos. Estos recursos estaban relacionados con el pago de trabajos no ejecutados, pagos de 14 acciones de vivienda que no fueron localizadas en la inspección física de obra.

    En el 2020, las observaciones sumaron 416 millones 801 mil 537.76 pesos, que corresponden a la falta de aplicación de penas por el retraso en la entrega de bienes del sector salud; pagos a proveedores de los que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020.

    La Auditoría indicó en su más reciente Cuenta Pública 2021 que el Gobierno de Coahuila tenía pendientes por aclarar o recuperar egresos por mil 215 millones 228 mil 629.75 pesos. Detalló además que los recursos se destinaron al pago de servidores públicos que no estaba contemplado en el fondo del que provino el dinero, el pago de intereses al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

    Hasta lo que va del año, dicho punto de acuerdo es el único que intentó tocar el tema de las irregularidades y fue votado en contra por la mayoría priista de dicho Poder Legislativo.

    El próximo mes de noviembre, será la última comparecencia del gobernador Riquelme Solis ante el Poder Legislativo el cual, a lo largo de la Legislatura ha protegido al mandatario estatal y a su equipo de trabajo de auditorías especiales.

    2021, el año de las irregularidades históricas

    En la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo la observación de más de 61 mil millones de pesos por aclarar en todo el país.

    De acuerdo con el documento publicado en medios nacionales, las entidades con mayores observaciones durante el 2021 fueron Michoacán, con 13 mil 737 millones de pesos; Durango, con ocho mil 172 millones; Coahuila, con tres mil 261 millones de pesos, y Puebla, con tres mil 244 millones de pesos.

    Dicha anomalías y observaciones coinciden con un registro histórico de denuncias ante la fiscalía anticorrupción dentro de esta entidad.

    En el 2021, la ASEC presentó una cifra histórica de denuncias, 79 en total. También se incluyeron los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, y representaron un presunto quebranto a las finanzas estatales por más de mil 764 millones de pesos.

    La ASF detectó varias irregularidades en el proyecto agua saludable para la Laguna. Foto: Especial
    La ASF detectó varias irregularidades en el proyecto agua saludable para la Laguna. Foto: Especial

    Agua para la Laguna

    La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la tercera entrega de la cuenta pública 2021 anunció que en el proyecto agua saludable para la Laguna en Coahuila y Durango no se realizó la planeación adecuada ya que se incumplieron periodos de ejecución y tampoco se acreditó el cumplimiento del programa de erogaciones por 133 millones de pesos de que dispuso.

    El proyecto tenía como fin desarrollar infraestructura para suministrar suficiente agua potable para la población de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, en Coahuila, y Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, en Durango, indicó la ASF.

    “Consiste en aprovechar las aguas superficiales del río Nazas, mediante la construcción de obra de toma, presa derivadora, planta de bombeo, acueducto, planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, líneas de conducción y equipos de bombeo”, apuntó la auditoría de cumplimiento e inversiones físicas realizada a la Conagua.

    La ASF determinó que el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debía sancionar  a los servidores públicos que no efectuaron la planeación adecuada.

  • Ejemplar defensa de la vida en la Comarca Lagunera

    Ejemplar defensa de la vida en la Comarca Lagunera

    A lo largo de seis años, los pobladores de la Comarca Lagunera libran una importante lucha en México. Han enfrentado obstáculos de todo tipo, incluso amenazas y represión. El sistema actual pone los intereses de las grandes corporaciones extranjeras sobre las necesidades de los pueblos, el medio ambiente y el desarrollo regional equilibrado, el cual debería generar bienestar social. Tal es el caso de Chemours-Dravloska en la zona de Dinamita. La instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Pueblo Nuevo El Siete pone en riesgo a la región.

    En una asamblea donde participaron los pobladores de 22 comunidades afectadas por esa explotación criminal, decidieron establecer un campamento en los principales accesos a la planta para evitar su construcción. Además exigieron la salida de la corporación de La Laguna, de Durango y del país.

    Fue calificada como “la empresa de la muerte”, ya que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año. Desde 2017, las comunidades de Gómez Palacio conformaron el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. Ello con el fin de proteger su terreno.

    Integrantes del Frente Unido y la CNTE Comarca Lagunera han denunciado el persistente hostigamiento político-judicial y la represión que han sufrido de los gobiernos municipal y estatal. Éstos apoyan a empresarios y empresas ubicadas en el área comunal de Dinamita.

    El dirigente Bernardino Ochoa Camacho ha aseverado que, mientras se presentan con la careta de una inofensiva fábrica, la cual impulsa los empleos y el desarrollo, están generando un gigantesco basurero tóxico. Estas denuncias han contado con el apoyo de periodistas honestos y comprometidos como Julio César Ramírez, quien ha manifestado la problemática de la región en diversos foros y artículos. Asimismo, destacan otros movimientos, por ejemplo, la lucha por las tierras en la zona de San Juan Villanueva hacia Matamoros-Viesca por la construcción de un parque solar.

