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  • Juicio contra Genaro García Luna: Radiografía de la corrupción en México

    Juicio contra Genaro García Luna: Radiografía de la corrupción en México

    El juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se tornó en un relato sin pruebas tangibles de la corrupción e impunidad que imperan en las más altas esferas del gobierno mexicano y de su relación con los distintos grupos del crimen organizado.

    Después de 26 días de proceso en la Corte de Brooklyn y ya con los alegatos de todos los testigos, entre los cuales se encuentran figuras como Jesús “El Rey” Zambada, Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit; Sergio Villarreal, operador del Cártel de los Beltrán Leyva o Héctor Villarreal, extesorero de Coahuila, entre otros, las probabilidades de que el jurado encuentre culpable a quien fuera uno de los personajes clave en la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, son bajas.

    Por un lado, los 12 miembros del jurado deben estar de acuerdo en que, basados en las pruebas que presentaron tanto los acusadores como los acusados, Genaro García Luna es culpable, algo que parece complicado ante lo polémico del personaje.

    Por el otro, la falta de pruebas concretas y el uso excesivo de testigos criminales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos complica la posibilidad de sustentar las acusaciones hechas en su contra: tres cargos de conspiración para cometer narcotráfico, un cargo de crimen organizado y otro más por falsedad de declaraciones ante autoridades estadounidenses.

    “Es un error por parte de la Fiscalía de Estados Unidos creer que únicamente con los testimonios de personajes considerados criminales, los cuales además se están viendo beneficiados al inculpar a García Luna, podrían sostener sus acusaciones y obtener una sentencia en contra de este personaje.

    “Esta falta de material tangible en contra de García Luna mina, sin duda alguna, la posibilidad de que se dé una sentencia en su contra, lo que a su vez provocaría un desazón respecto a las revelaciones y pruebas que se esperaban obtener sobre cómo actuaron las autoridades durante el gobierno del último presidente del PAN y su colusión con organizaciones del narcotráfico como los Beltrán Leyva o el Cártel de Sinaloa en tiempos de los Zambada”, opina Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador en seguridad pública del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE).

    Silencio y protección

    Una de las situaciones que más llamó la atención en el juicio del lunes 13 de febrero fue la negativa de García Luna a declarar.

    Sobre esta situación, Aguilar Antonio, experto en seguridad, dice que la postura del exsecretario de gobierno concuerda con su forma de actuar como secretario de Seguridad Pública.

    “Al no hablar evita que con alguna declaración pudieran demeritarlo o tratar de resaltar alguna irregularidad o coincidencia con lo dicho por los testigos. Además, al no haber pruebas concretas en su contra más allá de los alegatos verbales, no confirma ni niega nada.

    “García Luna no era de improvisaciones ni de enfrentar interrogatorios o discusiones. Si lo vemos en el ámbito concreto de cuando fue funcionario público y se presentó ante los congresistas donde fue fuertemente confrontado nunca cayó en provocaciones; siempre con sangre muy fría”.

    En cuanto al futuro de García Luna al terminar el juicio, el investigador de CASEDE considera que buscará permanecer en Estados Unidos bajo la figura de testigo protegido.

    “Creo que el personaje buscará un papel de colaborador con las autoridades de Estados Unidos, con lo cual eventualmente podría incluso obtener una nueva identidad y evitaría regresar a México, en donde la justicia está muy politizada y se buscaría hacer un ejemplo de él”.

    Los testigos clave

    Sergio Villarreal Barragán alias “El Grande”, uno de los más importantes operadores de la organización delictiva de los Beltrán Leyva cuando estos eran aliados del Cártel de Sinaloa.

    De acuerdo con dicho criminal, entre el 2001 y 2005 la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), bajo el mando de García Luna, fue la corporación policial más cercana al referido grupo delictivo y su cooperación fue indispensable para hacer crecer su negocio y debilitar a sus rivales.

    Tirso Martínez alias “El Mecánico” o “El futbolista”,  aunque Tirso era un narcotraficante promedio, su testimonio como operador en el terreno mostró las enormes cantidades de cocaína que podrían transportarse desde el centro de México hasta el noreste de Nueva York prácticamente sin ser detectados, gracias a la colusión de las autoridades involucradas.

    Exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, sentenciado a 20 años de prisión en la misma corte en la que ahora se juzga a García Luna por nexos con el narcotráfico, el exfuncionario, quien busca una reducción en su condena, detalló que García Luna y Calderón Hinojosa le pidieron al exgobernador Ney González que apoyara a “El Chapo”, en la disputa que sostenía con los Beltrán Leyva.

    Oscar Nava Valencia “El Lobo”, quien dirigía el Cártel del Milenio, una organización criminal aliada al Cártel de Sinaloa declaró ante el jurado que García Luna recibió millonarios sobornos en distintos momentos de parte del crimen organizado. Dijo que tan solo él le habría dado más de 15 millones de dólares en efectivo.

    Harold Poveda, “El Conejo”, intermediario entre los capos mexicanos y los colombianos, dijo al jurado que la Policía Federal estaba al servicio del crimen organizado y reconoció que durante su carrera criminal ganó más de 400 millones de dólares, de los que solo ha regresado uno.

    Miguel Madrigal, un experimentado agente especial de la DEA, sostuvo que en 2010 se encontró con Sergio Villarreal alias “El Grande”, lugarteniente del grupo de los Beltrán Leyva.

    “Lo que El Grande me dijo es que sabía y tenía información de la colaboración y cercanía de Genaro García Luna con el crimen organizado y quería compartirla”, dijo el detective.

    Jesús “El Rey” Zambada, hermano de “El Mayo” Zambada, quien hasta antes de su detención en 2008 era uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa a cargo del flujo de drogas a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sostuvo que a finales de 2006 se organizaron dos reuniones con García Luna en el restaurante Campos Eliseos en Reforma y que le pagaron 5 millones de dólares en sobornos a cambio de su apoyo.

