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  • En FGR, tres carpetas de investigación contra Peña Nieto

    En FGR, tres carpetas de investigación contra Peña Nieto

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó que actualmente está desarrollando los procedimientos de investigación en tres carpetas por delitos federales, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

    En un comunicado, expuso que “el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa [española] OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.

    Respecto de la segunda, la FGR refirió que ésta se basa en denuncias [sin precisar cuántas] presentadas por las autoridades hacendarias. Hasta ahora se sabe que fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que denunció presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Sobre esta segunda carpeta, la FGR detalló que se “está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.

    Asimismo, la institución que encabeza el fiscal general Alejandro Gertz Manero indicó que “existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”. El comunicado se emitió luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no había frenado ninguna investigación contra el expresidente Peña Nieto y que la Fiscalía podía informar respecto del estado que guardan las indagatorias ministeriales.

    La FGR agregó que, “conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”.

    El pasado 7 de julio, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer en la conferencia presidencial que la FGR abrió una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Peña Nieto, a tres empresas (una de ellas trasnacional, beneficiaria en el sexenio pasado de contratos con el gobierno federal por más de 10.5 mil millones de pesos) y dos familiares del político priísta. Expuso que fue esa institución la que denunció el caso, tras detectar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y que podrían estar involucradas 15 personas aunque, dijo, el dato exacto no lo tenía a la mano.

    Las indagatorias abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha, en las cuales se documentan transferencias millonarias a Irlanda (considerado paraíso fiscal), España y Estados Unidos. Asimismo, se han detectado depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos, de los que Pablo Gómez ha destacado que se desconoce su origen.
    En la conferencia presidencial, el titular de la UIF detalló que el análisis se dio a partir de las transferencias financieras que tuvieron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021. Asimismo, recordó que el expresidente Peña Nieto tiene el rango de persona políticamente expuesta como todos los políticos y servidores públicos, incluidos él y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aclaró que mientras la carpeta de investigación de la FGR no se judicialice no se puede hablar de delitos.

    En su cuenta de Twitter @EPN, ese mismo día el expresidente Peña Nieto indicó: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos  legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de justicia”.

    Durante la conferencia presidencial del 7 de julio, Pablo Gómez expuso que la denuncia se derivó de un análisis de los reportes financieros y avisos que permanentemente recibe la UIF respecto de quienes realizan actividades vulnerables. Advirtió que la Unidad de Inteligencia “detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.

    En la ruta del dinero, el economista Pablo Gómez detalló que por medio de transferencias internacionales, Enrique Peña Nieto recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional, de la siguiente manera:
    -El 21/08/2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos.
    -El 20/10/2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos.
    -El 29/10/2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

    Al respecto, puntualizó que “estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”.

    En la ruta del dinero que trazó la UIF se destacan depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022. “Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, señaló Gómez.

  • El gran negocio de Peña Nieto y el PRI con la salud de los mexicanos

    El gran negocio de Peña Nieto y el PRI con la salud de los mexicanos

    a mañanera del jueves 7 de julio en Palacio Nacional llegó cargada de explosividad. Quienes creían que el ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) sería un personaje intocable en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaban equivocados.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Pablo Gómez soltó un bombazo que involucra al ex mandatario en una operación mediante la cual entregó contratos por más de 12 mil 161 millones de pesos a dos empresas del ramo farmacéutico que están directamente ligadas a él.

    Se trata específicamente de la empresa Plasti- Estéril, S.A. de C.V., fundada por su familia en 1991, y en la que él aparece como socio fundador. La compañía fue adquirida en su totalidad en 1999 por el gigante Baxter International Inc., y a través de esta, el emporio farmacéutico recibió más de 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos durante su propio sexenio.

    Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso la presunta triangulación internacional de recursos realizada por el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares consanguíneos

    La plataforma Compranet, registra contratos a favor de Baxter, S.A. de C.V., desde 2002, pero es a partir del inicio del sexenio de EPN, que el emporio farmacéutico comenzó a sobresalir como proveedor de dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, Sedena y Petróleos Mexicanos, entre otros más.

    En ese entonces el IMSS estaba dirigido por José Antonio González Anaya, un político cercano a Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari, quien entre 1990 y 1991, tuvo a su cargo la dirección de la Secretaría Técnica del gabinete económico de Presidencia y que además tiene un vínculo familiar, pues es marido de Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula Gerard Rivero, la segunda esposa de Salinas.

    Cuando Anaya dejó el IMSS el 8 de febrero de 2016, entró a su relevo Mikel Arriola Peñalosa, actual presidente de la Liga MX del fútbol mexicano. Pero no hubo alteración en las adjudicaciones: Baxter continuó siendo el principal proveedor del IMSS, y ese mismo año obtuvo 125 contratos por mil 149 millones 671 pesos.

    El ex titular del IMSS José Antonio González Anaya, un político cercano a Peña Nieto

    En 2017 y 2018, los últimos dos de la administración de Peña Nieto, Baxter fue prácticamente el único proveedor del IMSS. En 2017, de 288 contratos que adjudicó el IMSS, 268 fueron para esa compañía, y en el 2018 ocurrió algo similar: de 150 contratos, 125 fueron para Baxter de manera directa.

    Ante el escándalo, la compañía publicó un comunicado en el que detalla que la relación empresarial con la familia Peña del Mazo terminó formalmente en 1992, pero no desmintió las transacciones financieras por las que se acusa a Peña Nieto.

