Category: Política

Tras perder el Poder Judicial, la derecha pro empresarial vio en la CNDH el último reducto para operar contra la 4T, y por ello disputó su presidencia con una feroz campaña de propaganda negra, además de que, desde el Senado, el expanista refugiado en Morena, Javier Corral, operó contra la candidatura de su actual titular. Pese a que el plan de la derecha fracasó, los voceros de la oligarquía aún hablan del “contrapeso” que debería ser la Comisión. Consultada sobre cómo los poderes fácticos pudieron haber convertido al organismo autónomo en su instrumento de sus intereses ilegítimos, la defensora Rosario Piedra Ibarra detalla que sería ejerciendo de forma irregular sus facultades, en especial las acciones de inconstitucionalidad, las recomendaciones y las medidas cautelares.

Alerta que incluso se pudo propiciar el intervencionismo extranjero, si se hubiera entorpecido la revisión de las quejas con el objetivo de que llegaran a organismos internacionales. En entrevista con Contralínea, la activista y maestra en psicopedagogía expone desde los casos más emblemáticos que resolvió la CNDH en su primer periodo como presidenta; la apertura de los archivos de la Defensa Nacional gracias a las gestiones de la Comisión; un secuestro cometido por el crimen organizado contra visitadores para obligar a la CNDH a emitir una recomendación contra la Sedena, presión a la que no cedieron; las demandas promovidas por el PAN y otros actores del conservadurismo para impedir su trabajo; la toma de las instalaciones por parte de encapuchadas que destruyeron decenas de expedientes –como el de la familia del maestro normalista y guerrillero Lucio Cabañas–; la simulación que significó el organismo creado por Carlos Salinas de Gortari; hasta las campañas de desprestigio en redes y medios corporativos en su contra, que han buscado todo este tiempo deslegitimarla, y las acciones para renovar la institución y que verdaderamente sirva y defienda al pueblo

Primera de dos partes. La disputa por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre el pueblo y la derecha pro empresarial empezó antes de que la maestra Rosario Piedra Ibarra fuera nombrada por el Senado como su titular, en 2019, y continuó en escalada durante el primer tramo de su gestión, hasta el clímax que se vivió en el pasado proceso de reelección –lo que implicó a senadores de Morena, en especial al expanista Javier Corral Jurado, quien operó contra su candidatura desde una posición de poder: la presidencia de la Comisión de Justicia en esa Cámara.

En entrevista con Contralínea, la defensora de derechos humanos, luchadora social, maestra en psicopedagogía y víctima indirecta de la Guerra Sucia expone las facultades que podrían haber convertido a la CNDH en un instrumento no sólo para posicionar narrativas como la de la dictadura y la militarización, sino para el intervencionismo de organismos extranjeros, en especial de la Organización de Estados Americanos. También expone los casos más emblemáticos de su administración, incluida la apertura de archivos del Ejército gracias a las gestiones de la Comisión. Y revela uno de los casos donde el crimen organizado secuestró a los visitadores para obligar a la CNDH a emitir una recomendación contra la Sedena, aunque aclara que no se sucumbió a esas presiones, gracias a la valentía de los servidores públicos violentados.

Facultades de la CNDH, eje de la disputa

Las facultades de la CNDH explican el intento por ensuciar, incluso desde dentro del Senado, el proceso de reelección de Piedra Ibarra, y por qué era muy importante para la oposición quedarse con la CNDH. Al respecto, la presidenta del organismo autónomo detalla que éstas se encuentran plasmadas en el artículo 102 constitucional, apartado B, y en la Ley orgánica de la Comisión. Y a pesar de que hay facultades que están limitadas, dice, “son muy atractivas precisamente para todos esos poderes fácticos que quieren apropiarse de esta Comisión”.

Al respecto, enuncia las recomendaciones. “Aunque –como el nombre lo dice– son recomendaciones, servirían en un determinado momento para estar atacando, si algo no lo es”. De ello se deriva que esta facultad pudiera usarse para construir montajes, sobre todo para generar escándalos mediáticos.

“Las acciones de inconstitucionalidad son otras de las facultades que tiene esta Comisión. Nosotros hemos emitido muchas durante mi gestión, porque se justifican. Pero también se podrían emitir estas acciones de inconstitucionalidad cuando no hay justificación y vuelve a ser un golpeteo mediático”.

—En ese sentido, ¿hubo presiones a la CNDH en el caso de la reforma judicial, por ejemplo? ¿Ahí no se justifica?