    Los daños a la imagen de México

    Más allá de la decisión que tome el jurado sobre el caso de Genaro García Luna, lo narrado en la corte por los testigos, así como las acusaciones planteadas por parte de las autoridades estadounidenses en contra del secretario de Seguridad Pública en la administración del expresidente Felipe Calderón, manchan la imagen de México.

    “Sin importar el resultado del juicio, la imagen de México, en donde las autoridades del más alto nivel se coluden con el crimen organizado; así como del sistema de justicia, donde la impunidad reina, queda muy deteriorada”, critica Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador en seguridad pública del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE).

    El experto en la materia, explica que esta no es la primera vez que desde una corte en Estados Unidos se dan a conocer las corruptelas que se cometen en México.

    “En el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde además sí se pudieron comprobar parte de sus acciones delincuenciales, también quedaron en evidencia las autoridades mexicanas y el importante papel que desarrollaron para que el Cártel de Sinaloa pudiera llevar a cabo sus operaciones”.

    En el proceso judicial en contra de Genaro García Luna, se describió cómo las organizaciones del crimen organizado y las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan de la mano. Foto: Especial
    En el proceso judicial en contra de Genaro García Luna, se describió cómo las organizaciones del crimen organizado y las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan de la mano. Foto: Especial

    Propiedades y desvíos, otro caso

    El camino que Genaro García Luna todavía tiene por delante es complicado, pues de no lograr un trato con el gobierno de Estados Unidos para quedarse en ese país como colaborador de las autoridades, hay varias acusaciones por las cuales aún debe responder.

    En México tiene denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por desvíos de más de 400 millones de pesos, mientras que en Florida, se le encontraron y aseguraron propiedades, un tema que el juez Brian Cogan rechazó tratar durante estas últimas semanas al argumentar que no es relevante a menos que se compruebe que García Luna trabajaba para un grupo del crimen organizado y de ahí obtuvo el dinero para adquirir todos estos bienes.

    De acuerdo con diversas fuentes periodísticas y la propia UIF, el exsecretario de Seguridad Pública posee múltiples mansiones y diversas propiedades, así como restaurantes y autos de lujo entre otros bienes, que presuntamente adquirió con dinero proveniente de actividades ilícitas.

    Cierre de jornada

    A pesar de que se tenía previsto que los testimonios de los testigos concluyeran ayer tras las declaraciones de Jesús “El Rey” Zambada, el juez Cogan anunció que hoy terminarán con el hermano de Ismael “El Mayo”.

    Por su parte, la defensa presentará algún testigo breve y el miércoles, a más tardar, serán los alegatos finales de las partes y luego el jurado comenzará a deliberar, informó el periodista Arturo Ángel, uno de los pocos reporteros en cubrir el juicio directo desde Brooklyn.

    Menos de lo esperado

    Cuando el juicio en contra de Genaro García Luna comenzó, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tardó en aprovecharse de la situación para beneficiarse políticamente y, al mismo tiempo, golpear a sus adversarios, especialmente al expresidente Felipe Calderón, a quien acusa de robarle las elecciones presidenciales en 2006.

    A pocos días de que concluya el juicio en contra de Genaro García Luna, las probabilidades de que sea encontrado culpable son pocas. Foto: Especial
    A pocos días de que concluya el juicio en contra de Genaro García Luna, las probabilidades de que sea encontrado culpable son pocas. Foto: Especial

    “Creo que el presidente buscó explotar el proceso para criticar a su antecesor Felipe Calderón y a la oposición.

    “Habló de él en sus mañaneras e incluso se comprometió a informar desde ese espacio sobre la evolución del caso, sin embargo, la falta de pruebas para sustentar las acusaciones en contra de García Luna impidió que se le pudiera dar el peso esperado”, dice Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador en seguridad pública del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE).

    El experto en la materia opina que si llegaran a encontrar al exsecretario de seguridad culpable en la Corte Brooklyn, sería una de las más grandes fortunas para el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

    “Tendría pruebas de lo podrido que estaba el sistema, validando su discurso anticorrupción y golpeando a la oposición, pero difícilmente veremos este escenario”, confiesa el investigador de CASEDE.

    Reporte Indigo

  • Desde gobierno de Fox, Cártel de Sinaloa controló el AICM: Rey Zambada

    Desde gobierno de Fox, Cártel de Sinaloa controló el AICM: Rey Zambada

    Brooklyn, Nueva York. Líder de la plaza del Distrito Federal de 2000 a octubre de 2008, Jesús Zambada García, alias el Rey Zambada, declaró esta mañana bajo juramento que el Cártel de Sinaloa controló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde el sexenio del panista Vicente Fox Quesada.

    En uno de los días clave en el juicio que se sigue en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn contra Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública y cómplice de Felipe Calderón Hinojosa–, el testigo estelar de la Fiscalía señaló que en las propias bodegas que tenía la Policía Federal al interior del AICM llegaban los aviones chárter procedentes de Venezuela, con entre una y cinco toneladas de cocaína. En estas operaciones, expuso, también se empleaban aviones pequeños, aerocommander, jets 747 a los que calificó como grandes, entre otras aeronaves.

    Traje color beige, camisa blanca, corbata a rayas y una cabeza ya sin cabellera, el Rey Zambada declaró ante el juez Brian Cogan que quienes descargaban la droga eran los propios policías federales y que transportaban los cargamentos en sus patrullas, para entregarlos a miembros del Cártel de Sinaloa. Además, indicó que el papel que jugaba el gobierno federal fue muy importante para la organización criminal, sobre todo a partir del año 2000, cuando Fox ganó la Presidencia de la República bajo la promesa de cambiar al país.

    Otra de las declaraciones que destaca de este testigo es que, según su palabra, a partir de entonces el Cártel de Sinaloa creció sus negocios. Acerca de la rentabilidad de éstos, dijo que oscilaban entre los 2 mil 800 y los 3 mil millones de dólares, pues se podían “trabajar” hasta 100 toneladas de cocaína al mes.

