e programó el apagón de una planta eólica de Iberdrola ubicada en el Ejido San Pedro Almoloyán, municipio de San Felipe, en Guanajuato.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que la controversial empresa española incumplió su permiso de operación: Iberdrola usó un permiso de generación eléctrica para una planta ubicada en Guanajuato cuando el permiso estaba autorizado para echarla a andar en San Luis Potosí.
Así empezó la controversia
El 14 de abril de 2015, la CRE, mediante la coordinación general de permisos de generación eléctrica otorgó un permiso a Iberdrola Renovables del Bajío S.A. de C.V.
El permiso fue otorgado bajo la modalidad de autoabastecimiento, con una capacidad total de generación de 105 MW, mediante una central eólica ubicada en Villa de Arriaga y Villa de Reyes, San Luis Potosí, la cual tendría una inversión original de 178.5 millones de dólares.
Pero Iberdrola decidió al final construir la planta en Guanajuato.
De acuerdo con la resolución RES/240/2022 emitida por CRE), el 16 de mayo de 2019, Iberdrola presentó una solicitud para modificar la ubicación de la central.
El argumento
La empresa eléctrica argumentó que:
Donde contempló desarrollar la central, había otro desarrollador que ya contaba con contratos de arrendamiento.
Iberdrola identificó después otro predio sin modificar el punto de interconexión y las demás características de la central, motivo por el cual solicitó la modificación de ubicación al Ejido San Pedro Almoloyán, en Guanajuato.
Iberdrola manifestó que no se trataba de un proyecto distinto al original, toda vez que mantenía la misma capacidad y punto de interconexión.
Se atravesó la pandemia
La solicitud de para evaluar su petición se atrasó por la suspensión de plazos que aplicó la CRE por la pandemia de COVID-19 en 2019.
Fue hasta la sesión ordinaria del 29 de marzo de 2022 que la Junta de Gobierno de la CRE:
“Negó la modificación de las condiciones quinta, relativa a descripción de instalaciones, y sexta, relativa al programa, inicio y terminación de obras, del permiso de generación de energía eléctrica E/1444/AUT/2015, otorgado a Iberdrola”.
La CRE informó que la compañía pedía el cambio de San Felipe, en el estado de Guanajuato, en lugar de los municipios Villa de Arriaga y Villa de Reyes en San Luis Potosí.
“En concordancia con el marco legal vigente es necesario que se otorgue un nuevo permiso al tratarse de un proyecto distinto al originalmente aprobado”, sentenció la CRE.
La comisión agregó que el acto administrativo podría ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto.
No es la primera vez
El 1 de septiembre fue desconectada la central de cogeneración Enertek de Ibedrola, luego de que venciera su permiso.
La central se ubica en Altamira Tamaulipas, tiene una capacidad de generar 144 megawatts de electricidad y entró en operación en marzo de 1998 con un contrato legado que le fue otorgado antes de la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013.
Desde su llegada a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha buscado combatir a la empresa por su constante incumplimiento en los contratos dentro del país.
Las leyes mexicanas estipulan que la aprobación regulatoria requiere que los proyectos sean técnica y económicamente viables.
Este lunes, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó un plan de la 4T para desarrollar el proyecto de gas natural en aguas profundas Lakach, en el Golfo de México.
Lakach tiene unos 937 mil millones de pies cúbicos de reservas, pero el aumento de los costos ha obstaculizado el desarrollo por varios años.
Ante esta traba, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este proyecto podría ser clave para suministrar el gas que tanto necesita el país.
En una sesión entre funcionarios de Pemex y la CNH, se acordó que es muy importante se dé seguimiento muy estricto a este proyecto.
POR ELLO TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA CNH DIERON LUZ VERDE A LAKACH, LUEGO DE QUE PEMEX MODIFICARA SU PLAN ORIGINAL.
De acuerdo con información de El Economista, para el proyecto inicialmente estaba estimado un presupuesto de 1,500 millones de dólares, y ahora la Comisión reguladora aprobó 1,790 millones de dólares.
