El tráfico de armas de Estados Unidos a México vulnera la seguridad nacional y empodera a organizaciones criminales en varias regiones del país. Este delito potencia el poder de fuego de los cárteles en agravio de la sociedad. Ejemplo de la gravedad del problema son las más de 58 mil armas aseguradas en 2 años y medio
En México se han asegurado –entre enero de 2020 a septiembre de 2022– más de 58 mil armas traficadas ilegalmente de Estados Unidos. En éstas se incluyen armas de alto poder Barrett calibre .50 mm y AK-47, utilizadas por grupos criminales causantes de violencia en amplias regiones del país, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.
De acuerdo con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Fiscalía General de la República (FGR), la cifra del decomiso de armas en ese periodo es resultado de 32 meses de trazabilidad de cada arma asegurada proveniente de Estados Unidos y reportada a Etrace, indicó el funcionario.
“El objetivo es establecer un entendimiento, regularlo, fijar las metas comunes y corresponsables entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, cuya esencia es el control del tráfico de armas hacia nuestro país, ha sido una negociación de nunca acabar”, afirmó.
Destacó que no se puede reducir la violencia con ese volumen de tráfico de armas en México, mientras que, en Estados Unidos, en lo que va del siglo no ha habido acciones importantes en la materia con el argumento de que el Congreso no quiere modificar la ley, ni restringir a los ciudadanos la Primera Enmienda constitucional.
Al participar en el seminario El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México, afirmó que, mientras que a Estados Unidos le preocupa esencialmente los precursores o fabricación de fentanilo, a México le preocupa que haya un esfuerzo coincidente y proporcional, para reducir el flujo de armas a grupos delincuenciales que provocan violencia.
Las armas decomisadas según informó Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security, en inglés), en lo que podríamos llamar la última milla de salida hacia México, son 355, “lo cual es insostenible y no lo vamos a permitir”, advirtió el canciller.
Se trata de un período corto de las armas aseguradas, por lo que se puede deducir que hay un número mucho mayor, por eso, afirmó canciller, si México no reduce esa disponibilidad de armas, “va a estar muy difícil disminuir la violencia asociada a las armas de fuego, un objetivo estratégico de seguridad nacional del país”.
Subrayó que el esfuerzo de Estados Unidos para frenar drásticamente el flujo de armas a México es muy pequeño respecto el esfuerzo que México tiene que hacer para controlar químicos y las drogas que llegan a Estados Unidos.
“Hay una desproporción, o sea, no les estaríamos pidiendo que hagan una operación gigante, difícil, compleja, casi imposible, ahí están los lugares [de donde provienen lar armas] y lo que vamos a entregar en Washington”.
Consideró que, además del tráfico de drogas, a México preocupan las armas, pues los homicidios dolosos en el país al 2022, no hay una tendencia al alza, que ojalá se pueda consolidar, pero, para ello, es estimó necesario el esfuerzo de Washington.
Por esa razón, México presentó sendas demandas contra el tráfico de armas dirigida a un mercado criminal, registra altos índices de homicidios dolosos, por lo que se demanda se aplique la disposición legal norteamericana en negligencia que le da impunidad a la industria de armamentos.
Esto va a ser la métrica también para medir los que estamos planteando y pensamos que sí se podría lograr la meta de México de reducir cuando menos 10 o 20 por ciento el tráfico de armas de aquí al final de la administración y romper la curva de violencia del país.
Además del canciller, en el seminario también participó un grupo de expertos nacionales e internacionales durante dos días abordaron desde múltiples perspectivas una cuestión que ocupa la comunidad internacional desde hace más de un siglo: la eliminación, producción, distribución, almacenamiento y uso de armamento.
De la trazabilidad al aseguramiento
Del total de armas aseguradas en México de acuerdo al país de producción, se concluyó que casi el 60 por ciento las estas se produjeron en Europa, y el 40 por ciento restante fueron comercializadas en Estados Unidos, explicó Edgar Guerrero Centeno, director general de análisis nacional en el Cenapi.
Es decir, aun cuando ese porcentaje de armas se produjeron en Estados Unidos y que en algún momento ingresó ilegalmente al país, otras fueron producidas en otra parte del mundo, se importaron por Estados Unidos, y representan el 73 por ciento de las que provenían de Europa y posteriormente llegaron a México de manera ilegal. El resto ingresaron seguramente por la frontera sur o por las fronteras marítimas.
La trazabilidad –una vez que asegurada el arma– se identificó el punto donde fue comercializada a nivel de coordenadas geográficas, y el condado en el que se encuentra la tienda que la vendió, desde puntos muy alejados al noreste de Estados Unidos, hasta California, Arizona y Texas, donde se concentra la mayoría del tráfico de armas.