    A la pregunta de la fiscal de cuáles fueron las cosas que hizo el Cártel de Sinaloa para ser exitoso, el Rey Zambada respondió: “para asegurar el negocio se necesita apoyo del gobierno”. Y añadió que contar con el favor de las autoridades federales es muy importante para que el Cártel “tenga afluencia de trabajo grande”.

    Sobre los nexos con el gobierno, Jesús Zambada –un narcotraficante confeso que se encuentra actualmente en libertad condicionada– afirmó que ésta se daba mediante Genaro García Luna. Como ejemplo, citó que en 2003, durante el sexenio de Fox, Arturo Beltrán Leyva le ofreció trabajar como enlace al más alto nivel, durante una reunión que sostuvieron en Cuernavaca y donde el llamado Jefe de Jefes le pidió dar la cara ante “esta gente [autoridades]”.

    El Rey afirmó haber rechazado la propuesta de Arturo porque no contaba con las conexiones necesarias, a lo que Beltrán Leyva le respondió: “no te preocupes, yo tengo las conexiones. Por ejemplo, con el ‘compa G’”. Zambada García aseguró haber preguntado si acaso se trataba de García Luna y que la respuesta que le dio Arturo fue que sí.

    Esa no fue la única referencia a García Luna: el Rey Zambada dijo haber sido testigo directo del pago de sobornos en dos momentos diferentes, en noviembre de 2006, previo a que el ingeniero y amigo de Calderón asumiera el cargo. Ello, porque su abogado Óscar Paredes sugirió la reunión luego de que sus fuentes le confirmarán que García Luna sería el próximo secretario de Seguridad Pública.

    Ambos pagos, aseguró el testigo estelar, se hicieron en el restaurante Champs Elysees, ubicado sobre avenida Reforma en la Ciudad de México. Ese negocio, agregó más adelante, le compraba lechones pues él también se dedicaba a la crianza de cerdos.

    El presunto primer pago ilegal a García Luna fue de 3 millones de dólares tan solo por sostener la reunión con el abogado Óscar Paredes. La entrega, afirmó, se hizo en uno de los privados del restaurante –el cual ya no existe–, mientras él observaba desde el bar que se encontraba en la planta baja. Primero vio pasar al licenciado Paredes. Minutos más tarde llegó García Luna acompañado de dos personas.

    A la salida de García Luna, dijo el Rey Zambada, los dos colaboradores del exsecretario cargaban la maleta y el portafolios, respectivamente. Zambada García aseguró que él mismo ayudó a acomodar 2 millones de dólares en una maleta deportiva y el otro millón en un portafolios de abogado con mayor capacidad.

    El exlíder del Cártel de Sinaloa indicó que el siguiente soborno ocurrió unos 15 o 20 días después. Entonces se le pagaron 2 millones de dólares que se acomodaron en una maleta deportiva. En ambas reuniones en las que sólo participó el ya fallecido abogado Paredes, García Luna se habría comprometido a no tocar a Ismael Zambada García, el Mayo: no abrirle investigaciones y dejarlo operar. Eso era todo lo que podía hacer, dijo, porque tenía compromiso con Los Beltrán Leyva.

    En el segundo encuentro, el Rey fue visto por García Luna en el privado. Sobre este encuentro, el exnarcotraficante aseguró que como parecía que el exsecretario se iba a tardar unos 20 minutos más, el abogado Paredes le pidió que subiera al privado para que le comentara algo. En eso tocó la puesta y tomo por sorpresa a Jesús Zambada y a Óscar Paredes. Para corregir el error, el abogado del Cártel de Sinaloa presentó al Rey como un colega y éste abandonó de inmediato el privado.

    En el contrainterrogatorio, la defensa de García Luna encabezada por César de Castro intentó hacer ver al testigo como una persona que no recuerda los hechos ocurridos 10 años antes, con lo que buscó descalificar ante los ojos de jurado todas las aseveraciones del Rey que tienen más de 13 años. No obstante, la ironía y las repuestas del hermano del Mayo Zambada acabaron por desesperar al abogado, a quien además le fueron anuladas –ante la objeción de la Fiscalía y la orden del juez– más de 10 preguntas. Mañana continuará el contrainterrogatorio al Rey y se espera que llegue mañana mismo el testigo de García Luna.

    Contralínea

  • Prohíbe México maíz transgénico en consumo humano

    Prohíbe México maíz transgénico en consumo humano

    A decir de la Secretaría de Economía, el nuevo decreto no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos. Foto La Jornada de Oriente

    Ciudad de México. Por medio del Diario Oficial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una orden a fin de revocar y no dar más autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado que se destine a la alimentación humana, así como el uso de glifosato, un herbicida muy usado en el campo.

    Este decreto sustituye uno de diciembre de 2020 y su objetivo, detalló posteriormente la Secretaría de Economía (SE) en un comunicado, es especificar el objetivo y alcance de las políticas públicas, así como “eliminar cualquier posible imprecisión del texto predecesor, el cual se prestó a interpretaciones diversas”.

    El decreto, explicó, se acota estrictamente al maíz, por lo que la canola, la soya, el algodón y el resto de las materias primas no quedan sujetas a esta regulación. Además, para evitar confusiones, se establece una categorización del maíz según su uso: alimentación humana (masa y tortilla), forraje e industrializado para alimentación humana.

    El decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, por lo que de acuerdo con la SE “no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos. De lo que se trata es de consolidar tal soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura de las y los mexicanos”.

    La decisión del gobierno mexicano se da en un momento en el que enfrenta una disputa con Estados Unidos sobre el comercio de maíz transgénico, pues de acuerdo con datos oficiales, se trata de un negocio de alrededor de 5 mil millones de dólares en el que están involucradas grandes empresas trasnacionales.