    Los gobiernos de la Comarca Lagunera no representan al pueblo. Representan el interés del negocio. No se han preocupado por detener el extractivismo. Están y siguen explotando los recursos naturales que tenemos en México.

    Antes del proyecto en La Laguna, la Chemours Company había intentado un par de veces instalar una planta en Guanajuato en 2016. Sin embargo, la movilización popular y la negación del permiso de uso de suelo por los gobiernos municipales obligó a la empresa a cambiar su proyecto al estado de Durango, en donde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estatales lo aprobó. El 24 de junio de 2017, inició su construcción en Gómez Palacio. Ésto sin ser consultadas las comunidades que se verían afectadas.

    En julio de 2017, se forma el Frente Unido de Pueblos de La Laguna. Pedían una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó la construcción en materia de impacto ambiental. El 9 de marzo de 2018, se manifestó contra la instalación de la planta y fue reprimido por las fuerzas de seguridad local. Se detuvieron a 49 personas, incluidos cinco menores y 10 mujeres. Además se hirieron de gravedad a 10 personas que tuvieron que ser hospitalizadas.

    La empresa no sólo promueve la represión, sino también, ha desplegado acciones para tratar de ganarse la confianza de los pobladores y de dividir a las comunidades. Para este fin, han realizado acciones como la entrega de láminas acanaladas, despensas y útiles escolares. Sin embargo, nunca ha presentado el proyecto de la planta a la comunidad. Mediante engaños busca debilitar la resistencia. Y, pese a todo, el movimiento continúa.

    Se recurrió al amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna que ordenó la suspensión definitiva de la construcción. Ésto significó una gran victoria política y legal, pero “moviendo influencias” la corporación logró que la orden fuese revocada por un Tribunal Colegiado en Torreón. Éste les permitió reemprender las obras de construcción en mayo de 2020. No importó que los permisos municipales ya habían caducado durante el período de suspensión.

    FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

    Entonces el Frente de Pueblos decidió establecer dos campamentos en las entradas de la fábrica para bloquear los accesos. El primero fue el 23 de julio de 2020, y el segundo, el 1 de septiembre del mismo año a pesar de estar en plena pandemia.

    Al mismo tiempo, se apeló ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este organismo llegó a la determinación unánime de la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental para ese proyecto. La obra está suspendida desde que se hizo público en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la compañía borró a 22 comunidades ejidales del mapa.

    Ante las injusticias y de manera decidida, los sectores progresistas de la región han asistido a la lucha. Tal ha sido el caso de los maestros de la CNTE, así como la Iglesia –encabezados por el obispo emérito Raúl Vera–, quienes han apoyado desde el inicio al movimiento en defensa de las comunidades y de la región, denunciando el gran peligro que representa la planta de cianuro para la vida.

    Otro gran sustento ha sido la Contraloría Social del Agua de la Comarca Lagunera, parte integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida desde su fundación el 24 de febrero de 2021. Ésta defiende la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia hídrica en México. Desde el principio, propuso una instancia ciudadana auto-organizada que trabaje sobre las principales problemáticas de cada zona o región.

    Esta organización ha denunciado los estragos que provoca el uso del cianuro en la minería y la contaminación del subsuelo, suelo y aire por este químico. Dicha problemática es fuerte en La Laguna, debido a que es una de las regiones de México con mayor sobreexplotación y degradación del agua.

    De igual manera, promueven vínculos con universidades locales que se suman a la defensa del medio ambiente y a “la lucha de Dinamita” –como es conocida –. Igualmente, por ser una de las comunidades en resistencia, han recibido gran apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

    Tras la anulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la empresa Chemours buscó otras salidas para su negocio. El siguiente paso fue anunciar su venta a la compañía checa Draslovka Holding el primero de diciembre de 2021.

    Gracias a la acción directa de comunidades, la construcción de la proveedora de la minería fue detenida y avanzó el desmantelamiento. Sin embargo, no se concluyó. La exigencia es: Desmantelamiento total e inmediato y cese el hostigamiento ¡Vida sí, cianuro no!

    El Frente de Pueblos pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para lograr los objetivos mencionados. Además se le invitó a visitar el campamento norte en la zona de Dinamita, Durango.

    En México, es necesario incrementar las resistencias por la tierra y el agua. No importan los planes criminales de las grandes corporaciones ni la represión del Estado. El movimiento de Dinamita y de otras comunidades son pruebas: los han enfrentado y han salido adelante.

    A pesar de ello, en 2020 hasta 10 compañeros todavía tenían que estar firmando porque estuvieron presos en la represión del 9 de marzo de 2018. Ésta fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de los gobiernos del Estado de Durango –encabezado por José Rosas Aispuro– y del municipio de Gómez Palacio –gobernado por Leticia Herrera Ale–; asiduos defensores de la empresa y su proyecto contaminante.

    Las agresiones continúan en 2023. El 2 de febrero pasado, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos e integrante del Frente, Cristóbal González Estrada. Allanaron la vivienda y atacaron a sus hijos de 12 y 14 años.

