El INE se reunió con legisladores de Morena para analizar un reajuste en el presupuesto que tendrá la elección judicial.
Hay nuevas noticias en torno al presupuesto que será destinado para la elección de jueces, magistrados y ministros. En un principio, el Instituto Nacional Electoral (INE) había solicitado 13 mil millones de pesos.
No obstante, hace unas cuantas horas se reveló que el presupuesto podría sufrir un recorte, debido a que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, habría “cedido” ante las presiones de Morena y los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer más austera la elección.
INE dobla la rodilla ante la política de austeridad de Morena
Durante varias semanas, el Instituto Nacional Electoral (INE) defendió la idea de tener un presupuesto de 13 mil millones de pesos para la elección judicial de 2025. Pero tras una reunión con diputados, todo parece indicar que se pasará tijera al presupuesto.
En encuentro se realizó a puerta cerrada donde estuvo presente el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, su “mano derecha” Pablo Haces y el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.
Asimismo, se presentó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos. En el intercambio de opiniones se mostró la perspectiva para realizar ajustes.
De acuerdo con la información proporcionada por Sergio Gutiérrez, la consejera presidenta del INE habló de forma general sobre el análisis realizado por el Instituto de posibles recortes que se podrían hacer para reajustar el presupuesto, cosa que se analizará en conjunto con la Comisión de San Lázaro.
En un encuentro con los medios de comunicación, Monreal señaló que Taddei se mostró razonable. Por lo tanto, se espera que puedan llegar a un buen acuerdo en torno a la elección de jueces, ministros y magistrados:
“Se lo dije, que no se podía quedar así (el presupuesto), ella es muy razonable, bastante razonable”, señaló Monreal.
Por otro lado, se tomó la decisión de que se reunirán en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con la de los consejeros del INE para acordar la distribución.
Monreal aseguró que no alcanzaría el dinero que le destinó la Secretaría de Hacienda en el Proyecto al Presupuesto para el 2025. Finalmente, Merilyn Gómez, dijo que sí habrá recortes y establecerán mesas de trabajo permanentes buscando que el presupuesto sea de 8 mil 802 millones de pesos.
Este fin de semana, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue visto en Oaxaca durante una asamblea informativa encabezada por Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Nacional de Morena. Su presencia fue recibida con ovaciones por parte de la multitud que colmó el auditorio de la Guelaguetza, donde más de 10 mil militantes reafirmaron su compromiso con el partido.
📹 #Vídeo | Decenas de militantes de #Morena en #Oaxaca, expresan su cariño a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización del partido guinda, que junto a Luisa Alcalde, realiza una gira nacional de trabajo con las bases de la #4T.
En el evento, Alcalde presentó las reglas y métodos para la elección del próximo dirigente estatal de Morena, posición que quedó vacante tras la salida de Benjamín Viveros, quien asumirá la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Será el 30 de noviembre cuando la militancia oaxaqueña decida a su nuevo líder a través de una asamblea de delegados, consolidando el movimiento en el estado.
En su discurso, la dirigente destacó los logros del partido en Oaxaca bajo el liderazgo del gobernador Salomón Jara y llamó a la unidad de la militancia. Además, reiteró su compromiso de defender el legado del expresidente López Obrador, incluyendo los programas sociales que han transformado la vida de millones de mexicanos.
Promoción de la reforma judicial y participación ciudadana
Uno de los puntos clave de la asamblea fue la difusión de la reforma judicial. Alcalde invitó a la ciudadanía, especialmente a abogados y egresados de derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), a participar en el proceso de selección de nuevos jueces y magistrados, resaltando la importancia de sumar perfiles comprometidos con la justicia social.
“Necesitamos muchas y muchos Benitos Juárez en los tribunales y juzgados de México”, enfatizó Alcalde, al subrayar que el registro cierra en menos de 10 días.
Afiliación masiva: la meta de 10 millones
Alcalde también aprovechó la ocasión para anunciar el inicio de una campaña masiva de afiliación a Morena, que arrancará en diciembre. La dirigente criticó que el partido, a pesar de haber recibido el apoyo de 36 millones de votantes en las elecciones presidenciales, solo cuenta con 2.5 millones de afiliados.
“En Oaxaca necesitamos sumar a 370 mil personas más a nuestro movimiento. Morena no es un partido de un sexenio, sino un proyecto para las próximas generaciones”, declaró Alcalde, posicionando al partido como la fuerza política dominante al gobernar 24 estados y contar con la mayoría en diversos congresos locales y presidencias municipales.
Claudia Sheinbaum: logros destacados en la asamblea
Por su parte, Alcalde aprovechó el evento para resaltar los logros de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, en sus primeras semanas de mandato, invitando a la militancia a defender las transformaciones logradas y a seguir construyendo el “segundo piso de la Cuarta Transformación”.
AMLO sigue luchando desde otra trinchera. Su libro sobre la grandeza cultural de México será muy importante para memoria histórica: Sheinbaum
Regeneración 13 de noviembre de 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludo y felicitación para AMLO con motivo de su cumpleaños 71, al tiempo que le rindió un sentido homenaje.
Cabe destacar que la pregunta la realizó la prensa durante la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional; y por lo que señaló:
«Para nosotros, el presidente López Obrador, y para el pueblo de México, es un hombre que dedicó su vida a la transformación del país”.
