En México se vive un nuevo paradigma en la relación prensa–poder: se ha roto el esquema del modelo priista -recrudecido en el periodo neoliberal del PRIAN- de una connivencia insana para medrar sin recato alguno con un bien que es un derecho humano fundamental como lo es el de la información y a través del aniquilamiento de ésta han empoderado la corrupción como un sistema de modus operandi.
Hoy, desde el Estado mexicano, esta relación prostituida se acabó para dar paso a un periodo en donde impera una absoluta libertad de expresión, en donde no se persigue a periodistas, no se les reprime, no se les censura, no se pretende callarlos ni comprarlos.
Sí, en cambio, se les confronta con el elemental derecho de réplica, sí se responde a infundios, libelos y calumnias, como es el caso de los bodrios mercenarios elaborados sin el mínimo rigor periodístico que ha difundido el conocido experto en montajes, Carlos Loret de Mola, quien él y los corifeos adlátares llegan al extremo grotesco de comparar el caso de una casa rentada -reitero, rentada- con la mansión llamada Casa Blanca con valor de 7 millones de dólares “adquirida” por Angélica Rivera, ex esposa de Enrique Peña Nieto, al Grupo Higa, contratista consentido del entonces presidente.
El debate promovido en su derecho de comunicación de ida y vuelta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es de frente a la nación, un debate que es saludable para transparentar el ejercicio de la vida pública que involucra a medios de comunicación y el propio poder público. Un debate en donde en efecto deben transparentarse los montos y orígenes de los recursos financieros de quienes impulsan esta práctica que nada tiene qué ver con los modestos ingresos de la mayoría de los periodistas en México, sino con cuantiosas sumas millonarias de una élite de “comunicadores” del alquiler, es decir, simple y llanamente mercenarios.
Esta perniciosa relación tiene sus antecedentes históricos, vinculada a la fecha en que se celebra en México lo que se denomina “Día de la Libertad de Expresión”. El 7 de junio de 1952 por vez primera se inicia el ritual que se convirtió en tradición y se replicó en los estados con los gobernadores, es relatado por Rafael Rodríguez Castañeda en su libro Prensa Vendida: en esa fecha “… los empresarios de la prensa nacional rendían un insólito homenaje al entonces Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, por una razón igualmente insólita: en agradecimiento por hacer posible el ejercicio de la libertad de prensa”.
En ese periodo del priismo dominante en todas las esferas del poder público, se edificó una perversa relación entre la mayoría de los grandes medios de comunicación, inicialmente en lo fundamental prensa escrita y posteriormente con el surgimiento de la televisión y con su máximo exponente, Emilio Ezcárraga Milmo -fundador de Televisa en 1972- y para quien la televisión simplemente consistía en un gran negocio: “venderle espectáculo a los pobres y, a cambio, garantizarle al sistema la sumisión de los “jodidos” y el control político vía la información teledirigida”, asumía, y quien selló su célebre frase: “Somos soldados del PRI y del presidente”.
De las excepciones a esta regla de relaciones de perversión, destacó el diario Excélsior, dirigido por el periodista Julio Scherer García desde 1968 y hasta 1976, en que el entonces presidente Luis Echeverría, orquestó un golpe al interior de la cooperativa del rotativo que motivó la salida de Scherer y quien posteriormente -en noviembre de ese mismo año- fundaría la revista Proceso.
Del desprendimiento de ese Excélsior surgiría además en 1977 el diario Unomásuno, dirigido por Manuel Becerra Acosta, y del que a su vez en 1984 un grupo de periodistas abandonarían -por limitaciones a la libertad de prensa- para fundar el diario La Jornada.
En ese periodo los asesinatos vinculados desde el poder público, la persecución y encarcelamiento de periodistas fue una constante; el caso más icónico fue el asesinato en 1984 de Manuel Buendía, autor de la columna Red Privada, que publicaba en Excélsior, crimen por el que fue acusado y encarcelado el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), José Antonio Zorrilla Pérez, y de quien se dijo “fue el chivo expiatorio de un crimen de Estado”.
En esa década -en que fueron asesinados 46 periodistas- destaca además el cometido en contra del columnista del semanario Zeta de Tijuana -fundado por Jesús Blancornelas-, Héctor Félix Miranda, conocido como el Gato Félix, quien fue acribillado por dos guardias del hipódromo de Jorge Hank Rhon, hijo del ex regente de la Ciudad de México, Carlos Hank González.
La etapa más sangrienta contra los comunicadores iniciaría en la década del 2000 en que fueron asesinados 84 periodistas y escalaría a 153 entre el 2010 y el 2018 (17 por año) y en el curso del actual sexenio suman 47 (15.6 por año).
