Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que tiene la información de que hay otro excolaborador de García Luna en la SCJN y afirmó que el Poder Judicial “no solo protege criminales, también se rodea de ellos”.
El presidente señaló que la información sobre excolaboradores de García Luna en la SCJN es de escándalo.
Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario capitalino señaló que será hasta este martes cuando se de a conocer el perfil de esta nueva persona dentro de la SCJN.
“Me mandaron el documento de otra abogada, mañana les voy a dar a conocer, que parece que trabajaban juntas que también la contrataron la corte, pero no tiene ella demanda pero si trabajo allí con Garcia Luna y tiene un cargo en la Corte administrativo de manejo de fondos”, señaló el presidente.
Cabe recordar que en días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció, que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrató a la exdirectora de recursos materiales de Genaro García Luna, Sonia Vargas Terrero, para un cargo similar.
De acuerdo con información compartida por el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, Sonia Vargas Terrero se desempeñó como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, en el periodo de Genaro García Luna.
Como exfuncionaria pública bajo el mando de García Luna fue que ella firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios, e infraestructura de la Policía Federal Preventiva, con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), puntualizó el presidente.
“Ya mañana les voy a dar el dato, que también estaba de administradora y está ahí. Parece que trabajaban juntas, la que dimos a conocer, la señora abogada y esta otra que mañana o pasado, que también la contrataron, la Corte, para no personalizar. Pero no tiene ella demanda, pero sí tabajó ella ahí, con García Luna, y tiene un trabajo en la Corte administrativo, de manejo de fondos”, dijo.
►El cartel de la salud opera libremente en el Estado de México; órganos de transparencia dicen que todo va bien mientras el Issemym vive la peor crisis de su historia.
►Derechohabientes y pensionados del Issemym apuntan que su dinero está siendo destinado para programas sociales y la campaña de la priísta Alejandra del Moral
Ciudad de México 2023- La fuerte influencia que ha logrado el ex candidato presidencial priista, Roberto Madrazo Pintado le ha funcionado muy bien en su etapa actual de empresario en la industria hospitalaria, quien actualmente opera junto a Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Madrazo respectivamente. Estos personajes han quedado evidenciados por diferentes medios nacionales como financiadores directos de la plataforma de noticias Latinus donde los conductores estelares: Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo (Brozo) son los voceros encargados de difundir propaganda en contra del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Este denominado clan ha logrado fácilmente multimillonarios contratos con diferentes gobiernos como lo han sido el de Michoacán y Estado de México. En el primero se acumulan 60 denuncias por irregularidades que están siendo investigadas, en el segundo, han sido beneficiados desde marzo de 2022 con más de 230 millones de pesos supuestamente para trabajos de sanitización en las instalaciones de 63 unidades médicas del saqueado Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).
Han sido varios los reportajes donde quedan al descubierto las empresas a cargo del clan Madrazo, sin embargo, es el Estado de México su plato fuerte donde operan a sus anchas, incluso a través de empresas con diferentes nombres, tal es el caso de Zdenco S.A. de C.V. la cual está vinculada con la empresa Medalfa propiedad de Alexis Nickin Gaxiola poderoso empresario quien financia al medio de información Latinus, con lo que se reafirma la hipótesis de que una parte importante del financiamiento de dicho medio es con recursos públicos.
Prueba de ello es el contrato directo donde se adjudicó la licitación pública nacional presencial número LPN/ISSEMYM/020/2022 a la empresa Zedenco S.A de C.V. por la cantidad de 224,859,684.96 (doscientos veinticuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 96/100 M.N.) para el servicio integral de sanitización y desinfección de alto nivel grado hospitalario en 63 unidades médicas del instituto bajo la modalidad de contrato abierto. (adjunto imagen de fallo)
Dicha empresa entró en operaciones en marzo de 2022, pero han sido diferentes los derechohabientes y personal médico quienes denunciaron en su momento a la empresa Zdenco por su inexperiencia y su mala utilización de los químicos, los cuales aplicaron en presencia de los pacientes. Las quejas hasta ese momento fueron irritación en la piel, ojos, nariz y complicaciones respiratorias, lo cual evidenció que Zdenco ignoraba los lineamientos del instituto que los contrató, pero además el documento aquí expuesto, deja ver la inflación de costos en la compra de equipos diversos, insumos y personal que llegaron a requerirse según la descripción técnica LPN/ISSEMYM/020/2022 por la compra de 3800 lts. de desinfectante a un costo de $1,044.95 por litro dando un total de $3,970,810.00 (tres millones novecientos setenta mil ochocientos diez pesos) un sobre precio fácil de gastar mientras sus pensionados y jubilados no han recibido ni un solo peso, algunos, esperando su pago desde hace más de un año.