Sheinbaum y AMLO
Por otra parte, la presidenta de México recordó lo que dijo en su toma de posesión acerca del ex mandatario:
“Es el principal dirigente político del siglo XXI, por lo menos, y el dirigente que condujo a la transformación de nuestro país”.
Además, Sheinbaum dijo que AMLO no se ha retirado de la vida pública, y puntualizó:
“Y ya nuestros adversarios están escuchando ¿por qué digo esto? ¿Por qué sigue luchando? Porque sigue luchando desde otra trinchera».
Seguidamente, Sheinbaum abundó, «porque sentarse a escribir un libro sobre la grandeza cultural de México, que reside entre otras fuentes esta riqueza en los pueblo originarios, es seguir luchando desde otra trinchera».
Y sentenció:
«En el momento que llegue a publicar su libro va a ser un título muy importante para la memoria histórica y el reconocimiento de la grandeza de México”.
Ante ello, concluyó: “Desde aquí le enviamos un saludo y esperamos que alguien le pase el recado. Feliz cumpleaños al presidente López Obrador”.
Biografía de AMLO
Cabe destacar que Sheinbaum hizo el homenaje porque Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, población del municipio de Macuspana, Tabasco.
Además, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (1973 – 1976).
Inició su carrera política al apoyar la candidatura a senador del poeta tabasqueño Carlos Pellicer, por el estado de Tabasco.
E incluso, en su biografía publicada por el gobierno, en 1977 fue director del Instituto Indigenista de Tabasco, donde realizó una importante labor dedicada a los indígenas chontales.
En 1984 regresó al Distrito Federal para asumir la dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor.
Acciones
Cabe destacar que del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999, ocupó el cargo de presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Como se sabe el Licenciado Andrés Manuel López Obrador se distinguió por ser el principal crítico del rescate bancario, conocido como Fobaproa, en 1999.
De diciembre de 2000 a julio de 2005 fue Jefe de Gobierno del Distrito federal, convirtiéndose en el primer mandatario en asumir el cargo por seis años.
Asimismo, en 2004 la encuesta City Mayors lo calificó como el segundo mejor alcalde del mundo.
Finalmente, institucionalmente, se indica que fue tres veces candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018.
Así, en su tercera postulación para el cargo como jefe del Poder Ejecutivo en 2018,ganó la elección con el 53.19% de los votos.
Esto es, lo que le dio una ventaja de 17 millones 503 mil 363 votos frente a su contrincante más cercano.
Asumió el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1º de diciembre de 2018, día en el que inició un cambio de régimen, la Cuarta Transformación de México.
Y, por ello las felicitaciones de la presidenta Sheinbaum.
15 datos y curiosidades sobre AMLO
Estos son los 15 datos interesantes y curiosidades sobre la vida y trayectoria del expresidente AMLO que quizás desconocías.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió 71 años y desde que dejó el poder su figura se ha manejado en un bajo perfil. A continuación de presentamos los 15 datos curiosos y no tan conocidos acerca del político originario de Tabasco:
El INAI no se ayuda: los acusan de abuso con viáticos, moches, nepotismos, aviadores…
La reforma a discutirse esta semana en la Cámara de Diputados expone que el INAI trasladará la tutela de acceso de derecho a la información y protección de datos personales a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Una revisión a las observaciones que se han hecho a este organismo autónomo evidencia una serie de prácticas irregulares que contrastan con el objetivo por el que fue creado este Instituto.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– Los excomisionados del INAI, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, renunciaron en 2023, cuando ocupaban otros cargos dentro del Instituto, tras revelarse que usaron la tarjeta de crédito institucional para pagar un table dance. Sin embargo, un informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2022 plantea que los derroches van más allá de los viáticos para viajes nacionales e internacionales.
Esta semana la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará la reforma enviada por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea eliminar siete órganos autónomos y trasladar sus funciones a otras dependencias, entre ellos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos.
La Auditoría observó que en 2022 los comisionados abusaron del uso de viáticos para quedarse más días de lo requerido en Islas Mujeres o Baja California; detectó que hubo moches a empleados bajo la amenaza del despido, así como nepotismo y posibles aviadores en el área de limpieza.
Asimismo, de sus 975 millones de pesos de presupuesto para ese año, el INAI erogó 694 millones de pesos para salarios y prestaciones de más de 700 plazas; así como dos millones para la instalación de piso deck en un piso de su sede. También gastó otros 1.8 millones de pesos para premios por concursos como “60 segundos para informarme en Tik Tok”; y más de un millón de pesos en material con el logo del INAI.
Salarios y prestaciones para las 700 plazas del INAI en 2022. Imagen: Auditoría Superior de la Federación.
En 2022, tras la renuncia de Ford y Monterrey, la Comisionada Presidenta era Blanca Lilia Ibarra Cadena y el resto de comisionados eran Francisco Javier Acuña Llamas, Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez y Josefina Román Vergara. Ante la salida de Acuña y la falta de designación por parte del Senado, el pleno del INAI quedó sin el número suficiente para sesionar y sus labores se paralizaron hasta que se les permitió sesionar solo con cuatro comisionados.
Pero independientemente de eso, el INAI gastó 2 millones 132 mil pesos en tres autos híbridos para esos “nuevos” comisionados que nunca fueron designados, observó la ASF.
