La tasa de desempleo en México alcanzó su nivel más bajo desde 2005 y se ubicó en 2.7% durante el primer trimestre de 2023.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el mercado laboral mexicano ha mantenido un buen desempeño durante el primer trimestre del año al ubicar la tasa de desempleo en 2.7%.
Esta tasa es la más baja desde hace 18 años, cuando iniciaron los registros de está medición.
Fotografía de archivo de varios hombres trabajando durante una jornada laboral en Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez
Según datos del Inegi, en el primer trimestre de 2023, 142 mil 773 personas se sumaron a una actividad económica, para totalizar 58 millones y medio de trabajadores en la economía mexicana.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en el primer trimestre de 2023 había 58.5 millones de personas ocupadas.
Del total de puestos creados, 272 mil 616 se generaron en el sector secundario o de la industria, con 170 mil 163 en la manufactura y 126 mil 633 en la construcción.
En cambio, la población desocupada fue de 1.6 millones, lo que representa una reducción de 1.1 millones de personas en comparación con el trimestre inicial de 2022.
Por sexo, la ocupación de hombres fue de 35.8 millones, cifra superior en 602 mil respecto al mismo periodo de 2021, y la ocupación de mujeres fue de 24.3 millones, 1.4 millones más que en mismo lapso de comparación.
Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que labora, 6.6 millones de personas (11.2% del total) trabajaban en el sector primario; 14.8 millones (25.3%) en el secundario o industrial y 36.8 millones (62.9%) estaban en el terciario o de servicios. El restante 0.6% no especificó su sector de actividad económica.
En cuanto a la tasa de informalidad se ubicó en 32.2 millones de personas en los primeros tres meses del año, es decir, un 55.1% de la población ocupada.
Por lo mal que quedan siempre los expertos financieros, sus pronósticos ya no deben ser proyecciones sino predicciones.
Por: Jorge Barrientos
El INEGI acaba de anunciar que el Producto Interno Bruto del país creció más del 3. 5% en el primer trimestre del año y que la inflación está en 6% y a la baja, un golpe mas a las predicciones catastróficas que previo a cada reporte proyectan los “expertos” en análisis financieros, lo mismo ha pasado con sus proyecciones sobre el tipo de cambio del peso frente al dólar pero una y otra vez sus proyecciones se van al hoyo del olvido.
Cada temporada inicia otro trimestre u otro año y las proyecciones ya se convirtieron en predicciones, pues han demostrado que carecen de total rigor académico. Y esto no responde a que por arte de magia suceda algún imponderable que haga que de golpe el país crezca o que la inflación baje, la realidad es que el país está bajo un buen control financiero y siguiendo políticas económicas distintas a las acostumbradas pero evidentemente más eficaces. La auténtica razón de estas sopresas periódicas es que realmente aquellas “predicciones” están basadas en la víscera, en el odio patológico a una administración o gobierno “populista” que no sigue los dogmas bajo los que estos expertos fueron adoctrinados y sin los cuales ninguna economía podría funcionar según les han hecho creer.
Además de que sus “predicciones” responden a un fin propagandístico de corto plazo para generar una expectativa negativa de las medidas tomadas por el gobierno y que gracias a los medios de comunicación se mantiene por meses en la audiencia hasta que la realidad confirma el acierto en las medidas y la falsedad en las proyecciones, pero eso no importa, al fin y al cabo al día siguiente comienza otro período para pronosticar algo negativo para una audiencia ante la que los expertos no pierden su credibilidad, cuatro años así y el método sigue funcionando, a ver hasta dónde aguanta su credibilidad.
Y a los extraterrestres, primero investiguen, después opinan.
