La Cuarta Transformación

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  • Guerra de guerrillas contra la 4T

    Guerra de guerrillas contra la 4T

    Por Miguel Ángel Ferrer

    La oligarquía mexicana lo tiene muy claro: el Poder Judicial es su más importante trinchera en el combate contra la Cuarta Transformación de la vida pública que encabeza el Presidente López Obrador.

    Pero no es, ciertamente, su único recurso. En lo general los medios de información también están alineados contra la 4T. Y lo mismo puede decirse de los llamados organismos autónomos. De modo que debe reconocerse que la 4T enfrenta a muy poderosos y combativos adversarios.

    Igualmente también debe reconocerse que la 4T cuenta con importantes aliados. El principal de ellos es, sin duda, la mayoría del pueblo mexicano, tal como lo demuestran sucesivas e innumerables encuestas y procesos electorales en los últimos cuatro años.

    En esta lucha la 4T ha logrado importantes victorias, en tanto que sus adversarios sólo se han dedicado a estorbar y entorpecer las acciones justicieras del gobierno de López Obrador.

    Ahí está, por ejemplo, el amparo otorgado a Luis Cárdenas Palomino, cercanísimo colaborador de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

    También ahí están los innumerables amparos otorgados por el Poder Judicial a los detractores del Tren Maya y de la refinería de Tres Bocas. Y ahí están también los amparos concedidos a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y del propio Poder Judicial para que puedan seguir cobrando sus estratosféricas remuneraciones.

    Por todo esto puede afirmarse que el Poder Judicial, muchos medios de información y los organismos autónomos están empeñados en una guerra de guerrillas contra la 4T. Sólo que esta guerrilla carece de una causa justa y,  por ello, del imprescindible apoyo popular. Y ya se sabe que una guerrilla sin  base social está condenada al fracaso.

    Así está, hasta el momento, la correlación de fuerzas entre el obradorismo y el bloque conservador, es decir, la oligarquía. Modificar esta correlación de fuerzas pasa, necesariamente, por la vía de las urnas electorales. Y ya están a la vista tres procesos electorales: dos elecciones locales (Estado de México y Coahuila) en 2023 y los comicios presidenciales y la renovación del Congreso federal en 2024.

    Con base en los datos disponibles hasta ahora puede pronosticarse la victoria del obradorismo, al menos en la elecciones presidencial y del Congreso. Y esto es así porque en Edomex y Coahuila no ha sido desterrada la práctica del fraude electoral institucional.  

  • Terrorismo y sucesión presidencial

    Terrorismo y sucesión presidencial

    Mano Negra en el metro de la CDMX. Cartón de Monero Rapé.

    Por Miguel Ángel Ferrer

    Nada tienen de extraños los recientes e inusuales incidentes en el metro de la Ciudad de México.

    A leguas se observa que esos incidentes no han sido fortuitos, sino deliberados. Y también es evidente que tales hechos tienen indudables nexos con la sucesión presidencial de 2024, y más concretamente, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

    Podría decirse de esos incidentes que se trata de una estrategia política con dos propósitos obvios: uno, descarrilar la presunta candidatura presidencial de Sheinbaum, y dos, más general, golpear al partido Morena, indudable favorito para los dichos comicios de 2024.

    Dicho de otro modo, la oposición, es decir, el bloque conservador, entiende que no tiene posibilidades de triunfo en las urnas, y ha decidido acudir a las conocidas campañas negras contra el gobierno, y, de pasadita, contra Sheinbaum, a quien suponen la más probable ganadora en las encuestas que habrán de definir al candidato presidencial de Morena.

    Ese tipo de campañas negras son un viejo conocido de la sociedad mexicana. Pero antes, en la época del dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esas campañas se utilizaban para desacreditar al precandidato tricolor que parecía con mayores posibilidades de lograr la candidatura presidencial.

    En aquellas épocas los métodos predilectos eran los asaltos bancarios y los secuestros de personajes sociales relevantes. Además, claro está, de los actos y atentados de bandera falsa. Era un clásico todos contra todos. Este fue el telón de fondo de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. 

