Christian Von Roehrich, exalcalde de la Benito Juárez y diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, por su presunta relación con el llamado cártel inmobiliario este jueves 20 de abril. Ello, luego de ser deportado tras intentar ingresar a Estados Unidos.
A través de su cuenta oficial en Twitter, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que miembros de la Policía de Investigación se trasladaron a la entidad con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Asimismo, agradeció la colaboración de las autoridades estadounidenses, así como de la Fiscalía General de la República, para realizar la detención.
El 9 de diciembre de 2022, la Fiscalía capitalina solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (Interpol) en México emitir una ficha roja con el objetivo de localizar a Christian Von Roehrich para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. El exalcalde está acusado de presuntamente hacer uso ilegal de atribuciones, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.
Ocho detenidos por corrupción inmobiliaria
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha detenido a ocho exfuncionarios por su presunta relación con la red de corrupción en el sector de bienes raíces de la alcaldía Benito Juárez. Se trata de Sofía Soraya “N”, hermana de Christian Von Roehrich, quien fue vinculada a proceso el pasado 24 de febrero, luego de que un juez de control le dictara prisión preventiva domiciliaria.
La mujer fue detenida el domingo 19 de febrero en Querétaro; posteriormente, se hizo su traslado a la Ciudad de México. Al respecto, Ulises Lara López –coordinador general de asesores– indicó que la presunta criminal había sido citada a comparecer ante el Ministerio Público y ante un juez de control, pero no se presentó, por lo que se emitió dicha orden de aprehensión. Sofía Soraya “N” es acusada de ser apoderada legal de una empresa vinculada con Nicias René “N”, exdirector de Obras, quien también está detenido desde el 19 de octubre de 2022. Fue arrestado en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Otros detenidos son Luis Vizcaíno Carmona –exdirector general de Jurídico y Gobierno– e Ismael “N”, quien fungió como contralor interno, asesor de la entonces Jefatura Delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director General de Administración. Asimismo, José Ramón “N”, quien habría sido subdirector de Servicios Generales; mientras que Alejandro “N” fue subdirector de Servicios Generales.
También, fue detenida y vinculada a proceso Adelaida “N”, exdirectora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en el período 2019-2022. Así como César “N”, quien se encontraba adscrito a la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación y Elvia “N”, quien fungía como gestora y enlace de César “N”.
Al día de hoy, se está en proceso de cumplimentar otra orden de aprehensión por corrupción inmobiliaria en contra de Víctor “N”, actual Director General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana bajo la administración de Santiago Taboada.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, intentó negociar en lo oscurito la entrada en vigor del traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. También acusó que en esta “politiquería ramplona”, Piña intentó “abrirle el apetito” de poder a la secretaria Rosa Icela Rodríguez.
En su conferencia matutina desde el puerto de Veracruz, el primer mandatario expuso que no sólo fue Piña la que buscó llegar a acuerdos por debajo de la mesa, sino que también otros ministros mandaron mensajes al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Ayer 20 de abril, reveló el presidente de la República, algunos ministros se arrepintieron [del sentido de su voto con el que se declaró inconstitucional que la GN esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. “En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos: a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después”.
La respuesta de López Obrador fue contundente: “No. Le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública: ‘no. Nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”. Detalló que previo a estos mensajes y a la votación que quedó ocho contra tres, los ministros y ministras opositores a su gobierno “estaban muy prepotentes. Pero la gente está en contra de ellos porque ya no es el tiempo de antes”.
El titular del Ejecutivo federal detalló que esos ministros, incluida la presidenta Norma Piña querían negociar la entrada en vigor de este cambio. Pero, reiteró que la instrucción a Adán López y a Rosa Icela Rodríguez fue: “ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono”.
Asimismo, reveló que estos mensajes de la ministra Piña se dieron en el contexto de un desayuno que sostendría ayer mismo [20 de abril] con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. “Entonces, cuando me enteré […] les dije [a los secretarios Rosa Icela y a Adán Augusto]: ‘no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida’”.
En clara referencia a los ocho ministros de la Corte que votaron para que el mando regresara a la Secretaria de Seguridad, el presidente López Obrador criticó que sea una élite corrupta la que decidió un asunto tan delicado como es la seguridad del pueblo de México. Por ello, indicó: “ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda, y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo, siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbran antes”.