Cabe mencionar que el precio real de dicho desinfectante ascendía en ese entonces a $42.25 pesos por litro. Si esta empresa hubiese comprado los 3.800 litros de desinfectante al precio real, el costo hubiese sido tan solo de 160 mil 550 pesos. En conclusión, Zdenco infló el precio del desinfectante a más del 200%.
Dicha problemática no habría sido conocida sin el hartazgo del personal técnico de la coordinación de la administración y finanzas del instituto quienes se atrevieron a denunciar sus inconformidades a pesar de perder su empleo.
Otro testimonio de estos jugosos contratos es la adjudicación para la contratación la licitación pública nacional número LPN/ISSEMYM/021/2020 “contratación multianual 2021-2023 del servicio de anestesia para realizarse con personal del instituto, pago por procedimiento realizado y préstamo de equipo de anestesia así como también equipo propio e insumos para diferentes unidades médicas bajo la modalidad de contrato abierto” a favor de THOMASANT GRUP S.A. DE C.V., ZEDENCO S.A de C.V., INSTRUMEDICAL S.A. DE C.V. por la cantidad de $167,851,762.20 (ciento sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos pesos 20/100 M.N.).
Cabe mencionar que THOMASANT GROUP SA. de C.V. es una empresa donde se desprende Zdenco e INSTRUMEDICAL S.A de C.V. entre otras. Todas ellas vinculadas con el clan Madrazo.
La sumatoria tan solo de estos dos contratos aquí expuestos es de 392 millones 711 mil 447.16 pesos los cuales no son aplicados de forma transparente. Sin lugar a dudas los negocios multimillonarios en el Issemym no se comparan con ningún otro. Pero ante este tema, ni Brozo, ni Carlos Loret dicen nada al respecto.
Este modus operandi, del cartel de la salud lleva décadas saqueando al Issemym. El pueblo sabe que una y otra vez se han desviado miles de millones de pesos sin que se castigue a los responsables, por el contrario, los órganos de transparencia sostienen que todo va bien respecto a las cuentas públicas. O sea, no aceptan por ningún motivo que en el instituto de salud del Estado de México impera la corrupción.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO QUE LE PERTENECE A LOS TRABAJADORES DEL ISSEMYM?
Para el 2023, el instituto recibió un presupuesto de 36 mil 951 millones de pesos, es decir, se gozó de un incremento del 26 por ciento en comparación con el presupuesto del 2022. Sin embargo, el ISSEMYM padece la peor crisis de su historia debido a la corrupción que ahí se vive.
Durante décadas a los trabajadores del ISSEMYM se les ha ocultado vilmente la realidad en la aplicación de los recursos, los derechohabientes saben poco o nada acerca del manejo monetario de este instituto de salud que el gobernador Alfredo Del Mazo Maza controla en su totalidad desde el año 2019.
Esto revela que el gobierno del Estado de México ha tejido una red perfecta de corrupción que oculta con murallas la verdad, pues no han podido resolver los problemas financieros que enfrentan desde hace varias administraciones y que repercute en los recursos que en realidad le pertenecen a los pensionados y derechohabientes.
Los viciosos negocios en lo oscurito, la compra de insumos a sobreprecio y la renta de equipo médico a altos costos (por mencionar algunos) ocasionan que este instituto esté viviendo una debacle que es imposible de ocultar debido a que continúa el desabasto de medicamentos, la falta de servicios médicos y una proliferante deuda a más de dos mil derechohabientes quienes llevan esperando hasta cinco años el pago de sus pensiones, jubilaciones y algunos fallecieron sin recibir un solo peso de sus ahorros.
