El Gabinete de Seguridad informó que estos golpes a los criminales buscan fortalecer la lucha contra la delincuencia por parte del Gobierno de México
El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, compartió importantes avances en materia de seguridad durante la presente administración.
Hasta la fecha, se han desactivado exitosamente un total de mil 931 laboratorios dedicados a la producción de drogas químicas, lo que ha impedido la manufactura de aproximadamente 6 mil 964 toneladas de metanfetaminas. Este logro ha tenido un impacto económico considerable en las operaciones del crimen organizado, estimado en 1.7 billones de pesos.
Durante la misma presentación, Sandoval informó que en el transcurso de este sexenio, las fuerzas armadas han neutralizado 2 mil 803 artefactos explosivos improvisados.
Estos artefactos, fabricados a partir de tutoriales disponibles en redes sociales y utilizando pólvora comercial, son empleados por grupos criminales para delimitar su territorio y obstaculizar la entrada de bandas rivales, así como para dificultar las operaciones de las fuerzas de seguridad.
Estos artefactos han causado un total de 77 víctimas hasta la fecha, incluyendo 24 militares, 10 miembros de la Guardia Nacional, 31 agentes policiales y 12 civiles.
Sandoval destacó que la mayoría de estos dispositivos explosivos han sido ubicados en tres estados principalmente: Michoacán, con mil 411 hallazgos, seguido por Guanajuato con 664 y Jalisco con 396.
Estas herramientas no solo han sido encontrados en tierra, sino que también se han detectado en vehículos y drones.
Sigue la baja en homicidios, informa el Gobierno de México
Por su parte, la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, resaltó los avances en la disminución de homicidios durante esta administración. Con un registro de 2 mil 463 homicidios en julio, se ha alcanzado el nivel más bajo de incidencia de este delito en un mes de julio durante este periodo.
En el transcurso del sexenio, la incidencia de homicidios se ha reducido en un 19.9 por ciento, concentrándose mayormente en seis entidades: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán.
Estos logros representan avances significativos en el ámbito de la seguridad nacional y muestran los esfuerzos continuos para combatir el crimen organizado y garantizar la tranquilidad de la población en México.
Ciudad de México. El gobierno federal evidenció que el actuar de jueces, magistrados y del ministro Luis María Aguilar Morales ha impedido el avance en juicios o procesos penales contra grandes contribuyentes que deben millonarias sumas a la Hacienda Pública por concepto de impuestos por alrededor de 80 mil millones de pesos.
En la mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina, presentó tres casos donde las determinaciones de los togados han beneficiado a empresas y otros grandes contribuyentes para evitar que cumplan con sus obligaciones fiscales y pagar impuestos, con lo que se podría financiar obras públicas y ampliar programas sociales.
“Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo que equivale al presupuesto de Jóvenes Construyendo Futuro por tres años y medio o aumentar la pensión en 25 por ciento a todos los beneficiarios del programa de adultos mayores”.
Uno de los procesos, indicó el procurador, es el caso de “una empresa de gran tamaño”, de la que no dio nombre, con presencia nacional que fue fiscalizada en los ejercicios 2010, 2011 y 2013 con un adeudo de 25 mil millones de pesos, y a través del peso de esta firma, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ha sido omiso en resolver el asunto.
“Esta empresa abusando de su gran estructura corporativa ha operado diversas estrategias legales para imputar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”.
En este caso, agregó Medina, la Corte tiene un papel fundamental en las estrategias de la compañía, que ha solicitado de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos “con el pretexto que son novedosos y relevantes”, aun cuando de acuerdo al procurador ya existen jurisprudencias y antecedentes precedentes, que obligan a que el tema tenga que ser resuelto como lo han determinado ya tribunales colegiados por distribución de competencia por conforme a la Constitución.
Sin embargo, resaltó, los 25 mil millones de pesos de adeudo de esta empresa no han podido ser recuperados, por los diversos juicios interpuestos desde hace 13 años, retrasado los litigios.
“En particular, en los últimos 8 meses el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por esta empresa, pidió al pleno de la Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada. La SCJN ha sido omisa en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la resolución atenta no sólo contra la Constitución y contra la naturaleza misma de la SCJN que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos”.
Ante el mandatario federal, Medina expuso que frente a estas acciones del ministro, el gobierno federal presentará una queja en su contra por su actuar. “Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de la nación para beneficio de todos los mexicanos”.
