Clara Brugada, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presumió una reunión con Omar García Harfuch, quien ganó la encuesta guinda pero quedó fuera por el principio de paridad de género que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE).
Tras el encuentro, la abanderada señaló que mientras “los de enfrente” se traicionan, en el movimiento de la Cuarta Transformación se ha fortalecido y avanzan en unidad. Afirmó que junto a García Harfuch construirán el segundo piso de la 4T en la CDMX y el país.
Mientras los de enfrente se pelean y traicionan, nuestro movimiento se ha fortalecido y avanza en unidad.
Trabajando en equipo @OHarfuch vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y el país.
“Mientras los de enfrente se pelean y traicionan, nuestro movimiento se ha fortalecido y avanza en unidad. Trabajando en equipo Harfuch vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y el país. ¡Clara que sí!”, expresó Brugada.
En su arranque de campaña, la precandidata morenista reconoció a todos los exaspirantes a la candidatura, pero hizo una mención especial a García Harfuch, quien fue recibido con una ovación por parte de los asistentes, pues se dio muestra de unidad en el movimiento para salir a las calles rumbo a la elección de 2024.
“Un gran reconocimiento al compañero Omar García Harfuch. Aquí estamos los 4, aquí estamos los que participamos en este proceso. Unidad, unidad, unidad. Aquí estamos, estamos unidos, más unidos que nunca y este gran movimiento el día de hoy sale fuerte y unido a las calles, a conquistar los corazones y la conciencia en esta gran ciudad. Muchísimas gracias, querido Omar García Harfuch», señaló Brugada en el evento ante la militancia.
Tras perder la precandidatura de Morena por la aplicación de las reglas de paridad, García Harfuch aceptó la decisión sin hacer mayor protesta, pese a que ganó la encuesta con una ventaja de casi 14% de las preferencias, sobre Clara Brugada, resultando en 40.5% y 26.7%, respectivamente.
Luego de la decisión, Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, abrió la puerta a Harfuch para que se sume a su equipo en búsqueda de la Presidencia de la República; además, Morena le ofreció ir por un escaño en el Senado, así como propuso a los aspirantes de las 9 entidades que quedaron en segundo lugar o fueron desplazados por el principio de paridad.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa y este 20 de noviembre publicó el decreto para reactivar los trenes de pasajeros en México.
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación se declara como “área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano”.
Por este motivo, se establece que las vías férreas concesionadas por el ex Presidente Ernesto Zedillo deberán dar preferencia al servicio para pasajeros, sin dejar de lado las actividades de carga.
Según el decreto, los concesionarios de las vías férreas privatizadas por Zedillo tienen hasta el 15 de enero de 2024 para presentar proyectos con el fin de brindar el servicio de trenes de pasajeros.
En caso de no hacerlo, el Gobierno de México podrá entregar las concesiones a las Fuerzas Armadas o a otros particulares interesados en operar las vías para trenes de pasajeros.
“En caso de que los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga no presenten propuesta viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido en la cláusula anterior, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina, que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec, o en su caso, a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los Servicios Ferroviarios y su Reglamento”, se advierte en el decreto.
Estas son las siete rutas de trenes de pasajeros que serán reactivadas:
El presidente mencionó que duplica funciones con la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía General de la República.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la ineficiencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y sugirió que el próximo gobierno lo desaparezca.
“¡Todos estamos obligados a aportar información! No haría falta ese aparato que es un florero”, comentó el presidente.
Durante su conferencia mañanera dijo que si alguien requiere datos sobre un tema en particular, para eso está la Secretaría de la Función Pública.
Insistió que el INAI muestra ineficacia en el combate a la corrupción, pues denunció que ocultó información importante en su momento, como fue el caso de la empresa Odebrecht.
Recordó que este instituto fue creado en el sexenio del expresidente Vicente Fox, debido a que la corrupción se consideró un delito grave.
Criticó el presupuesto que anualmente ejerce el INAI, incluso refirió que existen otras necesidades, donde se podría destinar este recurso.
