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La extraterritorialidad jurídica de la declaración del presidente Trump de considerar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como grupos “terroristas” es claramente abusiva, pues busca someter a nuestro país a su legislación nacional de excepción. Además, es una construcción ideológica sin sustento teórico ni histórico, que busca “justificar” una violación a la soberanía. El gobierno estadunidense despliega así una política hegemonista, de supremacía regional, basada en una gran asimetría de poder. Si Estados Unidos quisiera realmente “luchar” contra los opioides, reconocería que la cadena de suministro de precursores de fentanilo inicia en China y declararía la guerra a ese país asiático y potencia militar mundial; en cambio, se ensaña con México, acompañado del aparato mediático-propagandístico para “justificar” su posible intervencionismo

Segunda parte y última. En el orden jurídico y en dimensión extraterritorial, la categorización de “narcoterrorismo” que hoy emplea el gobierno de Estados Unidos –a cuyo frente está Donald Trump y su equipo de gobierno– están impregnados de extraterritorialidad jurídica. Se trata de una legislación nacional de excepción, que quizá sea impecable dentro del sistema jurídico emanado de la Constitución del Estado de la Unión Americana, pero que contiene una connotación abusiva de un Estado nacional poderoso. Desde el punto de vista socio-político es una construcción ideológica.

Y lo es precisamente porque no hay diferenciación conceptual emanada de un cuerpo teórico y de un análisis histórico, básico por lo menos: opositores a su filosofía política, a su concepción económica, a la dimensionalidad de su seguridad nacional y su poder militar, en el contexto del derecho internacional. La actividad punitiva del Estado nacional se sobredimensiona y ampara una violación a la soberanía de sus vecinos. No parece importar.

No sólo es una actitud abusiva, sino irrespetuosa. A México también le afectan los más de 40 millones de consumidores, y no por ello quiere perseguirlos en territorio estadunidense, y menos atacarlos. Hay en ello mucho de una política hegemonista, de supremacía regional, basada en una gran asimetría de poder. Lo demás son justificaciones.

La implosión y caída del “socialismo real” fijó la necesidad de crear un nuevo enemigo que justifique decenas y decenas de iniciativas diplomáticas, discursos ideológicos y acciones militares por todo el mundo, y éste fue el “crimen trasnacional organizado”. No por irreal, sino porque creció en paralelo a su desarrollo mundial, una ideología del fenómeno que partió de las necesidades internas de Estados Unidos.

Para abandonar las políticas sociales e imponer las políticas de seguridad como prioridad nacional, en 1971, Richard Nixon impulsó la lucha contra las adicciones, de la mano del riesgo de destrucción social, etcétera. En el fondo tenía que justificar una posible guerra global en su contra, por lo que surgió la imagen de un peligro terrorista asociado a dos pivotes: la violencia armada y el tráfico de drogas ilícitas. Ambas ocasionan una gran cantidad de bajas civiles entre comunidades indefensas.

Surgió así el concepto de “terrorismo” ligado a ambos procesos: cualquier expresión armada, cualquier violencia social, era equiparada a la violencia terrorista de organizaciones criminales internacionales. El terrorismo había adquirido dimensión global y la guerra en su contra debía ser igual, global. En ello encajaban todos los que usaran la violencia armada, desde acciones irregulares no estatales, igualadas a las del narcotráfico internacional. Eran organizaciones, acciones y grupos narco-terroristas, especialmente los de Oriente Medio y las guerrillas en Colombia, las cuales se organizaban en redes internacionales.

Ya Ronald Reagan usó inicialmente la denominación de “terrorismo”, luego se asoció a la insurgencia armada y al narcotráfico mundial que amenazaba la seguridad global. Se deslegitimaban las insurgencias políticas, se les criminalizaba, se les equiparaba al crimen trasnacional y se las hacía objeto de posibles ataques desde las fuerzas militares de EU, en defensa de la seguridad global amenazada, trascendiendo las fronteras, brincando soberanías y sometiendo gobiernos nacionales a la lógica conceptualizada de las necesidades geopolíticas de Estados Unidos.

Los hechos dentro de su país, en la subregión continental, en otras latitudes, parecían darles la razón: el involucramiento en las redes del narcotráfico de personajes centrales del gobierno de Panamá (1989), el atentado al WTC en EU (1993), atentado al tren subterráneo en Tokio (en donde murieron 167 personas, brutal, 1995), el atentado en Oklahoma.

