Arturo Beltrán Leyva secuestró a Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, confirmó El Grande durante el juicio del extitular de la SSP.
Arturo Beltrán Leyva secuestró a Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, confirmó Sergio Villarreal Barragán, El Grande, en el juicio del exfuncionario mexicano en Estados Unidos.
Durante la segunda audiencia del juicio de Genaro García Luna de hoy 24 de enero, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, señaló que el Cártel de los Beltrán Leyva secuestró al exsecretario de Seguridad Pública ya cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Ello derivado del apoyo que García Luna estaba otorgando al Mayo Zambada y el Chapo Guzmán en el Cártel de Sinaloa. Arturo Beltrán Leyva quería demostrar al entonces titular de la SSP que nada le era imposible debido a la influencia y poder de su grupo criminal.
El secuestro ocurrió en Morelos y García Luna fue liberado varias horas después. Pese a ese episodio, la relación entre el ahora imputado y “El Barbas” se mantuvo por vario tiempo mediante sobornos.
Genaro García Luna fue secuestrado durante guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa
De acuerdo con los testimonios de El Grande, la corrupción que caracterizó a Genaro García Luna como titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) se trasladó a la SSP, donde se desempeñó como secretario.
Según señaló, García Luna continuaba apoyado al Cártel de Sinaloa en su llegada a la SSP en México, y cuando comenzó la guerra interna entre las facciones que conformaban la célula criminal, el exfuncionario también se vio afectado.
Dijo que fue en 2008 cuando comenzó el conflicto entre los Beltrán Leyva y la facción Chapo Guzmán/Mayo Zambada.
Posterior a ello, debido al apoyo que García Luna estaba otorgando apoyo a los narcotraficantes, Arturo Betrán Leyva decidió secuestrar al secretario de Seguridad para demostrar que para él “nada es imposible”.
Luego del secuestro, ocurrido en Morelos, Genaro García Luna fue liberado, sin embargo, para dejarlo en libertad los Beltrán Leyva habrían desarmado a los escoltas del funcionario.
“En México todo es posible”, señala El Grande al relatar hazañas que el Cártel de Sinaloa realizó con García Luna
De igual forma, El Grande relató algunas de las historias en las que Genaro García Luna tuvo participación con el Cártel de Sinaloa, entre las que destaca un operativo para atrapar a Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”.
Según dijo, García Luna filtró información sobre un operativo a realizar en la boda de La Barbie, en donde se planeaba la captura de miembros del Cártel de Sinaloa.
Gracias a la información filtrada por Luna, ninguno de los narcotraficantes acudió al evento, aunque sí se realizó la fiesta, pero ni La Barbie asistió.
“Se hizo la fiesta pero ninguno fue, ni siquiera Barbie. El gobierno allanó pero no encontraron nada”.EL GRANDE
Otra de sus declaraciones apunta a la captura de Jesús Reinaldo Zambada, “El Rey Zambada”, pues asegura que se disfrazó de agente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para detener al hermano del Mayo Zambada.
Después de su captura, lo entregó a la SSP, a cargo de Genaro García Luna, luego de ello elementos de la dependencia lo entregaron a agentes reales de la Seido, y tomaron fotografías para asegurar que no cambiaran a los detenidos.
En julio de 2010, Hacienda dio al IMSS una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos –fuera del Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados– para ayudar a heridos y deudos del incendio de la guardería ABC. Documentos oficiales revelan el desprecio del gobierno de Felipe Calderón hacia las víctimas: sólo 9 millones de pesos se entregaron a unas cuantas familias de los 104 bebés gravemente lesionados, de los 49 bebés fallecidos y de los adultos que también se quemaron durante el siniestro. Además, se operó para encubrir a familiares de Margarita Zavala: el entonces director del Seguro Social, Karam Toumeh, impidió el traslado de los menores quemados a Estados Unidos para evitar investigaciones de la prensa extranjera; y el secretario de Gobernación, Gómez Mont, presionó al ministro Zaldívar para impedir la indagatoria de la Corte sobre las negligencias del IMSS y las responsabilidades de los parientes de la primera dama y ahora diputada federal por el PAN. El juzgador denunció en 2022 una “operación de Estado” para garantizar impunidad a la familia presidencial.
Lejos de ayudar a las decenas de víctimas del incendio de la guardería ABC, el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la tragedia para hacerse de recursos millonarios fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación, que cada año aprueba la Cámara de Diputados. El dinero público fue manejado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como supuesta respuesta a la crisis; sin embargo, las familias de los 49 bebés fallecidos, 104 bebés heridos de gravedad y los adultos quemados durante el siniestro –de aquel 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora– no vieron un solo peso.
El desprecio de las autoridades por las víctimas se manifestó desde el primer momento en el que ocurrió el grave incendio, con la falta de atención médica oportuna a los bebés quemados –directamente se operó desde el IMSS para impedir el traslado de los infantes a hospitales en Estados Unidos especializados en menores quemados, para evitar una cobertura mediática internacional–; también, con una “operación de Estado” para encubrir a la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo, hoy diputada federal por el PAN [Partido Acción Nacional], como lo reveló el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
Fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien presionó hasta la amenaza a Zaldívar para que la Corte no determinara que en el siniestro hubo graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado, ni se manifestara por sancionar a los familiares de Zavala. Ello, porque dos primas de la entonces primera dama tenían relación con la tragedia: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella era una de las dueñas de la estancia infantil, y Lourdes Laborín Gómez del Campo es esposa de Eduardo Bours, en aquel momento gobernador de Sonora.
DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
El lucro de la tragedia
La implicación de la familia presidencial en el suceso no impidió a las autoridades federales lucrar con la tragedia: el 27 de julio de 2010, el entonces subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, autorizó al Seguro Social la entrega de 250 millones de pesos, consta en el oficio 801.1.-209(10). El documento se refiere al acuerdo de ministración de fondos por el cual el subsecretario ordenaba a la Tesorería de la Federación entregar los recursos presupuestarios de ayuda extraordinaria, “para ser aportados por el IMSS para la constitución de un fideicomiso, cuyo fin será cubrir diversos conceptos de apoyo que están contemplados en el ‘Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, sociedad civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2010”.