    Baxter explicó que en 1997, Baxter Edwards, AG adquirió el 52 por ciento de las acciones de Plasti-Estéril, y dos años después, el 25 de enero de 1999, Baxter Edwards, AG y el señor Jaime Einstein (delegado de Baxter), adquirieron de la empresa Equisflex, S.A. de C.V. la totalidad de las acciones de Plasti-Estéril.

    “Con esta transacción, Plasti-Estéril pasó a ser al 100 por ciento propiedad del grupo corporativo global de Baxter International Inc. Los cambios de accionistas que se mencionan anteriormente fueron hechos, cumpliendo todas las disposiciones legales aplicables en su momento”, señala el comunicado.

    El comunicado, sin embargo, no explica cómo es que la compañía aumentó exponencialmente sus ingresos en el sexenio peñista. Tan solo en el 2013, primer año de la gestión del priísta, la compañía obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en el 2014 se le otorgaron 210 contratos, que juntos suman mil 695 millones 964 mil 070 pesos.

    Tan solo en el 2013, el primer año del sexenio de Peña Nieto, la compañía obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en el 2014 se le otorgaron 210 contratos, que juntos suman mil 695 millones 964 mil 070 pesos.

    En 2015, año de elecciones intermedias federales y estatales, los recursos a Baxter, S.A. de C.V., se multiplicaron y le fueron adjudicados 190 contratos por la suma de 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.

    Con Peña Nieto, la compañía obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos

    En el 2016 se le entregaron 125 contratos por los que obtuvo mil 149 millones 671 mil 265 pesos, en tanto en 2017 con 288 contratos alcanzó un monto de mil 159 millones 982 mil 506 pesos y en el ocaso del sexenio, le adjudicaron 150 contratos más por los que consiguió mil 470 millones 192 mil 038 pesos.

    Plasti- Estéril, S.A. de C.V. se dedica a la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica y fue fundada en Atlacomulco, Estado de México, por Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

    Según los registros, la empresa se constituyó en el municipio de El Oro mediante la escritura 1984, volumen XXXIV, con un capital mínimo de 5 millones de pesos, dividido en 500 acciones, donde los cinco socios fundadores cuentan con 100 activos cada uno. El notario número uno Alfredo Montiel Rojas dio fe del acto de constitución de la sociedad.

    La compañía instaló su planta industrial en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, sobre la Avenida Ingeniero Salvador Sánchez Colín número 9, interior 9, una dirección que es compartida con Baxter, S.A. de C.V.

    Plasti- Estéril, S.A. de C.V., posee además vínculos con otras empresas como Praxair México, Movers Consorcio Aduanal, Inmobiliaria Azabi y Administración de Servicios Lindoso.

    Un vistazo al portal compranet arroja que Praxair México S de RL de CV obtuvo 1.6 mil mdp del Gobierno Federal entre el 2008 y 2017, es decir en los últimos dos años del sexenio de Felipe Calderón y prácticamente durante todo el gobierno de Peña Nieto.

    Felipe Calderón en el IMSS. Foto: Especial

    Casi todos sus contratos los consiguió por adjudicación directa, una cantidad que suma los 2 mil 453 millones de pesos, en tanto que, por licitación abierta, registró ganancias por 900 millones de pesos.

    Praxair se dedica a la venta de insumos médicos, pero resalta que la mayoría de sus productos los vendió con un sobrecosto muy superior al de su precio estándar. Por ejemplo, en dos compras de frascos de plástico efectuadas entre el 2009 y 2012, el portal especializado en la rendición de cuentas registra un sobreprecio del 251.2 por ciento

    Lo mismo sucedió con la compra de Pravastina y la Digoxina, con sobreprecios de 44.5 y 67.9 por ciento respectivamente.

    Las transferencias de Peña Nieto

    Pero este no es el único caso por el que el ex mandatario está siendo investigado, sino porque además recibió entre agosto de 2019 y octubre de 2021, una transferencia de 26 millones de pesos a España, donde reside actualmente en un barrio exclusivo con visa dorada.

    Por ese hecho, la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

    Si no fuera millonario, el ex mandatario no podría vivir en ese sitio, que es exclusivo para personas acaudaladas.

    En febrero del 2019 Peña Nieto negó por medio de su cuenta de Twitter que tuviera previsto mudarse a España, sin embargo, el diario español El País desmintió al ex presidente al publicar que estableció su residencia en un chalet localizado en Valdelagua, uno de los barrios más lujosos de Madrid, donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.

    De acuerdo con la publicación, el sitio tiene un valor aproximado de 889 mil 500 euros, y cuenta con seguridad privada, al cual no se puede acceder sin una autorización.

    La reportera del medio digital SinEmbargo, Daniela Barragán, hace una observación sobre el cambio radical en el estilo de vida que ha marcado a EPN después de dejar la Presidencia de la República. Nunca tuvo una vida de “principito”. Si se observa su primera declaración patrimonial, presentada en el 2013, sus ingresos eran de 238 mil 205 pesos mensuales derivados de su cargo público (193 mil 478 pesos) y “otros” (12 mil 227 pesos).

    Polemón

  • Se complican las cosas para Peña Nieto: hasta su abogado tiene problemas en Andorra

    Se complican las cosas para Peña Nieto: hasta su abogado tiene problemas en Andorra

    La Policía de Andorra asegura que el abogado mexicano Juan Collado intenta sabotear la investigación que realiza en su contra por el presunto blanqueo de 111 millones de dólares. Collado es el representante legal del expresidente mexicano Enrique Peña nieto, quien también ha sido acusado por operaciones financieras irregulares.

    Esta indagatoria se realiza desde 2016 cuando se detectaron, al menos, 24 cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) con operaciones irregulares.