Otro de los casos presentados por el procurador fiscal es el de 17 asuntos de grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México a más de 55 mil millones de pesos.
En estos “los jueces han retardado indebidamente la imposición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de por lo menos 54 mil millones de pesos de todos los mexicanos, en el 82 por ciento de estos casos integrantes del Poder Judicial han impedido que se abra la puerta al proceso penal y por tanto impedido que se haga justicia”.
Los togados, agregó, no citan a las audiencias iniciales y en ocasiones las han retrasado hasta 18 meses, y una vez que ésta se agenda, la difieren “una y otra vez, impidiendo que se sancione a los responsables y se recupere dinero publico”.
Un tercer caso es el de “cierta empresa del Bajío”, de la que tampoco dio nombre, que cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó un perjuicio por casi 300 millones de pesos a la Hacienda Pública.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Fiscalía General de la República han buscado por este caso llevar a juicio a los responsables de la evasión fiscal, pero este objetivo ha sido obstaculizado por el actuar del juez Eduardo Osorio Rosado, “que reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley.
“Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, pues sostiene que no está facultada para defender los recursos del pueblo y por ende desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal”.
Medina indicó que el juzgador también ha resuelto ignorando criterios y resoluciones previas de los tribunales de amparo y otros juzgados e incluso en contra de criterios de la SCJN.
“Los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones hasta el momento, pero esto lo lo exime de su responsabilidad. Ante ello trabajaremos para presentar una queja administrativa e incluso una denuncia, porque esta actuación podrían constituir delitos en contra de la administración de justicia”.
El Tren Maya es propiedad del pueblo de México, se financia con presupuesto público, es decir que no se ha contratado deuda ni tampoco se ha concesionado a empresas extranjeras, como sucedía en sexenios del periodo neoliberal, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.
El primer mandatario explicó que “se está haciendo en el sureste porque ahí tenemos todo este potencial turístico y cultural, pero es para todos los mexicanos y las obras –también esto hay que decirlo– no se están haciendo con crédito. Es presupuesto público; no se va a dejar deuda y también son obras públicas, son obras del pueblo, de la nación. El Tren no va a ser de una empresa extranjera, el Tren es de una empresa pública, es del pueblo, todo es del pueblo”.
Asimismo, recordó que esta obra será administrada por una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Añadió que se trata de la obra ferroviaria pública más importante en el mundo no sólo por el tiempo de ejecución, sino por el rescate del patrimonio cultural tan importante que se ha hecho, las tecnologías que emplea y la protección de la flora y fauna nativa.
López Obrador destacó que “por eso, en 5 años terminar mil 554 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya más estaciones, paraderos, caminos, puentes, viaductos, hoteles, parques naturales, rescate y conservación de todas las zonas arqueológicas, es algo excepcional y nos llena de orgullo y es para todo México, para todo el pueblo.”
El presidente de la República destacó la creación de viaductos y puentes atirantados por empresas constructoras participantes en el tramo 5 sur y la Sedena en los tramos 5 norte, 6 y 7 con el objetivo de cuidar cenotes, ríos subterráneos y cuevas. Y agradeció el apoyo de la mayoría del pueblo a favor del Tren Maya, que será inaugurado en diciembre de 2023.
Se trata de Uriel Carmona, quien mantuvo un enfrentamiento con Claudia Sheinbaum por los motivos del fallecimiento de la joven. La confrontación con Blanco.
Uriel Carmona Gándara, Fiscal del estado de Morelos, fue detenido por autoridades de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México en un operativo en conjunto con la Marina y la Policía de Investigación.
La Fiscalía informó que su aprehensión se da por su probable participación en los delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia.
«La Fiscalía CDMX informa que agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Marina, aprehendieron al servidor público Uriel «N», por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia», además las autoridades prometieron compartir más información en poco tiempo.
En su defensa, el Fiscal ha informado que aún no ha sido notificado de la razón de su búsqueda y de la presencia de las fuerzas de seguridad y consideró que su aprehensión sería un «acto arbitrario» contra el Estado de derecho ya que, comentó, cuenta con fuero constitucional.
Vale la pena recordar que Carmona se vio envuelto en la polémica en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, en su momento la Fiscalía de Morelos negó que esa fuera la causa del crimen, lo que generó que las autoridades de la CDMX atrajeron el caso y desató una guerra de declaraciones entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
El fiscal fue llamado a declarar ante el congreso local: «Niego categóricamente tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado o presente con los que protagonizaron este delito. Esos señalamientos no tienen sustento. Al parecer se trata de un tema de lo político», negó.
