Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se presentó hoy en una audiencia de revisión en la corte de Chicago, Illinois. Su abogado, Jeffrey Lichtman, confirmó que tanto Ovidio como su hermano Joaquín Guzmán López están en negociaciones con la justicia de Estados Unidos para llegar a un acuerdo de culpabilidad.
Guzmán, conocido como “El Ratón”, quien anteriormente se declaró no culpable, compareció para revisar el estado de su expediente y el avance en la recolección de pruebas. La audiencia, que duró aproximadamente 15 minutos, fue presidida por la jueza Sharon Johnson Coleman. Durante la sesión, la jueza preguntó a Guzmán si estaba consciente de un posible conflicto de intereses, dado que Lichtman también representa a su hermano. Ovidio respondió afirmativamente.
El acusado enfrenta cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, en Chicago, de un total de 12 acusaciones en su contra en Estados Unidos.
Lichtman también comentó que los hermanos Guzmán buscan un acuerdo de culpabilidad, lo que podría incluir la cooperación con las autoridades a cambio de una reducción en sus condenas. Se especula que los “Chapitos” podrían estar dispuestos a colaborar en la captura de otros líderes del narcotráfico, como Ismael “El Mayo” Zambada.
El abogado de Los Chapitos confirma que Joaquín y Ovidio Guzmán negocian un acuerdo con Estados Unidos
Jeffrey Lichtman rompe el silencio en la primera comparecencia de El Ratón en Chicago tras la captura de El Mayo. Ambos hermanos tienen programada una audiencia conjunta el próximo 7 de enero.
Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán sí están en negociaciones para colaborar con la justicia de Estados Unidos. Así lo confirmó este lunes el abogado de la familia Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien puso fin a semanas de especulaciones en torno a un posible acuerdo de culpabilidad para Los Chapitos. Lichtman hizo las revelaciones en la primera audiencia de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, en un tribunal de Chicago, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, su hermano mayor, a finales de julio. La jueza Sharon Johnson Coleman ordenó que se celebre una audiencia conjunta con ambos hermanos programada para el próximo 7 de enero.
Se trata de la primera vez que Lichtman, que representa a ambos hermanos, reconoce las negociaciones con las autoridades. Las versiones sobre una posible colaboración de Los Chapitos para traicionar y delatar a sus antiguos socios a cambio de una pena reducida ganaron fuerza en los últimos días, después de que los medios en México se hicieron eco de que Joaquín y Ovidio Guzmán han sido trasladados en las últimas semanas fuera de la cárcel. Tras una breve audiencia de unos 15 minutos, el abogado aclaró ante los reporteros que sus clientes siguen bajo custodia de Estados Unidos y achacó, en buena parte, los movimientos a cuestiones de seguridad de la prisión federal de Chicago.
El Mayo acusó en una carta difundida por sus abogados a Joaquín Guzmán El Güero, su ahijado, de secuestrarlo y entregarlo a las fuerzas de seguridad estadounidenses a cambio de mejorar la situación legal de su hermano, extraditado en septiembre del año pasado. Es posible que la audiencia en enero sea el final de meses de especulaciones en torno al pacto entre los herederos de El Chapo y Estados Unidos, en caso de que ambas partes pacten las condiciones para la rendición de los capos. En México, los hombres de El Mayo y la Chapiza libran una guerra por el control del Cartel de Sinaloa desde el pasado 9 de septiembre, que ha sembrado el caos y dejado miles de muertos en Culiacán y otros municipios, bastión histórica de la organización criminal. Zambada sigue su proceso judicial en Nueva York y compareció el viernes pasado ante la corte de Brooklyn, epicentro de la ofensiva judicial de Estados Unidos contra los carteles mexicanos.
Tras la publicación de la carta de El Mayo a mediados de agosto, Lichtman fue tajante y negó en repetidas ocasiones la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad. La última vez fue apenas el viernes pasado, cuando dijo a la cadena de televisión Telemundo que no había tal pacto. El abogado de Los Chapitos, que también defendió a El Chapo en su juicio de 2019, había sido cuidadoso a últimas fechas con lo que compartía a los medios. Sin embargo, conforme han avanzado las investigaciones sobre la captura de El Mayo, los Gobiernos de México y Estados Unidos aludieron que Los Chapitos han establecido negociaciones secretas y contactos informales con agencias estadounidenses desde hace años para concretar su rendición. Esa es la hipótesis más plausible detrás de la detención de Zambada, que se ha convertido también en la principal línea de investigación de las autoridades mexicanas.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió su propia investigación para esclarecer lo que sucedió en México durante las horas previas al arresto de El Mayo en un aeropuerto rural cerca de la ciudad fronteriza de El Paso. En su último comunicado, publicado el domingo, la FGR confirmó que Héctor Cuén, exalcalde de Culiacán y diputado federal electo, fue asesinado en la misma finca donde Zambada aseguró que fue secuestrado y maniatado por Los Chapitos. El capo de 76 años afirmó que fue sometido tras ser citado a una reunión con Cuén y su principal adversario político, el gobernador Rubén Rocha Moya.
Las autoridades ministeriales dieron a conocer que se encontraron rastros de sangre de Cuén en la escena del crimen, en las primeras revelaciones sobre pruebas materiales tras el magnicidio. En su anterior comunicado, de finales de agosto, la FGR vinculó a Ovidio Guzmán con el secuestro de El Mayo y dijo que estaba indagabando si participó como uno de los autores intelectuales que planearon el golpe contra su antiguo socio. No hubo un pronunciamiento en ese sentido en el último boletín del ministerio público. Joaquín Guzmán López es el principal sospechoso de la Fiscalía. Rocha ha negado cualquier vínculo con el narco.
