SALTILLO, COAHUILA.- El subsecretario de seguridad federal con licencia, Ricardo Mejía Berdeja, visitó este sábado la capital del Estado coahuilense, con el fin de promover la Revocación de Mandato que se votará este próximo 10 de abril, el cual califica como un ejercicio histórico en la democracia del país.
Dentro de sus múltiples reuniones con parte de la militancia y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, expresó la importancia de participar en las elecciones y apoyar a las familias que viven en ejidos o colonias aledañas, con el fin de dar información precisa a todas esas personas que no tienen acceso a las redes sociales, pues los medios de comunicación tradicionales no le han dado suficiente difusión a esta actividad.
En entrevista con los medios de comunicación, al ser cuestionado sobre la división que atraviesa el partido en Coahuila, Mejía Berdeja indicó que son invenciones de la oposición, pues para muestra del nulo divisionismo, está la reunión que tuvo en un salón de eventos en la zona norte de la ciudad, en donde estuvo presente Armando Guadiana Tijerina, la Diputada Lizbeth Ogazón Nava, el Diputado Javier Guerrero, entre otros.
Dicho evento organizado en primera instancia por el empresario castañense y abogado, Fernando Rodríguez González, con el apoyo de diversos militantes de Morena, reunió a más de 500 personas en Saltillo, mismos que conformaban en su mayoría, parte de la sociedad civil.
A pesar de que el tema central de esta reunión fue la revocación de mandato, los mismos asistentes le hicieron entrever al Subsecretario su respaldo para en caso de que sea él, el candidato para el 2023, y en entrevista, el mismo Ricardo Mejía reiteró que en su momento respaldará a quien se designe como candidato a la gubernatura.
Ricardo Mejía Berdeja no descarta contender por la gubernatura de Coahuila
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría y Protección Ciudadana Federal con licencia, está de visita en la región Norte de Coahuila donde tendrá una serie de reuniones para promover la participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato y no descartó la posibilidad de contender por la gubernatura de Coahuila en 2023.
“Si las condiciones están dadas, evidentemente sí”, respondió Ricardo Mejía Berdeja al cuestionarle si su partido se lo solicita, ¿participaría como candidato a la gubernatura de Coahuila?
Lo anterior, luego de ser cuestionado si esta promoción del voto para el proceso de revocación de mandato tiene que ver con aspiraciones propias para el próximo proceso electoral para la gubernatura del Estado de Coahuila; asegurando que no, pues es un proceso concurrente y corre de manera paralela.
“En su momento lo vamos a definir, pero si quisiera comentar que hemos encontrado simpatía de la gente en promover un cambio político para el Estado, nos parece que ya es necesario que Coahuila se sume a esta ola de transformación que vive el país y no podemos ser el reducto del PRI más rancio y antidemocrático de México”, respondió al preguntarle si le interesaría.
Cuestionado por estas condiciones, el funcionario federal con licencia manifestó que van a esperar, pues tiene una responsabilidad importante con el Gobierno Federal; por lo que manifestó que no puede poner por delante su aspiración personal, ya que reiteró que es parte de un proyecto de transformación del país; aunque aseguró que en su momento lo van a valorar.
“Evidentemente el calendario sigue corriendo y los tiempos se van estrechando y eso lo tendremos que definir en no mucho tiempo”, concluyó Mejía Berdeja.
Esta es la segunda ocasión que visita Coahuila, pues durante la semana pasada estuvo en los municipios de Monclova, Múzquiz, Castaños y Saltillo para promover la consulta para la ratificación del mandato de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México y esta semana continuará dichas actividades en las regiones Norte, Carbonífera y Laguna.
El funcionario federal con licencia detalló que las actividades iniciarán en el municipio de Allende, posteriormente en el municipio de San Juan de Sabinas (Nueva Rosita) y el miércoles estarán en las ciudades fronterizas como Piedras Negras y Ciudad Acuña; mientras que para el jueves estará en los municipios de Sabinas y el resto de la semana estará en la Comarca Lagunera.
Consideró que hay muy buena respuesta, pues está participando la gente del movimiento, pero también maestros ciudadanos, profesionistas; por lo que están haciendo un llamado a la población para que el próximo 10 de abril salgan a votar, pues en la región Norte y Centro del Estado, particularmente en el norte ha habido gran simpatía para AMLO.