Ese no fue el único enfrentamiento que sostuvo Carmona, ya que el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco operó casi durante todo su sexenio para poder removerlo de su cargo, situación que hizo temblar a Graco Ramírez, ex gobernador de Morelos, por las denuncias de corrupción que hay en su nombre.
La #FiscaliaCDMX informa que agentes de @PDI_FGJCDMX, en coordinación con @SEMAR_mx, aprehendieron al servidor público Uriel “N”, por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia. En breve más información pic.twitter.com/HzZY8902KU
Hoy el Estado mexicano encara una campaña de desinformación que pretende vulnerar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, acusó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Al respecto, aseguró que los resultados de dicha indagatoria no tienen precedente e incluyen la detención de 14 integrantes del Ejército Mexicano, dos de ellos con rango de generales.
En un video publicado en sus redes sociales, el funcionario afirmó que el gobierno de México refrenda su compromiso por resolver el caso Ayotzinapa como un asunto de Estado, y que el principal objetivo es conocer la verdad de los hechos, dar con el paradero de los 40 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que faltan por encontrar y castigar a los responsables.
Por ello, anunció que a partir de esta semana se informará sobre todas las acciones realizadas en los últimos cuatro años por la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Esto, dijo, se hará como desde un principio: sin protagonismos, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y sus familiares.
Encinas Rodríguez destacó que desde el inicio de los trabajos investigativos de este gobierno, los padres y madres de los normalistas pidieron a las autoridades federales atender cuatro ejes fundamentales en la investigación: 1) la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos; 2) la investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco, Guerrero, por policías federales, municipales y ministeriales; 3) el análisis de la red de telefonía celular; y 4) el trasiego de droga de Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, como posible móvil de la agresión.
“Todos estos temas han sido atendidos. Hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de distintos grados, entre ellos, dos generales. Sobre los hechos relacionados en el municipio de Huitzuco, están detenidos siete policías municipales; seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, todos sujetos a proceso penal”, detalló.
El subsecretario expuso que también se realizó el análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas que permitió la depuración de 84 mil registros de las llamadas realizadas el 26 y 27 de septiembre de 2014 –noche-madrugada en la que ocurrió la desaparición de los normalistas rurales–, así como el mapeo y geolocalización de 116 números que son de vital importancia para derribar por completo la “verdad histórica” que construyó el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hoy encarcelado por estos hechos.
Acerca del trasiego de drogas, Encinas indicó que ya se cuenta con testimonios y pruebas que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y hoy dichas personas se encuentran detenidas por delincuencia organizada y otros delitos.
El equipo de la Secretaría de Salud analizará el proyecto. La idea es que haya «hasta las medicinas más difíciles de encontrar».
Andrés Manuel López Obrador anunció hoy miércoles que analiza la creación de un banco de reservas de medicinas en la Ciudad de México para evitar que el país enfrente un desabasto.
«Para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer, que se tenga una especie de farmacia, un almacén con todas las medicinas del mundo en cantidades razonables», dijo en su conferencia de esta mañana.
Explicó que la idea es que, cuando falte un medicamento en un hospital se pueda acudir a este banco de reservas, en donde proyecta contar con todos los medicamentos, incluso «los más difíciles de conseguir en el mundo».
Explicó que apenas ayer pensó en esa posibilidad, luego de su conferencia en la que dedicó un gran espacio para rechazar las acusaciones de desabasto, asegurando que se trata de una campaña por parte de la oposición. Aunque al mismo tiempo reconoció que en algunos casos sí puede faltar medicamentos.
Ahora el proyecto de este banco de medicamentos, que estaría ubicado en la Ciudad de México, lo dejará en manos del equipo del secretario de Salud, Jorge Alcocer.
De esta manera, el presidente asegura que podrá cerrar su gobierno garantizando lo básico, sumado a sus programas sociales. «Se garantiza la alimentación del adulto mayor, pensiones, medicamentos y más médicos. Ya es un avance», aseguró.
En materia de salud “hay mucha charlatanería y mucho afán de lucro en todo lo relacionado con las enfermedades”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y agregó: “uno de los cárteles más lucrativo que hemos enfrentado es el cártel de las medicinas. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se robaban. Increíble, se robaban hasta el dinero de las medicinas”.