Son casi mil millones de pesos lo que se destina a sus gastos, por ello el presidente remarcó que hay duplicidad de funciones con la Secretaría de la Función Pública.
Agregó que también está la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía General de la República, dependencias que tienen una labor similar y que trabajan más que el propio INAI.
Aprovechó para hablar también de la Fiscalía Anticorrupción, y dijo que el próximo gobierno tiene que reformar y eliminar lo que no requieran.
Entre enero y septiembre de este año, nuestro país ha recibido 32 mil 926 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), lo que representa 30% que el que se registró al tercer trimestre de 2022, donde hubo 25 mil 272 millones de dólares, según explicó la Secretaría de Economía.
Además, esta cifra representó un nuevo récord, siendo la más alta recibida desde que la dependencia tiene registro, es decir desde 2006.
La dependencia detalló que el crecimiento en el tercer trimestre de este 2023 es resultado de la confianza de los inversionistas extranjeros, gracias al buen ambiente de negocios y la estabilidad económica que tiene nuestro país.
En este periodo, Estados Unidos aparece como el principal socio comercial de México, con un 47%. Le siguen España (3.7%), Alemania (2.8%), Argentina (2.5%), Japón (2.4%) y Canadá (2.2%), así como Reino Unido, Países Bajos, Francia y Suiza.
Además, las cifras revelan que el 58% de la Inversión Extranjera Directa se localiza en cinco estados del país y que 53% de la IED corresponde al sector manufacturero, destacando industrias como:
Equipo de Transporte
Metales
Industrias de las Bebidas y Tabaco
Industria Química
Equipo de Computación
Aparatos Eléctricos
Del total de la IED presentada, 76% consistió en reinversión de utilidades, es decir, 24 mil 900 millones de dólares; el 8%, es decir 2 mil 800 millones, fue nueva inversión y, 16%, es decir, 5 mil 200 millones de dólares, se trató de cuentas entre compañías.
Para ponerlo en perspectiva, la Secretaría de Hacienda recordó que en 2013, cuando se vendió un importante porcentaje de las acciones de Grupo Modelo, se recibieron, en esos mismos tres trimestres, 28 mil millones de dólares.
Mientras tanto, en 2022, cuando se reestructuró Aeroméxico y Televisa se fusionó con Univisión, se captaron 32 mil 100 millones de dólares.
En el convenio de concertación que firmaron ayer en la noche el gobierno federal y Grupo México, por el cual se le restituye al Estado el control del llamado Tren Transístmico, la empresa propiedad de Germán Larrea se obliga a cubrir los costos de reparación y rehabilitaciones necesarias en los tres tramos que se devuelven formalmente a la federación.
De acuerdo con el documento, la filial Ferrosur, SA de CV, también se obliga a llevar a cabo medidas de remediación de los daños en materia ecológica y de protección al medio ambiente que se hayan originado durante el periodo en que tuvo bajo su posesión y operación los tramos ferroviarios: Coatzacoalcos-Medias Aguas, Hibueras-Minatitlán, y Coatzacoalcos-El Chapo.
El convenio de concertación apunta que tiene por objeto realizar la entrega-recepción ordenada y segura de dichos tramos ferroviarios y todas las instalaciones relacionadas con su operación en cuatro etapas.
Al respecto, se detalla que Ferrosur se obliga a cubrir los costos de las reparaciones y rehabilitaciones necesarias determinadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en esas cuatro etapas, a partir de la información que se recabe durante recorridos de verificación por los tres tramos –que harán tanto las autoridades como la empresa–, y de los estudios técnicos que se hagan.
El acuerdo al que llegaron la filial del Grupo México y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador establece un calendario, que incluye etapas ya ocurridas desde mayo de 2023 –cuando la Secretaría de Marina tomó control de las vías férreas consideradas estratégicas y de seguridad nacional– hasta el próximo 15 de diciembre. En esta última fecha se estima que el Estado mexicano tenga “control total” de los tres tramos por parte de la empresa de participación estatal mayoritaria Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV.