La agencia USAID del gobierno de Estados Unidos confirmó el financiamiento por 6 millones de dólares –117 millones de pesos– a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad entre 2021 y 2023, años en los que la organización fundada por Claudio X emprendió una campaña sucia disfrazada de actividad periodística contra el presidente López Obrador, que incluso violentó la vida privada de sus hijos. La embajada estadunidense admite que el dinero se usa para el “periodismo” que realiza MCCI, así como la “investigación” aplicada, el análisis de políticas públicas e incluso la participación ciudadana (conocida como calentamiento de calle). A la fecha, la asociación civil mantiene la misma agenda política del empresario, incluso se alió con UNID@S para litigar contra el Plan B de la reforma electoral; además, ninguno de sus trabajos ha cuestionado los intereses de la familia González
Séptima parte. El gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia USAID, financió con 6 millones de dólares –unos 117 millones de pesos– a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2021 y 2023. La organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo –quien encabeza a empresarios y partidos políticos (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) opositores– es la punta de lanza en una campaña sucia permanente en medios de comunicación corporativos y en juzgados, tribunales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta guerra sucia mediática ha incluido el hostigamiento a los hijos del primer mandatario, violentando su derecho humano a la privacidad. El hecho más reciente ocurrió el pasado 22 de marzo cuando, en franca violación a los principios de la ética periodística, Mexicanos Contra la Corrupción envió a sus colaboradores al domicilio privado de uno de los hijos del presidente de la República, donde también habitan los nietos de López Obrador que son menores de edad.
Hasta la fecha, MCCI no ha demostrado que existe conflicto de interés en lo que llamó “la otra casa gris”, como tampoco lo hizo, meses atrás, con la primera entrega (incluso el autor del supuesto “reportaje”, Raúl Olmos, admitió en una clase en el CIDE que no podía afirmar que hubiera conflicto de interés).
Aunque la asociación civil financiada por el gobierno estadunidense aseguró que apersonarse en la casa de uno de los hijos del primer mandatario al sur de la Ciudad de México formaba parte de un trabajo supuestamente periodístico y lo disfrazó de reportaje, la Carta Mundial de Ética para Periodistas señala: “el o la periodista respetará la privacidad de las personas. Respetará la dignidad de las personas representadas”.
Ahora se sabe que la Embajada estadunidense sí conoce que el destino de los recursos multimillonarios que el gobierno de ese país da a la organización es precisamente la confección de ese tipo de trabajos disfrazados de periodismo de investigación. Etiquetado como presupuesto destinado al “Enfoque Multidimensional para abordar la corrupción e impunidad en México”, la USAID reconoce que a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad le entregó 3 millones de dólares complementados con otros 3 millones de dólares de “coinversión” en el periodo de 2021 a 2023. Al respecto, no aclara qué otra entidad participa en dicha coinversión.
La agencia del gobierno de Estados Unidos ligada a la CIA afirma que “esta actividad integra la investigación aplicada, el análisis de políticas públicas, la participación ciudadana y el ‘periodismo de investigación’ para promover políticas y reformas legales para combatir la corrupción sistémica y promover la integridad empresarial”. Es decir, la USAID es consciente que está financiando las campañas sucias de MCCI al indicar que los millones de pesos que le otorga se destinan a su supuesto “periodismo”.
Más aún, reconoce que parte del dinero que entrega a esta asociación civil sirve para que sus directivos promuevan el llamado calentamiento de calle, a lo que eufemísticamente llama “participación ciudadana”: esto es, atizar el descontento social hasta generar un conflicto en beneficio de intereses específicos. Lo cual incluye la organización de manifestaciones que no necesariamente son legítimas.
Por ejemplo, el 10 de noviembre de 2022, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, convocó desde su cuenta de Twitter a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral, entonces dirigido por Lorenzo Córdova en asociación con Ciro Murayama. En un video que también se encuentra publicado en la plataforma político electoral de UNID@S, la exfuncionaria del gobierno de Vicente Fox convocaba a los mexicanos y mexicanas a unirse a la marcha del “INE no se toca”.
Otro ejemplo se observó entre febrero y lo que va de mayo de 2023: en una acción descarada y a nombre de MCCI, María Amparo Casar promocionó en su cuenta de Twitter una movilización digital en Change.org sobre los dos amicus curiae contra el llamado Plan B de la reforma electoral, que presentó UNID@S –en asociación con el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IEDT), liderado por Ricardo Becerra Laguna, exfuncionario del IFE y del IFAI– ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La organización UNID@S es impulsada por el jefe de Casar, Claudio X. Esta fue presentada el 11 de octubre de 2022 como una plataforma política con miras a las elecciones presidenciales de 2024 y para incidir en el voto ciudadano de cara a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Adicionalmente, uno de sus principales objetivos al nacer fue defender al INE de Lorenzo Córdova, caracterizado por los lujos y el dispendio del dinero público.