“Es muy importante que la gente vote. Hay intentos de descalificar este ejercicio democrático, que es la primera vez en la historia del país que se celebra, pero es muy importante porque esto va a permitir fortalecer aún más el mandato del presidente e impulsar en el último tramo de su gobierno, un conjunto de reformas que son buenas para el país, entonces por eso es muy importante. A lo mejor no lo valoramos en su justa dimensión, porque el presidente es un líder con una gran aceptación y popularidad”, refirió Mejía Berdeja.
Consideró que es importante acostumbrarnos a este tipo de prácticas democráticas, por ello hizo un llamado a los coahuilenses, a los nigropetenses y a la población del norte del Estado para que acudan a votar y pidió no hacer caso a los llamados que se están haciendo a no participar y, por el contrario, pidió ir a votar todos el 10 de abril.
Cabe hacer mención que, el pasado viernes 25 de abril del año en curso, durante la celebración de los 93 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila; calificó como una farsa que lastima la democracia, el proceso de revocación de mandato que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) y que se realzará el próximo 10 de abril. E hizo un llamado respetuoso a las y los priístas de Coahuila, para no participar.
“Nos pareció muy grave, que haya un llamado a no participar cuando es un ejercicio que está soportado en la Constitución y en la Ley, me parece que no le ayuda a la democracia, pero nosotros vamos a salir a votar el 10 de abril”, señaló Ricardo Mejía. Además de no considerar necesario pedir la intervención del INE en este tema, pues consideró que cada uno se va a evidenciar quién es antidemocrático y quien quiere participar.
Saltillo fue la primera ciudad en México donde la gestión del agua cayó en manos privadas, hace dos décadas. Contrario a lo que afirma, la empresa podría sumar 100 mil cortes del servicio solo en 2021, pese a que la SCJN ha sentenciado que la recuperación de costos no debe ser un obstáculo brindar el acceso al agua, un derecho constitucional
Texto y fotos: Jesús Peña
Arte: Edgardo Barrera
SALTILLO.- Hace un cuarto de siglo era común reseñar en Saltillo manifestaciones de madres de familia que, cubetas en mano, cerraban calles para hacer visible la falta de agua y forzar a las autoridades a darles una respuesta. Esas estampas son hoy un recuerdo solamente.
Y es así porque en 2001, cuando en la capital de Coahuila vivían unas 580 mil personas y apenas el 10 por ciento de ellas recibía agua todos los días -y solo durante unas cuatro horas en promedio- se decidió experimentar una solución de fondo: invitar a una empresa privada para que administrara el sistema.
Así se conformó una sociedad entre el gobierno municipal -encabezado entonces por Óscar Pimentel González- y la empresa Aguas de Barcelona, dando paso al surgimiento de la empresa mixta Aguas de Saltillo (Agsal), de la que el gobierno municipal es accionista mayoritario.
Dos décadas después, los indicadores de desempeño de Agsal muestran una realidad muy distinta: con cerca de 900 mil personas viviendo en la mancha urbana, el sistema entrega el agua, por más de 20 horas al día, a más del 90 por ciento de los usuarios.
Además de la mejoría en la disponibilidad de agua en los hogares saltillenses, Agsal tiene una amplia aceptación por parte de los usuarios: 90.2 por ciento de ellos aprueba el desempeño de la empresa, según un estudio de percepción realizado a principios de 2021.
Por otra parte, la Secretaría de Salud de Coahuila le ha extendido el certificado de calidad al agua que llega a las vivienda de más de 270 mil familias. Este certificado también es avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
El gerente de Agsal, Jordi Bosch, afirma también que el esquema tarifario de la empresa garantiza que ninguna familia destine más del tres por ciento de sus ingresos al pago del agua y que el 80 por ciento de los usuarios eroga entre 90 y 110 pesos al mes por este concepto.
Sin embargo, frente a las cifras gruesas persisten casos de individuos y familias que obligan a poner comillas al término “éxito” si se pretende utilizarlo como síntesis de la historia de este modelo. Son los marginados que, por razones fundamentalmente económicas, siguen esperando que su derecho humano al agua se materialice.