Tras semanas de silencio, los casos abiertos contra El Mayo y Los Chapitos en Estados Unidos se vuelven a entrelazar. Los hermanos Guzmán fueron requeridos por la jueza a comparecer juntos por primera vez desde que El Güero se entregó el pasado 25 de julio. Zambada tuvo su primer encuentro en Nueva York con el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a cadena perpetua a El Chapo en 2019 y a Genaro García Luna la semana pasada a 38 años. Se verá las caras otra vez con él el próximo 15 de enero, una semana después de que los hijos de su antiguo socio tengan su próxima vista en Illinois. Mientras sigue el juego de delaciones y traiciones sigue del otro lado de la frontera, Sinaloa arde. Se registraron otros nueve asesinatos en el Estado el pasado fin de semana, según datos oficiales.
La CIA afirma que cualquier historia que la relacionara con la explosión de la cocaína en los años 80 es una calumnia conspiratoria. Pero las pruebas de su complicidad están todas en los expedientes del Congreso. Esto es lo que sabemos:
El informe del entonces senador John Kerry contenía algunas pistas vinculando la CIA con el tráfico de drogas.
a CIA pensó que había enterrado una historia sórdida con la muerte del reportero del Mercury News de San Jose, Gary Webb. Webb había pasado años documentando el tráfico de crack en Estados Unidos y la complicidad de la agencia de inteligencia en el mismo, y se quitó la vida en 2004 después de que su serie de reportajes «Dark Alliance», de 1996, fuera objeto de un intenso escrutinio por parte de los pesos pesados del periodismo estadounidense, como el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times.
Desgraciadamente para los jefes de la inteligencia estadounidense, las acusaciones de Webb y otros periodistas continuaron prendiendo en la cultura popular, donde la oportunidad de combinar dos arquetipos cinematográficos, el espía y el gángster, parece irresistible. Varias películas de Hollywood, como el biopic de Webb Kill the Messenger (2014) y American Made (2017), con Tom Cruise como el piloto de la CIA Barry Seal, han ayudado a mantener las acusaciones en la conciencia pública.
El mismo año en que se estrenó Kill the Messenger, la Agencia Central de Inteligencia publicó un artículo previamente clasificado de 1997 de su revista interna titulado «Managing a Nightmare: CIA Public Affairs and the Drug Conspiracy Story» (La gestión de una pesadilla: los asuntos públicos de la CIA y la historia de la conspiración del narcotráfico). Su autor, Nicholas Dujmovic, describió la controversia como un síntoma de la creciente «desconfianza pública en el gobierno», con la CIA como un espectador inocente atrapado entre fuego cruzado: «En estos tiempos, incluso las alegaciones más fantásticas sobre la CIA —como el asesinato de JFK, el encubrimiento de OVNIS o la importación de drogas a las ciudades de Estados Unidos— resonarán e incluso atraerán, a gran parte de la sociedad estadounidense».
Según Dujmovic, el asunto de la «Alianza Oscura» («Dark Alliance») había «seguido en gran medida su curso», dejando a los agentes de inteligencia lamentando el «escaso aprecio público de su dedicación y duro trabajo» entre la ciudadanía estadounidense:
En última instancia, la historia de la CIA y las drogas dice mucho más sobre la sociedad estadounidense en vísperas del milenio que sobre la CIA o los medios de comunicación. Vivimos en tiempos un tanto toscos y emocionales, en los que un gran número de estadounidenses no adhieren a los mismos estándares de lógica, evidencia o incluso discurso civilizado que los practicados por los miembros de la comunidad de la CIA.
Afortunadamente, hubo excepciones a esta regla. Dujmovic atribuyó a «una base de relaciones ya productivas con los periodistas» el haber ayudado a «evitar que esta historia se convirtiera en un desastre sin paliativos» mientras la agencia daba a conocer su versión de los hechos: «Durante los primeros días, los portavoces de la CIA recordaban a los periodistas que la serie no representaba ninguna noticia real, ya que en los años ochenta se hicieron acusaciones similares que fueron investigadas por el Congreso y se comprobó que no tenían fundamento».
El informe Kerry
Aunque no lo mencionó por su nombre, Dujmovic solo puede haberse referido a un informe publicado en 1989 por el senador de Massachusetts John Kerry y su equipo tras una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Si la CIA considera realmente que el informe del Comité Kerry es una exoneración de su historial, resulta difícil saber qué podría considerar como una acusación.
Aunque Kerry no encontró pruebas de que los jefes de la CIA hubieran orquestado deliberadamente la venta de drogas en ciudades estadounidenses, sus conclusiones siguen siendo condenatorias:
Está claro que los individuos que proporcionaron apoyo a los Contras estaban implicados en el tráfico de drogas, la red de suministro de los Contras fue utilizada por organizaciones de narcotraficantes, y elementos de los propios Contras recibieron a sabiendas ayuda financiera y material de los narcotraficantes. En cada caso, una u otra agencia del gobierno de los Estados Unidos tenía información sobre la participación, ya sea mientras se estaba produciendo o inmediatamente después.
El informe citaba el testimonio del jefe del Grupo de Tareas de la CIA en América Central, Alan Fiers, sobre los vínculos entre los Contras y el contrabando de drogas: «No se trata de un par de personas. Es mucha gente». Refiriéndose a un destacado líder de la Contra, Edén Pastora, Fiers fue igualmente sincero: «Sabíamos que todos los que rodeaban a Pastora estaban involucrados en la cocaína».
El patrón de complicidad no empezó ni terminó en Langley. Los funcionarios del Departamento de Justicia seguían negando las acusaciones en 1986, señala el informe, a pesar de que el FBI ya tenía en su poder «información significativa sobre la participación de narcotraficantes en las operaciones de la Contra». Por su parte, el Departamento de Estado había «seleccionado cuatro empresas propiedad de narcotraficantes y operadas por ellos para suministrar asistencia humanitaria a los Contras». Todavía estaba haciendo negocios con una empresa, Diacsa, seis meses después de que sus directores fueran acusados de contrabando de cocaína y lavado de dinero.