    Este martes termina el plazo que impuso Estados Unidos para que México explique a su socio comercial las bases científicas de las prohibiciones contra el maíz transgénico y el glifosato, como parte de los amagues de ese país de llevar el tema a un panel por supuestas violaciones al T-MEC.

    El decreto publicado la tarde de este lunes en el Diario Oficial de la Federación entra en vigor este martes 14; sin embargo, establece un periodo de transición para el desarrollo y escalamiento de las acciones previstas, el cual comprende hasta el 31 de marzo de 2024. Lo anterior implica una prórroga respecto al 31 de enero de 2024 previsto en el decreto anterior.

    En cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada.

    En la exposición de motivos, el gobierno detalló que el decreto publicado tiene como objetivo principal la “protección del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, del maíz nativo, de la milpa, de la riqueza biocultural, de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico; así como garantizar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.

    En lo que se refiere al glifosato, afirma que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha presentado distintas alternativas viables, de probada efectividad y con potencial para prescindir de él y los herbicidas hechos con base en esa sustancia, consistentes en bioherbicidas y prácticas agroecológicas, aplicables a cualquier escala de producción y para diversos cultivos, sosteniendo que hay 12 alternativas en el mercado para sustituirlo: cinco productos agroecológicos que están en desarrollo en México y siete bioherbicidas disponibles a nivel mundial.

    La Jornada

  • Calderón, Peña, Mancera y Osorio, involucrados en 30 contratos con García Luna

    Calderón, Peña, Mancera y Osorio, involucrados en 30 contratos con García Luna

    FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

    La red de corrupción de Genaro García Luna –compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales– extrajo de forma ilegal más de 745 millones de dólares (14.1 mil millones de pesos), a través de contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina. El presunto robo multimillonario salpica a los expresidentes Calderón y Peña Nieto, al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. El dinero se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses

    Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales. Quien fuera mano derecha de Felipe Calderón robó más de 745 millones de dólares del erario de la nación, mediante contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, documenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el gobierno capitalino.

    El presunto quebranto multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón –cuando las empresas obtuvieron 10 contrataciones– y de Enrique Peña Nieto –29 contrataciones ilícitas–, y también implica al gobierno de Miguel Ángel Mancera –con un contrato–, documenta la UIF. El gobierno de Claudia Sheinbaum precisa que en realidad, Mancera le otorgó tres contratos y no uno, por lo que se anunció que ya se dio la información a la Unidad de Inteligencia para indagar posibles responsabilidades penales.

    El dinero obtenido ilegalmente se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses, acusó el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad, e la conferencia presidencial de este 9 de febrero.

    “Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado”, señaló Gómez Álvarez.

    Las empresas implicadas en las 30 contrataciones fueron: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

    Los contratos implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar). De este monto, el 42.5 por ciento –unos 6 mil 400 millones de pesos– se adjudicó con Calderón Hinojosa desde instituciones encabezadas por el propio García Luna: la Policía Federal y el OADPRS. Mientras que en el gobierno de Peña se le asignó el 47.3 por ciento del total, desde el Cisen y el OADPRS, instituciones encabezadas por Miguel Ángel Osorio Chong, desde la Secretaría de Gobernación.

    Al respecto, el titular de la UIF expuso que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles”. Añadió que también hay otros activos en territorio estadunidense, en el estado de Florida.

    Pablo Gómez explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Por ello, concluyó que el daño a la nación ascendió a más de 745 millones de dólares.

    El titular de la UIF detalló que la red está conformada por el propio García Luna, por su esposa Linda Cristina Pereyra de García Luna, y por: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos ellos fueron demandados por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida, en el juicio para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la Hacienda Pública.

    “Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años”, indicó Gómez. Se trata de las siguientes personas morales.

    1. Nunvav, Inc SA

    2. Nunvav Technologies, Inc SA

    3. Gull Holding Enterprises, Inc SA

    4. Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC

    5. 1104 South Street, Llc

    6. 1410 Reynolds, Llc

    7. 1912 Century, Llc

    8. 274 Sigb, Llc

    9. 2903 Pen I, Llc

    10. Assets Financing Services, Llc

    11. Asw Holdings, Llc

    12. Awoffice, Inc

    13. Awp Village Bay I, Llc

    14. Bellini Wi 1501, Corp

    15. Best Friends Midtown, Llc

    16. Best Friends Since 1880, Llc

    17. Brill 5002 11, Llc

    18. Delta Integrator, Llc

    19. Gl & Associates Consulting, Llc

    20. Icon Brickell 3802, Llc

    21. Jade Ocean 3203 II, Llc

    22. Jade Ocean 3603, Llc

    23. Jagra, Llc

    24. Only Best Properties Corp

    25. Peninsula Cas II, Llc

    26. Peninsula Mas II, Llc

    27. Peninsula Sms, Llc

    28. Peninsula Snds, Llc

    29. Peninsula Ssw II, Llc

    30. Peninsula Stecar II, Llc

    31. Peninsula Sw II, Llc

    32. The Point 54, Llc

    33. Restaurants & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi

    34. Ruby Dynasty Trust

    35. Sdsw Dynasty Trust

    36. Sunshine Dynasty Trust

    37. Vfst, Llc

    38. W Gourmet Group Llc

    39. Wancier 2017 Family Trust

    40. Imperial Crab, Ltd

    41. Inmobiliaria Damari, Llc

    42. Molv, Llc

    43. Right Way Investments Corp

    44. Sylsa Aircorp, Inc. And/Or Sysa Aircord, Inc

    García Luna y el resto de personas físicas y morales que integran su red de corrupción se encuentran actualmente en la lista de personas bloqueadas. Además, explicó, desde el 24 de diciembre de 2019 la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en esta confabulación, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

    Respecto de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el titular de la UIF explicó que ésta se presentó el 21 de septiembre de 2021. Además, dijo, tiene por objetivo “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.

    Asimismo, Pablo Gómez aseguró que en México los procesos penales siguen su curso “y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”.