    Al respecto, las autoridades de Andorra elaboraron un informe en diciembre de 2021 en el que asegura que el abogado mexicano ejerció presiones ante el Gobierno local para frenar las investigaciones, descongelar sus fondos e incluso para que la Fiscalía del país europeo procesara a los agentes que lo indagaba por presentar reportes “tendenciosos”.

    “La demanda del abogado perseguía ejercer presión para que los investigadores dejaran de hacer el trabajo encargado”, se lee en el documento revelado por El País.

    De acuerdo con el informe sobre el actuar del abogado de Peña Nieto, señalan que entre mayo y noviembre Juan Collado recibió tres ingresos de 894.960 dólares provenientes de Gustavo María Saveedra Ordorika, director general de Industria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su esposa Mayda María de Guadalupe Guerrero.

    La transacción se realizó a través de una cuenta en el BPA, en la cual se depositaron los fondos que después se depositarían a una sociedad de Collado llamada Amilou Investment C.V. en un traspaso interno, indetectable en los sistemas financieros.

    En total, se estima que Juan Collado recibió más de 111 millones de dólares a través de operaciones dudosas, entre las que se encuentran los depósitos que recibió su despacho de abogados, C&A Collado y Asociados en la Ciudad de México desde una casa de empeños llamada Prenda Oro, fundada por su padre. Según el abogado, este negocio le generó ingresos por 84 millones de dólares, hecho que ha sido puesto en duda por las autoridades judiciales de Andorra.

    Sobrino de Salinas de Gortari

    Otra de las investigaciones mencionadas en el informe está relacionada con el abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, quien recibió, también en un traspaso interno, 450.000 dólares de Collado.

    Para esta operación el representante legal de Peña Nieto uso la sociedad holandesa Turinga CV y justificó la transferencia como pago de una comisión por la intermediación de la compraventa de una sociedad vinculada a Grupo Radio Digital XXI, en México.

    Acorde con las indagatorias de la Policía de Andorra, Salinas Palangua abrió una cuenta de BPA en 2008 desde la cual recibió fondos de la casa de cambios mexicana Timber, siempre como traspasos internos de depósitos.

    Uno de los accionistas de Timber, Carlos Djemal Nehmad, fue condenado por fraude de 20 millones de dólares en 2018 por una Corte de Distrito Sur de Nueva York.

    SputnikNews

  • Peña Nieto pone a la venta su lujoso departamento en Madrid tras investigación de FGR

    Peña Nieto pone a la venta su lujoso departamento en Madrid tras investigación de FGR

    Madrid. Al día siguiente de que la Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció que había iniciado una investigación por transferencias irregulares en favor de Enrique Peña Nieto, el ex mandatario puso a la venta su departamento de lujo en el centro de Madrid.

    El inmueble, que se anuncia como una “impresionante piso recién reformado”, salió con un precio de venta de 650 mil euros (13 millones 500 mil pesos).

    Peña Nieto vive en Madrid desde hace unos tres años, sin embargo el departamento que ahora vende nunca lo ha habitado. De hecho pocas veces lo ha visitado, si acaso para alguna fiesta esporádica o para que lo utilicen algunos visitantes amigos del ex mandatario.

    El inmueble se encuentra en una de los barrios más lujosos de Madrid (Foto: Idealista)

    Es un departamento en uno de los barrios más caros y lujosos del centro de Madrid, en la colonia de Almagro, en la calle Miguel Ángel, que en su día compró por 500 mil euros (10 millones 500 mil pesos) y que le valió para conseguir su residencia oficial en España, gracias al plan del gobierno español con el que un ciudadano extranjero que invierta en un bien inmueble superarior al medio millón de euros tiene también derecho a recibir una residencia oficial permanente.

    Fue un plan diseñado por el anterior gobierno, del derechista Mariano Rajoy, para atraer inversión extranjera en los peores años de la crisis económica del 2008.

    El departamento de Peña Nieto fue escriturado en septiembre de 2020 (Foto: Idealista)

    El anuncio de la venta del departamento, desvelado por el diario El País, detalla que se trata de un “impresionante piso recién reformado”, que tiene 139 metros cuadrados radicada en el primer piso de una finca de aspecto clásico erigida en 1980, que dispone de un gran salón con dos ambientes, una cocina abierta, dos baños y una terraza de 34 metros cuadrados.

    El dormitorio del inmueble tiene un baño suite y un amplio vestidor. “Es una vivienda impresionante, lista para entrar a vivir con muebles, electrodomésticos, todo incluido en el precio”, reza el anuncio.

    Pablo Gómez dio a conocer los movimientos irregulares de Peña Nieto (Foto: Cámara de Diputados)

    Por otra parte, la UIF localizó que el expresidente sostendría vínculos corporativos con dos empresas (mencionadas como “empresa A” y “empresa B”) en las cuales se detectaron irregulares fiscales y financieras.

    Ante dicho panaorama, el expresidente rompió el silencio y mediante su cuenta de Twitter aseguró que aclarará la situación de su patrimonio para así comprobar su legitimidad dentro de los procedimientos legales.

    “Expreso mi confianza en la instituciones de procuración y administración de justicia”, expresó Peña Nieto en redes sociales.

    Pese a que uno de los estandartes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) ha sido la lucha contra la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que la carpeta de investigación ante la FGR sea una acusación de su Gobierno a Peña Nieto.

  • Presenta la UIF denuncia contra Peña Nieto

    Presenta la UIF denuncia contra Peña Nieto

    Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, al ex presidente Enrique Peña Nieto, provenientes de un familiar. Con esta información, la fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar si existe un delito en estas operaciones que motive la judicialización del caso.

