Un ciudadano mete la boleta con su voto a la urna correspondiente, durante unas elecciones federales. Foto Luis Castillo / Archivo
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no le extraña que el ex mandatario Felipe Calderón haya propuesto que la oposición solicite al gobierno de Estados Unidos que vigile la legalidad del proceso electoral del próximo año.
Consideró que “es normal” que actúe así, pues en su mandato se dio un “narcogobierno” y también se permitió que Washington ingresara de manera ilegal miles de armas al país para aparentemente rastrearlas, pero al final terminaron el manos del crimen organizado.
“Es normal que él actúe de esa manera. Él les permitió a los del gobierno de Estados Unidos entrar a México para meter armas de contrabando. Acuérdense del operativo Rápido y Furioso, ni modo que no sabía, y le permitió al gobierno de Estados Unidos meter armas que iban a llegar a la delincuencia en México con sensores y de esa manera iban a detener a los narcotraficantes, cuando el gobierno de Calderón estaba totalmente infiltrado, bueno, era un narcogobierno, pues (Genaro) García Luna era el secretario de Seguridad Publica, y en la procuraduría (General de la República) lo mismo, había una presencia de la delincuencia organizada como nunca”.
Interrogado en la mañanera sobre el planteamiento hecho hace unos días por el ex mandatario desde España, López Obrador agregó: “No me extraña si él está planteando eso. Nada más que ya son otros tiempos, nosotros no vamos permitir que e viole nuestra soberanía”.
En ese sentido, el tabasqueño destacó que tanto el ex presidente Donald Trump como el presidente Joe Biden “han sido respetuosos de nuestra soberanía, y no hemos tenido ningún problema, somos libres”.
También se le planteó los riesgos del uso de la inteligencia artificial para atacar o beneficiar a los aspirantes a algún cargo de elección popular para el proceso de 2024.
“Nada más estar pendiente, eso no tarda, es un poco lo que preguntó el compañero sobre la guerra sucia en tiempos electorales, en temporada electoral. Eso no afecta, porque se detecta de inmediato cuando es una noticia falsa y se aclara y ya la gente es muy precavida, no cae a la primera.
“Sólo algunos que andan muy nerviosos, de repente, como ha sucedido, que hay un incendio en El Salvador o en Chile o en Francia, sale la imagen, (y dicen): ‘Se está incendiando la refinería de Dos Bocas’, y la imagen ni siquiera es de Dos Bocas. Entonces ahí va Felipe Calderón (y otros) y ahora sí que coloquialmente se van con la finta: ‘Qué barbaridad, todo lo hacen mal, todo estatal hecho, miren el incendio en Dos Bocas’. No es dos Bocas, es en Chile o cualquier otro lugar”.
El segundo informe presentado ayer por el Subsecretario Alejandro Encinas ha permitido restablecer la relación con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, después de días en los que parecía estar en una situación crítica debido a la negativa a proporcionar información militar y la narrativa presentada por el Gabinete de Seguridad.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Las madres y los padres de los 43 normalistas aseguraron este jueves que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas y que participaron en la reunión para crear la “verdad histórica” deben ser investigadas.
En la conferencia de prensa afuera del Campo Militar, fueron cuestionados sobre qué opinan de “la defensa del Presidente a Omar García Harfuch y que ahora esté buscando una candidatura”. Sin mencionarlo directamente, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 jóvenes, señaló:
“Nosotros creemos que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la ‘verdad histórica’ se tienen que investigar penalmente, tiene que abrirse una investigación y tiene que profundizarse”, subrayó.
El abogado y los padres insistieron en que “ya ha quedado acreditado que hubo una reunión de autoridades donde se decidió crear la verdad histórica”, por lo que la exigencia puntual es que todas las autoridades que estuvieron en la junta sean investigadas.
“En virtud de que hubo una junta de autoridades donde participó Enrique Peña Nieto, estamos pidiendo que se abra una investigación penal, que se procese y sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el Presidente”, agregó frente a los medios de comunicación.
La “junta de autoridades” a la que se refiere el segundo informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, estaba integrada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto; el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos; el Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón; el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer; el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AICM), Tomás Zerón de Lucio.
Rosales destacó que sería una contradicción que se tenga a Murillo Karan en la cárcel y que exista una orden de aprehensión contra Tomás Zerón, por materializar la “verdad histórica”, y que no existan consecuencias para los demás: “Hubo otras autoridades alrededor que participaron en la construcción y deben investigarse todas las autoridades”.
Y reiteró: “queremos ser claros, estamos hablando de todas esas autoridades”.
En el marco de su última gira nacional, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto inauguró en noviembre de 2028 el Libramiento de Ciudad Obregón. Foto: Presidencia vía Cuartoscuro
A su vez, afirmó que la petición no tiene nada que ver con tiempos electorales: “Esto no es electoral. Nuestra demanda es por verdad y justicia, y quienes han violado la Ley tienen que pagar, quienes manipularon la investigación tienen que ser investigados”.
Omar García Harfuch sí tomó parte de los eventos que se sucedieron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Eso está confirmado, sin embargo, en qué parte, cómo, y qué papel jugó es lo que no ha quedado claro.
Alejandro Encinas confirmó ayer que que el expolicía federal y exjefe de seguridad de la capital mexicana aparece en dos informes elaborados por el actual Gobierno federal, pero no abundó en detalles, abriendo a casi cualquier posibilidad la presencia del policía durante la tragedia.
García Harfuch es precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la izquierda y está bien posicionado en la intención de voto. Eso agrega aún más tensión a la referencia. Por eso Encinas fue cuidadoso, y lo dijo: no quiero intervenir en los procesos internos de los partidos. Pero la ecuación parece más o menos sencilla si se reducen a dos las posibilidades: una, donde el policía toma parte del grupo que ayudó a construir la llamada “verdad histórica” y que, sostuvo Encinas ayer, encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto. Otra, donde fue parte de los cientos, quizás miles, que se dieron a la tarea de buscar a los normalistas. En esos años tenía un rango de jefe, lo que refuerza la primera posibilidad.
También comentó, después de varias horas de silencio, que sí participó en “las reuniones”. ¿Cuáles? ¿Las que encabezó Peña Nieto junto con Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio? No está claro. Porque esas reuniones de alto nivel fueron las que construyeron la “verdad histórica” que fue, básicamente, un crimen de Estado –reveló ayer el Subsecretario de Gobernación– para ocultar la verdad y encubrir a servidores públicos e incluso el papel de una institución tan temida como respetada en México: el Ejército.
En el punto 8 del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, denominado “La Verdad Histórica”, es donde se hace referencia directa a la presencia de Omar García Harfuch en la llamada “junta de autoridades” que, según el propio reporte, fue la que construyó, “desde el Gobierno federal”, la conclusión que defendió Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y ahora preso por sus presuntas mentiras y omisiones en el caso de la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos.