Sobre este derecho, la Organización de las Naciones Unidas sostiene que “ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar”.
La Constitución mexicana, por su parte, establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentenciado que “la recuperación de los costos (que implica prestar el servicio) no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los pobres”.
Las historias que se presentan en esta investigación evidencian que en Saltillo aún hay personas para quienes tales postulados siguen siendo solo teoría y que el éxito de un modelo como el de la empresa Aguas de Saltillo no puede medirse solamente a partir de las cifras macro que convierten en “estadística marginal” las historias de seres humanos para quienes el agua constituye un lujo inalcanzable.
Agua sólo por excepción
Una noche que Sujey se recostó a descansar con Juanito, su hijo de 13 años, le palpó repentinamente una bola en la espalda.
Que le dolía mucho, le dijo Juan a Sujey y ella, preocupada, comenzó a darle masaje y le preguntó que qué tenía, que qué era eso.
El niño le confesó que andaba estresado porque ya nadie en el barrio les quería pasar el agua y cada vez que él se aparecía por el vecindario con los botes desocupados le hacían mala cara.
“Le digo: hijo, espérame tantito, ya este fin de mes, ahora sí, pongo el agua. Pero la verdad no pude juntar, no puedo pagarla sola”, narra Sujey en la sala de su casa de la colonia Saltillo 2000, al poniente de la ciudad. Frente a ella, una fila de garrafones, botes y cubetas vacías aguardan a que algún vecino condolido les permita llenarlos.
Sujey dice que, en su domicilio, el agua ha salido del grifo solo por excepción desde que llegó a vivir ahí hace casi 15 años. El papá de sus hijos, que ganaba 600 pesos a la semana como operario en una empresa de productos higiénicos, jamás pudo cumplir con el pago del contrato ni el consumo de agua.
Juanito, el hijo de Sujey, comienza ya a sufrir en su cuerpo los estragos que le causa el estrés por la falta de agua.
“Venían, nos la ponían, no la pagábamos y la cortaban”, sintetiza.
La imposibilidad para pagar el contrato, cumplir con los convenios que firmó para “reestructurar” su adeudo, los intereses y el consumo mensual, han generado a la fecha un adeudo de entre 10 mil y 13 mil pesos, según las cuentas de Sujey.
“La primera vez que fuimos a hacer el convenio íbamos a pagar como siete mil pesos, con mensualidades de 600… algo así, más 60 pesos del consumo, no se quisieron bajar más. No pudimos pagar, se nos fue juntando y nos cortaron el servicio”, relata.
La de Sujey es una entre las más de seis mil historias de familias saltillenses que, según datos de la propia Agsal, no cuentan actualmente con el servicio de agua potable.
Sin embargo, desde la perspectiva de la empresa, esta cifra corresponde a tomas originalmente instaladas en terrenos desocupados, casas en ruinas o deshabitadas. Tomas con el servicio suspendido incluso desde hace varios años.
Se trata, afirma Anahí Medina, jefa de Atención a Clientes de la empresa, de usuarios que no se han acercado a las oficinas de Agsal para regularizar el servicio, “porque no han tenido la necesidad”.
Isidro Jaramillo, trabajador de limpieza del municipio, cuenta una historia diferente. Tras acumular un adeudo de 34 mil 150 pesos por diversos conceptos, le fue cortado el suministro de agua y tuvo que dejar su casa en la colonia 26 de Marzo, al sur de la mancha urbana, y renta otra donde sí pudiera tener agua.
“Les digo a los de Aguas de Saltillo: ¿de dónde vamos a sacar los treinta y tantos mil pesos que quieren?”, al exponer su historia, que es un embrollo.
Hace 10 años, cuenta, contrató los servicios de drenaje y agua potable para su casa de la calle Francisco H. García. El presupuesto que le plantearon en Agsal implicaba pagar 31 mil 555 pesos, porque a las redes de drenaje y agua potable les faltaban 19 metros para llegar hasta su domicilio.
Isidro aceptó y comenzaron los trabajos. Al final, asegura, Agsal incumplió el trato pues sólo le conectó a la red de agua potable pero lo dejó sin drenaje.
