En sus primeros seis meses de gobierno, Claudia Sheinbaum ha demostrado una notable capacidad para mantenerse firme y avanzar a pesar de las presiones externas, especialmente frente a los desafíos diplomáticos que ha planteado el gobierno de Estados Unidos. Su enfoque mesurado, pero estratégico, ha sido clave para consolidar su liderazgo tanto en México como en el extranjero.
Ante las tensiones provocadas por las políticas arancelarias del presidente estadounidense, Sheinbaum ha optado por una postura inteligente y prudente, evitando caer en provocaciones y apostando por una relación bilateral basada en el respeto mutuo. Esta decisión, lejos de debilitarla, ha fortalecido su imagen entre la población mexicana, que reconoce en ella una dirigente serena, capaz de enfrentar con dignidad las adversidades del escenario internacional.
Lejos de la confrontación, su gobierno ha priorizado la atención de los temas internos, poniendo en marcha programas sociales de gran alcance. El apoyo a mujeres, estudiantes y pequeños productores a través de iniciativas como pensiones, becas y la nueva política de abasto alimentario son una muestra de su compromiso con la justicia social y el desarrollo económico incluyente.
Además, Sheinbaum ha presentado un ambicioso plan económico enfocado en reforzar la autosuficiencia nacional. Entre sus ejes destacan la producción de alimentos básicos, la inversión en infraestructura energética y el impulso al sistema ferroviario, todo orientado a fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia del exterior.
En el ámbito de la seguridad, su administración ha seguido una línea de acción clara, enfocada en la coordinación interinstitucional y el uso de inteligencia para enfrentar al crimen organizado. Se han obtenido resultados significativos en varias regiones del país, manteniendo el principio de que la seguridad no se logra con mano dura, sino con estrategia e instituciones sólidas.
La figura de Claudia Sheinbaum, lejos de debilitarse en medio del complejo contexto global, se ha consolidado como un símbolo de liderazgo sereno y eficaz. En lugar de dejarse arrastrar por la tormenta, ha encontrado en ella la oportunidad de reafirmar su compromiso con el país y de demostrar que otra forma de gobernar, con firmeza y sensibilidad social, es posible y necesaria.
En el año 2007, el gobierno ultraderechista de Felipe Calderón privatizó el sistema de pensiones para el retiro de los trabajadores. De un plumazo, el Estado dejó de ser el rector, responsable y garante del sistema pensionario, el que pasó a ser manejado por varios grupos de capitalistas privados.
De este modo, las pensiones dejaron de ser un sistema de seguridad y protección de los trabajadores para convertirse en el millonario negocio de unos cuantos plutócratas.
Así, las pensiones siguieron la ruta de bancos, ferrocarriles, siderúrgicas, puertos, aeropuertos, carreteras, petroquímica, líneas aéreas y una muy larga lista de bienes nacionales que pasaron al dominio de capitalistas privados.
Al cabo de 20 años, las pensiones, como otros sectores privatizados de la economía, demostraron su incapacidad para cumplir sus ofertas de mejoría social y popular.
Ahora hay que desandar el camino privatizador y volver al sistema estatal. Así lo entienden y desean los millones de trabajadores defraudados por los engaños privatizadores. Al momento, la lucha por retornar al sistema pensionario estatal la encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Y no cabe duda de que los tiempos son propicios. Para empezar, hay en Palacio Nacional un gobierno sensible a la justeza de esta demanda popular.
En segundo término, con la desprivatización de las pensiones aumentaría el respaldo popular y electoral a la Cuarta Transformación entre los jubilados de hoy y del futuro, lo que limitaría las posibilidades de la derecha de retornar al poder por la vía electoral.
Salvo los plutócratas y sus corifeos en los medios de información, ¿quién podría estar en contra de garantizar una pensión digna y suficiente para los trabajadores retirados?
Ahora es el momento de dar el paso desprivatizador. El gobierno de la Presidenta Sheinbaum cuenta con un inmenso respaldo popular y con la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso
Cuenta, asimismo, con la mayoría de los gobiernos estatales y municipales. Cuenta también con el apoyo de las fuerzas armadas. Pero, además, y lo más importante, cuenta con diversas, combativas y experimentadas organizaciones de masas, como la CNTE, dispuestas a dar la batalla por la renacionalización de las pensiones.
Nacionalizar es desarrollar, decían los cardenistas de los años treinta del siglo pasado. Y, como la historia lo demostró, tenían razón.
Algo hay de las películas de espías en blanco y negro en las infantiles creencias derechistas de que la gente de izquierda debe sufrir en la vida, que les están negados el placer y el bienestar de la comodidad, o que la austeridad debe condenarlos a un cuarto oscuro y frío donde masquen con resentimiento y crueldad sus alimentos y sus rencores en espera del día en que tomaran venganza.
¿De dónde sacará la derecha fascista la idea de que el senador Gerardo Fernández Noroña debe viajar con todas las penalidades posibles a participar en un encuentro de parlamentarios a Europa? ¿Por qué la inocente fotografía del senador Noroña viajando en avión es tema de pregunta en la conferencia del pueblo de la presidenta Sheinbaum? ¿Por qué se agita el avispero derechista y les sonsaca comentarios obtusos a periodistas presuntamente bien informados?