Durante las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, pudo acreditarse la participación de, entre otras personas, el propio Omar García Harfuch, quien efectivamente trabajaba como Comisario de la Gendarmería de la Policía Federal (PF).
La participación de la mencionada “junta de autoridades” implicó la construcción de la “verdad histórica”, donde se estableció que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos, fueron privados de la vida e incinerados en el Basurero de Cocula y arrojados desde el puente Río San Juan.
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años en Iguala, Guerrero, también avalaron el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y celebraron que apunte al expresidente Enrique Peña Nieto y a su círculo cercano, además de retomar datos clave como los mensajes de Chicago que ligan a militares con el crimen organizado y el tráfico de droga.
“El informe presentado el día de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta narrativa de hechos descrita, pues no retoma estos seis aspectos [que reclamamos] y, sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artífices de la verdad histórica”, indicaron desde el plantón instalado en el exterior del Campo Militar Número 1.
Las y los familiares habían reclamado en días anteriores por la narrativa realizada por el Gabinete de Seguridad por seis cuestiones: criminaliza a los estudiantes; diluye la extensión de espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano, de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que hizo a los estudiantes; presenta conclusiones de lo que ocurrió con los estudiantes describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio; incorpora declaraciones de testigos que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura; utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados y omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica”.
“No somos necios, queremos la verdad. Que el Gobierno cumpla su promesa de esclarecer”, dijo la señora Joaquina García durante la conferencia de prensa.
Otro aspecto que aprobaron y ven con buenos ojos del informe es que retomó las capturas de pantalla de chats de Chicago, obtenidos por las autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército mexicano con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, destacaron.
Los padres y madres también solicitaron que “por las falacias” presentadas en la narrativa del Gabinete de Seguridad, sea retirada. Además, también exigieron a las autoridades “cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la información que hemos solicitado”, y que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la “verdad histórica”.
Otra solicitud planteada es que el Gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), particularmente las relaciones con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.
Los padres también exigieron a las autoridades que dejen de “meter dudas a las población”. “Que no estén metiéndole dudas de lo que pedimos, que es información del Ejército. Ellos van a decir que estamos manipulados, que queremos entrar a la política. No, queremos encontrar a nuestros hijos”, aseveró Mario Carlos González, padre de uno de los normalistas.
Emiliano Navarrete, otro de los padres, reiteró que quieren que no se siga administrando la investigación, verdad y justicia que quieren alcanzar. Aseguró que no van a dar ni un paso atrás y pidieron la judicialización de exfuncionarios de alto nivel.
“Aquí estamos en las puertas del Ejército, este Gobierno que se comprometió a resolver nuestro caso, con esa buena voluntad, pero seguimos y no tenemos ni verdad y justicia, lo que tenemos es la resistencia acá atrás de nosotros”, remarcó al señalar hacia las instalaciones militares. “Nosotros vamos a dar la vida por nuestros hijos, no vamos a dar un paso atrás”.
“Pedimos que esta petición [de dar información del Ejército] sea pronta y efectiva”, abundó Navarrete.
Los padres y madres de Ayotzinapa exigieron justicia para sus hijos a nueve años de su desaparición. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo
“Y desde este micrófono exigimos que se abra una investigación contra el Presidente de la República [Enrique Peña Nieto] por haber sido la máxima autoridad, [el exprocurador de Justicia, Jesús] Murillo Karam no pudo haber actuado sin la instrucción de una autoridad”, destacó por su parte Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los padres.
El padre de uno de los normalistas también anunció que van a retirarse del Campo Militar 1. “Hemos decidido levantar este plantón y esperando que la voz de Encinas sí tenga eco y perfore esa fortaleza y que la información sea entregada, que no haya obstáculo, que el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] no defienda lo indefendible. Queremos llegar a la verdad”.
“Suspendemos el plantón por la instrucción del Presidente de buscar esos documentos del Ejército que faltan”, dijo Cristina Bautista, madre de otro de los normalistas, pero advirtió que “si no cumple el Ejército en entregar esos documentos, vamos a regresar a este lugar”.
COVAJ ENTREGA SEGUNDO INFORME
Los padres y las madres de los normalistas aseguraron que no van a dar ni un paso atrás y pidieron la judicialización de exfuncionarios de alto nivel. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo
Ayer, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto: el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Las conclusiones del Segundo Informe de la CoVAJ refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, que las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
Asimismo, reiteró que en ningún momento se identificó un vínculo de los normalistas con ningún grupo delictivo.
El documento también destaca que a la fecha se encuentran detenidas 132 personas, de las cuales, 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, 2 federales ministeriales), siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala.
La CoVAJ presentó su segundo Informe este miércoles, en el cual se separa de la “verdad histórica”. Foto: Segob.
También han sido arrestados tres funcionarios de la FGR: el exsecretario de Seguridad Pública estatal de Guerrero; el expresidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca; y su esposa, la expresidenta del DIF Iguala, y 14 elementos de la Sedena.
La desaparición de los jóvenes, según plantea el documento, se atribuye principalmente al grupo de Guerreros Unidos, quienes lo habrían hecho en colusión y complicidad con autoridades y policías municipales y federales.
En tanto que la narrativa del Gabinete de Seguridad, presentada a los padres y madres el pasado viernes, proponía tres hipótesis para explicar el por qué de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a nueve años de la noche de Iguala.
La primera sugiere que hubo confusión por parte del grupo criminal “Guerreros Unidos” debido a la presunta infiltración entre los estudiantes de “Los Rojos”, el grupo antagónico. La segunda plantea que la desaparición podría haber sido un acto de represalia por parte del Alcalde José Luis Abarca contra los estudiantes por las protestas en el Palacio Municipal de Iguala. Y, por último, la tercera señala la posible implicación del tráfico de drogas que se encontraban en los camiones tomados por los normalistas durante esa trágica noche en Iguala.
Las familias de los jóvenes desaparecidos habían acusado que la nueva narrativa incorpora elementos que ya habían quedado fuera y que se asemeja a la “verdad histórica”, ya desmantelada por las investigaciones del GIEI.
Los padres también denunciaron que, en esos datos presentados, se criminaliza a los estudiantes desaparecidos. Y es que, la tercera hipótesis sugiere que los estudiantes habrían sido desaparecidos por el tráfico de drogas y, la eventual presencia de estupefacientes, armas y dinero en algunos de los autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre de 2014.
En tanto que el informe de la CoVAJ identifica principalmente, como parte de la colusión del Ejército, al Capitán Crespo, quien participó, según el informe, en la entrega de los estudiantes al crimen organizado. Esta aseveración se obtuvo a partir de la declaración del testigo protegido identificado como “Juan”.