“La adquisición directa se realizó bajo la justificación de que era necesario contar con los vehículos para ser asignados a los nuevos comisionados; sin embargo, no se tenía la certeza de que los referidos comisionados serían nombrados antes del cierre del ejercicio. Asimismo, se identificó que al no haberse nombrado los referidos nuevos comisionados, dos de los vehículos se asignaron a dos de los comisionados en funciones y el restante a la Subdirección de Servicios Generales, sin que de este último se cuente con las bitácoras de uso correspondientes”.
El dictamen de iniciativa a discutirse esta semana expone que el INAI trasladará la tutela de acceso de derecho a la información y protección de datos personales a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción titulada por Raquel Buenrostro; también al Órgano de disciplina del Poder Judicial; las Contralorías del Congreso de la Unión y al Instituto Nacional Electoral (INE) en lo que compete a partidos políticos. La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a “no tocar” a los trabajadores del INAI.
“Mi aspiración en lo particular es que desde la Cámara de Diputados pueda crearse eventualmente un artículo transitorio que dé posibilidad de una instancia con autonomía técnica a fin de que las mexicanas y los mexicanos puedan seguir ejerciendo con plenitud su derecho de acceso a la información, y de manera particular sin retrasos y de manera eficaz”, dijo este martes el Comisionado presidente Adrián Alcalá.
El INAI debe garantizar que órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos entregue la información pública que se les solicite, además de garantizar el uso adecuado de los datos personales. Daniel Lizárraga, periodista coautor de las investigaciones La Casa Blanca y la negra historia de Odebrecht, tuiteó al respecto:
“Sin duda, los excesos en el INAI acabaron con su existencia. Pero, de ahí a dejar en manos del propio gobierno qué es público y qué debe reservarse es un despropósito. No hay, hasta el momento, garantía alguna de evitar que intereses dentro de las oficinas bloqueen la información. Por ejemplo: Si la Defensa Nacional considera no entregar un contrato de obra pública, el o la solicitante debe pedir al mismo Ejército que revise el caso. ¿En serio podemos confiar? ¿Cómo sería posible cuando está de por medio la cadena de mando? ¿Un coronel, por ejemplo, le podrá exigir a su general entregar los documentos?”.
VIÁTICOS PARA FINDE O LA PLAYA
Hace unos días, los comisionados del INAI propusieron a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una serie de ajustes para lograr ahorros por 300 millones de pesos, entre ellos, disminuir el pleno a tres comisionados y reducir viajes, convenciones y viáticos.
La ASF auditó el uso de los viáticos para los viajes de los comisionados en 2022 y encontró entre diversos abusos un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 30 mil 236 pesos.
Antes de esta auditoría, la Comisionada Presidenta era Blanca Lilia Ibarra Cadena y el resto de comisionados eran Francisco Javier Acuña Llamas, Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez, Josefina Román Vergara, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Estos dos últimos renunciaron por el mal uso de la tarjeta institucional incluso para pagar un table dance en 2014.
El “comisionado 2” (así lo identifica la Auditoría) realizó 85 viajes, de los cuales 79 fueron nacionales y seis internacionales. Para ello, el INAI gastó 864 mil pesos para viáticos, pasajes y pagos realizados a la tarjeta corporativa.
“Dentro de la comprobación, se constató que el ‘comisionado 2’ realizó comisiones al estado de Baja California en los meses de marzo, mayo y agosto de 2022, lugar donde permaneció sábado y domingo, sin que estos días estuvieran relacionados con el objeto de las comisiones a las cuales fue designado”, observó la ASF.
Irregularidades en uso de viáticos para comisionados del INAI. Imagen: Auditoría Superior de la Federación.
El INAI justificó que por el horario de conclusión de actividades y la disponibilidad de vuelos, los regresos se realizaron en las fechas antes citadas; sin embargo, no se remitió la documentación que lo acredite.
Respecto a los viajes del ‘comisionado 2’ del 24 de febrero y 9 de agosto de 2022, en Jalisco y Baja California, se constató que realizó erogaciones con recursos públicos federales correspondientes para el pago del consumo de alimentos para más de una persona.
De los meses de septiembre a diciembre de 2022, además, se identificaron 11 cargos a la tarjeta de crédito American Express institucional por un monto de 12 mil 700 pesos, mismos que no se encontraron vinculados con algún oficio de comisión autorizado, ni con los formatos de desglose en incumplimiento con los lineamientos.
Alimentos no solo para el comisionado. Imagen: Auditoría Superior de la Federación.
Por su parte, el “comisionado 3” realizó seis viajes a España, Marruecos, Brasil, Turquía y Bélgica, en los cuales el comisionado ejerció viáticos por 331 mil 500 pesos; sin embargo, del viaje a Barcelona por 88 mil 600 pesos, sólo se remitió el pase de abordar de regreso.
Asimismo, la ‘Comisionada presidenta’ salió de viaje del 23 al 27 de febrero de 2022 a Isla Mujeres, Quintana Roo, por un monto de viáticos por 14 mil 400 pesos. Pero la ASF observó que no se acreditó que los días del 25 al 27 de febrero de 2022 fueran estrictamente necesarios para desempeñar la comisión, ya que la ficha técnica de la “Información general del evento”, invitación, mensaje y tuit del evento únicamente contempló el día 24 de febrero de 2022. De los días restantes, no se proporcionó documentación que justificara las actividades realizadas por un importe de 9 mil 700 pesos.