Así, aunque Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad asegura que es apartidista y que su actividad no es política ni busca incidir en el voto, el 11 de mayo pasado el IEDT compartió una lista de organizaciones que “defienden” a ese INE mediante el recurso jurídico del amicus curiae ante la Corte, entre las que sobresalen Sí Por México, UNID@S y Mexicanos Contra la Corrupción, pues fueron creadas por el empresario González Guajardo como grupos de presión a los que también se les identifica con el concepto de lobby.
Fines partidistas
El pasado 16 de mayo, la Embajada de Estados Unidos aseguró que “ningún financiamiento del gobierno de los Estados Unidos se puede utilizar con fines partidistas”, luego de que el presidente López Obrador volvió a criticar al vecino país por donar decenas de millones de pesos al grupo opositor a su gobierno identificado como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
No obstante lo que afirma la Embajada, MCCI sí lo utiliza exactamente con esos objetivos, de lo contrario se mantendría al margen de la agenda político electoral que enarbola su presidente fundador y actual líder de la alianza Va por México, Claudio X. Incluso para demostrar su supuesta “independencia” podría publicar un reportaje sobre los intereses de Kimberly Clark y las familias González Laporte-González Guajardo, que tras envolverse en un discurso de lucha contra la corrupción se han aliado al PRI y al PAN.
En un comunicado, el 16 de mayo la Embajada del vecino país aseguró que “el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias cuentan con mecanismos rigurosos para monitorear y garantizar que la asistencia estadounidense se implemente de manera objetiva y de acuerdo con las disposiciones de las subvenciones”. Al parecer, en este caso hay sólo dos escenarios posibles: 1) esos controles han fallado a la hora de revisar los verdaderos objetivos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; o 2) es del interés del gobierno estadunidense financiar a grupos abiertamente opositores al actual gobierno de López Obrador, elegido en julio de 2018 por más de 30 millones de votos.
Hasta ahora, ni la USAID ni la Embajada se han disculpado con el gobierno de México por financiar las campañas sucias de MCCI, que también han incluido una estrategia de golpe de Estado técnico: interponer centenas de juicios de amparo contra las principales obras de infraestructura.
Es más, nada dijeron de que el presidente fundador de esa asociación civil, Claudio X, amenazó –el 22 de octubre de 2021– con crear una lista negra y en ese mismo mes MCCI se alió a su “nuevo” colectivo UNID@S. Como se recordará, el empresario escribió en su cuenta de Twitter: “la llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”.
Respecto de las estrategias jurídico legaloides, la asociación civil cuenta con un área destinada a lo que llama “litigios estratégicos”. En 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, Claudio X González Guajardo –entonces presidente de Mexicanos Contra la Corrupción– promovió la creación del colectivo #NoMásDerroches, al que se sumaron la Confederación Patronal de la República Mexicana, Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Consejo General de la Abogacía Mexicana y México Unido Contra la Delincuencia.
Ese año, dichas organizaciones promovieron más de un centenar de juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y otras tantas demandas para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Como Contralínea lo informó, la cara visible del colectivo fue el abogado Gerardo Carrasco Chávez, entonces director del área de Litigio Estratégico de MCCI –cargo que ocupó desde enero de 2017 hasta octubre de 2021. Ahora, este litigante forma parte del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, AC, también de Claudio X.
Mexicanos Contra la Corrupción y el colectivo #NoMásDerroches también promovieron juicios de amparo contra otras obras de infraestructura estratégicas: el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
Ciudad de México. El Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya, indicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”, señaló. “Una cosa es que violen la Constitución y otra es querer dar un golpe de Estado, que ya no ejecutemos nada”.
En su conferencia matutina, el mandatario sostuvo que la pretensión de detener las obras de su gobierno va a continuar, “pero no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, con las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras”.
–¿Ve ese riesgo con los mandatos judiciales? –se le preguntó.
–Sí, un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró: (Julen) Rementería, ese sí muy cercano al pensamiento fascista. Ese planteó eso, que se me destituyera, que la Corte me destituyera y era tan absurdo que tuvo que retirarla, le echó la culpa a sus asesores.
Otra vez cuestionó el Presidente el papel del Poder Judicial y criticó a quienes participaron el domingo en la marcha de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que derivó en violencia.