El primer mandatario descubrió que el desayuno entre Norma Piña y Rosa Icela Rodríguez sí se llevó a cabo: “sí, y ahí empezaron. Y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía —voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba— le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”.
Al respecto, aseguró que Rosa Icela Rodríguez contestó que no era un asunto de ella. López Obrador lamentó el nivel de indignidad de los ministros y ministras de la Corte, “cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque”.
Fue el pasado martes 18 de abril, cuando los ministrosNorma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcantara Carrancá y Luis María Aguilar Morales declararon la invalidez del decreto que trasladaba la facultad de mando y cambio de adscripción de la Guardia Nacional. Los únicos ministros que respaldaron que el mando de la GN quedara en manos de la Sedena fueron Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Ayer 20 de abril, la Corte determinó un plazo de 8 meses para que se concluya el traspaso a la Secretaría de Seguridad.
El camino hacia la legalización de la marihuana en México se ha vuelto difícil de transitar. La ruta que desde hace años se trazó para la liberación de la planta se ha quedado paralizada por la Cofepris, autoridad cuyo rezago en el cumplimiento y expedición de autorizaciones sanitarias, así como su falta de voluntad, ha generado un incremento de la actividad relacionada con esta planta en el área gris de nuestro país.
La promesa de la legalización de la marihuana, con todas las oportunidades para la pacificación del país y el desarrollo económico a través del fomento de una industria legal, sigue sin aterrizar en el territorio mexicano.
Hoy, los retrasos, las omisiones y la desinformación que existe en torno a la planta de cannabis, así como una falta de voluntad para generar regulaciones eficientes alrededor de este incipiente mercado, siguen imposibilitando que los ciudadanos accedan a productos relacionados con la planta, al menos por la vía legal.
Desde la publicación del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos en 2021, México anunció su intención de incorporarse al mercado internacional desde una óptica de salud pública y apegada a principios científicos. Una postura que generó optimismo entre los sectores que no sólo ven en la cannabis el ejercicio de los derechos de libre desarrollo de la personalidad, sino alternativas médicas y terapéuticas para los mexicanos.
Tras 11 meses de retraso en la publicación de los lineamientos para el uso medicinal de la mariguana, la @COFEPRIS solamente permitió su empleo cuando el cannabis sea importado, cerrando la opción de autocultivo https://t.co/ECqn6FIsI6pic.twitter.com/NgTyFwNqvu
Sin embargo, en el camino hacia la legalización, existen organismos y actores clave que han fungido como un cuello de botella para estos esfuerzos. Tal es el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuya falta de interés para establecer un diálogo abierto y mecanismos transparentes que permitan el avance de la regulación, han dejado bajo llave a esta sustancia durante la mayor parte de la actual administración.
A principios de abril, la Comisión rompió el silencio en el tema de la marihuana, pero para sorpresa de diversos sectores involucrados en la incipiente industria, el abordaje se hizo con una clara intención política de por medio.
“Ahorita que estamos hablando de las drogas, a lo mejor ustedes no saben, pero cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, Cofepris dio 63 permisos (sic) para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia mañanera de Palacio Nacional el 11 de abril.
Confirma el Presidente @lopezobrador_ que hay la instrucción para que @COFEPRIS investigue y cancele permisos que recibió @VicenteFoxQue para comercializar productos derivados de la mariguana. Recordó que Fox llamó a votar en 2012 no por la candidata del PAN sino por Peña Nieto. pic.twitter.com/d1lcaKKyv7
Un día después y en el mismo espacio, Bertha Alcalde Luján, comisionada de operación sanitaria de este organismo de control sanitario, aclaró que desde el 30 de octubre del 2018 se emitieron “lineamientos ilegales de cannabis, lineamientos que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, que no fueron sometidos a consideración de Conamer, y tan sólo un día después ya se estaban haciendo las solicitudes en Cofepris para la autorización de estos productos”.
Lo que la Comisión presumió como un hallazgo de irregularidades en estas autorizaciones (que podrían tratarse de probables actos de corrupción), se trata en realidad de un litigio estratégico, ampliamente documentado y analizado por la posible configuración de conflictos de interés en la investigación “Las fichas de Coca-Cola; negocios con información privilegiada”, realizada por Connectas y Pop Lab en marzo del 2022.
Pero las 65 autorizaciones por las que Cofepris decidió llevar el tema directamente a Presidencia son sólo un fragmento; un pequeño número dentro del universo de trabajo pendiente que la dependencia tiene sobre su escritorio en el tema de cannabis legal.