Los exiliados cubanos de derecha, con fuertes vínculos con el gobierno estadounidense, especialmente con la CIA, habían estado muy involucrados en el apoyo a los Contras: «Su ayuda, que incluía suministros y entrenamiento, fue financiada en parte con dinero de la droga». El comité de Kerry descubrió que el mayor grupo de la Contra, la Fuerza Democrática Nicaragüense, «sí movió fondos de la Contra a través de una empresa de tráfico de drogas y una operación de lavado de dinero». Este tipo de actividad era un secreto a voces en los círculos gubernamentales:
Los funcionarios estadounidenses implicados en la asistencia a los Contras sabían que los contrabandistas de drogas estaban explotando la infraestructura clandestina establecida para apoyar la guerra y que los Contras estaban recibiendo ayuda derivada del tráfico de drogas. En lugar de denunciar a estas personas a los organismos de seguridad correspondientes, parece que algunos funcionarios pueden haber hecho la vista gorda ante estas actividades.
El diario del funcionario de la administración Reagan, Oliver North, fue redactado en gran medida antes de las audiencias de Irán-Contra, pero todavía contenía anotaciones como «El DC-6 hondureño que se está utilizando para las salidas de Nueva Orleans probablemente se está utilizando para el tráfico de drogas en los EE. UU.» de agosto de 1985. El dictador panameño Manuel Noriega también se benefició de la indulgencia de Washington, como señalaba el informe: «Todas las agencias del gobierno estadounidense que tenían relación con Noriega hicieron la vista gorda ante su corrupción y tráfico de drogas, incluso cuando se estaba convirtiendo en un actor clave en nombre del cártel de Medellín».
Hacer la vista gorda
Las conclusiones del informe de la Comisión Kerry respaldan ampliamente las acusaciones de que la CIA facilitó, al menos indirectamente, el tráfico de drogas. Incluso el inspector general de la agencia, Frederick Hitz, confirmó a regañadientes la idea general de la acusación de «hacer la vista gorda»: «Hay casos en los que la CIA no cortó de forma expeditiva o coherente las relaciones con individuos que apoyaban el programa de la Contra y que supuestamente habían participado en actividades de tráfico de drogas, ni tomó medidas para resolver las acusaciones».
Llegados a este punto, podríamos imaginar las citas pertinentes de Hitz o del informe Kerry, pero con las letras «KGB» en lugar de «CIA». Si los agentes de inteligencia soviéticos hubieran mostrado un historial similar de connivencia con los narcotraficantes que introducían toneladas de cocaína en Estados Unidos, no nos habríamos preguntado si se propusieron deliberadamente fomentar una catástrofe social o simplemente no les importaba lo que ocurriera al otro lado de sus cadenas de suministro cuidadosamente construidas.
Dicho de otro modo: cuando bancos como Wachovia y HSBC han tenido que pagar multas masiva —1900 millones de dólares en el caso del HSBC— por ayudar a los cárteles mexicanos a blanquear sus beneficios, nadie ha intentado defenderlos alegando que solo querían ganar dinero y que solo trataban con los cárteles porque esos grupos tenían mucho.
Entonces, ¿cómo es posible que «Managing a Nightmare» se refiera con tanta seguridad a la «historia de la conspiración de la CIA contra el narcotráfico» como una fábula desacreditada que se parece más a The X-Files que a All The President’s Men? Dujmovic se declaró gratamente sorprendido por el historial de los medios de comunicación estadounidenses: «La profesión periodística tiene la voluntad y la capacidad de hacer que sus propios miembros cumplan ciertas normas». Los miembros del personal de Asuntos Públicos de la CIA no tardaron en «recibir llamadas de diversos reporteros que se mostraban escépticos ante las acusaciones y que planeaban escribir artículos que pusieran en duda la serie del Mercury News».
Gatekeepers
En un artículo de 1997 para Columbia Journalism Review, Peter Kornbluh adoptó una visión mucho más áspera del historial de sus colegas. Como señaló Kornbluh, había una larga historia de control de acceso en este campo, que se remontaba a la publicación del informe Irán-Contra en noviembre de 1987:
Cuando un reportero de investigación se levantó para preguntar al abogado principal de los comités si los legisladores habían encontrado alguna conexión entre los contras y el contrabando de drogas, un corresponsal del New York Times le gritó burlonamente desde el otro lado del pasillo: «¿Por qué no haces una pregunta seria?»
Cuando el equipo de John Kerry publicó su propio informe dos años después, la respuesta de los principales medios de prensa «constituyó poco más que un bostezo colectivo (…) el Washington Post publicó un breve artículo en la página 20 que se centraba tanto en las luchas internas del comité como en sus conclusiones; el New York Times publicó un breve artículo en la página 8; Los Angeles Times publicó un artículo de 589 palabras en la página 11». Los mismos periódicos dedicaron mucho más espacio a desmontar la serie de Gary Webb en el Mercury News siete años después.
Fueron Webb y sus editores quienes finalmente pusieron el tema en la agenda de las noticias en 1996, ayudados por el auge de Internet y por las emisoras de radio alternativas que amplificaron (y a veces embellecieron) las principales afirmaciones. Los principales periódicos de Estados Unidos se dedicaron entonces a desmontar la historia de Webb, en particular Los Angeles Times, que asignó un equipo de diecisiete reporteros a la tarea. Uno de sus miembros lo describió con agudeza como el «equipo para atrapar a Gary Webb».
Inevitablemente, pudieron encontrar algunos agujeros en los artículos del Mercury News. Informar sobre la actividad de las bandas criminales, los grupos paramilitares y las agencias de inteligencia no es como informar sobre el Capitolio: los actores principales se esfuerzan por cubrir sus huellas, dejando importantes lagunas en el registro documental, y las pruebas individuales a menudo estarán abiertas a múltiples interpretaciones.