Por parte de Ferrosur, firmaron el convenio su director general Fernando López Guerra Larrea, y su director general de Administración y Finanzas, Isaac Franklin Unkind. Y por parte del gobierno, los secretarios Jorge Nuño Lara (Comunicaciones), Luisa María Alcalde (Gobernación), almirante José Rafael Ojeda (Marina); y el vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del organismo público desconcentrado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; y el capitán de navío Alan Tarsicio Cruz Saba, director general de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV.
La publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional (conocidos como alimentos chatarra) quedará prohibida dentro de los planteles escolares y sus inmediaciones, aprobó el Pleno del Senado de la República.
Con 86 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley General de Educación ya fue remitido al Ejecutivo federal. Éste establece que las autoridades educativas serán quienes promuevan –ante las autoridades correspondientes– que dicha prohibición se lleve a cabo de acuerdo con los criterios nutrimentales de la Ley General de Salud.
La minuta también propone que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas preparadas, procesadas y a granel dentro de las instituciones educativas. Y precisa que para la elaboración de dichos alimentos, se cumplirán las reglas nutrimentales que determine la Secretaría de Salud, mismas que deberán evaluarse y actualizarse al menos cada cinco años.
La reforma observa que quienes ejerzan los cargos directivos así como las autoridades escolares serán los responsables de la aplicación y vigilancia de las disposiciones, junto con la autoridad sanitaria. Asimismo, estarán a cargo de sancionar en el ámbito de sus competencias su incumplimiento.
De acuerdo con un comunicado del Senado, otro aspecto dela nueva reglamentación es que las cooperativas al interior de las escuelas deberán funcionar con la participación de la comunidad educativa, con el objetivo de que fomenten estilos de vida saludables. En este rubro, los legisladores sumaron a los establecimientos de consumo escolar, cafeterías escolares, comedores y máquinas expendedoras, o sus equivalentes.
También se planteó que la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, comprendan los criterios de sustentabilidad, la ausencia de conflicto de interés y la garantía del interés superior de la niñez.
Aunado a lo anterior, el proyecto sugiere que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios adecuen sus leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, en un plazo no mayor de dos años, para cumplir con la regulación de la venta de alimentos y bebidas naturales y preparados, saludables, sostenibles y de la región, así como el consumo de agua potable.
Para la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, por primera vez en la historia, desde el Senado se impulsan reformas para garantizar una alimentación sana, suficiente, sustentable y de calidad, desde su producción, distribución y consumo. “Hoy como nunca es imprescindible para el pueblo de México estar conscientes de que la política alimentaria es una responsabilidad y una obligación del Estado”.
La senadora refirió que la pandemia de Covid-19 “sacó a flote las pandemias ocultas” por la mala alimentación, así como las políticas alimentarias que el país no ha tomado como prioridad en la defensa de los derechos humanos de las niñas y los niños. Y advirtió que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, México vive una pandemia de azúcar y obesidad, pues siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso, así como cuatro de cada 10 niños. Por ello, indicó, es fundamental que en los entornos escolares se implemente una política alimentaria clara, definida, con una autoridad responsable, que determine los alimentos que pueden consumirse dentro de las escuelas.
“Retomamos el espacio de las escuelas como el espacio donde se enseña, se aprende y donde se genera una cultura y una consciencia de sana alimentación”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, la morenista Antares Vázquez Alatorre, afirmó que esta reforma refleja el interés de todos los Grupos Parlamentarios en el Senado para promover estilos de vida saludables en niños, niñas y adolescentes.
Derivado de estos cambios, consideró, se podrán prevenir problemas de salud pública, como diabetes, obesidad, hipertensión y una serie de enfermedades degenerativas, para ofrecer un nuevo modelo de consumo y cuidado para las y los estudiantes.
En tanto, la senadora priísta Beatriz Paredes Rangel señaló que la obesidad es uno de los problemas más severos para la niñez, por lo que es indispensable, además de fomentar buenos hábitos alimentarios, fortalecer la disciplina del ejercicio y la educación física, “porque no sólo genera organismos mucho más sanos, sino que propicia el trabajo en equipo y el sano entretenimiento”.