Más allá del encono, la ira y el ánimo de desquite contra Noroña, se encuentra la idea pueril de que un régimen que ha hecho suya la bandera de la austeridad se encuentra la concepción derechista de que los apoyadores de la 4T deben vivir en pobreza franciscana, alimentarse con raíces y agua, y calzar huaraches con suela de llanta. Las noticias que nos proporciona la realidad nos informan de que no es así.
Las políticas públicas de la Cuarta Transformación han demostrado que el propósito fundamental del cambio no es que todos seamos pobres, sino que los pobres lo sean cada vez menos para que se viva con un cierto decoro y dignidad.
Al menos, eso es lo que demuestran las cifras que proporciona el Coneval, las cuales afirman que entre 2018 y 2022 dejaron de ser pobres 6.4 millones de personas. O las de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que afirman que 3.2 millones de trabajadores salieron de la pobreza laboral. O los datos de que al cierre de enero de 2025 el salario base de cotización en el Seguro Social es de $617.60 pesos diarios, o $18,528.00 mensuales. O que durante todo el sexenio de López Obrador 9.5 millones de personas salieron de la pobreza.
Por desgracia, alimentadas por los mercenarios de la comunicación que ejercen su rapiña en los grandes medios, en las mentes afiebradas de la atemorizada clase media subsiste el rumor de que les van a despojar sus casas, que les van a quitar sus pensiones, que a más tardar ayer nos convertiremos en Cuba, de que viene el coco y se los comerá. Como si sus casas valieran tanto la pena.
Personajes delirantes de los medios de comunicación corporativa alimentan esos miedos y propagan mentiras a diestra y siniestra. Claudia es gobernada por López. Claudia y López obedecen las órdenes del narco. Claudia llamó “carroñeras” a las madres buscadoras. Noroña es un insensible. El país es un desastre económico. Verdadero rosario de disparates que consumen sabrosamente quienes en las pasadas elecciones presidenciales votaron por la candidata del Prian, hermana de la secuestradora condenada a 89 años de prisión. Delirium tremens ocasionado por la abstinencia de contratos para construir aeropuertos fallidos o del presupuesto público para comprar yates. Y qué le vamos a hacer, señor.
La gente alucinada por la realidad, los clasistas que viven mordiéndose las uñas esperando el día en que nosotros los pobres les quitemos sus humildes viviendas mediante triquiñuelas, los feligreses de los medios de comunicación derechista hace tiempo mandaron al desván el concepto de pensamiento crítico para permitir que Walt Disney tomara el control de sus creencias. Con su PAN se lo coman.
El hallazgo del campo de exterminio en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco el pasado 5 de marzo de 2025 es un ejemplo de la crueldad y la atrocidad normalizada, institucionalizada y encubierta en México. Las imágenes y testimonios sólo pueden equipararse con las más terribles historias de genocidios en el mundo.
La descripción de los actos brutales e inhumanos ejecutados durante por lo menos trece años en ese lugar, dan cuenta de una larga lista de crímenes ejecutados de forma cotidiana. La negligente actuación de las autoridades de Jalisco y federales demuestran algo más que una omisión. El rancho ya había sido identificado por las autoridades desde 2017 a raíz del relato de un sobreviviente. En septiembre de 2024, agentes de la Guardia Nacional realizaron un operativo en Teuchitlán y detuvieron a diez hombres que portaban armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En ninguno de esos dos momentos se inició una investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco ni de la General de la República. Incluso después de los últimos hallazgos del campo de exterminio la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha ofrecido ningún informe sobre el hallazgo, lo cual es sumamente grave y termina por implicarles en esta larga cadena de ejecución de crímenes graves e inhumanos.
Por la gravedad de los crímenes ejecutados en el rancho Izaguirre estamos ante varios tipos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.La intención no es cometer un genocidio por cometerlo, sino lucrar, explotar, abusar, someter, controlar y denigrar los cuerpos con fines económicos y de poder.
Estamos ante “genocidio mediante matanza” porque dieron muerte a más de una o dos personas. Es presumible por los testimonios de sobrevivientes y por las características de los crematorios encontrados que hayan sido miles de personas las ejecutadas, y por los indicios que revelan los videos de Guerreros Buscadores dichas ejecuciones deben haber sido de las formas más atroces. Los probables perpetradores directos (en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación) decidieron deliberadamente quitarle la vida a estas personas por fines económicos y de fortalecimiento de su estructura paramilitar.
Estamos ante “genocidio mediante sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física”, pues para que el cártel cumpliera sus objetivos decidió deliberadamente explotar en las condiciones más violentas y precarias a miles de personas y exterminarlas de forma sistemática durante por lo menos trece años.
Estamos ante un “genocidio mediante el traslado por la fuerza de niños”, pues por los testimonios de sobrevivientes hubo niñas que fueron secuestradas para llevarlas al rancho y ser sometidas a abusos y vejaciones sexuales por quienes comandaban esa operación, para después asesinarlas. Esos traslados eran deliberadamente ejercidos contra niñas, buscadas con esas características de edad.