No esperaron más: el Senado aprobó una Ley Antiterrorista que ampliaba facultades a la policía para combatirlos, no podía considerarse aún que se trataba de un fenómeno que ocasionaba grandes bajas civiles, pero en septiembre de 2001, tras lo atentados a las Torres Gemelas, se modificó todo el entorno nacional-mundial.

Esos hechos ofrecieron todo lo que faltaba: número de víctimas, identificación de victimarios, organizaciones terroristas, santuarios de terroristas ubicados en las lejanías del mundo, disposición militar punitiva, doctrina militar intervencionista, pretextos, sometimiento de organismos internacionales, una guerra global con la formación de un ejército multinacional legitimado por la ONU. La legislación estadunidense al respecto proliferó: Ley Patriota o Ley 2001, particularmente la sección 311 con su artículo 312, la sección 314 hasta la 319, sus artículos, etcétera, todos muy restrictivos, hasta llegar a plantear públicamente como lo hizo el expresidente George W Bush a los ciudadanos: “libertad o seguridad”, que ante el “estado de vulnerabilidad social”, se inclinaron por “la seguridad” (https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act).

Todo ello está escrito y promulgado, no son juegos. El presidente Bush no dejó de torpedear la psicología estadunidense diciendo: “estamos participando en una lucha mundial contra los seguidores de una ideología asesina que desprecia la libertad, elimina toda distensión, tiene ambiciones territoriales y van en pos de objetivos totalitarios, nacionales”. Agregó entonces: “nuestra estrategia reconoce que la guerra contra el terrorismo es un tipo diferente de guerra, que implica tanto la batalla armada como la batalla ideológica” (4 de julio de 2006).

En tanto, su gobierno con los ejércitos de EU construían una red internacional de prisiones clandestinas, con prisioneros indirectos de Estados Unidos porque no estaban en su territorio ni bajo su jurisdicción, salvo en Guantánamo, pero no en Abu Graib, Bagram. Estas últimas, aludidas como “centros de detención”, sin derechos de ningún tipo. Sus reclusos fueron torturados y abusados de mil maneras, y esas prisiones fueron custodiadas y operadas por la CIA, mediante el llamado “Programa de Rendición Extraordinaria”.

En un informe que data de 2007, el Parlamento Europeo indicó que la CIA operó 1 mil 245 vuelos a través del espacio aéreo europeo, de centros clandestinos de detención que además de Irak e Irán, operaron el Polonia y Rumania. A pesar de que se trataba de “traslado ilegal de detenidos” en nombre de una guerra ideológica.

Las cifras reflejan el tamaño de esas operaciones: 50 prisiones de este tipo se establecieron en 28 países (además de otras 25 en Afganistán, y 20 en Irán). A lo que se sumaron 17 buques en los que se establecieron “prisiones flotantes”. En total, más 100 prisiones clandestinas usadas por EU desde 2001. Por el carácter secreto, se desconoce el número de prisioneros, pero se trata de varios miles.

Amnistía Internacional mencionó en un informe de 2011 que tales prisiones funcionaban en 98 países, usados como centros de tortura y desaparición en la más absoluta ilegalidad internacional (Calveiro, 2012, p. 101).

Luego siguieron otras leyes excepcionales, como las Leyes de la Victoria I y II. La hipótesis del prestigiado profesor Noam Chomsky, lingüista y politólogo, manifestada en su conferencia en la UNAM en noviembre de 2019, es que el NAFTA o TLCAN fue consumado por Estados Unidos como “como una forma de impedir los riesgos de una eventual democratización que osara desafiar a Estados Unidos. Esto se solucionó al imponer reformas neoliberales que ataran al gobierno mexicano”.

Además, “la ficción de la guerra contra las drogas” no sólo es una geopolítica de dominación, sino que internamente es un mecanismo policial de control de las minorías étnicas, negros y latinos. “Habría que crear al enemigo latino”, hipótesis no explorada a fondo, como eje de control social. Al respecto no hay que olvidar que está ampliamente documentado la introducción del FBI a los barrios con población negra para desatar la represión en ellos, siendo el objetivo real, la represión política al Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa (fundado en 1966 por Huey P Newton y Bobby Seale, en Oakland, California), que crecía aceleradamente por su reivindicación de derechos civiles para los negros, bajo la conducción de Malcom X, luego asesinado.