    El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, detalló que Peña Nieto conformó dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos, una de las cuales tenía “relación simbiótica” con una compañía extranjera. Esta última se convirtió en proveedor de su administración, en la cual “se benefició” de contratos por un total de 10 mil 533 millones de pesos: 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018.

    En la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la prioridad de su gobierno es combatir la corrupción, pero no se pretende hacer de ello un circo o un espectáculo, porque no es el propósito empantanarse en el escándalo. La UIF depende del Presidente y la instrucción que tiene, “para que se oiga bien y se oiga lejos”, es no ocultar información ni convertirse en una simulación para permitir la corrupción, aunque también aseveró que no hay persecución política ni construcción de delitos en su gobierno.

    “Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios, y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir: ‘Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero’, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos “, agregó.

    La instancia que determinará si existe un delito será el Ministerio Público y después un juez. “No le voy a decir al fiscal: no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal, ya no tengo autoridad que resuelva con autonomía. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Si el fiscal, con pruebas, integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez”.

    Gómez informó que el ex presidente recibió tres transferencias internacionales de un familiar: en agosto de 2019, por 16 millones de pesos; en octubre de 2021, dos depósitos por 5.7 millones cada uno. Este pariente consanguíneo registró retiros por 189.9 millones de pesos y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.

    –¿Cuáles serían los delitos?

    –Los presuntos delitos los establece el fiscal, es parte de su función constitucional en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicialización, no hay delito todavía. El Código Penal Federal otorga a la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita. Sólo en ese caso la UIF es proactiva.

    Apuntó que el expediente con la información completa –con datos de Compranet y del sistema financiero– y todos sus detalles ya está en poder de la FGR, a partir de lo cual abrió su carpeta de investigación, a la cual la UIF “aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.

    Las empresas tienen como giro el comercio, pero “no están en una sola rama”. Gómez indicó que la compañía identificada como B (para respetar la presunción de inocencia) realizó 261 transferencias internacionales entre 2015 y 2021: por mil 557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares.

    –¿Se ha dado seguimiento a otros ex presidentes?

    –No puedo decir que sí ni que no.

    –¿Contra (Felipe) Calderón hay una denuncia?

    –No tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la fiscalía.

    Más adelante, ante sendas preguntas, declinó informar si se han detectado movimientos irregulares en las cuentas de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Sin embargo, en torno al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, resumió: “Es un escándalo”, pero acto seguido declinó informar porque fue el presidente de la comisión instructora de la Cámara de Diputados quien promovió su desafuero y ahora está al frente de la UIF.

    Gómez aceptó que hay varios elementos en materia penal y civil relacionados con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, que podrían darse a conocer sin afectar los procedimientos judiciales en curso.

    Empresas involucradas

    Durante la conferencia presidencial, Pablo Gómez expuso que la denuncia se derivó de un análisis de los reportes financieros y avisos que permanentemente recibe la UIF respecto de quienes realizan actividades vulnerables. Advirtió que la Unidad de Inteligencia “detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.

    En su amplia explicación, el economista advirtió que los análisis detectaron que el expresidente Peña Nieto “tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos, para efectos de esta nota, como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.

    Agregó que en el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012.

    “Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones”, explicó.

    Respecto de la empresa B, afirmó que fue constituida por Peña Nieto y familiares antes de que asumiera la Presidencia de la República. Asimismo, apuntó que esta compañía “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, es decir, entre 2013 y 2018.

    “Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013 por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de 2 mil 126 millones y pico, en 2015 por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1 mil 246; para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos”.

    El titular de la UIF explicó que entre 2015 y 2021, la empresa B envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares.

    “Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.”

    Pablo Gómez señaló que la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, misma que ha abierto ya una carpeta de investigación. “La Fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información, de acuerdo con la ley, y el análisis de la misma, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerido o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ningún caso”.

    Por ello, aclaró que, “en relación con esto, no hay una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la Fiscalía, sino algo completamente normal que se lleva a cabo en este y muchísimos casos, y en la relación más directa, más permanente y más cordial, que es lo que tenemos entre la UIF y la Fiscalía General de la República”.

    La Jornada

  • Peña Nieto habría recibido hasta 26 MDP de cuentas en España; además benefició a empresas familiares con más de 10 mil millones

    Peña Nieto habría recibido hasta 26 MDP de cuentas en España; además benefició a empresas familiares con más de 10 mil millones

    Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre movimiento de recursos en favor del ex presidente Enrique Peña Nieto, informó hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez.

    Durante la conferencia mañanera, Gómez informó sobre movimientos de cuentas de Peña Nieto, aunque nunca mencionó el nombre del ex mandatario.

    La investigación se inició a partir de una denuncia de la UIF por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de que la Fiscalía determine si se judicializa el caso, informó Gómez.

    Indicó que esos procedimientos se desprenden de operaciones financieras relacionadas desde octubre de 2021.

    Dijo que la UIF detectó un esquema donde “un expresidente de la República” obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales.

    El funcionario describió contratos de dos empresas donde el ex presidente es accionista. También el otorgamiento de contratos a una firma internacional vinculada con las primeras, entre 2012 y 2018, cuando Peña Nieto estaba en funciones.

    Asimismo, Gómez detalló que una familiar del ex mandatario realizó transferencias a cuentas personales de Peña Nieto por un monto de 26.1 millones de pesos y 16 millones de pesos.

    Informó que dicho familiar realizó retiros por 189 millones de pesos de cuentas entre 2013 y 2022, periodo en el que realizó depositos por 36.3 millones de pesos en depósitos bancarios.

    Peña Nieto en los negocios

    Gómez reveló que el ex presidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, que identificó como “Empresa A” y “Empresa B”.