Estamos ante “genocidio mediante lesión grave a la integridad física y mental de las personas”, no solo de las ahí ejecutadas, sino de toda una población, pues el daño emocional profundo se extiende a todas las familias y personas cercanas a las personas ejecutadas.
Estamos ante un “crimen de lesa humanidad”, uno de los crímenes más graves “de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”. Eso debe justificar una investigación amplia y conllevar a una responsabilidad penal individual y estructural. El campo de concentración y extermino en Jalisco transparenta una práctica generalizada y sistemática contra una población civil. Es muy probable que autoridades estatales y federales de por lo menos tres administraciones presidenciales hayan tenido conocimiento de dichos crímenes.
Estamos ante un “crimen de lesa humanidad de asesinato”, ante un “crimen de lesa humanidad de esclavitud”, ante un “crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de la población”, ante un “crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad”, ante un “crimen de lesa humanidad de tortura”, ante un “crimen de lesa humanidad de violación”, ante un “crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual” y ante un “crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas”.
Todos estos tipos de genocidio y crímenes de lesa humanidad están incluidos en el Estatuto de Roma, la característica particular es que tal vez no fueron perpetrados por razón de raza, etnia, religión o nacionalidad, pero sí de clase y de género (hombres y mujeres en busca de trabajo y niñas) y el motivo del exterminio sistemático era encubrir una explotación extrema en beneficio de una empresa ilegal y para satisfacer un sadismo desbordado. Las víctimas eran en su mayoría jóvenes entre 20 y 25 años, buscando trabajo y otras, como mencionamos antes, eran niñas.
La cruel realidad a la que nos enfrentamos en México en la que tenemos un índice de impunidad del 99 %, las cifras de atrocidades y la configuración de un Estado criminal nos lleva a la encrucijada en la que estamos ahora. Estamos ante la imposibilidad de recurrir a las vías legales porque el Estado, al funcionar a partir redes clientelares y de impunidad, no se va autojuzgar.
Sabemos que mientras miramos horrorizados el campo de concentración y exterminio en Jalisco, probablemente muchos otros siguen activos o están siendo instalados en todo el territorio mexicano, bajo la protección de autoridades municipales, estatales y federales. Lo sabemos porque así ha sido esta guerra desde 2006, porque atrocidades como estas se han vuelto cotidianas durante 19 años.
El terrible caso de Teuchitlán da una pista clara y brutal de a dónde van los y las desaparecidas en México. Nos permite sentir la crueldad que desembocó en esos crematorios y que viene del sadismo paramilitar de los cárteles y de la ambición inhumana y cobarde de gobernantes y empresarios (legales e ilegales). No hay en México un sólo estado sin desapariciones, el subsuelo de todo el territorio es una gran fosa y más allá de que las estadísticas oficiales suban o bajen los índices de violencia, la crueldad va en aumento, se generaliza, se rutiniza.
Es inevitable que al nombrar Teuchitlán no pensemos en genocidio, en uno que muy probablemente involucra autoridades municipales, estatales y federales. Es difícil imaginar que los gobernadores de Jalisco de los últimos doce años no tuvieran indicios de que algo de esta magnitud ocurría y es indignante que no hubieran iniciado investigación alguna. Además, la repuesta de la administración de Claudia Sheinbaum ha sido tan poco asertiva que parece encubrimiento.
También es atroz que Jalisco no sea el único caso. Y que presidentes, gobernadores y presidentes municipales se encuentren encubriendo campos de exterminio como el del rancho Izaguirre. Algo que ha quedado claro en 19 años de guerra es que los cárteles pueden operar con estos niveles de sadismo, crueldad e impunidad porque tienen la protección de las más altas autoridades civiles y militares.
El horror del campo de concentración y exterminio en el rancho Izaguirre exige una respuesta clara y contundente de la sociedad mexicana y de la del mundo. Esta respuesta corre el riesgo de seguir las rutas del oportunismo político y la fabricación de verdades históricas que castiguen a chivos expiatorios para mantener impunes a los responsables estructurales.
La respuesta no puede ser intentar abrirle la puerta el intervencionismo de Estados Unidos, bajo la excusa del terrorismo, pues es en buena medida el responsable de que los cárteles tengan un flujo constante de armamento y hayan heredado tácticas brutales muy similares a las promovidas por la Escuela de las Américas y sus símiles posteriores.
La respuesta no puede ser convertir nuevamente las atrocidades en munición electoral, pero tampoco puede ser usar la excusa de una oposición oportunista para apostar al olvido y la impunidad, como ha ocurrido transexenalmente con el caso Ayotzinapa y tantos más.
No podemos permitir que se minimice el asunto con una fiscalía especializada, con un trato de caso emblemático que acaba en tratarlo como una situación aislada. Esto requiere una urgente investigación sistémica, pues lo que deja claro el infierno de Teuchitlán es que la cobardía, el sadismo y la ambición de los cárteles no tiene límites, y quienes deberían de combatirlos son más bien sus cómplices. A partir del 5 de marzo de 2025 todos los presidentes municipales, gobernadores y presidentes de por lo menos los últimos 19 años deben ser tratados como sospechosos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, porque lo son.