    The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders refirió que este atentado ocurrió después de que el Frente de Pueblos denunció el secuestro de otro integrante, Servando Delgado Rentería, el 25 de enero. Además, la organización civil mexicana precisó que ha sido víctima de hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas. (Julio César Ramírez en el Sol de Durango, 18 de febrero 2023).

    Las corporaciones contaminan y explotan los recursos humanos y naturales de la región. Por si fuera poco, en contubernio con la compañía Austin Powder y su representante legal han demandado a seis luchadores sociales con carpetas de investigación. Se les obligó a comparecer y acudir a audiencias programadas el pasado 6 de junio de 2023.

    No sólo involucraron a participantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna, sino también, del movimiento magisterial democrático de la CNTE. Es indignante que se criminalice a quien defiende la vida y la salud de su entorno y sus familias, además del derecho democrático de las comunidades a decidir sobre su propio entorno.

    Hay repercusiones internacionales. La organización Front Line Defenders con sede en Dublín, Irlanda– dirigió un pronunciamiento urgente a las autoridades estatales de Durango, municipales de Gómez Palacio y federales –asentadas en la Ciudad de México–. Expresó su preocupación por las agresiones y hostigamientos en contra del Frente Unido de Pueblos. Asimismo, puntualizó que tal violencia es debido al trabajo colectivo como defensores de derechos humanos ante el megaproyecto de Chemours, instalado en Dinamita en 2017. A pesar del desmantelamiento –frenado– del proyecto químico, los integrantes del colectivo continúan sufriendo represalias.

    En México las comunidades que defienden su territorio son modelos a seguir. Otro ejemplo son los pobladores de La Bahía de Ohuira, Sinaloa, quienes se enfrentan al riesgo de la construcción de una planta de amoniaco, la cual pone en peligro la vida que han desarrollado desde hace cientos de años.

    Es un llamado a que las comunidades se organicen en contra de los daños empresariales al medio ambiente y en contra de las autoridades corruptas que lo permiten en los tres niveles de gobierno. Basta de que los pobladores no puedan decidir e implementar un desarrollo económico propio y para su beneficio. Basta de que lleguen empresas extranjeras depredadoras a desarrollar sus proyectos de muerte.

    En esa región se aspira a un desarrollo sustentable. La Asamblea General del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa del Territorio, la Vida y el Agua ha decidido desarrollar un corredor ecoturístico de administración comunitaria en la Sierra del Sarnoso. Será ecológico y viable porque el área se reconoció como zona natural protegida.

    Desyerbaron y limpiaron árboles y se capacitan para desarrollar el proyecto. Éste abarcará siete kilómetros desde Cadena hasta el pueblo de Dinamita. Les permitirá tener un desarrollo agropecuario –antes se dedicaban a la siembra de maíz y frijol–. Así como a desarrollar la ganadería de traspatio, la cual ayuda mucho a las familias. Y ya se están capacitando brigadas ecoturísticas para los futuros visitantes. De esta forma, los interesados podrán conocer la zona y las comunidades por la calidad cultural que tienen.

    Al mismo tiempo de ser viable, debe ser apoyado por el gobierno federal para sustituir el corredor tóxico que preveía a las empresas contaminantes –fábricas de cianuro, sosa cáustica y amoniaco–.

    En pie de lucha, el campamento norte de resistencia a la fábrica de cianuro Chemours en la zona de Dinamita, Comarca Lagunera, cumplió tres años. Tuvo el mérito y la valentía de haber sido instalado el 23 de julio del 2020 en plena pandemia de la Covid-19.

    El pasado domingo 23 de julio, se celebró que la construcción de la proveedora de la minería a cielo abierto fue detenida y avanzó el desmantelamiento gracias a la acción directa de comunidades. A la conmemoración, asistió el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, quien bendijo los esfuerzos de los pobladores y los instó a seguir adelante contra el proyecto de muerte, pues la lucha aún sigue.

    Debe ser apoyada a nivel nacional e internacional. La exigencia es la misma: Desmantelamiento total e inmediato y cese el hostigamiento ¡Vida sí, cianuro no!

    Pablo Moctezuma Barragán*

    *Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

  • Secretaría de Miguel Riquelme en Coahuila: sin resultados y señalada por fraude

    Secretaría de Miguel Riquelme en Coahuila: sin resultados y señalada por fraude

    Hace dos años el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme anunció la creación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva bajo la dirección de Gerardo Berlanga, relacionado en proyectos inconclusos como el Metrobús Laguna y con adquisiciones de contratos a sus cercanos.

    En marzo del 2021, el gobernador Miguel Ángel Riquelme anunció la creación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva (SIPP) bajo la dirección de Gerardo Berlanga Gotés, funcionario relacionado con varias controversias en proyectos inconclusos en Coahuila como el Metrobús Laguna y con adquisiciones de contratos a sus cercanos para el desarrollo de infraestructura.

    Dicha instancia no desarrolló ningún proyecto bajo su dirección y la sola existencia de la SIPP costó más de 57 millones de pesos al erario en dos años y medio. Gotés recientemente acaba de renunciar por motivos personales.