Dicho decreto fue firmado directamente por Calderón Hinojosa y establecía que habría una ayuda extraordinaria para la educación de los menores que resultaron lesionados para los niveles educativos de primaria, secundaria, media superior y superior, en cualquier institución educativa pública o privada en la República Mexicana.
Asimismo, ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que fallecieron; a las madres de los menores que resultaron lesionados; a las maestras y otros adultos que resultaron lesionados. Ayuda para el pago del consumo de la energía eléctrica que se genere en el domicilio en el que residan los menores y los adultos que resultaron lesionados durante el tiempo que por prescripción médica requieran del uso de equipos para el debido cuidado de su salud, y ayuda para la atención médica vitalicia de los padres de los menores fallecidos y lesionados por quemaduras, a través del Seguro de Salud para la Familia, en caso de que dejen de ser sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Nada se cumplió.
Para obtener el dinero, el director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Eduardo González Pier, envió dos oficios con folios 099001 600 000/0356 y 099001 600 000/0405, mediante los cuales solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –entonces encabezada por José Antonio Meade Kuribreña– un monto de 250 millones de pesos.
El subsecretario de Egresos instruyó a la Tesofe depositar esa cantidad a partir del 30 de julio de 2010 en la cuenta bancaria del IMSS, en el banco Scotiabank Inverlat. También estableció que el límite para la regularización del acuerdo de ministración sería el 26 de noviembre de ese mismo año y se realizaría con cargo al presupuesto autorizado del Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas” para ese ejercicio fiscal.
El fideicomiso se creó en Banamex hasta el 4 de agosto de 2010, con el nombre de “Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC”, y clave de registro 201050GYR01537. Y aunque la administración de Daniel Karam Toumeh obtuvo los recursos como una bolsa extraordinaria para atender las urgentes necesidades de los infantes y adultos sobrevivientes e indemnizar a quienes perdieron a sus pequeños, al término del gobierno de Calderón Hinojosa –en noviembre de 2012– sólo se habían ejercido 9 millones 778 mil 567.95 pesos.
En los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda, consta que 3 millones 380 mil 921.38 se ejercieron en 2010, y 6 millones 397 mil 646.57 pesos en 2011; y nada en 2012. A la ya insultante situación de la no entrega del dinero a las víctimas menores de edad y los adultos quemados se suma el hecho de que no todo ese recurso fue para ayudas: al enunciar el destino de los 9 millones de pesos, Hacienda detalló que también se pagaron los gastos de administración del fideicomiso y los honorarios de las auditorías de los ejercicios 2010 y 2011.
Así, el fideicomiso sirvió sólo para la especulación financiera: al cierre del sexenio peñista contaba con una disponibilidad de 334 millones 776 mil 499.39 pesos por los rendimientos generados entre agosto de 2010 y diciembre de 2018. Ello porque la administración de Enrique Peña Nieto sólo se ejerció 22 millones 762 mil 856.75 pesos, que además de las ayudas, implicaba gastos de administración y de auditorías.
El dinero para atender a las víctimas se empezó a ejercer hasta el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió con los padres y madres de los bebés afectados a reparar el daño de forma integral. De acuerdo con los informes de Hacienda al Congreso de la Unión sobre los fideicomisos, en 2019 se ejercieron 64 millones 448 mil 939.67 pesos a favor de las víctimas. Además de aplicar el decreto original de asistencia social, se adicionaron acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, con los que se autorizó la actualización y ampliación de los apoyos y ayudas otorgados por el Seguro Social a niños y niñas que resultaron lesionados de forma permanente o que inhalaron humo o gases tóxicos; las madres de los infantes fallecidos, así como de los niños y niñas lesionados de forma permanente o de aquellos que inhalaron humo o tóxicos; y de las maestras y otros adultos que resultaron afectados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en la guardería ABC.
Para 2020 se entregaron apoyos a las víctimas antes citadas por 125 millones 316 mil 594.20 pesos; en 2021, por 129 millones 746 mil 612.3, y se le depositaron 12 millones 163 mil 204 pesos; y al tercer trimestre de 2022 –el más reciente reporte que se tiene–, se destinaron otros 103 millones 949 mil 72 pesos a las víctimas, y se transfirieron 107 millones 312 mil 300 pesos al fideicomiso.
DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
El encubrimiento de la familia de Zavala
El 22 de febrero de 2022, el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reveló que en 2010 el presidente Felipe Calderón –por conducto de quien fuera su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– lo presionó para que modificara su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC, con el propósito de que su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo y su familia no se vieran involucradas.
“Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, señaló durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, en la Escuela Federal de Formación Judicial.
El ministro Zaldívar declaró que Gómez Mont lo visitó en su oficina para presionarlo, al exigirle que cambiara su proyecto de sentencia sobre ese crimen, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y familiares de Margarita Zavala. Incluso reveló que durante el encuentro hubo gritos: “el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me dice el secretario: ‘dice el presidente [Calderón] que no te apoyamos para esto’”.
El ministro Zaldívar temía por su vida. Por ello, instruyó a su secretaria para que guardara bajo llave el proyecto, y si él desaparecía, la secretaria debía difundirlo ante la prensa. “Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”. Zaldívar descubrió que el expresidente Calderón operó una estrategia de ocultamiento del caso para que el crimen contra 49 bebés muertos y 104 lesionados no tuviera repercusiones internacionales.
Al respecto, dijo, hasta se bloqueó la ayuda médica a los más de cien menores que sobrevivieron al incendio. “Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento [Estados Unidos], donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo”.