¿Quién puede investigar y sancionar a quienes desde el Estado son o han sido cómplices de este genocidio cotidiano si son quienes detentan el poder del Estado? El no poder responder con confianza esa pregunta es trágico. Es terrible que no fueran las autoridades de Jalisco en 2017 ni la Guardia Nacional en septiembre pasado quienes encontraran e iniciaran una investigación sobre este campo de concentración y exterminio, fue el colectivo de Guerreros Buscadores, fue nuevamente la gente que, ante la negligencia del Estado, organiza desde abajo su dolor y su coraje y se enfrenta a los monstruos más brutales. Queda claro una vez más que donde la crueldad masacra y el Estado entierra, las familias buscadoras encuentran.
Debemos tener claro que si queremos sobrevivir y evitar que la crueldad y el horror acaben de ocupar cada rincón de nuestro país y de nuestra cotidianidad no podemos dejar pasar un umbral más hacia el terror cotidiano y la crueldad normalizada. Más allá de la disputa política entre poderosos esto debe ser un parteaguas para todas y todos en México, no podemos tragarnos más mentiras que cuestan vidas, no podemos dejar de señalar a quienes usan al Estado para enriquecerse y son cómplices en convertir a México en un campo de exterminio. Urge gritar con convicción y compromiso:
Trump piensa que reventar la gobernanza global e intimidar a todos es la mejor estrategia para conseguir sus objetivos. No lo es. El mundo se está dando cuenta de que Estados Unidos ya no es un socio confiable, que es mejor vender o, al menos, diversificar las monedas de reserva en los bancos centrales. Por eso el oro ha alcanzado niveles históricos. Nadie se fía ya de la política al estilo de matón barriobajero, y muchos se están deshaciendo del papel moneda.
Lo paradójico y divertido es que el gobierno estadounidense ha gastado, durante muchos años, miles de millones de dólares en propaganda contra el comunismo, el socialismo, China, Rusia y los países no alineados con Occidente. Sin embargo, en muy pocos meses de locura trumpiana, hasta el más despistado y despolitizado se ha dado cuenta de que Estados Unidos salva al mundo en las películas, pero en la vida real hay que salvarse de Estados Unidos; que Putin es más sensato y un mejor líder que Trump; y que la nueva formación económica con orientación socialista, dirigida con éxito por el Partido Comunista de China, es, de lejos, la mejor opción desarrollista, evidenciando las grandes y graves fallas del capitalismo anglosajón.
La última declaración nauseabunda de Trump fue con relación a Gaza. Dijo que Estados Unidos tomará control del territorio bombardeado y que, sobre los cadáveres de niños, mujeres y civiles inocentes, construirá un desarrollo inmobiliario tipo Riviera para satisfacer a sus amos, los judeo-masónicos que controlan el mundo a través de empresas de capital como BlackRock, Vanguard, State Street y Berkshire Hathaway. No conforme con ello, quiere imponer a Jordania y Egipto que reciban a casi dos millones de palestinos, como si de ganado se tratara.
Como una muestra más de su arrogancia colonial, sigue insistiendo en que Groenlandia servirá como suministro energético y de recursos para Estados Unidos; que Ucrania será su reservorio de granos y tierras raras; que tomará posesión del control de Panamá para favorecer su comercio y bloquear a China; que Canadá debería ser un estado más de su país y, finalmente, que decidió cambiarle el nombre al Golfo de México, que siempre será el Golfo de México.
Esta historia ya la hemos visto antes: alguien que quiso pasar por encima de los demás, que quiso imponer una supremacía, que intentó eliminar a sus enemigos de la forma más cruel, que erradicó cualquier rastro de humanidad hacia los débiles o desposeídos, que culpó a otros de los problemas y que fue tan cínico como cruel en su discurso, acabó humillado. Y es que Trump encarna perfectamente el espíritu fascista e imperialista del anticristo alemán de apellido Hitler.
Intimida a todos con aranceles que, por cierto, la mayoría de los estadounidenses ignora que son impuestos que paga el consumidor, no los vendedores. Gobierna por decretos con el pretexto de la seguridad nacional, pasando por encima de las instituciones y destruyendo acuerdos y tratados históricos. Declara abiertamente que atacará a Irán en específico y a cualquiera que se oponga a sus designios, pero, como buen cobarde, prefiere el “diálogo” con Rusia y China.
Trump representa todo lo que está mal en la política y en el mundo, y la prospectiva geopolítica indica que acabará mal. Tal vez no humillado como los estadounidenses humillaron a Gadafi o a Hussein, pero la historia lo pondrá en su lugar, como lo peor que ha existido en política, y los estadounidenses se avergonzarán —la mayoría— como los alemanes se avergüenzan de Hitler.
La innovación china, el poderío militar ruso, la resistencia latinoamericana y la lucha digna en Medio Oriente son los puntos de partida para derrotar al trumpismo. Solo falta que Europa recobre un poco de dignidad y plante cara al “socio” que le ha puesto el pie en el cuello y la ha debilitado a cambio de una falsa seguridad. Por su parte, México debe seguir enfrentándolo con dignidad y esperar con paciencia a que Trump y su discurso de odio se devoren a sí mismos.
