En medio de la agitación política en Coahuila, se ha desatado una controversia sobre las acusaciones falsas dirigidas hacia Morena, partido político, respecto al reciente plantón en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) relacionado con la elección de rector.
Las autoridades estatales han estado bajo el escrutinio público después de que medios oficiales fueran señalados de llevar a cabo labores de inteligencia para el gobierno de Manolo Jiménez, al parecer con el propósito de señalar presuntos implicados en la organización del plantón en la UA de C.
Desde el lado de Morena, se ha rechazado categóricamente cualquier participación en los eventos que llevaron al plantón en la universidad. Se ha insistido en que las acusaciones son infundadas y forman parte de una estrategia de desprestigio por parte de los sectores políticos opuestos.
Los medios oficiales, por su parte, han sido objeto de críticas por su supuesta parcialidad y por su papel en la propagación de información que podría tener motivaciones políticas. Se ha solicitado una investigación imparcial para determinar si realmente han estado involucrados en actividades de inteligencia en nombre del gobierno estatal.
Mientras tanto, la comunidad universitaria de la UA de C ha expresado su preocupación por la politización de la situación, destacando la importancia de mantener la autonomía universitaria y el respeto por los procesos democráticos internos en la elección de su rector.
Ante la creciente tensión y la polarización política, se espera que las autoridades competentes tomen medidas para esclarecer los hechos y restablecer la confianza en las instituciones gubernamentales y en los medios de comunicación.
Diego del bosque, presidente de Morena Coahuila declara lo siguiente
Hacen un llamado al diálogo
Hacemos un llamado al diálogo y la prudencia en el conflicto de la UAdeC y reafirmamos, morena no está detrás de las protestas estudiantiles. ¡Dejen de mentir!
Por décadas, Altos Hornos de México (AHMSA) fue el motor económico de las regiones centro y carbonífera de Coahuila. La empresa siderúrgica aportaba el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado y sus exportaciones superaban los 61 mil millones de dólares en 2019.
Sin embargo, una serie de factores, entre ellos el escándalo de corrupción de Agronitrogenados, la pandemia de COVID-19 y la deuda que la empresa adquirió con el gobierno federal, llevaron a AHMSA al borde de la bancarrota.
En 2023, AHMSA se comprometió a vender las acciones de la empresa y a pagar 230 millones de dólares a Pemex como compensación del daño por la venta de una planta chatarra de fertilizantes a sobreprecio. Sin embargo, el pasado 30 de noviembre, la empresa incumplió con el pago de 112 millones de dólares como abono del acuerdo reparatorio.
Esta situación ha impedido que capital fresco ayude a solventar la crisis financiera del consorcio acerero. Como consecuencia, AHMSA acumula un adeudo de más de 10 mil millones de pesos con sus trabajadores, proveedores y acreedores.
El incumplimiento de AHMSA con el pago a Pemex ha tenido un impacto negativo en la economía de Monclova, la ciudad más importante de la región centro de Coahuila. La empresa genera alrededor de 17 mil empleos directos en los municipios de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura. Alrededor del 40% de la economía productiva de la zona depende de AHMSA.
“El flujo de dinero, por día, que se mueve en AHMSA es impresionante, estás hablando de millones de dólares, entonces efectivamente le da una gripita a AHMSA y levanta a todos, es por eso la importancia de esta empresa”, dijo Alejandro Loya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Monclova.
La crisis de AHMSA amenaza con provocar un colapso económico en la región. Los trabajadores de la empresa se encuentran en paro y las empresas proveedoras están en riesgo de quebrar.
“De una manera u otra forma debe de resolverse esa situación, por el bien de la economía del estado, por el bien del costo del acero a nivel nacional a nivel, donde tú sabes que el estado de Coahuila es gran parte metal-mecánico, y el precio del acero es fundamental para todos nosotros”, dijo Alejandro Gutiérrez, presidente de Canacintra en Torreón.
El gobierno federal ha ofrecido su apoyo a AHMSA para evitar su cierre. Sin embargo, hasta el momento, no se ha concretado ninguna solución.
La crisis de AHMSA es un problema complejo que no tiene una solución fácil. La empresa enfrenta una deuda millonaria y una disputa legal con Pemex. Sin embargo, es urgente encontrar una solución para evitar un colapso económico en la región centro de Coahuila.
Algunos están en busca de cargos de elección popular para el proceso electoral de este año
El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, Homero Flores Mier, dio a conocer que esa instancia cuenta con 300 denuncias en contra de funcionarios municipales tanto activos como de administraciones anteriores, a las cuales se está dando seguimiento mediante la recabación de pruebas e indicios que pudieran demostrar la participación de estos servidores públicos en diferentes hechos de corrupción, en cuyo caso se llevará a cabo la aplicación de la ley en forma contundente, según manifestó.
El Fiscal Anticorrupción señaló que estos casos corresponden en su mayoría a municipios ubicados en las regiones Sureste, Laguna, Centro y Norte del estado y están relacionados con la comisión de delitos que incluyen contrataciones ilícitas, enriquecimiento ilícito, peculado y desvío de recursos.
Homero Flores Mier dijo que incluso algunos de estos funcionarios están en la búsqueda de contender por diferentes cargos de elección popular dentro del proceso electoral de este año, lo que aseguró, no les garantiza ningún tipo de inmunidad, e indicó que en caso de que llegara a determinarse contra ellos la vinculación a proceso, se aplicarán medidas cautelares, que pueden ir desde una prisión preventiva, el uso de brazalete electrónico, o la prisión preventiva dependiendo de la gravedad y los elementos que se hubieran justificado.