LOS MOCHES Y EL NEPOTISMO
La ASF aplicó 44 cuestionarios a diversos servidores públicos del INAI y entrevistas a servidores y exservidores públicos. Ahí se reveló que de 2018 a 2023, servidores públicos del INAI pedían a personal de este ente público entre el 10 al 60 por ciento de sus sueldos y demás prestaciones de forma quincenal “para continuar laborando”.
Si se denunciaba o se oponía a seguir realizando el pago de los porcentajes de sus sueldos, había despidos.
También el órgano fiscalizador detectó personal sin experiencia ni capacidad para el cargo y al menos cinco personas que no laboraba directamente en las oficinas del INAI y cuyo trabajo lo realizaban otros servidores públicos del Instituto.
El Comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá. Foto: X.
Asimismo observó nepotismo, es decir, la existencia de diversos servidores públicos laborando en el INAI con lazos de parentesco que prestan sus servicios en dicha institución, desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos. Pese a ello, no se contó con un mecanismo para prevenir posibles conflictos de interés o temas de nepotismo, previo a su contratación.
Respecto a los aviadores, se detectaron en el área de limpieza. “Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 36 mil 955 pesos por pagar a 14 personas físicas con recibos de nómina que no se vincularon con la ejecución del servicio integral de limpieza en las instalaciones del edificio sede del INAI”.
PISO DECK Y PREMIOS
En 2022, el INAI ejerció 194 millones 315 mil pesos para “Servicios Generales”, la segunda partida donde más se destina el presupuesto anual después de los salarios y prestaciones.
Para materiales con la identidad gráfica del INAI se establecieron dos contratos por adjudicación directa: el OA/P017/22 por 564 mil pesos y OA/P044/2022 por 439 mil pesos, es decir, este órgano autónomo erogó más de un millón de pesos para materiales con su logo.
En tanto, en año de pandemia, para mantenimiento ejerció 2 millones 365 mil pesos para “Suministro e instalación de piso DECK en el acceso principal y andador del quinto piso del edificio sede del INAI”.
Asimismo, de los 5 millones 509 mil pesos ejercidos para “congresos y convenciones”, el INAI reportó un gasto de un millón 284 mil pesos para el servicio integral de eventos de todo el año 2022 del Sistema Nacional de Transparencia consistente en el servicio de cafetería y alimentos, servicio de transporte, hospedaje y renta de sedes de eventos en hoteles, mobiliario y equipo (sillas, sillones, sala tipo lounge, tablón, periqueras, tarima, pódium), equipo de audio y video, así como servicios profesionales de intérprete del lenguaje de señas mexicanas y estenógrafo.
Piso deck para sede del INAI en pandemia. Imagen: Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente, en el capítulo de transferencias, el INAI gastó 3 millones 648 mil pesos en la partida “Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil”. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación identificó que un millón 887 mil pesos se destinó al pago de premios a los ganadores de 10 concursos que se llevaron a cabo en el 2022.
“Se entregó a los ganadores un total de un millón 173 mil pesos por medio de cheques, y en los 5 concursos restantes los premios por 713 mil pesos se entregaron en especie, los cuales consistieron en teléfonos celulares, tabletas electrónicas, cámaras fotográficas, libros y entradas a parques de diversión”, fiscalizó la ASF.
Y el restante un millón 761 mil pesos corresponde a las aportaciones efectuadas a 12 asociaciones civiles dentro del “Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso de a la Información y Protección de Datos Personales” (PROSEDE).
Primera Parte. En la entrega anterior se analizó qué es la asistencia extranjera y, en particular, la asistencia económica de Estados Unidos hacia México y su impacto injerencista en el país. En este artículo se analizará lo que es y lo que no es el lawfare.
Desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Poder Judicial se opuso sistemáticamente a la transformación expresada en reformas constituciones, cambios a leyes, obras de infraestructura y a la propia reforma al Poder Judicial. Varios expertos, medios de comunicación y académicos se han referido a la posibilidad de que México viva un proceso de lawfare, ahora contra Claudia Sheinbaum, la primera presidenta del país.
Sin embargo, ante el curso de la historia de golpes de Estado blandos, golpes legislativos, golpes de nuevo tipo, entre otras formas de atentar contra Estados democráticos desarrolladas en América Latina y el Caribe, es pertinente revisar qué es y qué se entiende por lawfare, qué lo caracteriza y qué es lo que ha sucedido en México.
Qué es el lawfare
El término lawfare se refiere a la guerra jurídica por la vía judicial-mediática. Tiene intereses económicos, políticos y geopolíticos. El concepto fue usado inicialmente por el general estadunidense Charles Dunlap y lo empleó para describir un “método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”.[1]
El lawfare es definido también como una persecución política por la vía judicial y tiene por objetivo la expulsión o aniquilación de personalidades y proyectos –incluso partidos políticos– de la política formal. Pero no se limita a personalidades y proyectos, avanza también contra la militancia, la protesta social y tiene como fin, el fortalecimiento de la vía neoliberal.
Otra característica del lawfare es la manufacturación de consenso realizada por medios de comunicación masivos o no, hegemónicos o no. Pero principalmente son los medios de comunicación masivos y hegemónicos los que llevan a cabo el establecimiento de ciertas matrices de opinión entre la población que operan en determinados momentos políticos, pueden ser una campaña electoral, el inicio de un gobierno o aprovechar una crisis política abierta por problemas de gestión y escándalos de corrupción, principalmente.