Aun así, algunas de las «correcciones» publicadas por Los Angeles Times eran mucho más dudosas que el informe original de Webb. Uno de los artículos acusaba a Webb de inflar groseramente el papel de «Freeway» Rick Ross, un narcotraficante de Los Ángeles que también aparece en el documental de 2021 Stanley Nelson Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy. Según el Times, Ross era realmente una figura menor, sin mayor trascendencia en la historia del crack. Sin embargo, tres años antes había publicado un artículo en el que se afirmaba precisamente lo contrario, con un titular de uno de los mismos reporteros: «Si hubo un ojo de la tormenta, si hubo un cerebro criminal detrás del reinado del crack durante una década, si hubo un capitalista fuera de la ley más responsable de inundar las calles de Los Ángeles con cocaína comercializada en masa, su nombre fue Freeway Rick».
La mayoría de las refutaciones en los medios de comunicación estadounidenses se referían en realidad a una acusación que Webb no había formulado, pero que no tardó en generalizarse en las comunidades afroamericanas: la CIA no solo había hecho la vista gorda ante el tráfico de drogas, sino que en realidad había fomentado la proliferación del crack como parte de una estrategia deliberada para hacer retroceder los logros políticos de los años sesenta y setenta. Era perfectamente comprensible, después de las experiencias de COINTELPRO, Reaganomics y el encarcelamiento masivo, que muchos negros estuvieran dispuestos a creer tales acusaciones. Incluso si las pruebas no apoyan la versión fuerte de esta tesis, la verdad bien documentada es apenas menos condenatoria.
En noviembre de 1996, el director de la CIA, John Deutch, aceptó dar la cara en una reunión comunitaria en el barrio de Watts, en Los Ángeles. En la víspera de su comparecencia, Kornbluh resumió el dilema de la agencia:
Para contrarrestar las acusaciones extremas de que la CIA eligió comunidades de color para la distribución de crack con el fin de financiar la guerra de la Contra, Deutch debe admitir una verdad diferente, pero igualmente escandalosa: la disposición de los funcionarios de seguridad nacional a conspirar con los traficantes de droga simplemente porque tenían una contribución que hacer a la guerra encubierta contra la Nicaragua sandinista. Dependerá de Deutch convencer a los que han sufrido este escalofriante conjunto de prioridades de la Guerra Fría de que la CIA está ahora comprometida con la prevención de la criminalización de la doctrina de seguridad nacional.
Perspectivas positivas
La historia de la «Alianza Oscura» captó la imaginación del público por su relevancia para un problema social catastrófico en los propios Estados Unidos. Pero el vínculo entre la política exterior estadounidense y el narcotráfico no empezó ni terminó con Centroamérica en los años ochenta. Las operaciones clandestinas fomentan este tipo de empresas del mismo modo que los pantanos fomentan la malaria. En la década de 1950, la CIA envió armas a los anticomunistas señores de la guerra chinos que habían cruzado al norte de Birmania, lo que les permitió hacerse con su propia porción de territorio. Los señores de la guerra empezaron a cultivar opio para financiar sus actividades, y así nació el Triángulo de Oro.
Robert Oakley, embajador de Estados Unidos en Pakistán entre 1988 y 1991, se quejó de que la estación local de la CIA trabajaba mano a mano con los líderes muyahidines afganos que estaban muy involucrados en el comercio de narcóticos, incluso después de la retirada de las tropas soviéticas:
Pedí constantemente a la estación que obtuviera información sobre este tráfico de sus fuentes dentro de Afganistán. Negaron que tuvieran fuentes capaces de hacerlo. No podían negar que tuvieran fuentes, ya que estábamos obteniendo información sobre armas y otros asuntos. Incluso planteé el asunto a [el jefe de la CIA] Bill Webster. Nunca obtuve una respuesta satisfactoria. Nunca pasó nada.
Entre los socios elegidos por Langley se encontraba el futuro aliado de los talibanes, Gulbuddin Hekmatyar.
El informe Kerry relacionaba las prácticas que documentaba en América Latina con el entorno más amplio de la Guerra Fría: «las operaciones de los cárteles se han visto con demasiada frecuencia como un complemento de lo que se ha percibido como la cuestión más importante del conflicto Este-Oeste en la región». Poco después de la aparición del informe, cayó el Muro de Berlín, pero la «criminalización de la doctrina de la seguridad nacional» ha seguido estando muy presente en las últimas tres décadas.
La relación de Estados Unidos con el presidente colombiano Álvaro Uribe ofrece un ejemplo sorprendente. Durante su primer mandato, Uribe promulgó la llamada «Ley de Justicia y Paz», que concedía una amnistía a los líderes paramilitares de derecha que habían matado a muchos miles de civiles colombianos. Los tribunales colombianos dictaminaron posteriormente que los términos de la ley eran inconstitucionales. Los jefes paramilitares, que ahora se enfrentaban a la posibilidad de ser encarcelados, sintieron que Uribe les había traicionado, y estaban a punto de empezar a hablar libremente sobre su largo historial de connivencia con sus actividades.
Afortunadamente para Uribe, tenía amigos en Washington dispuestos a ayudarle a salir de una situación complicada. Los paramilitares eran buscados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, pero Uribe se había negado hasta entonces a extraditarlos. De repente, cambió esa política y los sacó del país de la noche a la mañana para que ningún juez colombiano pudiera intervenir. Personajes infames como Salvatore Mancuso pasaron ahora a manos de las autoridades estadounidenses.
Una investigación del New York Times de 2016 encontró algunas irregularidades extraordinarias en el manejo de sus casos:
Los líderes extraditados en masa habrán cumplido una media de 10 años como máximo por conspiraciones de drogas que implicaban toneladas de cocaína. En comparación, los presos federales condenados por tráfico de crack —en su mayoría traficantes callejeros que vendieron menos de una onza— cumplen una media de poco más de 12 años de prisión (…) Se les trató como si fueran delincuentes por primera vez a pesar de sus amplios antecedentes penales en Colombia, y se les acreditó el tiempo que habían cumplido allí a pesar de que la justificación oficial de su extradición era que estaban cometiendo delitos en las cárceles colombianas.