“El hecho de que quieran los alcaldes, alcaldesas o funcionarios estatales competir por un cargo de elección popular no les da inmunidad. No estamos haciendo nosotros una cacería de brujas, vamos a estar aplicando la ley, ahorita estamos haciéndonos de elementos de prueba, de indicios, recabando hechos de diversas denuncias, tenemos alrededor de 300 denuncias en contra de administraciones municipales de los últimos años, inclusive pasadas y actuales”, expuso el Fiscal Anticorrupción.
“Entonces, que no vayan estos funcionarios a querer luego buscar vacunarse en el sentido de que los están persiguiendo, se trata de un ejercicio democrático, estamos para defender nosotros el estado de derecho y también les sirve a los ciudadanos, tenemos que invitar a los ciudadanos en esta época electoral que denuncien los hechos de corrupción ya que se puede prestar al uso de recursos públicos o al desvío de recursos públicos en entidades estatales o municipales”, puntualizó.
Además, recordó que, al momento, también hay 8 ex alcaldes de Coahuila que cuentan con medida cautelar.
“Definitivamente tenemos que aplicar la ley, contamos ya con hechos contundentes que se han denunciado por parte de ciudadanos, por la misma Auditoría Superior del Estado y en ese sentido vamos a estar trabajando en la implementación de estos delitos o conductas, nosotros siempre hemos sido imparciales y velando por el estado de derecho”, declaró Flores Mier. (ÁNGEL AGUILAR/ EL HERALDO)
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, exhibió por cuenta propia un acuerdo firmado por él, Alejandro “Alito” Moreno y Manolo Jiménez, actual gobernador de Coahuila, en el que pactaban repartirse desde los cargos en las notarías, recaudadoras y organismos autónomos, hasta una magistratura y las direcciones en planteles educativos y universidades.
Al inicio de esta semana trascendió un conflicto entre el PRI y el PAN en Coahuila, donde Manolo Jiménez, gobernador coahuilense del tricolor, declaró para Milenio que el PAN no podía exigir más posiciones porque no alcanzó el 20% de la votación que habían acordado, pues sólo pudo conseguir un 6%. Empero, aseguró que la relación entre los dos partidos en el estado era “muy buena”.
Las declaraciones del priísta irritaron a Marko Cortés, quien pensando que sería una buena respuesta, exhibió el acuerdo electoral firmado por ambos partidos. El argumento del panista era que en ningún momento acordaron un porcentaje de votos, por lo que no aceptarán menos de lo que está en el papel.
Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador @manolojim mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho.
El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral.… pic.twitter.com/RQT42THc3u
Sin embargo, el tiro pareció salirle por la culata, pues terminó por exhibir la manera en la que los viejos partidos de la época neoliberal “se reparten” las posiciones importantes en el estado. Pues en el acuerdo se puede leer que por ejemplo, el PAN exigió al PRI obtener el 20% de las subsecretarías, mismo porcentaje de los órganos descentralizados, de los desconcentrados y las direcciones de Coahuila.
Pero no es lo más grave, pues en el rubro 5, el PAN también exige al Instituto de Transparencia, ese organismo que en lo federal han defendido por su supuesta “imparcialidad“. Además, el partido blanquiazul exige el 20% de los Registros Civiles y de las oficinas de recaudación.
Por si no fuera poco, Marko Cortés hizo público que también se repartió con el PRI por lo menos 6 notarías y el 20% de las direcciones de planteles educativos y universidades.
En el último punto exigido para 2023, el PAN pidió la ratificación de “Bernardo con Magistrado”, haciendo mención de otro de los Poderes que la oposición se ha enfrascado a defender, sin cuestionar, a capa y espada; el Poder Judicial. Poder que a decir de la oposición es “independiente” e “imparcial”.
Sobre el asunto, se pronunciaron diversos personajes de la política mexicana, pues hubo quien se burló del dirigente del PAN por exhibir los moches y la repartición de posiciones. Por su parte, hubo otros que le pidieron “discreción” al panista quien no se ha pronunciado más que para advertir al PRI, que si no se cumple con lo acordado la alianza acabará en Coahuila.
El PRI, PRD y el partido local UDC formalizaron este martes una alianza para el proceso electoral en la entidad donde se renovarán 38 ayuntamientos.
La alianza del PAN, PRI y PRD se fractura, al menos a nivel local y es que en Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática dejaron fuera a Acción Nacional del convenio de coalición que se registró este martes ante el instituto electoral local para el proceso electoral donde se renovarán 38 Ayuntamientos.
La “ruptura” se da luego que Marko Cortés, presidente nacional del PAN, reclamó al actual gobernador del estado, Manolo Jiménez de no cumplir con los acuerdos que se establecieron previo a la elección de 2023, donde se incluía que el albiazul designaría al candidato a la presidencia municipal de Torreón.
Formalizan alianza sin PAN
De esta manera, PRI, PRD y el partido local Unidad Democrática por Coahuila (UDC), formalizaron una alianza para el proceso electoral justo antes del vencimiento del plazo establecido por el Instituto Electoral de Coahuila, para el registro de coaliciones en la entidad.
Bajo el nombre Alianza Ciudadana por la Seguridad, el registro de la coalición se dio después de que el partido Unión Democrática de Coahuila, decidió no ir en coalición con Morena y el Partido del Trabajo y tras el reclamo del PAN al PRI.
Al registro de la alianza acudieron Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI en Coahuila, la líder moral del PRD, Mary Thelma Guajardo, el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, y el dirigente de UDC, Lenin Pérez.