El ex presidente @VicenteFoxQue es miembro de la junta directiva de la empresa Kuida Life Mexico, filial de Khiron Life Siences Corp, la cual obtuvo permiso en 2018 de @Cofepris para comercializar suplementos alimenticios con cannabis. Tiene interés comercial en la legalización. pic.twitter.com/f2tzprsQHP
Hoy, gracias a solicitudes de información disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, sabemos que la Comisión no cuenta con un formato de trámite de solicitud para las actividades relacionadas con el autoconsumo de marihuana en México, por lo que los promoventes han tenido que recurrir a la figura del escrito libre para obtener una autorización de acceso a la planta.
En el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 al 30 de julio de 2022, se recibieron 10 mil 202 escritos libres, de los cuales 2 mil 499 oficios pudieron cumplir con los requerimientos para la autorización para el autoconsumo. Una falta de acción que, entre otras cosas, ha detonado el crecimiento del área gris en nuestro país.
Para aclarar estas inconsistencias, Reporte Índigo solicitó entrevista a la Cofepris, con una negativa justificada en el hecho de que el tema de la regulación era un “asunto de Presidencia”.
Bertha Alcalde Luján, comisionada de operación sanitaria de Cofepris, declaró que desde el 30 de octubre del 2018 se emitieron ‘lineamientos ilegales de cannabis’. Foto: Especial
Un reto permanente
Para Nadia Robles Soto, directora de programas nacionales de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, aunque los datos que se tienen con relación al consumo de cannabis en México no están actualizados, existe información que nos permite analizar la situación actual de la marihuana.
“Lo que hemos encontrado en los últimos años es interesante porque la cannabis generalmente se mantenía como la segunda sustancia de preferencia después del alcohol, o era por la que más personas acudían a tratamiento. Hoy es tercer lugar y ha ido en decremento desde el año 2017”, comentó en entrevista para Reporte Índigo.
La droga de preferencia en hombres y mujeres en México sigue siendo la mariguana: En hombres la cocaína ocupa el 2o. lugar. ENA 2011.
— Centros de Integración Juvenil (@CIJ_Adicciones) November 2, 2012
La especialista, quien consideró que el tema resulta relevante desde la dimensión del consumo, también reconoció que regular una sustancia de gran calado como la cannabis implica el involucramiento de diversas dependencias, no sólo las autoridades del sector salud.
Robles Soto añadió que si bien, dependencias como la Cofepris tienen la responsabilidad de establecer las regulaciones, otros organismos como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como la Secretaría de Economía tendrían que involucrarse en la construcción de un gran aparato gubernamental que nos coloque un paso más cerca de un mercado abierto y legal de la cannabis.
La narrativa de la prohibición
La lucha desde diversos sectores integrados por campesinos, activistas, defensores de derechos humanos, médicos y comunidades enteras que impulsan lo múltiples aprovechamientos de la planta, coinciden en que la liberación de la cannabis y el cáñamo en México no son sólo es una necesidad, sino también una promesa que acompañó al gobierno de la Cuarta Transformación desde los tiempos de campaña.
Desde organismos como el Observatorio Nacional Ciudadano, la política de combate a las drogas impulsada por el gobierno de López Obrador ha resultado insuficiente y contradictoria. Sólo en términos de lenguaje, la distancia que existe entre las promesas de 2018 de impulsar la despenalización y legalización de la planta, contrastan con las posturas conservadoras del presidente y la falta de voluntad política para entender el problema de las drogas desde un ángulo distinto.
“Nosotros hemos insistido que uno de los aspectos más preocupantes es que, las estrategias hoy, se basan solo en una posición represiva. Es decir, al consumidor último es al que le estamos girando la factura; es a quien estamos penalizando por su consumo y no estamos trabajando realmente por desmantelar a los grupos delictivos o por establecer soluciones diferentes de combate a sus recursos financieros”, comentóFrancisco Rivas, director general de esta organización.
Desde su perspectiva, en México vamos muy tarde en el tema de la regulación, por lo que criticó el desmantelamiento de instancias como la Conadic o la visión de que los programas sociales basados en la transferencia de dinero no pueden ser considerados políticas de prevención y por lo tanto no ayudan a entender ni a solucionar los problemas reales de la ciudadanía.