Los funcionarios jurídicos estadounidenses que se ocuparon de los casos de estos hombres, ninguno de los cuales llegó a juicio, no tuvieron reparos en expresar su admiración y respeto por los narcos. Uno de los jueces describió al hombre al que estaba sentenciando como «sustancialmente diferente» de los señores del crimen comunes y corrientes, ya que utilizaba el dinero del narcotráfico para ayudar a financiar una guerra contra la izquierda colombiana: «se dedicaba a una actividad que tenía algunas perspectivas positivas». Un fiscal federal de narcóticos fue igualmente generoso en su valoración: «Claramente, hicieron algunas cosas desagradables. Pero, ya sabes, era una guerra civil allí. Siempre he querido creer que si me pusieran en la misma situación, habría hecho las cosas de otra manera. Pero no lo sé».
Desde cualquier punto de vista racional, el hecho de que los líderes paramilitares utilizaran sus beneficios del narcotráfico para pagar una campaña de asesinatos en masa debería haber sido un factor agravante, que diera lugar a sentencias más duras.
Las oscuras alianzas que contribuyeron a fomentar una calamidad social durante los años 80 y 90 encajan en un patrón mucho más amplio. Existe un abismo entre la «seguridad nacional», tal como la interpretan agencias gubernamentales como la CIA, y la seguridad real de los ciudadanos estadounidenses. En nombre de la protección de la patria y de la seguridad de su población, estos organismos han aplicado sistemáticamente políticas que aumentaron los peligros que se suponía debían combatir.
El trabajo de reporteros como Gary Webb puso de manifiesto esa realidad para todos los que sufrieron directa o indirectamente la explosión de la adicción al crack y la criminalidad violenta que la acompañaba. La pesadilla de las relaciones públicas de la agencia de inteligencia era la sombra que proyectaba una pesadilla real en los barrios humildes de todo Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 29 de enero de 2024. Foto Pablo Ramos.
Ciudad de México. La presencia del crimen organizado en Guerrero se ha enraizado desde hace tres sexenios y creció mucho en este periodo, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se fortalecieron en comunidades, tienen en algunas partes base social de respaldo; también entraron por la vía de los partidos, lo que ha sucedido en el país desde hace algún tiempo, y se está combatiendo, pero es un proceso y lo vamos a continuar.
En su conferencia, se refirió a la promoción de acuerdos entre diversas expresiones del crimen organizado auspiciados desde el clero, porque tienen bastante capacidad de movilización. Hace como seis u ocho meses tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, 2 mil, y buscaban un enfrentamiento. Lo que hicimos fue no caer en la provocación, se retiró la Guardia Nacional, porque querían confrontarse.
López Obrador consideró que el crecimiento de la delincuencia en Guerrero fue resultado, en gran medida, del abandono que en el periodo neoliberal se hizo con los jóvenes. Se dejó a la gente sin apoyo en sus comunidades; es algo que ha cambiado en esta administración, en la que se han instrumentado políticas específicas para la atención de ese sector, como Jóvenes Construyendo el Futuro.
–¿Cuál es la instrucción que se da cuando las fuerzas armadas, la Guardia Nacional está en las calles? –Que se evite caer en provocación, que se use más la inteligencia que la fuerza, que no haya enfrentamientos, no masacres ni detener a los dirigentes de las bandas, como se ha hecho, porque no hay impunidad para nadie.
El mandatario aseveró que se enfrentan resistencias desde diversos sectores por la corrupción. “Ahí tenemos casos de jueces, y ahora más, porque como el Poder Judicial ya se descaró como que está al servicio del dinero, de ese poderoso caballero, ya los jueces actúan con absoluta impunidad y otorgan libertades a delincuentes, como estos casos (…) La impunidad la otorgan los jueces, los magistrados, los ministros. Y no sólo al crimen organizado también a la delincuencia de cuello blanco.”
El Departamento de Justicia no solo aclaró que el caso está cerrado, sino que reconoció la colaboración de AMLO en la lucha contra las drogas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que la investigación encabezada por la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2006, fue concluida y cerrada, según pudo confirmar el periodista Jesús García de La Otra Opinión.
En tanto, el periodista Tim Golden, autor del reportaje para el portal de ProPublica, aseguró al reportero mexicano que su texto “no afirma la existencia de evidencias contundentes” sobre las revelaciones que habría efectuado la DEA contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su campaña presidencial de 2006.
¿Qué dijo el Departamento de Justicia?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) afirmó que la investigación estuvo “limitada en el tiempo”, además de restringida en alcance únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en el país y concluida.
Jesús García señaló que el diario solicitó a la DEA una postura oficial, sin embargo fue referido al Departamento de Justicia, que se encargó de aclarar el cierre de la investigación.
“Hace 13 años, el Departamento siguió sus protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles”, señaló un funcionario del DOJ, quien puntualizó que la indagatoria a la campaña de AMLO en 2006 se encuentra cerrada desde hace años.
El portavoz del Departamento de Justicia estadounidense destacó la colaboración del gobierno de López Obrador, pues al asumir el cargo en 2018, afirmó, hubo un “notable repliegue en la lucha contra la droga”.
En ese sentido, el funcionario del DOJ indicó que: “el Departamento de Justicia respeta plenamente la soberanía de México y estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga”.
Tim Golden desestima evidencias
De acuerdo con el medio Sin Embargo, el periodista Tim Golden, autor del reportaje publicado en ProPublica en donde señaló que la DEA cuenta con declaraciones que señalan que la campaña de López Obrador, en 2006, supuestamente habría recibido 2 millones de dólares de parte del Cártel de Sinaloa, a través de operadores cercanos del entonces candidato, realizó algunas precisiones a su artículo.
🚨El @TheJusticeDept me confirma que dio por "concluida" la investigación de la DEA de hace 13 años sobre presuntos pagos del narco a campaña de AMLO en 2006.https://t.co/rNmzVsDykw
En una conversación con el reportero mexicano Jesús García, el periodista estadounidense afirmó que en el artículo no se mencionó que hubiesen evidencias contundentes que sostuvieran que existieron las supuestas donaciones del narcotráfico a la campaña de AMLO.