Durante la marcha en la novena acción global por el Caso Ayotzinapa, madres y padres de los normalistas desaparecidos reclamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la protección que ha dado al Ejército, pues, dijeron, eso les impide saber dónde están sus hijos. De igual forma, acusaron a su Gobierno de tratar de imponer una versión similar a la “verdad histórica” tan criticada durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.
El mandatario mexicano acusó a organismos internaciones, organizaciones no gubernamentales y civiles de “manchar” y “descalificar” la investigación sobre el caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió esta mañana al Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) por la investigación que realizan sobre el caso de Ayotzinapa, y señaló que no existe un rompimiento en la relación con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
En su conferencia de prensa matutina, acusó que organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización de la Naciones Unidos (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA), quieren “manchar” y “descalificar” la investigación que realiza el Gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de los estudiantes.
“Nada más les preguntaría yo a estos pseudodefensores de derechos humanos, de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que me dijeran en dónde se tienen a tantos presos por un delito de desaparición como este, muy lamentable. ¿En dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército o soldados, un Procurador de Justicia y como 120 detenidos? ¿Dónde? ¿En qué país? Y todavía no terminamos, sigue la investigación”, cuestionó.
López Obrador aseguró que en los meses que le quedan como titular del Poder Ejecutivo quedaría resuelto el caso de la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala, Guerrero.
“Sí [terminaremos], tenemos mucho avance. Hoy vamos a informar. Una de las cosas que nos va a ayudar mucho a contrarrestar todas estas calumnias va a ser que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos, que no haya problemas de carácter legal”, afirmó.
Asimismo, el mandatario informó que hoy se reunirá con las madres y los padres de los estudiantes para darles los avances de la investigación en el caso, por lo que descartó que haya una ruptura entre ellos y el Gobierno.
“No hay motivo, porque no hemos fallado, ni vamos a fallar. Independientemente de lo que puedan decir en este caso los padres, que tienen todo el derecho de manifestarse porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos y eso es entendible, es muy humano. Pero independientemente de eso, lo importante aquí es tener la conciencia tranquila. Un gobernante puede enfrentar cualquier adversidad si actúa a partir de rendir cuentas al tribunal de su conciencia”, dijo.
Hace dos días, el pasado 18 de septiembre, López Obrador confirmó que el Gobierno mexicano cuenta con las grabaciones del grupo criminal Guerreros Unidos sobre la desaparición de los 43, y que podría darlas a conocer más adelante, pero que tendría que tener el permiso de las familias y de los jueces.
El Jefe del Ejecutivo federal informó que desde hace dos años se solicitaron las grabaciones al Gobierno de Estados Unidos, a través de la Vicepresidenta Kamala Harris, quien se las hizo llegar, y que a raíz de eso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha armado investigaciones y solicitado órdenes de aprehensión contra los presuntos involucrados en la desaparición de los estudiantes.
“Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía, que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, incluso con fundamento a esas grabaciones, ya se han ordenado detenciones. Hay órdenes de aprehensión. Todo esto se va a informar en unos días más”, agregó.
López Obrador resaltó que ya se cuenta con todas las grabaciones y que incluso se le escribió una carta al Gobierno de Estados Unidos para cerciorarse de que no faltaran grabaciones, y que la respuesta fue que ya eran todas.
El pasado 18 de agosto, a través un video difundido en redes, el Gobierno federal destacó que del trabajo entre la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) ha resultado en la detención, hasta el momento, de 116 personas vinculadas a proceso penal por su presunta responsabilidad.
Este año se cumplen nueve años de la tragedia. Foto: Marco Ugarte, AP
Durante este proceso de judialización, otras 77 personas involucradas, de 169 consignadas, han sido exoneradas por jueces.
GIEI SE VA DE MÉXICO POR FALTA DE COLABORACIÓN
El pasado 31 de julio, el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lanzó un último mensaje antes de dejar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, en el que destacó que la documentación entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) corrobora la existencia de más información sobre la detención y el traslado de los 43 estudiantes, la cual les ha sido negada.
El GIEI identificó múltiples incongruencias en las declaraciones y documentos de la Sedena en el caso Ayotzinapa. Foto: AP.
El grupo de expertos señaló que tras la apertura de archivos por mandato presidencial, se logró tener nuevos hallazgos sobre la actuación de agentes del Estado y recabar información sobre el posible destino de los jóvenes, sin embargo, apuntó que la información brindada por las Fuerzas Armadas “es parcial y corrobora la existencia de otras información sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”, y que les ha sido negada a pesar de la insistencia y de la negativa de las instituciones.
Asimismo, el GIEI resaltó que, pese a las trabas, se consiguió la detención del exprocurador General de la República, dos generales, 20 miembros del Ejército, y más de un centenar de miembros del crimen organizado y funcionarios, pero que la investigación fiscal no sólo debe llevar a las detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
En beneficio de más de 5 millones de habitantes, arrancó la primera etapa de El Insurgente, Tren Interurbano que conectará a la Ciudad de México con Toluca, Estado de México. Por ello, este 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la obra, y dijo que se demuestra que su gobierno no dejará proyectos inconclusos.
“A todos les consta que cuando entramos al gobierno esta obra estaba iniciada. Imagínense si no la terminábamos. Teníamos excusas, […] podíamos haber dicho: ‘se queda pendiente’, pero ya esos 30 mil [millones de pesos] que se habían invertido se iban a quedar tirados. Una obra inconclusa significa dejar dinero del presupuesto del pueblo, que es dinero del pueblo, tirado. No se puede actuar de manera irresponsable, no es porque fue otro gobierno; no. El gobierno representa al pueblo, por eso se decidió darle continuidad”, explicó el jefe del Ejecutivo federal.
De acuerdo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el sistema de transporte público dará servicio a partir de hoy en 20 kilómetros y cuatro estaciones: Zinacantepec, Toluca centro, Metepec y Lerma. En lo que resta de septiembre será gratuito, con el objetivo de que la población lo conozca; y a partir de octubre y hasta junio de 2024, la tarifa será de 15 pesos. El pago se realizará con la tarjeta de Movilidad Integrada, la cual se usa en los transportes de la Ciudad de México y próximamente en los sistemas del Estado de México.
Banobras detalló que en la primera etapa, la velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora y una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. “La frecuencia de paso de los cuatro trenes será de 15 minutos; el recorrido de punta a punta será de 20 minutos. Tendrá un horario inicial de 6:00 a 23:00 horas, todos los días, los 365 días del año. Cuando las dos etapas estén en operación, El Insurgente alcanzará una velocidad de 160 kilómetros por hora”.
En la estación Zinacantepec, el presidente López Obrador informó que están pendientes de concluir 38 kilómetros: de Lerma a la Ciudad de México, mismos que se entregarán en diciembre. Y reconoció que el gobierno federal ha trabajado de manera coordinada con los gobiernos de la Ciudad de México del Estado de México, encabezado hasta hoy por Alfredo del Mazo Maza.