Estos fueron considerados como un tema de seguridad nacional: Edgar Hoover director del FBI, en 1969, los describió como como “la mayor amenaza para la seguridad interna del país” (Luna Ray Films, LLC-PBS, Org.com), como grupo político radical, al ser considerado como un modelo de organización y acción de perfil similar al “de los revolucionarios anticoloniales contemporáneos de África y América Latina”. Así, se inventó la lucha contra las drogas en tales barrios negros para dar cobertura política a la represión social e ideológica (BBC News Mundo, 13 de mayo, 2022).

Con los antecedentes históricos aquí pormenorizados, entendemos claramente que el enfoque actual de “organizaciones terroristas” de Donald Trump constituye una construcción ideológica para legitimar acciones políticas y militares, cualquiera que sea su naturaleza, y le otorga a ellas permanencia mediante la aplicación de legislaciones excepcionales de perfil extra territorial, configurando así la más poderosa herramienta de hegemonismo configurado por el gran aparato de poder, duro y blando, de Estados Unidos.

Y hablamos de construcción “dura y blanda” porque la otra enorme vertiente constructiva es la de los medios de comunicación, que difunden, persuaden, propagandizan los principios de la doctrina usados en los discursos, generan la resonancia magnificada de las acciones seleccionadas para confirmar la razón de las operaciones militares. Si no pasa por allí la veta del reforzamiento ideológico se debilita, cualquiera que sea la magnitud y trascendencia del hecho, pero más aún ocurridos en las grandes ciudades, la audiencia se multiplica por miles. Los ideólogos militares refuerzan: guerras de ocupación y estabilización, ataques preventivos, cárceles clandestinas extraterritoriales, etcétera, apoyo y legitimidad social amplificada, el círculo se cierra.

En el caso de hoy sobre responsabilizar a México de la entrada y adicción multiplicada de opiáceos en Estados Unidos, los gobiernos estadunidenses saben perfectamente bien que, en China y otros países cercanos, se inicia la cadena de suministro para la fabricación del fentanilo, y no por ello se plantean una acción de extraterritorialidad, militar, porque con China tienen cada vez con mayor precisión, una paridad estratégica y un poder militar similar. Atacar a un país más débil responsabilizándolo de un fenómeno internacional, que pasa también por la sociedad estadunidense, es una política abusiva de permisibilidad ante la falta de instituciones multilaterales que impongan la normatividad internacional contenida en el derecho público internacional.

También el presidente Trump se da cuenta que con ello debilita las de por sí débiles y desprestigiadas instituciones del “sistema global”, y acelera el tránsito hacia una nueva ruta de transición hacia un nuevo orden global. Contradictoriamente, cree que puede detener esa evolución mediante la fuerza militar también en ello se equivoca. La supremacía militar es cada vez más relativa.

Una de las grandes contradicciones en que se debate esta administración es: debilitar la estabilidad regional-global como vía para el fortalecimiento inusitado del Estado nación de la Unión Americana, y de su seguridad nacional entendida en términos absolutos, aunque su predominio militar y económico se ha debilitado también en forma muy pronunciada. La desestructuración hegemónica es profunda, está más cerca de la conceptualización hecha durante el gobierno de Bill Clinton, con su secretaria de Estado Madeline Albright: EU es hoy un Estado indispensable en la política mundial, muy lejos de un Estado sobre determinante en los distintos órdenes del decadente sistema de relaciones entre Estados en el planeta. Pero de que da coletazos, no hay duda. Podrá mantener a un país como México en asecho, amenazado, hostigado y bajo diversas presiones, pero no será por mucho tiempo dentro de una prospectiva histórica. México hoy tiene todas las condiciones propicias para ir a fondo hacia una diversificación estratégica de sus alineamientos geopolíticos en defensa de su soberanía y auto determinación.

Sobre el proceso histórico del que nos habla Paul Kennedy desde 1500 en adelante, son justamente esos dos grandes pivotes del poder de una gran potencia los que se debilitan y anuncian con claridad la ruta de su caída: la estructura económica y el poder militar, en una relación recíprocamente condicionada. Estados Unidos en tanto más recurre a la ilegalidad internacional, en tanto más usa coartadas y figuras o símbolos ideologizados, más exhibe las vulnerabilidades que en toda su estructura otrora hegemónica se van evidenciando.

Jorge Retana Yarto*

*Licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Tiene más de 25 años como docente de licenciatura y posgrado; exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, del CNI.