    “Se fijaron irregularidades fiscales y financiera de la ‘Empresa A’, donde el ex mandatario tiene calidad de accionista con familiares, operaciones con montos elevados, empresa familiar antes de que fuera presidente”. Esta empresa deposita a un accionista una cantidad de 35.9 millones de pesos y después retorna a la empresa 22.8 millones de pesos, añadió Gómez.

    La “Empresa B” fue constituida por Peña Nieto y sus famliares antes de que fungiera como presidente, señaló el titular de la UIF.

    Esta empresa tiene vínculos con la compañía extranjera. “Hay una relación simbiótica con la empresa transnacional, la cual se benefició de contratos durante la administración del ex presidente por 714 millones de pesos en 2013; mil 126 millones de pesos en 2014; 5 mil 505 millones de pesos, en 2015; 948 millones de pesos en 2016; 991 millones de pesos en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018”.

    Gómez precisó que la UIF sólo presenta denuncias cuando se presume que pueden ser operaciones de procedencia ilícita y es la FGR la que determina si existe presunción de delito.

    EL FUNCIONARIO INDICÓ QUE DE ESOS DEPÓSITOS SE DESTACA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS EN EFECTIVO POR 36 MILLONES 333 MIL 939 PESOS.

    “Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, recalcó.

    Vínculos corporativos con empresas que se beneficiaron durante su sexenio 

    Además de las transferencias mencionadas, la UIF también detectó que “el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas (…) en las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras”.

    “En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados”. Cabe señalar que esta empresa fue constituida antes de que el expresidente llegara al poder.

    “Particularmente la empresa A le deposita, a un accionista y familiar, una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximándote 22.8 millones.”

    Durante su informe, Gómez Álvarez señaló que también existe una empresa B, la cual también se constituyó por el expresidente y familiares antes de que asumiera su cargo como dirigente de la nación.

    “ÉSTA TIENE UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA CON UNA MORAL TRANSNACIONAL, MISMA QUE SE BENEFICIÓ DE CONTRATOS DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL ENTONCES TITULAR DEL EJECUTIVO”.

    En suma a lo anterior, la empresa B fue proveedora de servicios durante el mandato del expresidente. Como se consecuencia, se benefició de la siguiente forma:

    • En 2013, con hasta 714 millones de pesos.
    • En 2014 con mil 126 millones.
    • En 2015 con 5 mil 505 millones de pesos.
    • En 2016 por 948 millones.
    • En 2017 por 991 millones.
    • En 2018 por mil 246 millones.

    Con todos esos montos, se suma un total de 10 mil 533 millones 499 mil pesos.

    Pablo Gómez señaló que la información completa, con todos sus detalles y pormenores, fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ya abrió una investigación. “La fiscalía hará dicha investigación y la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.

    Fuentes: La Jornada, Político MX y Revolución 3.0

  • La 4T exhibe a las industrias con mayores concesiones de agua en Nuevo León; varias de ellas se asignaron entre las administraciones de Salinas de Gortari y Peña Nieto

    La 4T exhibe a las industrias con mayores concesiones de agua en Nuevo León; varias de ellas se asignaron entre las administraciones de Salinas de Gortari y Peña Nieto

    Germán Martínez Santoyo director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó un recuento de las empresas que más concesiones de agua tienen en Nuevo León.

    El funcionario explicó que la mayoría de estos permisos se dieron en 1994 —año en que gobernaba Salinas de Gortari—. En suma, los más recientes se otorgaron a finales de la administración de Enrique Peña Nieto. En los fabricantes con más concesiones se encuentran:

    • Industrias del Alcali con una concesión de 4 millones 457 mil metros cúbicos.
    • Terminum de México con una concesión de 2 millones 522 mil 880 metros cúbicos.
    • Parque Fundidora con una concesión de 2 millones 241 mil metro cúbicos.
    • Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma con dos concesiones de 2 millones 212 mil y 1 millón 419 mil metros cúbicos.
    • Bebidas purificadas con una concesión de 1 millón 400 metros cúbicos.

    La lista incluye a un total de 64 concesionarios que aproximadamente suman 50 millones de metros cúbicos. El menor de ellos tiene un permiso para aprovechar alrededor de 300 mil metros cúbicos.

    ¿Qué hace el gobierno de AMLO para ayudar?

    Desde el inicio de su gobierno el presidente López Obrador se encargado de aportar recursos públicos para enfrentar la escasez de agua en Nuevo León. Hasta ahora suman cerca de 2 mil 183.5 millones de pesos aportados para este fin.

    Un ejemplo de la manera en que se ha ayudado a la entidad, es con la construcción de la presa Libertad, la cual costará 7 mil 474 millones de pesos. Con este proyecto se prevé la aportación de mil 585 litros por segundo.

    “EL GOBIERNO FEDERAL TAMBIÉN ESTÁ APOYANDO EN LA PARTE TÉCNICA PARA QUE SE TERMINE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL AÑO PRÓXIMO”.

    Por otro lado, “la administración federal también ha invertido 19.2 millones de pesos para perforar 24 pozos someros para aportar, en un inicio, 285 litros por segundo”.

    Además, el año pasado se invirtieron, en conjunto con el gobierno de Nuevo León, un total de 23 millones de pesos para rehabilitar la presa Cerro Prieto.