Corrupción, nepotismo y falta de conocimiento
Hoy se celebra el Día Internacional de la Marihuana. Una fecha que permite la integración y discusión de los fenómenos de apertura y legalización hacia la industria de la cannabis en todo el mundo.
En regiones de América Latina como Argentina, Uruguay y Colombia, los trabajos han avanzado al punto de tener cadenas de producción completamente legales, en otras regiones como Tailandia, la producción, distribución, venta y consumo de la planta a nivel federal ya son una realidad.
“En estos momentos nos encontramos en un problema, porque no tenemos una legislación que nos permita enmarcar lo que se supone debería estar en una Ley de Cannabis (…) Pero al final del día, y esta es la parte graciosa, sí existen reglas. Uno necesita licencia para operar y mostrar tu identificación para comprar”, comentó en entrevista para Reporte Índigo Kitty Chopaka, activista , empresaria y una de las voces más visibles en el movimiento cannábico en Tailandia.
Ella explica que en esta nación, aunque las incipientes reglas de mercado no tienen límites para la portación o el transporte de la planta, existen elementos que a nivel político le ponen muchas trabas a la industria.
Uno de los problemas que refirió es la influencia que están ejerciendo los países que se han consolidado en la producción de marihuana. Una interferencia desde la “visión colonizadora” que amenaza el desarrollo desde el ámbito local.
Dentro del ex Hangar Presidencial se encuentra el lujoso Boeing 787-8, conocido como ‘avión presidencial’. Foto Luis Castillo / Archivo
El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que hay la posibilidad de que se concrete la venta del avión TP01 Boeing 787, conocido como el avión presidencial, pero evitó adelantar el monto y el comprador.
Luego que desde el arranque de su administración anunció que no utilizaría la aeronave por los lujos que representa, por lo que se pondría a la vez, el jefe del Ejecutivo federal fue consultado este jueves en su conferencia de prensa matutina sobre el proceso de venta, luego que en redes sociales trascendió de un supuesto acuerdo.
Al respecto, el mandatario, expresó: “Se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso, se va a destinar para dos hospitales, uno en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec, Oaxaca”.
Explicó que ambos hospitales serían parte del modelo IMSS Bienestar, destinado a la atención de la población sin seguridad social.
López Obrador omitió detallar el costo en el que se venderá, ya que, dijo, “no puedo hablar más”, e incluso preguntó cómo se difundió la información.
Agregó que “hay un acuerdo, se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó, vamos a esperar. Pero sí hay esa posibilidad”.
El avión fue adquirido al cierre de la administración federal de Felipe Calderón y utilizado por el presidente Enrique Peña Nieto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa que busca suprimir, fusionar o trasladar unidades administrativas y órganos desconcentrados a distintas áreas del gobierno.
De acuerdo con dicha iniciativa, se requiere de una reorganización que permitirá “eliminar la dispersión de recursos públicos”, para dirigirlos al “cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado”, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo social.
“Se propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas”.
Iniciativa del presidente López Obrador
Además, se instruye la transferencia de sus funciones hacia un grupo de secretarías de Estado, como se desglosa a continuación:
Para ello, “se pretenden eliminar el Fideicomiso de Fomento Minero de su participación en el Servicio Geológico Mexicano, en tanto que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) dejará de ser un órgano desconcentrado de Gobernación, para incorporarse a esa secretaría.”
También se prevé desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y sus funciones serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), en tanto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, actual órgano desconcentrado de Gobernación, pasaría a formar parte del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, DIF.
En la nueva iniciativa que propone el presidente se especifica el traslado y fusión de 18 organismos, institutos y fideicomisos.
De Acuerdo con lo expuesto en la iniciativa, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, se incorporaría a esta dependencia, mientras que el Instituto Nacional de Pesca, dependiente de la Secretaría de Agricultura, se integraría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, pasaría de ser un órgano desconcentrado grado a una Unidad Administrativa.
Mientras que el Instituto Nacional de Economía Social y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, órganos desconcentrados de la Secretaría de Bienestar, se convertirían en nuevas unidades administrativas de esa dependencia.
Aemás, el Instituto Mexicano de la Juventud, otro órgano desconcentrado de Bienestar, se trasladaría pero en este caso una Unidad Administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS).
A su vez, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, se convertiría en una Unidad Administrativa de la secretaría de Energía, por lo que dejaría de ser un órgano desconcentrado de esa dependencia.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se convertirá en una Unidad Administrativa de la Comisión Nacional del Agua, en lugar de ser un órgano descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos.