Marko Cortés reclama a Manolo Jiménez
Este martes, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés emitió un comunicado en el que expresa su inconformidad por la falta de cumplimiento de algunos acuerdos firmados en 2022, cuando se conformó la alianza entre PRI, PAN y PRD, para el proceso electoral de 2023 donde se renovó la gubernatura que ganó Manolo Jiménez.
En ese sentido, Cortés Mendoza acusó al PRI y al gobernador de no respetar los acuerdos establecidos, como que se integraran a militantes del PAN en su gabinete, además de que sería el albiazul el que podría al candidato a la alcaldía de Torreón.
Por su parte, el PRI en Coahuila respondió a Marko Cortés y señalaron que sí han dado espacios a panistas pese a no haber cumplido con su compromiso de conseguir el 20% de los votos en la elección del 2023.
A través de un comunicado, el tricolor reprochó que el PAN pone en riesgo a la alianza opositora en el estado de Coahuila al querer un convenio a modo que los favorezca, cosa que, acusaron, pasó desde que se estableció la alianza.
.@MarkoCortes hizo un llamado para que @manolojim, gobernador de Coahuila, y la dirigencia del @PRI_Nacional respeten los acuerdos políticos que se pactaron antes de las elecciones del 2023, entre ellas, tomar en cuenta a los panistas en el gobierno. https://t.co/rOCIpnEcSo
De igual modo, señalaron que el albiazul se había comprometido a obtener el 20% de la votación en la elección del 2023, cosa que no lograron al solo aportar 6.06% de los votos que dieron la victoria a Manolo, mientras que el PRI aportó el 46.40%.
También señalaron que están solicitando 3 distritos electorales y gobiernos municipales en donde sus resultados “han venido a la baja”, como es Torreón y Monclova, aunque este último se lo otorgaron al PAN para privilegiar la unidad.
Sin embargo, manifestaron su disposición para seguir fortaleciendo la alianza, aunque la actitud de Marko Cortés “pone en riesgo lo que debiera ser la prioridad del Frente Nacional (…) que es la llegada de la precandidata Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República”.
La mañana de este martes, el Partido Acción Nacional (PAN), emitió un comunicado que deja ver la poca organización y la falta de acuerdos al interior del frente conservador, y es que el blanquiazul exige al PRI cumplir con los acuerdos de reparto de plazas en el estado de Coahuila.
Fue en el 2023 cuando el PAN y PRI firmaron lo que llaman el “acuerdo para la construcción de un gobierno de coalición en Coahuila”, que se traduce en el reparto de cargos y candidaturas municipales y federales en el proceso de este 2024.
Sin embargo el PAN señala que a pocas horas de que venza el plazo para reafirmar el acuerdo, el gobernador Manolo Jimenez y la dirigencia estatal del tricolor, no han firmado la alianza, por lo que llaman a que Alejandro “Alito” Moreno, atienda el asunto.
Acción Nacional menciona en su misiva – reclamo, que se estableció con claridad que sería el partido de ultraderecha el encargado de elegir candidatos o candidatas en el municipio de Torreón y otros más que se enumeran en el documento.
El partido dirigido por Marko Cortés agrega que desde el año pasado se firmó el acuerdo que debe ser refrendado para, según ellos, impedir que Morena gane más territorio o retenga cargos públicos.
“No pediremos más, pero tampoco menos”, asegura el partido que emano a personajes ahora prófugos de la justicia, como lo son Felipe Calderón Hinojosa, que reside en España, o Ricardo Anaya, que se encuentra autoexiliado en los Estados Unidos.
Cabe mencionar que Coahuila es de los pocos estados que aún retiene la alianza conservadora del magnate Claudio X. González y en donde el PRI parece conservar un poco de influencia, siendo un jugoso botín para la élite, que ha sido expulsada ya de 23 entidades.
Una vez más, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se ve envuelta en serias acusaciones de desvío de fondos. Reveló la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que existe un monto sin solventar por parte de la institución educativa por 613 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto al descubierto una serie de irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2022, ascendiendo a 628 millones de pesos en el Gasto Federal sin aclarar por parte de Coahuila. Alarmantemente, casi el 98% de estas irregularidades recae sobre la Universidad Autónoma de Coahuila.
El reciente informe de la ASF destaca a Coahuila como una entidad con señalamientos significativos por malos manejos de recursos públicos durante el año pasado. En la revisión 722, las autoridades de la ASF han señalado a la Universidad Autónoma de Coahuila por la falta de documentación justificativa y comprobatoria en el gasto de Participaciones Federales y Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, sumando 224.4 millones de pesos.
Adicionalmente, la Universidad realizó pagos por 368.8 millones a 2,130 empleados con múltiples puestos de trabajo y 3.3 millones a 22 trabajadores que solicitaron licencias con goce de sueldo.
La ASF, en auditorías realizadas desde 2016 hasta 2022, ha revelado un panorama cuestionable sobre la transparencia y rendición de cuentas de la máxima casa de estudios. Las observaciones, relacionadas principalmente con la falta de documentación y transparencia en la gestión de recursos, han arrojado dudas sobre la administración financiera de la universidad.
Estas irregularidades, sumadas a la ineficacia en la gestión de recursos, han minado la confianza en la institución educativa. La Universidad Autónoma de Coahuila se enfrenta no solo a la posible pérdida de recursos, sino también a una amenaza para su reputación y la confianza de sus estudiantes y la comunidad en general.
Los resultados de la ASF subrayan la urgencia de abordar la transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en el uso de recursos en la Universidad. La falta de transparencia en los procesos de adquisición y documentación de gastos plantea cuestionamientos persistentes sobre el manejo de los recursos públicos y la eficiencia en la gestión financiera.