Hoy gracias a esos nexos de altos vuelos es que podemos saber quiénes son los responsables del desfalco al ISSEMYM, un círculo cercano al Gobierno del Estado de México en el que instituciones estatales de todo tipo son beneficiadas con recursos de los trabajadores, pero… ¿Dónde están los recursos del ISSEMYM que no han sido entregados? Por supuesto que documentos en el poder de 4Q aún no revelados demostrarán estos ilícitos en la siguiente entrega de esta investigación.
El cartel de la salud: nuevos contratos multimillonarios en Issemym involucran al clan Roberto Madrazo y gobierno del Edomex https://t.co/vwjjbxIRb3
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 24 de mayo de 2023. Foto José Antonio López.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se suspendieron las negociaciones sobre la venta de Banamex entre Citigroup y Germán Larrea, dueño de Grupo México, esto debido a que el empresario pidió “más garantías”.
Tras ello, el mandatario insistió en la posibilidad de que su administración encabece la compra con una sociedad público-privada, ya que el gobierno federal requiere un banco, y para lo cual se podría disponer de hasta 3 mil millones de dólares. Además, apuntó que aún tiene su gobierno un “margen de deuda” por debajo de lo que adquirieron las dos administraciones federales anteriores.
“Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación, y a demás son procesos lentos, entonces, si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad”, indicó el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa.
López Obrador añadió “que pedían ellos, los de Grupo México -eso fue lo que me dijo el Secretario de Hacienda que le informaron los de Citi- más garantías, quién sabe qué tipo garantías”. Yo creo que nos escucharon aquí los de Citi cuando dije aquí que era un buen negocio, agregó.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional reiteró que de los 7 mil millones de dólares que representa la operación, 2 mil millones son por impuestos, por lo que el gobierno requeriría 5 mil millones para hacer la compra. Se puede hacer, dijo, con «una sociedad público-privada, donde el gobierno aporte otra cantidad. “Podemos disponer de hasta de 3 mil millones de dólares, y 2 mil que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos, ¿por qué?, porque es un buen negocio”.
Detalló que hablará con el Secretario de Hacienda “para que se vea, porque podríamos hacerlo”.
También, explicó que los 3 millones de dólares representan menos de 60 mil millones de pesos. “¿Saben cuánto tenemos de margen nada más en deuda que podríamos contratar para quedar como el endeudamiento que hizo Calderón y Peña Nieto?, 3 puntos abajo del producto (PIB)… son 900 mil millones de pesos que tenemos todavía. O sea, sí tenemos. No es para presumir. pero están fuertes las finanzas públicas”.
Tras recordar los procesos de privatización, que dejaron al Estado sin contar con un banco, y parte del sector petrolero y eléctrico, expresó que “es el colmo que te cobraban más por la gasolina, que te aumentaban los impuestos, que te pagaban más por la luz, ¿y que todavía les aplaudas a los que estaban robando?, ¿cómo vas a aplaudirle a quienes convirtieron la deuda de unos cuantos, de los de mero arriba, en deuda pública, que te transfirieron su deuda y tú la tienes que estar pagando?, no te dejes manipular”.
Señaló que de no haber “sonado la campana”, México estaría comprando petróleo crudo, e importando materia prima, porque no habría ni siquiera el mínimo para producir las gasolinas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 23 de mayo de 2023. Foto Pablo Ramos
Con la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular por completo el decreto que declaraba como de seguridad nacional las obras estratégicas, se confirma, como se dice coloquialmente, que “ya perdimos a la Corte”, porque existe un divorcio entre sus decisiones y el interés público, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada. Están al servicio de los potentados, de las minorías, de lo que conceptualmente se conoce como la oligarquía, el poder de los ricos”.
Durante su conferencia se refirió a la resolución que adoptaron los ministros y que canceló por completo su decreto emitido en 2021, sobre las obras estratégicas, cuestionando las motivaciones que tuvieron para la decisión. Para el mandatario, la decisión confirma su inclinación para defender los intereses particulares, sin tener aprecio al interés público. Nada les importa, dijo, “es como vivir en otro mundo, existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos”.
Sin embargo, desestimó sus efectos porque como ya sabía que la resolución vendría en este sentido, se anticipó para emitir un nuevo decreto que busca garantizar la continuidad de las obras estratégicas.
“ Ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas. No estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que realizamos se promueven con un grupo vinculado a los jueces, magistrados y ministros. Existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos contra las obras que realizamos, desde la construcción del aeropuerto Felipe Angeles”.
Acusó que hay un conjunto de abogados que sistemáticamente han promovido amparos como el ex ministro de la Corte, José Ramón Cossío, el abogado Miguel Carbonell o el ex secretario de Gobernación, con Felipe Calderón, Fernando Gómez Montt. Todos ellos, cuya principal estrategia es el tráfico de influencias..
Ante las posturas de algunos ministros de que continuarán defendiendo la Constitución, López Obrador dijo que son los primeros en vulnerar porque violan el artículo 117 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que el presidente y ellos devengan 4 o 5 veces más que él.
Por ello reiteró que es necesario impulsar una reforma al Poder Judicial y ratificó la viabilidad de elegir a los ministros, mediante propuestas de los tres poderes de la Unión, con requisitos mínimos que en ese caso podría ser contar con maestría o doctorado en derecho. Se daría tiempo para conocer sus propuestas y difundir sus trayectorias.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Corte de Norma Piña contrató a Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora general de Recursos Materiales de la Policía Federal bajo las órdenes de Genaro García Luna.
Durante su conferencia matutina, el mandatario federal dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrató a una excolaboradora del narcotraficante Genaro García Luna. De acuerdo con la información presentada, Sonia Vargas Terrero fungió como encargada Recursos Materiales de la Policía Federal cuando Genaro García Luna estaba a cargo de la seguridad del país. Actualmente se desempeña como Directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.
“Ayer vinieron, me entregaron de parte de Atención Ciudadana unos papeles de aquí de mis vecinos, los de la Corte, y lo que me trajeron: resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era Directora de Recursos Materiales cuando García Luna” dijo el mandatario.
De acuerdo a la información proporcionada, Vargas Terrero firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructuras de la Policía Federal Preventiva. No obstante, estos contratos se hicieron con empresas que se encuentran bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
AMLO aseguró que la ahora funcionaria de la Corte está en la investigación de todos los contratos que entregó la Policía Federal de García Luna. Fueron presuntamente dos entidades del Gobierno federal que suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna, por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares.
“Son contratos de muchísimo dinero. Más que preocuparme, me ocupo, tengo que estar más despierto que de costumbre, están buscando bloquear, contrarrestar todo lo que hacemos, y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador”, dijo López Obrador sobre la Corte.
El mandatario federal aseguró que la información se la hizo llegar la ciudadanía, pues ese es su “servicio de inteligencia“.
“Desde siempre la gente nos informa, por eso yo digo ¿Para qué queremos espionaje si tenemos inteligencia?” expresó el mandatario.
Finalmente, López Obrador sugirió la hipótesis de que se descongelaron de cuentas de la esposa de García Luna por parte de un Tribunal Colegiado luego de la contratación de Vargas Terrero. “¡Pues coincide! Esa señora estaba ahí, es una hipótesis”, dijo.
Esta mañana, desde su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que prevé otorgar un indulto a Roxana Ruiz, quien en días pasados fue condenada por una jueza a pasar 6 años de prisión por asesinar a su violador.
“Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven. La justificación del juez es tremenda… exceso de legítima defensa, eso fue lo que manejó. Lo estamos viendo y si procede, que se pueda aplicar el indulto, lo vamos a hacer”, dijo López Obrador en conferencia mañanera.
En días pasados, una jueza del Estado de México sentenció a seis años y dos meses de prisión a Roxana Ruiz, por el homicidio de su agresor sexual, argumentando “exceso de la legitima defensa”.
Tras la sentencia de 6 años y 2 meses de prisión a Roxana Ruiz por “uso excesivo de legítima defensa”, al defenderse de su agresor, @lopezobrador_ dijo que su gobierno buscará la manera de ayudarla. “Si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, lo haremos”, sostuvo. pic.twitter.com/Z3rhFcl7YT
Ante las críticas de ciudadanos, el Poder Judicial de Estado de México pidió a periodistas y sociedad, respeto para la jueza que resolvió, ya que afirmó que con las pruebas presentadas por las partes, se argumentó que la joven si usó “exceso de defensa” pues, en palabras sencillas, habría matado y ‘rematado’ al hombre que la violó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 19 de mayo de 2023. Foto José Antonio López
El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el decreto emitido ayer para que los proyectos estratégicos sean considerados como de “seguridad nacional y de interés público” trata de “blindar” estas obras ante el embate del bloque conservador que “busca contrarrestar todo lo que hacemos”.