“Son 58 kilómetros y aquí están los ingenieros y los empresarios. Aprovecho para pedirles que sigan cumpliendo. Un aplauso para los empresarios de la construcción porque de ellos depende mucho. […] Ya se está avanzando en la obra civil y está el compromiso de Jesús Esteva, que es el secretario de obra porque ese tramo corresponde en buena parte a la Ciudad de México. Está el compromiso de que terminamos en diciembre”, indicó el primer mandatario. Además de Esteva, el otro responsable de la conclusión es el ingeniero Manuel Eduardo Gómez Parra de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
López Obrador aplaudió el esfuerzo de las y los trabajadores de la construcción.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, precisó que la segunda etapa de obra del Tren El Insurgente requerirá una inversión de 62 mil millones de pesos. Tendrá las estaciones Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.
En la inauguración acompañaron al presidente de la República: el gobernador saliente Alfredo del Mazo Maza; la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara; las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; y de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; y el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez.
Los contratos leoninos de los nueve hospitales que el gobierno de López Obrador busca comprar benefician a seis consorcios, entre ellos el de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; el de Olegario Vázquez Aldir –dueño de Grupo Imagen–, y el de la familia Servitje, del Grupo Bimbo. En el primer caso, la empresa GIA+A tiene dos contratos por 11.7 mil millones; en el segundo, Prodemex ostenta tres contrataciones por más de 40 mil millones de pesos; y en el tercero, Marhnos, con 4 mil millones. Los otros beneficiarios son: Ortiz Construcciones en sociedad con Grupo Invex (más de 21 mil millones); las españolas Sacyr –12.5 mil millones– y Acciona –3 mil millones–. Los avalúos demuestran que el sobrecosto de los nueve nosocomios es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque valen apenas 5 mil 200 millones, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos. Las contrataciones se hicieron en los sexenios de Fox, Calderón y Peña bajo la figura de asociación público privada, uno de los múltiples eufemismos de la privatización.
Un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el dueño de un medio de comunicación, empresarios expertos en hacer pan y en especulación financiera, así como trasnacionales españolas son los beneficiarios de los contratos leoninos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca renegociar, para dejar de pagar sobrecostos multimillonarios, inmorales e injustificables. Sin embargo, los seis consorcios implicados se resisten a vender esas minas de oro: nueve hospitales privatizados en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Y es que los nueve nosocomios les representan ganancias multimillonarias a costa del erario de la nación, e incluso de forma indebida: los avalúos ordenados por el presidente de la República demuestran que el sobrecosto de esas contrataciones es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque apenas valen 5 mil 242 millones 182 mil pesos, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos en 25 años.
El esquema ha sido tan abusivo y ventajoso, que el costo real de todos los hospitales ya fue saldado y varias veces. No obstante, como si de un barril sin fondo se tratara, el gobierno está obligado a pagarles, año con año, una cantidad similar o superior al monto invertido en su construcción. Más aún, en seis casos el propio erario les financió las obras mediante créditos de Banobras o recursos del Fonadin.
Al amparo del poder, los seis consorcios se hicieron del lucrativo negocio mediante un esquema de asociaciones público privadas –eufemismo de la privatización–, y a pesar de que la administración federal les ha ofrecido pagarles un precio justo por esos hospitales–basado en el avalúo máximo–, éstos han respondido que prefieren renegociar los montos para seguir chupando dinero del erario nacional. Ante el claro abuso, otra vía para el gobierno federal sería expropiárselos, pero el presidente López Obrador negó que vaya a hacerlo.
El 13 de septiembre, el primer mandatario reveló en su conferencia matutina que los dueños de los seis consorcios le mandaron decir que ellos prefieren negociar una disminución en la tarifa; y aprovechó para responderles que no, “porque, aunque le bajemos la mitad, de todas maneras es mucho”. Y cuestionó: “¿ustedes creen que es correcto, es justo, es moral? Máxime si los que reciben estos contratos están vinculados de una u otra forma al gobierno; si esto es producto de influyentismo, si tiene que ver con el manejo de medios de información o demanipulación”.
Ello, porque detrás de las contrataciones se encuentran, por ejemplo, la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex), propiedad de Olegario Vázquez Aldir (dueño de Grupo Imagen, Hospital Ángeles y Hoteles Camino Real); y la compañía Constructora y Edificadora GIA+A, presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con información del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en la lista de empresas beneficiadas también están: las españolas Sacyr y Acciona; las empresas Marhnos –de la familia Servitje; Ortiz Construcciones y Proyectos y el Grupo Invex.
Los hospitales
Los abusos en estas contrataciones se evidencian en los pagos indebidos que las empresas obtienen año con año. Tan sólo el pago anual de este 2023 asciende a 5 mil 651 millones de pesos por esas contrataciones, monto que supera en400 millones de pesos el costo total real que arrojó el avalúo: el valor máximo de los nueve hospitales apenas asciende a 5 mil 242 millones 182 mil pesos. Esto es que en un año se pagan.
De acuerdo con la información del gobierno federal, dos de esos hospitales corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y tres a la Secretaría de Salud.
Hospital General Regional en Tapachula, Chiapas (IMSS).
Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E24‐2017, este contrato benefició a las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, representadas por José Manuel González Hernández.
De acuerdo con el gobierno federal, el monto total del contrato asciende a 17 mil 364 millones de pesos, a pesar de que su precio máximo –según el avalúo– apenas asciende a 603 millones 107 mil pesos. Este año, el consorcio que encabeza Prodemex va a cobrar 633 millones como pago anual por arrendamiento; es decir, 30 millones de pesos más de lo que en realidad costaría comprarlo.
Así, la empresa de Vázquez Aldir cobró su costo real en 2017, año cuando entró en operaciones; y de ahí en adelante ha obtenido puras ganancias a costa del dinero del pueblo. Y en caso de que los empresarios se resistan a vender, la renta –“el IMSS pagará una contraprestación al desarrollador privado por la disponibilidad de los servicios, con cargo a su presupuesto multianual autorizado”, señala Banobras– se tendrá que pagar hasta 2042. Esto es: 24 años de saqueo al erario nacional.
FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM
El nosocomio de segundo nivel tiene una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas y ocho quirófanos, con una superficie construida de 26 mil 813 m2. Y según Banobras, “los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS”. Es decir, Prodemex solo renta el cascarón.
Y por si eso no fuera bastante, además al dueño de Grupo Imagen se le financió la obra con dinero del pueblo de México. De acuerdo con la banca de desarrollo, se trató de un “proyecto con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.
Es por ello que el presidente López Obrador acusó el pasado 13 de septiembre que los medios están muy enojados con su gobierno, y mencionó específicamente los casos de Imagen y El Financiero, pues en el primer caso –dijo– hacía jugosos negocios en el sector salud; y en el segundo caso, con las cárceles cuando Genaro García Luna –preso en Estados Unidos por haberse asociado con el Cártel de Sinaloa– comandaba la Secretaría de Seguridad, en el sexenio de Calderón.