El combate a la corrupción ha sido una de las vías con las que nstituciones multilaterales –como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos– y gobiernos –como el de Estados Unidos– han incidido en políticas públicas para estandarizar poderes judiciales en América Latina que terminan reforzando la vía neoliberal, economías abiertas y de mercado. Para ello, desde la década de los noventa se han realizado constantemente reformas judiciales en América Latina y el Caribe.[2] Aquí es necesaria una aclaración, porque no es que se esté contra el combate a la corrupción –desde luego que es necesario que se persiga ese delito–, lo que sucede con el lawfare es que la corrupción se vuelve un pretexto para la guerra judicial-mediática ejercida desde una fracción del poder del Estado de un país y cuenta con el apoyo de poderes fácticos.
Este tipo de guerra opera por medio del aparato judicial que intenta establecerse o erigirse por encima de los otros Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo y Legislativo, con lo cual amplia sus atribuciones, se pierde el equilibrio de poderes y se normaliza la selectividad de casos judiciales. Como muestran varios expertos, hay una amplia agenda de investigación en torno al lawfare.[3]
Sin embargo, no todo es lawfare. No se puede confundir el golpe de Estado con la guerra judicial-mediática, porque esta última no es un tipo de golpe en sí mismo y la evidencia está en casos como el de Honduras en 2009, donde el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas fueron las instituciones principales. Tampoco sucedió en el caso de Paraguay contra Fernando Lugo, que, aunque sí se abrieron causas judiciales, fue por la vía del juicio político llevado desde el Congreso que se le destituyó. Mucho menos tiene relación con los golpes de Estado clásicos latinoamericanos en los que participaron las Fuerzas Armadas.
Tampoco todo proceso judicial abierto contra políticos es lawfare. Aceptar la premisa anterior invalidaría que se juzgue, entre otras cosas, la corrupción y otro tipo de delitos. O, dicho de otra manera, las causas judiciales abiertas contra políticos –incluidas las de corrupción– no presuponen necesariamente que haya una persecución política. Aquí aparece una de las características que sí son del lawfare: la persecución política. Eso explica que se hable de lawfare en los casos de Ecuador contra miembros del gobierno de Rafael Correa y contra él mismo, o en el de Argentina, contra Cristina Fernández, puesto que hasta la fecha las causas judiciales abiertas en su contra han violado el debido proceso y han llegado incluso a fabricar pruebas, como la Causa Cuadernos. Por otro lado, la justicia se tornó selectiva, pues no operó contra actos de corrupción y otros delitos en los casos de Mauricio Macri y Guillermo Lasso.[4]
El caso más paradigmático del lawfare es, sin lugar a dudas, el de Luiz Inácio Lula Da Silva. El presidente brasileño fue perseguido judicialmente por delitos fabricados que no se pudieron corroborar y se violan así el debido proceso judicial. Fue tan relevante que, con su encarcelamiento en 2018, se le impidió su participación en las elecciones de 2019 donde ganó Jair Bolsonaro.
El caso de Brasil, además, es una muestra de lo que implica un caso de lawfare. El juez que lo juzgó sin evidencia fehaciente fue Sergio Moro, quien fue preparado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.[5] Tras el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en 2014 (dicho sea de paso, en el marco del mundial de futbol), el PIB de Brasil se contrajo 3.8 por ciento en 2015 y en 2016 3.6 por ciento. Tras el triunfo de Bolsonaro en 2019, se privatizaron carreteras, aeropuertos, puertos, se vendió capacidad de refinación del país a privados y se intentó vender Electrobras, la empresa paraestatal de electricidad. Además, la selectividad de la justicia, dejó fuera del foco de la corrupción a las empresas internacionales como Maersk, Jurong, Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce, Samsung, SBM, Sembcorp Marine, Skanska, Techint, Toyo, Mitsui, Toshiba, Sargent Marine, Astra Oil, GB Marine, Trafigura, Glencore, OceanRig, Pirelli y Sevan.[6]
Por lo tanto, el lawfare tiene una vertiente económica y geopolítica. Se aplica ahí donde hay gobiernos alejados de la política exterior estadounidense, que son los que intentan cambiar las premisas neoliberales de privatizaciones, liberalización económica, mayor explotación laboral con pérdida de derechos sociales y económicos. En suma, es una estrategia de poder, por la vía blanda, para cambiar a un régimen, o reafirmar el neoliberalismo; cuenta con los medios de comunicación hegemónicos y con el poder judicial para perseguir políticamente a determinados sectores de la política ubicados en el espectro de las izquierdas o del progresismo.
En este sentido, podríamos resumir lo anterior en un cuadro que permita visualizar de forma sencilla algunas características del lawfare y cómo han sucedido en varios países de América Latina.
Tabla 1. Elementos de lawfare en América Latina
Elementos de lawfare
Ecuador
Argentina
Brasil
Perú
México
Paraguay
Chile
Estandarización del aparato judicial
x
x
x
x
x
Medio de comunicación y manufacturación de consenso
x
x
x
x
x
x
x
Colaboración con EEUU por corrupción
x
x
x
Uso de inteligencia y embajadas
x
x
x
x
x
Causas vs políticos de izquierda
x
x
x
x
x
x
x
Proscripción política
x
x
x
Encarcelamiento
x
x
x
x
x
Fuente: elaboración propia
En la siguiente entrega se abordarán las distintas vías de la guerra judicial en el país, sus principales características y actores.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló al nuevo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, como el supuesto líder del “Cártel Inmobiliario” en la Ciudad de México.