Apuntó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y denunció que la presidenta Norma Piña contrató recientemente a Sonia Vargas, quien era la directora de recursos materiales de la Policía Federal en la época de Genaro García Luna y es investigada como parte del proceso contra el ex titular de Seguridad Pública; además que acusó que la mano del gobierno de Estados Unidos está detrás de quienes buscan frenar la construcción del Tren Maya, al financiar a grupos opositores.
Por ello, en la mañanera de este viernes en Palacio Nacional afirmó, se decidió emitir el nuevo decreto para clasificar como asunto de seguridad nacional ésta y otras obras de infraestructura.
“Hay un despacho de la organización de Claudio X. González, donde esta (Fernando) Gómez Mont, donde está (José Ramón) Cossío, un abogado Carbajal y otro abogado que es el que da la cara (Gerardo Carrasco) y es el que ha presentado todos los amparos. Todos ellos forman parte de esta organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ya lo aceptaron en la agencia del gobierno de Estados Unidos, nada más que les siguen dando”.
Ligado a ello, agregó el mandatario, en el Poder Judicial, en particular la SCJN “está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto, al grado que ayer me llegó una información acerca de que la presidenta de la SCJN contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna, fue directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal en en el periodo de García Luna y está en investigación de todos los contratos que entregaron.
“Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal con empresas que se encuentran en investigación por parte de ala Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023 la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal”.
Por ello, el mandatario justificó: “¿Cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general, y ese es mi trabajo y ofrezco disculpa por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público”.
En la conferencia refirió además que los opositores son “gente irresponsable, sectaria, mafiosa que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, soberbios y corruptos”.
Agregó: “¿Y por qué nos preocupa y por qué sí se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos, y eso lo podemos probar”.
El jefe del Ejecutivo aseguró que habrá transparencia a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los recursos que se asignan para la construcción del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Chetumal y Palenque y otras obras blindadas por el decreto.
“No hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra, es decir, no quieren que se sepa nada, no, la ASF está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger esas obras porque estos incesantes, irresponsables corruptos, además muy antipatriotas pueden pararnos las obras como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense, los beneficios para la gente del sureste cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos”, enfatizó.
La construcción de la estación del Tren Suburbano que llevará de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en menos de una hora ya lleva avance, pese al pequeño retraso que tuvo respecto a su planeación original.
En la proyección inicial se había estimado que la estación estuviera lista para el segundo semestre del 2023, pero a decir del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, las operaciones comerciales iniciarían en los primeros meses del 2024.
El proyecto contempla un total de 42 kilómetros, que van desde Buenavista hacia la terminal de Santa Lucía, pasando por los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, recorriéndose en un total de 39 minutos.
Se tienen previstas seis estaciones más de las siete que ya existen en este transporte, que actualmente conecta la Ciudad de México con el Estado de México con paradas en Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán.
En el caso de la terminal de Buenavista es de suma importancia, pues se ubica entre la avenida Insurgentes y el Eje 1 Norte, permitiendo llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en poco menos de 20 minutos en automóvil, con una distancia de apenas 10.6 kilómetros.
Además esta terminal se encuentra a seis estaciones de San Lázaro, de la Línea B del Metro de la Ciudad de México, donde se ubica la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Poniente (TAPO) y conecta con icon más del Sistema de Transporte Colectivo (SCT).
Las personas que habitan en el sur de la Ciudad de México, podrán llegar a Buenavista mediante la avenida Insurgentes con la Línea 1 del Metrobús capitalino, que pasa por Ciudad Universitaria, San Ángel, La Condesa, La Roma, la Zona Rosa, entre otras.
También es posible trasladarse desde Indios Verdes y pasar por La Raza, o bien, por la Línea 3 que conecta el sur con el poniente de la Ciudad de México.
De esta manera, una vez que concluyan las nueve estaciones del Tren Suburbano del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles aumentará considerablemente la conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México.