En tanto que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), de ser un organismo descentralizado no sectorizado, pasará a ser una Unidad Administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Y la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, dejará de ser una Unidad administrativa de la SEP, para convertirse en una Unidad Administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México. Foto Cuartoscuro / Archivo
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por considerarlo contrario a la Constitución, con lo cual ese cuerpo volverá a depender íntegramente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dejará de ser parte de las fuerzas armadas.
El fallo elimina la facultad que tenía el titular de la Sedena para proponer al comandante general de la Guardía y anula el régimen por el cual la corporación reconocía a sus elementos provenientes de la Policía Militar como miembros en activo de la Defensa y sujetos al fuero castrense.
El argumento principal fue que la adscripción operativa de la GN a la entidad militar viola el artículo 21 constitucional, que define a la corporación policial como una institución de carácter civil.
El fallo de la Corte tuvo mayoría calificada de ocho votos. En contra votaron los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Varios meses de ajustes
Aunque la decisión está tomada, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que regresar a la Guardia a la SSPC requerirá de ajustes legales y operativos, por lo que planteó que es preciso fijar a los poderes Legislativo y Ejecutivo un plazo de varios meses para cumplir con el fallo de la Corte. Por ello, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, propuso al ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que relabore su proyecto de efectos de la sentencia y lo presente a votación en la sesión del jueves próximo.
En el proyecto aprobado, el ministro ponente dijo que “resultaría en un fraude a la Constitución federal afirmar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son soldados en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario castrense, desarrollando funciones militares y actuando bajo la norma de las fuerzas armadas”.
Margarita Ríos Farjat, quien votó con la mayoría, dijo que “resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo”.
“Una institución no puede ser dirigida en realidad sin tener control de su operación y su administración. Al ser castrenses estos controles, la dirección también lo es y el carácter civil queda en entredicho”, señaló.
Piña Hernández sumó su voto a la mayoría: “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, mientras a las fuerzas armadas corresponde una tarea claramente distinta: la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas”.
Dijo que desde 2006, cuando se inició la “guerra contra el narcotráfico” y la militarización de la seguridad pública, en el gobierno del panista Felipe Calderón, “el crimen organizado se ha fortalecido y ha puesto en mayor riesgo la seguridad e integridad de los mexicanos”.
Apuntó además que la situación “ha forzado” a las autoridades a “fortalecer a las instituciones policiales que se habían tornado en insuficientes, ante la amenaza asimétrica que representan las organizaciones delictivas, por no ser lo bastante eficientes y adiestradas”.
Implicaciones militares
La Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, con más de 15 mil elementos provenientes de la Sedena y de la Secretaría de Marina, con el objetivo principal de coadyuvar a la seguridad pública en todo el territorio y colaborar temporalmente en esa misión con las entidades federativas o municipios. Al mismo tiempo se extinguió la Policía Federal.
A la fecha, la corporación tiene más de 128 mil elementos, con 281 bases en el país.
En septiembre de 2022, el Congreso de la Unión modificó diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de la Administración Pública Federal, para que la Sedena asumiera la coordinación operativa y administrativa de la Guardia Nacional.
La Jornada reveló en agosto de 2021 el proyecto de la Sedena para impulsar, desarrollar y entrenar a la GN y sumarla, primero, a su estructura operativa, y luego a la administrativa, hasta convertirla en la tercera fuerza armada.
El 13 de agosto de 2021 se modificó la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional con la creación del Estado Mayor Conjunto y las comandancias de las otras dos fuerzas armadas: el Ejército y la Fuerza Aérea.
El control operativo de la Guardia Nacional depende hasta ahora de mandos militares, al igual que la contratación, el entrenamiento y el despliegue en el país.
Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración. Foto tomada de Twitter @fgymexico / Archivo
El aún director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Graduño Yáñez, ya fue citado a comparecer el próximo 21 de abril, a la audiencia de imputación el juicio que se le iniciará por su posible responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, ante un juez federal de Chihuahua.
Se trata de la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en su contra por los hechos relacionados en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas y otras 25 resultaron heridas.
El ministerio público federal había solicitado que el proceso se realizara mediante videoconferencia, pero la administradora del Centro de Justicia Federal de Chihuahua, Silvia Alejandra Gutiérrez Tristán, señaló que debe ser presencial.