    Gerardo Berlanga Gotés forma parte del equipo de trabajo de Riquelme desde que éste era alcalde de la ciudad de Torreón, y bajo su dirección, la Secretaría de Inversión Pública Productiva (SIPP) se encargaría de desarrollar infraestructura pública con presupuesto privado  a través de proyectos bajo el concepto de Asociaciones Público Privadas (APP).

    Coahuila, endeudado

    La apertura de la SIPP fue anunciada en medio de la pandemia de COVID-19 dentro de un estado endeudado y en un año con un gran boquete fiscal según la Auditoría Superior de la Federación.

    La principal propuesta de la SIPP es el Corredor Económico Norte: una serie de libramientos carreteros alrededor del estado con un valor de mil 500 millones de pesos. Fue  propuesto un año y medio después de la creación de la instancia y aún es validado por la Secretaría de Finanzas durante el 2023, pues hasta la fecha no se ha dado ninguna actualización pública al respecto.

    Sin haber concretado ningún proyecto, el pasado 19 de junio, durante la rueda de prensa semanal, el gobernador Riquelme anunció la renuncia de Gerardo Berlanga, quien de acuerdo a acusaciones públicas por actores políticos de oposición, es un protegido político del gobernador debido a la información que posee de supuestos fraudes financieros.

    El gobernador no adelantó el relevo en esa dependencia, pues dijo que el personal puede continuar con el proceso de integración de los expedientes de obra para los libramientos del Corredor Económico del Norte y el proceso de liberación de los derechos de vía.

    Dijo que se trataba de dejar listos los procedimientos para que el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas iniciara de inmediato con los procesos de licitación cuando él lo decida.

    Gasto sin resultados

    La sola nómina de esta secretaría cuesta más de 12 millones anuales según el propio Gerardo Berlanga Gotés, quien respondió los cuestionamientos sobre los resultados de trabajo de algunos diputados  durante su comparecencia ante el poder legislativo local en diciembre de 2022.

    En los presupuestos de egresos del 2022 y 2023 se le asignaron 20 y 23. 7 millones respectivamente; y para los meses del 2021 después del anuncio de la creación de la SIPP,  se le asignaron 13. 8 millones de pesos según Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.

    De la la suma de las cantidades correspondientes a estos periodos resultan 57. 5 millones de pesos, presupuestos que supera por mucho al que se destina a Institutos como el de las Personas Adultas Mayores que sólo durante el 2022 se le asignan 2.6  millones para operar durante todo el año.

    En dicha comparecencia, el mismo Berlanga Gotés mencionó que el Proyecto del Corredor Norte fue recibido mediante una propuesta No Solicitada y aceptada por la SIPP después de la validación técnica por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) y en espera de validación financiera por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), proceso explícito en Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.

    https://twitter.com/sippcoahuila/status/1600559854397329408

    Además,  anunció —como resultados de su administración— visitas a plantas recicladoras, análisis de viabilidad técnica, foros de socialización, propuestas de modificaciones a leyes pero no estructuró y desarrolló ninguna APP como también lo marca la Ley Orgánica.

    Al solicitar una actualización sobre la validación del Corredor Económico del Norte  a Fernando Gutiérrez Pérez, Coordinador General de Comunicación e Imagen Institucional, no se recibió respuesta.

    También se le solicitó al propio Gerardo Berlanga Gotés, vía mensaje, una actualización sobre este proyecto  y tampoco hubo contestación justo el 16 de junio, cuatro días antes de su renuncia.

    En la solicitud de información 052768400001422 realizada el 08 de agosto del 2022 para pedir los expedientes técnicos, respecto al Corredor Económico del Norte, la dependencia señaló que los estudios de viabilidad se encontraban en revisión por parte de tres secretarías  por lo que no eran factibles de entregar.

    SIPP se creó en plena crisis

    Además del reto financiero que significó la pandemia de COVID-19 durante el 2021, año de apertura de la SIPP,  la administración estatal de Coahuila no fue capaz de aclarar el destino de mil 900 millones de pesos de recursos otorgados por la Federación, lo que equivale a casi el 20 por ciento del total de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en todo el país.

    En la exposición de motivos enviada al Congreso de Coahuila, el 16 de mayo del mismo año para justificar la apertura de dicha instancia Pública, Miguel Riquelme aceptó que la administración se enfrentaba a múltiples retos como una creciente demanda de infraestructura, necesidad ilimitada de recursos presupuestarios y múltiples presiones a las finanzas públicas debido al endeudamiento.

    Los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia no muestran resultados en ninguno de los trimestres que conforman el periodo del 2021 al 2023 en los indicadores de interés público de la SIPP y que la Ley General de Transparencia exige publicar a todas las instancias gubernamentales.

    Para el diputado independiente Rodolfo Walss la creación de la SIPP no era necesaria y obedece a otorgar protección a Gerardo Berlanga Gotés  por parte del gobernador de Coahuila.

    Renuncia, se venía venir

    Al visitar el edificio de la Secretaría de Inversión Pública Privada, Reporte Indigo constató que la mayor parte se encuentra en obra negra y sin concluir.  Se observa desde las ventanas algunas faltas de infraestructura en los techos de algunos pisos.