    Revolución 3.0

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    CONCESIONES

  • Sedena habría usado Pegasus para espiar a normalistas de Ayotzinapa

    Sedena habría usado Pegasus para espiar a normalistas de Ayotzinapa

    CIUDAD DE MÉXICO, 29MARZO2022.- Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ofrecieron un mensaje para hablar sobre el Tercer Informe Ayotzinapa del GIEI, en el Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

    Uno de los hallazgos más relevantes del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, tiene que ver con el espionaje y la infiltración a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por parte del Ejército Mexicano.

    El Informe Ayotzinapa III revela que los normalistas rurales fueron espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional: “eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados con agentes de inteligencia”.

    Además de la infiltración de militares encubiertos con fachada de estudiantes (al menos se han documentado tres casos, incluido uno que se cuenta entre las 43 víctimas de desaparición forzada), el documento del GIEI –que fue entregado a la Fiscalía General de la República para que el caso se judicialice una vez más– también advierte de la intervención de comunicaciones.

    “Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello. Por ejemplo, en un documento fechado el 5 de octubre de 2014 se incluyen algunas de estas intervenciones, de fechas anteriores: 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014, que revelan datos importantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes”, se señala en el reporte.

    Asimismo, la abogada Ángela Buitrago –integrante del GIEI– declaró el pasado 28 de marzo que el espionaje era realizado por los integrantes del Batallón 27. También indicó que este seguimiento “sirve para mirar estructuras, historias, y aquí una mirada sociológica muy importante creo que también vale la pena, y es hablar de cuál era el procedimiento habitual frente a los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las [Normales] Rurales de todo el país, de un espionaje que nosotros por lo menos tenemos documentado desde el año 2010. Un espionaje permanente y sobre esos supuestos también formas de cultura sobre discriminación, etiquetamiento, que llevan también a condiciones de manejos en estos temas”.

    Por su parte, la abogada Claudia Paz y Paz –también integrante del GIEI– se refirió a este tema como “un seguimiento que vamos a llamar ‘histórico’, casi contrainsurgente a la escuela, las actividades de la escuela [Normal Rural de Ayotzinapa], de los estudiantes”.

    En el reporte queda claro que la Sedena no tiene facultades legales para realizar estas operaciones, ni tampoco las intervenciones de conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos, pues no contaba con órdenes de jueces. Más aún, ninguna ley le confiere hacer este tipo de interceptaciones.

    No obstante, la Defensa Nacional fue la primera institución que adquirió la plataforma Pegasus, que ya se ha demostrado que fue usada para espiar a los miembros del GIEI y al abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos que ha acompañado a los padres y madres de los 43 normalistas rurales en su lucha por la justicia. De ahí que sea muy probable que con este mismo malware se hayan hecho las intercepciones de comunicaciones ligadas a este caso.

    En México está demostrado que el malware Pegasus ha sido utilizado para espiar luchadores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas, por lo que ésta no sería la primera vez que se le hubiera dado ese uso.

    Contralínea documentó que desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la Sección Segunda de la Sedena compró las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.

    Para activar y operar la plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional acondicionó un edificio completo en el Campo Militar Número 1. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la instalación del sistema se hizo en tres fases, y por ello se firmaron 18 contratos (15 de estos fueron para obras, servicios y bienes relacionados).

    Es evidente que la plataforma de espionaje con la cual contaba la Sedena antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes normalistas es Pegasus, considerada una de las más invasivas y con mayor capacidad de romper sistemas de seguridad y encriptación de comunicaciones.

    El informe del GIEI, revela que “todas las corporaciones –Ejército, Cisen y Policía Federal y estatal– hacían seguimiento y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y otras, o de sus actividades, desde años atrás a los hechos de 2014”. No hablan, sin embargo, de qué plataformas de espionaje fueron empleadas en estas labores.

    Entre sus hallazgos se apunta que esas autoridades “conocían perfectamente que, desde principios de septiembre de 2014, se estaba organizando una conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México con todas las Escuelas Normales, y la encargada de realizar el aprovisionamiento, consecución de transporte y alimentación (boteo), era la Normal Raúl Isidro Burgos”.

    También se señala que elementos de la Sedena y el Cisen “hacían seguimiento permanente a las actividades de boteo y toma de camiones de manera especial en este mes de septiembre, teniendo claridad de los autobuses, placas, y marcas que habían sido tomados en los diversos municipios de Guerrero”.

    El tercer informe enfatiza que el Ejército Mexicano “tenía infiltrada la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos a través de jóvenes que actuaban como estudiantes y agentes de inteligencia. Los documentos confirman que un normalista, que está entre los estudiantes desaparecidos, ingresó a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para realizar labores como Órgano de Búsqueda de Información (OBI). Igualmente, el ejército contaba con al menos otro OBI que ejercía como estudiante de la Escuela e informante del Ejército”.

    De esas documentaciones a las que tuvieron acceso los expertos internacionales se desprende que había un tercer OBI situado en la ciudad de Tixtla, “quien observó los movimientos en la escuela después de los hechos”. Además se señala que la Sedena conoció de todas las actividades que los normalistas rurales de Ayotzinapa habían planeado para aprovisionarse de vehículos y recursos desde el 14 de septiembre de 2014.

    Las omisiones intencionales de la Sedena

    La Secretaría de la Defensa Nacional –entonces comandada por el general Salvador Cienfuegos Zepeda– no sólo omitió actuar para detener la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales, sino que sistemáticamente ha ocultado lo que sabe.

    El informe del GIEI señala que “durante y posteriormente a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Ejército recibió información de interceptación de comunicaciones la cual nunca fue puesta a disposición de la búsqueda o la investigación. De la misma manera instruyó procesos disciplinarios en contra de sus integrantes y realizó investigaciones cuyos resultados no compartió, ni ha compartido plenamente”.