Al respecto, la senadora María Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, dijo que más de 24 millones de menores de edad se encuentran expuestos a alimentos chatarra que se venden en las escuelas, lo que repercute de forma negativa en su salud y calidad de vida.
En el país se trabajan 2 mil 128 horas al año en promedio, lo que posiciona a la base trabajadora del territorio nacional como la población que más horas dedica al empleo en el mundo.
El debate sobre reducir la jornada laboral generó un encontronazo entre las cámaras empresariales, que alertan que esta reforma es inviable para el sector formal, y organizaciones civiles que pugnan para dar celeridad a esta discusión y saldar una deuda histórica de más de 70 años con los trabajadores.
La discusión se centra en dar una mejor calidad de vida a los mexicanos y elevar su productividad, pues se ha documentado que desde hace varios años la fuerza laboral de México presenta síntomas de fatiga y secuelas a causa de la sobrecarga en los centros de trabajo.
La propuesta de reformar la Ley General del Trabajo (LFT) emergió en la Cámara de Diputados a petición de las fracciones parlamentarias de Morena y Movimiento Ciudadano ante la presión de diversos sectores del país para mejorar las condiciones actuales y la caída del poder adquisitivo de la población.
Diputados de ambos grupos parlamentarios han expuesto la necesidad de transitar a un nuevo esquema de trabajo, el cual permita ofrecer mayor tiempo de descanso a las personas que se emplean.
La situación no es para menos: México es el país donde se trabaja más horas al año y uno de los peores en desempeño laboral.
El margen que tiene el país con respecto a otras naciones es abismal, por ejemplo: cada mexicano trabaja 757 horas más que los ciudadanos de Dinamarca, quienes promedian mil 380 horas al año.
💼 #IndigoTrends | Legisladores aprobaron pasar al pleno la iniciativa para reducir la jornada laboral, que establece que por cada cinco días trabajados, se den dos de descanso; se espera que pronto comience su discusión. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/b0Ls4Q4MYK
Mientras tanto, las naciones que conforman la OCDE promedian un total de mil 716 horas dedicadas al trabajo al año, es decir, 412 horas menos de lo que promedia un mexicano en la actualidad.
De este contexto surge la reforma que se discute en la Cámara de Diputados que propone como máximo una jornada laboral de 40 horas a la semana, es decir, ocho horas menos de lo que establece la ley, lo que ha generado una serie de advertencias por el sector empresarial.
Es la misma OCDE la que revela que los trabajadores nacionales tienen una de las peores tasas de aportación económica por persona.
Para dimensionar este efecto, cada mexicano aporta en promedio a la economía nacional 18.9 dólares por cada hora de trabajo, cuando la contribución por empleado, en otras naciones, es hasta siete veces más alta.
Varios creen que los salarios chinos siguen siendo inferiores a los mexicanos.
No, son mayores.
A China no se le compite con salarios deprimidos, sino con política industrial, bienestar + productividad laboral e innovación en alta tecnología. pic.twitter.com/bK2HwF4cAH
Rodrigo Cordera, consejero nacional de Movimiento Ciudadano (MC), explica que este fenómeno se debe a la falta de descanso y la excesiva carga que enfrentan diariamente.
En entrevista con Reporte Índigo, el emecista sostiene que la propuesta para acortar la jornada laboral de 48 a 40 horas y dar dos días de descanso a la semana tiene como objetivo central beneficiar a los trabajadores y empresas del país y no tiene nada que ver con una medida “populista”.
“Llevamos más de 40 años sufriendo un modelo económico que privilegia al capital, a la riqueza y deja en vilo la dignidad humana. La fórmula que México ha empleado es una que no genera crecimiento parejo, no nos hace más productivos ni nos ha traído un bienestar generalizado”, precisa el consejero de MC.