El gobierno de Calderón desvió casi 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud a medios de comunicación. Documentos de Hacienda en poder de Contralínea revelan que los recursos se extrajeron entre mayo de 2010 y noviembre de 2012. Por la presunta corrupción en contrataciones de publicidad gubernamental está en prisión el exdirector de Comunicación Social de la Ssa en ese sexenio, Carlos Olmos Tomasini. Entrevistado en 2013 por Contralínea acerca de los sobreejercicios en campañas publicitarias de Salud que investigaba la Función Pública, éste acusó que las órdenes las recibió de Presidencia, a través de Alejandra Sota y Maximiliano Cortázar, dos de los principales colaboradores del expresidente.
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desvió más de 1 mil 998 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa) para el pago a medios de comunicación y de consultorías, revelan cinco acuerdos de ministración de fondos emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre mayo de 2010 y noviembre de 2012.
Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías de la Función Pública y Hacienda indagaban sobreejercicios por presuntas contrataciones irregulares en Salud con medios de comunicación. Las investigaciones siempre apuntaron a la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia, e incluso por este caso ya se encuentra en prisión –desde diciembre de 2022– el extitular del área, Carlos Olmos Tomasini, a quien se le imputó su presunta responsabilidad en un desfalco por al menos 300 millones de pesos.
Por ello, llama la atención que en el expediente al que tuvo acceso Contralínea mediante la Ley General de Transparencia, entre las decenas de acuerdos de ministración de fondos figuren cinco que dan cuenta de esa relación multimillonaria entre la Secretaría de Salud y medios de comunicación afines al calderonismo.
De acuerdo con esos oficios, los multimillonarios fondos públicos fueron solicitados a Hacienda cuando la Ssa era encabezada por José Ángel Córdova Villalobos, y luego por Salomón Chertorivski Woldenberg. Todos amparan gastos de campañas publicitarias y se justificaron como recursos “para atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación”. Como Contralínea lo ha documentado, transferir discrecionalmente dinero público de una partida presupuestaria a otra configuraba el delito de peculado, pero esta práctica fue “legalizada” –mediante la normativa interna– por el gobierno de Vicente Fox Quesada, cuando el secretario de Hacienda era Francisco Gil Díaz.
Y aunque una de las condiciones para otorgar esos acuerdos de ministración de fondos es que la asignación urgente se debe regularizar con cargo a los respectivos presupuestos de quien lo solicita invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada o mediante la devolución de los mismos a la Tesorería de la Federación, la realidad es que se acababan contabilizando como sobreejercicios.
Así lo demostró el informe 10-0-06100-02-0764 de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual se documenta que en el sexenio calderonista el dinero no se devolvía a la Hacienda Pública, sino que terminaba contabilizándose como “adecuaciones al presupuesto”, es decir, las dependencias y entidades de la administración federal gastaban más de lo que se les asignaba en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados. Y eso es lo que ocurrió en el caso de la Secretaría de Salud.
FOTO: LUIS RAMÍREZ /CUARTOSCURO.COM
Los acuerdos
El primer oficio mediante el cual se transfirieron recursos extraordinarios a Salud para pagarle a medios de comunicación por concepto de publicidad fue el 801.1.-156(10). Éste lo firmó Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, entonces subsecretario de Egresos. Como “deudor diverso ante la Tesorería de la Federación” quedó Laura Martínez Ampudia, en aquel momento subsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa.
De acuerdo con ese oficio, se autorizó un monto de 350 millones de pesos “para la implementación de la estrategia y programa de comunicación social 2010 (200.0 millones de pesos) y fortalecer el objeto social del Seguro Popular (105.0 millones de pesos)”.
El segundo acuerdo de ministración de fondos ascendió a 635 millones de pesos, y fue firmado por Carlos Montaño Fernández, quien sustituyó a Pérez-Jácome en la Subsecretaría de Egresos. Se trata del documento con folio 801.1.-151(11), del 15 de junio de 2011, en el cual se indica que la Secretaría de Salud solicitó el dinero público para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Asimismo, el documento especifica que 600 millones de pesos se destinarían al concepto de “difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, para dar continuidad a la estrategia del programa de comunicación social desarrollada por la CNPSS. Mientras que los otros 35 millones se gastarían en estudios e investigaciones para continuar con el desarrollo del modelo para mejorar la eficiencia y fortalecer el objeto social del Seguro Popular”.