El papel de Karam Toumeh
Los testimonios que recabó en 2010 el ministro Zaldívar descubren el papel que jugó Daniel Karam Toumeh en la falta de atención a los bebés sobrevivientes, lo que no sólo constituiría una negligencia, sino sobre todo daños intencionales a la salud de las víctimas y violaciones graves a derechos humanos. En su investigación ministerial –que retomó la nueva denuncia penal que interpuso en 2020 el IMSS– se da cuenta, por ejemplo, de que en su calidad de director general del Seguro Social, Karam Toumeh obstaculizó el traslado urgente de los menores con quemaduras más graves a hospitales de Estados Unidos, especializados en este tipo de atención.
Por órdenes del amigo de Calderón Hinojosa, los infantes fueron trasladados a nosocomios de Guadalajara y Ciudad Obregón. Eso fue confirmado por el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En su comparecencia, el político priísta, empresario y esposo de una prima de Margarita Zavala afirmó: “en una coordinación con el Seguro Social, esto es muy importante mencionarlo porque también hay muchas versiones sobre qué pasó con los movimientos del Seguro Social en Sonora, siendo estado fronterizo tiende mucho hacia la frontera norte, entonces los padres de familia, insistentemente decían que querían mover a los niños al hospital de Sacramento, el Shriners; Hospital de Los Ángeles, y al hospital de no sé dónde; los querían mover y el Seguro Social insistía mucho en moverlos todos a Guadalajara o a Ciudad Obregón, donde ellos tenían capacidad. Entonces, desde hacer las gestiones con algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron muy activamente, por cierto, a estar al pendiente de ellos, y por eso les decía, como yo les comenté, reiterarles que al Seguro Social, al señor director, o sea, hay que hacer lo que los papás dicen, hombre, pues si los señores quieren que se vayan a Sacramento pues hay que llevarlos a Sacramento. No hay que pelear con ellos, qué necesidad tenemos todavía de crear o abrir un espacio más de discusión en algo que ya está suficientemente grave el asunto como para hacerlo. Y gracias a eso abrimos, ya se había cerrado el tema de Sacramento, que algunos niños pudieron ser movilizados”.
La propia investigación del ministro Zaldívar da cuenta de las resistencias de la autoridad federal. “De los testimonios de los padres entrevistados por la Comisión Investigadora se advierte la percepción de que el traslado de los menores fue obstaculizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, privilegiándose los traslados a hospitales de Obregón y Guadalajara, a pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento”. Y agrega: “de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo que tuvo como consecuencia que, al menos, en opinión de muchos padres, los niños no recibieran una atención médica adecuada”.
A este asunto también se refirió Zaldívar el 22 de febrero de 2022 –cuando reveló la operación de Estado que orquestó el expresidente de México para encubrir a Margarita Zavala y a su familia–: “los padres [de las víctimas] me contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor el tema. Me contaron cómo los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones, y por la situación en que habían quedado”.
El impedimento de que los bebés quemados fueran trasladados a hospitales de Estados Unidos y la alteración de expedientes médicos fueron sólo algunas de las presuntas anomalías en las que habría incurrido Karam Toumeh, maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y licenciado en economía por el ITAM.
Con base en el voto minoritario de los ministros Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, así como en la recomendación de la CNDH, la denuncia del IMSS interpuesta en 2020 señala que la magnitud de las fallas del sistema de guarderías subrogadas alcanzan a Karam Toumeh, quien fue director general entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de diciembre de 2012, debido a que asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección de dicho Instituto. Asimismo, acusa que este exfuncionario también es responsable de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica que se brindó a las víctimas.
Sobre este último punto, Manuel Montaño Estrada, tío de Danna Paola Villarreal, expuso ante la Comisión Investigadora de la Suprema Corte las responsabilidades del exfuncionario: “estuvo el director general, no sé qué puesto es del Seguro Social, es Karam [Daniel Karam Toumeh], él era el que daba las órdenes: ‘vamos a llevar a niños para allá, vamos a hacer esto’. No sé en qué se basaba, pero así era. Luego luego se vio la intervención del Seguro Social. Algunos niños estuvieron muy bien atendidos en el Hospital del estado, en el Hospital Infantil del estado. No sé por qué se los llevaría para allá, estaba más cerquita. Es un hecho que me tocó a mí, cuando estábamos en el auditorio del Hospital Infantil, llegó gente del Shriners aquí en Hermosillo, llegó gente y dijo: ‘saben qué, nosotros tenemos ahorita lugar para 80 niños, si se los quieren llevar, nos los llevamos’, comentó el mismo señor, el licenciado, se me fue el nombre, Barrera se apellida, que es el delegado de Shriners Sonora. Puso a disposición: ‘tengo yo los medios para trasladar 80 niños. Ustedes díganme a quién me llevo’. Pues no le permitieron”.
Otro de los testimonios recabado es el de Lorenzo Alberto Huguez Galvez, papá de María Jimena Huguez Mendoza. “Ya como a media noche nos dicen que si queríamos trasladarla a Sacramento y nosotros decimos que sí. Y ya después como a las 5 de la madrugada nos dicen que siempre no se va a trasladar a Sacramento, que por decisión de los médicos se va a trasladar a Guadalajara, que porque hay un mejor servicio y nosotros decidimos hacerlo y al llegar allá no era un mejor servicio, era más de lo mismo”.
Karam Toumeh se desempeña como presidente y director general para México de la agencia Hill+Knowlton Strategies, Inc –consultoría en comunicación con oficinas centrales en Nueva York– y en redes sociales (@danielkaramt) ha compartido mensajes en contra del actual gobierno federal. Irónicamente, en 2011 –dos años después del crimen de Estado de la guardería ABC– Karam Toumeh fue reconocido por el ITAM con el premio al “Mérito Profesional”, por su “calidad profesional como exalumno y su notable contribución al desarrollo económico, político y social del país”.