“Lo conocemos muy bien aquí en la Ciudad de México. Jorge Romero es el jefe del Cártel Inmobiliario, el presidente del PAN. Fueron los de abajo, incluso los propios empresarios, quienes expusieron el modus operandi de ese grupo tan corrupto de la Alcaldía Benito Juárez”, declaró Sheinbaum.
Romero fue fotografiado después de votar en la elección interna del PAN. Foto: Cuartoscuro.
Para demostrar que sus señalamientos no son únicamente una visión partidista, Sheinbaum recordó la opinión del expresidente Felipe Calderón sobre Romero Herrera, expresada en el libro Decisiones Difíciles.
“Jorge Romero, de la Ciudad de México (exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban). Un amigo suyo y sobrino mío me contó que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le generaban a ‘su grupo’ ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad”, escribió Calderón.
Sheinbaum añadió que el nuevo líder del PAN representa, en su opinión, la hipocresía del conservadurismo, citando las posturas contradictorias del PAN en temas de programas sociales.
“Este grupo que hoy llega a la dirigencia del PAN es conocido, incluso, por los propios panistas, por esos esquemas de corrupción que nacieron en Benito Juárez. Así que eso de que ‘el PAN se renovó’, pues, no mucho ¿verdad?”, concluyó Sheinbaum.
Contexto informativo adicional Las acusaciones de Sheinbaum contra Jorge Romero ocurren en un contexto de tensiones crecientes entre los principales partidos de México, especialmente en la Ciudad de México. El llamado “Cártel Inmobiliario” es una referencia a presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción y el uso del suelo en Benito Juárez, alcaldía donde el PAN ha ejercido el poder durante años. El libro de Calderón, Decisiones Difíciles, que ofrece una crítica desde dentro del PAN, es utilizado aquí como una evidencia de conflictos internos en el partido y como respaldo a las denuncias de Sheinbaum. Estas declaraciones buscan subrayar la falta de renovación dentro del PAN, cuestionando la legitimidad y la transparencia en su liderazgo.
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum nombró “junior tóxico” al empresario y líder moral del PRIAN, Claudio X González Guajardo, éste aseguró que su labor se centra en el “altruismo”, el “activismo social” y el “activismo político”, con lo que descartó ser un vividor a la sombra de su padre: el empresario Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly Clark. Lo que no dijo es que las asociaciones civiles con las que está ligado no hacen altruismo, sino que son grupos de presión. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico litiga abiertamente contra la nueva Constitución en sus apartados sobre la democratización del Poder Judicial; mientras que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad continúa con la manufactura de informaciones falsas disfrazadas de “periodismo” e “investigación aplicada”. En 2023, esta última organización gastó 45 millones de pesos en textos destinados a desprestigiar al gobierno de AMLO; 7 millones en su difusión multimedia, y 3 millones en sus campañas en redes sociales, revela su información contable entregada al SAT
El 4 de septiembre de 2024, el empresario Claudio X González Guajardo –apodado como el “junior tóxico” por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– confesó –en una charla, vía zoom, con integrantes de Va por Todos MX– que andaba “muy apurado persiguiendo los votos” de los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para que la reforma judicial no fuera aprobada y, con ello, impedir “la deriva autoritaria que enfrentamos” en México.
“Acabo de bajarme [sic] del teléfono celular porque, repito, estamos persiguiendo los votos e intentandoamarrar [sic] a las y los 43 senadores de oposición, que permitiría rechazar la reforma al Poder Judicial y eventualmente otras muy lesivas acciones que pretende el oficialismo a través del llamado Plan C”, dijo en la videollamada con la mercadóloga Ana Buhl –cercana al calderonista Max Kaiser– y otros integrantes de Va por Todos Mx.
Con esa declaración, el accionista de la trasnacional Kimberly Clark –y representante de la oligarquía mexicana más antidemocrática– dejaba al descubierto las verdaderas motivaciones del liderazgo que asumió de los partidos de derecha, especialmente el PRIAN, para defender sus propios intereses, que son contrarios a la voluntad popular que llevó a la Presidencia de la República a la doctora Sheinbaum con caso 36 millones de votos. Además, demuestra que su supuesto activismo político en realidad se basa en métodos de presión. Por eso utiliza el concepto “amarrar” y no el concepto “convencer”, a la hora de narrar su actividad a quienes simpatizan con su causa.
Y la presión a los senadores era fundamental para seguir controlando al Poder Judicial, pues la estrategia de González Guajardo –a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el primer mes de la administración de la presidenta Sheinbaum– ha sido litigar contra las principales políticas públicas y obras de infraestructura. Para ello, evidentemente, necesita jueces, magistrados y ministros sometidos a esos intereses oligárquicos.
Como Contralínea lo ha documentado, la estrategia legaloide del empresario se ha ejecutado desde dos de sus asociaciones civiles: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Ahora mismo, este último apoya las campañas contra la Constitución reformada en materia judicial, y a favor del golpe aguado que pretende asestar el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Pero no sólo eso. En la videollamada del pasado 4 de septiembre, Claudio X enunció todas las reformas constitucionales del llamado Plan C como objetivos a evitar, incluidas: la “nacionalización de la energía”, la extinción de los órganos autónomos y la supuesta desaparición de un árbitro justo para las elecciones.