—Ahí no se justifica porque era una acción de inconstitucionalidad a la Constitución, a la Carta Magna. Y eso pues no está dentro de las facultades [de la Comisión. No procede.

La defensora de derechos humanos –hija de una de las más emblemáticas activistas por el derecho a la verdad, la no repetición y la búsqueda de su hijo desaparecido forzosamente, la ya fallecida Rosario Ibarra– añade que otra de las facultades que resulta muy atractiva para la oposición es la de las medidas cautelares, pues también se podrían utilizar en casos o situaciones que no lo ameritan.

Explica que dichas medidas se emiten cuando hay una persona o una comunidad o grupo en riesgo. Como ejemplo de un escenario en el que podrían servir de forma ilegítima, cita la guerra mediática de que en México no hay la libertad de expresión. “Entonces querían que se emitieran a veces medidas cautelares donde no se justificaban. Claro que, si algún comunicador o comunicadora lo requiere, inmediatamente, esta Comisión lo hará, lo denunciará”.

No obstante, observa que en la actualidad lo que hay en el país es un clima de libertades, donde se garantiza la libre expresión, “no como fue en los años que nos tocó a nosotros iniciar la lucha, que era terrible, no podía uno ni repartir un volante”.

La maestra Rosario Piedra Ibarra señala que en numerosas ocasiones se buscó que la CNDH interpusiera acciones de inconstitucionalidad contra reformas promovidas por la llamada cuarta transformación. No sólo contra la reforma al Poder Judicial, sino también en el tema de la Guardia Nacional. “Querían que hiciéramos una acción de inconstitucionalidad, pero no se podía emitir acción de inconstitucionalidad porque era un decreto, no era una ley.

Entonces también eso es algo que querían a fuerza que hiciéramos. Y hubo otra vez una guerra mediática”.

Otro punto atractivo para la oposición, expone, se refiere a los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “Cuando un caso no se resuelve en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿qué es lo que pasa?, se va a la Corte Interamericana y es otro golpeteo. Entonces, aquí el golpeteo ha sido porque nosotros tratamos, cuando hay una violación grave de derechos humanos, de que aquí se resuelva, en nuestro país. Porque, ¿para qué queremos la injerencia extranjera? Si aquí, esta Comisión puede tener las facultades de exigir a la autoridad, a las diferentes dependencias, el Ejército, la Sedena, la Guardia Nacional, que se cumpla una recomendación. Y pues hay que cumplirla”.

Casos relevantes de su gestión pasada

Contralínea también le pregunta a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos más relevantes que ha resuelto su administración. Ello, en el contexto de acusaciones mediáticas en las que se ha acusado a la CNDH de no hacer nada o incluso que ha sido comparsa –según la oposición– del gobierno y de las Fuerzas Armadas.

Al respecto, la maestra Piedra Ibarra indica que entre los más emblemáticos hay uno que involucra directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional en violaciones graves a derechos humanos: “fue en los casos de la mal llamada Guerra Sucia, o sea, que fue la represión política del Estado contra toda la disidencia, los disidentes sociales que existieron en ese periodo [de 1960 a 1990]”.

Se trata, dice, de la Recomendación 98VG/2023. La presidenta de la CNDH explica que si bien había una recomendación previa –la 26/2001, de la época de José Luis Soberanes­­–, esa no tomó en cuenta a las víctimas, quienes nunca estuvieron contentas porque no se concluyó nada ni se cumplió esa recomendación.

“Entonces, a petición de las víctimas se hace esta nueva recomendación, y se logra tomar los testimonios de 814 víctimas, que están documentadas en esta recomendación y que precisamente son recomendadas la Sedena, la Secretaría de Hacienda, la Marina, en fin, infinidad de dependencias que tienen que cumplir y que está en un proceso parcial de cumplimiento. Y eso es lo que queremos nosotros seguir trabajando para que sea el cumplimiento total de esta recomendación”.

Dicha Recomendación 98VG/2023 se refiere a “casos de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, durante el periodo de violencia política del Estado”, y está dirigida a los titulares de la Fiscalía General de la República; las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional; el Senado; la Cámara de Diputados; la UNAM; el IPN; y la UAM; el gobierno de Guerrero; el Centro Nacional de Inteligencia; el Archivo General de la Nación; entre otros.

En ella se apunta que las graves violaciones a derechos humanos documentadas ocurrieron entre 1965 y 1990 [periodo en el que gobernó el PRI], y “consisten en persecución política, detención arbitraria, prisión política, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, y sus agravantes, al ser cometidos en algunos casos contra niños, niñas y adolescentes, y mujeres, constituyendo en su conjunto crímenes de lesa humanidad en agravio de las víctimas acreditadas en el presente instrumento recomendatorio, las cuales van de V1 [víctima 1] a V814 [víctima 814], durante el periodo señalado”.