Hay condados –prosiguió Guerrero Centeno– donde también hay una mayor concentración de armas identificadas que fueron comercializadas: prácticamente de todos los estados de Estados Unidos ha salido un arma hacia México del total asegurado, enfatiza.
Las trazas indican que en la zona del Bajío en México es muy representativa, adonde llega la mayoría de armas que vienen de Texas, es cuando el Cenapi prende las alertas para empezar a vincularlas con organizaciones criminales y a generar concurrencia en el análisis del fenómeno criminal.
Y de la zona de Arizona y de California se concentra más geográficamente los espacios que también tienen más cercanos toda la zona del norte de Baja California parte de Sonora, y Culiacán, Sinaloa.
Estos tres puntos que configuran las todas las trazas tienen un punto común: la zona centro de la república, donde confluyen dos organizaciones delictivas muy fuertes de amplio espectro en términos de posicionamiento y mercados que dominan el narcotráfico, señaló Guerrero Centeno maestro en políticas públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El funcionario de la FGR hizo un diagnóstico del impacto que tienen las armas de fuego con base en cifras oficiales de homicidios, cómo han evolucionado los que se tienen identificados cometidos con arma de fuego y cómo se han venido incrementando año con año en el país.
El homicidio delito tiene que ver con las defunciones según las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, a partir de lo que recopila de autoridades estatales y del Inegi a través de los registros de defunción de secretarias de Salud federal y estatales.
Es decir, la causa de muerte por homicidio que dictamina el médico a una autoridad investigadora es muy parecida en su tendencia, resalta para el último año disponible la cifra total de defunciones que se certificaron con el uso de arma de fuego como causa de muerte en Guanajuato, Michoacán y Estado de México, estados que más presentan a este tipo de causa por uso de arma de fuego.
En el caso de Guanajuato resulta interesante la cifra de muertes por arma de fuego, de casi el 15 por ciento en el grupo poblacional que va de los 15 a los 44 años de edad, es decir, uno de cada tres personas muere por esta causa en la entidad.
Por lo que cuando análisis más a fondo, desde el enfoque de la seguridad pública, empezamos a cuestionar si también tendríamos que discutir si ya es un asunto de salud pública.
Es decir, se está restando esperanza de vida a ciertos grupos poblacionales en ciertas entidades federativas porque el riesgo por el uso de arma de fuego ya se aproxima directamente a una víctima colateral por diversas situaciones.
Sabemos el impacto que tiene la investigación de los delitos relacionados con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) sobre preguntas específicas a víctimas de algún delito, casi 40 por ciento reconoció que sí había un arma de fuego en el momento en el que fueron atacadas, un dato que no es menor.
Ahora, dijo Guerrero Centeno, si llevamos esto a términos absolutos alrededor de 4 millones de eventos delictivos al año están siendo cometidos con armas de fuego utilizando justo las cifras de la encuesta del Envipe.
En ese contexto, la fiscalía empieza a actuar cuando tiene conocimiento de que hay un arma que no se demuestra su legal posesión y resulta que son 52 mil aseguramientos de arma de fuego de 2020 a octubre de 2022 el total de armas aseguradas.
Algunos claramente están relacionados con la frontera norte del país, es decir, se logra normalmente impedir que las armas lleguen a su destino. En todos los municipios fronterizos la hipótesis es la misma, como Tijuana donde se registra mayor aseguramiento de armas.
Incluso algunos municipios alejados como Acapulco, Guerrero o Benito Juárez, Quintana Roo, donde se están asegurando también gran cantidad de armas.
Armas cortas. Largas, especiales…
Asumiendo que llegaron a su destino, y cuyo origen claramente está en Estados Unidos, al ir desagregando los patrones, se identifica que no es lo mismo las armas cortas que armas largas, ni las armas especiales, puntualiza Guerrero Centeno.
En concreto, de 58 mil armas aseguradas, 35 mil son armas cortas cuyo comportamiento de estos flujos mantiene cierta estabilidad en municipios del sur de la república, lo cual refleja el impacto que tienen las armas.
Es decir, no solamente estamos interrumpiendo el flujo de armas al momento de asegurarlas, sino también cuando es probable que hayan tenido actividad criminal dependiendo del punto donde se están asegurando.
Respecto de armas largas aseguradas, se concentra en la parte noreste del país y en municipios fronterizos de Tamaulipas, hay una gran cantidad de aseguramientos, lo cual empieza a pintar patrones distintos, tienen que ver con el modo y la forma en la que llegan estas armas de contrabando.
Los mayores aseguramientos son en municipios que tienen puntos legales de entrada al país, en puntos de revisión, o en puntos de control ubicados en algunos kilómetros posteriores a la línea de revisión fronteriza.