Ante la situación de vulnerabilidad de los menores usuarios de las guarderías, la investigación ministerial de la Corte establece que tanto Karam como su antecesor Juan Francisco Molinar Horcasitas –director del IMSS del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2009, y fallecido en 2015– eran responsables del bienestar de los niños que se encontraban a su cargo. Por ello debieron instrumentar políticas que impidieran la autorización de operación de guarderías sin el cumplimiento previo de todos los requisitos legales aplicables, entre los cuales destacaba la verificación de que los inmuebles cumplieran con las condiciones idóneas de seguridad.
Asimismo, se indica que quien ostenta el cargo de director general del Seguro Social preside a otros dos órganos superiores: la Asamblea General –que es la autoridad suprema del IMSS– y el Consejo Técnico –que es el órgano de gobierno, representante legal y administrador del Instituto–, por lo que esta triple condición lo hace responsable del buen funcionamiento del Instituto. Entre otras funciones, el director general debe proponer las políticas estratégicas para su conducción y tiene a su cargo la ejecución de cualquier acto jurídico necesario para cumplir con sus fines.
De esta manera, a Karam Toumeh –como a su antecesor– le correspondía el control y conocimiento estricto sobre el esquema de funcionamiento del servicio de guarderías, y estaba obligado a instrumentar las medidas necesarias para que el servicio cumpliera con las disposiciones legales aplicables, se prestara en las mejores condiciones posibles, y garantizara el desarrollo y la salud de los infantes.
Nada de eso se cumplía al momento de la tragedia. De acuerdo con la investigación del ministro Zaldívar que se retoma en la denuncia penal, el 99.7 por ciento de las guarderías subrogadas por el IMSS incumplían al menos uno de los requisitos necesarios para su funcionamiento.
Respecto del control administrativo, el IMSS sólo verificaba un 87 por ciento; y acerca de la supervisión de los aspectos de protección civil, el Seguro Social omitió vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.
Y es que al día del incendio en la guardería ABC, del total de guarderías operadas por particulares, el 69.7 por ciento no contaba con equipo de incendios; el 72 por ciento carecía de dictamen favorable de instalaciones eléctricas; el 51.8 por ciento no contaba con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública; el 49.8 por ciento no tenía dictamen de protección civil municipal vigente; el 83.7 por ciento no contaba con dictamen de protección civil municipal anual; el 72.2 por ciento no tenía visto bueno o dictamen de bomberos vigente; el 91.4 por ciento carecía de visto bueno o dictamen de bomberos anual; al 75.1 por ciento le faltaba la constancia de realización de simulacros; y el 73.3 por ciento no tenía constancia de capacitación de protección civil.
Asimismo, de la inspección ocular realizada a un número representativo de guarderías subrogadas –conforme a la muestra elaborada por peritos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México– se desprende que, al 5 de junio de 2019, también existía incumplimiento en las medidas de seguridad.
Ejemplo de ello es que el 41.7 por ciento carecía de salidas de emergencia; el 57 por ciento no contaba con detectores de humo; el 5.4 por ciento carecía de extintores; el 54.7 por ciento no tenía luces de emergencia; el 5.3 por ciento no contaba con rutas de evacuación; al 26.5 por ciento le faltaba piso antiderrapante en los baños; el 13.2 por ciento incumplía con la distancia a la salida menor a 40 metros; el 5.3 por ciento no realizó simulacros; al 14 por ciento le faltaba que la apertura de puertas de emergencia contara con mecanismo de empuje hacia fuera; el 45 por ciento no tenía sistema de alarma sonora; el 2.6 por ciento presentaba instalaciones eléctricas en descuido; y el 9.9 por ciento no tenía protectores de tomacorrientes en la pared. Por ello, el voto minoritario del ministro Zaldívar señaló que existía un “desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de estas guarderías”.
DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
La responsabilidad de los socios
Basados en las evidencias que recabó la Comisión Ministerial que encabezó Arturo Zaldívar, los ministros Sánchez Cordero y Silva firmaron el voto minoritario en el que establecieron que los servidores públicos federales, estatales y municipales –con corresponsabilidad de los dueños de la guardería ABC, entre ellos la prima de Margarita Zavala: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella– omitieron obligaciones legales específicas que generaron las violaciones graves a las garantías individuales, hoy considerados derechos humanos.
Entre éstos destacaron la violación al principio de interés superior de la niñez. Al respecto, indicaron que “el artículo 4 de la Constitución reconoce distintos derechos a los niños y establece el deber del Estado de proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los mismos”. Éste establece que “[…] los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez […]”.
También consideraron que la interpretación de este artículo constitucional debe tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos de los menores de edad, firmados y ratificados por México. Por tanto, se agrega que “este principio ordena que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas ‘reforzadas’ o ‘agravadas’. El hecho de que haya mayores exigencias para el Estado cuando se trata de salvaguardar los derechos del niño también puede justificarse a la luz de las disposiciones del derecho internacional relacionadas con los derechos del niño”.
Al respecto, citaron –entre otras normativas– la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana, que reconocen que los menores requieren una protección y cuidado especiales. Incluso detallaron que este principio de interés superior ordena que las medidas de protección sean doblemente reforzadas cuando están dirigidas a niños pequeños, como eran los de la guardería ABC [de entre 10 meses y 4 años de edad].
Los ministros señalaron que “el Comité de Derechos del Niño ha establecido que la protección a los menores tiene que ser más intensa cuando se trata de niños que se encuentran en la primera infancia. Esta mayor protección encuentra su justificación en la especial vulnerabilidad de los niños a esta edad. Es evidente que las capacidades motrices y comunicativas de los niños en la primera infancia son muy limitadas, de tal manera que dependen por completo de sus padres y cuidadores para poder sobrevivir”.
El segundo derecho humano violado fue el de la protección de la vida y a la integridad física. Al respecto, observaron que “la falta de cumplimiento de distintas disposiciones legales relacionadas con algunas medidas de seguridad ocasionó que 49 niños que se encontraban en la ‘guardería ABC’ el día 5 de junio de 2009 perdieran la vida y otros 104 fueran afectados en su integridad física”.