    Al llegar al piso tres, lugar en donde se encuentran las oficinas de la SIPP, se pidió alguna actualización sobre el Corredor Económico del Norte la cual también se negó.

    La funcionaria pública y asistente personal del Ingeniero Berlanga, Pamela Saucedo, anunció que el personal estaba ocupado para poder dar una actualización y pidió regresar en tres semanas cuando exista la designación de un nuevo titular a la Secretaría.

    Sobre la renuncia de Gerardo Berlanga Gotés, Rodolfo Walss mencionó que era algo predecible ya que la secretaría no tiene ninguna labor específica y era completamente absurda la posición de Secretario de la misma.

    “Esto tiene mucho que ver con el fin de la administración de Riquelme. No quieren que sea motivo de problemas, con tantos señalamientos de corrupción e impunidad durante más de quince años,  pudiera ser un problema para el próximo gobierno”, añadió.

    Para concluir dijo que debido a su participación en el proyecto del Metrobús Laguna pudiera ser investigado por una autoridad fiscal para recibir un castigo penal.

    Reporte Indigo

  • Desperdicia Miguel Riquelme más de 38 millones de pesos otorgados por la federación para la búsqueda de desaparecidos

    Desperdicia Miguel Riquelme más de 38 millones de pesos otorgados por la federación para la búsqueda de desaparecidos

    Durante el periodo 2019-2022 el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila ha desaprovechado más de 38 millones de pesos que recibió de la Federación para financiar la búsqueda de personas desaparecidas.

    El Gobierno de Coahuila que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís, ha desaprovechado durante la actual administración más de 38 millones de pesos que recibió como subsidio de la Federación, y que debían invertirse en la implementación de acciones de búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas en esa entidad federativa.

    De acuerdo con registros proporcionados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, vía transparencia, en el periodo 2019-2022, el Gobierno de Riquelme Solís ha omitido el ejercicio de una suma que asciende en total a 38 millones 496 mil 332.15 pesos, y por lo cual, ha tenido que retornarlos a la hacienda federal.

    En estos cuatro años, la administración del gobernador ha recibido en total una bolsa de 218 millones 975 mil 775.52 pesos, como parte del “Subsidio Federal para Realizar Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, lo cual implica que casi una quinta parte de la misma se perdió por no haber sido utilizada por las autoridades locales de Coahuila (el 17.58 por ciento).

    El año en que el Gobierno de Riquelme Solís ha tenido que devolver la mayor cantidad de estos recursos al Gobierno federal ha sido el 2020, cuando el monto reintegrado ascendió en total a 15 millones 481 mil 363.19 pesos.

    Sin embargo, al considerar que ese año el subsidio total que le fue ministrado al Gobierno estatal, fue de 41 millones 354 mil 923.14 pesos, esto significa que terminó desaprovechando el 37.43 por ciento de todos los fondos federales que recibió para desplegar las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas.

    Luego del 2020, el siguiente año con más recursos federales sin utilizarse fue el 2022, con 8 millones 789 mil 910.78 pesos; seguido del año 2021, con un monto similar al anterior: 8 millones 647 mil 132.00 pesos en esta condición; y finalmente, el año 2019, con 5 millones 577 mil 926.18 pesos que nunca fueron invertidos para buscar desaparecidos.

    Oportunidades perdidas

    El “Subsidio Federal para Realizar Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, que ha sido desaprovechado en una proporción significativa por el Gobierno de Coahuila, se les entrega a los estados para que financien la operación de las Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales tienen competencias para desplegar todos los tipos de búsqueda que están previstos en el marco legal.

    La Comisión Nacional de Búsqueda expone en su respuesta que el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, prevé diversos tipos de búsqueda que se complementan entre sí: búsqueda inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia, por lo que: las autoridades deben ejecutar simultáneamente todas las acciones que el caso amerite y haga posibles (folio 332163723000044).

    La falta de aplicación del Subsidio Federal en que ha incurrido el Gobierno de Coahuila, implica que su Comisión de Búsqueda del Estado ha perdido inversiones que pudieron haberla fortalecido tanto en materia de recursos materiales como humanos, o que pudieron haber posibilitado la implementación de más y mejores acciones de búsqueda en esa entidad.

    Los distintos tipos de búsqueda que puede desplegar la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, previstos en el Protocolo Homologado referido, consisten en lo siguiente, según lo plantea la Comisión Nacional:

    La búsqueda “inmediata”, por ejemplo, permite la activación de las instituciones desde el primer momento de la desaparición, sin importar si hay delito involucrado. La búsqueda “individualizada”, por su parte, se activa cuando ya se presume  la comisión de un delito contra el desaparecido, e implica la apertura de una carpeta de investigación.

    La búsqueda “por patrones”, explica el organismo,  parte de que es posible asociar distintos casos de desaparición mediante análisis de contexto; si la conexión se confirma, deben buscarse conjuntamente.

    La búsqueda “generalizada” consiste en la recopilación, organización y cotejo sistemático de información sobre escenarios de búsqueda (incluye los cotejos que realizan las autoridades entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y otras bases de datos gubernamentales).