Aumenta el nerviosismo de Felipe Calderón por su probable responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El expediente en su contra en la Corte Penal Internacional –que juzga a personas y no a Estados– enuncia los más de 60 mil civiles ejecutados –de los cuales más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes– que dejó su gobierno hasta 2011; 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados forzosamente por la violencia, centenas de heridos, torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” –inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes–. Además de él, en la denuncia figuran quienes fueron sus secretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna
Felipe Calderón Hinojosa encabeza la lista de exfuncionarios federales enunciados como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión en una denuncia ciudadana –firmada por más de 25 mil personas– presentada ante la Corte Penal Internacional hace 11 años. Se trata del asunto penal que más nerviosismo causa al expresidente de México, pues la CPI juzga a personas y no a Estados. Y él declaró, el 6 de diciembre de 2006, la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, política pública que enlutó a México.
FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM
Luego de presentada esa demanda el 25 de noviembre de 2011, el gobierno federal la desestimó al argumentar que sería inmediatamente desechada por la Corte. No fue así. Y en 2012 se convirtió en una prioridad para el entonces mando supremo de las Fuerzas Armadas. En ese último año del gobierno de Calderón se supo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le había entregado un resumen ejecutivo a la Presidencia de la República, en el cual se documentan crímenes que sí podrían constituir delitos internacionales.
Desde entonces, el asunto fue considerado de primer orden por la Presidencia de la República –aún a cargo del político panista–, y se atendía directamente en La Haya, Países Bajos, por parte de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y abogados de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
En primera instancia, la denuncia penal internacional señala la responsabilidad de Felipe Calderón como promotor y ejecutor de la política pública de seguridad y respecto de las consecuencias de la “guerra” contra el narcotráfico: más de 60 mil civiles ejecutados (de los cuales –hasta 2011 que se presentó la denuncia– más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes), 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados forzosamente por la violencia, centenas de heridos, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” (inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes).
Además del expresidente de México, esa denuncia involucraba a sus secretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna –actualmente preso en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa; y también se denunciaba a los cabecillas del narcotráfico mexicano, en especial a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa.
En el caso de los narcotraficantes, la solicitud de investigación señalaba su responsabilidad en la violencia, así como el uso de menores de edad en el conflicto armado, considerado en el derecho penal internacional como un crimen de guerra. Se trata concretamente de los niños sicarios.
El 31 de octubre de 2022, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que la denuncia en la Corte Penal Internacional avanza en contra de Felipe Calderón, este último señaló de inmediato en su cuenta de Twitter que no es así.
Sin duda, la posición de Calderón actualmente ante una investigación internacional es muy débil: no cuenta con aliados en el Poder Ejecutivo y su defensa depende de sus propios recursos económicos y no de los recursos públicos. Al estar fuera del poder político, no tiene mecanismos de chantaje ni de presión, de los que se valió durante el último año de su gobierno.
FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM
Crímenes de lesa humanidad
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, consideradas las violaciones más graves a los derechos humanos y de trascendencia internacional.
El nerviosismo de Calderón se explica porque en los procesos penales ante la Corte Penal Internacional no se señalan responsabilidades de los Estados, sino que juzga las responsabilidades de los individuos. Por ello, la denuncia contra Calderón no se presentó contra el Estado mexicano, sino en contra de quienes ordenaron la “guerra” contra el narcotráfico, empezando por el ahora expresidente.
Tan sólo el hecho de que la CPI iniciara un análisis preliminar sobre esta denuncia, ésta implica en sí misma una dura declaración de la Fiscalía, pues a su sí se habrían cometiendo crímenes de guerra, y de lesa humanidad y genocidio, perseguibles por ese tribunal. En el caso de quienes fueron funcionarios del gobierno mexicano: tortura, desaparición forzada, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales; y del lado de los narcotraficantes, violencia desmedida, uso de armas prohibidas por el derecho internacional y reclutamiento de niños como sicarios.
Para 2012, hasta organismos internacionales señalaban la crisis humanitaria de México. Por ejemplo, el Consejo Noruego para Refugiados, a través de su Centro de Monitoreo para Desplazados Internos, señalaba que había un conflicto armado interno en el país; y el barómetro de Conflictos de la Universidad de Heilderberg, Alemania, indicaba que México era la nación más violenta del continente americano.