La maestra Rosario Piedra Ibarra cita, también, la Recomendación 46/2022, con respecto a la libertad de expresión y el derecho a la democracia, que fueron violentados durante varias décadas y esa es otra recomendación muy importante. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, dicha Recomendación General 46/2022 es “sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965”.

En sus antecedentes, la Recomendación indica: “esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a cabo una investigación con relación al periodo comprendido entre 1951 y 1965, con el objetivo de esclarecer los hechos que se plantean, y dar cuenta del complejo represivo y contrainsurgente que montó el Estado para controlar el libre ejercicio de los derechos civiles en México, así como de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo esa mecánica de violencia política institucional, por lo que ha constatado que la sistematización y perfeccionamiento del aparato policiaco-militar fue para impedir el libre juego democrático y afianzar el predominio político-electoral de un partido político, el Revolucionario Institucional (PRI).

“Esta política del Estado mexicano se remonta a, por lo menos, la década de 1950, periodo en el cual las fuerzas del Estado se desplegaron especialmente contra el grupo político partidario del general Miguel Henríquez Guzmán, cuyo movimiento, conocido como ‘Henriquismo’, constituyó una amenaza inusitada para la permanencia del sistema por la vía electoral, y alcanzó a los militantes y simpatizantes de la Federación de los Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), y de los partidos que se aliaron en torno suyo, el Partido Constitucionalista Mexicano, el Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Obrero-Campesino Mexicano, y el Partido Agrario Obrero Morelense, entre otros”.

La presidenta de la CNDH expone a Contralínea que otra recomendación igual de importante es la relacionada con el caso Iguala, y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. “Cuando llegamos aquí [en 2019] nos encontramos que tenía muchos tomos, muchos volúmenes, pero que solamente llegaban a validar ‘la verdad histórica’ [que creó el exprodurador Jesús Murillo Karam en asociación con Tomás Zerón de Lucio]”.

La maestra Piedra Ibarra recuerda que los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos no estuvieron de acuerdo con los términos de esa investigación previa, hecha en el periodo de Luis Raúl González Pérez. “A petición de ellos [de los familiares] se cerró esa oficina especial del caso Iguala y se abrió una nueva investigación. Y estamos en proceso de cumplir esa nueva recomendación”.

Al respecto, añade que, como aún no se ha concluido la recomendación, sí se cuenta con un informe especial público, accesible a través de la página en internet de la CNDH.

—En estos casos que nos ha mencionado, ¿siempre es a petición y con acompañamiento de las víctimas? –se le pregunta.

—Sí. Y más en estos casos, no podemos nosotros empezar una investigación [sin las víctimas]. Y, además, esa es la nueva tónica de esta Comisión: siempre estar en coordinación con las víctimas, porque, si no [se hiciera así], pasaría lo que pasó con la [Recomendación] 26/2001 en donde hicieron lo que quisieron, no se consultaba y prácticamente dieron carpetazo a todos los temas de la Guerra Sucia. Y nosotros no queremos eso. Sabemos que es muy importante esa coordinación con las víctimas y que estén satisfechas con lo que se investiga. Si ellos tienen más elementos, que los aporten, y seguir adelante.

—¿A la fecha han tenido algún tipo de reclamo de las víctimas? Esto lo pregunto particularmente porque, parte también de esta guerra sucia mediática fue el argumento que justo la CNDH estaba muy lejos de las víctimas, que no las tomaba en cuenta, que no las escuchaba. ¿Cómo ha sido ese proceso?

—No, es al contrario. Desde las víctimas no hemos recibido quejas, y si llegan a recibirse son en otros casos, pero se atiende y se ve cuál es la queja de algo que no se ha atendido, pero no. En estos casos precisamente cuidamos mucho, en todos los casos, pero en estos casos emblemáticos que estoy mencionando se ha cuidado al extremo, precisamente porque si ya fueron dañados por administraciones anteriores, no queremos que en esta institución vuelva a ocurrir lo mismo.

La presidenta de la CNDH explica que otro expediente emblemático es el de la indígena y adulta mayor Ernestina Ascencio, originaria de la sierra de Zongolica, Veracruz. En este caso, explica que se documentó que la víctima fue muerta por tortura, por una violación tumultuaria de elementos del Ejército.