    Respecto de la interceptación de comunicaciones, se apunta la existencia de documentos que confirman que “las autoridades militares y del CISEN estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Sin embargo, esta información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma”.

    Además se advierte que hubieron investigación por parte de autoridades militares que se ocultaron. “El GIEI pidió insistentemente las investigaciones que se hubieran adelantado en el fuero militar con ocasión de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La reiterada respuesta a este requerimiento fue que no se había adelantado ninguna investigación. A la fecha no se ha tenido acceso a la misma. Sin embargo, distintos documentos militares dan cuenta de que si se ordenó y realizó una investigación por parte de autoridades militares”.

    El informe cita como ejemplo un documento del 15 de octubre de 2014, de la IX Región Militar del Estado Mayor, CG en Acapulco, que “hace referencia a que se realizó una ‘exhaustiva investigación’ sobre los hechos. En este documento se incluyen informes y entrevistas a integrantes del 27 y del 41 Batallón de Infantería. En la sección de consideraciones, existe una afirmación que corrobora la existencia de una averiguación previa en el fuero militar. Al referirse a una declaración de uno de los estudiantes que se encontraba en el Hospital Cristina, señala que: ‘sobre el particular, en las declaraciones obtenidas del personal que participó en los hechos, no es posible determinar la veracidad de estas declaraciones, circunstancia que fue confirmada por el ministerio público adscrito a la 35/a Zona Militar, quién por es del DN-21 inició una averiguación previa’”.

    También da cuenta de otra documental elaborado por la Policía Militar Ministerial que data de octubre de 2014: en la Sección B de Investigaciones también se refiere a investigaciones adelantadas por autoridades militares. “El documento informa sobre el ‘avance de investigación’ originada por artículos de prensa en la que estudiantes denuncian el mal trato que recibieron en el Hospital Cristina por elementos del ejército. En la sección denominada ‘IV. Acciones que se realizan’, al final del documento se afirma que: ‘un equipo investigador de la PMM continúa con la investigación de los hechos, entrevistando a personal militar del 27/o BI, médicos y personal administrativo del hospital ‘Cristina’ y paramédicos de la Cruz Roja de Iguala, Gro”.

    Los expertos concluyen que personal de la Policía Ministerial Militar realizaron entrevistas como parte de una investigación relacionada con los hechos. Sin embargo, acusan que los resultados de estas indagatorias no se incluyeron en los documentos a los que les dieron acceso ni se encuentran en las averiguaciones previas.

    Pegasus en la Sedena

    Fue el gobierno de Calderón el que compró la plataforma de espionaje Pegasus. La primera institución que usó esta tecnología fue la Sedena en su rama de inteligencia militar, cuando esa dependencia era dirigida por el general Guillermo Galván Galván y cuando, en la Secretaría de Seguridad Pública se desarrollaba a la par la llamada Plataforma México, a cargo de Genaro García Luna.

    El edificio que la Sedena acondicionó para alojar el equipo tecnológico de espionaje contaba o cuenta con ocho módulos y más de 200 computadoras. Además se adquirieron mesas, pantallas, servidores y sistemas satelitales para su correcta operación. El gasto público superó en aquel momento los 8 mil millones de pesos. Luego ese malware se popularizó entre las dependencias federales, pues acabó contratándose también para la Procuraduría General de la República –que en la época de la desaparición de los estudiantes estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam–, la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Cisen.

    Fuente ContraLínea

  • Peña Nieto compró gas para 17 termoeléctricas que nunca existieron

    Peña Nieto compró gas para 17 termoeléctricas que nunca existieron

    El embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, los senadores Ricardo Monreal y Rocío Abreu acompañan a la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en el Senado, el 21 de enero pasado. Foto Yazmín Ortega Cortés

    Ciudad de México. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se compró gas en cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas que no existen, confirmaron fuentes involucradas en la reunión que sostuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con miembros del gobierno de México.

    Los datos que se dieron a conocer advierten que se realiza una investigación para saber a quién se suministró el gas comprado y a dónde fue a parar el capital de la transacción. Las fuentes consultadas aseguran que la funcionaria se manifestó impresionada por la lucha contra la corrupción que realiza el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

    La secretaria de Energía del gabinete del presidente Joe Biden no mostró alguna oposición a la reforma eléctrica, aunque expresó su preocupación por algunos de los proyectos del plan de desarrollo de energía.

    Se enteró de que el gobierno de Peña Nieto compró una gran cantidad de gas con el argumento de que se necesitaba para las termoeléctricas, pero nunca las hicieron, porque el negocio era comprar el gas, muy posiblemente para las empresas de la iniciativa privada.

    También se puso sobre la mesa la estrategia de quienes desde las empresas privadas que producen energía eléctrica y que se dicen de autoabasto, en realidad han hecho un negocio de la venta de energía eléctrica.

    Granholm expresó durante la reunión dos preocupaciones principales del gobierno estadunidense, y las señaló, aunque fue muy cuidadosa al hacerlo. Primero, la reducción de la participación privada de 62 a 36 por ciento en la generación de la energía, lo que llevaría al cierre de algunas empresas que podrían ser compradas por la CFE en una transición de tres años. La adquisición y el periodo de pago no fueron resueltos en la discusión.

    Algunos observadores establecieron que la “disolución” de las empresas llamadas de “autoabasto” traería consigo numerosos recursos legales y paneles de arbitraje, porque al parecer no se pueden disolver las empresas ya existentes.

    No obstante, la idea es evitar la simulación, es decir, que las empresas tengan lo suficiente para el autoabasto, pero sólo para ese propósito. Esa situación obligaría a disminuir sensiblemente su presencia en el mercado porque no habría “excedentes” que poner a la venta, como se hace ahora.