En el año electoral 2012, Hacienda autorizó a la Secretaría de Salud los otros tres oficios multimillonarios. Los acuerdos fueron firmados por Treviño Medina, entonces subsecretario de Egresos:
-Oficio 801.1.-102, del 12 de junio, por 500 millones de pesos. Los recursos fueron transferidos a la Dirección de Comunicación Social –entonces a cargo de Olmos Tomasini– para “el pago de los compromisos generados con medios de comunicación por los servicios de difusión de la campaña adicciones, versiones: prevención y atención de las adicciones fase 1; prevención y atención de las adicciones fase 2; y red nueva vida, mediante las cuales la Secretaría de Salud informa a la población acerca de los programas preventivos, del tratamiento y control de las adicciones”.
-Oficio 801.1.-118, del 23 de julio, por 447 millones 273 mil pesos. El monto también fue entregado a la oficina de Olmos Tomasini, para “cubrir el pago por los servicios de difusión de las campañas: control de enfermedades y alerta sanitaria versión: vacunación fase 1; igualdad de oportunidades versión: infraestructura hospitalaria y equipamiento médico; y adicciones, versión: para el pago de los compromisos generados con medios de comunicación por los servicios de difusión de la campaña adicciones, versiones: prevención y atención de las adicciones fase 1; prevención y atención de las adicciones fase 2; y red nueva vida”.
– Oficio 801.1.-161, del 20 de noviembre –apenas 10 días antes de que concluyera el gobierno de Calderón– por 111 millones 144 mil 399.20 pesos. Nuevamente, el destinatario fue la Dirección General de Comunicación Social.
Según ese acuerdo, los fondos tendrían como objeto “cubrir el pago por los servicios de difusión de las campañas ‘infraestructura hospitalaria y equipamiento médico’, ‘prevención y atención de las adicciones fase 1’, ‘prevención y atención de las adicciones fase 2’ y ‘red nueva vida’; así como la campaña [de] control de enfermedades y alerta sanitaria ‘vacunación fase 1’”.
En el sexenio de Felipe Calderón, el gasto en publicidad gubernamental en medios de comunicación ascendió a 32 mil millones de pesos, y se detectaron anomalías en el uso de ese presupuesto público no sólo en Salud –donde la SFP documentó un sobregiro de 317 millones de pesos–, sino también en las secretarías de Desarrollo Social y Turismo.
Otro de los hallazgos de esas indagatorias –de las que Contralínea tiene copia– era que en 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio–, el gobierno calderonista gastó 6 mil 860 millones de pesos en publicidad en medios electrónicos e impresos (Reforma, 4 de diciembre de 2012). De ese total, Olmos Tomasini reconocía que la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones sólo en aquel año, es decir el 36.44 por ciento.
FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
Los sobreejercicios
En abril de 2013, cuando la Secretaría de la Función Pública profundizaba las investigaciones por el presunto desfalco a la Hacienda Pública mediante acuerdos irregulares entre Comunicación Social y medios de comunicación, Contralínea entrevistó a Carlos Olmos Tomasini acerca de esas imputaciones. El exresponsable de la asignación publicitaria –que por este caso se encuentra actualmente en prisión– aseguró en aquel momento que las órdenes siempre las recibió de la oficina de prensa de la Presidencia de Felipe Calderón.
Abiertamente señaló a sus extitulares Maximiliano Cortázar (2006-2010) y Alejandra Sota (2010-2012) de haberle ordenado utilizar recursos públicos para pagar miles de millones de pesos a los medios de comunicación. El entonces coordinador de Comunicación Social del Senado de la República, Carlos Olmos Tomasini, aseguró haber recibido instrucciones directas de la Presidencia de la República para otorgar las partidas presupuestales para la publicidad oficial. Las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían de ello le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación, según dijo.
Las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia de la República “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”, afirmó Olmos Tomasini. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”. Y agregó: “nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga, o donde venga: ‘Presidencia [ordena] esto’. Te hablan, ‘haz esto’”.