Este escándalo ha generado indignación y llamados a una investigación completa para esclarecer las irregularidades en el manejo de los recursos de la UAdeC.
La corrupción en la UAdeC no es nueva, se remonta a décadas anteriores, lo que ha llevado a la institución a una crisis económica.
El escándalo destapa una historia de corrupción arraigada en la UAdeC, y a medida que se desarrolla la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre cómo la universidad ha sido utilizada para el enriquecimiento de unos cuantos políticos a lo largo de los años.
La corrupción en la UAdeC se ha institucionalizado durante décadas: desvíos de recursos, funcionarios universitarios implicados, directores de escuelas y facultades comprometidos, y saqueos perpetrados por gobernadores en turno han marcado la historia de la universidad desde el siglo pasado.
UAdeC, la caja chica de gobernadores
En lugar de ser un centro de excelencia académica, la UAdeC ha sido utilizada como un botín económico y político. Sin ir tan lejos, está el caso del exgobernador Humberto Moreira Valdés, quien convirtió la UAdeC en su caja chica con la colaboración de Héctor Javier Villarreal Hernández, su entonces Secretario de Finanzas (y que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por malversación de fondos) exigía cuantías millonarias a los rectores en nombre del gobernador.
Además, la crisis económica actual de la UAdeC se agrava por una enorme nómina de “aviadores” y funcionarios que cobran sin trabajar. El tesorero, Jorge Alanís Canales, estima que se requerirán 420 millones de pesos este año solo para el pago de pensiones. La práctica de insertar a amigos en la nómina de la universidad por parte de gobernadores ha perdurado a través de diversas administraciones estatales.
A pesar de un presupuesto anual considerable de 3 mil 626 millones de pesos, comparable al de los municipios de Saltillo, la UAdeC arroja modestos resultados académicos. El actual rector, Salvador Hernández Vélez, ha intentado desviar la atención con inventados rankings positivos, pero la realidad detrás de la situación es innegable.
Para que la corrupción en la UAdeC llegue a su fin y la institución pueda enfocarse en sus funciones fundamentales como la formación de profesionistas, la academia, el pensamiento crítico, la cultura y la investigación al servicio del pueblo trabajador, es necesaria la organización democrática e independiente de estudiantes, profesores y trabajadores, para exigir que sea la comunidad universitaria la que maneje la administración de los recursos públicos.
La politiquería de los grupúsculos priistas debe ser rechazada y enfrentada con la movilización en las calles y la unidad entre estudiantes y trabajadores, reconociendo que la corrupción es un lastre para el desarrollo de toda la comunidad escolar.
En ninguna de las declaraciones de bienes del mandatario saliente de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, se registran las empresas que su esposa y sus hijas crearon durante su administración, ni se aclara por qué reporta ingresos superiores a su sueldo de gobernador.
SALTILLO, Coah., (Proceso).- Termina el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, durante el cual su esposa, sus dos hijas y hasta el yerno crearon cinco empresas, de las cuales dos son constructoras, pero ninguna de éstas aparece en su última declaración ni en las anteriores.
Tampoco se reportan ingresos adicionales a los de su sueldo como gobernador, pese a que su esposa, Blanca Marcela Gorgón Carrillo, figura en tres de los negocios en los que es accionista.
En sus declaraciones patrimoniales, el gobernador prii bajosta reportó ingresos de siete millones 413 mil pesos en 2022, sólo por su salario, y en 2023 termina con cuatro millones 945 mil pesos, cuando su ingreso anual era oficialmente de menos de un millón 300 mil pesos.
Riquelme Solís concluyó el jueves 30 su periodo y, aunque se le menciona para incorporarse a la campaña de la precandidata de la alianza Va por México, Xóchitl Gálvez, él asegura que no ha sido requerido.
También se le considera posible candidato para recuperar la senaduría por el estado que desde hace varios años mantiene la oposición.
El 1 de diciembre de 2017, Riquelme Solís asumió la gubernatura y apenas dos meses después su hija menor, Graciela Riquelme Gorjón, en ese entonces de 21 años, creó la empresa Deleite Azteca, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad.
En el documento correspondiente Riquelme Gorjón se identificó como comerciante junto con su socia Ileana Guajardo Montoya, pero en julio 20 de 2019 ésta vendió su única acción a la descendiente mayor de Riquelme Solís, Marcela Alejandra.
Dicha empresa fue creada con un capital social mínimo de 50 mil pesos y cuenta con una licencia de restaurante bar. El establecimiento está en el llamado Paseo Morelos de Torreón, sector comercial construido cuando el padre de ambas fue presidente municipal y su giro en realidad es de postrería.
Como administrador único aparece Javier Lechuga Jiménez-Labora, quien fue funcionario de Riquelme Solís en el ayuntamiento torreonense y hoy es el tesorero en el Congreso del Estado.
Además, el 17 de marzo de 2018 se registró la empresa MRiquelme S.A. de C.V, con las dos Marcelas, madre e hija, como socias.
El objeto de este negocio es diseño, creación de alhajas, maquila, aleación, importación y exportación de materiales y suministros para la joyería. También adquirir, vender, usufructuar toda clase de bienes muebles e inmuebles, tramitar permisos, franquicias, concesiones y celebrar toda clase de negocios sobre la propiedad industrial, entre otros.
Marcela Alejandra es diseñadora de joyas y su trabajo se dio a conocer en 2009, en un evento denominado “Brillos del Desierto”, que financió el gobierno del estado y se realizó en las Dunas de Bilbao, municipio de Viesca.
