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  • Banxico paga millonarias pensiones vitalicias a Zedillo, Carstens, Gil Díaz…

    Banxico paga millonarias pensiones vitalicias a Zedillo, Carstens, Gil Díaz…

    FOTO: GALO CAÑAS / CUARTOSCURO.COM

    A casi cuatro años de que el Congreso de la Unión cancelara la pensión vitalicia para los expresidentes de la República, el Banco de México mantiene vigente un esquema similar que permite el pago de por vida a sus exgobernadores, exsubgobernadores y exaltos funcionarios, a costa del erario nacional. En la lista de beneficiarios se encuentran los neoliberales Ernesto Zedillo –opositor a la “ola de gobernantes populistas en América Latina”–, Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz y otros más de 90 beneficiarios. Las pensiones mensuales van de los 120 mil a los 338 mil pesos

    En su mayoría afines al pensamiento neoliberal y promotores del adelgazamiento de los derechos laborales, un centenar de exfuncionarios del Banco de México (Banxico) mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague una pensión vitalicia similar a la que cobraban, hasta octubre de 2018, los expresidentes de la República y que fue cancelada por el Congreso de la Unión.

    Los beneficiarios son exgobernadores, exsubgobernadores y exdirectivos del banco central, entre los que destacan Ernesto Zedillo Ponce de León, Agustín Carstens Carstens, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz. Sus pensiones anuales van alcanzan hasta 4 millones de pesos anuales. Además, se les garantizan otras prebendas como seguro de gastos médicos de cobertura amplia.

    De acuerdo con los datos del propio Banxico (actualizados al primero y segundo trimestre de 2022), el expresidente Ernesto Zedillo cobra de esa institución 121 mil 763.22 pesos mensuales, por lo que al cierre de este año se habrá embolsado 1 millón 461 mil 156 pesos. En el banco central se desempeñó como analista y subgerente de investigación económica. El político priísta fue uno de los principales impulsores de la privatización de los bienes públicos, entre ellos los Ferrocarriles Nacionales de México.

    A éste se suma otro centenar de privilegiados. Entre ellos, Miguel Ángel Mancera Aguayo, quien cobra mensualmente 338 mil 833.75 pesos. Éste encabezó el banco central del 1 de abril de 1994 [último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari] al 31 de diciembre de 1997 [periodo en el que Ernesto Zedillo ocupó la Presidencia]. A este se le recuerda como corresponsable del llamado error de diciembre de 1994, cuando por falta de reservas internacionales, crisis de deuda externa, déficit público abultado y una acelerada devaluación del peso, México cayó en una profunda crisis financiera.

    Un centenar de exfuncionarios del Banxico mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague pensiones vitalicias.

    En su Informe anual de 1995, el Banco de México apuntaba que durante ese año “la economía mexicana sufrió la crisis más severa ocurrida desde la década de los años treinta. La interrupción repentina de los flujos de capitales del exterior hacia México a finales de 1994 e inicios de 1995, sumada a la consecuente devaluación de la moneda nacional, impusieron a la economía del país un ajuste doloroso pero inevitable. […] Cabe señalar que uno de los factores críticos que determinaron la estrategia específica adoptada, fue la débil situación del sistema financiero, resultado en buena medida del previo sobreendeudamiento de un número importante de familias y empresas mexicanas”.

    En aquel entonces los subgobernadores del Banxico eran: Ariel Buira Seira –cuya pensión vitalicia actualmente asciende a 228 mil 513.44 pesos mensuales [2 millones 742 mil 161.28 pesos al año]; Guillermo Güémez García; Jesús Marcos Yacamán, con una pensión vitalicia de 219 mil 942.72 pesos cada 30 días; y Francisco Gil Díaz, a quien los mexicanos le seguimos pagando 219 mil 115.81 pesos al mes. Este último fue promotor de la creación de la empresa privada ISOSA y del derecho de trámite aduanero –operado por los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II–, con los cuales se defraudó por años a la Hacienda Pública.

    Un centenar de exfuncionarios del Banxico mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague pensiones vitalicias.
    Un centenar de exfuncionarios del Banxico mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague pensiones vitalicias.

    Otro exgobernador del banco central que tiene garantizada su pensión es Guillermo Ortiz Martínez, quien cada mes cobra a la nación 270 mil 642.37 pesos. El cargo lo desempeñó del 1 de enero de 1998 [último año del gobierno de Zedillo] al 31 de diciembre de 2009 [periodo que abarcó los gobiernos de Vicente Fox y parte del de Felipe Calderón].

    Antes de ocupar ese cargo, Ortiz Martínez fue secretario de Hacienda en el sexenio de Zedillo. Asumió la dependencia federal el 29 de diciembre de 1994, tras la renuncia de Jaime Serra Puche ante la grave crisis que enfrentaba el país. Como titular de Hacienda, promovió el rescate fiscal de los bancos y con ello propició que las deudas privadas de éstos se convirtieran en deuda pública a través del Fobaproa, que ha costado más de 2 billones de pesos a los mexicanos.

    Además de lo que le paga la nación por concepto de pensión vitalicia, Ortiz Martínez gestionó mediante correos electrónicos dos donativos en efectivo –por 5 mil dólares cada uno, en octubre de 2020 y noviembre de 2021– para beneficio del Grupo de los 30 [Consultative Group on International Economic and Monetary Affairs, Inc]. En sus solicitudes indicaba que el objeto del dinero sería contribuir en la realización de sus planes de trabajo para 2020 y 2021, respectivamente.

    Guillermo Ortiz es tesorero del Grupo de los 30, donde también son miembros Ernesto Zedillo y Agustín Carstens. Las donaciones con dinero público estuvieron autorizadas por el director de Recursos Materiales del Banxico, Guillermo José Martínez Villarreal, bajo las justificaciones de que se tomaba “en cuenta que los fines de su representada tiene propósitos culturales y científicos”.