“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones”, señaló Golden.
“Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva”, apuntó el periodista.
Además indicó que “no hay ninguna evidencia” de que el presidente López Obrador tenga o haya tenido vínculos con el crimen organizado.
Nicolás Mollinedo Bastar aseguró a “Los Periodistas” que si la información publicada por Tim Golden en ProPublica fuera verdadera, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, uno de los principales detractores de López Obrador, no hubiera desaprovechado la oportunidad para desacreditarlo.
Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Nicolás Mollinedo Bastar, conocido como “Nico”, quien desempeñó como chofer del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador hasta 2012, aseguró en entrevista que es falsa la información que publicó el periodista Tim Golden en ProPublica, en la cual, citando fuentes de la DEA, sostiene que recibió dinero de narcotraficantes para la campaña de AMLO de 2006.
En entrevista con “Los Periodistas“, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Mollinedo Bastar aseguró que si la información publicada por Golden fuera verdadera, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, uno de los principales detractores de López Obrador, no hubiera desaprovechado la oportunidad para desacreditarlo.
“Yo creo que si esta información, que pretenden hacer creer a la sociedad, fuera real, que ‘La Barbie’ hubiera dicho, ‘tengo esto’ y Calderón, imagínate, en el 2010, lo hubiese tratado como príncipe le hubiese dado hasta Los Pinos para tratar de destruir al señor Presidente”.
De acuerdo con el texto de ProPublica titulado “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?”, funcionarios de la DEA además de documentos gubernamentales consultados por el medio señalan que en 2006, durante la primera campaña presidencial del tabasqueño, asesores de campaña recibieron dos millones de dólares por parte de los principales traficantes de cocaína “a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”.
AMLO, César Yáñez y Nicolás Mollinedo Bastar, en 2006. Foto: AP
En su trabajo, Tim Golden señala directamente a Nicolás Mollinedo Bastar, a Francisco León García y Mauricio Soto Caballero, quienes supuestamente respondían directamente a “Nico”. El periodista cita como fuente fundamentalmente a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, e identifica a Roberto López Nájera, un informante de autoridades de México en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, que fue empleado con fines políticos, como se evidenció con la detención del excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, y el General Tomás Ángeles Dauahare.
Según su texto, citando fuentes de la DEA, el narcotraficante Edgar Valdéz Villarreal, “La Barbie”, dio dinero a Mollinedo Bastar y hasta financió el plantón de Paseo de la Reforma en 2006, cuando López Obrador protestaba contra el fraude electoral que llevó a Calderón Hinojosa a la Presidencia.
Al respecto, Nicolás Mollinedo Bastar afirmó que se enteró de que esta nota sería publicada luego de que el mismo Tim Golden se comunicara con él el pasado sábado 27 de enero para entrevistarlo.
“La verdad es que Tim me habló el sábado y yo hablé con Tim el sábado y le expliqué que era mi caso, todo. Él me dijo que la entrevista iba a venir, pero que él atacaba porque no le quedaba otra, pero pues que no había fundamento, lo que dice que los fiscales en Nueva York no dejaron entonces, pero que él tenía que sacarla. Yo lo supe el sábado. Me mandó su cuestionario, que es parecido a eso que me iba a preguntar”.
Señaló que el periodista lo cuestionó sobre su relación con Mauricio Soto Caballero, con quien mantuvo una relación cercana durante los años que trabajó para López Obrador.
“Me pregunto que si era yo socio de Mauricio y le digo ‘no, mira después del 2006 Mauricio se va a hacer su carrera de él, su vida’, creo que con Marcelo es funcionario público, es presidente del PRD en una Alcaldía de la Ciudad de México, este funcionario. Después del 2012 es funcionario con Mancera, ya con nosotros no, yo vengo a volver a ver a Mauricio los primeros días del 2019 que me invita a que formemos un movimiento social, una asamblea para hacer un partido político”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 como candidato por el PRD. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
“Nico”, como es conocido, mencionó que la última ocasión en la que tuvo contacto con Soto Caballero fue durante el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum el pasado 19 de enero en la Ciudad de México. “A Maurico lo veo hace como 10-12 días que fue el cierre de precampaña de Claudia, ahí lo saludo y ahí él se queda con otra gente. Yo ese mismo día volvía a Mérida, había ido nada más al cierre, no platiqué mayor cosa más que ‘hola, cómo estábamos’ y a todos los compañeros que estaban ahí”.
El exchofer del Presidente López Obrador reiteró que se enteró de los supuestos pagos de sobornos durante la charla que sostuvo con Tim Golden. Señaló que tras conocer la información intentó comunicarse con Mauricio, pero no tuvo suerte.
“Yo me entero de eso de dinero el sábado, que te repito que me lo manda Tim, yo inmediatamente después de que hablé con Tim busqué a Mauricio, anda de viaje, entonces no lo he visto ni he podido preguntarle, pero yo disculpa que insista y a lo mejor alguno no le no les gusta que insista, pero yo no creo que esas personalidades y en el medio que anda sepa a quién es la persona que hay que darle, no son palomita para andarle repartiendo a cualquiera, entonces con qué objeto le van a dar a Soto un dinero cuando saben que no va a llegar y que no es la persona para recibir nada”.
Un reportaje señala que, de acuerdo con documentos de los EU, cárteles financiaron la campaña de López Obrador en 2006. Foto: Imagen tomada del sitio propublica.org
INVESTIGACIÓN FUE CERRADA
Esta mañana, el Presidente de México cuestionó el reportaje del periodista Tim Golden y dijo que la DEA está molesta con él porque se les obligó a sacar las manos del país.
“Y a ellos siempre, a los oligarcas, y a los extranjeros les ha importado tener o títeres en la Presidencia o presidentes debilitados, sin autoridad moral, para que puedan someterlos y aplicar las políticas que ellos desean o les convienen”, afirmó López Obrador.