Y, de plano, el oligarca confesó: “todos esos, amigas y amigos, son temas que están en la agenda de Morena desde el primer día [diciembre de 2018]. Y hemos logrado bloquear una parte importante de esa agenda a lo largo de estos 6 años. Y nosotros jugamos un rol muy significativo en eso, primero, construyendo esta coalición [del PRIAN] y votando por esa coalición en 2021, lo cual permitió en ese momento equilibrar tablas; y en ese sentido, las reformas constitucionales que ahora pretenden, si no hubiéramos logrado eso en ese momento ni siquiera estaríamos platicando ahorita de tratar de detener la reforma judicial. Ya sería una realidad. Entonces, en ese sentido, hemos ganado tiempo”.
Más adelante se arroga que, junto con muchos mexicanos y mexicanas pararon el Plan A y el Plan B. Cuando en realidad eso lo echó abajo la Suprema Corte, que claramente responde a esos mismos intereses del empresario. Pero esa no es la única confesión que ha hecho Claudio X: el 31 de octubre, a través de su red social en X, escribió: “Es criminal que un país que recauda tan poco (medido como porcentaje del PIB), desperdicie tanto dinero en empresas quebradas como Pemex y CFE, así como en proyectos perdedores como el AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya, Mexicana, y tantos otros. Esos recursos derrochados hacen gran falta para combatir la pobreza, para acabar con la inseguridad, para darle calidad a la educación, para universalizar la salud… Entre las muchas taras de Morena, el derroche de recursos públicos es una de las peores”.
Todos esos proyectos fueron combatidos por el empresario con desinformación, y también por la vía legaloide, con decenas de juicios de amparo interpuestos, primero por MCCI –a través de su estrategia #NoMásDerroches, y después por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Millones de pesos para atacar a la 4T
El combate de Claudio X a la cuarta transformación y el humanismo mexicano se mueve con millones de pesos. Tan sólo de enero de 2019 a enero de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –organización fundada por el empresario– operó con 277 millones 231 mil 517 pesos. De ese monto, la UIF detalla que el gobierno de Estados Unidos –a través de la USAID, brazo de la CIA– donó 96 millones 740 mil pesos a ese grupo opositor que actualmente encabeza María Amparo Casar, exfuncionaria foxista cercana a Claudio X y beneficiada con una pensión vitalicia de Pemex, y a la que cada mes MCCI le paga casi medio millón de pesos.
Otras evidencias del dineral que gasta en este activismo contra el pueblo de México –pues lo hace sin respetar la voluntad de las mayorías y para bloquear la agenda del humanismo mexicano, como el mismo empresario lo ha confesado–, es el reporte que MCCI entregó al SAT en mayo de 2024, correspondiente a su situación fiscal en el ejercicio 2023. En éste se detalla, por ejemplo, que la asociación gastó 55 millones de pesos en sus textos que suplantan al periodismo y en sus supuestas “investigaciones aplicadas” –en su mayoría, contra el gobierno de López Obrador–, así como en su difusión masiva.
De acuerdo con el reporte, MCCI destinó ese monto de la siguiente manera:
Investigaciones sobre conflictos de interés: 3 millones 341 mil 5.29 pesos; investigaciones sobre el uso irregular de recursos públicos, 5 millones 577 mil 775.34 pesos; investigaciones sobre redes de corrupción, 3 millones 559 mil 675.24 pesos; investigaciones sobre impunidad, 5 millones 989 mil 509.29 pesos; investigación aplicada contra la corrupción en el sector privado, 2 millones 806 mil 402.60 pesos; investigación aplicada para fortalecer el estado de derecho, la justicia y la democracia, 10 millones 729 mil 961.32; investigación aplicada para la equidad y concientización de la ciudadanía sobre la corrupción, 2 millones 805 mil 369.11; investigación aplicada para la evaluación de políticas públicas y la percepción ciudadana, 4 millones 499 mil 200.14; investigación aplicada para la vigilancia del gasto público, 4 millones 39 mil 260.20; investigación aplicada para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, 1 millón 481 mil 928.29 pesos; así como 3 millones 105 mil 441.86 pesos para difusión masiva en redes sociales; y 7 millones 497 mil 281.52 pesos para “generación de contenido de multimedia”.
Algunos de los textos que publicó la organización y que maquinó con esos millones de pesos fueron: “Triangulan 490 millones de pesos del INSABI a amigo de Andy [hijo de López Obrador, actualmente directivo del partido Morena]”; “El departamento de lujo del Secretario de la Defensa”; “Los viajes del general Luis Cresencio Sandoval”; “Directivo de Segalmex operó en la red de los amigos de Andy”; “Sedatu impuso como proveedor a un amigo de Andy”; “AMLO encargó a amigo de su hijo Gonzalo el Instituto para Devolver lo Robado”; “Las nuevas revelaciones de ‘La Casa Gris’”; “Funcionario ligado al caso Odebrecht firmó 197 contratos en Dos Bocas”; “Asesor de AMLO recibe obra sin licitar por 1,688 millones de pesos”.
Y a ello se suma el costo de las decenas de juicios de amparo que promovió Claudio X González desde el CNLE, organización de la que es consejero. Además del empresario, el consejo directivo está integrado por Luis Asali Harfuch (presidente y quien presta la oficina de su despacho para alojar al Consejo Nacional de Litigio Estratégico), Claudia Aguilar Barroso, Gustavo de Hoyos Walther, Fernando Gómez-Mont Urueta (exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón), José Mario de la Garza Marroquín; y Miguel Carbonell Sánchez.