Que no había línea, le dijeron, pero en su factura con número de contrato 472386, apareció puntualmente el adeudo por 31 mil 555 pesos. Y luego por 34 mil 150. Un adeudo que, según el recibo, debía ser liquidado “de inmediato”.
El tinaco de don Juan Cerecero está sin gota de agua desde que Agsal le negó el servicio por un adeudo impagable para él.
Isidro acudió entonces a las oficinas de Agsal para reclamar. “¿Cómo voy a pagar un servicio que no me hicieron?, les digo”. Sin haber obtenido respuesta satisfactoria a su reclamo dejó de pagar el adeudo y por ende el consumo mensual de agua. Y cuando fueron a cortarle el suministro,Isidro optó por mudarse a una casa de renta con su familia.
Juan Antonio Cerecero, vecino de la colonia Valle Escondido Sur, al surponiente de Saltillo lleva casi ocho meses sin agua. De 68 años, ex empleado del servicio de limpieza municipal, hace 14 años fue atropellado por un auto y desde entonces quedó impedido para trabajar.
El corte del servicio se registró, afirma, luego de acumular un adeudo de seis mil 500 pesos que no puede pagar porque no tiene ingresos fijos. Don Juan padece de convulsiones, a veces no tiene qué comer, tampoco luz y lo que es peor: ni gota de agua.
80 mil suspensiones en 2021
“A la gente que no puede pagar nunca se le va a cortar el agua. Nunca se le va a suspender el servicio, eh”, asegura Jordi Bosh, gerente de Agsal, quien sostiene que la empresa que encabeza cumple con todos los parámetros del derecho humano al agua.
No obstante, y según información pública de la propia empresa, entre enero y abril de este año, Aguas de Saltillo efectuó un total de 39 mil 368 cortes por adeudo. De acuerdo con el promedio de este período, en los primeros 10 meses de 2021 el organismo operador habría efectuado cerca de 80 mil suspensiones del servicio y al concluir el año podrían sumar superar los 100 mil casos.
De hecho, de acuerdo con el documento “Memoria Anual 2018” de Agsal, durante ese año el organismo operador efectuó 112 mil cortes del servicio.
También de acuerdo con cifras de la empresa, para garantizar el pago de los adeudos cada mes suscribe entre 500 y 800 convenios con usuarios que no pudieron realizar el pago de su recibo de agua.
Bosh informó que actualmente la empresa tiene celebrados seis mil 300 convenios con familias de Saltillo que por diversas causas, como fugas dentro de su vivienda, o la pérdida de su empleo, han acumulado adeudos que no pudieron pagar a tiempo.
En la aplicación de esta política, el titular de la empresa mixta no está solo. Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria del Medio Ambiente de Coahuila, e integrante del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, opina que el servicio de agua potable se tiene que pagar.
“Pero entonces ¿quién lo va a pagar?, los terminamos pagando los ciudadanos. Más vale que cada quien pague lo que le toca. Hay gente que considera que debería de ser gratis, esa es una cuestión muy discutible porque cuesta, tiene un costo el llevar el agua a tu casa”, afirma la funcionaria que representa los intereses de la población saltillense.
Es necesario tomar en cuenta, agrega, los gastos que representa extraer el agua, conducirla, almacenarla y distribuirla. “Tenemos que pagar por el servicio porque al no ser gratis, si usted prende un pozo que está a 500 metros de hondo, imagínese la energía que necesita. Entonces todo eso obviamente tiene un costo ¿Quién tiene que pagar por ese costo?, los que la usan”.
Isidro Jaramillo no puede pagar los más de 34 mil pesos que le cobra Agsal por el contrato de agua, drenaje y consumos atrasados. Por eso debe surtirse con garrafones de agua que trae de otra colonia.
Gloria Tobón Echéverri, integrante de la organización civil Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo y una de las principales activistas locales en el tema, tiene una posición crítica no solamente del desempeño de Agsal, sino de los integrantes del Consejo de Administración que representan los intereses del municipio.
“En primer lugar, los consejeros ni saben ni les interesa. Tú lees las actas, todo aprobado por unanimidad, a todo lo que dice el gerente le dicen que sí.