    Un centenar de exfuncionarios del Banxico mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague pensiones vitalicias.
    Un centenar de exfuncionarios del Banxico mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague pensiones vitalicias.
    Un centenar de exfuncionarios del Banxico mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague pensiones vitalicias.
    Un centenar de exfuncionarios del Banxico mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague pensiones vitalicias.
    Un centenar de exfuncionarios del Banxico mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague pensiones vitalicias.
    Un centenar de exfuncionarios del Banxico mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague pensiones vitalicias.

    En la lista de los pensionados se encuentra también Agustín Guillermo Carstens Carstens, con una paga de 131 mil 134.04 pesos al mes. Fue gobernador del banco central entre el 1 de enero de 2010 [Felipe Calderón] y el 30 de noviembre de 2017 [Enrique Peña Nieto].

    El también exsecretario de Hacienda (diciembre de 2006-2009) se caracterizó por ser un duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsó la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para adelgazar los derechos laborales.

    Entre sus frases más polémicas está aquella que pronunció el 20 de octubre del 2006, cuando era el coordinador económico de Felipe Calderón: “no hay balas de plata que uno pueda usar para que de repente haya más crecimiento, menos pobreza y más empleo”.

    En la lista de exgobernadores pensionados de por vida está también Alejandro Díaz de León, supuestamente con 26 mil 370.10 pesos aunque su último sueldo que cobró en diciembre pasado ascendió a 364 mil 207.9 pesos.

    Los otros pensionados

    Los otros pensionados por toda su vida son los exsubgobernadores: José Julián Sidaoui Dib, con 246 mil 91.30 pesos al mes; Roberto del Cueto Legaspi, con 205 mil 631.80; Javier Guzmán Calafell, con 199 mil 988.76; y Manuel Ramos Francia, con 22 mil 71.24.

    Asimismo, los exaltos funcionarios: Enrique Trueba Méndez de Vigo, con 302 mil 234.29 pesos mensuales; Francisco Gerardo Rueda Rábago, con 285 mil 911.62; Fernando Liceaga Rodríguez, con 284 mil 761.30; Humberto Armando Acevedo Milan, con 264 mil 99.58; Ángel Antonio Palomino y Hasbach, 246 mil 216.02; José Julián Sidaoui Dib, 245 mil 164; Luis Emilio Gutiérrez Moller, 244 mil 607.85; José Luis Flores Lozano, 217 mil 65.12; Sergio Augusto Ghigliazza García, 217 mil 300.16; Luis Jaime Marentes Manzanilla, 215 mil 529.90; Manuel Camacho Téllez, 209 mil 492.50; Armando Raymundo Rodríguez Heres, 208 mil 750.66; Jorge Federico Espinosa de los Monteros Guerra, 207 mil 229.37; Luis Humberto Villalpando Hernández, 205 mil 980.47; Francisco Abelardo Vela Venegas, 192 mil 74.85; Gilberto Calvillo Vives, 191 mil 994.82; Carlos Jaime Bazdrech y Parada, 191 mil 424.66; Antonio Pérez Ossio, 188 mil 830.15; Ángel Rodríguez Vera, 186 mil 82.66; Magdaleno Casillas Caballero, 181 mil 777.82; Pablo García Cisneros, 171 mil 58.72; Jesús Francisco Vara Mora, 178 mil 176.60 ; Víctor Joaquín Galindo Montoro, 176 mil 953.52; Carlos Enrique Isoard y Viesca, 170 mil 358.28; Germán Andrés Fernández Aguirre, 167 mil 475.09; Salvador García Borbolla, 164 mil 720.05; Raúl Sierra Otero, 162 mil 99.10; Jorge Carlos López González, 160 mil 273.80; Álvaro Sergio Barba Rodríguez, 153 mil 466.96; Mario Luis Carranza y Lozano, 155 mil 410.26; Guillermo Tejeida Miranda, 149 mil 67.83; Reynaldo Reyes Medel, 139 mil 125 pesos al mes.

  • EEUU incrementó en 55.000 la cantidad de visas de trabajo a migrantes

    EEUU incrementó en 55.000 la cantidad de visas de trabajo a migrantes

    CIUDAD DE MÉXICO — El Gobierno de EEUU incrementó en 55.000 las visas de trabajo temporal llamadas H2B, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

    «El Gobierno de los Estados Unidos ya decidió este año, el 31 de marzo, incrementar en 55.000 visas H2B adicionales», dijo el canciller a periodistas.

    El jefe de la diplomacia mexicana dijo que las visas de trabajo que espera para connacionales en este año en curso sea mayor que las 310.781 otorgadas en 2021.

    «México ha propuesto al Gobierno de Estados Unidos que se aumente, que incremente el número de visas para ciudadanas y ciudadanos de Honduras, de Guatemala, El Salvador y Haití», dijo Ebrard.

    Washington recibió una propuesta durante una visita de trabajo reciente realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse el 12 de julio pasado con su homólogo estadounidense Joe Biden.

    «Está en consideración del Gobierno de Estados Unidos, pero su línea de decisiones va en ese sentido: aumentar el número de visas», dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

    La cifra esperada es de alrededor de 356.000 visas de trabajo, además de las que otorgaría a países centroamericanos y caribeños.

    «El incremento sería el mayor número de visas de trabajo alcanzado en lo que va de este siglo», dijo Ebrard

    México deportó a casi 115.000 indocumentados en 2021, la cifra más alta en 15 años; mientras que autoridades migratorias de EEUU realizaron 1,7 millones de detenciones de indocumentados (algunas personas arrestadas varias veces en diversos intentos de cruzar la frontera) en el año fiscal 2021.

    En el primer trimestre de 2022 fueron detenidas en México y repatriadas a sus países 48.000 personas migrantes centroamericanas, según cifras del Instituto Nacional Migración.

    Sputnik

  • Feminicidios de Luz Raquel y Debanhi no quedarán impunes: Ricardo Mejía Berdeja

    Feminicidios de Luz Raquel y Debanhi no quedarán impunes: Ricardo Mejía Berdeja

    No habrá impunidad en el feminicidio de Luz Raquel Padilla, afirmó el subsecretario de Seguridad del Gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja e indicó que se trabaja con el gobierno de Jalisco en varias líneas de investigación.