    Garcia Luna, Felipe Calderón, juntos en una conferencia de prensa
    FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

    Barbados, el paraíso fiscal de García Luna

    Al el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la UIF descubrió que para lavar los más de 745 millones de dólares defraudados al erario nacional, la red de corrupción de García Luna empleó paraísos fiscales.

    En la conferencia presidencial del 9 de febrero, el titular de la UIF explicó que García Luna y sus cómplices triangularon el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a Estados Unidos. “El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.

    Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.

    Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante [26 millones 666 mil 666.6 pesos] por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. Ahora se sabe que son tres los pagos.

    Sobre el hallazgo de la UIF, su titular dijo que fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto local. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México.

    Expresidente Felipe Calderón, dando un disrcurso ante diferentes servidores públicos de diferentes dependencias de su gobierno
    FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

    Mansiones y autos de lujo

    El caso que se sigue en Estados Unidos para la recuperación de bienes implica más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo, que forman parte de los bienes inmuebles y muebles ligados a García Luna. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.

    Al respecto, Pablo Gómez dio a conocer que las propiedades aseguradas judicialmente en ese procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna son:

    En total, esos bienes implican un monto por 17 millones 930 mil 402 dólares. Agregó que también hay una serie de bienes muebles por 21 millones 725 mil 419 de dólares que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio promovido por el gobierno mexicano, “pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados”, indicó Gómez.

    De acuerdo con la UIF, entre los automóviles que fueron comprados con el dinero defraudado al pueblo de México están: “un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70.

    Además, se localizó una motocicleta Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta de lujo.

    Ésta, dijo Pablo Gómez, “es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama.

    Estos han sido asegurados por las autoridades del vecino país del norte a solicitud del gobierno de México y como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, explicó Gómez esta mañana en la conferencia presidencial”.

    Contralínea

  • ‘El Rey Zambada’ testifica que dio 5 mdd como sobornos a García Luna

    ‘El Rey Zambada’ testifica que dio 5 mdd como sobornos a García Luna

    El ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante la conmemoración del Día de la Policía Federal, el 2 de junio de 2011. Foto Ap

    Nueva York. Jesús Zambada García, El Rey, declaró que él preparó y ayudó a entregar dos pagos por un total de 5 millones de dólares a Genaro García Luna en 2006 a fines del sexenio de Vicente Fox a nombre del cártel de Sinaloa.

    Los pagos fueron entregados por el abogado Oscar Paredes en el restaurante Champs Elysees en Reforma al otro lado de la embajada de Estados Unidos.

    El Rey Zambada también aseguró que García Luna y otros altos funcionarios recibían millones en pagos del cártel de Sinaloa entre 2000 y 2008.

    Por otro lado, el acusado declaró hoy ante el juez Brian Cogan que no testificará por su causa en este juicio.

    El interrogatorio a Zambada continuará esta tarde.

    La Jornada

  • En gobiernos de Calderón y Peña, García Luna robó 745 MDD del erario: UIF

    En gobiernos de Calderón y Peña, García Luna robó 745 MDD del erario: UIF

    La red de corrupción de Genaro García Luna –compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales– extrajo de forma ilegal más de 745 millones de dólares, a través de contratos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina. El presunto robo multimillonario ocurrió en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, y también implica al gobierno local de Mancera, documenta la UIF. El dinero se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses

    Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales. Quien fuera mano derecha de Felipe Calderón robó más de 745 millones de dólares del erario de la nación, mediante contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina, documenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

    El presunto quebranto multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón –cuando las empresas obtuvieron 10 contrataciones– y de Enrique Peña Nieto –29 contrataciones ilícitas–, y también implica al gobierno de Miguel Ángel Mancera –con un contrato–, documenta la UIF.

    El dinero obtenido ilegalmente se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses, acusó el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad, e la conferencia presidencial de este 9 de febrero.

    “Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado”, señaló Gómez Álvarez.

    Las empresas implicadas en las 30 contrataciones fueron: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

    Los contratos implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar).

    Al respecto, el titular de la UIF expuso que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles”. Añadió que también hay otros activos en territorio estadunidense, en el estado de Florida.

    Pablo Gómez explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Por ello, concluyó que el daño a la nación ascendió a más de 745 millones de dólares.

    El titular de la UIF detalló que la red está conformada por el propio García Luna, por su esposa Linda Cristina Pereyra de García Luna, y por: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos ellos fueron demandados por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida, en el juicio para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la Hacienda Pública.

    FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

    “Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años”, indicó Gómez. Se trata de las siguientes personas morales.

    1. Nunvav, Inc SA
    2. Nunvav Technologies, Inc SA
    3. Gull Holding Enterprises, Inc SA
    4. Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC
    5. 1104 South Street, Llc
    6. 1410 Reynolds, Llc
    7. 1912 Century, Llc
    8. 274 Sigb, Llc
    9. 2903 Pen I, Llc
    10. Assets Financing Services, Llc
    11. Asw Holdings, Llc
    12. Awoffice, Inc
    13. Awp Village Bay I, Llc
    14. Bellini Wi 1501, Corp
    15. Best Friends Midtown, Llc
    16. Best Friends Since 1880, Llc
    17. Brill 5002 11, Llc
    18. Delta Integrator, Llc
    19. Gl & Associates Consulting, Llc
    20. Icon Brickell 3802, Llc
    21. Jade Ocean 3203 II, Llc
    22. Jade Ocean 3603, Llc
    23. Jagra, Llc
    24. Only Best Properties Corp
    25. Peninsula Cas II, Llc
    26. Peninsula Mas II, Llc
    27. Peninsula Sms, Llc
    28. Peninsula Snds, Llc
    29. Peninsula Ssw II, Llc
    30. Peninsula Stecar II, Llc
    31. Peninsula Sw II, Llc
    32. The Point 54, Llc
    33. Restaurants & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi
    34. Ruby Dynasty Trust
    35. Sdsw Dynasty Trust
    36. Sunshine Dynasty Trust
    37. Vfst, Llc
    38. W Gourmet Group Llc
    39. Wancier 2017 Family Trust
    40. Imperial Crab, Ltd
    41. Inmobiliaria Damari, Llc
    42. Molv, Llc
    43. Right Way Investments Corp
    44. Sylsa Aircorp, Inc. And/Or Sysa Aircord, Inc

    García Luna y el resto de personas físicas y morales que integran su red de corrupción se encuentran actualmente en la lista de personas bloqueadas. Además, explicó, desde el 24 de diciembre de 2019 la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en esta confabulación, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

    Respecto de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el titular de la UIF explicó que ésta se presentó el 21 de septiembre de 2021. Además, dijo, tiene por objetivo “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.