La FGR también solicitó la aprehensión de Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria; del contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua; Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes se señala directamente como responsables de las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Luego de que el ex presidente de México, Vicente Fox llamó ‘mentiroso’ al mandatario federal por informar que a tan solo 5 días de la salida de Enrique Peña Nieto recibió contratos de Cofepris para la venta de productos hechos con marihuana.
Esta mañana, en la conferencia de prensa, se exhibieron las pruebas de que sí, Vicente Fox sí tiene contratos para venta de productos con marihuana.
En la sección “quién es quién en las mentiras se demostraron las pruebas irrefutables sobre los permisos que obtuvieron empresas ligadas al exmandatario.
La titular de la sección demostró que los permisos ligados a la familia de Vicente Fox se dieron entre el 3 y 30 de noviembre de 2018, las cuales se otorgaron inmediatamente, 5 días antes de terminar el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Además, se mostraron una serie de permisos que se otorgaron a la empresa Khiron Life en 2018, empresa de la cual es filial Kuida Life Mexico, donde Vicente Fox es miembro del Consejo. Dichos permisos habrían sido entregados para comercializar suplementos alimenticios con cannabis.
Además, mostró documentos públicos de la empresa canadiense Khiron Life Sciences Corp de señala que Kuida Life Mexico S.A de S.V es la filial mexicana.
“Kuida Life México S.A de S.V es la filial mexicana de la empresa canadiense Khiron, en el directorio de Khiron Life Sciences aparece Vicente Fox como director de la empresa dedicada a la comercialización de productos derivados de la cannabis “, declaró García Vilchis e incluso refirió que el propio Vicente Fox ha hecho públicos sus vínculos con la empresa vía redes sociales.
También retoma notas periodísticas donde aparece Fox y el actor Roberto Palazuelos y se habla de su asociación con la empresa Paradise e incluso aparece en espectaculares de dicha empresa.
“En anuncios espectaculares aparece Fox para publicitar Paradise, una empresa que comercializa productos legales derivados de la marihuana y que busca establecer en 3 años 200 tiendas en los principales centros turísticos del país”, refiere la encargada de “Quién es quién en las mentiras”.
Por su parte, Bertha Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris, dio a conocer el modus operandi de permisos irregulares para comercializar productos derivados de cannabis.
Explicó que el 30 de octubre se emitieron lineamientos ilegales de cannabis y en 5 días se entregaron 65 autorizaciones a 11 empresas que lo solicitaron.
#ConferenciaPresidente | @BerthaAlcalde, titular de Operación Sanitaria de @COFEPRIS, informó las acciones realizadas por la Comisión por las autorizaciones irregularidades para comercializar productos con cannabis:
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, además del titular del INM, también se procederá legalmente contra cuatro servidores públicos vinculados directamente con las conductas que generaron la muerte a 40 migrantes y las lesiones de al menos otros 28 extranjeros en tránsito por México.
Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) anunció esta noche que procederá penalmente contra Francisco Garduño Yañez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), luego del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que causó la muerte de 40 extranjeros.
A través de un comunicado, la FGR informó: “Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (Artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal)”.
Además, la Fiscalía expuso que se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
#FGRInforma | Por los hechos ocurridos en el centro migratorio de #CdJuárez, Chih., se procedió penalmente contra Francisco “N” y Antonio “N”, directivos del @INAMI_mx, por incumplir obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a personas e instalaciones a su cargo. 1/3 pic.twitter.com/NAV5g6Wj4u
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, la FGR planteó que “ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.
En el comunicado oficial, la FGR agregó que también omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias. Y, además, “se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”.
“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”, expuso la Fiscalía, que ofreció seguir informando lo que legalmente proceda.
Precisamente este día, alrededor de las 12:00 horas, Garduño publicó un hilo de Twitter en el que comentó que se encuentra en Ciudad Juárez desde que se enteró de lo ocurrido en las instalaciones del INM.
“He dispuesto de todo el apoyo por parte del @INAMI_mx para el traslado, la compra de medicamentos y equipo para su atención”, escribió.
Me encuentro en Cd. Juárez desde el primer momento que tuve conocimiento de este lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido
He dispuesto de todo el apoyo por parte del @INAMI_mx para el traslado, la compra de medicamentos y equipo para su atención. pic.twitter.com/SnQA5mmCkR
Y agregó: “A cada familiar le hemos brindado todo nuestro apoyo con traslados, hospedaje, comunicación, alimentos y demás servicios que necesiten”.