Nuestro partido, Morena, surge como resultado de las luchas ideológicas y sociales, donde los ideales y principios enarbolados por nuestro dirigente principal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido detonantes de la organización política del movimiento de transformación nacional. Estos han permitido hacer frente con enorme éxito a las políticas neoliberales que durante tantos años sumieron en la pobreza y en la corrupción a nuestro pueblo mexicano, de tal forma que los procesos electorales han dado el triunfo a Morena de manera avasalladora desde 2018.
La base militante de nuestro movimiento es la que, con fuerza, impulsa a la dirigencia del partido a mantener sus principios, entre ellos la exigencia de controlar el arribismo de personajes que representan las viejas prácticas políticas de la corrupción. Y aunque el argumento principal proviene del derecho legítimo de todas las personas a afiliarse a un partido político, cabe la duda razonable de si los antiguos funcionarios y dirigentes de la derecha partidista de nuestro país deben o no tener cabida en Morena.
Para ello, es necesario reconocer cuáles son las motivaciones para afiliarse a un partido político.
La primera es por membresía y la segunda, por identidad. Obviamente, quienes tienen una afinidad con los ideales y principios del movimiento se han afiliado por identidad y sentido de pertenencia. En cambio, muchos de los que se afilian por membresía buscan obtener privilegios derivados de su pertenencia al partido, por ejemplo: cargos públicos, presencia política, prestigio, poder político y reconocimiento. En otras palabras, son los privilegios que esperan percibir quienes se registran sin identidad ideológica, mientras que la militancia de base, que se ha afiliado por identidad, espera que se cumplan los ideales y principios.
Bien podríamos resumir estas concepciones en arribistas y creyentes, sin que el hecho de ser creyentes se conciba como fanatismo, puesto que la construcción histórica de nuestro movimiento se forjó sobre grandes sueños de transformación. Andrés Manuel López Obrador retomaba la frase de Ricardo Flores Magón:
“Cuando muera, mis amigos quizá escriban en mi tumba: ‘Aquí yace un soñador’, y mis enemigos: ‘Aquí yace un loco’. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar la inscripción: ‘Aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas’”.
El Movimiento de Regeneración Nacional ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y evolucionar dentro del sistema político mexicano. Una de las estrategias más cuestionables, pero que en el ámbito electoral ha sido de las más efectivas, ha sido la inclusión de personajes que anteriormente fueron adversarios del movimiento, estrategia anunciada por el mismo AMLO en 2017 en el llamado Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México. Desde su fundación, el partido ha adoptado una postura pragmática, buscando alianzas y sumando a sus filas a políticos de diversos orígenes, incluidos aquellos que anteriormente se opusieron al movimiento. Este proceso se ha intensificado desde el triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales de 2018, cuando Morena se consolidó como una fuerza política hegemónica.
En un sistema político competitivo, la capacidad de atraer a políticos de otros partidos puede ser crucial para ganar elecciones. Morena ha utilizado esta estrategia para asegurar victorias en diversos niveles de gobierno. Sin embargo, ¿hasta dónde es posible que la dirigencia estire la liga del pragmatismo por encima de los ideales y principios de la militancia?
La supervivencia y el crecimiento de cualquier partido político dependen en gran medida de su capacidad para atraer y retener adeptos. En el caso de Morena, el pragmatismo político se refleja en la manera en que distribuye los incentivos a sus afiliados. Estos incentivos pueden clasificarse en dos tipos: colectivos y selectivos.
Los incentivos colectivos en Morena incluyen los ideales y principios del partido, tales como la lucha contra la corrupción, la justicia social, la igualdad y el bienestar de los más desfavorecidos. Estos crean un sentido de comunidad y pertenencia entre los miembros, quienes se sienten parte de un movimiento más amplio que busca transformar la vida pública de México.
Por otro lado, los incentivos selectivos son beneficios específicos otorgados a ciertos individuos dentro del partido. Estos pueden incluir posiciones de liderazgo, candidaturas a cargos de elección popular, oportunidades de formación y desarrollo profesional, y acceso a recursos financieros. Son una herramienta poderosa para mantener la lealtad y el compromiso de aquellos que ocupan posiciones estratégicas dentro de la organización. En otras palabras, el pragmatismo institucional del partido beneficia a antiguos adversarios para ganar adeptos, lo que da ventaja a los arribistas.
Ahora bien, para que Morena mantenga su base de apoyo y continúe siendo relevante en el panorama político mexicano, es crucial que exista una buena correlación entre los incentivos colectivos y selectivos. Si bien los incentivos selectivos son necesarios para recompensar a los líderes y mantener la estructura del partido, no deben otorgarse en detrimento de los ideales y principios que identifican y unen a la base militante. La percepción de que el partido favorece a unos pocos a expensas de los ideales colectivos genera descontento y desafección entre los miembros, lo que a su vez puede llevar a la pérdida de militantes y a la decepción política.