    Finalmente, está la búsqueda “de familia”, que tiene por objetivo restablecer el contacto entre personas extraviadas o incomunicadas y sus familias, y en su caso, restituir restos humanos de las víctimas a sus familiares.

    En el estado de Coahuila existen más de 3 mil 500 personas desaparecidas y no localizadas. Foto: Especial
    En el estado de Coahuila existen más de 3 mil 500 personas desaparecidas y no localizadas. Foto: Especial

    Los rezagos

    El 7 de septiembre de 2022, Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), expuso los rezagos que presenta esa entidad en materia de búsqueda de desaparecidos, durante el Observatorio Internacional de Derechos Humanos que estaba celebrándose.

    “La voluntad política que dicen tener no se ve reflejada en el presupuesto ni en el combate a la corrupción ni a la impunidad. Los funcionarios que han incurrido en faltas al debido proceso han sido premiados con cargos en el Poder Judicial, otros ni siquiera tienen investigaciones abiertas ni han sido removidos de sus cargos. (…) Claro que estamos abiertas al diálogo, pero dialogar requiere confianza entre los actores y estar dispuestos a ver las opciones para hacerlo distinto y ustedes no nos han dado señales de confianza”, señaló.

    Aunque la administración pública estatal debe prevenir, garantizar y promover que los derechos humanos no se sigan violando, dijo, esto no está pasando,

    “La búsqueda, la investigación y la verdad de lo que ocurrió en Coahuila y en México y donde están nuestras familias es la deuda más grande con nosotras.

    “Desde las familias vemos que en esta administración se ha avanzado muy poco en cuanto a fortalecer las instituciones para la búsqueda y la investigación, la fiscalía no es autónoma; como desde el 2010 no tienen líneas de investigación de nuestros casos, ni sentenciados, ni a nuestros familiares; ningún gobernador, ni fiscal ha sido investigado ni procesado por lo ocurrido en nuestro estado, por los crímenes de lesa humanidad”, agregó.

  • Recibió Juez 11 millones de pesos tras liberar a Humberto Moreira

    Recibió Juez 11 millones de pesos tras liberar a Humberto Moreira

    REVELAN TRAMA DE PRESUNTA CORRUPCIÓN

    El analista español Alvise Pérez reveló una investigación en la que informa sobre los pagos recibidos por el juez Pedraz y por el abogado Baltazar Garzón.

    Forbes y MÁS retomamos esa investigación; a continuación los nuevos datos sobre el caso.

    El juez español Santiago Pedraz recibió dos pagos cada uno por 300 mil euros luego de liberar al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, de acuerdo con una investigación publicada en exclusiva por el analista español Alvise Pérez y retomada por Forbes México.

    Los pagos recibidos por el juez español provienen de la firma mexicana PLC Servicios, una empresa considerada como fantasma por las autoridades fiscales y la cual fue contratada por el Gobierno del Estado de Coahuila durante el sexenio de Rubén Moreira.

    Humberto Moreira fue liberado en enero de 2016, mientras que el juez Pedraz recibió el primer pago el 28 de marzo de 2016 y el segundo pago el 11 de abril del mismo año, ambos realizados a través de Citibanamex

    El investigador Alvise Pérez presenta copias de las presuntas fichas oficiales que amparan el traspaso de esos recursos y publica datos que revelan los antecedentes de PLC servicios, sus vínculos en el caso Odebrecht y la contratación de esa firma por parte de la administración encabezada por Rubén Moreira.

    La investigación revela también que el propio Humberto Moreira, su hijo Rubén Humberto y la empresa Unipolares y Espectaculares del Norte habrían pagado más de un millón de euros al abogado español Baltazar Garzón, también durante el 2016.

    Pérez revela los reportes que la empresa del propio Garzón entregó a la autoridad española y en ellos aparecen los pagos recibidos en 2016.

    Baltazar Garzón, quien mantiene una relación de amistad con el juez español Santiago Pedraz, habría sido parte de la defensa de Moreira, de acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa española.

    En tanto Manuel Ollé Sesé, quien, si aparece oficialmente como abogado de Humberto, recibió un pago de 119 mil euros de parte de la empresa de Garzón.

    Es decir, de los pagos que habrían efectuado Humberto Moreira, su hijo y la empresa Unipolares y espectaculares del norte, solo el 10 por ciento se pagó al abogado oficial y el resto se habría quedado en manos de la empresa de Garzón.

  • Tras rumores dentro de MORENA, Ricardo Mejía Berdeja auncia que NO DECLINARÁ candidatura del PT en las elecciones Coahuila

    Tras rumores dentro de MORENA, Ricardo Mejía Berdeja auncia que NO DECLINARÁ candidatura del PT en las elecciones Coahuila

    Ricardo Mejía Berdeja advierte que no declinará candidatura del PT; advierte que ‘El Tigre’ sigue firme y que estará en la boleta electoral.