Ante estas publicaciones, y en un comunicado del INM sobre la repatriación de 23 migrantes en este día, medios de comunicación resaltaron la reaparición pública del funcionario a quien no se le había visto públicamente desde el 27 de marzo pasado cuando se suscitó el mortal incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que también ya ha sido cerrada en forma definitiva.
AMLO HABLA SOBRE RENUNCIA GARDUÑO
El pasado 30 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre una posible renuncia de Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, luego de la tragedia del pasado 27 de marzo, a lo que el mandatario refirió que él y los demás funcionarios esperarían a las investigaciones de la Fiscalía General de la República, encabezada por el cuestionado Alejandro Gertz Manero, para adjudicar responsabilidades.
“Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la Fiscalía la que va a iniciar procesos judiciales correspondientes”, respondió el Primer Mandatario al ser cuestionado sobre la posible renuncia de Garduño.
“Decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables y hablé con el Fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia”, dijo.
López Obrador no quiso dar más detalles sobre las investigaciones ni las órdenes de aprehensión, ya que no quería dar a conocer datos o presunto hechos: “todo lo que está saliendo de las investigaciones y que no se vaya utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse, estar adelantando información nosotros”, explicó entonces.
GARDUÑO SABÍA DE “TRATOS CRUELES” EN JUÁREZ
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba informada meses antes de las violaciones a derechos humanos, a derechos jurídicos, a violaciones a la libertad personal y de tránsito en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez antes del incendio que dejó 40 migrantes muertos y más de 20 heridos, registró un reportaje publicado por el diario La Verdad de Juárez.
Incluso, planteó dicha investigación, la CNDH emitió una recomendación el 31 de enero de este año en la que pide que se abra una investigación en contra del encargado de la Estación Provisional, Daniel G.Y., representante local de la Región Noreste, ahora detenido y vinculado a proceso como uno de los presuntos responsables por la muerte de los migrantes, así como contra otros cinco agentes de Migración que estaban asignados al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.
El 20 de mayo de 2022, tres ciudadanos turcos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Abraham González, por cinco agentes del Instituto Nacional de Migración.
Los ciudadanos turcos presentaron su documentación en regla ya que contaban con un permiso de estancia turística legal por 180 días que les acaban de entregar dos días antes el Aeropuerto Internacional de Cancún.
La entrada a la estación migratoria del INM donde se registró el incendio que provocó la muerte de 39 migrantes aún se mantiene acordonada. Foto: Rocío Gallegos, La Verdad de Juárez
A pesar de identificarse legalmente y de presentar la documentación requerida para transitar por el país, los agentes de Migración argumentaron que cayeron en contradicciones en sus entrevistas y que no tenían un vuelo de regreso a la Ciudad de México por lo que los llevaron detenidos a las Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración del Puente Lerdo.
El 23 de mayo les entregaron los oficios para que abandonaran el país de manera definitiva, a pesar de contar con la estancia legal por 180 días. Pero aún así los mantuvieron detenidos. Seis días estuvieron detenidos en la Estación Migratoria.
Luego de eso interpusieron su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Tras 8 meses de seguimiento la CNDH lanzó una recomendación al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, para que investigara a los oficiales que estuvieron en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y al representante local de la Región Noreste y por lo tanto de la Estación Migratoria del puente Lerdo.
De acuerdo con la CNDH se violó el Artículo 7 de la Convención Americana “… nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”.
LA TRAGEDIA
El incendio que mató a 40 migrantes en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juarez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo en la noche, ocurrió en un momento en que Estados Unidos y México están siendo presionados para hacer frente al número extraordinario de personas que huyen de sus patrias.
El incendio comenzó en una zona de dormitorios donde estaban alojados 68 hombres, según el INM. La agencia migratoria condenó los hechos que provocaron el fuego, pero no explicó cómo se actuó ante la emergencia ni por qué no se evacuó a las personas.
La estación del INM en Ciudad Juárez se mantiene con vigilancia de la Guardia Nacional, tras el incendio donde murieron 39 migrantes. Foto: Rocío Gallegos, La Verdad
En un video que circuló en redes se observa que dos personas en uniforme entran corriendo en el encuadre de la cámara y al menos un migrante aparece junto a la puerta metálica tras las rejas. Ninguno de los agentes se acerca a las celdas para abrirlas sino que huyen mientras todo se llena de humo.