El 1 de junio de 2018 el esposo de Marcela Alejandra, Enrique Alcorta Núñez, tramitó en el Registro Público de Comercio la empresa Edificaciones del Noreste y Soluciones Arquitectónicas. El matrimonio se realizó dos meses antes del inicio de la administración de Riquelme Solís.
Como socio de dicha firma aparece Saúl Bañuelos Aspiazu, compañero del yerno de Riquelme en la dirección de Obras Públicas del municipio de Torreón, donde ambos son supervisores de proyectos.
El 6 de diciembre de 2019 fue registrada la empresa corporativo Adoria Mx, una sociedad integrada por la esposa y la hija mayor de Riquelme Solís. Sólo de esta empresa se hallaron actividades comerciales públicas.
La firma se dedica a la elaboración de piezas de joyería y orfebrería, pero posteriormente amplió su objeto social y se dedica a la venta también de lámparas, candiles, esculturas, pinturas, alfombras, telas, tapices, venta de perfumes, artículos decorativos, cosméticos, jabones, ropa, calzado, bisutería, hasta comercialización de semillas, plantas, fertilizantes, insecticidas, figuras de fieltro, juguetes, y peluche entre otras cosas.
En esta empresa también aparece como apoderado Javier Lechuga Jiménez.
La compañía de más reciente creación (12 de octubre de 2020) es la Constructora RG de la Laguna, en la que aparece la esposa de Riquelme Solís como socia de Graciela, su hija menor.
Empresas dudosas
Aunque las firmas, principalmente las constructoras, no aparecen en el listado de contratistas ni en la asignación de obras del gobierno estatal, algunos de esos trabajos se dejaron en manos de empresas que antes se dedicaban a vender bolos al gobierno estatal o bien empezaron a trabajar en el sexenio que termina y están en proceso de disolución.
Icifed. Contratos anómalos
Un ejemplo son los contratos para rehabilitar carreteras, o pavimentar calles y hasta construir aulas que se otorgaron a Karla Cecilia del Bosque de Luna, quien de 2019 al presente año obtuvo 29 encargos por más de 37 millones de pesos sólo por parte de Instituto Coahuilense de Infraestructura Física y Educativa (Icifed).
Su giro es la venta de material de ferretería, pero antes del gobierno de Riquelme Solís vendió a la administración estatal bolos para las fiestas del Día del Niño y Navidad.
La Constructora Valle de Chapala, que cuenta con una escritura de creación desde 2004, se registró oficialmente en 2020 y desde entonces ha obtenido 18 contratos por 24 millones 479 mil pesos. Ahora está en proceso de disolución.
Otro ejemplo es el del actual secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta, quien en 2019, un año antes de asumir el cargo, obtuvo para la empresa Ingeniería Eléctrica y Multiservicios varios contratos por casi ocho millones de pesos.
La empresa fue creada en 2015 y la maneja el hijo de Algara Acosta, quien también fue funcionario cuando Riquelme Solís era presidente municipal de Torreón.
Denuncias penales, multas, falta de liquidez y más de 6 mil millones de pesos sin comprobar es lo que deja el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila.
El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pasará a la historia por heredar un desastre económico en la entidad por el pésimo manejo de las finanzas estatales.
Debido a esta situación, durante el segundo semestre del 2022, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, 63 denuncias penales correspondientes a revisiones de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 según el Informe de Actividades del 2022 y el Estado que Guardan las Cuentas Públicas.
Dicho documento se publicó durante el pasado mes de mayo, sin embargo, en este informe no se precisa cuáles entes públicos son y los montos correspondientes a cada denuncia.
El 26 de mayo del 2022 se presentaron dos denuncias; el 15 de julio se hicieron las entregas de 48 denuncias; mientras que el mismo mes, pero el día 26, otras 10 denuncias.
Las últimas tres fueron presentadas el día 23 de agosto, todas ante la misma instancia: la Fiscalía Anticorrupción.
Al menos durante el 2022, la ASE emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información. Foto: Especial
Suspensión de 30 a 90 días naturales; destitución, sanción económica; inhabilitación temporal de 1 a 20 años, según el monto; y de 3 meses a 1 año en caso, de no causar daños y perjuicios, ni exista beneficio o lucro.
De acuerdo con medio locales, Del 2013 al 2022, la ASEC ha presentado más de 430 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y Fiscalía Anticorrupción, todas con base en la revisión de las cuentas públicas, así como también por orden de revisiones específicas derivadas de puntos de acuerdo aprobados en el Congreso del estado.
Las Multas
En dicho informe también se señala que al menos durante el 2022, la ASE emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información y presentación de avances de gestión financiera.
De las 16 multas, 14 fueron por incumplimiento a los requerimientos de información formulados por la ASE y dos por falta de presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.
Dichas sanciones obedecen a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado que establece que si con motivo del ejercicio de las funciones de la ASE se advierte infracciones a dicha ley, ésta tendrá la facultad de imponer sanciones pecuniarias.
Poderes de Coahuila sin dinero para pagar
De acuerdo al resumen ejecutivo de los resultados del Análisis al Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) correspondiente al primer trimestre del 2023, los tres poderes del estado no contaron con liquidez para satisfacer sus compromisos financieros a corto plazo.
La liquidez es la capacidad que tiene la entidad pública para pagar sus compromisos financieros a corto plazo.
“Al 31 de marzo de 2023, en términos globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, señala el documento.
Los activos circulares son los recursos controlados por un ente público en términos monetarios y de los que se esperan beneficios económicos y sociales futuros, de fácil disponibilidad, en un plazo menor o igual a doce meses.