Hospital General de Zona de Bahía de Banderas, Nayarit (IMSS).
El contrato por 25 años que favoreció también a Prodemex en sociedad con Infraestructura & Healthcare, tiene un costo total por 15 mil 161 millones de pesos, a pesar de que comprarlo representaría apenas una inversión pública de 372 millones 176 mil pesos, indica el avalúo máximo. Al igual que el caso anterior, por renta, este año las empresas se embolsarán más dinero de lo que vale: 585 millones de pesos.
Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E2‐2017, para la construcción de este hospital de segundo nivel la empresa de Olegario Vázquez Aldir ni siquiera invirtió el total del dinero requerido: los datos oficiales indican que el proyecto se realizó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.
El nosocomio tiene una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas y siete quirófanos, con una superficie construida de 22 mil 301.06 m2. Mientras que la banca de desarrollo apunta que los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS.
Clínica Hospital en Mérida, Yucatán (ISSSTE).
Este es el tercer negocio redondo para la iniciativa privada, con una vigencia de 25 años –de 2016 a 2041–. Aunque al gobierno federal le costaría únicamente 212 millones 641 mil pesos adquirir su propiedad, está obligado a pagar un total de 5 mil 85 millones de pesos por su renta en el periodo. Tan sólo este año desembolsará 304 millones de pesos por el arrendamiento, cifra que representa 91 millones 386 mil pesos más que su costo real máximo, según el avalúo oficial.
El contrato APP-019GYN006-E3-2016 se asignó a favor de Constructora y Edificadora GIA+A, empresa que preside Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Salinas de Gortari, y contó –como las obras anteriores– con financiamiento público de Banobras o el Fonadin.
Según los datos de la banca de desarrollo, la unidad médica de segundo nivel cuenta con una superficie de construcción de 14 mil 240.00m2, y una capacidad de 18 consultorios, tres quirófanos, un quirófano en tococirugía, 66 camas censables, 15 camas de observación en urgencias, camas no censables en terapia intensiva, tococirugía y unidad quirúrgica. Mientras que la prestación de los servicios médicos es proporcionada por el personal del ISSSTE.
Sal cuestionar el origen de la molestia que sienten los dueños de los medios de comunicación con el gobierno federal, el presidente López Obrador señaló: “¿quiénes hacían los negocios en el sector Salud, los negocios más jugosos en el sector Salud? Entre otros, los cuñados de Salinas de Gortari, los Gerard. Ni modo que el Reforma hable de esto. ¿Saben que los Gerard construían hospitales que cuestan mil millones y recibieron contratos para que se les paguen por un hospital de mil millones, 20 mil millones? Así como se los estoy planteando. Los dueños de la televisora donde está Ciro [Grupo Imagen, de Vázquez Aldir], igual. El dueño de El Financiero [Manuel Arroyo] construye, o reconstruye porque hasta lo inauguró creo Calderón con García Luna, un penal en Papantla, Veracruz, y hay que pagar miles de millones de pesos porque privatizaron los penales”.
El primer mandatario agregó: “entonces, cuando ya no se permiten estas cosas se ponen enfurecidos y esa es la explicación de fondo. Ya no pueden robar, porque no es hacer negocio, es robar. Entonces, a robar a otra parte, ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos”.
Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México (ISSSTE).
También financiado por el erario a través de Banobras o el Fondo Nacional de Infraestructura, este nosocomio benefició a Sacyr Concesiones y Sacyr Concesiones México, filiales de la trasnacionalespañola Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia; y a Prestadora de Servicios Alencastre, consorcio representado por Juan Carlos Pérez Rivero.
Comprar este hospital le costaría al gobierno federal 1 mil 128 millones 694 mil pesos, pero la modalidad de contratación como asociación público privada lo obliga a pagarle al consorcio –en un plazo transexenal de 25 años: de 2017 a 2042– 12 mil 524 millones de pesos. En 2023, la renta asciende a 700 millones de pesos, monto que cubriría el 62 por ciento del pago total por su adquisición.
Esta unidad médica cuenta con 32 especialidades, 35 consultorios, ocho quirófanos, seis servicios auxiliares de diagnóstico y nueve servicios auxiliares de tratamiento, medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, urgencias, terapia intensiva. En este caso las empresas tampoco están obligadas a prestar los servicios médicos, pues esos corresponden al ISSSTE.
Unidad que sustituye al Hospital General Doctor Aquiles Calles Ramírez, en Tepic, Nayarit (ISSSTE).
Identificado con el folio APP-019GYN006-E5-2017, el contrato benefició a Ortiz Construcciones y Proyectos –presidida por Juan Antonio Carpintero López–; Invex Grupo Infraestructura (encabezado por Jorge Zapata Alvarado); Invex Infraestructura Salud; y Corporativo de Hospitales. El avalúo máximo revela que si el gobierno federal lo comprara, el costo es de 586 millones 86 mil pesos. No obstante, está obligado a pagar 21 mil 475 millones de pesos por esa misma unidad médica en un periodo de 23 años (de 2017 a 2040).
Tan sólo este 2023, el ISSSTE debe pagarle a esas empresas 1 mil 476 millones de pesos por la renta. La cifra supera en 889 millones 914 mil pesos el costo real de la edificación. Además de esta injusticia para el dinero del pueblo, con el propio erario se financió la obra: el Banco Nacional de Obras y Servicios reconoce que este proyecto se construyó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura”.
La unidad médica de segundo nivel tiene una superficie de construcción de 26 mil 570.79m2, y una capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, siete quirófanos, seis auxiliares de diagnóstico y ocho auxiliares de tratamiento. “Las prestaciones de los servicios médicos serán proporcionadas por el personal del ISSSTE”, indica el reporte de Banobras.
Hospital General en Villahermosa, Tabasco (ISSSTE).
Este proyecto financiado por Banobras y/o el Fonadin benefició a Prodemes –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, con un contrato que obliga al gobierno federal a pagarles 8 mil 344 millones de pesos por este hospital –durante 23 años: de 2017 a 2040–, cuando en realidad comprarlo costaría apenas 515 millones 630 mil pesos.
En este 2023, el ISSSTE debe pagar por su renta 446 millones de pesos, cifra que representa el 86.4 por ciento del valor máximo que pagaría la administración federal por su adquisición.
La unidad de segundo nivel de atención se construyó sobre un terreno de 50 mil m2, y cuenta con 90 camas censables y 58 no censables, así como 35 especialidades médicas; con consulta externa en 41 consultorios, cinco quirófanos y farmacia. Y como en los otros casos, “es responsabilidad del ISSSTE brindar los Servicios de Atención Médica a sus derechohabientes”.