Los ‘peros’ de la IP
Ante el avance de esta reforma y la buena aceptación que ha tenido entre la ciudadanía el planteamiento de reducir la jornada laboral, la iniciativa privada advirtió que esta reforma pondría en riesgo la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional.
Líderes empresariales de diferentes cámaras del sector alegan que disminuir el horario de trabajo perjudica principalmente la operación de diversos sectores en el país y que, incluso, se fomentarían la informalidad y los despidos a mediano plazo.
Una de las cámaras empresariales más importantes de México como lo es la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechaza esta medida al considerar que no es el momento de quitar horas a los trabajadores.
La Coparmex insiste en que la iniciativa privada no se opone a la reducción de la jornada laboral, pero advierte que, en caso de que prospere esta propuesta en el Congreso de la Unión, se corre el riesgo de perder competitividad.
A pesar de que los datos oficiales reflejan el deterioro de la fuerza trabajadora mexicana en cuestión de salud mental y fatiga en los últimos años, empresarios y líderes de cámaras industriales del sector advierten que una reforma de esta naturaleza les impactaría de mala manera. Foto: Especial
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), más de 8 millones de personas destinan más de 56 horas a la semana a su empleo y la reforma no los ayudaría debido a la naturaleza de sus actividades.
Los comerciantes, trabajadores industriales y operadores de transporte son los tres sectores que trabajan más de las horas permitidas. Esto se debe en gran medida a los sueldos que perciben, los cuales no superan los diez mil pesos mensuales.
Estos argumentos han sido utilizados también por otros patronatos en el mundo. En España, por ejemplo, se puso a discusión reducir la jornada de trabajo de 37.8 a 37.5 horas a la semana.
De igual manera, la tendencia a nivel mundial apunta a jornadas laborales más cortas en beneficio de empresas y trabajadores. En Europa, incluso se ha comprobado que las personas son capaces de producir lo mismo o más en menos tiempo.
Pese a ello, la resistencia a esta propuesta crece en México, prueba de ello es el rechazo por parte de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cual llama a no politizar esta propuesta de reforma pues dice que dejará una merma de 105 millones de horas semanales.
Empresarios rechazaron reducir jornada laboral a 40 horas por ser peligroso para la economía 👇https://t.co/QSUZv18rQe
En paralelo a la discusión sobre poner un menor límite las horas trabajadas por los mexicanos, se lleva a cabo un Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados con el objetivo de analizar esta propuesta y que especialistas de diferentes sectores desahoguen sus puntos de vista tanto a favor como en contra.
Empresarios y otros representantes de la Iniciativa Privada han coincidido en que se ha velado siempre por los trabajadores, prueba de ello, afirman, es la aprobación del aumento del salario mínimo, el incremento de 6 a 12 días de vacaciones y la reforma del outsourcing.
Empresarios y representantes de la clase obrera en México han expuesto diversas opiniones sobre los posibles impactos que las reformas laborales para reducir la jornada tendrían en el sector formal. Foto: Especial
Sin embargo, el planteamiento de acortar los esquemas de trabajo ha generado ruido en varias industrias que consideran que, en caso de que se apruebe esta reforma a la ley sin un análisis de fondo, traerá consecuencias irreversibles para el sector productivo del país.
Alma Paz, consultora en Recursos Humanos y quien participó en el Parlamento Abierto que organizó San Lázaro, precisa que las empresas enfrentan una crisis de reclutamiento y rotación de personal debido a la falta de condiciones laborales que ofrecen y también a la hipervigilancia que existe sobre los empleados.
“Hay personas que se encuentran completamente quemadas ante la excesiva carga de trabajo que enfrentan. Esto se debe en gran medida a que varios sectores productivos exponen a sus empleados a jornadas laborales inhumanas y a veces ofrecen solo un día de descanso a la semana”, precisa.
La especialista relata que ha recibido decenas de denuncias de explotación laboral y las secuelas que padecen los trabajadores a raíz de la precariedad que se vive en diversas empresas.