“Te aseguro que ni idea tienen del derecho humano al agua ni de que está en la Constitución ni de qué implica, mucho menos. Las autoridades municipales tienen obligación de cumplir, garantizar y respetar el derecho humano al agua y no lo están haciendo, porque permiten que Aguas de Saltillo viole el derecho para todos los saltillenses que no pueden pagar y tienen el servicio cortado”, sentencia.
Desde su perspectiva, tal circunstancia es particularmente relevante en el momento actual, cuando la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado afectaciones a la economía que se traducen en la pérdida del empleo, o de parte de sus ingresos, para muchas familias.
‘La empresa cumple’
El Artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Mexicana dice que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (…)”.
El gerente de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch, asegura que este organismo operador cumple a cabalidad con todos y cada uno de estos rubros.
En lo que se refiere al principio de salubridad, detalla, Agsal cuenta con un certificado de la calidad del agua que otorga el sector salud.
Respecto de la accesibilidad, el 99 por ciento de la ciudad está conectada al servicio municipal de aguas, que son las tuberías del municipio,
La asequibilidad se traduce en que el costo del agua de Agsal no supone más del tres por ciento de los ingresos familiares, toda vez que el 80 por ciento de la ciudad paga entre 90 y 110 pesos por el consumo al mes.
“Tenemos el subsidio cruzado, el precio del agua cambia en función de la zona donde vives en Saltillo”, precisa.
Y es suficiente porque se garantizan más de los 50 litros diarios por persona que, como mínimo, recomienda la OMS. “Nosotros tenemos una media de 97 litros por habitante/día, depende del verano y el invierno”, afirma.
Con tales datos, Bosch concluye que Agsal satisface el derecho humano al agua.
Cuatro años sin conexión
Doña Juana María Vázquez padece una realidad que contrasta con el diagnóstico institucional. Hace ya cuatro años que ella y su familia llegaron a vivir en una casa sin número en la calle Quinta de la colonia Valle Escondido Sur y es fecha que Agsal no les conecta el agua.
La explicación que le dan, relata, es que su comadre, que tiene doble puerta, una por la calle quinta, que es donde vive Juanita, y la otra por la calle Cuarta, puso su toma de agua por esta última y dejó a Juanita sin posibilidad de conectarse.
“Ya vinieron a ver los de Aguas de Saltillo, pero como dicen que se salta una casa no pueden hacer el contrato, Que no pueden, dijeron que no y yo batallo demasiado de agua”, señala.
Cada vez que Juanita necesita agua, o sea siempre, tiene que contratar una pipa que le cuesta 200 pesos por llenar sus tinacos, ir a verle la jeta a sus vecinas para que le den un poco de agua o cosechar el agua de lluvia, cuando llueve, para los diferentes quehaceres y necesidades de la casa: trapear, lavar los trastes.
Doña Juana María Vázquez tiene que acarrear agua todos los días en estas tinas para satisfacer las necesidades de alimentación e higiene en su domicilio.
“Ninguna solución, ninguna, que yo buscara la manera, que pidiera pipas. Yo estoy en la mejor disposición de que me hagan mi contrato porque batallo mucho, demasiado de agua”, dice.
Para Magda Yadira Robles Garza, doctora en derechos humanos y titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los casos incluidos en este reportaje encajan en el rubro de accesibilidad, incluido en la Observación General Número Quince del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Dicho rubro, explica, comprende la accesibilidad física, es decir que el agua se halle en el domicilio de la gente o en un lugar cercano a donde puedan ir las personas a tomar el agua; además comprende la accesibilidad económica.
“La parte que él (Jordi Bosch) no está viendo es la de igualdad y no discriminación… Se les está discriminando por su situación de pobreza… Decirles ‘tú pagas’ es bien fácil, pero a las personas que no tienen trabajo o que no tienen un ingreso fijo, los estás discriminando, no puedes poner a todos en el mismo cajón. Si eres taxista, se vino la pandemia y nadie sale a la calle, cómo….”. detalla la especialista.
Robles Garza agrega que es necesaria una política pública que obligue a las empresas privadas, a través de los contratos que se celebran con ellas, a respetar los derechos humanos, en este caso el derecho al agua.