Otro de los puntos que genera preocupación en el expresidente es que su responsabilidad acerca de las ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales en el contexto de la violencia y desapariciones forzadas de personas no ha sido juzgada en México. Y la Corte Penal Internacional actúa ante la ausencia del Estado en la investigación y castigo a los responsables de graves violaciones a las leyes internacionales.
Y resulta que en México hay delitos que se cometieron en el contexto de la “guerra” de Calderón para los que ni siquiera existían tipos penales adecuados para juzgarse y sancionar a los responsables (como el reclutamiento de niños para convertirlos en sicarios, que ni siquiera se consideraba; la desaparición forzada que no estaba tipificada en la mayoría de los estados). Ello, aunado al hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibía juzgar a Calderón, por la inmunidad presidencial que impedía que se enjuicie al presidente, incluso cuando termina su mandato. Algo que apenas se reformó en el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, en el derecho penal internacional está prohibido que un mando dé una orden con plena conciencia de que va a causar bajas civiles y violaciones a los derechos humanos. Algo que Calderón hizo el 6 de diciembre de 2006, cuando en su calidad de mando supremo de las Fuerzas Armadas ordenó al Ejército Mexicano y a la Armada de México “combatir” al narcotráfico. El presidente sabía desde entonces el costo social que tendría su principal política pública.
El 1 de septiembre de 2008, ya con un saldo de unos 15 mil civiles asesinados, Calderón Hinojosa reiteraba su convicción de continuar la “guerra” contra las drogas. “Es una batalla difícil, sí; es una batalla que tomará tiempo, que costará recursos y, por desgracia, vidas humanas, pero puedes estar seguro que es una batalla que vamos a ganar con el apoyo del pueblo de México”, dijo al presentar su Segundo informe de gobierno.
Los soldados y marinos actuaban fuera del ámbito de la Constitución Mexicana y carecían de protocolos para el uso de la fuerza ante civiles. Esta ausencia de marcos legales derivó, por ejemplo, en el asesinato de los hermanos Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad, respectivamente. Los niños viajaban en una camioneta junto con sus padres y otra familia. Iban de viaje a la playa, pero después de pasar un retén militar (en la carretera Ribereña, Tamaulipas), los soldados les dispararon y les arrojaron granadas de fragmentación. Por este hecho, otros dos adultos resultaron heridos.
Fue hasta finales de abril de 2012 cuando se emitió el Protocolo de Uso Legítimo de la Fuerza, que norma las actividades de los elementos del Ejército, la Armada y la Procuraduría General de la República, a más de cinco años de “guerra”. Entre otras cosas, ese protocolo prohíbe disparar a automóviles en los retenes militares.
Pero Calderón siempre justificó su guerra: “ante este desafío, era fundamental tomar la decisión misma de combatir al crimen con toda determinación y pese a la adversidad. Y de no haberlo hecho, los criminales habrían avanzado inexorablemente sobre la sociedad y las instituciones. Habrían avanzado hasta apoderarse de ellas como, por desgracia, ha llegado a ocurrir en algunas ciudades y pueblos donde no se les ha combatido. Y contra lo que algunos piensan, la delincuencia no tiene un comportamiento estático, tiene un comportamiento peligrosamente expansivo; es decir, si no se le contiene, crece sin mesura y todo lo corrompe. Por eso digo que quienes afirman que hubiera sido mejor no meterse con los criminales están rotundamente equivocados”. (Fragmento del mensaje del presidente Felipe Calderón, con motivo del quinto año de gobierno, 4 de diciembre de 2011.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro.
En un nuevo respaldo a la investigación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en el trabajo del presidente de esa instancia, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; asimismo, consideró que “hubo una especie de rebelión” al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que se trata de enfrentar la impunidad.
“Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas, es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información, y se tienen todos los elementos para sostener la investigación”, apuntó en la mañanera de este martes al ser interrogado sobre las declaraciones de los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que confirmaron que una parte de la investigación, el paquete de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp sobre los hechos, es “inconsistente” y “no fiable”, aunque por otro lado confirmaron que el resto de las pruebas contra los acusados “son firmes”.
Al respecto, el mandatario federal sostuvo que pese a la poca fiabilidad de esas capturas de pantalla, las autoridades correspondientes seguirán haciendo averiguaciones a fin de consolidar y fortalecer la investigación. “Se va a hacer justicia”, se comprometió para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Pensaban que no íbamos a actuar y que se iba a ir pasando el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al (ex) procurador (Jesús) Murillo Karam y a militares, porque no tenían esa intención. Cuando se toma la decisión que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando, por eso hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía, porque no esperaban que se actuara como se hizo, pero tenemos un informe de la comisión (Covaj) y hay todos los elementos para actuar y no se cierra el expediente, se va a seguir investigando”.
El presidente cuestionó a las voces que dan más relevancia a las fallas en los trabajos que a los avances, incluidos medios de comunicación y articulistas. “En vez de ayudar a que todos sepamos lo que sucedió a los jóvenes de Ayotzinapa, lo que buscan es que no se sepan las cosas o que quede la sospecha y son capaces de eso y de más”.
—¿Pudo haber precipitaciones en el trabajo de la Covaj, el GIEI afirma es que los mensajes (en los pantallazos) contienen elementos que no existían en aplicación al momento que fueron generados, que se hablaría de una fabricación, que se allegó de elementos que no tienen confiabilidad? -se le preguntó.
—No, son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso (más que los pantallazos). Es otro tipo de cosas. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, casos que apuestan a que nos vaya mal, siempre es así -respondió el jefe del Ejecutivo.
Destacó el trabajo del GIEI, pues ha ayudado mucho, sobre todo porque fueron esos expertos los que demostraron que en el régimen pasado, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, Murillo Karam y el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio –prófugo de la justicia que se encuentra en Israel en un intento por evitar una posible extradición—, que se había fabricado, con base en torturas y otros elementos, la llamada verdad histórica, que concluía que a los 43 normalistas desaparecidos los incineraron en el basurero de Cocula, Guerrero.
“Gracias a ellos (Al GIEI) se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura, y por consigna de algunas autoridades, fue muy buena aportación, y sigue siendo muy buenas sus aportaciones, tan es así que por eso se quedan dos y se van dos, y vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios y los puntos de vista de todos”.
López Obrador comentó que los miembros del GIEI ayer informaron que el grupo se dividirá. “Dos se retiraron (Claudia Paz y Francisco Cox) y dos se quedan (Ángela Buitrago y Carlos Beristain), porque así es esto, es un asunto complejo. Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento, porque no sólo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica.Además constantemente hacemos un llamado a quien tenga información y la quiera aportar para esclarecer estos hechos lamentables, que nos ayude, porque no hay impunidad para nadie”.
Llamó a anteponer el interés de las madres y los padres de los jóvenes. “Hay que ver lo que ellos piensan, siempre les vamos a tener muchas consideraciones, los vamos a respetar y entendemos su situación tan delicada, tan triste. Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio”.
AMLO mencionó que aún se tiene como proyecto en la entidad la construcción de una nueva planta que quedaría lista en 2026.
Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de una planta termoeléctrica a base de gas para Baja California Sur.
Durante la conferencia de prensa matutina, realizada en esta entidad, el mandatario nacional detalló que la compra se hizo a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la empresa Fortress Investment Group.
Destacó que el costo fue de 180 millones de dólares y aseguró que con esta termoeléctrica se terminarán los apagones en Baja Californi Sur.
“AYER TOMAMOS LA DECISIÓN Y SE COMPRÓ UNA PLANTA, UNA TERMOELÉCTRICA, SE VAN A PAGAR 180 MILLONES DE DÓLARES, ESTO YA RESUELVE EL PROBLEMA DE LOS APAGONES”.
Finalmente, mencionó que aún se tiene como proyecto en la entidad la construcción de una nueva planta que quedaría lista en 2026.