Morena enfrenta el desafío de equilibrar ambos tipos de incentivos de manera que mantenga la cohesión interna y la credibilidad externa. Cuando el pragmatismo político aumenta, disminuye la fortaleza ideológica del partido, se incrementan las luchas internas y cobra fuerza la bandera que exige democratizar los procesos internos, la toma de decisiones y el reconocimiento de la militancia de base. Por ello, la dirigencia debe continuar promoviendo los ideales colectivos del partido y asegurarse de que todos los miembros se sientan parte de un movimiento mayor. De manera equitativa y justa, se deben abrir las puertas para que la lealtad y el mérito sean recompensados por encima de los intereses de grupo, particulares o de los arribistas.
Un equilibrio adecuado permite mantener la cohesión interna y la lealtad de sus miembros, asegurando así la estabilidad y el crecimiento del partido. Si se ignora esta correlación, existe el riesgo de perder credibilidad dentro del movimiento, debilitar la estructura organizativa del partido y romper la tan pregonada unidad que exigía a toda costa Mario Delgado.
Decía Ángelo Panebianco:
“Es la presencia de los creyentes, finalmente, la que impide a los partidos ser hasta sus últimas consecuencias esos animales oportunistas descritos por Downs, prontos a moverse de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por un puñado de votos.”
Entre la clase política que fue perdiendo presencia e injerencia en la vida pública, quizá fueron los ligados al poder económico los que más resintieron el repudio de los millones de electores que otorgaron su confianza a la Cuarta Transformación. Algunos de ellos optaron por atrincherarse en negocios turbios, manteniendo un bajo perfil que les permitiera beneficiarse de los contratos de gobierno sin hacer tanto ruido. Otros prefirieron apostarle abiertamente a la confrontación, pensando que podrían contribuir a un imposible triunfo de la oposición. Y otros, no pocos, habría que decirlo, optaron por tatuarse la camiseta del morenismo para adentrarse lo más profundo posible en la vida interna de ese partido, incluyendo la administración pública.
De estos tres casos, los primeros siguen nadando “de a pechito” en los pasillos del poder legislativo y del ejecutivo, con operadores que dedican tiempo completo a obtener las mejores oportunidades para sus principales jefes, ya sea comprando voluntades o cobrando favores. Aquí, el cabildeo no sería en sí un problema si la participación de las empresas fuera justa, pero, como se ha visto en muchos casos, la corrupción desde dentro sigue permeando, sobre todo cuando se ha permitido que espacios de decisión queden en manos de alguno que solo sirve al interés de quien lo colocó y no al proyecto como tal. La fórmula para erradicarlo es sencilla: basta con poner orden y revisar con lupa la actuación de cada quien. Y si no, para muestra está el botón del Sistema Nacional Anticorrupción.
El segundo caso pudiera ser el menos dañino. En un sistema democrático, es normal que un grupo de cualquier naturaleza política dedique sus energías (y recursos) a cuestionar u oponerse al proyecto de la 4T. Al final de cuentas, de eso se trata la participación y para eso sirven los distintos foros de expresión.
Sin embargo, el tercer caso es el más temible de todos, ya que el chapulineo se hace presente por todos lados sin que se vea por dónde se cerrará la puerta morenista a esta nueva clase política que ha venido emergiendo con fuerza desde el comienzo del mandato de López Obrador. Lo preocupante es que algunos de ellos inciden directamente en el acontecer partidista desde dentro, pero lo peor está por venir, pues ahora comenzarán una etapa de desdoblamiento que les permitirá tener mayor alcance, justo cuando está en puerta el proceso para la constitución de nuevos partidos políticos, como lo prevé la ley.
Entre todos los grupos que buscan hacerse de un partido político a partir del próximo año, los más cuestionables serán, sin duda, los que manifiestan cierta identidad con la 4T. Paradójicamente, aquellos que provienen de fuerzas contrarias u opositoras tienen perfectamente definida su estrategia: se sabe cuál es su ideología y no hay duda de que su principal bandera es oponerse a todo lo que signifique el obradorismo o su continuidad con Sheinbaum a la cabeza del movimiento. Pero quienes dicen estar del lado de la Cuarta Transformación son, en algunos casos, los que siembran la duda acerca de sus verdaderas motivaciones.
Por ello, resulta incomprensible que morenistas con afiliación busquen crear un nuevo partido. No porque se cuestione su derecho a hacerlo, mucho menos si su postura frente al actuar partidista queda de manifiesto. Lo cuestionable es que forman parte de las estructuras que fortalecen la burocracia partidista por encima de programas y principios. Eso es lo que se critica.
Una vez más, la crítica es a la dirigencia. No basta con emitir comunicados de la Comisión de Honor y Justicia amagando con iniciar procesos de expulsión. Hace falta fajarse por completo y comenzar una purga antes de que el caballo de Troya se adentre aún más.