Los nuevos créditos deberán pagarse en un año; tres bancos decidieron no prestarle más a #Coahuila, cuyas "insuficiencias de liquidez" cada vez son más graves. pic.twitter.com/fv88SLps87
El Poder Ejecutivo representado por el gobernador Miguel Riquelme, al 31 de marzo de 2023 y 2022, no tuvo la suficiente liquidez para satisfacer sus compromisos financieros.
El Poder Judicial representado al menos por el Tribunal Superior de Justicia, al 31 de marzo de 2023, de igual manera, no tuvo la posibilidad de disponer de dinero suficiente para satisfacer sus compromisos financieros; por el contrario al 31 de marzo de 2022 que presentó una liquidez de 1.08 pesos indicando capacidad de pago a corto plazo.
El Poder Legislativo fue el único que demostró capacidad de solventar sus gastos a corto plazo inclusive mayor al periodo correspondiente del 2022. Al 31 de marzo de 2023 y 2022, presentó una liquidez de 3.98 y 1.15 pesos, respectivamente, indicando capacidad de pago a corto plazo en ambos periodos.
Nueve entes no fueron fiscalizados
Uno de los datos que resaltan en los recientes informes de gestión es que nueve entes no fueron evaluados de los 146 que conforman el estado de Coahuila, por diversos motivos.
Entre ellos se encuentran el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismos que se encuentran en proceso de extinción.
La lista también lo constituye el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila:; Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el Instituto Municipal del Emprendimiento de Torreón.
Dos de las nueve que podrían caer en una infracción más grave son la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura pues en los pasados periodos no presentaron avances de gestión financiera.
Dichas irregularidades también serían acreedoras a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
Irregularidades millonarias
De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Miguel Ángel Riquelme ha acumulado erogaciones sin comprobar por el orden de los 6 mil 827 millones de pesos.
El monto pendiente de justificar o solventar, según reportes oficiales de la ASF, asciende exactamente a 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos, lo cual significa que el gobierno de Riquelme Solís ha realizado, en promedio, un gasto diario sin comprobar por 3 millones 561 mil 507 millones de pesos.
Dicha información se encuentra en el punto de acuerdo del diputado local Francisco Javier Cortez Gomez que se emitió el pasado mes de abril y en donde exhorta al gobernador a dar una explicación respecto a dichos señalamientos.
La suma total de egresos sin comprobar equivale aproximadamente a lo que el gobierno estatal destinará el 2023 al abono de la megadeuda.
El gobierno de Riquelme ha acumulado erogaciones sin comprobar por más de 6 mil 827 millones de pesos. Foto: Especial
Riquelme, en su primer año fiscal 2018, dejó un monto de 3 mil 555 millones 154 mil 325.13 pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación.
Estos recursos obedecían al pago de trabajadores no localizados, ni identificados en sus centros de trabajo; así mismo, se refieren a la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones en servicios personales de cinco entidades públicas del Gobierno del estado de Coahuila.
En 2019 se gastaron irregularmente 416 millones 801 mil 537.76 pesos. Estos recursos estaban relacionados con el pago de trabajos no ejecutados, pagos de 14 acciones de vivienda que no fueron localizadas en la inspección física de obra.
En el 2020, las observaciones sumaron 416 millones 801 mil 537.76 pesos, que corresponden a la falta de aplicación de penas por el retraso en la entrega de bienes del sector salud; pagos a proveedores de los que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020.
La Auditoría indicó en su más reciente Cuenta Pública 2021 que el Gobierno de Coahuila tenía pendientes por aclarar o recuperar egresos por mil 215 millones 228 mil 629.75 pesos. Detalló además que los recursos se destinaron al pago de servidores públicos que no estaba contemplado en el fondo del que provino el dinero, el pago de intereses al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Hasta lo que va del año, dicho punto de acuerdo es el único que intentó tocar el tema de las irregularidades y fue votado en contra por la mayoría priista de dicho Poder Legislativo.
El próximo mes de noviembre, será la última comparecencia del gobernador Riquelme Solis ante el Poder Legislativo el cual, a lo largo de la Legislatura ha protegido al mandatario estatal y a su equipo de trabajo de auditorías especiales.
2021, el año de las irregularidades históricas
En la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo la observación de más de 61 mil millones de pesos por aclarar en todo el país.
De acuerdo con el documento publicado en medios nacionales, las entidades con mayores observaciones durante el 2021 fueron Michoacán, con 13 mil 737 millones de pesos; Durango, con ocho mil 172 millones; Coahuila, con tres mil 261 millones de pesos, y Puebla, con tres mil 244 millones de pesos.
Dicha anomalías y observaciones coinciden con un registro histórico de denuncias ante la fiscalía anticorrupción dentro de esta entidad.
En el 2021, la ASEC presentó una cifra histórica de denuncias, 79 en total. También se incluyeron los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, y representaron un presunto quebranto a las finanzas estatales por más de mil 764 millones de pesos.
La ASF detectó varias irregularidades en el proyecto agua saludable para la Laguna. Foto: Especial
Agua para la Laguna
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la tercera entrega de la cuenta pública 2021 anunció que en el proyecto agua saludable para la Laguna en Coahuila y Durango no se realizó la planeación adecuada ya que se incumplieron periodos de ejecución y tampoco se acreditó el cumplimiento del programa de erogaciones por 133 millones de pesos de que dispuso.
El proyecto tenía como fin desarrollar infraestructura para suministrar suficiente agua potable para la población de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, en Coahuila, y Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, en Durango, indicó la ASF.