    “Estamos cien por ciento dedicados a este tema y que, como en otros delitos, como aquí se ha expresado, como aquí se han rendido testimonios, como no va a haber impunidad. Inmediatamente, entramos en contacto y colaboramos con las autoridades estatales correspondientes. Nosotros estamos muy al pendiente de este caso, se siguen varias líneas de investigación”.

    Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad SSPC

    Durante la conferencia del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, también se abordó el caso de la joven Debanhi Escobar.

    Mejía Berdeja recordó que, de acuerdo con la última necropsia, se trata de un feminicidio.

    “Con base en este dictamen, evidentemente hubo un agente externo que propició la muerte de Debanhi y en consecuencia es un feminicidio, porque cualquier muerte violenta de mujer es un feminicidio, y en ese sentido estamos trabajando y esperemos que en los próximos días tendremos resultados más contundentes”.

    Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad SSPC

    Buscan erradicar impunidad en los feminicidios

    En la conmemoración del Día Naranja, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció una alta impunidad en el delito de feminicidio.

    “Y que hay un grado alto de impunidad respecto de homicidios, sí hay un grado alto de impunidad que no pertenece necesariamente a la Secretaría, evidentemente son las Fiscalías de los estados las que se encargan de dar las órdenes de aprehensión”.

    Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

    Sin embargo, el subsecretario de Seguridad destacó que el delito de feminicidio ha disminuido en lo que va del año.

    “Una reducción de 8.5% en lo que va de enero-junio de 2022 con relación con el mismo periodo de 2021, es decir, estamos hablando de feminicidios”.Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad SSPC.

    Con información de El Matutino

  • Choque en el T-MEC con EU, por control de yacimiento: AMLO

    Choque en el T-MEC con EU, por control de yacimiento: AMLO

    El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer medidas para reforzar el plan contra la inflación. Foto Pablo Ramos.

    Ciudad de México. Las consultas en el marco del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), solicitadas por los gobiernos de Washington y Ottawa, están vinculadas con el conflicto de la empresa Talos Energy, la cual busca el control de un megayacimiento petrolero en el Golfo de México –llamado Zama–, cuya operación corresponde a Pemex, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su conferencia de prensa matutina también anunció una serie de proyectos.

    Entre ellos, plantas de licuefacción para exportar gas hasta el Tren Maya, este último representa inversiones por “15, 20 mil millones de dólares”, cifra mayor al costo que se perfiló originalmente de 150 mil millones de pesos o su actualización de 230 mil millones, casi 11.5 mil millones de dólares.

    Luego que en su reciente visita a Washington, empresarios de Estados Unidos comprometieron inversiones en México por 40 mil millones de dólares para lo que resta del sexenio, López Obrador apuntó que se está en acuerdos para extracción de petróleo correspondiente a las rondas que se han licitado, pero en las que “hay diferencias”, principalmente en el yacimiento de Zama, donde la empresa Talos tiene contratos.

    “Ahí tenemos un asunto no resuelto, es por lo que se están dando estas consultas, pero nosotros no podemos entregar el patrimonio de nuestro país, tenemos que cuidarlo”, indicó el mandatario.

    Subrayó que se respetan las concesiones y licitaciones ya otorgadas, pero en este caso la ley en la materia advierte que cuando el yacimiento se comparte con otra empresa que no concursó en la ronda, se asignará el control conjunto de la operación a la que tenga mayor proporción.

    “Pemex tiene 51 por ciento de todo el petróleo, Talos tiene como el 20 y otras dos empresas tienen 15 y 15; sin embargo, como es una empresa petrolera fuerte, que tienen mucha influencia, no entran en razón. Yo espero que se entienda de que legalmente le corresponde a Pemex la operación”, agregó.

    El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expuso que los proyectos comprometidos por empresarios de EU son de los ramos de energía, agroindustria, electromovilidad y de semiconductores.

    El titular del Ejecutivo federal señaló que hay inversiones en puerta para llevar gas a Yucatán para termoeléctricas. Mientras en Altamira, Tamaulipas, y en Lerdo de Tejada, Veracruz, una compañía busca instalar plantas de licuefacción para exportar gas a Europa, y existe el compromiso de Sempra para una planta similar en Ensenada, Baja California, en tanto que se estudia la construcción de otra en Salina Cruz, para llevar gas a Asia.

    López Obrador informó, además, que su administración trabaja en una serie de nuevas medidas para reforzar el plan antiinflacionario en marcha desde hace más de un mes, entre las que se incluye mantener los precios de los combustibles, una revisión de los alimentos de la canasta básica y de otros que no fueron incluidos, como la cebolla o la papa, y que han incrementado su costo.

    Otra medida es eliminar aranceles en alimentos que estén subiendo de precio y se puedan importar, y una política de tarifas de transporte de mercancías que se mantendrán, y en algunos casos bajarán.

    La Jornada

  • El gran negocio de Peña Nieto y el PRI con la salud de los mexicanos

    El gran negocio de Peña Nieto y el PRI con la salud de los mexicanos

    a mañanera del jueves 7 de julio en Palacio Nacional llegó cargada de explosividad. Quienes creían que el ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) sería un personaje intocable en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaban equivocados.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Pablo Gómez soltó un bombazo que involucra al ex mandatario en una operación mediante la cual entregó contratos por más de 12 mil 161 millones de pesos a dos empresas del ramo farmacéutico que están directamente ligadas a él.

    Se trata específicamente de la empresa Plasti- Estéril, S.A. de C.V., fundada por su familia en 1991, y en la que él aparece como socio fundador. La compañía fue adquirida en su totalidad en 1999 por el gigante Baxter International Inc., y a través de esta, el emporio farmacéutico recibió más de 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos durante su propio sexenio.

    Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso la presunta triangulación internacional de recursos realizada por el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares consanguíneos

    La plataforma Compranet, registra contratos a favor de Baxter, S.A. de C.V., desde 2002, pero es a partir del inicio del sexenio de EPN, que el emporio farmacéutico comenzó a sobresalir como proveedor de dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, Sedena y Petróleos Mexicanos, entre otros más.

    En ese entonces el IMSS estaba dirigido por José Antonio González Anaya, un político cercano a Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari, quien entre 1990 y 1991, tuvo a su cargo la dirección de la Secretaría Técnica del gabinete económico de Presidencia y que además tiene un vínculo familiar, pues es marido de Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula Gerard Rivero, la segunda esposa de Salinas.

    Cuando Anaya dejó el IMSS el 8 de febrero de 2016, entró a su relevo Mikel Arriola Peñalosa, actual presidente de la Liga MX del fútbol mexicano. Pero no hubo alteración en las adjudicaciones: Baxter continuó siendo el principal proveedor del IMSS, y ese mismo año obtuvo 125 contratos por mil 149 millones 671 pesos.

    El ex titular del IMSS José Antonio González Anaya, un político cercano a Peña Nieto

    En 2017 y 2018, los últimos dos de la administración de Peña Nieto, Baxter fue prácticamente el único proveedor del IMSS. En 2017, de 288 contratos que adjudicó el IMSS, 268 fueron para esa compañía, y en el 2018 ocurrió algo similar: de 150 contratos, 125 fueron para Baxter de manera directa.

    Ante el escándalo, la compañía publicó un comunicado en el que detalla que la relación empresarial con la familia Peña del Mazo terminó formalmente en 1992, pero no desmintió las transacciones financieras por las que se acusa a Peña Nieto.

    Baxter explicó que en 1997, Baxter Edwards, AG adquirió el 52 por ciento de las acciones de Plasti-Estéril, y dos años después, el 25 de enero de 1999, Baxter Edwards, AG y el señor Jaime Einstein (delegado de Baxter), adquirieron de la empresa Equisflex, S.A. de C.V. la totalidad de las acciones de Plasti-Estéril.

    “Con esta transacción, Plasti-Estéril pasó a ser al 100 por ciento propiedad del grupo corporativo global de Baxter International Inc. Los cambios de accionistas que se mencionan anteriormente fueron hechos, cumpliendo todas las disposiciones legales aplicables en su momento”, señala el comunicado.

    El comunicado, sin embargo, no explica cómo es que la compañía aumentó exponencialmente sus ingresos en el sexenio peñista. Tan solo en el 2013, primer año de la gestión del priísta, la compañía obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en el 2014 se le otorgaron 210 contratos, que juntos suman mil 695 millones 964 mil 070 pesos.

    Tan solo en el 2013, el primer año del sexenio de Peña Nieto, la compañía obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en el 2014 se le otorgaron 210 contratos, que juntos suman mil 695 millones 964 mil 070 pesos.

    En 2015, año de elecciones intermedias federales y estatales, los recursos a Baxter, S.A. de C.V., se multiplicaron y le fueron adjudicados 190 contratos por la suma de 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.

    Con Peña Nieto, la compañía obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos

    En el 2016 se le entregaron 125 contratos por los que obtuvo mil 149 millones 671 mil 265 pesos, en tanto en 2017 con 288 contratos alcanzó un monto de mil 159 millones 982 mil 506 pesos y en el ocaso del sexenio, le adjudicaron 150 contratos más por los que consiguió mil 470 millones 192 mil 038 pesos.

    Plasti- Estéril, S.A. de C.V. se dedica a la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica y fue fundada en Atlacomulco, Estado de México, por Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

    Según los registros, la empresa se constituyó en el municipio de El Oro mediante la escritura 1984, volumen XXXIV, con un capital mínimo de 5 millones de pesos, dividido en 500 acciones, donde los cinco socios fundadores cuentan con 100 activos cada uno. El notario número uno Alfredo Montiel Rojas dio fe del acto de constitución de la sociedad.

    La compañía instaló su planta industrial en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, sobre la Avenida Ingeniero Salvador Sánchez Colín número 9, interior 9, una dirección que es compartida con Baxter, S.A. de C.V.

    Plasti- Estéril, S.A. de C.V., posee además vínculos con otras empresas como Praxair México, Movers Consorcio Aduanal, Inmobiliaria Azabi y Administración de Servicios Lindoso.

    Un vistazo al portal compranet arroja que Praxair México S de RL de CV obtuvo 1.6 mil mdp del Gobierno Federal entre el 2008 y 2017, es decir en los últimos dos años del sexenio de Felipe Calderón y prácticamente durante todo el gobierno de Peña Nieto.

    Felipe Calderón en el IMSS. Foto: Especial

    Casi todos sus contratos los consiguió por adjudicación directa, una cantidad que suma los 2 mil 453 millones de pesos, en tanto que, por licitación abierta, registró ganancias por 900 millones de pesos.

    Praxair se dedica a la venta de insumos médicos, pero resalta que la mayoría de sus productos los vendió con un sobrecosto muy superior al de su precio estándar. Por ejemplo, en dos compras de frascos de plástico efectuadas entre el 2009 y 2012, el portal especializado en la rendición de cuentas registra un sobreprecio del 251.2 por ciento

    Lo mismo sucedió con la compra de Pravastina y la Digoxina, con sobreprecios de 44.5 y 67.9 por ciento respectivamente.

    Las transferencias de Peña Nieto

    Pero este no es el único caso por el que el ex mandatario está siendo investigado, sino porque además recibió entre agosto de 2019 y octubre de 2021, una transferencia de 26 millones de pesos a España, donde reside actualmente en un barrio exclusivo con visa dorada.

    Por ese hecho, la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

    Si no fuera millonario, el ex mandatario no podría vivir en ese sitio, que es exclusivo para personas acaudaladas.