En su conferencia matutina, indicó que era mucho el dinero público que se destinaba a los 10 distribuidores que controlaban el mercado: “como 200 mil millones de pesos al año, entre medicamentos, equipos, y todo esto lo manejaba un grupo de traficantes de influencia y de políticos corruptos”.
Por ello, el primer mandatario llamó al pueblo de México a tener mucho cuidado cuando escuchen o vean campañas mediáticas relacionadas con temas de salud, tipo las que han circulado sobre supuestos desabastos de medicamentos o estigmatización de vacunas.
López Obrador consideró que el enojo de sus adversarios se debe también a que se les acabó ese negocio de las medicinas, que orquestaron al amparo del poder público. “Eran miles de millones de pesos se robaban, tenían el control por completo, de arriba a abajo, al grado que no podíamos comprar medicamentos en el extranjero. ¿No les parece raro que por un lado se esté hablando de libre mercado y por el otro se cierra el mercado para que sólo se compren las medicinas a 10 empresas, ni siquiera a laboratorios, distribuidoras vinculadas con el poder?”
Asimismo, criticó que esos mismos políticos y empresarios que integran el cártel de las medicinas estaban metidos en los “medios de manipulación, con honrosas excepciones. Un gran negocio. Entonces, cada vez que sale una nota así hay que verlo con desconfianza o de manera precavida. Y más, si se difunde ampliamente. O sea, cuando es así como boletín, que aparece en todos los medios [hay que cuestionar]: ‘¿y estos qué buscan ahora? ¿Qué quieren?’”
Recordó el grave problema de adicción al fentanilo que ahora enfrenta Estados Unidos se derivó de un laboratorio farmacéutico: “creó un analgésico adictivo que causó un daño tremendo, una droga. Hicieron miles de millones de dólares de ganancia, y no sé la cantidad, pero se habla de que ganaron 100 mil millones de dólares y los multaron con 30 mil millones de dólares; de todas maneras, se ganaron 70 mil millones de dólares a costa de la pérdida de miles de vidas. No, es que por eso siempre hablo de delincuencia organizada y de delincuencia de cuello blanco. Y si me dices: ‘¿Cuál es el peor?’, diría: son iguales. Porque la delincuencia de cuello blanco, entre otros males, no pierde ni siquiera su respetabilidad, se hacen pasar como empresarios, como hombres de negocios y, por el lucro causan daño a la sociedad. Pero lo ven como un negocio, y eso pasa mucho en todo lo relacionado con la medicina”.
El titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno ha actuado de manera responsable en materia de adquisición de medicamentos y equipos para el sector salud. “Los médicos especialistas del sector salud, los que dirigen la Secretaría de Salud son personas honestas, profesionales, de lo mejor que hay en el país. Este señor [indicó en referencia al doctor Jorge Alcocer, secretario e Salud] es premiado como Premio Nacional de Ciencia, es uno de los investigadores de México más importantes del país y del mundo en su materia, pero sobre todo es un hombre honesto, no tiene nada que ver con estos médicos que se han hecho inmensamente ricos de la noche a la mañana, nada que ver”.
Ante la nueva campaña de desprestigio hacia las vacunas contra Covid-19 desarrolladas en México (Patria) y Cuba (Abdala), López Obrador dijo que las personas nunca han sido impedidas a que accedan a otras marcas mediante la iniciativa privada. Pero añadió que “no hay ninguna necesidad porque nosotros tenemos vacunas y son vacunas certificadas, y es gratuito. O sea, ¿para qué se va a poner otra vacuna si tiene el mismo efecto?, sólo porque se va a ir a pagar”.
Y criticó a “los conservadores corruptos, los que tenían el negocio de la venta de las medicinas y de las vacunas, que ya no pueden robar, [que] están insinuando que la vacuna Abdala, de Cuba, no sirve. Pues no es cierto. Es como cuando se aplicaba la vacuna de Rusia o la vacuna de China, Sputnik, decían: ‘No’. Hay tanta ignorancia, con todo respeto, en ciertos sectores –no estoy generalizando– del conservadurismo que llegaban a decir: ‘me van a vacunar el comunismo, me van a poner el comunismo’. Mucho atraso”.