Apuntaron que “el derecho a la protección de la vida es un derecho fundamental implícito en la Constitución, que se deriva de todos los derechos expresamente estipulados que requieren de la vida como condición para su ejercicio”. Adicionalmente, subrayaron que los tratados internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos lo tutelan, como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el caso de la guardería ABC, indicaron que lo que el alto tribunal debía determinar es si hay una relación especial entre el Estado y los 49 niños que perdieron la vida en la vida. “La respuesta a esta pregunta es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas”.
Los ministros Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza consideraron de forma contundente que “existen elementos suficientes para concluir que si las autoridades estatales hubieran cumplido sus deberes constitucionales de protección de la vida, interpretados de conformidad con el estándar doblemente reforzado que impone el principio interés superior del niño en relación con los menores que están en la primera infancia, en ningún caso hubiera tenido lugar una tragedia de las dimensiones como la que ocurrió el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Lo que significa que no hubieran perdido la vida los 49 niños que fallecieron el día del incendio”.
De igual forma, concluyeron “que si las autoridades hubieran cumplido cabalmente su obligación de proteger la integridad a los menores que eran usuarios del servicio de guarderías subrogadas, los niños que se encontraban en la guardería ABC no habrían sufrido ninguna afectación en su integridad física”.
En el caso del incendio, otros derechos que se violaron fueron de acuerdo con los tres ministros que se opusieron al autoritarismo del entonces presidente Calderón fueron: a la seguridad social y a la salud, así como el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales.
Acerca de la responsabilidad de los socios de la guardería, el voto minoritario determinó “que los socios, administradores y representante legales de la guardería ABC, tienen una responsabilidad solidaria compartida por los hechos acontecidos materia de la investigación”. Una de las socias es, precisamente, la prima de la panista Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón Hinojosa.
Los ministros establecieron “que al tratarse de un servicio público subrogado, deben vincularse a todos y cada uno de ellos con el funcionamiento de la guardería de acuerdo a su nivel de participación, al tener que ver de manera directa con la toma de decisiones en relación al funcionamiento de la sociedad y por lo tanto con la prestación del servicio, tanto en su función de persona moral particular, como en su carácter de autoridad material para efectos de la investigación como auxiliar del Instituto subrogante”.
También señalaron que, “más allá de que la responsabilidad imputada sea o no analizada conforme a su calidad de sociedad civil, debe hacerse bajo la consideración de las responsabilidades de dichas personas derivadas de los derechos de los menores que se han vulnerado con la deficiente operación del servicio público prestado. Es decir, a la luz de los derechos relativos a la primera infancia, que impone el artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Federal”.
Determinaron que los prestadores del servicio incumplieron con lo establecido en la Constitución, en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, la Norma que establece las Disposiciones para la Operación del Servicio de Guardería, las Bases para la Subrogación de Servicios de Guardería del Esquema Vecinal Comunitario, la Norma Oficial Mexicana 167-SSA-1-1997, el contrato de prestación de servicio de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único –celebrado el 29 de diciembre de 2006 entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la sociedad civil Guardería ABC–. Ello, “porque no desempeñaron la obligación de prevenir el riesgo derivado de no cumplir los cuidados suficientes a los niños bajo su resguardo durante la jornada de trabajo”.
Para los ministros, los socios, administradores y representante legal “fueron omisos en dirigir y normar las acciones suficientes de prevención relacionadas con los estándares de protección civil a que estaban obligados para garantizar la integridad y seguridad de los menores en la guardería subrogada, no obstante que, conforme a los ordenamientos constitucionales y legales antes señalados, se establece que la prestación del servicio de guardería debe cumplirse con base en determinados requisitos para el debido funcionamiento de la guardería, as como con los programas de protección civil y técnicos de seguridad expedidos por el Departamento de Bomberos de la localidad, a fin de mantener la calidad de la operación de la guardería, pero sobre todo para respetar en ordenamiento constitucional que hace referencia a los derechos de los niños”.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo también defendió la presencia de la Guardia Nacional en el Metro y afirmó que ‘la seguridad en el Metro ahora es mayor’, incluso dijo, esto se ha visto reflejado en el número de robos diarios que se comenten en este sistema de transporte, que pasó de cinco a dos tras la presencia de la Guardia Nacional.
La mandataria capitalina también aclaró que los elementos de la Guardia Nacional que se encuentran dentro de las instalaciones están desarmados y el objetivo que tienen es únicamente dar seguridad a los usuarios. En tanto, más adelante se analizará si se amplia su presencia en algunas otras partes del STC.
Sobre los acontecimientos anormales suscitados en el Metro, que se han insinuado como ‘sabotaje’, la mandataria capitalina dijo que la Fiscalía de la ciudad continúa con las investigaciones y dijo esperar ‘muy pronto’ los resultados.
Este viernes, el periodista Hans Salazar cuestionó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los avances en las investigaciones del atentado que sufrió el periodista de Grupo Imagen, Ciro Gómez Leyva, a lo que el mandatario explicó que el hecho es considerado un “asunto de Estado” y que no se descarta ninguna hipótesis respecto al ataque.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el líder del Ejecutivo federal detalló que el atentado contra Gómez Leyva es un asunto grave cuya prioridad es esclarecer, ya que de haberse consumado, primeramente se trata de la pérdida de una vida humana, además de que se hubiera intensificado la campaña de desprestigio contra la actual administración.
“Se sigue avanzando (en la investigación) y es algo que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave. Imagínense si se hubiese consumado este atentado, se hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del Gobierno, aparte de que estamos hablando de la pérdida de una vida humana, eso es lo más importante”, mencionó.
“Pero también tiene una connotación política, es una asunto de Estado”, agregó y explicó que ante eso, dio la instrucción de que las investigaciones se realicen a fondo, y que al momento ya hya detenidos y se tiene más información sobre el grupo delictivo que realizó el atentado.