    En febrero del 2019 Peña Nieto negó por medio de su cuenta de Twitter que tuviera previsto mudarse a España, sin embargo, el diario español El País desmintió al ex presidente al publicar que estableció su residencia en un chalet localizado en Valdelagua, uno de los barrios más lujosos de Madrid, donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.

    De acuerdo con la publicación, el sitio tiene un valor aproximado de 889 mil 500 euros, y cuenta con seguridad privada, al cual no se puede acceder sin una autorización.

    La reportera del medio digital SinEmbargo, Daniela Barragán, hace una observación sobre el cambio radical en el estilo de vida que ha marcado a EPN después de dejar la Presidencia de la República. Nunca tuvo una vida de “principito”. Si se observa su primera declaración patrimonial, presentada en el 2013, sus ingresos eran de 238 mil 205 pesos mensuales derivados de su cargo público (193 mil 478 pesos) y “otros” (12 mil 227 pesos).

    Polemón

  • Coca-Cola, Pepsico y Danone chupan el equivalente al abasto de millones de familias

    Coca-Cola, Pepsico y Danone chupan el equivalente al abasto de millones de familias

    Aunque el sector agrícola ocupa casi el 80 por ciento del agua en el país, las trasnacionales Coca-Cola, Pepsico y Danone también han obtenido concesiones en las últimas tres décadas para embotellar y vender agua, jugos y refrescos asociados con diabetes y contaminación plástica.

    Ciudad de México, 24 julio (SinEmbargo).–Las embotelladoras de bebidas de Coca-Cola, Pepsico y Danone (Bonafont), que generan basura plástica, han obtenido concesiones para extraer al menos 81 mil 976 millones de litros de aguas nacionales desde 1994 a la fecha, muestran los datos disponibles de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La cifra equivale al uso promedio de 819 millones 765 mil personas al día, es decir, a lo que todo el país usaría durante una semana sin tandeos.

    Con apoyo de la investigación “Los millonarios del agua” (UAM, 2020), SinEmbargo consultó en el Registro Público de Derecho de Agua (Repda) las asignaciones dadas a los brazos embotelladores regionales de estas trasnacionales para producir endulzantes, plástico y distribuir en botellas agua, jugos y refrescos.

    El consumo de bebidas azucaradas está asociado a muertes por diabetes y enfermedades cardiovasculares. Foto: Cuartoscuro/archivo.

    El Poder del Consumidor ha advertido que el consumo de bebidas azucaradas en nuestro país se asocia a la muerte de 40 mil personas al año por diabetes y enfermedades cardiovasculares, aunque se ha intentado minimizar con un manual de estrategias como el camuflajeo con fundaciones, el cuestionamiento de estudios científicos y el cabildeo político para evitar leyes fuertes como la del etiquetado nutricional claro.

    Además, Greenpeace México ha identificado que las botellas de plástico de un sólo uso distribuidas por esas empresas invaden océanos y a la fauna marina que comemos. Tan sólo Coca-Cola, si bien cuenta con plantas recicladoras, colocó en el mercado mundial 112 mil millones de botellas de plástico de un solo uso en el 2020.

    35 L PARA MEDIO L DE COCA

    La Industria Mexicana de Coca-Cola está conformada por Coca-Cola de México, Jugos del Valle, dos plantas de reciclaje y 67 plantas de ocho grupos embotelladores: Arca Continental, Bebidas Refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola FEMSA, Corporación del Fuerte, Corporación RICA, Embotelladora de Colima y Embotelladora del Nayar que generan 98 mil empleos directos.

    A través de una estrategia de marketing, distribución y negación del daño a la salud, sus productos se han colado en cada esquina de las tiendas de abarrote, a las mesas de las familias, a los desayunos de infantes del sur mexicano e incluso en rituales de poblados de Chiapas o las tumbas de los panteones.

    Embotelladoras de Coca-Cola. Imagen: Coca-Cola México

    Pero para ello, ocupa miles de metros cúbicos de agua diarios en un país que en este verano está enfrentando otra vez los estragos de la sequía con enfrentamientos en poblados rurales de Nuevo León y muertes en Baja California por calor.

    En 2010 Coca-Cola Company desglosó en un informe que se necesitan 35.4 litros de agua para producir medio litro de refresco en Dongen, Países Bajos, sobre todo para hacerla azucarada y con ello más adictiva: 28 litros para cultivar betabel para endulzar, siete litros para fabricar la botella de plástico y 0.4 litros de “agua operativa”, que es la que se utiliza en las plantas de embotellado.

    Bebidas Mundiales (Arca Continental), una de las principales embotelladoras de Coca-Cola, extrajo al menos 14 mil 716 millones de litros de agua de marzo de 1994 a enero de 2022, según muestra el Repda.

    Sólo en agosto de 2003, obtuvo una concesión para extraer mil 55 millones de litros de la cuenca Lerma Santiago en Jalisco. Y Bebidas Bepensa, que distribuye un portafolio de 35 marcas de Coca-Cola Company, accedió a 3 mil 698 millones de la cuenca de la Península de Yucatán en 1994.

    ¿CUÁNTOS LITROS SIN REGISTRAR?

    PepsiCo, la otra gran refresquera trasnacional, cuenta en México con Grupo GEPP para embotellar sus refrescos y el agua Electropura, así como otros brazos embotelladores regionales detectados por la investigación “Los millonarios del agua”. De 1994 a 2021, la Conagua tiene el registro de haberles otorgado 25 mil 775 millones de litros de agua para sus procesos operativos, muestran los datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda).

    Sin embargo, para muestra de que el Repda no tiene registrados todos los cuerpos de agua al que tienen acceso las empresas, para Bonafont (de la francesa Danone) sólo reporta un título de concesión otorgado en junio de 1996 por 130 millones 184 mil litros. Esto a pesar de que apenas el año pasado una de sus plantas en Juan C. Bonilla, Puebla, fue epicentro de una protesta por, acusaron los pobladores, extraer agua de sus pozos.