En casa de Humberto no había fugas, sin embargo, sus recibos eran muy altos. Hoy sabe lo que es no tener agua en casa.
“Tenemos el problema en dos frentes: uno, de que no hay una política pública que dentro de estos convenios, de esta normativa, impida a las empresas (violar los derechos humanos).
“Y por el otro lado, en nuestros juicios de amparo no hay un caso que diga ‘ya es ley para todo el país’. Quienes promueven los litigios son quienes se ven beneficiados y entonces las empresas dicen ‘me espero a que se ampare’, y mientras ellos siguen aplicando su normativa hasta que no venga un asunto y que un juez federal les diga ‘ábrele la llave’”.
Magda Robles recomienda rescatar en este texto los llamados Principio Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU y que en sustancia hablan de:
a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales y;
b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos.
Tales principios, contenidos en la declaratoria que salió a luz en 2011: “(…) se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.
Por ello, “que no se hagan locos, que no se hagan de la vista gorda de que no los obligan porque sí se les obliga. La responsabilidad de las empresas es, tú prestas un servicio público al estado, le inviertes, claro, pero el estado mexicano tiene la responsabilidad de vigilar que tú no estés violentando ningún derecho humano. Ahí va el mensaje para el estado y para las empresas. Aquí en México no le han dado mucha publicidad a esto, tú sabes, por qué: manda el dinero”, sentencia.
¿Cuál regla es la ‘buena’?
Los tratados internacionales en materia de derecho al agua establecen con claridad que la falta de capacidad para pagar por el servicio no puede servir de argumento para la suspensión de éste y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado tal criterio.
Una jurisprudencia emitida por dicho Tribunal el 26 de febrero de 2021 dice a la letra: “los costos directos e indirectos del agua y el saneamiento no deberían privar a nadie del acceso a estos servicios y no deberían comprometer la capacidad de disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la educación, a una vivienda adecuada o a la salud. El requisito de la asequibilidad también pone de relieve que la recuperación de los costos no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los pobres”.
Y ordena: “No se suspenda el servicio público de agua potable sino para que se siga prestando aquel pero, de manera restringida, esto es, que se otorgue el mínimo vital que, de conformidad con lo determinado por la Organización Mundial de la Salud, corresponde a 50 litros de agua por persona al día en el supuesto de uso personal y doméstico”.
Sin embargo, la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, expedida por el Congreso del Estado en diciembre de 2008 y publicada en el Periódico Oficial del Estado en febrero de 2009, faculta a los organismos operadores a suspender el servicio.
“En caso de mora por parte de los usuarios en el pago de dos meses de cuota o tarifa establecida para los servicios de agua potable, podrá limitárseles el suministro a la cantidad de agua equivalente a la cuota mínima establecida en la tarifa respectiva”, establece como primera hipótesis el artículo 86 de dicha norma.
Pero enseguida señala: “si la mora en el pago es de tres meses, se suspenderá totalmente el suministro de agua, sin perjuicio de que el organismo operador efectúe el cobro de los adeudos, a través del procedimiento administrativo de ejecución”.
Una adición realizada a dicho artículo, apenas en marzo de este año, contempla excepciones a la posibilidad de suspender totalmente el servicio pero no incluye a quienes, por encontrarse en situación de precariedad, no puedan pagarlo, sino solamente para los casos de edificios “destinados a la prestación de servicios asistenciales o médicos… escuelas públicas de nivel básico; inmuebles destinados a la asistencia de personas migrantes, desplazadas o cualquier otra en condición de movilidad vulnerable; así como en los inmuebles donde, por razones de salud pública o por tratarse de centros de reinserción social o para detención preventiva, no sea conveniente proceder a la suspensión”.
Casi siempre los tambos de doña Juanita están vacíos y para llenarlos tiene que contratar una pipa de agua que le cuesta 200 pesos.
En todo caso, la Ley es clara al precisar que la imposibilidad de suspender por completo el servicio de agua potable no implica “que la obligación de realizar el pago del servicio de agua no sea exigible”.
Al respecto, Magda Robles señala: “puedes meter un reductor de flujo, pero nunca cerrar la llave, eso es lo que la Corte Mexicana ha aceptado, disminuir el flujo del agua, pero no cerrarlo, no se puede negar o cortar el suministro de un básico como es el agua por falta de pago”.