“Se actuó, de parte de los que marcharon, con prepotencia. Pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose frente a la Corte, pero no debieron ir a provocar y quitarles las mantas. Hay que evitar la confrontación, la violencia. Cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer”, expuso.
Es necesario saber quiénes son los que participaron, sin ánimo de persecución ni de represión, añadió.
Ve “tendencia autoritaria” en la oposición
Afirmó que no había policías en torno al plantón de personas inconformes con el desempeño del máximo tribunal.
Sólo que “los conservadores son muy autoritarios, no diría fascistas. Puede haber algunos dirigentes fascistas, pero los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, pero también con tendencia autoritaria”.
Dijo que entre los participantes en la marcha estaba José Ángel Gurría, secretario de Hacienda y canciller en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando se convirtieron las deudas de los bancos y grandes empresarios en deuda pública. También citó a Margarita Zavala, “esposa de quien detentó la Presidencia, porque él no ganó, Felipe Calderón. Es normal que ellos se manifestaron, y son libres”.
López Obrador estimó que debiera ser complicado defender a los ministros de la SCJN, cuando violan la Constitución porque devengan un salario cuatro o cinco veces superior al del Presidente, que oscila entre 140 y 150 mil pesos.
La norma constitucional establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente, por lo que, “la verdad, no tienen causa, no tienen bandera, es complicado defender a la Corte, defender a jueces, magistrados y ministros”.
Recordó resoluciones del Poder Judicial a favor de la esposa del secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, quien logró el acceso a sus cuentas bancarias gracias a un fallo judicial.
Agregó que una colaboradora de García Luna se incorporó recientemente al Consejo de la Judicatura Federal, aunque está sometida a un proceso legal por corrupción a su paso por instancias de seguridad. Adelantó, además, que autoridades identificaron a otra funcionaria cercana al ex secretario y ahora labora en la Corte.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de inflación general en México bajó en la primera quincena de mayo hasta el 6%, gracias a la caída de precios de energéticos y agropecuarios.
La disminución en la inflación durante las dos primera semanas de mayo, implica seis quincenas consecutivas de descenso tras el índice de: 6.25% de todo abril; 6.85% de marzo; el 7.62% de febrero; el 7.91% de enero; y el 7.82% de diciembre pasado, cuando la inflación tuvo su mayor cierre anual en 22 años y lo que va del siglo.
Además, el INEGI reportó un decremento de 0.32% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) respecto a los 15 días anteriores y recordó que durante el mismo periodo de 2022, la inflación quincenal fue de 0.06% y la anual de 7.58%.
Respecto al índice de precios subyacente, el INEGI informó que aumentó un 0.18% quincenal y un 7.45% anual. Mientras que la partida de no subyacentes decreció un 1.85% a tasa quincenal, aunque subió un 1.70% interanual.
En la primera quincena de mayo 2023, la #inflación general anual fue de 6.0%. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.32% a tasa quincenal.
En cuanto al subgrupo de subyacentes, las mercancías aumentaron el 0.17% en la quincena y un 9.16% en el año. Mientras que los servicios avanzaron un 0.19% quincenal y un 5.44% anual.
En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios decrecieron un 0.52% respecto al periodo inmediato anterior, pero se elevaron un 5.59% frente al mismo lapso del año pasado.
Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se redujeron en 2.99% en la quincena y en 1.51% en el año.
El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, se redujo un 0.32% quincenal, aunque subió un 6% a tasa anual.
Carlos de María y Campos, socio de Galicia Abogados, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría ir contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) pues ya atrajo los amparos en revisión que empresas privadas interpusieron contra esta.
Según pública el sitio La Política Online (LPO) el abogado dijo ante participantes del sector energético dentro del Foro Nacional de Energía e Infraestructura, que la Ley Eléctrica aprobada podría llegar a su fin a pesar de haber sido aprobada en años recientes. Esto, por supuesto, es la expectativa del sector energético privado, quienes desde la aprobación de la LIE, lanzaron a los tribunales con amparos en contra de esta.
“La LIE está suspendida y estamos a días de que se cancele totalmente”, dijo Carlos de María y Campos.
Debido a los amparos autorizados por los Primero y Segundo Tribunales Colegiados de Circuitoen materia Administrativa, especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, la Ley Eléctrica se encuentra prácticamente detenida. Esto, a pesar de que hace un año, la misma SCJN determinó que la ley no es inconstitucional.