“De todas maneras se tiene el proyecto de la construcción de la nueva planta, el asunto es que la terminaríamos hasta 2026 y ya no nos iba a aguantar la demanda, porque está creciendo mucho Baja California Sur”, destacó.
Desde Colima y frente a los diputados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que la justicia alcanzará a los responsables del operativo Rápido y Furioso, por el cual está detenido el ex secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna.
Ante diputados, el funcionario del gabinete López Obrador que promueve la reforma constitucional para la permanencia del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, acusó ante los diputados locales al ex presidente Felipe Calderón y a autoridades de su gobierno de “terminar convirtiéndose en viles mercaderes de armas”.
Por lo que insistió que el operativo “Rápido y Furioso”, que dotó de armas al crimen organizado, “fue un crimen de lesa humanidad. Hicieron negocio y todavía con ese armamento, supuestamente para combatir la inseguridad, fueron miles de mexicanos los que perdieron la vida”.
“Eso nunca más debe suceder. Por eso está detenido el número dos de ese gobierno, Genaro García Luna. En este caso va a haber justicia y el largo brazo de la justicia alcanzará a todos los que tienen responsabilidad en ese evento”, señaló.
López Hernández calificó de “hipócritas” las posturas de los gobiernos de Nuevo León y Jalisco de criticar la intervención de las fuerzas armadas para el combate a la inseguridad “y luego agradecen en sus tuits de que sin la ayuda del Ejército (los hechos de inseguridad) pudieron convertirse en masacres como lo que pasó en Zapopan (Jalisco)”, reprochó.
#SesiónSolemne | En su mensaje de conclusión, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández respondió a los cuestionamientos que le plantearon algunas diputadas y diputados, así mismo, les reiteró la disposición del Gobierno de México para seguir dialogando. pic.twitter.com/aOfaVgx0FD
Desde Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno ha definido una política de cero corrupción y cero impunidad.
En conferencia de prensa matutina destacó que no hay ningún acuerdo, ni pacto con la delincuencia:
“Definir una política de cero corrupción y cero impunidad, y en el caso de el combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la de cuello blanco, no hay ningún acuerdo ni pacto, está bien pintada la raya, la frontera”.
Señaló que en la época de Felipe Calderón el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era el encargado de proteger al Cártel de Sinaloa:
“Una cosa es la aurtotidad y otra la delincuencia, cuando ya no hay frontera como sucedía antes, es caos, imagínese en el tiempo de Calderón, que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, tenía el comproimiso de proteger a una organización de la delincuencia”.
Destacó que con este actuar, no hay esperanza porque la delicuencia estaba metida en el gobierno:
“QUÉ ESPERANZAS, LA DELINCUENCIA ESTABA METIDA EN EL GOBIERNO, CUANDO NO EXISTE ESA SEPARACIÓN, NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD DE QUE LAS COAS MEJOREN”, CONCLUYÓ.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que elimina la venta y publicidad de alimentos de bajo valor nutricional en instituciones de enseñanza básica en México. Se espera el aval de la Cámara de Senadores para que entre en vigor y con ello, combatir la obesidad infantil, problema que coloca al país entre los primeros lugares a nivel mundial.
De acuerdo con el fondo de las naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad en el país, situación que se presenta con mayor frecuencia en los estados del norte y en comunidades urbanas.
La actual iniciativa fue enviada al Senado para su discusión. Si es aprobada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá 180 días desde su derogación para cumplir con las normativas. Las autoridades educativas y sanitarias tendrán que vigilar y sancionar el incumplimiento de las disposiciones que tendrán un impacto en las cooperativas, establecimientos de consumo escolar, comedores y máquinas expendedoras o sus equivalentes, que deberán tener el compromiso de fomentar estilos de vida mucho más saludables en la alimentación de los estudiantes al ofrecer alimentos balanceados y nutritivos.
Dentro de los motivos, que se argumentaron para lograr 479 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones se encuentran que México está entre los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial, ya que uno de cada tres niños y adolescentes mexicanos presenta dicha condición y a la vez padecen desnutrición crónica.