Las indagatorias de la SFP y Hacienda comenzaron luego de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República, y empezara a recibir presiones de medios de comunicación para que se les pagara por la publicidad contratada a fines del sexenio pasado. Ello, porque en la Secretaría de Salud no se pagaron 260 contratos por “insuficiencia presupuestal”. Es decir, la administración de Salomón Chertorivski Woldenberg heredó una deuda de 317 millones 78 mil 991 pesos a la secretaria peñista Mercedes Juan López.
Desde el inicio del sexenio de Peña, Hacienda manifestó que el dinero para el pago de esos 260 contratos nunca fue autorizado por el Congreso de la Unión ni por esa secretaría. No obstante, Olmos Tomasini aseguró a Contralínea en abril de 2013 que “las campañas [publicitarias] de salud siempre son emergentes. No tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña; entonces Gobernación te dice: ‘necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones; súbelo, arma la campaña’. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando”.
El siguiente es un fragmento de la entrevista que esta revista sostuvo con Olmos Tomasini:
—¿Por qué gastaron 2 mil 500 millones de pesos en un año electoral?
—Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después.
—¿2 mil 500 millones en 3 meses?
—Perdón, pero fue la orden que tuvimos.
—¿Quién lo ordenó?
—Presidencia y Gobernación.
A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, la publicidad gubernamental se usó de forma facciosa, para premiar a medios afines y castigar a medios críticos (la discriminación fue documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los casos de Contralínea y Proceso, revistas que sistemáticamente fueron excluidas de esas partidas presupuestales).
La relación de complicidad que se estableció entre el calderonismo y la prensa mediante los acuerdos económicos quedó al descubierto el 23 de marzo de 2011, cuando 715 medios de comunicación –encabezados por Televisa, Excélsior, El Universal, El Economista, La Razón; grupos: Multimedios (Milenio diario), Imagen, Radio Fórmula, Radio Centro, W Radio, ACIR, Expansión; las revistas Nexos, Etcétera– uniformaron sus criterios editoriales para dejar de informar la violencia. Así, de la mano del gobierno calderonista, violentaron el derecho humano a la información del pueblo de México y el derecho humano a la verdad que tienen todas las víctimas. Su silencio cómplice ocurría en el peor momento de la crisis humanitaria en la que se había sumergido México por la “guerra” que ordenó el político de derecha para beneficio –ahora se sabe– del Cártel de Sinaloa. Además, generó un manto de impunidad a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos por su alianza con el crimen organizado.
José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, fue sentenciado por un juez federal a 92 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro agravado.
El exfuncionario fue declarado culpable de ordenar el secuestro de seis activistas, entre los que se encontraba Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ).
Fue Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros, Tamaulipas, quien dictó una sentencia condenatoria a Abarca Velázquez.
💥#ULTIMAHORA💥 ¿Se acuerdan del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca?
¿Por qué caso fue sentenciado José Luis Abarca Velázquez?
Investigaciones hallaron que José Luis Abarca ordenó el secuestro de Arturo Hernández, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa.
El 30 de mayo de 2013, Hernández Cardona fue desaparecido junto con otros siete activistas, todos integrantes de la Unidad Popular.
Tras la desaparición de los activistas, familiares presentaron una denuncia en contra del entonces presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, de su esposa María de los Ángeles Pineda y de Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública local.
El 3 de junio de ese mismo año, se encontró el cuerpo de Hernández Cardona, “con los ojos vendados y claras señales de tortura y de ejecución”.
De acuerdo con Nicolás Mendoza, uno de los testigos de lo ocurrido, Abarca Velázquez -entonces alcalde de Iguala- fue quien ordenó su secuestro y ejecución, según sus declaraciones ante la Procuraduría estatal de Guerrero.
¿Y el caso Ayotzinapa?
El exalcalde de Iguala es conocido porque fue durante su administracióndesaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”
José Luis Abarca fue señalado como presunto responsable del secuestro, al igual que su esposa, María de los Ángeles Pineda.
En septiembre de 2022 un juez federal absolvió a José Luis Abarca por la desaparición de los 43 normalistas, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, al que se le adjudica la desaparición de los estudiantes durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Cabe señalar que la FGR cumplimentó nuevas órdenes de aprehensión en contra de él y María de los Ángeles Pineda. Actualmente, el exalcalde de Iguala permanece en el penal de El Altiplano.