    Justo el 22 de marzo de 2021, el Día Mundial del Agua, locatarios de la región cholulteca tomaron pacíficamente las instalaciones de la planta de Bonafont, ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo, al asegurar que su extracción durante dos décadas estaba a punto de secar los pozos que emplean para consumo humano y cultivos, su fuente de ingresos.

    Plantón en defensa del agua y la vida frente a la empresa Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla.
    Foto: Mireya Novo/Cuartoscuro.

    De acuerdo con el diario poblano Lado B, la embotelladora de origen francés extraía casi 591 millones de litros de agua al año, lo equivalente a cerca de 85 mil garrafones diarios. En respuesta, Bonafont informó que solo extra 0.09 por ciento del agua disponible en el manto acuífero de la zona. Pero no tenía permiso para hacerlo ni por Conagua ni por el ayuntamiento, notificaron a la revista Nexos tras solicitudes de información.

    Los pobladores clausuraron los pozos y colocaron el plantón “La casa de los pueblos” durante casi un año para que se fuera la empresa, pero en febrero de 2022 un operativo de la Guardia Nacional los desalojó para que Bonafont, como otras embotelladoras, sigan extrayendo agua –con registro o sin registro oficial– para vender agua, jugos o refrescos en botellas de plástico de un solo uso.

    SinEmbargo

  • Con Salinas de Gortari, el agua se convirtió en mercancía

    Con Salinas de Gortari, el agua se convirtió en mercancía

    Por decreto de Carlos Salinas de Gortari se creó la Conagua y empezó la catástrofe. Mientras las grandes industrias, como Bonafont y Coca-Cola tienen los derechos del agua, hay millones de mexicanos que no ven una sola gota en años.

    RegeneraciónMx, 23 de julio de 2022.- Cuando el agua escasea en las llaves de los hogares, las escuelas y las oficinas aún queda la esperanza de encontrarla en un anaquel, embotellada y etiquetada con una marca y un precio. Pero, ¿no se supone que los gobiernos deberían proporcionarla en condiciones aptas para el consumo humano? ¿No se supone que se podría tomar directamente del grifo sin riesgo a enfermedades? ¿Por qué hay que pagar por un garrafón para poder consumirla y, a parte, pagar al sistema de aguas por líquido para lavar, trapear y bañarse?

    En la década de los 80 bastaba con abrir la llave para tomar agua después de la escuela o para llenar la licuadora y cocinar sopa. Pero, a inicios de los 90 todo cambió: el agua empezó a venderse en garrafones y surgieron algunas campañas «de salud» en contra del agua de grifo.

    ¿Por salud?

    Si bien es cierto que las enfermedades gastrointestinales como cólera, tifoidea y rotavirus —por mencionar algunas— se adquieren tras consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal, también es real que la prevalencia de éstas ha bajado gracias a las vacunas y los medicamentos, y no precisamente porque la gente haya cambiado el grifo por el garrafón.

    Y es aquí donde viene el primer «pero» de los gobiernos mexicanos. La población no confía en el agua de grifo, porque las autoridades no han implementado, desde hace sexenios, alguna campaña o algún sistema de información sobre la calidad del agua que proporcionan. Únicamente hay, por todos lados, mensajes de conservación, pero nada que regrese la confianza de la gente.

    La propia Constitución Mexicana establece que el agua es un derecho humano. «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible«, dicta. Pero, los mexicanos con posibilidades prefieren comprarla embotellada antes que confiar en la que manda el Sistema de Aguas.

    Cabe destacar que el costo que se le paga al Sistema de Aguas es por el traslado desde el acuífero hasta la llave, la demanda total de agua y las cargas comerciales y operativas (como servicios administrativos y de mantenimiento), pero principalmente, por el tratamiento que se le da para eliminar contaminantes y hacerla potable. Entonces, si los mexicanos ya pagan por recibir agua consumible, ¿por qué compran más agua en botella?

    El presunto culpable

    ¿Cuándo embotellaron el agua? A partir del 1 de diciembre de 1992, cuando el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari aprobó la Ley de Aguas Nacionales. Una ley que le cedió a las empresas privadas los derechos de las presas y canales, y permisos para explotar fuentes acuíferas.

    Apenas unos meses después y por decreto de Salinas de Gortari, en febrero de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), convirtiéndose en la única y discrecional autoridad. De tal manera que las concesiones y asignaciones sólo le corresponderían (y siguen correspondiendo) a ella. ¿Incorruptible?

    Desde entonces, por la dirección de Conagua han pasado varias «casualidades». El primero al mando fue Fernando González Villarreal, pero años más tarde, en el sexenio de Vicente Fox entró al ruedo Cristóbal Jaime Jáquez, quien ha sido directivo de Femsa (Coca-Cola), de la Corporación Industrial Escorpión (integrada por empresas embotelladoras) y de Lala.

    Se ha favorecido a las industrias y, por supuesto, a los amigos. Entre ellos a los cercanos a Salinas de Gortari, como la empresa Bachoco y los parques temáticos Xcaret, en Yucatán. Incluso, según un texto publicado por La Jornada en agosto de 2006, Jaime Jáquez permitió a la empresa Lala explotar 250 pozos en Cuatrociénegas, Coahuila.

    En 2021, durante el foro El derecho humano al agua: avances y retos en el Senado, Elena Burns Stuck, subdirectora general de Administración del Agua de la Conagua, dijo que desde 1992 y hasta ese día se habían otorgado 518 mil concesiones. Y eso no es todo, sino que todas han sido bajo la presión de los tribunales.

    “Los tribunales dicen, no importa si hay veda, no importa si hay daños a terceros o si no hay disponibilidad del líquido, la Conagua está obligada a otorgar permisos. En este momento, en toda la nación y en nuestras oficinas centrales, se están otorgando concesiones al mayoreo en acuíferos y cuencas sobrexplotadas. (La Conagua) está obligada a otorgar concesiones en acuíferos y cuencas sobrexplotadas por órdenes de tribunales que nos dan 24 o 72 horas para otorgarlas, y si no lo hacemos nos aplican sanciones que van desde multas descontadas del salario del funcionario, inhabilitación o prisión”, dijo la funcionaria.