La reforma considera que en el país existe un ambiente obesogénico que impacta a los niños y adolescentes en el que existe una oferta omnipresente de productos ultraprocesados y de bajo valor nutricional que se acompañan de estrategias publicitarias. Ello, ha ocasionado que ocho de cada 10 niños consuman de manera cotidiana bebidas azucaradas, botanas y otros productos no saludables.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México puede ser considerado como un país mayormente mal nutrido, de acuerdo con sus datos, el 44% de los niños de 6 a 23 meses de edad no consume frutas ni verduras y el 59% no consume huevos, leche, pescado ni carne; por otro lado, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por última ocasión en 2020, la prevalencia de sobrepeso recae con más fuerza en los menores de 8 años, 24% de los menores en esta edad tienen sobrepeso.
Entre los problemas de salud que pueden presentar los menores con obesidad se encuentran: hipertensión arterial, colesterol alto y por lo tanto, riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 además de ser propensos a ser adultos obesos. Problemas respiratorios como asma, apnea de sueño y enfermedades del hígado, entre otras.
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la gestión en el caso Ayotzinapa del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, de quien dijo que ha enfrentado intereses creados asociados al viejo régimen.
Ratificó que tras la presentación del informe sobre el ataque de 2014 en Iguala, Guerrero, contra los normalistas, se exacerbaron las reacciones y dentro de la Fiscalía Especializada hubo intentos de “dinamitar” la investigación.
En la conferencia del miércoles, el mandatario afirmó que desde la difusión del informe, en agosto pasado, surgió la sospecha sobre el rumbo de las indagatorias: “sostengo que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara”.
–Estas órdenes de aprehensión fueron presentadas por el fiscal Omar Gómez Trejo. ¿Él fue quien trató de dinamitar?
–No, otros. Es que hay muchos. Este es un régimen que no termina todavía de morir. Es un proceso de transición, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Tan es así que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con el caso.
López Obrador identificó al New York Times (NYT) como parte de los intereses creados; señaló que la nota que publicó ayer el diario involucró ahora hasta el espionaje: “el New York Times metido en esto, ayudando a torturadores, apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿Dónde está la justicia?”
En la conferencia, Encinas hizo frente a las descalificaciones a su gestión, que ahora incluyen las del diario estadunidense. Resumió las dificultades del encargo, el más complejo que ha tenido: “Decían que hasta era miembro de la (guerrillera) Liga 23 de Septiembre cuando estudiaba en la Facultad de Economía. No se tiene por qué mentir tanto”.
Expuso que en el caso de los normalistas tuvo que “enfrentar inercias, resistencias y obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y abrir la investigación; nos filtraron videos, documentos e incluso el informe no testado, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, amedrentamiento; solicitudes de amparo contra el informe y amago de abogados de denuncias penales. Pasamos al espionaje. ¿Ahora qué sigue? Pues lo que sea, no vamos a dar marcha atrás”.
Justificó su actuación y se refirió a la filtración del audio de una conversación que tuvo a principios de este año en Israel con el ex responsable de la investigación del caso de los 43, Tomás Zerón, ahora prófugo de la justicia radicado en esa nación. La versión del encuentro es parte de la nota de el New York Times.
Encinas afirmó que acordó con los padres de los normalistas que si se complicaba la extradición de Zerón, las autoridades buscarían un pacto para que el ex jefe policial aportara información a cambio de acceder al criterio de oportunidad.
Reveló que hizo el contacto mediante los abogados de Zerón, quien rechazó la propuesta.
El funcionario federal mostró una conversación en mensajes telefónicos que permitió involucrar a responsables de los hechos de 2014, y aseguró que existen otros elementos que apuntalan la veracidad de esa plática, que incluye a un militar.
Mencionó además que mantiene contacto con integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para definir una ruta que permita cruzar toda la información actual del expediente.
“Funcionario ejemplar”
López Obrador calificó de funcionario “ejemplar” a Encinas, de quien ahora “hasta el New York Times pone en duda su actuación”.
Sobre el audio de la conversación, señaló que “haya sido como haya sido, Zerón o autoridades de Israel, agencias”, esto derivó en un “periodismo que se nutre del espionaje”.