“No denuncio al periodista, o a los periodistas; no denuncio a los medios. Denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Qué no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto. Cuál es la investigación que hicieron. Pero no la DEA: el Departamento de Estado. Ese es realmente el problema. Y es de tiempo atrás”, subrayó.
Tras la publicación del reportaje y el revuelo generado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó que la investigación efectuada por la DEA y fiscales sobre supuestos pagos del narcotráfico en beneficio a la campaña de 2006 del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue concluida y cerrada.
El Presidente de México cuestionó hoy un reportaje del periodista Tim Golden que vincula a su exchofer con un presunto acuerdo con narcos para recibir dinero, y exigió pruebas de lo publicado por ProPublica. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro
El periodista Jesús García, del diario estadounidense La Opinión, informó que el DOJ afirmó dicha información al medio, donde precisó que la actividad indagatoria estuvo “limitada en el tiempo” y restringida en alcance únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en el país y concluida”.
García añadió que el diario pidió una postura oficial de la DEA sobre la indagatoria realizada por sus agentes; sin embargo, el área de atención a medios refirió la solicitud al Departamento de Justicia, entidad que se encargó de aclarar las circunstancias del cierre de la investigación.
“Hace 13 años, el Departamento siguió sus protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles”, comentó un funcionario del DOJ.
Acotó que la investigación fue “concluida”. Es decir, la indagatoria a la campaña de AMLO en 2006 está cerrada desde hace 13 años.
En tanto, el periodista Tim Golden, quien escribió el reportaje, señaló que su texto no afirma la existencia de evidencias “contundentes” sobre tales revelaciones.
En una entrevista, Golden fue cuestionado sobre la decisión de titular la investigación con signos de interrogación, a diferencia de los medios en México que afirman que la campaña de López Obrador o AMLO –como también se le conoce— recibió el dinero del crimen organizado.
“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones”, explicó Golden a la pregunta expresa. “Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva”.
Desmantelación de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el poblado Corral Viejo, en Culiacán, Sinaloa, por parte de la Secretaría de Marina. Foto cortesía Semar vía Cuartoscuro / Archivo
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que propondrá elevar a rango constitucional la prohibición del consumo de drogas químicas, especialmente el fentanilo. Y subrayó que se actuará “con severidad”.
En la mañanera de este viernes aseveró que como parte de las iniciativas de reformas a la carta magna que presentará el próximo 5 de febrero en Palacio Nacional y enviará al Congreso de la Unión, incluirá esta prohibición al consumo.
“Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción”, comentó desde Palacio Nacional.
– ¿Se va a penalizar el consumo? -se le preguntó.
Vamos a buscar la forma, pero vamos a actuar con severidad -respondió.
E insistió: “Sí, con severidad. En el caso de estas drogas que son dañinas, en seis meses pueden perder la vida los jóvenes”.
Aunque, el mandatario también refirió que se deben atender las causas y generar oportunidades para los jóvenes.
-¿No habría riesgo de criminalizar a los consumidores? -se le insistió.
-No, no, es lo que siempre se dice, puede haber ese riesgo, pero es peor el riesgo a que se fomente el consumo de una droga que destruye y no sólo eso, destruye a las personas y produce mucha violencia. ¿Cómo se controla la violencia cuando hay un consumo generalizado? Nosotros lo vemos con mucha claridad.
“Guanajuato tiene niveles económicos de los mejores del país, pero algo sucedió, y empezó a crecer el consumo de drogas químicas, por eso Guanajuato hoy es de los estados con más homicidios, y esa es la causa principal. Entonces, no podemos en estos casos voltear a ver a otro lado. Y seguir hablando del tema, seguir incluso debatiendo. Esa opinión de que se va a criminalizar el consumo, está muy extendida, vamos a ver si eso conviene o no conviene”.
El jefe del Ejecutivo argumentó que cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social, “podría ser, podría ser, que se haga el cuestionamiento que no hay que criminalizar el combate a las drogas; pero si se está atendiendo las causas, si se está dando oportunidades de estudio y de trabajo, ¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción y de la delincuencia?
Expuso que evitar la drogadicción “es algo que tenemos que cuidar mucho, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas, como el fentanilo”.
Justificó que el consumo de fentanilo es letal y en países vecinos como Estados Unidos ya es “una pandemia” que está matando a 100 mil jóvenes al año. El mandatario dijo que en México no hay un consumo alto, e incluso hay estados donde no existe, como Oaxaca y Chiapas, pero se debe actuar ya para prevenir el mismo.
El Gabinete de Seguridad informó que estos golpes a los criminales buscan fortalecer la lucha contra la delincuencia por parte del Gobierno de México
El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, compartió importantes avances en materia de seguridad durante la presente administración.
Hasta la fecha, se han desactivado exitosamente un total de mil 931 laboratorios dedicados a la producción de drogas químicas, lo que ha impedido la manufactura de aproximadamente 6 mil 964 toneladas de metanfetaminas. Este logro ha tenido un impacto económico considerable en las operaciones del crimen organizado, estimado en 1.7 billones de pesos.
Durante la misma presentación, Sandoval informó que en el transcurso de este sexenio, las fuerzas armadas han neutralizado 2 mil 803 artefactos explosivos improvisados.
Estos artefactos, fabricados a partir de tutoriales disponibles en redes sociales y utilizando pólvora comercial, son empleados por grupos criminales para delimitar su territorio y obstaculizar la entrada de bandas rivales, así como para dificultar las operaciones de las fuerzas de seguridad.
Estos artefactos han causado un total de 77 víctimas hasta la fecha, incluyendo 24 militares, 10 miembros de la Guardia Nacional, 31 agentes policiales y 12 civiles.
Sandoval destacó que la mayoría de estos dispositivos explosivos han sido ubicados en tres estados principalmente: Michoacán, con mil 411 hallazgos, seguido por Guanajuato con 664 y Jalisco con 396.