La mujer de 73 años fue agredida el 25 de febrero de 2007, en plena “guerra” contra el narco, cuando en el Presidencia estaba el panista Felipe Calderón; en Veracruz gobernaba el priísta Fidel Herrera; en la Secretaría de Seguridad federal mandaba Genaro García Luna; y en la CNDH operaba el abogado corporativo José Luis Soberanes.

Piedra Ibarra expone que a pesar de las evidencias médicas y forenses, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de aquel entonces se acompañó la versión que dio Calderón, de la muerte por gastritis aguda. “Se creó una narrativa totalmente falsa, donde, para quedar bien el entonces presidente de la Comisión, el señor Soberanes, con el presidente Felipe Calderón, se dijo que la indígena había muerto por una gastritis, lo cual es totalmente falso porque hemos encontrado dictámenes médicos donde dicen que sí sufrió violación, que murió por una fractura craneal donde la empujaron”.

La presidenta de la CNDH acusa a la gestión de Soberanes de ocultar intencionalmente la verdad. “Eso es algo gravísimo, gravísimo. “De este caso también existe, aparte de la recomendación, que por cierto no se ha cumplido por el gobierno de Veracruz, existe un informe especial también que es público y está en nuestra página”.

Otro caso que refiere es el de Mario Aburto, uno de los autores del magnicidio del priísta Luis Donaldo Colosio. “Es un caso trascendente porque se trata de un crimen de Estado, en el que se manejó la narrativa del asesino solitario”. La titular de la CNDH aclara que este caso se abrió a petición del propio Aburto.

“Mario Aburto me escribió una carta donde pedía que se investigara nuevamente su detención, porque él argumenta que fue víctima de tortura, que lo obligaron a que se auto inculpara. Tengo entendido que por ahí también hubo tortura a su familia, amenazas, todo esto; entonces eso es gravísimo y se han abierto nuevas líneas de investigación. E incluso hay una orden de aprehensión para un segundo tirador que pertenecía al Cisen, tengo entendido.”

—Y que conecta con el caso Genaro García Luna, porque estuvo implicado en sacar de la escena del crimen a ese segundo tirador –se le comenta a la entrevistada.

—Sí, cosas que se desconocen y que ahora han venido a salir a la luz de, cómo desde entonces, el señor Genaro García Luna ya participaba en el Cisen. Cosas muy delicadas. Y bueno, ahí está ese informe especial y hay esa recomendación también en el caso de Mario Aburto.

De acuerdo con la CNDH, la Recomendación 48VG/2021 “abordó no sólo la detención, las irregularidades en los interrogatorios y la tortura a la que fue sometido Mario Aburto y su familia, sino que profundizó en el análisis de la investigación que del caso hicieron cuatro fiscales especiales, y pudo documentar que había sido violatoria del debido proceso y del derecho a la justicia del señor Aburto, pero también de los derechos humanos de las víctimas del asesinato del candidato presidencial, y en general de todo el pueblo mexicano, al negárseles el derecho a la verdad. Por eso, la Recomendación se dirigió a la FGR, a efecto de que abriera una nueva investigación, tanto de la tortura contra Mario y su familia, como de los hechos acaecidos en Lomas Taurinas en 1994 [cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari], pero también al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que se garantizara la integridad del detenido y se le trasladara a un penal cercano a su familia hasta en tanto se esclarecía su situación”.

La maestra expone un último caso emblemático que se caracterizó no sólo por una presión mediática, sino también porque se implicó el crimen organizado en las presiones a la CNDH.

“Hay un caso que sí me gustaría mencionar y es el caso de la niña Heidi [Mariana]. Es lamentable la muerte de esta menor de edad, que muere en un tiroteo. Cuando tuvimos noticias de esos hechos, mandamos a nuestros visitadores, ahí se va de oficio y luego también la familia entró en contacto con nosotros”.

El asesinato de Heydi Mariana ocurrió el 31 de agosto de 2022. La menor recibió impactos de bala mientras viajaba a bordo de un automóvil en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en medio de un fuego cruzado entre elementos del Ejército e integrantes del crimen organizado.

Sobre este caso, la maestra Rosario Piedra Ibarra dice que la familia quería que se hiciera una recomendación a la Sedena, pues tenían la convicción de que las balas provenían de las armas de los militares, lo que –afirma– no se comprobó.