Por su parte, Gloria Tobón, de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), plantea que “lo que deberían hacer los organismos operadores es dejar, por lo menos, lo que se llama el mínimo vital hídrico, la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades básicas, pero no lo hacen”.
*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Saltillo, Coahuila – El día de ayer durante la protesta llevada a cabo por distintos colectivos para la liberación de la Plaza de Armas, varios ciudadanos reportaron la presencia de uniformados fuertemente armados, así como supuestos elementos de la fiscalía vestidos como civiles portando armas y vigilando muy de cerca a la ciudadanía que acudió al evento.
Por otro lado el Secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, argumentó que el cierre se debe a mantenimiento de la Plaza. Sin embargo, los maestros jubilados indicaron que dichos arreglos no se han realizado.
Con el objetivo de reunir más apoyo de la ciudadanía, los colectivos lanzaron una campaña para la recolección de firmas por medio de la plataforma Change.org para exigir la liberación de la Plaza de Armas, petición que al día de hoy lleva más de 1300 firmas.
Foto del cerco que inhabilita el acceso a la Plaza de Armas de Saltillo.
En el sitio web de Change.org hasta el momento se han recabado más de 750 firmas para exigir el libre acceso a la Plaza de Armas.
El colectivo “Todas las luchas, todas las voces” lanzó por medio de la plataforma de Change.org una petición para exigir la inmediata liberación de la Plaza de Armas de Saltillo, lugar que lleva cercado y custodiado desde el mes de septiembre por órdenes del gobernador del estado.
En el sitio se expresa lo siguiente:
Exigimos al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE LA PLAZA DE ARMAS de Saltillo, que se encuentra cercada arbitrariamente desde el 14 de septiembre de 2021. Su clausura vulnera con flagrancia el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución Mexicana. Al mantenerla secuestrada le impide a miles de mexicanos su disfrute como lugar de esparcimiento, como espacio público, de recreación y trabajo y se atenta contra el derecho ciudadano de libre tránsito, de manifestación, de reunión y de protesta. La plaza de Armas de Saltillo es la principal y la más simbólica plaza pública de todo Coahuila ¡pertenece a los ciudadanos y exigimos nos sea devuelta!
Informan. Lo localizado se subió a los camiones que apoyaron en el lugar y fue trasladado para su aseguramiento. Ulises Martínez.
Mobiliario y equipo médico valuado en más de 200 millones de pesos fue localizado en el interior de unas bodegas privadas localizadas en Vito Alessio Robles, esto por agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes cumplimentaron una orden de cateo otorgada por un juez.
Las diligencias comenzaron alrededor de las 10:00 de la noche de este viernes, alargándose el tiempo de trabajo por parte de las autoridades hasta el sábado por la tarde donde se utilizaron el apoyo de 4 camiones de tres y media toneladas.
El cateo se realizó por la orden otorgada por un juez, bajo la causa penal 244/2021, por el delito de abuso de confianza en agravio de la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila.
Conforme el documento existente, se señala a dos personas como responsables, de las cuales hasta el momento no se han revelado sus datos generales, movilizando a las autoridades en el complejo “Bodegas y Mini Bodegas Business Park”.
Al llegar y presentar la orden, los agentes ingresaron a las instalaciones privadas y forzaron los candados de las bodegas localizando material de oficina y aparatos como impresoras, computadoras, mesas y sillas.
Tras la apertura de la otra bodega que era señalada en el documento, se encontró mobiliario, equipo y aparatos médicos que ostentaban etiquetas de la Secretaría de salud, pues según autoridades que estuvieron presentes este se encontraba en perfecto estado, nuevo y emplayado.
Así también existía documentación con fecha del año 2018, dando a entender que lo localizado tenía aproximadamente 3 años extraviado, siguiendo las autoridades la documentación y encontrar cómo se logró ocultar todo lo encontrado y saber cómo fue extraído por las personas señaladas en la orden.
Lo localizado se subió a los camiones que apoyaron en el lugar y fue trasladado para su aseguramiento en las bodegas del estado que se encuentran en el Libramiento Óscar Flores Tapia, donde estarán resguardadas mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.