Presionan para acelerar debate
Durante la tercera sesión del Parlamento Abierto que se realizó esta semana, la legisladora por Morena, Susana Prieto, acusó a los empresarios de poner resistencias a esta reforma y aseguró que existe entre ellos una especie de “sordera selectiva”.
En contraste, la empresaria Irma León, representante de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, afirmó que las pequeñas empresas tendrían un impacto en el costo de producción de entre el 15 y el 20 por ciento.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), precisa que 27 por ciento de los trabajadores del sector formal en México tiene una jornada extendida de más de 50 horas a la semana.
La iniciativa del Ejecutivo para atender a los damnificados por el huracán ‘Otis’ incluye la exención del pago de impuestos, un adelanto de programas sociales y créditos, así como la entrega de electrodomésticos y despensas.
A una semana de que el huracán Otisarrasó las costas de Acapulco, Guerrero, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado un plan de reconstrucción que contempla la exención en el pago de impuestos, el desembolso de ayudas sociales, créditos, así como la entrega de electrodomésticos y despensas para los miles de damnificados en la zona. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó este miércoles en la conferencia de Palacio Nacional de que la iniciativa tendrá un coste de 61.313 millones de pesos [unos 3.432 millones de dólares]. “Contamos con presupuesto para financiar todas estas necesidades, estos programas; afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas”, aseguró el presidente López Obrador esta mañana en su habitual conferencia matutina.
Otis, de categoría 5, arrasó con más de 7.000 hectáreas de construcciones, dejando un saldo oficial, hasta el momento, de 46 fallecidos y 59 desaparecidos y miles de damnificados y daños económicos estimados en más de 15.000 millones de dólares. Acapulco, una de las joyas del Pacífico mexicano, sigue en vilo entre los escombros, la tierra y el lodo, apenas con un hilo de luz, de internet y sin comercios ni bancos, los habitantes aguardan que esos más de 19.000 militares que están desplegados en la zona redoblen el paso en las tareas de limpieza y remoción de escombros. El paraíso turístico mexicano ansía volver a brillar.
El secretario Ramírez de la O detalló que el programa de reconstrucción incluye el adelantamiento del pago de pensiones, la prórroga por seis meses en el pago de Infonavit, Fovissste y del seguro social, IMSS, se duplicarán las becas para educación básica; la exención en el pago de servicios de luz se extenderá de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Además de la entrega de una canasta básica semanal para 250.000 familias durante los próximos tres meses.
La iniciativa también contempla el apoyo para todas las viviendas afectadas en Acapulco con unos 8.000 pesos para limpieza y pintura, y para las más afectadas un desembolso de 35.000 hasta 60.000 pesos, según el grado de daño que hayan tenido los domicilios. De acuerdo con el Ejecutivo, el censo lleva hasta el momento de una cuenta de 50.000 casas. Habrá apoyo para locales dañados por 45.000 pesos. Se entregarán 20.000 créditos a la palabra de 25.000 pesos por parte de la Financiera del Bienestar a pagarse a tres años y por parte de Nacional Financiera también habrá préstamos para las pequeñas y medianas empresas. También se prevé que 367 hoteles puedan pagar solo la mitad de los intereses de sus créditos comerciales de reconstrucción, la otra mitad la asumirá la Secretaría de Hacienda.
El desembolso también debe destinar parte de los recursos a cuarteles de la Guardia Nacional en las colonias más afectadas por el huracán Otis. Una parte de estos recursos, además, se destinarán a la rehabilitación de la infraestructura carretera; a la contratación de 10.000 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para tareas de reconstrucción en el puerto; a la entrega de paquetes de enseres domésticos; la recuperación de infraestructura de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el apoyo a más de 34.000 productores y pescadores.
Estragos causados en Acapulco, Guerrero, por el impacto del huracán ‘Otis’. Foto Alfredo Domínguez.
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ante la propuesta que lanzó el martes para lograr un acuerdo al Poder Judicial de la Federación (PJF) en busca de que los 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos que avaló el Congreso de la Unión desaparecer, se destinen a ayudar a los damnificados de Acapulco por el huracán Otis.