    Y también del tristemente célebre halconazo (otra matanza de estudiantes y muchos ciudadanos en la vía pública y a plena luz del día) el 10 de junio de 1971. Ciertamente, no hay nada nuevo bajo el sol.

    Esos dos sucesos admiten el nombre de terrorismo. Y permiten utilizar para calificarlos el adjetivo terrorismo. En este caso terrorismo de Estado, porque fueron diseñados y ejecutados por agentes del Estado: soldados, policías y grupos de paramilitares (los halcones) a sueldo del entonces gobierno del Distrito Federal.

    Ahora es muy distinto. Los incidentes en el metro de la capital del país pueden ser catalogados como terrorismo, pero no de terrorismo de Estado, por la sencilla razón de que el Estado es completamente ajeno a ellos. Y que la cúpula, del poder es, más bien, la víctima Y, más concretamente, el gobierno del Presidente López Obrador.

  • Ganar las calles y ganar las elecciones

    Ganar las calles y ganar las elecciones

    Por Miguel Ángel Ferrer

    De las informaciones sobre la marcha popular del domingo 27 de noviembre convocada por el Partido de Regeneración Nacional (Morena) puede inferirse que el obradorismo está dando el primer paso en pos de imponerse en las elecciones generales de 2024. Este primer paso puede calificarse como “ganar las calles”.

    El conservadurismo, como bien se sabe, ya hizo un buen esfuerzo con este mismo propósito. Pero el resultado, sin ser desdeñable, quedó muy lejos de un “ganar las calles”, que no es lo mismo que ganar las primeras planas de los diarios o una abrumadora presencia en los medios electrónicos de información. 

    Pero si la derecha estuvo lejos de poder dominar las calles, tampoco le va bien en ese otro parámetro de presencia e influencia políticas que son las encuestas de opinión. En este campo también Morena y el obradorismo van mucho más adelante. Porque encuesta tras encuesta los resultados favorecen muy ampliamente a Morena. 

    Por lo que toca a los antecedentes electorales, el obradorismo, igualmente, se muestra muy superior. Los comicios generales de 2018 se saldaron con las siguientes cifras: 30 millones de votos para Morena contra 16 millones de la derecha pripanista que, habiendo ido separada, se dividió los sufragios así: 9 millones para el PAN y 7 para el PRI.

    De modo que en 2024, unida o separada, en cualquier caso la derecha quedaría muy lejos de  la cosecha obradorista señalada.

    Estos guarismos y hechos indiscutibles han llevado al conservadurismo a una especie de resignación ante lo improbable que resulta ganar en 2024. Y la han llevado también a un cierto atrincheramiento en los tres ámbitos por ella dominados: los medios de comunicación, el Poder Judicial y los organismos autónomos.

    Este atrincheramiento, sin embargo, no sirve para ganar elecciones, aunque sí es muy útil para estorbar, entorpecer y sabotear la obra de gobierno del obradorismo.

    El entorpecimiento, si bien hace daño, no consigue aumentar la simpatía social en favor del conservadurismo. Y, por lo contrario, genera una mayor radicalización de los votantes morenistas que repudian con más fuerza posibilidad de un regreso de la derecha al poder presidencial.

    Esto se observó con la marcha conservadora del 9 de noviembre pasado. Por un lado la derecha sacó sus peores cartas de presentación (Fox, la Gordillo, Madrazo), lo que aumentó la irritación popular contra el pripanismo. Y por otra parte incubó la contramarcha del próximo 27 de noviembre, la que será decisiva en la disputa por ganar las calles.

  • Voto dividido, otra trampa de la derecha

    Voto dividido, otra trampa de la derecha

    Por Miguel Ángel Ferrer

    Uno de los más conocidos voceros e ideólogos de la ultraderecha mexicana, Enrique Krauze, aconseja a los ciudadanos practicar en la elecciones generales el llamado voto dividido: sufragar por el candidato presidencial de su preferencia, pero al mismo tiempo votar por los abanderados de un partido distinto al del candidato presidencial.

    Como está claro para Krauze que en los comicios generales de 2024 será imposible vencer a Morena, a éste y al conservadurismo se les ha ocurrido la idea de evitar que el candidato presidencial de este partido obtenga la mayoría en el Congreso de la Unión, con el obvio propósito amarrarle las manos al presidente o presidenta morenista, quien no podría gobernar con el Congreso en contra. 