El presidente López Obrador consideró que esas personas sólo hacen el ridículo. “Y en política se puede hacer todo, menos el ridículo. O sea, es de burla. Si por eso yo me divierto también, no crean que todo es informar, informar, informar, y claro, cumplir con el deber y todo, pero también tiene uno sus momentos de gozo. Es de ver, pero también es a veces reírse, porque son pero muy elementales, muy atrasados. Pero así es esto”.
Bajo el mismo esquema financiero que usó Genaro García Luna, Roberto Madrazo se respaldó para extraer recursos públicos, haciendo uso de sus contactos políticos, quienes le permitieron recibir al menos 7 mil 300 millones de pesos mediante adjudicaciones directas o licitaciones públicas con gobiernos estatales.
Según una investigación de Zósimo Camacho para Contralínea, lo que Madrazo recibe de parte de estos turbios entramados, es dispersado, en parte, en proyectos del interés del grupo político y económico al que pertenece.
Como ejemplo, menciona al portal Latinus, con la intermediación de hasta cuatro empresas, y La Nota es la Nota SC, de Carlos Loret de Mola. Ambas empresas habrían recibido de parte de la red de Madrazo más de 100 millones de pesos.
Mientras que García Luna armó una red de empresas para recibir contratos del Gobierno Federal y de los estatales en materia de Seguridad, Madrazo lo hizo para extraer recursos desde el sector salud.
Y, de la misma manera en que el Gobierno de México lleva a cabo un juicio ante la corte de Miami, en Estados Unidos, para recuperar los más de 600 millones de dólares desfalcados por García Luna, lo hará para recuperar los recursos públicos que extrajo la red de Madrazo.
Gobiernos y contratos
Según Camacho, tan solo el gobierno de Michoacán, bajo la titularidad de Silvano Aureoles, entregó más de 4 mil 500 millones de pesos a nueve empresas ligadas a la red de Madrazo.
Según lo publicó Contralínea en marzo de 2022, las mismas empresas facturaron otros 500 millones de pesos de 10 gobiernos más y, según nueva información, se habrían obtenido al menos otros 2 mil 300 millones de pesos a través de siete compañías que hasta ahora aparecen en el entramado:
Diseño de Salud Integral SA de CV
Solid Mind Leasing Ltd SA de CV
Zdenko SA de CV
Thomasant Group SA de CV
Instrumedical SA de CV
Dicipa SA de CV
Citesco Solutions
Estas empresas habrían firmado contratos principalmente en el Estado de México bajo el Gobierno de Alfredo del Mazo Maza.
Diseño de Salud Integral
Entre 2018 y 2020 recibió casi 1 mil 900 millones de pesos, principalmente en contratos con los gobiernos del Estado de México, Michoacán, Chiapas e Hidalgo.
Thomasant Group, Zdenko e Instrumedical
Recibieron una propuesta conjunta para la adjudicación de un contrato multianual 2021-2023 del servicio de anestesia para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).
Dicho contrato, a decir de la licitación pública llevada a cabo, se celebró por un importe total mínimo de 100 millones 712 mil 861.12 pesos y un importe máximo total por 167 millones 851 mil 762.20 pesos.
Dicipa
Recibió en diciembre pasado la adjudicación de un contrato bianual 2023-2024 para prestar el servicio de ciclos de hemodiálisis en el mismo Issemym. El fallo de la licitación indica que el monto mínimo del servicio es de 145 millones 45 mil 8 pesos y el máximo de 241 millones 740 mil 288 pesos.
En marzo de 2021, el periodista Álvaro Delgado reveló que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola -hijo y yerno de Roberto Madrazo- son quienes financian Latinus.
Luego, el portal digital SinEmbargoMX dio a conocer los nombres de las primeras empresas de la trama: BCG Limited Consulting SA de CV; Digital Beacon Programatic Services SA de CV; Hova Health SA de CV y Samedic SA de CV.
Más tarde, otros periodistas dieron a conocer más nombres de empresas:
Movimedical SA de CV
Medckin SA de CV
EPG Digital SA de CV
Comercializadora Anel SA de CV
Medalfa SA de CV
Todas estas empresas aparecen en el entramado detectado por la UIF.
Operadoras de Latinus
La empresa que registró a Latinus, BCG Limited Consulting SA de CV, recibió de Samedic SA de CV, en 2020, 5 millones 673 mil 787 pesos. También recibió 555 millones 985 mil 864 pesos, entre 2016 y 2018, de Servicios de Salud del Gobierno de Michoacán.