Estas herramientas no solo han sido encontrados en tierra, sino que también se han detectado en vehículos y drones.
Sigue la baja en homicidios, informa el Gobierno de México
Por su parte, la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, resaltó los avances en la disminución de homicidios durante esta administración. Con un registro de 2 mil 463 homicidios en julio, se ha alcanzado el nivel más bajo de incidencia de este delito en un mes de julio durante este periodo.
En el transcurso del sexenio, la incidencia de homicidios se ha reducido en un 19.9 por ciento, concentrándose mayormente en seis entidades: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán.
Estos logros representan avances significativos en el ámbito de la seguridad nacional y muestran los esfuerzos continuos para combatir el crimen organizado y garantizar la tranquilidad de la población en México.
El presidente del PAN en Tamaulipas Luis René Cantú Galván, aseguró que el partido blanquiazul abrió las puertas a la regidora cuando dejó el Partido Verde.
El Partido Acción Nacional (PAN) se deslindó este martes de la regidora tamaulipeca Denisse Ahumada Martínez, detenida en Estados Unidos al intentar introducir 42 kilos de droga en un vehículo por un paso fronterizo.
El Presidente López Obrador exhibió a la regidora panista, Denisse Ahumada, detenida en Texas, en posesión de casi 42 kilogramos de cocaína.
La regidora de la ciudad fronteriza de Reynosa, fue detenida este lunes en Falfurrias, Texas, Estados Unidos, en posesión de casi 42 kilos de cocaína.
“Reprobamos completamente la conducta (de Ahumada Martínez), hay que esperar a las autoridades y lo que se determine, en el PAN reprobamos conductas como esa y solo espera a que las autoridades hagan lo competente”, dijo a medios Luis René Cantú Galván, presidente del PAN en Tamaulipas.
Dijo que a la mujer se le relaciona con él “porque yo soy el presidente del PAN; cuando ella tomó la decisión de salirse del (Partido) Verde (Ecologista de México) y adherirse a Acción Nacional, pues siempre hemos sido un partido de puertas abiertas, incluyente”.
De acuerdo con un comunicado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la funcionaria mexicana llegó a un puesto de control en Falfurrias, Texas, en un vehículo blanco, proveniente de México, el sábado pasado y se dirigía a San Antonio, Texas.
Los agentes cumplieron con una revisión de rayos X del vehículo en la que detectaron que había paquetes dentro de los asientos, por lo que llevaron a cabo una inspección manual en la que encontraron varios paquetes hasta llegar a 42 kilos de cocaína, distribuidos en varias áreas de la unidad, entre ellos los paneles de las puertas.
Entonces, CBP notificó a la Administración de Control de Drogas, que envió agentes especiales a entrevistar el sábado a Ahumada Martínez, quien confesó su responsabilidad.
El presunto integrante del Cártel del Golfo, tenía en su posesión un lanzacohetes, como los que suministra EE.UU. a sus aliados en Ucrania.
A través de redes sociales se compartió una foto donde un presunto miembro del crimen organizado porta un lanzacohetes.
De acuerdo la embajada de Rusia en México, las armas que portan los presuntos miembros del Cártel del Golfo; son las mismas que mando el Gobierno de Estados Unidos a sus aliados en Ucrania.
A través de sus redes sociales la embajada rusa señaló que el lanzacohetes que tiene el presunto criminal es un AT4.
“Nos gustaría llamar su atención sobre el lanzacohetes antitanque (presumiblemente) AT4 de fabricación sueco-estadounidense, que lleva un representante de uno de los cárteles mexicanos en el estado de Tamaulipas. Este tipo de armas se envía activamente a Ucrania”.
Asimismo, acusaron a occidente de financiar al gobierno de Kiev, con estas armas, y señaló que las consecuencias se seguirán viendo en México.
“Hace tiempo que está claro para todos que los funcionarios corruptos ucranianos han establecido canales de suministro de armas recibidas de Occidente al mercado negro mundial, lo que, a su vez, socava aún más la seguridad en diferentes regiones del mundo. Occidente no se da cuenta y no quiere aceptar estos riesgos”.
‼️ Nos gustaría llamar su atención sobre el lanzacohetes antitanque (presumiblemente) AT4 de fabricación sueco-estadounidense, que lleva un representante de uno de los cárteles mexicanos en el estado de Tamaulipas.
Este tipo de armas se envía activamente a Ucrania.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que tiene la información de que hay otro excolaborador de García Luna en la SCJN y afirmó que el Poder Judicial “no solo protege criminales, también se rodea de ellos”.
El presidente señaló que la información sobre excolaboradores de García Luna en la SCJN es de escándalo.
Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario capitalino señaló que será hasta este martes cuando se de a conocer el perfil de esta nueva persona dentro de la SCJN.
“Me mandaron el documento de otra abogada, mañana les voy a dar a conocer, que parece que trabajaban juntas que también la contrataron la corte, pero no tiene ella demanda pero si trabajo allí con Garcia Luna y tiene un cargo en la Corte administrativo de manejo de fondos”, señaló el presidente.
Cabe recordar que en días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció, que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrató a la exdirectora de recursos materiales de Genaro García Luna, Sonia Vargas Terrero, para un cargo similar.
De acuerdo con información compartida por el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, Sonia Vargas Terrero se desempeñó como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, en el periodo de Genaro García Luna.
Como exfuncionaria pública bajo el mando de García Luna fue que ella firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios, e infraestructura de la Policía Federal Preventiva, con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), puntualizó el presidente.
“Ya mañana les voy a dar el dato, que también estaba de administradora y está ahí. Parece que trabajaban juntas, la que dimos a conocer, la señora abogada y esta otra que mañana o pasado, que también la contrataron, la Corte, para no personalizar. Pero no tiene ella demanda, pero sí tabajó ella ahí, con García Luna, y tiene un trabajo en la Corte administrativo, de manejo de fondos”, dijo.