    Un Congreso opositor frenaría cualquier propuesta de beneficio popular y en favor de la nación. Sería una manera eficaz de frenar o descarrilar la transformación económica y política puesta en marcha por Morena desde diciembre de 2018.

    Frente a la idea conservadora del voto dividido existe la propuesta contraria: el voto indiviso, es decir, sufragar por todos los candidatos de Morena, y darle así al presidente o presidenta morenista la posibilidad de continuar la obra transformadora en marcha. 

    La propuesta conservadora anunciada por Krauze es en realidad una trampa. Aconseja el voto dividido con el pretexto de evitar la acumulación de poder en un solo partido. Pero lo que en verdad busca es la dispersión del poder con el fin de evitar los cambios que han perjudicado a la derecha y beneficiado al pueblo.

    Por ejemplo: si la sociedad hubiera dividido su voto en las elecciones de 2018, el Presidente no habría logrado hacer ley la prohibición de la condonación de impuestos. Ni hubiera conseguido elevar a rango constitucional las pensiones para los adultos mayores.

    Como tampoco habría podido rescatar de manos privadas nacionales, pero sobre todo extranjeras, las industrias eléctrica y petrolera, lo que hubiera perpetuado la dependencia energética del país.

    El voto dividido habría hecho imposible la recuperación del salario hoy presente, así como los significativos y constantes incrementos del salario mínimo que se han dado en los últimos cuatro años.

    A la derecha, evidentemente, le conviene el voto dividido. Y al pueblo, por lo contrario, lo que le conviene es el voto indiviso, es decir, todos los sufragios, sin importar los nombres de los candidatos, para el programa democrático, popular y transformador  de Morena.

  • La encuesta escondida por el INE

    La encuesta escondida por el INE

    Por Miguel Ángel Ferrer

    Para cualquier propósito, existen dos maneras de averiguar qué piensa la gente, la sociedad, el pueblo. Una es preguntarles a todos los ciudadanos, es decir, realizar un censo; otra es seleccionar una muestra representativa del todo social, es decir, un sondeo o muestreo. 

    Ambos procedimientos conducen, siempre que se hagan con honradez y eficiencia, al mismo resultado. Realizar un censo es costoso y laborioso. El muestreo es muy barato, muy ágil y proporciona resultados inmediatos.

    Tanto los resultados de un censo como los de un muestreo pueden ser falseados. Por eso ambos procedimientos deben tener como condición esencial la bienhechura del ejercicio y la honradez de los realizadores.

    Pero como la realidad social es muy cambiante, muy dinámica, censos  y muestreos deben ser y son realizados con cierta frecuencia. Es costumbre que en razón de su costo y laboriosidad, los censos se realicen cada diez o cinco años. Los muestreos, en cambio, pueden ser realizados con mucha frecuencia: meses, semanas e incluso días.

    En cualquier caso, ya nadie duda del carácter científico, cierto y confiable de censos y muestreos. En el caso de estos últimos, puede decirse que han adquirido carta de naturalización social. Y un buen ejemplo de ello puede encontrarse en el sondeo que encargó el Instituto Nacional Electoral (INE) a una empresa especializada para conocer la opinión social sobre la propuesta de reforma electoral enviada  por el Presidente López Obrador al Congreso de la Unión.

    Y resultó que, en términos generales, y según cada pregunta, entre el 50 y el 75 por ciento de los encuestados mostraron su acuerdo con la propuesta presidencial.

    A la vista de esta situación, el INE decidió ocultar (o no hacer públicos) los resultados de la encuesta. Pero por alguna indiscreción o filtración deliberada, los resultados del sondeo se hicieron del conocimiento público.

    Así las cosas, es pertinente preguntarse por qué el INE decidió esconder los resultados. Y la respuesta es muy clara: la ciudadanía piensa que el órgano electoral no es confiable, que no actúa con honradez, que es necesario y urgente crear una nueva autoridad electoral honesta, eficiente y mucho menos onerosa, austera y no dispendiosa.