    Asimismo, Pablo Gómez aseguró que en México los procesos penales siguen su curso “y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”.

    FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

    Barbados, el paraíso fiscal de García Luna

    Al el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la UIF descubrió que para lavar los más de 745 millones de dólares defraudados al erario nacional, la red de corrupción de García Luna empleó paraísos fiscales.

    En la conferencia presidencial del 9 de febrero, el titular de la UIF explicó que García Luna y sus cómplices triangularon el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a Estados Unidos. “El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.

    Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.

    Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante [26 millones 666 mil 666.6 dólares] por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. El titular de la UIF dijo que esto ya fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto local. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México.

    Mansiones y autos de lujo

    El caso que se sigue en Estados Unidos para la recuperación de bienes implica más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo, que forman parte de los bienes inmuebles y muebles ligados a García Luna. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.

    Al respecto, Pablo Gómez dio a conocer que las propiedades aseguradas judicialmente en ese procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna son:

    En total, esos bienes implican un monto por 17 millones 930 mil 402 dólares. Agregó que también hay una serie de bienes muebles por 21 millones 725 mil 419 de dólares que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio promovido por el gobierno mexicano, “pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados”, indicó Gómez.

    De acuerdo con la UIF, entre los automóviles que fueron comprados con el dinero defraudado al pueblo de México están: “un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70.

    Además, se localizó una motocicleta Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta de lujo.

    Ésta, dijo Pablo Gómez, “es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama.

    Estos han sido asegurados por las autoridades del vecino país del norte a solicitud del gobierno de México y como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, explicó Gómez esta mañana en la conferencia presidencial”.

    ContraLínea

  • Pablo Gómez: La FGR ya tiene suficiente para judicializar el caso del expresidente Peña Nieto

    Pablo Gómez: La FGR ya tiene suficiente para judicializar el caso del expresidente Peña Nieto

    La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indaga desde octubre de 2021 un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021. La dependencia presentó una denuncia ante la FGR, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

    Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, cuenta con los elementos suficientes para judicializar el caso del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

    En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Gómez Álvarez destacó que a diferencia del pasado mes de julio, fecha en la que se abrió la carpeta de investigación en contra del exmandatario mexicano, ahora la FGR cuenta con más información no solo de sus años como Presidente, sino también de su gestión Gobernador del Estado de México (2005-2011).

    “Hoy sabemos más del asunto de Peña Nieto y no solamente del tiempo en el que fue Presidente, sino del tiempo que fue Gobernador. Hoy tenemos un conocimiento mayor de cómo se hicieron las cosas, de cómo se operó, de cómo se realizó no solamente el delito que nosotros investigamos que son operaciones con recursos de procedencia ilícita sino también peculado, todos los delitos predicados de lavado de dinero que eso es lo que nosotros hacemos”.

    En 2018, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto encabezó, en el Campo Militar Número 1 de la Sedena, una comida con el personal que participó en la parada militar con motivo del 208 aniversario del inicio de la Independencia de México.
    El expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

    A pregunta expresa de si existe la posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto sea encarcelado, el titular de la UIF indicó que no puede asegurar nada, pues el papel de la UIF, instancia que encabeza, no es la de actuar como Ministerio Público ni como Juez.

    “Nuestro punto de vista no es más que un punto de vista, no pretendemos ser quienes toman esas decisiones y respetamos la esfera de competencia del Ministerio Público. […] El Ministerio Público lo sabe y no solamente sabe lo que nosotros le decimos, sabe lo que ellos investigan por su lado que tiene que ver con otras cosas. Yo estoy a la espera de que el Ministerio Público integre todo esto y ya tiene suficientes elementos para pedirle a un Juez que le conceda una audiencia de imputación, ese es el inicio de todo proceso de carácter judicial”.

    El titular de la UIF indicó descartó que Peña Nieto haya sido citado a declarar y recordó que desde mayo de 2022 el político mexiquense vive en España con un permiso migratorio conocido como “‘golden visa”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista, según ha revelado el diario español El País.

    “No creo que lo haya citado a declarar ningún Tribunal, ni siquiera el Ministerio Público. Nosotros sabemos donde vive este señor, no es el único expresidente que ha cambiado domicilio”, expresó Pablo Gómez.

    El expresidente Enrique Peña Nieto vive en España desde hace años, allá se refugió al terminar su gestión. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.

    El 7 de julio de 2022, la UIF informó que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. La denuncia fue presentada por la dependencia y la FGR abrió una carpeta de investigación.

    La UIF detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España. También detectó que era accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.

    La UIF, frente a la cual está por Pablo Gómez, indaga las operaciones desde octubre de 2021 y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

    Ante los señalamientos, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

    Posteriormente, el pasado 2 de agosto, la Fiscalía General de la República informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

    La institución encabezada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó en un comunicado que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judiacialice el caso en los próximos meses, detalló. Pero no se ha dicho más del tema.

    Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales, hacendarios y fiscales. A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.

    Pero mientras apenas se sabe de las investigaciones en curso, Enrique Peña Nieto continúa en España con una vida de lujos, sin ser requerido por las autoridades mexicanas a las que se las ha exigido que los señalamientos no queden impunes.