El 29 de marzo, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, detalló que alrededor de las 8:30 horas del día lunes, algunos migrantes juntaron colchonetas y las apilaron, y minutos después les prendieron fuego.
Explicó que luego que se inició el fuego, “ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro dentro. Momentos después llegaron al lugar bomberos, Protección Civil, elementos de la Guardia Nacional”.
Imágenes del lugar mostraban hileras de cuerpos bajo mantas de emergencia ante el recinto. Foto: Juan Ortega Solís, Cuartoscuro
La Fiscal Especial señaló que, según los testimonios, migrantes dentro del lugar tenían el temor de ser deportados y un grupo pequeño comenzó a apilar colchones para prender el fuego, aunque les faltan tomar declaraciones a los heridos.
Los cuerpos de 31 de los fallecidos, en su mayoría centroamericanos, ya han sido repatriados a sus países de origen, informaron las autoridades mexicanas el martes.
Hasta el momento no estaba claro quién tenía las llaves de la celda o si había más de un juego, pero el Presidente mexicano afirmó el martes que la intoxicación que provocó la muerte de los migrantes tuvo lugar porque “quien tenía la llave, no estaba”.
La explicación de AMLO sobre la muerte de 40 personas migrantes en #CiudadJuárez:
“Todo indica que hubo una protesta, le prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación. La puerta estaba cerrada porque quien tenía la llave no estaba”. pic.twitter.com/iLpPpReOJF
Cinco personas —tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego— están bajo proceso, acusados de homicidio y lesiones ya que en el suceso una treintena de personas quedaron heridas.
Mientras avanzan las investigaciones que, según el Gobierno federal, analizará a toda la cadena de responsabilidades y las irregularidades en cuanto a las medidas de protección civil en caso de emergencia, comenzó la repatriación de las víctimas. Primero, la de un colombiano, luego la de siete salvadoreños y este martes, la de 17 guatemaltecos y seis hondureños.
La inversión de 6 mil millones de dólares que realizará el gobierno federal en la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica que actualmente pertenecen a Iberdrola, se amortizará en un plazo de alrededor de 10 años, pues la participación en el mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasará de 39 por ciento a un 55 por ciento al momento de la firma, y llegará a un 65 por ciento en el transcurso de un año.
El mandatario señaló que, debido a que en las anteriores administraciones se apostó a la chatarrización de la CFE, tal como lo hicieron con Petróleos Mexicanos (Pemex), para así justificar su privatización, se dejó de invertir en nuevas plantas generadoras de electricidad, por lo cual las que se están adquiriendo a Iberdrola tienen aún una vida útil tres veces mayor al promedio de las que están en manos de la paraestatal.
“Cuando hablan de chatarra, pues tomemos en cuento que estas planta las más antiguas se construyeron hace 40 años en promedio son 18 años de vida de estas plantas, las más antiguas 40 años, no sé si 18 o 28 años. Tenemos el dato. Este parque de plantas, 13 plantas, 12 de ciclo combinado y una eólica, tienen un promedio de vida útil tres veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la CFE, son más nuevas que en promedio que las de la CFE”, dijo el Presidente.
López Obrador señaló además, que se trata de una muy buena operación ya que construir 13 plantas le tomaría al gobierno al menos 10 años al mismo costo y mientras tanto la CFE se mantendría como una empresa minoritaria en el mercado, con lo que se obstaculizaría la política energética tendiente a la soberanía en este rubro.
“En el caso de Pemex vamos bien, vamos hacia la autosuficiencia. Y en caso de la industria eléctrica también, vamos hacia adelante. Yo entiendo que algunos se enojan, ellos no quisieran que las empresas públicas salieran adelante, ellos son muy partidarios de privatizar ganancias y socializar pérdidas, esa es su filosofía”, dijo López Obrador.
Esta operación, que se espera sea concretada en un máximo de 45 días, complementará las que se encuentran en construcción en Mérida y Valladolid, en el estado de Yucatán y la modernización de 12 plantas hidroeléctricas, cambiando turbinas que producen más energía, además del parque de energía fotovoltaica que se encuentra en construcción en Sonora y las próximas inversiones en energía eólica, por lo que “vamos muy bien, vamos hacia la autosuficiencia, y en el caso de la industria eléctrica vamos hacia adelante”, concluyó.