    Y no sólo eso: la encuesta escondida mostró que los altos cargos del INE, así como los magistrados del tribunal electoral, deben ser elegidos por el pueblo y no, como ahora acontece, por las cúpulas de los partidos políticos. 

  • AMLO y la renta básica

    AMLO y la renta básica

    Por Miguel Ángel Ferrer

    Desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, su gobierno puso en práctica una modalidad de la llamada renta básica: todas las personas con 65 años cumplidos reciben una asignación monetaria directa y sin contraprestación alguna.

    En estos momentos tal asignación es de alrededor de dos mil pesos mensuales, algo así como cien dólares americanos.

    La asignación se entrega independientemente de que el anciano o anciana que la recibe tenga empleo o ingresos por cualquier otra razón. Y tampoco importa si posee propiedades o no. O si tiene familia o vive solo. La única condición para recibirla es haber cumplido los dichos 65 años. Por esta última razón a esa entrega se le llama renta universal, ya que el universo poblacional considerado es el de los ancianos de 65 años y más.

    Hasta hace poco tiempo, el universo poblacional eran las personas que habían cumplido 68 años, pero una mayor disposición de recursos estatales permitió reducir de 68 a 65 la edad para recibir esa renta. Este último hecho permite vislumbrar nuevas y paulatinas reducciones en la edad de quienes en lo futuro habrán de recibirla.

    Actualmente el número de ancianos que reciben la renta básica universal supera los diez millones. Y ese ingreso les permite al menos pagar sus alimentos. Dicho de otro modo, la renta básica universal puede hacer la diferencia entre comer y no comer.

    La renta básica universal no sólo es una medida de elemental justicia social. Es, además, un factor de reactivación económica y de crecimiento del consumo y de la producción de los llamados bienes básicos, es decir, alimentos, ropa y calzado.

    La experiencia mexicana demuestra que se puede otorgar la pensión básica universal sin necesidad de reducir otros gastos e inversiones públicas. En México ha bastado con haber puesto freno al desbocado robo de los recursos públicos por cuenta de una burocracia corrupta, y haber detenido o limitado la apropiación privada de los recursos de la nación, las tristemente celebres privatizaciones que durante décadas fueron el pan nuestro de cada día.

    Como es evidente, la renta básica universal ha implicado y ha sido posible por una distribución más equitativa de la riqueza social, lo que es y debe ser el primer objetivo de un Estado democrático, pues si la riqueza social es producida por todos, entre todos debe ser distribuida y por todos debe ser disfrutada.

  • Prisión preventiva, nuevo triunfo de AMLO

    Prisión preventiva, nuevo triunfo de AMLO

    El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que eliminar la prisión preventiva oficiosa implica riesgos. (Fotos: Presidencia de la República/Cuartoscuro.)

    Por Miguel Ángel Ferrer

    Con sus mañaneras López Obrador venció a los grandes poderes mediáticos y al sector más retardatario y corrupto del Poder Judicial.

    En su desesperada batalla contra la Cuarta Transformación (4T), el conservadurismo, incapaz de recuperar el poder presidencial, se ha atrincherado en tres sectores en los que aún mantiene poder, influencia y recursos económicos: los medios de comunicación, los organismos autónomos y el Poder Judicial.

    La tarea de estos tres sectores se reduce a obstaculizar las tareas gubernamentales. O, dicho de otro modo, impedir que cuajen las muy necesarias transformaciones por las que la ciudadanía votó mayoritariamente en los comicios de 2018.

    Para combatir exitosamente a esos tres poderosos adversarios, López Obrador se ha valido del recurso de sus diarias conferencias de prensa matutinas, las muy célebres mañaneras.

    En ellas, López Obrador se dirige directamente al pueblo para explicar las razones de su proceder y para desnudar las mentiras, las calumnias, las falsas noticias y los falaces argumentos con los que el conservadurismo combate inútilmente las políticas emanadas del gobierno de la 4T.

    El más reciente caso de la confrontación entre obradorismo y conservadurismo se ha dado en el tema de la prisión preventiva oficiosa o automática (PPO). La 4T en favor de mantenerla vigente y la derecha procurando eliminarla.