Los amparos contra la LIE se centraron principalmente en el tema del despacho eléctrico, pues la ley establece que se daría preferencia a la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) principalmente la producida en las hidroeléctricas. Esto generó la inconformidad de las empresas privadas, además de otras trabas en materia regulatoria.
Si bien estos amparos que promovieron las empresas eran relativos, la justicia determinó que los daños acusados dañan a todo el sector, por lo que se ejecutaron de manera general.
Bajo está lógica, el abogado aseguró que es obvio pensar que la ley se discutirá pronto en la SCJN. Y sostuvo que lo más probable es que las empresas ganen, ya que está votación no requiere mayoría calificada, o sea, solo 6 votos podrían echarla para atrás.
“Pueden pasar solo con seis votos. Si recordamos como fue la votación sobre la inconstitucionalidad de la ley, siete ministros apoyaron este proyecto, por lo que ya se tienen seis votos asegurados en contra de esta ley, es difícil pensar que cambien su parecer”, opinó el abogado.
Sin embargo, el cabildero reconoció que por ahora no hay ningún ministro que tenga el proyecto.
De retomarse está discusión sería un nuevo punto de inflexión en el Poder Judicial, pues desde la llegada de Norma Piña al frente de la Corte, esta se ha encargado de echar para atrás los avances logrados por el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Hoy, de nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial, esto luego de que fue cuestionado por las críticas que hubo ante la propuesta de Morena de “obradorizar” el Poder Judicial.
El mandatario federal dijo en su conferencia de prensa, que el “Poder Judicial está echado a perder” y no ha habido una democracia. Aunque destacó que hay excepciones.
“Es normal en una democracia que tengamos posturas distintas, yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder, a lo mejor hay excepciones y son honrosas, pero es eso: la excepción, no la regla general”, dijo.
En ese sentido, reiteró su postura de “democratizar” al Poder Judicial y que la “mejor medicina” será que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros.
“Porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y político y ahora no tienen ningún sometimiento al poder político”, dijo desde Palacio Nacional.
Y es que ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente que el diputado morenista Manuel Alejandro Robles Gómez propuso “obradorizar” el Poder Judicial, situación que de inmediato tuvo respuesta por parte del senador Julen Rementería y otros legisladores de oposición.
El mandatario mexicano justificó la propuesta del diputado y aseguró que dentro del Poder Judicial hay mucha corrupción.
“Están molestos porque están al servicio de una minoría, al pueblo se le utilizaba para legitimar un régimen de corrupción y de privilegios por eso había elecciones”, sostuvo López Obrador.
Habló que había una división entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero el presidente se volvió “el poder de los poderes”, pues ponía y quitaba gobernadores, gobernadores y ministros.
“El Poder Judicial quedó en manos de la oligarquía, porque también es un proceso el de la transformación, no se puede de la noche a mañana, arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso por mucho tiempo, siglos… Hemos avanzado y vamos a seguir avanzando, pero hay que democratizar al Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, que es lo que estamos proponiendo”, subrayó el Jefe del Estado.
El proyecto Tren del Istmo, encabezado por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha propuesto aumentar el crecimiento económico regional a través de varios proyectos.
También conocido como Corredor Interoceánico, este proyecto contempla la rehabilitación de 309 kilómetros de vías férreas con una inversión inicial de 3 mil 900 millones de pesos, con los cuales se reducirá el tiempo de traslado de 7.5 a 4 horas entre los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, para mover 1.4 millones de contenedores anualmente.
Este tren tendrá una línea férrea que se dividirá en tres:
Línea Z – 308 kilómetros desde el puerto de Coatzacoalcos hasta el de Salina Cruz
Línea FA – 329 kilómetros que irán desde Coatzacoalcos hasta Palenque, Chiapas, donde se conectará con el Tren Maya
Línea K – se conectará con Ixtepec, en Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, en Chiapas
Uno de los grandes objetivos de este proyecto es convertirse en una alternativa al Canal de Panamá, al permitir conectar al océano Atlántico -a través del Golfo de México- con el océano Pacífico, permitiendo un cruce eficiente de mercancías.
Además, permitirá el cruce de petróleo. A decir de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el tiempo de traslado de combustibles con destino a Chiba, Japón, tarda hasta 25 días por el Canal de Panamá.