Ha escapado, como escapa aquello que sale del encierro, a la conservadora de toda conservación escasa intelligentsia opositora, profundizar en la inminente urgencia que tenemos los mexicanos de que un Milei —con o sin peluca— engrose las filas de nuestra raquítica pero bien topeada clase política. Y es que un Milei mexicano sería capaz de resolver ese complejo balance entre lo liberal en lo económico y lo conservador en lo político y social que tan feliz hace a todo aspiracionista que se respete y viva, orgullosamente, pagando el mínimo en sus tarjetas de crédito. Y es que ni con el Plan México de Sheinbaum alcanzamos la cresta de la ola neoliberal; neoliberalismo que no es entreguista y que no se postra ante los poderosos poderes del capital no es neoliberalismo, aunque se esfuerce por ello. Dos estampas mileianas sirven de ejemplo y parámetro de lo mínimo que deberíamos exigirles a esos Verásteguis, Salinas Pliegos o quien sea que se atreva a levantar la amarilla bandera del libertarismo en nuestra nación.
La primera es muestra de cómo un líder libertario latinoamericano debe estar siempre dispuesto a lamer las botas de quienes usan botas para pisar el cuello de quien ponga el cuello para ser pisado. “Trump no es un proteccionista. Trump utiliza la política comercial como instrumento de geopolítica”, afirmó Milei al referirse a los aranceles que el gobierno de los Estados Unidos impuso al acero. No tengo la menor duda de que no faltará quien, haciendo gala de ser incapaz de hacer gala, refutará que utilizar la política comercial como instrumento geopolítico es proteccionismo. Sin embargo, si se le mira desde la perspectiva libertaria, si se está dispuesto a gritar —bota en cuello— ¡viva la libertad, carajo! a la menor provocación, se entenderá sin entender que aplaudir cuando el imperio indica que se debe aplaudir es lo más libertario que un libertario puede hacer. El libertarismo atraviesa, necesariamente, por la postración. La apertura económica está al servicio del status quo; el anarcocapitalismo no tiene sentido si no garantiza que las clases privilegiadas sean quienes puedan beneficiarse del laissez-faire llevado al extremo. El líder libertario debe trabajar para que la economía sea un “instrumento geopolítico” y de política interna; nada controla mejor a la población que el hambre, la enfermedad y la miseria. Y nada conserva mejor el estatus de los conservadores que el hambre, la enfermedad y la miseria de la clase trabajadora.
La segunda estampa es aún más ilustrativa de lo que el futuro Milei mexicano debe ser y hacer: promover iniciativas privadas que contribuyan a la pauperización de la clase trabajadora. Una vez más, no dudo que salga alguien que sostenga que utilizar el poder político para promover negocios privados que beneficien a unos cuantos es despreciable. Quienes así piensan no han entendido que cuando el poder político no está al servicio de los intereses privados, el poder político está al servicio de la sinrazón y la supervivencia de quienes no deben sobrevivir. Milei utilizó sus redes sociales para promover una criptomoneda llamada $LIBRA, misma que estimularía la economía y ayudaría a crecer a las pequeñas empresas argentinas. El mensaje fue suficiente para dar impulso a dicha moneda, inflarla y permitir a sus promotores desaparecer capitalizando la especulación libertaria. Poco importa si Milei se benefició o no con dicho movimiento; importa menos si el presidente argentino estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto” al que dio su apoyo. Lo importante de toda importancia es que, al hacerlo, contribuyó a poner al aspiracionismo argentino, y a otro tanto del aspiracionismo fuera de Argentina, en su lugar: el de mirar permanentemente hacia arriba, salivando mientras envidian un estilo de vida que nunca podrán tener. Una vez más, libertarios en lo económico para beneficiar a las clases privilegiadas y conservadores en lo político y social para contener a las clases trabajadoras.
Entrados en gastos
Resulta sencillo imaginar que un Milei mexa surja de las filas del más reaccionario panismo, del más pragmático priismo o de cualquier ídolo temporal del aspiracionismo nacional. Sin embargo, no debería sorprendernos que el próximo Milei azteca vea la luz dentro de Morena y la 4T. No estoy hablando de los Yunes o los Murat, que en una muestra de congruencia ideológica se identifican con el Humanismo Mexicano. No, eso es poca cosa. Estoy hablando de un político “ínclito y preclaro” —para utilizar las palabras con las que Monreal calificó a Pedro Haces— que, sin dejar de ser cuatrero, sin dejar de ser de izquierda, sin dejar de hablar del bienestar cada que el bienestar necesite que se hable del bienestar, sea capaz de impulsar un humanismo libertario mexicano, que anteponga la justicia social a las necesidades del capital y que permita a la sociedad morir libremente de hambre, como mejor le parezca morir de hambre.
Carlos Bortoni es escritor. Su última novela es Historia mínima del desempleo.
El 13 de febrero de 2025, el Senado de la República aprobó una reforma histórica a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con 67 votos a favor y 35 en contra. Esta reforma representa un avance crucial para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos, garantizando que el acceso a la vivienda sea más transparente y equitativo. Esta nueva legislación llega en un momento clave, coincidiendo con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la construcción de 52,345 viviendas en 25 estados del país entre febrero y abril de este año, un esfuerzo monumental para reducir el déficit habitacional y transformar el panorama social del país.