    El resultado de la batalla es ya por todos conocido: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantenerla vigente. De modo que el Presidente López Obrador obtuvo una nueva e importantísima victoria sobre los conservadores.

    Y el factor decisivo, el que inclinó la balanza, fue sin duda el recurso de la mañanera. En varias de ellas, López Obrador explicó elocuente y detalladamente los beneficios para el pueblo de mantener vigente esa medida cautelar. 

    Y explicó asimismo que eliminarla sólo implicaría beneficiar a diversas categorías de peligrosos delincuentes, aunque la eliminación llevaba dedicatoria para los políticos corruptos hoy en prisión, como Juan Collado  o Emilio Lozoya, encarcelados gracias precisamente a la existencia legal de la PPO, los cuales habrían de quedar libres de manera inmediata si la PPO era eliminada.

    Con sus mañaneras López Obrador venció a los grandes poderes mediáticos y al sector más retardatario y corrupto del Poder Judicial. Con las mañaneras el Presidente ganó la batalla decisiva, es decir, la batalla de la opinión pública. Es obvio que la Suprema Corte no se atrevió a ponerse abierta y claramente en favor de la corrupción. 

  • Tren Maya y seguridad nacional

    Tren Maya y seguridad nacional

    Por Miguel Ángel Ferrer

    Con la ley en la mano y con el respaldo de la mayoría de la población la obra continúa, sin que pueda evitarlo ni la verborrea conservadora ni el recurso del amparo.

    La Ley de Seguridad Nacional fue promulgada en 2005 durante el gobierno del panista Vicente Fox. Su propósito era combatir y apaciguar las ya para entonces notorias y crecientes señales de inconformidad popular con la política neoliberal, es decir, de desigualdad social por la vía de la privatización de los bienes nacionales, la conculcación de derechos sociales y el despojo directo de individuos y comunidades.

    Por esta razón la Ley establecía como amenazas a la seguridad nacional el sabotaje, el terrorismo y la rebelión. Y por eso mismo estableció que: “Corresponde al titular del Ejecutivo Federal la determinación de la política en la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional”.

    En su artículo 5, la Ley señala que son amenazas a la seguridad nacional los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano (numeral ii) y los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos (numeral xii).

    Es público y notorio que los opositores a la construcción del Tren Maya encajan plenamente en ambos numerales, puesto que reciben financiamiento  del gobierno de Estados Unidos (interferencia extranjera) y que realizan actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

    Por lo tanto, es claro que el Ejecutivo Federal ha actuado conforme a la ley al declarar la construcción del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional. Y que por tratarse de una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, no pueden intervenir en esta cuestión ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial.

    De este modo es claro también que los opositores al Tren Maya se han quedado sin agarraderas. Y que a sus cómplices en el Poder Judicial les han atado las manos en sus innobles propósitos de boicotear, entorpecer y sabotear la magna obra.

    Con la ley en la mano y con el respaldo de la mayoría de la población la obra continúa, sin que pueda evitarlo ni la verborrea conservadora ni el recurso del amparo.

    Y no cabe el amparo porque no existe acto material de autoridad que haya violado alguna garantía constitucional. El amparo cabe cuando un acto material de la autoridad viola alguna garantía constitucional. Y no hay modo de probar que un declaración viola los derechos constitucionales de nadie.

  • El pueblo no escucha a la derecha

    El pueblo no escucha a la derecha

    Por Miguel Ángel Ferrer.

    La derecha mexicana ha emprendido una nueva campaña mediática contra el gobierno del Presidente López Obrador.

    Ahora se trata de influir en la ciudadanía para tratar de convencerla de que es necesario cambiar la estrategia de combate a la delincuencia.

    Al conservadurismo no le gusta que se ponga el acento en el combate a las causas del fenómeno que son la pobreza, el desempleo, la carencia de oportunidades de ascenso y mejoría social. 

    A los conservadores les parecen mejor los palos, las cárceles, es decir, la pura represión policiaca, judicial y militar, represión que, como está bien comprobado, no sólo no soluciona ni reduce el problema, sino que incluso lo agrava.