El Corredor Interoceánico permitirá acortar este tiempo a solo 17 días, debido al ducto existente en la región.
Según Intertraffic, uno de los encuentros de Movilidad más relevantes del mundo, expertos han coincidido en que este proyecto será una alternativa “más económica y veloz” al Canal de Panamá.
Además, al trayecto se le instalarán al menos 10 parques industriales, según dio a conocer la Agencia EFE.
Estimaciones oficiales indican que para 2050, el Tren del Istmo y el Corredor generarán 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB), 550 mil empleos y atraerá una inversión de 50 mil millones de dólares.
En 2021, el Canal de Panamá tuvo ganancias por 3 mil 980 millones de dólares.
Sobre el tema, el embajador de Panamá en México, Alfredo Armando Oranges, consideró que este mega proyecto no será una competencia, sino una obra complementaria para transportar mercancías.
El embajador agregó que nuestro país es la cuarta nación que más usa el Canal de Panamá, debido a la producción de automóviles, vainilla y textiles. También dijo que Cemex invertirá cerca de 30 mil millones de dólares, lo cual cambiaría con la próxima creación del Tren del Istmo y el Corredor Interoceánico.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 24 de mayo de 2023. Foto José Antonio López.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se suspendieron las negociaciones sobre la venta de Banamex entre Citigroup y Germán Larrea, dueño de Grupo México, esto debido a que el empresario pidió “más garantías”.
Tras ello, el mandatario insistió en la posibilidad de que su administración encabece la compra con una sociedad público-privada, ya que el gobierno federal requiere un banco, y para lo cual se podría disponer de hasta 3 mil millones de dólares. Además, apuntó que aún tiene su gobierno un “margen de deuda” por debajo de lo que adquirieron las dos administraciones federales anteriores.
“Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación, y a demás son procesos lentos, entonces, si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad”, indicó el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa.
López Obrador añadió “que pedían ellos, los de Grupo México -eso fue lo que me dijo el Secretario de Hacienda que le informaron los de Citi- más garantías, quién sabe qué tipo garantías”. Yo creo que nos escucharon aquí los de Citi cuando dije aquí que era un buen negocio, agregó.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional reiteró que de los 7 mil millones de dólares que representa la operación, 2 mil millones son por impuestos, por lo que el gobierno requeriría 5 mil millones para hacer la compra. Se puede hacer, dijo, con «una sociedad público-privada, donde el gobierno aporte otra cantidad. “Podemos disponer de hasta de 3 mil millones de dólares, y 2 mil que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos, ¿por qué?, porque es un buen negocio”.
Detalló que hablará con el Secretario de Hacienda “para que se vea, porque podríamos hacerlo”.
También, explicó que los 3 millones de dólares representan menos de 60 mil millones de pesos. “¿Saben cuánto tenemos de margen nada más en deuda que podríamos contratar para quedar como el endeudamiento que hizo Calderón y Peña Nieto?, 3 puntos abajo del producto (PIB)… son 900 mil millones de pesos que tenemos todavía. O sea, sí tenemos. No es para presumir. pero están fuertes las finanzas públicas”.
Tras recordar los procesos de privatización, que dejaron al Estado sin contar con un banco, y parte del sector petrolero y eléctrico, expresó que “es el colmo que te cobraban más por la gasolina, que te aumentaban los impuestos, que te pagaban más por la luz, ¿y que todavía les aplaudas a los que estaban robando?, ¿cómo vas a aplaudirle a quienes convirtieron la deuda de unos cuantos, de los de mero arriba, en deuda pública, que te transfirieron su deuda y tú la tienes que estar pagando?, no te dejes manipular”.
Señaló que de no haber “sonado la campana”, México estaría comprando petróleo crudo, e importando materia prima, porque no habría ni siquiera el mínimo para producir las gasolinas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador expuso a los abogados ligados al Poder Judicial y a la oligarquía, que se han encargado de interponer amparos para detener y entorpecer el avance de las megaobras de infraestructura de su gobierno.
Durante su conferencia matutina, se le pidió al Presidente López Obrador su opinión sobre la cancelación del decreto que convertía las obras del gobierno federal en asuntos de Seguridad Nacional e interés público, efectuada el pasado lunes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al respecto, el mandatario señaló que su gobierno “se adelantó” porque ya conocían la intención de la Corte, encabezada por Norma Piña, de detener las obras de infraestructura de su gobierno como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados”, señaló AMLO.