    RICARDO MEJÍA BERDEJA NO DECLINARÁ CANDIDATURA DEL PT EN LAS ELECCIONES COAHUILA 2023 (GABRIEL CABELLO/SDPNOTICIAS.COM)

    A través de un video publicado en sus redes sociales, Ricardo Mejía Berdeja advirtió que no va a declinar la candidatura del Partido del Trabajo (PT) al gobierno de Coahuila en las elecciones 2023.

    También en su videograbación Ricardo Mejía hizo énfasis que su nombré sí va aparecer en la boleta electoral este próximodomingo 4 de junio.

    Boleta en la que los coahuilenses podrán elegir a su próximo gobernador y sus votos serán contados mediante el PREP que iniciará a las 20:00 horas del domingo y terminará por muy tarde a las 20:00 horas, pero del lunes 5 de junio.

    El mensaje de Ricardo Mejía Berdeja llega antes de que se lleve a cabo la veda electoral en Coahuila por las votaciones a gobernador.

    Es importante mencionar que para esta elecciones también se aplicará la ley seca en Coahuila, que comenzará desde las 00:00 horas del sábado 3 de junio y hasta las 24:00 horas del domingo 4 de junio.

    Aunque Ricardo Mejía no es el único candidato en estas elecciones que pretenden sacar al PRI, ya que Armando Guadiana, quien es uno de los candidatos de Morena también quiere lo mismo.

    Sin embargo, Manolo Jiménez Salinas es uno de los candidatos de oposición que aún va de la mano con el PRI.

    Con tu apoyo me he convertido en candidato ciudadano y del pueblo: Ricardo Mejía Berdeja

    En su mensaje, Ricardo Mejía Berdeja aseguró estar “más fuerte que nunca” porque se convirtió en un candidato ciudadano y del pueblo de Coahuila.

    Agregó que la oposición y Morena han estado presionando para que puedan someter a los coahuilenses, y reiteró que aparecerá en la boleta electoral bajo las siglas del PT.

    Apenas la mañana de hoy martes 30 de mayo trascendió que la dirigencia del PT acordó con Morena retirar su apoyo a Ricardo Mejía Berdeja y otorgárselo a Armando Guadiana.

    Es probable que por este mensaje que dará el PT en las próximas horas, Ricardo Mejía Berdeja haya reiterado su postura en contra de declinar su candidatura.

    Ricardo Mejía no quiere estar dentro del juego de la sucesión de 2024, afirma que sólo quiere recuperar Coahuila

    También en su mensaje Ricardo Mejía Berdeja asegura que lo quieren meter en el juego de la sucesión presidencial de 2024, pero apunta que lo único que quieren los coahuilenses es recuperar su estado.

    Agregó que pase lo que pase, sus seguidores podrán votar por él dentro de la boleta electoral, asimismo aclaró que una vez que los candidatos están registrados ellos tienen todos sus derechos.

    Por lo que pidió a los coahuilenses que no se dejen confundir, ya que votar por él es igual a un voto válido y si es que la mayoría de votos se van para ‘El Tigre’, Ricardo Mejía Berdeja sería el próximo gobernador.

    En este sentido invitó a los ciudadanos que estén en contra de la corrupción a votar por él sin importar los colores de los partidos, resaltó también que ‘El Tigre’ sigue firme y que la candidatura sigue siendo suya.

    SDP Noticias

  • Samuel se sube a la pelea contra Alito: “Los alcaldes del PRIAN desvían recursos para Coahuila”

    Samuel se sube a la pelea contra Alito: “Los alcaldes del PRIAN desvían recursos para Coahuila”

    El gobernador reprochó que priistas y panistas “andan en una dinámica que a mí no me parece ni correcta ni justa”. Los aludidos exigieron pruebas.

    La elección del próximo 4 de junio que derivó en un conflicto entre Movimiento Ciudadano y el PRI arribó a Nuevo León luego de explotar en la CDMX con Salomón Chertorivski, y continuar en el estado de Jalisco con Pedro Kumamoto contra el gobernador Enrique Alfaro.

    Ahora el gobernador Samuel García respondió a los reclamos de los alcaldes del PRI y el PAN por la retención de recursos federales, afirmando que no han presentado proyectos específicos y, por el contrario, desvían fondos para la campaña política de Coahuila.

    “Ah, no, ya el PRIAN juntos para el 24, en el vestíbulo del Congreso”, dijo García Sepúlveda luego de que el PAN, el PRI y el PRD pactaron un acuerdo para impulsar un gobierno de coalición a nivel federal y en su estado rumbo a las elecciones de 2024.

    “Acto seguido, dos días después, van y nos madrean al Congreso. Dobles caras, la lana se está yendo a Coahuila para el candidato de sus partidos”, reprochó el también integrante de MC. Los “alcaldes del PRIAN”, agregó, “ya andan en una dinámica que a mí no me parece ni correcta ni justa”.

    Y afirmó que los diputados locales que emanan de dichos partidos emitieron, “a escondidas”, en el presupuesto una tabla para favorecer única y exclusivamente a los presidentes municipales del PRI y PAN, situación en la que dijo no estar de acuerdo.