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, “Bicentenario 2010” (Secretaría de Salud).
El proyecto que data del gobierno de Felipe Calderón (2007), benefició a la empresa Marhnos, propiedad de Nicolás Mariscal Servitje e Ignacio Mariscal Servitje (también consejeros de Grupo Bimbo) con un contrato que tiene vigencia hasta 2032. Si el gobierno lo comprara en este momento, pagaría por ese hospital un monto máximo de 629 millones 284 mil pesos, y no los 4 mil 109 millones que está obligado a dar por su arrendamiento.
Tan sólo en 2023, la Secretaría de Salud debe saldar 531 millones de pesos por la renta, cifra que cubriría el 84 por ciento de lo que en realidad vale. Su capacidad instalada de acuerdo con Banobras es de 94 camas censables, 95 no censables, nueve quirófanos, 35 consultorios de especialidad y uno de telemedicina, 26 especialidades médicas, 14 especialidades quirúrgicas, ocho subespecialidades quirúrgicas y cuatro unidades de especialidad médica de apoyo. “El personal médico es responsabilidad de la Secretaría de Salud”.
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud).
Se trata del proyecto más antiguo: se adjudicó en el sexenio de Fox (2005), y está vigente hasta 2030. Este contrato favoreció a la española Acciona –que preside José Manuel Entrecanales Domecq–. Si se comprara en este año, el erario de la nación pagaría 587 millones 660 mil pesos.
No obstante, la contratación leonina implica un gasto total de 3 mil 131 millones de pesos. Y sólo en 2023, la obligación de pagarle a Acciona 354 millones de pesos por el arrendamiento.
Este nosocomio cuenta con 184 camas censables, 63 camas no censables, y cartera de servicios. Al igual que con los casos anteriores, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud).
Éste es otro proyecto que data del gobierno calderonista (2009), y que benefició Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero, así como a las españolas Assignia Infraestructuras y Eductrade. Vigente hasta 2033, este contrato asciende a 6 mil 624 millones de pesos, cuando el costo real del nosocomio es de apenas 606 millones 904 mil pesos.
Este año, la administración federal debe pagar por la renta 622 millones de pesos, cifra que implica 15 millones de pesos que el monto que se pagaría por su compra total.
La capacidad instalada es de 246 camas censables y 202 no censables, cuenta con 36 consultorios, 14 quirófanos y una unidad de apoyo. Al igual que los demás, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.
A pesar de los abusos, el presidente López Obrador les envió un mensaje el pasado 13 de septiembre: “no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio. Y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, te lo pagamos, y quedamos como amigos y en santa paz”.
La libertad de culto en México ha sido aprovechada por líderes religiosos, sociales y espirituales para abusar de su poder y de sus seguidores, un delito que es penado en gran parte del mundo.
México es un paraíso para sectas y grupos religiosos que históricamente han delinquido y violado los derechos humanos de muchos de sus seguidores.
Esto se debe a que en el país no existe ninguna legislación que castigue los abusos de estas sectas ni sus relaciones coercitivas, por lo que víctimas de grupos como NXIVM, Shen Yun o la Luz del Mundo quedan desamparadas.
Debido a esta situación, especialistas exigen la necesidad de una ley para prevenir, tratar, gestionar, combatir y sancionar las actividades que realizan estos grupos.
En América Latina está creciendo el interés en leyes que ayuden a las víctimas de sectas coercitivas. Ya en Europa hay precedentes de este tipo de leyes, Ley About-Picard, en Francia, por ejemplo.
Dicha libertad incluye el poder participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias o actos de culto, siempre y cuando no constituyan un delito.
Además, con la reforma de 1992 se adicionó a dicho artículo que el Congreso no podrá dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna.
No obstante, una cosa es la libertad de culto y otra muy distinta es que sus líderes religiosos, sociales o espirituales, aprovechen su autoridad para someter y controlar a sus adeptos.
Combatir la persuasión coercitiva
Carlos Bardavío Antón es un abogado español doctor en derecho penal autor del libro “Sectas criminales y coercitivas en Derecho penal mexicano”, en el cual desarrolla la figura del delito de persuasión coercitiva, un ilícito que opina debería de ser legislado para incluirse en el Código Penal Federal.
En entrevista con Reporte Índigo, explica por qué México es un territorio fértil para estos grupos que manipulan, delinquen y violan los derechos humanos de la ciudadanía, llámense religiosos, espirituales o incluso empresariales como el coaching.
“México es un país muy religioso, con un gran pensamiento mágico y de rituales. Sin embargo, hay muchos líderes, personas y grupos que pueden ser parte de sectas religiosas o grupos pseudoterapéuticos que abusan de su autoridad y su fama para someter y controlar a sus adeptos.
“Esto se llama en la ciencia de la psicología persuasión coercitiva y en México no hay ningún artículo o ley que proteja a los ciudadanos de ser controlados y dominados en su capacidad de voluntad”, comenta.
Lo más cercano que tendríamos en el país a una legislación al respecto está en el Código Penal Federal, el cual dicta sanciones para la superchería popular, es decir, cuando un sujeto intenta abusar de la ignorancia de otra por un beneficio económico.
“En España existe un artículo que sanciona a las asociaciones que utilizan el control o la alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos, es decir, aunque sea para hacerlos más felices o un bien. En Francia existe un delito que se llama manipulación psicológica. En Bélgica existen unos artículos que protegen a los ciudadanos de no ser dominados en su capacidad de voluntad. Es un problema que existe en todos los países”, agrega.
Construyendo los cimientos
Hace unas semanas, Bardavío Antón, presentó en el Congreso de la Unión en la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, que preside el diputado morenista Alfredo Vázquez Vázquez, su libro.
Confiesa que él no los buscó y que le sorprendió que un legislador mexicano organizara la presentación, ya que eso habla de que en el país se están comenzando a sentar las bases para legislar en contra del delito de persuasión coercitiva.
“El que haya interés por parte de diputados a nivel federal de conocer la problemática ya dice mucho. En Europa, cuando se comenzó a legislar sobre este tipo de problemáticas, pasaron de 10 a 15 años para que salieran los primeros informes.
Las sectas son peligrosas su persuasión coercitiva para manipular ,controlar sus pensamientos y acciones. Aislamiento social, privación de todo, alimentación restringida, lavado de cerebro y chantaje emocional. https://t.co/QtjrSxXot6
“Estamos en los inicios en México de cierta preocupación por parte de los políticos, de la policía y de la psicología y eso hace pensar que estamos ante un primer cimiento para poder regular de manera más efectiva y proteger a los ciudadanos de esta problemática”, dice.
Cortar las raíces
En 1998 Keith Raniere fundó la organización “Programas Ejecutivos de Éxito”, a través de la cual impartía talleres motivacionales.
En 2003, Keith Raniere, creó NXIVM, la cual contaba con un centro operativo en México y con aliados en la cúpula política y empresarial del país.