La reforma al Infonavit busca garantizar que los recursos del Instituto, generados a través de los ahorros de los trabajadores, sean administrados de manera eficiente y transparente. Este cambio no solo mejorará el acceso a créditos hipotecarios, sino que también fortalecerá la confianza de los mexicanos en una institución que históricamente ha sido crucial para la adquisición de vivienda. Con esta reforma, el sistema de pensiones y los créditos de vivienda se vuelven más accesibles, transparentes y justos, permitiendo que más personas, especialmente las más vulnerables, puedan obtener la vivienda que merecen.
Este impulso legislativo se complementa perfectamente con el anuncio de la presidenta Sheinbaum del 10 de febrero, quien subrayó que durante los primeros tres meses del año se construirán más de 52,000 viviendas, especialmente en regiones que han sido históricamente marginadas. El programa no solo responde a una necesidad urgente de infraestructura, sino que también tiene un impacto directo en la generación de empleo en el sector de la construcción, estimulando las economías locales y mejorando la calidad de vida de miles de familias mexicanas. Esta iniciativa es un claro reflejo de la política social que impulsa el gobierno de la presidenta Sheinbaum: un México más inclusivo y con mayores oportunidades para todos.
Ambos proyectos, la reforma al Infonavit y el programa de construcción de viviendas, se encuentran estrechamente vinculados. Mientras la reforma busca dar mayor acceso y transparencia en los créditos, el plan de construcción de viviendas se asegura de que esta disponibilidad se traduzca en resultados tangibles para los mexicanos. Los beneficiarios de estos créditos podrán acceder a viviendas de calidad, construidas con altos estándares, que no solo representan un techo, sino también la oportunidad de construir un mejor futuro para sus familias.
El respaldo del Senado, que aprobó esta reforma con un apoyo claro y contundente, es un reflejo del consenso que existe en torno a la importancia de estas políticas públicas. A través de esta reforma, el Senado envía un mensaje claro: la vivienda no es un lujo, sino un derecho fundamental que debe ser accesible para todos los mexicanos. Esta es una victoria no solo para los trabajadores, sino también para el país en su conjunto, que avanza hacia una mayor justicia social y un desarrollo más equilibrado.
El anuncio de la presidenta Sheinbaum, por su parte, marca un antes y un después en la política habitacional del país. Con la construcción de más de 52,000 viviendas en tan solo tres meses, el gobierno de México reafirma su compromiso con la justicia social, asegurando que los mexicanos más necesitados tengan un hogar digno y seguro. Esta estrategia va más allá de la mera entrega de casas: busca fortalecer la infraestructura social y económica de las comunidades, generando empleo, bienestar y desarrollo económico en regiones clave.
El impacto de estas medidas será profundo y duradero. La reforma al Infonavit y el programa de construcción de viviendas son dos piezas fundamentales en la construcción de un México más equitativo. Con estas políticas, el gobierno federal está demostrando que la vivienda es una prioridad y que, con voluntad política y esfuerzo conjunto, es posible transformar el panorama habitacional del país.
La reforma al Infonavit y el programa de construcción de viviendas anunciado por la presidenta Sheinbaum representan pasos decisivos hacia un México más justo y próspero. Ambas iniciativas no solo abordan el déficit habitacional, sino que también ofrecen soluciones concretas para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos. La reforma al Infonavit fortalece la confianza en el sistema, mientras que el programa de vivienda garantiza que este acceso se traduzca en un hogar digno para los más necesitados. Con un Senado comprometido y un gobierno federal que apuesta por el bienestar social, México está construyendo un futuro más sólido, inclusivo y lleno de esperanza.
La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
El presidente argentino, economista o, como prefiero llamarlo, ideólogo Javier Milei, estafó a Argentina con una criptomoneda, causando pérdidas por más de 100 millones de dólares. Quien se dice ser merecedor de un premio Nobel por estar “reescribiendo la teoría económica”, en lugar de sacar a la economía argentina del sometimiento inflacionario, terminó por usar la institución presidencial como un promotor de la ganancia desmedida sin obstáculos.
El ultraderechista se comió la ética política y promocionó a través de su cuenta de X la criptomoneda $Libra, la cual se trataba de un proyecto privado. En su tuit exponía que el proyecto iba a dedicarse a “incentivar el crecimiento de la economía en Argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Para facilitar la compra de la moneda, colocó un enlace, “Vivalalibertadproject.com”, que llevaba al contrato del token. Horas después, el mandatario eliminó el tuit y se deslindó del lío bajo la excusa de no estar “interiorizado en los pormenores del proyecto”.
Sin embargo, fue la investidura presidencial de Milei la que disparó la demanda de la moneda. Es importante señalar que entre el 70 % y 80 % de $Libra estaba en manos de muy pocas personas antes de que Milei promocionara su compra, cuando lo usual es que los fundadores posean un 10-15 %. De modo que debe quedar claro que el presidente de Argentina fue parte fundamental del crecimiento exponencial de $Libra y, posteriormente, ocurrió el desplome de esta moneda.
Eso es el libertinaje en el poder, es decir, la corrupción de la libertad; como resultado, no hay administración pública por parte del gobierno, sino el trato de esta como una empresa privada. Dado que Aristóteles decía que los regímenes de gobierno no son otra cosa que las formas de vida de los gobernados, ¿a qué clase de Estado está Javier Milei condenando a los argentinos?