A una pregunta sobre los cuestionamientos de los padres a las consecuencias de la presentación del informe, dijo que el comportamiento de ellos ha sido adecuado. Reconoció que han padecido mucho a lo largo de toda la investigación, por lo que su reclamo es que se avance y no se desvíen las indagatorias. “Tenemos la confianza de los padres” porque, además, “es un asunto de convicciones y debemos aclarar esto”.
Sostuvo que algunos sectores en México no pensaron que la investigación avanzaría hasta fincar responsabilidades, incluso a funcionarios y militares, por lo cual consideraron que la filtración del informe frenaría la indagatoria.
“Nunca imaginaron que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado; pensaron que iba a haber impunidad. Se los puedo plantear de otra manera: si hubieran ganado (José Antonio) Meade o (Ricardo) Anaya (ambos ex candidatos presidenciales), le habrían dado carpetazo.”
Comentó que su gobierno pidió colaboración al de Estados Unidos, por conducto de la vicepresidenta Kamala Harris, a fin de tener acceso a expedientes judiciales de una detención en Chicago, donde hay información sobre el caso Ayotzinapa, y que pudo integrarse una investigación sobre esa base.
La Ley de Ingresos para el próximo año, aprobada por el Senado, no contemplan nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes.
El Pleno del Senado aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, así como el proyecto por el que se expide la Ley de los Husos Horarios, con lo que se elimina el horario de verano.
Durante la madrugada, en medio de reclamos por parte de los senadores de la oposición, con 59 votos a favor, 25 en contra y 12 abstenciones, se respaldó la eliminación del horario de verano, propuesto de la Cámara de Diputados.
Mientras que en el caso de la Ley de Ingresos fue avalada en lo general con 65 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones.
Ambos dictámenes fueron remitidos al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Eliminación del horario de verano
Con la creación de la Ley de los Husos Horarios se considera que suprimir el horario de verano representa un tema de suma relevancia para la protección del derecho a la salud.
De esta manera, se abrogará la Ley del Sistema de Horario, publicada el 29 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. También se derogará el Decreto por el que se establece el Horario Estacional, publicado el 1 de marzo de 2002 en el DOF.
Además, el documento plantea un horario estacional únicamente para los estados y los municipios comprendidos en la zona fronteriza.
Asimismo, incluye la facultad para que los congresos locales puedan presentar una iniciativa para elegir su propio horario. Esto se tiene que hacer previa consulta a la población.
📌 El Senado aprobó crear la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, con la que se elimina el horario de verano.
En el Senado, la panista Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que este dictamen va en contra de lo que ocurre en el mundo en esta materia. Justificó que a nivel internacional el horario que se elimina es el de invierno, ya que el horario de verano reduce la obesidad infantil.
“(Hay) más horas de luz donde las mujeres y los niños pueden estar en el parque”, afirmó y agregó que disminuye la violencia y la incidencia delictiva.
Mientras que el senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, dijo que, de 1996 al 2022, “ni siquiera hubo un uno por ciento de ahorro en energía, ni de economía”.
Ley de Ingresos 2023
El Senado también aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 con la que se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de tres por ciento para el siguiente año.
Además de un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y una plataforma de producción de petróleo crudo, en mil 872 miles de barriles diarios.
También, autoriza al Ejecutivo Federal, mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público, para obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta cinco mil 500 millones de dólares.
El documento no incluye nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes. Asimismo se proyecta que los ingresos para el 2023 serán por un total de ocho billones 299 mil 647.8 millones de pesos.
📌 Conoce algunos detalles de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023.👇 pic.twitter.com/XYoHv2CD6a
El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que en la propuesta no hay ningún estímulo para las micro, pequeñas o medianas empresas.
En el Senado, la morenista Lucía Meza Guzmán indicó que los ingresos que se calculan para el próximo año son realistas y viables. Esto a pesar de que se vive un entorno mundial extremadamente complejo
“Este Gobierno no ha actuado ni actuará irresponsablemente y tampoco dejará deudas mayores e inmanejables.”