“Si era necesario hacerla [la recomendación contra la Sedena], la íbamos a hacer como lo hemos hecho en otros casos –como en la recomendación 98VG, que si nos consta que ha intervenido la Sedena o que es culpa de la Sedena las violaciones graves, ahí lo hemos hecho. Pero en este caso se mandaron a nuestros investigadores, nuestros visitadores, y ellos estuvieron ahí en todo el proceso, y la balística indica que la niña no fue muerta por una bala de la Sedena, sino por otro tipo de calibre que no era de la Sedena”.

La titular de la CNDH expone que en este caso “sucedió una situación muy delicada y muy grave, porque fueron secuestrados nuestros visitadores allá [en Tamaulipas], cuando llegaron, aparentemente por el crimen. Y se les exigía que hicieran una recomendación en contra de la Sedena.

—¿Eso es lo que se les pidió cuando fueron secuestrados? –se le pregunta a la maestra Rosario Piedra.

—Sí, cuando fueron secuestrados y amenazados. Entonces eso es bastante delicado. Y si lo hubiera sido [que los elementos del Ejército fueran los responsables de la muerte], nosotros no necesitamos eso [que los visitadores sean secuestrados y amenazados para que la recomendación se dirija a la Sedena]. Cuando hay alguna violación grave, venga de quien venga, se hace la recomendación. Esa es nuestra función. Sin embargo, pues aquí no era eso”.

—Estas investigaciones de la CNDH, ¿hasta dónde tienen que llegar para justamente delinear si existe o no la participación de alguna autoridad?

—Sí. En este caso, por ejemplo, también hay testimonios de las víctimas. No es nada más la investigación que hace, por ejemplo en este caso, la Procuraduría; que se va a ir en acompañamiento, se sigue todo el proceso como las periciales o todo lo que se tenga que hacer. [Los visitadores] están como observadores, sino también [se recogen] los testimonios de las víctimas, porque sin eso sería nada más validar lo que diga la autoridad. Entonces siempre tiene que haber el testimonio de las víctimas y las pruebas, o sea, de que realmente sí fueron amenazados, cómo estuvo, todo lo que ellos relaten es fundamental para esta Comisión.

—Además de esta presión extrema que fue el secuestro de los visitadores, ¿han tenido otro tipo de presiones los investigadores o los visitadores de la CNDH en el sentido de intentar obligar, darle un sentido que no es el que lleva la evidencia o los propios testimonios?

—Este es el caso que conozco. Yo creo que las otras presiones, bueno, fue parte del batallar que cuando llegamos aquí, que ya había aquí mismo gente que no habíamos podido sacar de esta Comisión, porque no la habíamos detectado, pero estaba llena.

—¿Y que son personas con muchos intereses?

—Exactamente. Pero este caso [del secuestro de los visitadores] no lo dijimos en ese momento y, obviamente, reservamos la identidad de las personas porque es algo muy delicado. No sólo ellos se preocupaban por ellos mismos, sino también se preocupaban por sus allegados, su familia, porque les retiraron sus teléfonos celulares, los tuvieron incomunicados. Fue algo muy, muy, muy terrible. Pero entonces ellos se quedaron allá en el lugar.

—¿Continuaron investigando?

—Sí. También era continuar porque si venían, [quienes los secuestraron] iban a decir que ellos [los visitadores] no hicieron nada. ¿Sí me explico? Fue una estrategia también muy inteligente de ellos [los visitadores, de quedarse a terminar sus labores de investigación]. Inteligente y de valor, las dos cosas. Sí porque [los secuestradores] ya tenían toda la información de ellos. Entonces esto es algo que te lo digo aquí en confianza, pero son cosas que hemos estado padeciendo –dice la maestra Rosario Piedra, durante la entrevista con Contralínea.

En este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue acusada por la familia, por medios corporativos y por organizaciones de derechos humanos de actuar de forma parcial y a favor de la Sedena. También se le señaló de no acompañar a las víctimas y de investigar a distancia. Todo ello lo rechaza la presidenta del organismo autónomo, y advierte que el papel de la CNDH no es elaborar recomendaciones a modo contra instituciones como la Sedena, sino buscar la verdad de los hechos que se denuncian o de los que tienen conocimiento y que pudieran configurar violaciones graves a derechos humanos.

En la siguiente entrega se abordarán otras estrategias de sabotaje que ha enfrentado la CNDH, como la toma de sus instalaciones, la destrucción de archivos, los ciberataques, y las demandas para descarrilar su labor; la creación del organismo en el sexenio de Salinas como simulación de garantía a los derechos humanos; el proceso de su reelección y los obstáculos orquestados por el panismo y la derecha; así como la reestructura que se planteó para que la Comisión verdaderamente defienda al pueblo, y no a poderes institucionales o fácticos.