    “GARCÍA LUNA, EJEMPLIFICA ESTADO CORRUPTO”

    La mañana de este jueves, Pablo Gómez denunció que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, que actualmente enfrenta un juicio en su contra en Estados Unidos por su supuesta relación con grupos del crimen organizado, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.

    El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.

    De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.

    Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció la mañana de este jueves que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, "tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos", la cual operó con impunidad durante 20 años.
    Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció la mañana de este jueves que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años. Foto: Gobierno de México

    A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.

    Al respecto, Pablo Gómez indicó que estas operaciones fueron posibles gracias al Estado de corrupción que imperó en México durante muchos años, en específico, dijo, durante los gobiernos de los llamados partidos de oposición, el PRI y el PAN.

    “Es un sistema de corrupción de los varios que existieron durante ese periodo que se construyeron en el país dentro de un esquema que desde el punto de vista interpretativo es un fenómeno difícilmente visto en otros países. El Estado corrupto es aquel donde la corrupción se constituye como uno los pilares de la gobernanza, que es una cosa continua, sistemática en el cual la corrupción se convierte en parte de una forma de gobernar”.

    El titular de la UIF detalló que la oposición, la misma que critica al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyó a que la corrupción se expandiera y convirtiera en parte del mismo Estado durante los años que estuvo en el poder.

    “Lo interesante de nuestro fenómeno político es que la oposición que durante 40 años había estado luchando contra la corrupción, según decía, lo asumió a plenitud, no solo lo asumió, lo reprodujo y lo expandió. Lo que hoy tenemos con el estudio de estas tramas de corrupción es eso, un nuevo partido que había sido víctima de fraudes electorales, se convierte en un sostenedor, impulsor, como lo quieran llamar del mismo Estado corrupto. El fenómeno es digno de tomarse en cuenta, es una transición perturbada hacia la democracia. La alternancia no es por sí misma democracia”.

    En esta imagen de archivo, tomada el 3 de enero de 2020, el abogado defensor César de Castro (izquieda), el exsecretario de Seguridad Pública de Mëxico, Genaro García Luna (centro), y una intérprete, durante una vista en una Corte Federal en Brooklyn, Nueva York.
    García Luna es enjuiciado en EU por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Foto: Elizabeth Williams, archivo, AP

    Respecto al estado en que se encuentran las denuncias presentadas por la UIF en contra de García Luna en 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Pablo Gómez explicó que la dependencia que encabeza ya cumplió con su parte de presentar toda la información correspondiente ante la FGR y ahora corresponde a esta dependencia seguir el proceso.

    “El Ministerio Público tiene toda la información y está la denuncia presentada por la UIF, el Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo porque la UIF no es policía, no es una agencia de investigación criminal. Nosotros proveemos de información a las entidades públicas que las necesitan para el ejercicio de sus facultades constitucionales, pero lo que no podemos hacer es sustituir a esas instituciones en el ejercicio de facultades que están concedidas a ellas mismas. Nosotros lo que hacemos es aproximamos al conocimiento de los hechos, de la verdad y darle ese conocimiento a la autoridad para que actúe y procure justicia, nosotros no podemos procurar justicia, lo más que podemos hacer es clamar justicia”.

    Pablo Gómez detalló que en México el delito de lavado de dinero no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, por ende, dijo, el trabajo de esta dependencia es de suma importancia.

    “Estamos en un dialogo con el Ministerio Público toda la vida, estamos planeando acción ministerial en el sentido que estamos haciendo las denuncias. La UIF tiene una peculiaridad mexicana, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, no se puede llevar a juicio a ninguna persona por operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces el valor de las denuncias de la UIF es muy grande”.

    Genaro Garcia Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

    Finalmente, el funcionario expresó su confianza porque la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero acelere el proceso para poder presentar imputaciones contra García Luna.

    “Ir al fondo lo más rápido posible. Hace un par de mese, hace poco. Claro, la denuncia de la UIF ya tiene su tiempo […] Yo espero que las cosas empiecen a correr más rápido, que los elementos con los que pueda contar el Ministerio Público sean consolidados todos ellos a efecto de poder presentar imputaciones contra García Luna. Como no es una cosa urgente desde el punto de vista del manejo de los procesos, a un diversos proceso penal entonces evidentemente la autoridad que hace la investigación en México no corre ninguna prisa, por más que pueda acelerarlo un juez podría ordenar una tercer aprehensión en contra de García Luna que no tendría una consecuencia porque él no está al alcance del Estado mexicano”.

  • Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF

    Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF

    El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, durante la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 9 de febrero de 2023. Foto Marco Peláez.

    Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, informó que están involucrados 745 millones 879 mil 384 dólares que se litiga en un juzgado de Florida.

    Durante la conferencia presidencial, Gómez dijo que bajo auspicia de este conglomerado de empresas familiares se obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas mediante lo cual obtuvieron estos recursos los cuales se trasladaron a paraísos fiscales del Caribe, especialmente Barbados para triangularlos posteriormente hacia Miami. Entre los coacusados se encuentra también la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; Samuel Weinberg López; Jonhatan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg.

    Gómez detalló que estos recursos extraídos ilícitamente al erario mexicano fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos” como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de estos recursos.

    Explicó que la UIF identificó la red de corrupción de García Luna y sus familiares y empresas, a partir de una transferencia de una de estas firmas a García Luna por monto de diez millones de dólares y presentó una denuncia en el Tribunal undécimo circuito judicial en Florida para resarcir el daño generado.

    Mediante esta denuncia, al avanzar el proceso se involucraron en el juicio algunos bienes inmuebles que fueron vendidos previamente pero que forman parte del proceso para seguir la trama de lavado de dinero. Entre ellos se encuentran vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades

    Gómez dijo que en México existen procesos penales que siguen su curso, que abarca peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezados por García Luna durante 20 años. Incluyendo dentro de estos, los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público.