“Consiste en aprovechar las aguas superficiales del río Nazas, mediante la construcción de obra de toma, presa derivadora, planta de bombeo, acueducto, planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, líneas de conducción y equipos de bombeo”, apuntó la auditoría de cumplimiento e inversiones físicas realizada a la Conagua.
La ASF determinó que el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debía sancionar a los servidores públicos que no efectuaron la planeación adecuada.
A lo largo de seis años, los pobladores de la Comarca Lagunera libran una importante lucha en México. Han enfrentado obstáculos de todo tipo, incluso amenazas y represión. El sistema actual pone los intereses de las grandes corporaciones extranjeras sobre las necesidades de los pueblos, el medio ambiente y el desarrollo regional equilibrado, el cual debería generar bienestar social. Tal es el caso de Chemours-Dravloska en la zona de Dinamita. La instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Pueblo Nuevo El Siete pone en riesgo a la región.
En una asamblea donde participaron los pobladores de 22 comunidades afectadas por esa explotación criminal, decidieron establecer un campamento en los principales accesos a la planta para evitar su construcción. Además exigieron la salida de la corporación de La Laguna, de Durango y del país.
Fue calificada como “la empresa de la muerte”, ya que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año. Desde 2017, las comunidades de Gómez Palacio conformaron el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. Ello con el fin de proteger su terreno.
Integrantes del Frente Unido y la CNTE Comarca Lagunera han denunciado el persistente hostigamiento político-judicial y la represión que han sufrido de los gobiernos municipal y estatal. Éstos apoyan a empresarios y empresas ubicadas en el área comunal de Dinamita.
El dirigente Bernardino Ochoa Camacho ha aseverado que, mientras se presentan con la careta de una inofensiva fábrica, la cual impulsa los empleos y el desarrollo, están generando un gigantesco basurero tóxico. Estas denuncias han contado con el apoyo de periodistas honestos y comprometidos como Julio César Ramírez, quien ha manifestado la problemática de la región en diversos foros y artículos. Asimismo, destacan otros movimientos, por ejemplo, la lucha por las tierras en la zona de San Juan Villanueva hacia Matamoros-Viesca por la construcción de un parque solar.
Los gobiernos de la Comarca Lagunera no representan al pueblo. Representan el interés del negocio. No se han preocupado por detener el extractivismo. Están y siguen explotando los recursos naturales que tenemos en México.
Antes del proyecto en La Laguna, la Chemours Company había intentado un par de veces instalar una planta en Guanajuato en 2016. Sin embargo, la movilización popular y la negación del permiso de uso de suelo por los gobiernos municipales obligó a la empresa a cambiar su proyecto al estado de Durango, en donde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estatales lo aprobó. El 24 de junio de 2017, inició su construcción en Gómez Palacio. Ésto sin ser consultadas las comunidades que se verían afectadas.
En julio de 2017, se forma el Frente Unido de Pueblos de La Laguna. Pedían una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó la construcción en materia de impacto ambiental. El 9 de marzo de 2018, se manifestó contra la instalación de la planta y fue reprimido por las fuerzas de seguridad local. Se detuvieron a 49 personas, incluidos cinco menores y 10 mujeres. Además se hirieron de gravedad a 10 personas que tuvieron que ser hospitalizadas.
La empresa no sólo promueve la represión, sino también, ha desplegado acciones para tratar de ganarse la confianza de los pobladores y de dividir a las comunidades. Para este fin, han realizado acciones como la entrega de láminas acanaladas, despensas y útiles escolares. Sin embargo, nunca ha presentado el proyecto de la planta a la comunidad. Mediante engaños busca debilitar la resistencia. Y, pese a todo, el movimiento continúa.
Se recurrió al amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna que ordenó la suspensión definitiva de la construcción. Ésto significó una gran victoria política y legal, pero “moviendo influencias” la corporación logró que la orden fuese revocada por un Tribunal Colegiado en Torreón. Éste les permitió reemprender las obras de construcción en mayo de 2020. No importó que los permisos municipales ya habían caducado durante el período de suspensión.
FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM
Entonces el Frente de Pueblos decidió establecer dos campamentos en las entradas de la fábrica para bloquear los accesos. El primero fue el 23 de julio de 2020, y el segundo, el 1 de septiembre del mismo año a pesar de estar en plena pandemia.
Al mismo tiempo, se apeló ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este organismo llegó a la determinación unánime de la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental para ese proyecto. La obra está suspendida desde que se hizo público en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la compañía borró a 22 comunidades ejidales del mapa.
Ante las injusticias y de manera decidida, los sectores progresistas de la región han asistido a la lucha. Tal ha sido el caso de los maestros de la CNTE, así como la Iglesia –encabezados por el obispo emérito Raúl Vera–, quienes han apoyado desde el inicio al movimiento en defensa de las comunidades y de la región, denunciando el gran peligro que representa la planta de cianuro para la vida.
Otro gran sustento ha sido la Contraloría Social del Agua de la Comarca Lagunera, parte integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida desde su fundación el 24 de febrero de 2021. Ésta defiende la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia hídrica en México. Desde el principio, propuso una instancia ciudadana auto-organizada que trabaje sobre las principales problemáticas de cada zona o región.
Esta organización ha denunciado los estragos que provoca el uso del cianuro en la minería y la contaminación del subsuelo, suelo y aire por este químico. Dicha problemática es fuerte en La Laguna, debido a que es una de las regiones de México con mayor sobreexplotación y degradación del agua.