    Hay problemas como sobreconcesionamiento de más de 200 cuentas y acuíferos, que haya compradores que apartan metros cúbicos por año sin siquiera un estudio de campo y que existan pozos fantasma para adquirir recursos públicos a diestra y siniestra.

    Las grandes del agua

    Mientras la industria posee los derechos del agua, hay millones de ciudadanos mexicanos que no ven una sola gota y, por tanto, se ven obligados a contratar pipas o comprar garrafones para actividades tan básicas como bañarse o lavar alimentos.

    Lo peor de todo, quizás, es que las más favorecidas con esta ley han sido empresas extranjeras. Por ejemplo, hasta 2017, Agua.org estimó que las marcas con mayor venta en México eran Bonafont (de la francesa Danone), con 2.5 millones de litros al año; y las estadounidenses Ciel (de Coca-Cola), con 2.3 millones de litros anuales, y E-Pura (de Pepsico), con más de 2.1 millones de litros.

    En conjunto, estas élites controlan unos 730 mil millones de litros de agua. Mientras que, Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo y Aga controlan otros 133 mil millones de litros de agua al año. ¿Y los mexicanos que por años han cumplido con sus cuotas? ¿Seguirán en silencio? ¿Qué está haciendo el Gobierno obradorista al respecto? ¿Qué se le puede exigir?

    Regeneración

  • Quién es quién: exhiben a funcionarios que ganan más que AMLO

    Quién es quién: exhiben a funcionarios que ganan más que AMLO

    La Profeco «balconeó» a los funcionarios públicos que ganan más dinero que el presidente. Y algunos de ellos están amparados para no cumplir con la ley.

    RegeneraciónMx, 25 de julio de 2022.- Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó este lunes un informe sobre los salarios de los funcionarios públicos que ganan más que el presidente López Obrador.

    Como parte del Quién es quién en los precios, el procurador recordó que la propia Constitución Mexicana establece que ningún servidor público debe ganar más que el primer mandatario del país. Sin embargo, hay dependencias que incumplen y, además, se amparan para no ser sancionados, entre ellas Cofece, Banco de México, INEGI, INE y el IFT.

    Las cantidades presentadas son el total mensual neto, es decir, después del descuento de impuestos. Andrés Manuel López Obrador es de 136 mil 700 pesos. La presidenta de la CNDH gana exactamente lo mismo, a la vez que los secretarios de Estado perciben 135 mil 400 pesos mensuales.

    Por otra parte, el director del CONACyT obtiene 132 mil 400 al mes, y el de la CFE, 132 mil pesos netos. El director del IMSS, que a la fecha es Zoé Robledo, gana 131 mil 600 pesos por mes, mientras que el del ISSSTE, 125 mil 700.

    El propio Ricardo Sheffield informó sobre su sueldo, el cual asciende a 124 mil 600 pesos mensuales, después de impuestos. Pero, enfatizó en el salario del director de Petróleos Mexicanos, que es de 125 mil 200 pesos y que, según dijo, se ajustó a comparación de sexenios anteriores, cuando eran mucho más altos.

    Los que se pasan de rosca

    Por otro lado, el titular de Profeco exhibió a quienes ganan más que el López Obrdor, como un consejero de la Judicatura Federal, quien se lleva 286 mil 600 pesos, es decir, MÁS DEL DOBLE QUE EL PRESIDENTE.

    Asimismo, un ministro de la Suprema Corte, percibe 284 mil 500 pesos al mes. Mientras que la Gobernadora del Banco de México gana 248 mil 500 y un Consejero del INE, 240 mil 500. Por su cuenta, la Presidenta del INEGI obtiene 149 mil 700 y el Fiscal de la República 146 mil 600.

    Por instrucciones de López Obrador, recordó Sheffield, la Profeco continuará indagando en el tema a fin de que más dependencias cumplan con la ley.

    A continuación te presentamos una tabla con los detalles de los salarios públicos en México. La columna verde corresponde a quienes cumplen con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Mientras que la columna roja exhibe a quienes «se pasan de rosca».

    La Profeco "balconeó" a los funcionarios públicos que ganan más dinero que el presidente. Y algunos de ellos están amparados para no cumplir con la ley.

    Regeneración

  • Gobierno de EU está detrás de opositores a Tramo 5: López Obrador

    Gobierno de EU está detrás de opositores a Tramo 5: López Obrador

    AMLO destacó que el Tren Maya fue sujeto a consulta; indicó que el tramo 5 estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Foto: Especial

    El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el gobierno de Estados Unidos está detrás de los grupos opositores al tramo 5 del Tren Maya.

    Esa es una de las razones por las que su gobierno tomó la decisión de declarar el proyecto ferroviario como un asunto de seguridad nacional.

    “Desde la Ciudad de México y diversos puntos del país hay pseudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces se recurre a un procedimiento que establece la ley que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones porque está interviniendo un gobierno extranjero (el de Estados Unidos), porque se está perdiendo dinero del presupuesto, porque es una obra prioritaria, porque se están aplicando tácticas dilatorias porque no hay justicia expedita”, apuntó en la mañanera de este lunes el titular del Ejecutivo federal.

    Apuntó a personajes como el empresario Claudio X. González, al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío; en otros de los que llama sectores “conservadores” a estar detrás de los grupos que se oponen al tramo 5, que corre de Cancún a Tulum, y que sólo abarca 50 de los mil 500 kilómetros totales de la obra. “Eso es totalmente atípico. ¿Cómo es que son mil 500 kilómetros de tren y donde está el conflicto es en 50 kilómetros?»

    Indicó que el gobierno federal ya ha entregado información a los jueces que han otorgado las suspensiones provisionales, pero hasta ahora no han resuelto y la obra ha estado detenida por tres meses, causando pérdidas económicas.