A su vez, Samedic destinó en 2017 155 millones 189 mil 245 pesos a Hova Health Sa de CV, donde aparece como accionista Nickin Gaxiola.
Servicios de Salud de Michoacán también destinó, entre 2016 y 2021, 403 millones 442 mil 850 pesos a Movimedical SA de CV, de la que Nickin Gaxiola es representante legal. Dicha empresa le transfirió a Federico Madrazo Rojas, 14 millones 213 mil 430 pesos de 2016 a 2019.
Madrazo Rojas también aparece como accionista de Grupo Madnick SA de CV, donde Nickin Gaxiola es representante legal.
En 2016, Madrazo Rojas recibió 3 millones 146 mil 852 pesos de Medckin SA de CV. El hijo del priísta también es accionista de Consultores Inmobiliarios Mafer SA de CV, y de Consultores y Asesores del Este.
En 2017, Servicios de Salud Michoacán transfirió 165 millones 828 mil 961 pesos a Solid Mind Leasing Ltd SA de CV, donde es accionista Christian González Guadarrama, quien también es representante legal de BCG Limited Consulting SA de CV.
Entregas a Latinus
Camacho también explica que, entre 2018 y 2020, se habrían trasladado 107 millones de pesos a una de las controladoras de Latinus: Digital Beacon. Todos, en su origen, serían recursos públicos.
Diseño de Salud Integral habría sido la empresa que más recursos trianguló a Latinus mediante Digital Beacon, aportándole 78 millones 500 mil pesos en ese periodo.
No obstante, los recursos de la empresa fueron captados, principalmente, de cuatro gobiernos estatales.
En ese par de años, indica, Diseño de Salud Integral recibió mil 893 millones 500 mil pesos de seis financiadoras:
Gobierno del Estado de México, de Alfredo del Mazo (876 millones de pesos)
Gobierno de Michoacán, de Silvano Aueoles (605 millones)
Gobierno de Chiapas, de Manuel Velasco y de Rutilio Escandón (293 millones)
Gobierno de Hidalgo, de Omar Fayad (49.9 millones de pesos)
Citesco Solutions (19 millones)
Otros financiadores menores (51.1 millones)
El resto de las fuentes de financiamiento, entre 2018 y 2020, de Latinus son:
El Partido Verde Ecologista de México, 7.7 millones
Gobierno de Sinaloa, 13.1 millones
Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, 3.6 millones
Coca-Cola, 1.7 millones
Servicios de Salud de Tamaulipas, 1.6 millones
Valuad Mercadotecnia y Comunicación, 330 mil pesos
Otros, 745 mil pesos
También habría habido transferencias por 46.3 millones entre dos controladoras de Latinus: BCG Limited Consulting y Digital Beacon.
La senadora del PAN y aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, Xóchitl Gálvez Ruíz, fue cómplice de la Ley Indígena de 2001, en la cual se traicionaron los acuerdos de San Andrés donde el Estado Mexicano se había comprometido en 1996 a reconocer la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, reveló el columnista de La Jornada, Pablo Martínez.
En el año 2001, Xóchitl Gálvez, quien hoy se presenta a sí misma como “indígena” era la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, postulada para el cargo por el expresidente Vicente Fox.
Estando en el cargo que se encontraba, era su responsabilidad mediar entre el gobierno del panista, que había dicho que resolvería la cuestión indígena en 15 minutos, y los pueblos indígenas.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Foto: Especial.
En 1996, después de un enfrentamiento con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Estado Mexicano reconoció la situación de injusticia y discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, comprometiéndose a entablar una relación igualitaria y respetar la autonomía de las poblaciones indígenas.
Esto formalizado mediante los llamados Acuerdos de San Andrés. No obstante, fue en 2001 cuando una iniciativa de ley que buscaba el cumplimiento de estos acuerdos llegó al Congreso liderado por el panista Diego Fernández de Cevallos. En el Congreso, la iniciativa de ley sufrió cambios drásticos y terminó por traicionar lo que los Acuerdos de San Andrés buscaban, pues negó la autonomía y autodeterminación indígena.
Sobre el tema, la otrora titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena admitió que que en la reforma en materia indígena se dejaron de lado “conceptos en los cuales se requiere profundizar”. Sin embargo, como narra Pablo Martínez: “el tiempo pasó y las demandas nunca se cumplieron”.