Siete de cada diez mexicanos considera que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está teniendo un inicio de administración sumamente bueno.
A un mes de haber tomado protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra de manteles largos, puesto que la ciudadanía mexicana ha reconocido las primeras acciones de su administración, por lo que todo parece ir “viento en popa” para la capitalina.
Prueba de estas palabras es el reciente sondeo que lanzó el diario LaJornada, mismo que lleva por nombre DemoscopiaDigital, en el que se indicó que, de acuerdo con la voz popular, el 72.2 por ciento aprueba el mandato de la morenista.
Asimismo, el 10.3 por ciento de la ciudadanía no supo qué responder a la pregunta, pues consideró que aún no es tiempo para calificarla; en tanto, el 8.9 por ciento desaprueba sus acciones, una cifra que muy probablemente proviene de los opositores.
Sheinbaum obtiene 72.2% de aprobación en octubre
El resultado obtenido por Claudia Sheinbaum Pardo es sumamente alto, ya que visto desde otra perspectiva indica que siete de cada diez mexicanos consideran que la presidenta está cumpliendo con el llamado segundo piso de la CuartaTransformación.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el 77 por ciento de la población está de acuerdo con ella sobre el hecho de que elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional se sumen al combate de la delincuencia organizada, y así continúe bajando la incidencia delictiva.
Respecto a esto último, el diez por ciento le es indiferente la situación, mientras que el trece por ciento expuso que está en desacuerdo con esta decisión; sin embargo, es una minoría en comparación del apoyo hacia lo dicho por Claudia SheinbaumPardo.
¿Cuál es la aprobación de Claudia Sheinbaum por estado?
En cuanto a las entidades federativas, según DemoscopiaDigital, Claudia Sheinbaum Pardo tiene su mayor apoyo en BajaCalifornia, con un 75.2 por ciento; seguido de estados como Guerrero, Nayarit, Puebla, Chiapas y Oaxaca, que son gobernados por la alianza de Morena.
La primera entidad de oposición que ha mostrado apoyo a la capitalina es Chihuahua, con el 74.1 por ciento, una cifra altísima tomando en cuenta que es gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN); contrario a esto, Durango, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es en donde cuenta con menor apoyo, con el 69.2 por ciento.
Tal parece que los ministros de la SCJN únicamente quieren garantizar los millones de pesos que llegarían si el Senado les acepta sus cartas de renuncia.
En las últimas horas, varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron presentar su renuncia al cargo que ostenta debido a que no están de acuerdo con la controversial elección de jueces y magistrados que trae consigo la reforma judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Y es que, de acuerdo con lo expuesto por el PoderLegislativo, el 30 de octubre era la fecha límite para que los integrantes del Judicial hicieran pública la intención de contender por el cargo, o bien, formalizar su declinación a ser parte del histórico proceso que vivirá México en 2025.
Tras esto, el primero en declinar al pueblo fue AlfredoGutiérrez OrtizMena. Más tarde, siguió los mismos pasos Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Norma Piña Hernández, quien dejó en claro que no dejaría el cargo que tiene, sino que la renuncia era un acto de congruencia.
¿Qué beneficios obtienen ministros de la SCJN al retirarse?
Del otro lado de la moneda, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acusó que las renuncias en la SCJN se darían debido a que los ministros prefieren garantizar los enormes beneficios que podrían recibir; sin embargo, enfatizó que el Legislativo no las aceptaría, por lo que tendrían que cumplir con su cargo sí o sí.
Los beneficios que recibirán en caso de que se acepten las renuncias son:
Salario al 100 por ciento los primeros dos años y al 80 por ciento hasta su defunción
Aguinaldo de 580 mil pesos anuales
Seguro de vida hasta por 12 millones de pesos.
Pago de defunción por un millón 189 mil pesos para los familiares
Pago por riesgos por 640 mil pesos
Gastos de transporte por 22 mil pesos mensuales, incluyendo gasolina y peaje
Personal de apoyo, siendo dos choferes, tres técnicos y cinco personas de seguridad
Apoyo en servicios, principalmente acceso a servicios en restaurantes y aeropuertos
Prima vacacional por 95 mil 474 pesos
Vehículos blindados, siendo dos camionetas con un costo estimado de 6 millones de pesos.
¿Qué dijeron los ministros que renunciaron a la SCJN?
Por su parte, AlfredoGutiérrez OrtizMena subrayó que no se sometería a una elección popular, puesto que no se consideraba adecuado para ello; sin embargo, hizo hincapié en que su renuncia no implicaba una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma.
En tanto, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek coincidieron en que llevaron a cabo sus funciones con total honestidad, por lo que su renuncia era para mantener su nombre en dignidad.
Finalmente, Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, explicó, como se mencionó anteriormente, que su renuncia era simplemente un acto de congruencia para con sus ideales, puesto que no dejaría el cargo para el que se le designó originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030.
El presidente del Senado, Fernández – Noroña, recibió las cartas de renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros renunciantes, y cuyas renuncias serán efectivas hasta el 31 de agosto del año próximo, son la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, y Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Acabamos de recibir, hace unos minutos, ocho renuncias de igual número de ministros y ministras de la @SCJN.