Dentro de la organización, Raniere formó una sociedad secreta llamada “DOS”, en la cual las mujeres eran forzadas a ser esclavas sexuales y se les marcaba con un hierro al rojo vivo. Todo esto a través de la persuasión coercitiva.
En 2019, Raniere fue condenado en Estados Unidos a una pena de 120 años de prisión por los delitos de trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil y extorsión.
En 2003,Keith Raniere, creó NXIVM, la cual contaba con un centro operativo en México y con aliados en la cúpula política y empresarial del país. Foto: Especial
A pesar de que la organización tuvo profundas raíces en México y varios connacionales estuvieron involucrados, no ha habido ninguna sentencia al respecto.
Otro caso emblemático en el país fue el del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue condado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por tres cargos de abuso sexual contra menores de edad.
Naasón además es acusado por tráfico de personas y pornografía infantil junto con otros integrantes de su congregación que actuaron como cómplices o facilitaron la comisión de estos ilícitos.
Por llamada telefónica desde prisión, el líder religioso dijo ante miles de adeptos que se reunieron en Guadalajara, como cada año, en la Santa Cena, que todo fue un “capricho de la carne”.
“No hay un estado más triste y lastimoso que el del pecador, sumido en el fango de la culpa, el sadismo de la malicia, todo por un capricho de su carne, por un antojo malsano y un engaño suave que le acarreó los peores males.
“Un placer de momento que los dañó toda su vida, en copa dorada les da a beber el veneno Satanás y reciben a cambio las punzantes espinas del remordimiento. Por eso, humildemente intervengo ante tu presencia bendita buscando tu misericordia y perdón”, dijo.
Al comentar sobre estos dos casos, el abogado especialista en sectas, Carlos Bardavío Antón, insiste en la falta de una legislación para penar la presión coercitiva y los delitos de estos líderes religiosos o sociales.
“Todas las normas constitucionales regulan, como derecho fundamental, la libertad de conciencia y religiosa. Sin embargo, muchas personas cuando tienen poder, como el caso de Joaquín Naasón, abusan y cometen delitos.
“En México llama la atención que no se abrió una investigación más depurada en su contra. Creo que a diferencia de Estados Unidos y Europa hace falta una legislación que garantice el ejercicio de la libertad de conciencia, pero sin abusos de sus líderes o miembros activos”, explica.
Ejercer la ley
Para profundizar en el tema de los abusos de líderes religiosos y espirituales en el país, así como en las posibles soluciones desde el Congreso de la Unión, Reporte Índigo platicó con dos legisladores federales.
En entrevista, el diputado de Morena, Azael Santiago Chepi, dice que ante la proliferación de sectas y grupos religiosos en el país, es necesario mantenerse atentos sobre su conducción, para así evitar que cometan actos que vulneren los derechos de las personas o rebasen los límites de la legalidad.
“Somos un país democrático donde se ejerce la participación, pero hay que estar muy atentos respecto a la organización y funcionamiento de estos grupos para que no se utilicen para vulnerar derechos”.
Cuestionado sobre si es necesario una ley para prevenir, combatir y sancionar las actividades que realizan algunas sectas o grupos religiosos, el legislador oaxaqueño comenta que no es necesario, ya que actualmente existen normas vigentes que defienden los derechos humanos.
Legisladores federales coinciden con que la legislación vigente en el país es suficiente para castigar a aquellos líderes que abusan de su poder, sin embargo, el Poder Judicial debe fortalecerse y las autoridades estar atentas. Foto: Especial
Por su parte, en el Senado de la República, la legisladora Claudia Anaya Mota, del PRI, señala que en caso de que una persona o un grupo decida denunciar un abuso sexual por uno o varios dirigentes religiosos, tiene que acudir a alguna agencia del Ministerio Público, en donde la Constitución Política y sus leyes secundarias tienen la obligación de protegerlas, pero muchas veces no de denuncia por la desconfianza en las autoridades.
También recalca que el mayor problema por el que atraviesa el país es el debilitamiento de las instituciones, un flagelo que provoca que en los lugares en donde se imparte justicia se carezca de los elementos necesarios para iniciar una carpeta de investigación sólida.
“En la mayoría de los Ministerios Públicos no se dan abasto por el cúmulo de denuncias, por lo que muchas veces los jueces se ven obligados a dejar libres a presuntos responsables por falta de pruebas”, acusa.
En ese sentido, la legisladora por Zacatecas lamenta que el Gobierno federal destine cada vez menos recursos al Poder Judicial.
“Las leyes ahí están, pueden mejorarse, pero el problema inicia con el debilitamiento de las instituciones”, asegura.
La tarde de este jueves Claudia Sheinbaum que en pocas horas se convertirá en la Coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación ha dejado en claro lo importante que es la unidad para ella y mencionó que le mandó un mensaje a Marcelo Ebrard Casaubón para que no rompa con el movimiento.
“Le mandé un mensaje diciéndole que las puertas de Morena están abiertas y que cuando él quiera, nos podemos sentar a platicar”.
Mencionó
📹 #Vídeo | “Le mandé un mensaje diciéndole que las puertas están abiertas y que cuando el quiera nos podemos sentar a platicar”: @Claudiashein reiteró sus intenciones de que @m_ebrard siga en el partido guinda. pic.twitter.com/sgQsRQuZkK
La ex Jefa de Gobierno de la capital mencionó que al momento no ha recibido alguna respuesta del ex Canciller pero dijo que las puestas de Morena están abiertas para su colega.
Hoy recibirá el bastón de mando por parte de AMLO
En la mañana de este jueves, se realizó una entrevista con el dirigente nacional del partidoMovimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, en donde confirmó que a las 12 de la tarde se realizará una reunión con la nueva representante electa del movimiento de la transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, en las instalaciones del partido para comenzar los trabajos requeridos del proceso electoral.
Mario Delgado destacó el suceso histórico ocurrido el día de ayer al realizar el proceso interno de Morena por la vía democrática y aseguró que es importante confiar en el pueblo pues ya está politizado e informado cuyo proceso de opinión publica no va a cambiar por “una barda o un volante publicitario”, concluyó que se debe respetar a la ciudadanía.
Por otro lado, Sheinbaum publicó en sus redes su agenda de este jueves, confirmó su reunión para definir las tareas que siguen para el proceso electoral y en la tarde, noche, se reunirá con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para la simbólica entrega del bastón de mando.
La investigadora y científica mencionó que la entrega será por la tarde-noche de este día, sin embargo dijo que aún no sabe más detalles y que será informada en el transcurso de la tarde.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad la despenalización del aborto en el Código Penal Federal.
Con esta resolución, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y cualquier otra institución de salud federal deberá brindar el servicio de la interrupción del embarazo a toda mujer y persona gestante que lo solicite. Asimismo, ningún personal médico podrá ser aprehendido o criminalizado.