“Estamos buscando llegar a los autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron, ejecutores, pero quién fue, el que ordenó y quien dio el dinero, porque todo esto se hace pagando, y saber qué propósito, porqué lo hicieron.Estamos trabajando en eso y queremos no quedarnos solos en los detenidos hasta ahora, aún cuando no es fácil llegar a los autores intelectuales”. AMLO
Sobre el mismo tema manifestó que no se descarta ninguna hipótesis al respecto, incluso que el atentado haya sido orquestado por los conservadores y adversarios a la Cuarta Transformación, sobre todo porque la reacción derechista tradicionalmente opera de esa manera, cometiendo golpes de estado, destituciones y represiones contra el pueblo, entre otras.
“No descartamos ninguna hipótesis, todo hay que analizarlo, nada más que a mi me llamó la atención de que participaron muchos, porque en el caso de un auto atentado para qué tantos, son tres o cuatro, pero acá fueron doce (detenidos)”, puntualizó.
Por su parte la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya ha detenido a 12 personas sospechosas, mientras que 7 de ellas ya fueron vinculadas a proceso.
En noviembre de 2008, cuando se desempeñaba como Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles fue arrestado, torturado y privado de la libertad por más de cuatro años, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud por denunciar, a través de dos carta dirigidas al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, alertó de la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna.
Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, que es juzgado en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado, delatará a sus dos jefes, los expresidentes, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, para reducir su pena, afirmó Javier Herrera Valles, quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva.
En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistasque se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Herrera Vallles, quien fue detenido de manera arbitraria en 2008 en represalia por denunciar, a través de dos carta dirigidas al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna, dijo que el exfuncionario no solo debe ser juzgado en Estados Unidos, sino también en México por los crímenes que aquí cometió.
“A mí no me queda la menor duda que va a delatar a sus jefes, a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox Quesada, es la única forma que tiene de reducir su pena y él es una persona muy audaz, muy inteligente en esa parte y va a sacarle provecho a todas las expectativas que ha estado causando esta situación y ojalá que ya después de cumplir su condena, si es que logra hacerse testigo cooperante, pues venga y pague las que debe aquí, porque no nada más es él, vamos a recordar que tenía todo un cartel toda su gente que todavía está gozando de la fortuna que hicieron durante ese sexenio y la sociedad que han mantenido hasta la fecha”.
El Secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 8 de octubre de 2010. Foto: Marco Ugarte, AP, archivo.
Javier Herrera Valles recalcó que Genaro García Luna debería ser juzgado por las autoridades mexicanas, pues fue aquí donde comenzó su llamada guerra contra la delincuencia organizada “la cual fue una simulación, donde murieron miles de mexicanos”.
En noviembre de 2008, cuando se desempeñaba como Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles fue arrestado, sin orden de aprehensión y con uso excesivo de la fuerza, mientras se dirigía a una entrevista. Fue torturado y estuvo injustamente privado de la libertad por más de cuatro años, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
“Nunca se me llamó a declarar, me fincaron responsabilidades que no tenía, me acusan de delincuencia organizada y como ustedes saben estuve cuatro años en prisión por esa situación”.
El excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva indicó que decidió mandar las cartas al Presidente Felipe Calderón para denunciar el actuar de García Luna pues creía que el mandatario había sido engañado, pero todo se trataba de una simulación.
“Ingenuamente pensé que Genaro García Luna tenía engañado al Presidente Felipe Calderón, yo pensaba que era una persona honesta que tenía la voluntad de investigar a su hombre de confianza. En su gabinete sabían que Genaro García Luna era el consentido y que lo tenía totalmente deslumbrado por sus capacidades que tenía para espiar a la gente”.
Javier Herrera Valles, Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Felipe Calderón. Foto: SinEmbargo
Detalló que su intención al enviar las cartas era que el Presidente Calderón pusiera atención en lo que sucedía en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada, sin tener conocimiento de que él y Genaro García Luna eran quienes “administraban el secuestro y promovían el narcotráfico en México desde la AFI”.
“Mi sorpresa fue que sí tenía conocimiento el Presidente y que realmente se tomó como un agravio a su hijito haberlo dicho lo que ya no era un secreto para él, era una sociedad la que tenían, entonces yo sufrí las consecuencias”.
Javier Herrera Valles reiteró que Genaro García Luna debe enfrentar un juicio en México, pues no es el único responsable, detrás de él había un grupo de funcionarios que impulsaron su carrera delictiva.
“Genaro García Luna es la cabeza visible, pero no era el único, él ordenaba pero todos los que cometían las fechorías, los crímenes, la convivencia con la delincuencia organizada eran una parte los que acabo de mencionar. Realmente si se quiere hacer esa investigación aquí en México hay mucha tela de donde cortar. Aquí ya se debería de estar judicializado esas carpetas porque ya tiene dos años y medio de haberlas abierto”.
Genaro García Luna está acusado de cinco cargos, incluidos dirigir una organización criminal durante un largo periodo, además de tres casos de conspiración por tráfico de cocaína a Estados Unidos.
El juicio podría extenderse hasta ocho semanas, según la Jueza Kuo, aunque el Juez Brian Cogan, quien lidera el proceso judicial Cogan había indicado que serían cinco semanas.
Hasta el momento se ha entrevistado a 91 neoyorquinos para formar parte del jurado, de los cuales 42 han sido eliminados de la lista por diversos motivos, incluidos tener una postura en contra del sistema judicial y criticar la lucha contra el narcotráfico.
En caso de que se alargue el proceso de selección del jurado, se espera que el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal arranque el próximo lunes 23 de enero.
Una empresa como Petróleos Mexicanos (PEMEX), tan importante, trascendente y necesaria en nuestro país requiere que todo el gobierno apoye siempre en su vigilancia para evitar un mal uso de los recursos, dijo Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la firma de un convenio con autoridades de la petrolera.