    De nuevo, como ocurrió en Jalisco y CDMX, el diputado federal José Luis Garza Ochoa, líder del PRI estatal, calificó de vergonzosa la declaración del gobernador, y acusó que está haciendo el trabajo sucio a Morena de cara a las elecciones, partido al que MC se entregó.

    LPO

  • Participa Ricardo Mejía en marcha en apoyo a las mujeres

    Participa Ricardo Mejía en marcha en apoyo a las mujeres

    Bajo la lluvia, más de mil mujeres marcharon gritando consignas de apoyo al candidato Ricardo Mejía Berdeja. (CORTESÍA)

    Más de dos mil mujeres salieron a marchar en el Centro Histórico de la capital de Coahuila para apoyar al candidato a gobernador por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, y sumarse a la lucha para transformar al estado.

    Asimismo condenaron y denunciaron públicamente la violencia de género; “que no haya violencia de género, que no haya discriminación, que los delitos contra las mujeres no se minimicen,”, señalaron las manifestantes.

    “El Tigre”, aseguró que en el presente sexenio los delitos contra la mujer aumentaron en la entidad, alrededor de 500 por ciento la violencia intrafamiliar; 360 por ciento las violaciones; casi 300 por ciento el abuso sexual y 50 por ciento los feminicidios.

    Bajo la lluvia, más de mil mujeres de Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda Arteaga, Torreón, entre otros municipios, marcharon gritando consignas de apoyo al candidato Ricardo Mejía, quien tiene en sus propuestas implementar un gobierno igualitario, con la misma cantidad de hombres y mujeres en los altos cargos de su gabinete y organismos descentralizados.

    El contingente estuvo integrado por maestras, trabajadoras de la salud, amas de casa, profesionistas, estudiantes, víctimas de violencia de género e impunidad.

    Las participantes, el candidato Ricardo “el Tigre” Mejía y su esposa Marlene Cañas avanzaron desde la Alameda Zaragoza por la calle Aldama hasta Allende, donde se reunieron en la Plaza Nueva Tlaxcala bajo una intensa lluvia.

    Ahí, las mujeres dieron a conocer la violencia de género que han padecido y la impunidad oficial, como Ángela Sánchez, cuya hija de dos años, Ximena, fue sustraída por el papá en marzo de este año, y el caso no ha avanzado ante la indolencia de las autoridades.

    Con información de El Siglo de Torreón y Facebook

  • Ricardo Mejía se compromete a poner presión ante problemas de AHMSA

    Ricardo Mejía se compromete a poner presión ante problemas de AHMSA

    El candidato por el Partido del Trabajo visitó la región Centro-Desierto para platicar con los habitantes de las comunidades Hércules y Sierra Mojada.

    Este lunes el candidato del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, arrancó su semana de actividades en la región Centro-Desierto, para platicar con los habitantes de comunidades que se dicen de las más olvidadas y agraviadas del estado, por lo que visitó Hércules y la cabecera de Sierra Mojada, así como en Químicas del Rey en Ocampo.

    Por la mañana estuvo en la comunidad de Hércules y escuchó las demandas de los pobladores como la falta de trabajo, en especial para las mujeres; escasez de medicamento y falta de seguridad e infraestructura carretera y educativa, sobre todo la problemática de salarios con la empresa Altos Hornos (AHMSA).

    “El principal problema de Coahuila es la corrupción, porque si hay corrupción no hay obra, no hay apoyos ni infraestructura; con corrupción hay complicidades entre el PRI y el PAN porque son parte de lo mismo. Mientras ellos están bien, qué les importa si en Hércules no le pagan a la gente. Alonso Ancira (Pte. de Altos Hornos) vive como rey, como jeque árabe”.
    Expresó que acudió hasta Hércules para decirles que gobernará para todos, en especial a la gente más olvidada y a los que no les han cumplido con sus prestaciones.

    Se comprometió a ver el tema de la carretera que les hace falta, la instalación de un centro de salud, generar más empleos, y presionar como gobernador a la empresas acereras para que no existan retrasos en los salarios de los trabajadores.

    Por su parte, en la cabecera municipal de Sierra Mojada, uno de los municipios con mayor riqueza mineral en el estado, dijo que el litio de la zona debe tener una utilidad social y beneficios para la gente, tal como se les externó a los representantes sociales, los cuales solicitaron oportunidades de trabajo, apoyos para los jóvenes, las mujeres y campesinos.

    “No puede ser que acá haya minería y recursos, pero la gente carece de lo indispensable. La Sierra Mojada tiene litio. Es un recurso del país, pero sí queremos crear una empresa en la que participe el Estado; es decir, el Gobierno de Coahuila y los coahuilenses, para que lo que se explote se quede en las comunidades y la gente”, dijo Mejía.
    Más tarde, el candidato ciudadano por el Partido del Trabajo cerró sus actividades con una reunión en la plaza principal de Chula Vista en Laguna del Rey, municipio de Ocampo, cuyos habitantes y de las comunidades aledañas mostraron su apoyo para llevarlo al Palacio de Gobierno con el poder de su voto el próximo 4 de junio.

    Milenio