“Miren la actitud de la presidenta de la Suprema Corte, muy bien su respuesta. Claro que tenemos diferencias, pero por encima de las diferencias debe prevalecer siempre el interés general, el interés del pueblo. Celebro lo que decidieron, que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.
Consultado sobre el amparo concedido por un juez federal para que dichos fideicomisos no puedan ser reintegrados a la tesorería de la federación por el momento, el titular del Ejecutivo federal apuntó que “ese es otro asunto” que, confió, se resolverá en las instancias correspondientes, pero insistió que “la decisión importante es el que por escrito, la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos”.
El tabasqueño adujo que, “debe de haber varios, muchos enojados con eso”, y consideró que habrá quienes “deben de haberse sentido traicionados, porque apuestan al pleito, porque, cómo es que la presidenta cede cuando debería de seguir atacando, porque sus intereses son otros”.
No obstante reiteró: “Lo importante es que ayer hago un planteamiento y ayer mismo, para mí, de manera responsable, hay una respuesta de la presidenta de la Corte. Hasta ahí me quedo, y lo celebro por el bien de todos”
En tanto, acotó que si por algún motivo no se aportan los 15 mil millones de pesos, “nosotros tenemos los recursos para apoyar a los damnificados, pero sería muy bueno, un buen gesto, el que esos recursos se apliquen para apoyar a la gente, al pueblo que lo necesita”.
Para la coordinación con los Poderes Judicial y Legislativo, el presidente designó a la titular de la Secretaría de Gobernación para que, apoyada con el Secretario de Hacienda, a partir de hoy busquen la comunicación con la presidenta de la SCJN y con representantes del Congreso para concretar un acuerdo.
Durante la conferencia de prensa matutina se dio a conocer que los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados enviaron un oficio al presidente de la República, firmada por el panista Jorge Romero como presidente de la Junta de Coordinación Política y los coordinadores de las bancadas, con el que confirman que se adhieren a la propuesta para destinar dichos recursos a Acapulco.
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial a fin de que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos con los que contaba y que el Congreso determinó cancelar se asignen a un fondo para apoyar a los damnificados de Acapulco. Foto Alfredo Domínguez.
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial a fin de que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos con los que contaba y que el Congreso determinó cancelar se asignen a un fondo para apoyar a los damnificados de Acapulco. Al señalar que esto agilizará la asignación de estos recursos sin esperar un litigio legal con la decisión, con la posibilidad de que el Poder Judicial forme parte del consejo que vigilará el ejercicio de estos recursos.
Durante su conferencia, el mandatario sostuvo que este acuerdo permitiría destrabar procesos administrativos y agilizaría esta asignación porque de lo contrario habría que esperar la aprobación y publicación del presupuesto y aguardar si no hay recursos legales contra esta aprobación.
López Obrador retomó la polémica en torno a los fideicomisos y la posibilidad de que se promueva una controversia constitucional, solicitando que se respete la decisión de los senadores y diputados. “No pueden corregirle la plana del poder judicial en algo que tiene que ver con ingresos y presupuesto. Eso le corresponde al Poder Legislativo. Si ya decidió el Congreso que esos fideicomiso son abusos, un fondo de privilegiados y ese dinero puede usarse en beneficio de la gente. ¿Cómo van a alegar que actuó mal el Poder Legislativo?”
López Obrador dijo que la desaparición de estos fideicomisos no impactaría en el presupuesto de 2024 del Poder Judicial, porque solicitaron 84 mil millones de pesos. Sin embargo, más adelante, consideró que Con base en la partida asignada, se reducen los salarios de los altos mandos del Poder Judicial que violan la Constitución (porque perciben más salario que el Presidente), podrían reducirse los ingresos y compensaciones a ministros y altos funcionarios.
Con ello, consideró, se podrían acumular entre 2 mil y 3 mil millones de pesos, que se podrían destinar a becas para estudiantes pobres (que era la propuesta original que había hecho con los 15 mil millones de pesos antes del impacto en Guerrero, del huracán Otis).