La resolución de la SCJN responde al análisis de un amparo presentado por el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal. Anteriormente, emitieron una regulación que criminalizaba el aborto.
“Con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto. Hoy, la Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos”.
En la Ciudad de México, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un derecho humano constitucional desde 2007. Éste garantiza a las mujeres y personas gestantes un servicio médico seguro, gratuito y legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó un diagnóstico de la situación encontrada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tras serle solicitado un análisis. Por su parte, el director de la institución, Pedro Zenteno Santaella, dio a conocer algunas líneas de acción tomadas para “renacionalizarlo” y mejorar la atención que brinda.
Durante la conferencia presidencial, Rosa Icela Rodríguez informó que en julio de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encargó a un equipo de trabajo la misión de rescatar al ISSSTE y limpiarlo de la corrupción. Esta aseguró que tras estudiar la situación, encontró que debido a las gestiones neoliberales el instituto estaba devastado y convertido en un “cascarón”.
“El servicio que se daba a los derechohabientes no era prestado por la institución en su totalidad, sino por empresas particulares, usando también al personal, a médicos, enfermeras, al personal administrativo, así como las instalaciones, equipos y hospitales del ISSSTE. Esto se pagaba a precios más altos de lo real”, pronunció la secretaria.
Al respecto, narró que en 2007 los propios directivos del ISSSTE comenzaron a aplicar la privatización de los servicios de salud para favorecer a empresas cuyos dueños eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres. Asimismo, afirmó que, mediante actos de corrupción, estos se beneficiaron con contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud, de los cuales 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el instituto que brinda atención a personal estatal.
Por último, Rodríguez Velázquez comentó que en el análisis también pudo encontrar desabasto de medicamentos por una mala administración del inventario de las farmacias y robos hormigas de fármacos; abandono de las unidades médicas; rezago en la adquisición de equipo básico y especializado; desmantelamiento de la plantilla de médicos y enfermeras; y falta de inversión para la construcción de hospitales.
Si bien reconoció que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se hicieron cuatro nuevos hospitales, precisó que estos fueron construidos con dinero de particulares. Asimismo, explicó que eso provocó que el gobierno federal adquiriera la obligación de pagar mensualidades con sobreprecio diez veces mayor a su costo real por más de 20 años.
Por su parte, Pedro Zenteno indicó que el ISSSTE vive una etapa de renacionalización, ya que se busca hacer público lo que ya lo era. Al respecto, mencionó que a fin de rescatar la institución en el último año se han atendido 441 unidades a las que se les dotó de mobiliario sanitario, luminarias LED, nueva red eléctrica, pisos, cancelería, pintura y aire acondicionado; asimismo, señaló que otras fueron intervenidas mediante desazolves, remozamiento e impermeabilización.
Asimismo, indicó que para mejorar la atención a derechohabientes se ha buscado contar con plantillas completas mediante la contratación de médicos especialistas, generar en el personal una nueva cultura laboral basada en el amor al prójimo y la apertura de turnos vespertinos en los nosocomios. Además, dijo estar apostando al fortalecimiento de laboratorios propios y la compra de equipamiento.
Sobre esto último ahondó en un video donde se anuncia la inversión de 5 mil millones de pesos (mdp) para la adquisición de 41 mil 993 bienes, entre los que están microscopios para neurocirugía, unidad de electrocirugía, unidades para tomografía axial computarizada de alta resolución de 128 cortes, rayos x portátiles y mastógrafos. Asimismo, se dio a conocer una inversión de 10 mil 423 mdp para revisar el abasto de 1070 claves de diferentes tipos de medicamentos y mejorar proceso de distribución mediante trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y Birmex.
Finalmente, Zenteno Santaella expuso que AMLO giró instrucciones para construir el hospital general de Tampico, Tamaulipas; una clínica en Palenque, Chiapas; y una más en Los Cabos, Baja California Sur. Adicionalmente, también se están edificando tres inmuebles regionales ubicados en Torreón, Coahuila; Tlajomulco, Jalisco; y Acapulco, Guerrero. Según indicó, con estos serán beneficiados 1.6 millones de derechohabientes y hasta 6.1 millones de personas si se contabilizan a sus familiares.
La corrupción en el Poder Judicial de la Federación floreció desde que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Cuando estaba Arturo Zaldívar, si había un juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo. Bueno, un ministro [Eduardo Medina Mora] acusado de corrupción presentó su renuncia en ese entonces. Pero ya a partir de que llegó la nueva presidenta” ya no, señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que esta observación en torno al actuar de Norma Piña no es un asunto personal, porque él no tiene odio contra nadie, sino que es un asunto de interés público. Y explicó que para tener fuerza, la ministra presidenta de la Corte “los deja en completa libertad a los jueces, y ya los jueces hacen lo que quieren. Y a partir de entonces [de que ella asumió la titularidad de la Corte] empiezan a liberar a presuntos delincuentes y empiezan a degradar aún más el Poder Judicial”.
En ese contexto, el primer mandatario criticó que tan sólo un mes después de que Piña Hernández se convirtió en la cabeza del Poder Judicial, mientras en Estados Unidos un jurado encontró culpable al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar cocaína, en México se le descongelaban las cuentas bancarias el mismo día. “¿en qué cabeza cabe que el día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna aquí le están liberando las cuentas a su esposa? O sea, es un desaseo completo”.
La crítica de López Obrador fue más allá, al recordar la reciente contratación de Ricardo Márquez Blas por parte de la ministra presidenta: “¿en qué cabeza cabe contratar a uno de los brazos derechos de García Luna para ser como el jefe de oficina, jefe de oficina de la presidencia de la Corte?”
Asimismo, el presidente reprobó el manejo del presupuesto en el Poder Judicial, pues los ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral y consejeros de la Judicatura llevan cuatro años ganando cinco veces más que él, en franca violación de la Constitución Mexicana. “¿Qué, no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad, si además del presupuesto y del aumento que están solicitando del presupuesto tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos? Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente, y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran”.
Acerca de la solicitud de presupuesto del Poder Judicial, el primer mandatario indicó que “no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso. ¡Cómo va a ser Suprema Corte de Justicia! Tienen ahí a Juárez. ¿Qué, no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía? ¿O en quiénes se inspiran? O sea, a ver, ¿quiénes son sus guías? ¿O es así el derecho, en abstracto? ¿No tiene que ver el derecho con la gente? ¿No tiene que ver el derecho con la justicia? ¿No tiene que ver el derecho con la honestidad?”
Por ello, consideró que el tema es muy importante. “Y nosotros no vamos a recortar su presupuesto, va a ser seguramente la Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados sí tiene facultad. Pero son capaces, y es lo que hay que ver, si aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o se amparan, buscan un recoveco, una interpretación”.