En la Torre Corporativa de PEMEX, tuvo lugar la firma de este convenio de colaboración que permitirá el intercambio de información con la autoridad fiscal.
“Estamos en la mejor disposición de compartir absolutamente toda la información que se requiera, ponerla a disposición de la UIF, porque todavía quedan cosas que resolver. Vamos a firmar este convenio de intercambio de información y colaboración en todos los ámbitos, algo que se venía haciendo de manera informal y ahora será de manera oficial”, aseveró Octavio Romero Oropeza, director general de PEMEX.
Dijo que al interior de PEMEX hay un avance en la lucha contra la corrupción y aseveró que “no tienen nada que ocultar”, pues los mecanismos de transparencia que ha implementado la administración actual han dado resultados positivos.
Como parte de las herramientas para transparentar su información, la petrolera ha hecho públicos todos sus contratos con proveedores, sus deudas con éstos, así como la implementación de mecanismos digitales para que sus trabajadores realicen trámites sin necesidad de intermediarios.
“La transparencia funciona y estamos convencidos de que hay que combatir la corrupción en todas sus modalidades. (…) En PEMEX no hay ningún tema que no se pueda tratar, no hay información secreta, todo lo que se requiera está a disposición de la UIF”, destacó.
Por su parte, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, comentó que el rescate que se inició en la petrolera mexicana durará y que el proyecto al servicio de la patria es vigente, pues supone utilizar los beneficios comunes para los beneficios comunes, por lo que si bien este convenio fortalecerá la transparencia y la lucha contra la corrupción en PEMEX, es necesario que todo el gobierno se involucre.
“Nuestro convenio tiende a continuar con una colaboración que es muy importante porque en otro orden, pero junto con todo, PEMEX ha sido víctima de una cantidad de atracos impresionantes y requiere que todo el gobierno en su conjunto apoye siempre en la vigilancia”, destacó Gómez Álvarez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó nuevamente la continuidad de la sección ‘Quién es quién en las mentiras’ asegurando que la exhibición de noticias falsas tiene como fin concientizar a la población y prevenir su manipulación. En tanto, Elizabeth García Vilchis denunció la difusión de bulos sobre la X Cumbre de Líderes de América del Norte.
En conferencia de prensa, AMLO declaró que el ‘Quién es quién en las mentiras’ es una muestra pequeña y representativa de las falsedades publicadas en medios de comunicación convencionales. Este comentó que la exhibición de las notas falsas debe continuar para concientizar y prevenir a la población de los ataques en medios de información.
Asimismo, el mandatario mexicano insistió en que a través de estos se puede dar una manipulación de la información que puede llevar a la comisión de actos autoritarios. Al respecto, expuso que ahora se utilizan guerras mediáticas para destruir a las autoridades legal y legítimamente constituidas o “golpes de Estado técnicos” similares a lo que sufrió el expresidente Francisco I. Madero en 1913.
Pese a eso, López Obrador consideró que la existencia de redes sociales ha generado la posibilidad de que mucha gente se exprese y le quiten la exclusividad de las opiniones o información a los periodistas convencionales. “No podían hacer política sin hacer pleitesía a un conductor, columnista o los dueños de los medios; ahora no, esa apertura de expresarnos llevó a que surgiera mucho talento de los ciudadanos”, expresó.
Tras los comentarios de AMLO, Ana Elizabeth García Vilchis ocupó la sección ‘Quién es quién en las mentiras’ para exhibir comentarios e información falsa sobre la X Cumbre de América del Norte y la detención de Ovidio Guzmán. Esta mencionó que algunos diarios de circulación nacional especularon que los mandatarios evadieron los conflictos comerciales entre naciones pese a que firmaron varios compromisos y hubo un dialogo de respeto y disposición a trabajar en beneficio de la región.
Por otra parte, mencionó que tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, se habló falsamente de que en aeropuerto de Culiacán había sido tomado por la delincuencia pese a que se anunció que por seguridad de los pasajeros se había cerrado desde las 8:30 A.M. hasta las 10 P.M. Asimismo comentó que el presidente de la República tampoco se reunió personalmente con un abogado de Guzmán Loera en Sinaloa y que tampoco hubo secuestro de médicos por parte de grupos armados; o que se notificó de la ocupación del “puerto de Culiacán” pese a que ese no existe al no ser una ciudad costera.
El expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Gobierno de México.
Eustaquio Tomás de Nicolás tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, madre del expresidente Enrique Peña Nieto, recibió 38 millones de pesos del empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien enfrenta procesos penales por los delitos de fraude, evasión fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Según una investigación de Contralínea, las transferencias millonarias se realizaron sin que haya registros fiscales del origen de esos fondos.
Peña Nieto, a través de una tercera persona, informó al medio que esta operación sí se realizó, aunque se trató de la venta de un terreno.
“El priista aseguró que eso ocurrió hace 15 años, cuando él era gobernador del Estado de México y su madre ‘le vendió unos terrenos en Atlacomulco que ella tenía como herencia a la muerte de su esposo, Enrique Peña del Mazo’”, se lee en la investigación.
Sin embargo, declaró el priista, el pago no se hizo en su momento, sino hasta 2012, cuando él llegó a la Presidencia y pudo intervenir para reclamar el pago.
El expresidente resaltó que “terminó mal” su relación con el empresario Eustaquio de Nicolás, debido al atraso del pago. Aclaró que estas transacciones “ya fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.
“Tengo toda la documentación y verificación física de lo que digo”, expresó el exmandatario sobre los terrenos vendidos y los movimientos financieros en torno a ellos.
¿Quién es Eustaquio de Nicolás?
Contralínea hizo un perfil del empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario.
Fue fundador y presidente de las empresas desarrolladoras de viviendas Homex y Expectras, así como del equipo profesional de futbol Dorados de Sinaloa. “Tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto”, explicó el medio.