De igual manera, promueven vínculos con universidades locales que se suman a la defensa del medio ambiente y a “la lucha de Dinamita” –como es conocida –. Igualmente, por ser una de las comunidades en resistencia, han recibido gran apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
Tras la anulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la empresa Chemours buscó otras salidas para su negocio. El siguiente paso fue anunciar su venta a la compañía checa Draslovka Holding el primero de diciembre de 2021.
Gracias a la acción directa de comunidades, la construcción de la proveedora de la minería fue detenida y avanzó el desmantelamiento. Sin embargo, no se concluyó. La exigencia es: Desmantelamiento total e inmediato y cese el hostigamiento ¡Vida sí, cianuro no!
El Frente de Pueblos pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para lograr los objetivos mencionados. Además se le invitó a visitar el campamento norte en la zona de Dinamita, Durango.
En México, es necesario incrementar las resistencias por la tierra y el agua. No importan los planes criminales de las grandes corporaciones ni la represión del Estado. El movimiento de Dinamita y de otras comunidades son pruebas: los han enfrentado y han salido adelante.
A pesar de ello, en 2020 hasta 10 compañeros todavía tenían que estar firmando porque estuvieron presos en la represión del 9 de marzo de 2018. Ésta fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de los gobiernos del Estado de Durango –encabezado por José Rosas Aispuro– y del municipio de Gómez Palacio –gobernado por Leticia Herrera Ale–; asiduos defensores de la empresa y su proyecto contaminante.
Las agresiones continúan en 2023. El 2 de febrero pasado, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos e integrante del Frente, Cristóbal González Estrada. Allanaron la vivienda y atacaron a sus hijos de 12 y 14 años.
The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders refirió que este atentado ocurrió después de que el Frente de Pueblos denunció el secuestro de otro integrante, Servando Delgado Rentería, el 25 de enero. Además, la organización civil mexicana precisó que ha sido víctima de hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas. (Julio César Ramírez en el Sol de Durango, 18 de febrero 2023).
Las corporaciones contaminan y explotan los recursos humanos y naturales de la región. Por si fuera poco, en contubernio con la compañía Austin Powder y su representante legal han demandado a seis luchadores sociales con carpetas de investigación. Se les obligó a comparecer y acudir a audiencias programadas el pasado 6 de junio de 2023.
No sólo involucraron a participantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna, sino también, del movimiento magisterial democrático de la CNTE. Es indignante que se criminalice a quien defiende la vida y la salud de su entorno y sus familias, además del derecho democrático de las comunidades a decidir sobre su propio entorno.
Hay repercusiones internacionales. La organización Front Line Defenders con sede en Dublín, Irlanda– dirigió un pronunciamiento urgente a las autoridades estatales de Durango, municipales de Gómez Palacio y federales –asentadas en la Ciudad de México–. Expresó su preocupación por las agresiones y hostigamientos en contra del Frente Unido de Pueblos. Asimismo, puntualizó que tal violencia es debido al trabajo colectivo como defensores de derechos humanos ante el megaproyecto de Chemours, instalado en Dinamita en 2017. A pesar del desmantelamiento –frenado– del proyecto químico, los integrantes del colectivo continúan sufriendo represalias.
En México las comunidades que defienden su territorio son modelos a seguir. Otro ejemplo son los pobladores de La Bahía de Ohuira, Sinaloa, quienes se enfrentan al riesgo de la construcción de una planta de amoniaco, la cual pone en peligro la vida que han desarrollado desde hace cientos de años.
Es un llamado a que las comunidades se organicen en contra de los daños empresariales al medio ambiente y en contra de las autoridades corruptas que lo permiten en los tres niveles de gobierno. Basta de que los pobladores no puedan decidir e implementar un desarrollo económico propio y para su beneficio. Basta de que lleguen empresas extranjeras depredadoras a desarrollar sus proyectos de muerte.
En esa región se aspira a un desarrollo sustentable. La Asamblea General del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa del Territorio, la Vida y el Agua ha decidido desarrollar un corredor ecoturístico de administración comunitaria en la Sierra del Sarnoso. Será ecológico y viable porque el área se reconoció como zona natural protegida.
Desyerbaron y limpiaron árboles y se capacitan para desarrollar el proyecto. Éste abarcará siete kilómetros desde Cadena hasta el pueblo de Dinamita. Les permitirá tener un desarrollo agropecuario –antes se dedicaban a la siembra de maíz y frijol–. Así como a desarrollar la ganadería de traspatio, la cual ayuda mucho a las familias. Y ya se están capacitando brigadas ecoturísticas para los futuros visitantes. De esta forma, los interesados podrán conocer la zona y las comunidades por la calidad cultural que tienen.
Al mismo tiempo de ser viable, debe ser apoyado por el gobierno federal para sustituir el corredor tóxico que preveía a las empresas contaminantes –fábricas de cianuro, sosa cáustica y amoniaco–.
En pie de lucha, el campamento norte de resistencia a la fábrica de cianuro Chemours en la zona de Dinamita, Comarca Lagunera, cumplió tres años. Tuvo el mérito y la valentía de haber sido instalado el 23 de julio del 2020 en plena pandemia de la Covid-19.
El pasado domingo 23 de julio, se celebró que la construcción de la proveedora de la minería a cielo abierto fue detenida y avanzó el desmantelamiento gracias a la acción directa de comunidades. A la conmemoración, asistió el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, quien bendijo los esfuerzos de los pobladores y los instó a seguir adelante contra el proyecto de muerte, pues la lucha aún sigue.
Debe ser apoyada a nivel nacional e internacional. La exigencia es la misma: Desmantelamiento total e inmediato y cese el hostigamiento ¡Vida sí, cianuro no!
Pablo Moctezuma Barragán*
*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social