La hipótesis es que se está interrumpiendo el flujo, pero por el volumen de cosas que fluyen en la frontera en esta parte del país, es más difícil de detectar, lo aprovechan traficantes de armas al país, además son armas largas, no es lo mismo ocultar un arma corta en un vehículo que trasladar una carabina Barrett calibre .50.
Requiere de más espacio y logística para poder internar esas armas de manera ilegal y evitar que estas sean detectadas en los puntos de control del centro del país, cómo Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato y una parte de Michoacán, destino de esas armas que se aseguran antes de que las utilicen.
Y las armas especiales que se están asegurando tienen un foco de atención importante para el Cenapi porque el poder de fuego de estas armas en manos de la delincuencia organizada, genera un reto muy distinto para poder combatirlo.
De esa manera, cambia la figura del tipo de armas aseguradas en zonas alejadas del país, significa que llegaron a manos de organizaciones delictivas, que pudieron haberlas utilizado, pero una vez aseguradas se pueden identificar a partir de su trazabilidad, desde donde se comercializó, hasta el punto de aseguramiento.
“Estamos monitoreando frontera en puntos en aduanas, tanto del lado norteamericano como del lado mexicano, y los aseguramientos del lado mexicano por estado son grandes cantidades y del lado norteamericano en conjunto con la agencia de aduanas de Estados Unidos”, aduce el funcionario del Cenapi.
Sin embargo, los flujos de un lado y del otro no vemos la misma película, en la parte del noroeste vemos una gran cantidad de aseguramientos en Baja California y Sonora uno de los puntos de internamiento que tenemos que revisar justamente en una lógica de coordinación, pues tenemos que alertar que ahí hay más tráfico de hormiga porque son armas cortas que estamos asegurando de este lado.
Por lo que planteó que habría que establecer estrategias de contención en las dos fronteras y del lado de Texas donde ya vimos el volumen, es muy alto, implica también la cantidad de frontera y puntos de internamiento que hay hacia el país.
En la parte del tráfico en términos de los móviles, dijo que se atacan los modos operandi de estos flujos ilícitos, no es lo mismo asegurar armas cortas por los modos de ocultamiento, el tipo de organización delictiva que los trafica, o si el traficante está relacionado con una organización delictiva.
Los retos nos imponen ahora se denominan armas fantasmas, armas de polímero o las partes de armas que se comercializan y que tendrían que ser reguladas, para ver cómo configurar delitos cuando se aseguran, principalmente en la zona del Bajío.
También estamos analizando cómo intervenir el tráfico de armas por paqueterías, a través de las cuales no solo se trasiegan drogas, también partes de armas llegan a distintos puntos del país, para encontrarse en otro punto distinto donde se ensamblan.
Trasiego de armas, jugoso negocio
La industria de armas emplea a casi 450 mil trabajadores en Estados Unidos, representa 5 mil 900 millones de dólares solo en 2021, explica la dimensión de una industria que tiene tanto poder dentro del ecosistema político del Estado y en la economía estadounidense en una escala muy importante, señaló por su parte Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte de la SRE.
Si bien se ha ido modificando la legislación a nivel nacional en Estados Unidos en los últimos años, a nivel local es dramático lo que está ocurriendo sobre todo en Texas, donde están transitando hacia un modelo de apertura total a la venta de armas y municiones, lo cual es un tema de preocupación para México, refirió el funcionario.
Destacó la importancia de los criterios del partido republicano para promover a jueces y ministros a la Corte Suprema, su posición en el tema de libertad de armas y la gran amplitud de las libertades de deportación de armas en Estados Unidos.
“Las armas de fuego son parte de una cadena de suministro, pero sobre todo de un modelo de negocios de organizaciones criminales, compran armas para intimidar a poblaciones, confrontar a las fuerzas de seguridad municipales estatales y federales de México, buscar control de territorios y en la frontera compartida, lo cual posibilita su negocio principal”, argumentó.
Implica la trata de personas entre los dos países, mayor volumen de operaciones financieras, y se ha convertido en un círculo vicioso para la violencia armada, arguye Velasco Álvarez, maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago.
Dijo que un factor que contribuyó a la explosión de violencia en México fue que se levantara el veto a las armas de asalto en Estados Unidos, empezó una explosión de la violencia muy importante en nuestro país.
Consideró que el tema de las armas está completamente politizado, pese a que México no está planteándole a Estados Unidos modificar su constitución, ni cómo regular su mercado interno, sino aspectos de su regulación interna que son consustanciales a la relación con México, como es el caso de las armas de asalto y el control hacia fuera de sus fronteras.
Es importante no perder de vista estos cambios en la regulación de drogas, pero independientemente de ello, México ha planteado que nuestra cooperación en esa materia va a continuar, al igual en materia de finanzas ilícitas, es sustancial, y si se modifica la situación, podemos tener un control mayor en materia de armas.