Además, “está vinculado a una red de funcionarios y empresarios que presuntamente han blanqueado dinero en el Andorra”. No solo eso, según el medio, también aparece en un esquema de triangulación de recursos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Asimismo, “se relacionó con los prófugos de la justicia Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont, en la creación de empresas factureras”.
AMLO reveló que 79.54 están a favor de la presencia de la Guardia Nacional en el Metro. Vinculan a proceso a mujer por incidente en estación Centro Médico.
Con relación a la seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de CDMX, AMLO subrayó el abrumador apoyo de la Guardia Nacional.
Y, por otra parte, se supo que la mujer que arrojó un aspa de lavadora a las vías del Metro en Centro Médico será procesada por ataques a las vías de comunicación.
Metro
Cabe destacar que AMLO mostró una encuesta realizada por Buendía, la cual revela que el 79.54 por ciento de los entrevistados está de acuerdo con la presencia de la Guardia Nacional.
Esto, frente al 20.46 que manifestó estar en desacuerdo.
Además, reveló que se aplicaron cuatro mil 404 entrevistas en Metro con la pregunta “¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la presencia de la Guardia Nacional en el Metro?”.
Seguidamente AMLO subrayó que si la encuesta se hiciera abierta, el resultado mayor “en desacuerdo”.
-“Los que no usan el Metro, posiblemente. Pero los que sí usan el Metro sí quieren a la Guardia Nacional”, aseguró.
Si
-“La gente sí quiere que esté la Guardia Nacional en el Metro, los que utilizan el Metro, los que diario utilizan el Metro y es obvio, es lógico».
Además, ponderó: «Imagínense si es el principal transporte para ir al trabajo y hay un ambiente de inseguridad donde puede haber accidentes, pues, ¿qué es lo que la gente desea? Que haya seguridad».
Incluso dijo que los que hablan de militarización eso es puro asunto «o es carga ideológica, o son problemas con nosotros o politiquería”.
Así dijo que el jueves: “Vamos a que el Gobierno de la Ciudad y Claudia Sheinbaum, que tiene todo nuestro apoyo, nos informe sobre el Metro a todos”, concluyó.
Datos
Y es que son alrededor de cinco mil 940 elementos de la Guardia Nacional están desplegados en las instalaciones del Metro capitalino cubriendo las 12 líneas y las 190 estaciones existentes.
Por otra parte, Viviana “N”, la mujer que fue detenida por arrojar un aspa de plástico para lavadora fue vinculada a proceso.
Asimismo, indican los portales que se trata de una mujer de 42 años, por el delito de ataques a la comunicación.
Misma que continuará su proceso en libertad y deberá de realizar firmas periódicas.
Cabe resaltar que el 12 de enero, Viviana “N” fue detectada por los policías de la estación Centro Médico cuando arrojó el aspa a las vías.
Incluso se detalla que la mujer se encontraba en la zona central del andén en dirección a Pantitlán.
Finalmente, se precisa que para retirar los pedazos del aspa se tuvo que cortar la energía eléctrica dos minutos, esto es de 15:38 a las 15:40 horas.
De manera paralela a la construcción del Tren Maya se han comenzado a desarrollar zonas en el sur de Quintana Roo donde prevalecía la pobreza como en Carrillo Puerto, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reivindicó que esta obra forma parte de la inversión pública que se ha registrado en este sexenio. Destacó que en el periodo neoliberal se redujo la inversión pública para convertir el papel gubernamental en una oficina para otorgar contratos y concesiones a empresas privadas.
Avances en el tramo 4 Izamal- Cancún del Tren Maya. Ya se han instalado el 16% de los 257 kilómetros aproximadamente de doble vía del tendido de rieles y el 60% de la barrera central de la recién terminada autopista Mérida-Cancún en dónde destaca la construcción del Distribuidor Vial del entronque del municipio de Valladolid que permitirá el paso del tren por la parte inferior. Foto Cuartoscuro
Durante su conferencia, ofreció algunos detalles del avance de la construcción y de las definiciones que están por tomarse, subrayando que mil de los mil 500 kilómetros que conforman toda la ruta del Tren Maya serán electrificados. Solo el tramo de Campeche a Mérida operará con un diésel especial que se producirá en la refinería que tiene Petróleos Mexicanos en Deer Park.
Lamentó que los litigios jurídicos que se enfrentaron detuvieron el avance de la obra porque eso reducirá el periodo de pruebas del tren.
«Tenemos que resolver cuanto va a costar el boleto para turismo nacional y para turismo extranjero, va a costar menos el pasaje para gente de la región. Tenemos que hacer una campaña para difundir las estaciones paraderos, zonas arqueológicas y los museos, los sitios marítimos de recreación, cascadas, cavernas, todo, completo.
«Me da gusto cada vez que voy, avanza la obra, se han portado muy bien las empresas. Los ingenieros militares, tienen campamentos cada 25 o 30 kilómetros. Se están formando maquinistas en Europa. Se está resolviendo todo lo que tiene que ver con la electrificación del tren».
Dijo que entre la Secretaría de Turismo y el gobierno de Quintana Roo se emprenderá una campaña de difusión en su momento para que se conozca toda la ruta, las paradas, los destinos turísticos alrededor de cada una de ellas. Celebro que recientemente, se llegó al viajero número 30 millones en un año en el aeropuerto de Cancún, por lo que sí al menos el diez por ciento utiliza el tren será importante.
Mencionó que las obras ya han modificado la dinámica económica y laboral en la entidad, «durante el periodo neoliberal solo creció la zona norte, ni mucho menos Campeche, aún con el petróleo, con Cantarell que lo acabaron por completo. Tabasco y Chiapas nada. Mucha gente durante tres década se iban a trabajar al norte del estado para ganarse la vida en la construcción. En el periodo neoliberal salieron de Veracruz un millón de veracruzanos. Fue un rotundo fracaso para la gente no para los machuchcones por eso los sostenían con fraudes electorales hasta que la gente dijo basta y ahora quieren regresar».