    El segundo tema es el cierre de terminales de almacenamiento de gasolinas, sin otro motivo (por más válido que sea), que el de reducir importaciones, lo que se considera, por parte de Estados Unidos, una medida arbitraria.

    Estas reglas han sido propuestas, según información de la secretaria de Energía nacional, Rocío Nahle, bajo el argumento de que en ellas, en las terminales, hay huachicol. Ese posible cierre, según se expresó en la reunión, provocaría fuertes pérdidas a las empresas, pues se considera una acción unilateral sin mayor sustento, y advierten que no tiene sentido porque ahora Pemex importará gasolina por la compra de Deer Park, como lo hacen otras empresas.

    La opinión que han dejado sentir desde Washington es que la competencia entre las empresas tendría que dar por resultado la permanencia de unas y otras en el mercado, es decir, dejar a la eficiencia, la subsistencia de las terminales de gasolina y diésel. Aunque para todos fue muy grato observar el cuidado de la funcionaria estadunidense al tratar los temas, no pasó inadvertido para nadie que, cuando menos en esos dos puntos, habrá discrepancias difíciles de salvar.

    Por lo demás, todos, los de un lado y otro, están de acuerdo en que la reforma eléctrica mexicana no será mal vista por el gobierno de Biden, y consideran muy acertado el establecimiento de un mecanismo en el que las partes puedan exponer sus razones. Todos serán escuchados, aseguro el presidente López Obrador.

    Es posible que muy pronto se dé a conocer qué fue lo que sucedió con la compra masiva de gas que se utilizaría para 17 termoeléctricas que nunca se construyeron. Al parecer los datos de las operaciones ya se tienen pero se espera tener más información y no faltar a los principios legales que cuidan la secrecía de las investigaciones.

    Fuente La Jornada

  • Libertad de expresión sí. Pero tapón a cínicos, demagogos, corruptos, enriquecidos, mentirosos

    Libertad de expresión sí. Pero tapón a cínicos, demagogos, corruptos, enriquecidos, mentirosos

    Enrique Krauze y Felipe Calderón.

    1. Hoy escuché a Enrique Krauze -entrevistado por Ciro Gómez- al presentar un libro de artículos y ensayos que escribió desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la presidencia de López Obrador (1982 a 2021).

    Este personaje, junto a Aguilar Camín, Jorge Castañeda y otros parecidos a ellos, hace mucho que –si tuvieran vergüenza por su entreguismo a todos los gobiernos, sumisión y oportunismo- deberían estar calladitos. Los tres son “intelectuales” con mucho dinero recibido de los gobiernos y los empresarios porque han sabido moverse en varios negocios como empresarios en libros, revistas, programas televisivos y el Castañeda como secretario de Relaciones Exteriores del gobierno derechista de Fox.

    2. No me interesan sus relaciones familiares, pero políticamente los tres inteligentes en el “análisis de la realidad” –además de anticomunistas-  han apoyado a los gobiernos en turno con sus consejos; por ello también los gobernantes han colaborado económicamente con los “intelectuales” en las ediciones de sus empresas, comprándoles decenas de miles de sus libros y revistas. Conozco gran parte de los libros y ensayos históricos de Krauze, he leído poco de Aguilar, pero de éste  y de Castañeda conozco artículos, entrevistas y muchas declaraciones. Son personajes con pocas ideas, muy derechistas, que se colocaron en el mercado metiéndose mucho en programas televisivos donde lograron ser muy conocidos.

    Periodistas enriquecidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

    3. Los tres fueron “analistas críticos” de diferentes gobiernos con los que –al ser también sus consejeros- nunca se confrontaron porque siempre les otorgaron muy grandes subsidios. Los libros de Krauze que con más interés y entusiasmo leí fueron los “Caudillos culturales…”  (1976) y los tres tomos de “Siglo de caudillos” (1994-1997). El libro que hoy presentó Krauze, como él mismo dijo, es una recopilación de sus principales ensayos que abarcan 40 años de gobiernos. Lo destacado en esa presentación no fue Krauze sino el periodista Gómez Leyva que repitió sus palabras fascistas de siempre demostrando con ello que derechistas López Dóriga y Loret de Mola le quedan chicos. Debe tener un hígado muy fuerte o a punto de estallar.

    4. Ahora se publica que al fin el presidente López Obrador empezó a apretar con un “acuerdo de infraestructura para agilizar procesos” relacionados con las obras de gobierno. Con él busca evitar los amparos de grupos de interés que buscan hacer fracasar las obras, por lo que les pidió actuar con decencia. Y puso un ejemplo: “¿Se imaginan si a Claudio X. González, papá e hijo, junto con el ex ministro Cossío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto”? Meten un amparo que apoya un corruptísimo juez para frenar la obra y con ello ya no se terminaría, comentó a la prensa López Obrador.

    5. De manera especial destacó que el acuerdo –que no decreto, precisó– ayudará para culminar las obras en tiempo. Por ese hecho casi todos los medios de información enemigos de López Obrador lo han estado calificando de dictador. Yo, al contrario, pienso que debe dar más fuerza a su gobierno blandengue para evitar que sus enemigos lo sigan montando a su gusto. Ya parece gobierno de  “primero los ricos” porque ninguno de los 500 denunciados como ladrones, vendedor de concesiones y asesinos, va a la cárcel. ¿Por qué no se elevan los impuestos a los ricos y se les obliga a pagarlos? ¿Qué pasaría si como en El Salvador cesan de sus funciones jueces, magistrados, así como los que estén cobrando más que el presidente?

    Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com