    Es claro que este enfoque represivo cuenta con muchos adeptos en la sociedad. Algo así como una tercera parte del cuerpo social: sectores de clase media y otros grupos de pensamiento conservador y ultra conservador.

    Pero es igualmente claro que esa tesis de la derecha no ha logrado penetrar en las clases populares. Y esto es así por varias razones. La primera es que al pueblo no le gusta la violencia en vivo y a todo color. La violencia asusta. 

    Una segunda razón es que las clases populares confían en López Obrador. Saben que trabaja mucho y que trabaja bien. Lo saben honesto. Y son testigos presenciales y beneficiarios del arduo trabajo del Presidente.

    Además, es casi imposible que la gente del pueblo se deje convencer de lo que sea por los desprestigiados voceros del conservadurismo, ya sea en los medios de información tradicionales (radio, televisión y prensa escrita) como en las redes sociales.

    Se trata de la antigua lucha entre propaganda y realidad. El pueblo mira la realidad en su casa y en su entorno, y desestima los alaridos de la propaganda. Y más todavía si se trata de propaganda negra.

    Ya hay mucha experiencia acumulada sobre este tema. La derecha lleva al menos tres décadas mintiendo, calumniando e intentando confundir al pueblo. Y el resultado siempre es el mismo: entre la voz de López Obrador y la de sus críticos, el pueblo escucha y se inclina por la del Presidente.
    Realidad sólida y palpable contra palabrería interesada y desprestigiada, cuando no simplemente corrupta y venal. Es por ello previsible el desenlace de esta nueva lucha entre realidad y propaganda.

    El desenlace se dará, como tantas otras veces, en el campo electoral, en las próximas batallas electorales, en las que volverá a imponerse la realidad obradorista sobre la propaganda negra del conservadurismo.

  • Litio: mexicanistas contra malinchistas

    Litio: mexicanistas contra malinchistas

    Es obvio que en el proceso político que culminó con el rechazo en el Congreso de la Unión de la reforma eléctrica obradorista la fuerzas de la derecha mostraron con crudeza su talante conservador, antinacional, pro empresarial y pro imperialista.

    Pero sería un error pensar que tales muestras de conducta antipopular le significarán a la derecha un significativo costo electoral en los comicios presidenciales de 2024.

    Objetivamente lo esperable es que se mantenga la proporción visible desde la contienda electoral de 2018 y que con muy ligeras variaciones se mantiene hasta la fecha. Recordémoslo. 

    En esos comicios el derechista Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo nueve millones de votos, en tanto que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también de derecha, cosechó siete millones de sufragios.

    Frente a esa suma de 16 millones de votos, Morena y López Obrador obtuvieron 30 millones de sufragios. Como se ve, la proporción es de dos uno. Y hasta la más superficial observación de la situación política de la actualidad revela que aquella proporción se mantiene.

    Por ello se puede sostener que la conducta claramente conservadora de los partidos de la derecha y de sus aliados en los medios de información no producirán ni una reducción en el número de votantes de la derecha ni, consecuentemente, un incremento en el caudal de sufragios del obradorismo. Y esto será así por un buen tiempo, mucho más allá de 2024.

    Una prueba más de la vigencia de esta ecuación electoral está presente en el asunto de la reciente nacionalización del litio. Esta fue muy bien recibida por los sectores progresistas de la sociedad, pero al mismo tiempo fue severamente cuestionada y repudiada por los segmentos sociales identificados con el conservadurismo y el pro imperialismo.

    De nada hay que sorprenderse. Así ha sido toda la historia de México desde la colonia y el México independiente: independentistas contra colonialistas, liberales contra conservadores, nacionalistas contra pro yanquis, mexicanistas contra malinchistas.

    Todo esto era evidente y bien sabido. Pero no existía un método confiable para medirlo. Ayudaban a ello las encuestas y los estudios sociales específicos. Pero por razones políticas e ideológicas la paja solía ocultar el grano.

    La realidad pudo conocerse sin sesgos, tapujos e interpretaciones interesadas en las elecciones presidenciales de 2018. El gran factor de esclarecimiento fue la ausencia del fraude electoral. Ahora se conoce objetivamente cómo piensa la sociedad mexicana.

    Miguel Ángel Ferrer