    El funcionario explicó que el gobierno mexicano ha bloqueado cuentas de García Luna por un monto de 29 millones de dólares, producto de esta trama de corrupción, pero en la mayor parte las empresas y las personas involucradas prácticamente no tenían recursos en cuentas dentro del sistema financiero mexicano.

    Detalló que hay diez empresas ligadas a García Luna que tienen cuentas bloqueadas en México por un monto de apenas 4.5 millones de pesos, pero que evidencian la trama de cómo se llevaban el dinero a Barbados y a Florida.

    También hay en lo individual una serie de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción por montos de algunos millones de pesos pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México. «Quiero dejar este asunto, estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de García Luna y empresas con el propósito que se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo», dijo.

    La Jornada

  • AMLO: Todo indica a que Calderón protegía a criminales

    AMLO: Todo indica a que Calderón protegía a criminales

    Tras pronunciarse por primera vez el nombre de Felipe Calderón Hinojosa en el juicio contra su ex súper policía, Genaro García Luna, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que todo indica que durante el sexenio del panista se protegía a unos delincuentes para atacar a otros.

    Durante su conferencia matutina, AMLO calificó de anormal e increíble el caso de García Luna, pues va más allá de lo que podría aparecer en una serie de Netflix, aunque pidió esperar al cierre del juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública de Calderón, acusado de recibir sobornos del narcotráfico.

    “Hay que esperar, yo insisto, la conclusión de todo el proceso. Es muy importante que se trate el tema, que no se oculte, para lo que sostengo siempre, la no repetición (…) Porque esto es muy anormal, es que no es posible que al Secretario de Seguridad Pública se le esté juzgando por proteger a delincuentes, pero además en un sexenio en el que se declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes”.

    “Todo indica de que se protegía a unos para atacar a otros. Es algo increíble, va más allá del trama de una serie de Netflix esto que estamos viendo”, remató.

    El mandatario volvió a pedir que en el juicio de García Luna también se hable de la intromisión de las agencias estadounidenses en México e indicó que lo más importante para él es que no se repitan casos como el de García Luna, en los que exista un contubernio entre las autoridades y la delincuencia.

    “A mí lo que me importa es que esto nunca más vuelva a nuestro país, que se respete nuestra soberanía, que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia, que se destierre de México la corrupción, que no haya impunidad, y que también se atiendan las causas de la inseguridad y de la violencia, con apoyo a la gente, al pueblo. Que se atienda a los jóvenes, que haya trabajo, que haya bienestar, que haya esperanzas, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales” indicó López Obrador.

    Vale la pena recordar que ayer en la Corte de Brooklyn, Nueva York, el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, dijo que un ex gobernador le reveló que Felipe Calderón fue quien dio instrucciones para favorecer al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. 

    Polemón

  • Empresas fachada de García Luna obtuvieron contratos del PAN, Segob de Osorio Chong y Fiscalía de Mancera: El País

    Empresas fachada de García Luna obtuvieron contratos del PAN, Segob de Osorio Chong y Fiscalía de Mancera: El País

    Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad; Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI; Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. Foto: Especial.

    Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera, encabezaban instituciones públicas que “presumiblemente” desviaron dinero mediante contratos simulados a las empresas del exsecretario de Felipe Calderón

    Empresas fachada de Genaro García Luna obtuvieron contratos del Partido Acción Nacional (PAN), la Secretaría de Gobernación (Segob) de Miguel Ángel Osorio Chong y la Fiscalía de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera.

    De acuerdo con información de El País, el priista Osorio Chong y el perredista Miguel Ángel Mancera, encabezaban instituciones públicas que “presumiblemente” desviaron dinero mediante contratos simulados a las empresas del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

    “La dirigencia del PAN otorgó un contrato adicional a la red empresarial. En total, el monto del dinero público pagado a García Luna entre 2013 y 2018 fue de 431.3 millones de dólares”, escribió el medio.

    Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI; Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. Foto: Cuartoscuro

    El mayor daño al erario fue durante la gestión de Osorio Chong en Gobernación: El País

    El País señaló que el “mayor daño al erario” ocurrió durante la gestión del ahora senador priista Osorio Chong en Gobernación. Los desvíos se pusieron en evidencia en la demanda civil del Gobierno mexicano ante una corte de Florida, en Estados Unidos.

    “19 contratos por 427,6 millones de dólares fueron otorgados a Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc., ambas pertenecientes a los empresarios Mauricio Samuel Weimberg López y Jonathan Alexis Weimberg Pinto, testaferros de García Luna”, reveló el medio.

    El País detalló que los “desvíos” provinieron del Cisen, órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno mexicano y el OADPRS, el organismo que administra las prisiones federales.

    El diario aclaró que a través de un portavoz, el senador priista se deslindó de los malos manejos de recursos. “Él no tenía entre sus facultades firmar o pagar contratos de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, como lo eran el Cisen y el administrador de las prisiones”.

    Demanda civil en Florida reveló contrato de 26.6 MDP, otorgado en 2017 por la Fiscalía de Mancera

    Por otra parte, la demanda civil en Florida, por parte del Gobierno mexicano, reveló un contrato de 26.6 millones de pesos, otorgado en octubre de 2017 por la Fiscalía de la Ciudad de México, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

    De acuerdo con investigaciones del gobierno mexicano, el contrato se otorgó a la empresa fachada Glac Security Consulting, Technology and Risk Management S.C., propiedad de García Luna. El pago se dio cuando Miguel Ángel Mancera era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

    Un año antes, en 2016, Glac Security Consulting, empresa de García Luna, fue contratada por la Fiscalía de Mancera para que hiciera un “diagnóstico integral de capacidades institucionales” de la unidad Antisecuestros.

    Por dicho contrato, cuya copia obtuvo el medio, se le pagaron otros 31.3 millones de pesos. “El representante legal de la compañía era Edgar Anuar Rodríguez García, identificado como testaferro del exfuncionario calderonista”, finalizó el medio. 

    La Octava