Xóchitl Gálvez, de la misma manera, defendió el trabajo realizado por Vicente Fox “en favor” de los indígenas y consideró injusto que no se le reconociera su esfuerzo al guanajuatense.
“Le apostó mucho a la paz, aun cuando todo el mundo le advertía que cedió demasiado. Yo invitaría a los compañeros indígenas primero a que hagamos este análisis y finalmente aceptar que el Congreso es un poder independiente”, dijo Gálvez.
En entrevista con el periodista Luis Hernández, Gálvez Ruíz reconoció que ella en lo personal no veía nada de malo en la iniciativa de ley. Sin embargo, aseguró que existía un desconocimiento de lo que era ser indígena, por lo que el tema de la autonomía “da calosfrío“. Nuevamente, aunque su labor fuera la de ser el vínculo entre el Estado y los pueblos indígenas, Gálvez no hizo por acabar con ese desconocimiento al que ella misma se refiere.
“Yo, Xóchitl Gálvez, en lo personal, no creo que haya nada malo en la iniciativa de la Cocopa que atente contra la nación. Pero eso no es lo que percibe todo mundo. He escuchado muchos comentarios de que los pueblos indígenas se quieren independizar. El tema de autonomía y autodeterminación les da mucho calosfrío. Hay un desconocimiento de lo que es un pueblo indígena”, dijo en la entrevista realizada en el 2000.
La hoy senadora incluso defendió que en la Cámara de Diputados no se podía “esperar a que venga Marcos” a la Cámara, y empezar el diálogo, había que avanzar, y eso, a decir de Gálvez, fue lo que se hizo. En su texto publicado en La Jornada, Pablo Martínez, culmina diciendo.
“La ex senadora Xóchitl Gálvez y el gobierno panista fueron cómplices de la ley indígena y la visión que tendría el Estado de los pueblos indígenas, y lo único que logró fue una reforma que buscaba a todas luces acrecentar la deuda histórica del Estado mexicano en el reconocimiento y autonomía de los pueblos indígenas, haciendo callar las luchas por los miles de muertos y desaparecidos que dejaron las matanzas de Acteal (Chiapas), Agua Fría (Oaxaca), San Salvador Atenco (estado de México), entre otras. Es increíble que una mujer indígena como Xóchitl Gálvez, que representa en el Senado al PAN, alzara el vuelo en los programas de entrevistas con la ley que metió debajo de la alfombra, la sangre de miles de movimientos indígenas para ganar simpatías hacia la candidatura.”
El presidente AMLO destacó que en EE.UU. se quiso eliminar el uso de seguros privados para el tema de salud y no se logró, tal y como lo propone la panista Xóchitl Gálvez.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió una propuesta de Xóchitl Gálvez, sin mencionarla explícitamente, relacionada con el pago individual de un seguro para los trabajadores del sector público.
El mandatario consideró que la propuesta carece de fundamentos y es equivocada, ya que sugiere un pago de 70 mil pesos, una cifra que supera considerablemente el salario promedio en el país.
Durante una conferencia, el presidente expresó que más allá de las inconsistencias financieras de la propuesta, es fundamental reflexionar sobre la mentalidad privatizadora que afecta lo público y lo social. Comparó este enfoque con el modelo aplicado en Estados Unidos, que intentó cambiar el expresidente Obama sin éxito debido a intereses poderosos y fuertemente influentes.
AMLO recuerda lo que se vivió antes con este sistema
El presidente AMLO destacó que este modelo neoliberal imperó en México durante 36 años, provocando la desaparición de aseguradoras públicas en favor de las privadas.
La referencia en abstracto a la propuesta “de una persona” surgió a raíz de una pregunta sobre los excesos cometidos por empresas con concesiones para operar el agua a nivel municipal.
El mandatario subrayó la importancia de revisar los contratos para asegurar que se cumplan adecuadamente y no sean contratos desfavorables.
AMLO también mencionó que la cancelación de los contratos es competencia de las autoridades estatales y en algunos casos municipales, limitando la intervención de Conagua en estas situaciones.
Asimismo, el presidente cuestionó el impacto de las privatizaciones en los trabajadores, señalando que estas acciones conllevan la desaparición de empresas públicas y despidos sin las liquidaciones correspondientes. En particular, mencionó excesos en concesiones de San Luis Potosí y Veracruz.