    Esto a pesar que se realizó, dijo, una consulta con los pobladores de las zonas por las que pasará el tren, donde campesinos y propietarios se han manifestado de acuerdo con el mismo.

    Remarcó en cambio que muchos de esos ambientalistas u organizaciones de la sociedad civil “tienen amnesia” y se olvidan que el sexenio pasado se entregaron territorios de la Riviera Maya a empresas extranjeras para explotar petróleo en los acuíferos.

    “¿Quién se acuerda de eso? Caso nadie se acuerda, porque los medios guardaban silencio, no es un reproche a ustedes, pero así era, había un control absoluto. Bueno, pero ¿hay denuncias de ambientalistas? Tampoco. Y estamos hablando de todo el litoral del Golfo y de El Caribe. Imagínense la zona turística más importante de México, que ha mantenido al sureste por décadas (…) No les importaba convertir la zona turística en zona petrolera, en entregar a extranjeros todo ese litoral; y ahora resulta de que no pueden dormir –una artista que decía que no podía conciliar el sueño porque estábamos destruyendo la selva—, es como cuando Claudio (X. González) traía la campaña en contra de la educación pública y a favor de la reforma educativa y decía que le preocupaban mucho los niños. No si son muy hipócritas”, enfatizó el mandatario.

    Insistió que al declarar obra de seguridad nacional el Tren Maya no se incurrirá en desacato judicial e inclusive retó a sus opositores a presentar las denuncias correspondientes y que sea el Poder Judicial el que lo determine.

    Dijo que aún no cuenta con el costo exacto para el erario que ha tenido para el erario que el proyecto del tramo 5 haya sido detenido por tres meses y refirió que Grupo México ya no estará a cargo de una parte del tramo 5, pues al ser un asunto de seguridad nacional corresponderá a su gobierno completar la obra, por lo que esa empresa tendrá que recibir una indemnización, cuyo monto ya se analiza.

  • La treta de las multinacionales para explotar la industria eléctrica de México

    La treta de las multinacionales para explotar la industria eléctrica de México

    El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que las empresas extranjeras se aprovechan del esquema de producción del autoabasto para lucrar más con los recursos energéticos del país latinoamericano.

    Pero, ¿en qué consiste este modelo que utilizan compañías privadas como Iberdrola y que, según las autoridades mexicanas, afectan a los intereses del Estado?

    En 1992 el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, modificó la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que autorizó el nacimiento de las sociedades de autoabasto. También se crearon modelos de cogeneración, productores independientes, pequeña producción e importación y exportación de energía.

    Esta dinámica se agudizó durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), al crear la empresa Contratos de Interconexión Legados (CIL), filial a la CFE, que entregan energía a socios simulados, sin pagar el uso de la infraestructura eléctrica mexicana.

    «[El Gobierno de México ha tomado la decisión de] restringir el autoabasto. La ley preveía, antes de la firma de este tratado [el T-MEC], que una empresa puede tener autoabasto y generar su propia energía, siempre y cuando fuera para consumo propio, así es lo que dice la ley», declaró el canciller mexicano, Marcel Ebrard, a medios de comunicación locales.

    Sin embargo, dice, la figura del autoabasto se utilizó a modo por las compañías eléctricas, que metieron a su esquema a sus socios (otras empresas), a los cuales les proveen energía utilizando la infraestructura del Estado, cuando en realidad se trata de una operación de compra-venta que sólo los beneficia a ellos como firma energética y a sus clientes.

    El llamado Grupo Monterrey es una de las alianzas empresariales más importantes de México, entre quienes figuran las empresas trasnacionales y nacionales FEMSA, Cemex, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, entre otras firmas. Muchas de ellas se benefician del modelo de autoabasto que provee Iberdrola en el estado norteño de Nuevo León y sus inmediaciones.

    A pesar de que no se logró la reforma eléctrica impulsada por López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca echar atrás los esquemas de autoabastecimiento, con los que pretende recuperar unos 77.000 clientes, entre los que figuran fábricas y comercios.

    Por ello, asegura Ebrard, ni Estados Unidos ni Canadá pueden reclamar nada en torno a esa problemática, ya que las leyes mexicanas están por encima de cualquier tratado comercial, como el T-MEC, cuyo marco legal ha sido utilizado por inversionistas estadounidenses y canadienses para exigir a México que eche para atrás su políticas en la materia.

    «El que exijamos que se cumpla la ley en sus términos, no puede violar ningún tratado; quien viola la ley no es el gobierno de México, sino la empresa que simula el autoabasto», asegura el canciller mexicano.

    «De 2017 al cierre de octubre de 2021 se ha socializado una pérdida de 28.096 millones de pesos (alrededor de 1.404 millones de dólares) entre los participantes, pero Suministrador de Servicios Básicos, empresa subsidiaria de la CFE, termina pagando prácticamente todo, ya que concentra el 94% de los clientes», acusa la CFE, la empresa estatal de México en el ramo eléctrico.

    «Simplemente, el sector privado de generación no paga el transporte de la energía eléctrica por el uso de la red de la CFE, misma que genera utilidades que pagan todos los y las mexicanas», agrega.

    El autoabasto, critica la empresa pública, tiene como fin generar riqueza a la iniciativa privada mientras produce pérdidas a la Comisión Federal de Electricidad.

    Los conflictos entre el Gobierno de México y la firma española Iberdrola tienen que ver con este esquema de autoabasto. Sin embargo, el último round fue ganado por la compañía dirigida por Ignacio Galán.

    Luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del Gobierno de México impusiera una multa de 9.145 millones de pesos (unos 428 millones de dólares) a Iberdrola, un juez otorgó una suspensión al pago y le dio la razón a la empresa eléctrica española.

    La autoridad judicial mexicana determinó el pasado 15 de julio que la empresa española no tendrá que cubrir la multa, al menos mientras dura el juicio de amparo, en un nuevo episodio de tensiones entre la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado de la industria eléctrica.

    La determinación del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, todavía puede ser impugnada todavía por la CRE.

    SputnikNews