Esta estadística es un oprobio por sí misma, todo crimen lo es. Y al ilustrar el escenario en su desglose permite mostrar una constante que indigna y que es importante identificar los orígenes de los atentados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en forma contundente que no hay violencia contra periodistas desde el Estado mexicano y más aún, la instrucción es: cero impunidad. Así lo expresó el pasado 18 de febrero en la mañanera desde Tijuana, Baja California, en que se dieron a conocer los avances y consignaciones de los autores materiales del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado y a su vez de más de una decena de casos de crímenes en el actual sexenio en donde en la mayoría se han realizado aprehensiones de los responsables. Un ejercicio inédito de información y transparencia de estos lamentables asesinatos, en respuesta al legítimo reclamo de justicia.
En el pasado reciente la periodista argentina Olga Wornat -autora del libro Felipe el oscuro, fue amenazada de muerte por el gobierno de Calderón, así lo denunció la propia escritora; Lydia Cacho, fue secuestrada y torturada por denunciar una red político-empresarial de trata infantil; José Gutiérrez Vivó denunció al presidente Vicente Fox por su salida del noticiario Monitor; el periodista Jesús Lemus Barajas fue encarcelado más de tres años por revelar presuntos nexos de la “Cocoa”, la hermana de Felipe Calderón, con el narcotráfico; Carmen Aristegui fue despedida de Antena 3 por presiones desde la presidencia de Enrique Peña Nieto. Estos, son apenas algunos ejemplos que ilustran lo que era una constante del pasado.
Hoy no hay un solo caso de censura desde el poder. Miente quien afirme lo contrario.
El derecho a la información y la libertad de expresión se encuentran dentro de los derechos humanos consagrados para los mexicanos. Los artículos sexto y séptimo de la Constitución son precisos en este sentido. El sexto, consigna: “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural…”. Los medios de comunicación son entes de interés público y por tanto supeditados a este ordenamiento y esa élite mercenaria incumple con ese postulado constitucional de proporcionar información plural. Este es un punto incluso que no ha sido colocado en el debate nacional y es necesario insertarlo.
El artículo séptimo versa sobre la libertad de expresión y dispone: “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio…”. El Estado mexicano en el actual debate se ha apegado a este precepto y el propio Presidente, como cualquier ciudadano, está en su derecho de ese ejercicio de libertad de expresión así como del derecho de réplica dispuesto en el artículo sexto de la Constitución.
El hecho de desmentir a un periodista, como lo ha hecho el Presidente, no es agredir ni coartar su libertad de expresión. Por el contrario, López Obrador al exhibir a quien miente o engaña a su público, pone al descubierto la falta de ética periodística de quien lo hace, así como una falta de respeto al lector o audiencia.
El sociólogo y escritor, Alejandro Rozado, señala que “si Andrés Manuel violó o no la Ley de Protección de Datos al divulgar los ingresos de Loret está por verse. Cuando se trata de “legítimo interés”, dicha ley sí lo permite -habrá que interpretar debidamente este aspecto. Pues resulta evidente que para la sociedad informada es importante saber cuánto percibe un inflado experto en montajes narrativos falsos e impunes (desde Florence Cassez hasta José Ramón López Beltrán)”.
Y añade:
“la gente está contenta: ríe en privado y festeja al aire que la presidencia ahora exhiba públicamente -en vez de censurar- al falso periodismo. Insisto: yo no sé si eso sea legal, pero me parece legítimamente justo”
Y puntualiza que hay un
“cambio de método y de paradigma: el inescrupuloso exhibidor resulta ahora plenamente exhibido. Hoy sabemos que un mercenario al servicio de la mentira gana 3 millones de pesos mensuales a cambio de manipular a un público cautivo, deseoso de ser informado verídicamente. Una enorme falta de respeto a la sociedad en su conjunto. El sencillo análisis comparativo entre los ingresos de Andrés Manuel (2 millones al año) y de Loret de Mola (35 millones) concientiza de golpe a la población. La ciudadanía impactada está harta de ese Poder Informativo tan opulento como intocable, mendaz y violador del derecho humano a la información. Ese “cuarto poder” domina las mentes y no habrá 4T plena sin ofrecer una alternativa de comunicación más digna para la sociedad”.
Por su parte, Martha Uruchurtu considera que “resulta falsa e irrisoria la visión romántica de un simple particular como Loret quien sólo está ejerciendo su profesión enfrentándose en desventaja de condiciones al malvado y todopoderoso Estado representado por el presidente” y advierte que “las empresas propietarias de los grandes medios de comunicación tienen mayor poder económico y, por ende, político que muchas de las naciones del mundo. No puede olvidarse el momento histórico que se vive en México desde que AMLO asumió su cargo y comenzó un nuevo régimen”, contextualizando lo que Rafael Barajas precisa que esta andanada mediática se enmarca en la estrategia de golpe de Estado blando que promueven empresarios y políticos de oposición a la 4T.