Por ello, López Obrador insistió en que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pues el máximo tribunal del país, a decir del Presidente, está al servicio de la oligarquía y muy separado de las necesidades del pueblo.
Asimismo, el político tabasqueño sostuvo que ya se conocía de antemano que se buscaría detener el avance de las obras, pues existen muchos antecedentes, como los amparos interpuestos contra ellas, los cuales han sido promovidos esencialmente por un grupo de abogados ligados al poder judicial y a la oligarquía.
“Existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles”, apuntó AMLO.
Uno de estos abogados, dijo el mandatario federal, es José Ramón Cossío, exministro de la SCJN, el cual está fuertemente ligado al máximo tribunal del país.
De la misma forma, AMLO mencionó a Miguel Carbonell y Gerardo Carrasco, quienes pertenecen a la asociación Litigio Estratégico, creada por el millonario Claudio X. González y de la que también es parte la alcaldesa panista Lía Limón.
Finalmente, Fernando Gómez-Mont quien fuera Secretario de Gobernación con Felipe Calderón; “es de los abogados más ricos de México y del mundo porque es una eminencia en el tráfico de influencias” apuntó el mandatario.
El Jefe del Ejecutivo señaló que aunque existen abogados brillantes e íntegros, pero estos muchas veces no tienen “agarraderas” por ello no llegan al nivel que tienen los antes mencionados. López Obrador reiteró que la razón por la que estos abogados llegan a ser tan ricos, es porque tienen contactos y se codean con el poder, “lo esencial en su labor son las relaciones, el llamado lobby”.
Finalmente, AMLO aseguró que este grupo mencionado influye mucho en la corte y por eso se está persiguiendo el avance de las obras del gobierno federal. Y sentenció que, contrario a lo que declaró el Ministro Alberto Pérez Dayán, la SCJN no defiende la Constitución, defiende sus intereses y los de la oligarquía, quienes se sentían dueños de México.
Y como argumento para su punto, López Obrador recordó que los ministros violan la constitución, pues ganan más que el Presidente, cosa que está prohibida en la Carta Magna en su artículo 117.
“Ganan 4 o 5 veces más de lo que yo gano. Y con argucias legaloides ellos tienen esos privilegios, violando flagrantemente la constitución. Entonces que no vengan aquí con demagogia, porque ya no es ese tiempo, de que engañaban”, puntualizó.
José Ramón Cossío
José Ramón Cossío es un exministro de la SCJN que finalizó sus funciones en 2018. No obstante, cuando estaba en funciones votó en contra de castigar a las y los responsables del incendio de la Guardería ABC.
Asimismo, ha sido conocido por interponer amparos y demandas en contra de todas las obras del actual gobierno. Con ayuda de Claudio X. González, el litigante ha sido pieza clave para entorpecer el avance de proyectos como el Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas.
También fue el orador principal de la segunda marcha de “ElINENOSETOCA” junto con la priísta Beatríz Pagés. Ahí, pidió a las y los ministros de la SCJN que invalidaran el llamado Plan B de AMLO en materia electoral, porque según él, se ponía en riesgo la democracia.
Litigio Estratégico
Litigio Estratégico, es una organización fundada en 2020 por el millonario y artífice de la alianza opositora Va X México, Claudio X. González. En ella militan Miguel Carbonell y Gerardo Carrasco, no obstante no son los únicos, pues además de que Claudio X. González es su “presidente”, la organización también tiene en su consejo a Gustavo de Hoyos, quien aspira a ser candidato opositor, y a Lía Limón, actual alcaldesa de Álvaro Obregón.
Esta asociación ha litigado contra el tramo 5 del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el decreto presidencial que declaró asuntos de seguridad nacional las obras de infraestructura, la estrategia de vacunación contra la Covid-19, las conferencias matutinas y el Plan B electoral y prácticamente todo lo que ha hecho el gobierno federal.
Más recientemente, esta organización, bajo el lema “el Inai no se toca” se alió con el Instituto Nacional de Transparencia para obligar a la Cámara de Senadores a que nombre a 3 comisionados faltantes dentro del instituto.
