Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum nombró “junior tóxico” al empresario y líder moral del PRIAN, Claudio X González Guajardo, éste aseguró que su labor se centra en el “altruismo”, el “activismo social” y el “activismo político”, con lo que descartó ser un vividor a la sombra de su padre: el empresario Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly Clark. Lo que no dijo es que las asociaciones civiles con las que está ligado no hacen altruismo, sino que son grupos de presión. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico litiga abiertamente contra la nueva Constitución en sus apartados sobre la democratización del Poder Judicial; mientras que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad continúa con la manufactura de informaciones falsas disfrazadas de “periodismo” e “investigación aplicada”. En 2023, esta última organización gastó 45 millones de pesos en textos destinados a desprestigiar al gobierno de AMLO; 7 millones en su difusión multimedia, y 3 millones en sus campañas en redes sociales, revela su información contable entregada al SAT
El 4 de septiembre de 2024, el empresario Claudio X González Guajardo –apodado como el “junior tóxico” por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– confesó –en una charla, vía zoom, con integrantes de Va por Todos MX– que andaba “muy apurado persiguiendo los votos” de los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para que la reforma judicial no fuera aprobada y, con ello, impedir “la deriva autoritaria que enfrentamos” en México.
“Acabo de bajarme [sic] del teléfono celular porque, repito, estamos persiguiendo los votos e intentando amarrar [sic] a las y los 43 senadores de oposición, que permitiría rechazar la reforma al Poder Judicial y eventualmente otras muy lesivas acciones que pretende el oficialismo a través del llamado Plan C”, dijo en la videollamada con la mercadóloga Ana Buhl –cercana al calderonista Max Kaiser– y otros integrantes de Va por Todos Mx.
Con esa declaración, el accionista de la trasnacional Kimberly Clark –y representante de la oligarquía mexicana más antidemocrática– dejaba al descubierto las verdaderas motivaciones del liderazgo que asumió de los partidos de derecha, especialmente el PRIAN, para defender sus propios intereses, que son contrarios a la voluntad popular que llevó a la Presidencia de la República a la doctora Sheinbaum con caso 36 millones de votos. Además, demuestra que su supuesto activismo político en realidad se basa en métodos de presión. Por eso utiliza el concepto “amarrar” y no el concepto “convencer”, a la hora de narrar su actividad a quienes simpatizan con su causa.
Y la presión a los senadores era fundamental para seguir controlando al Poder Judicial, pues la estrategia de González Guajardo –a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el primer mes de la administración de la presidenta Sheinbaum– ha sido litigar contra las principales políticas públicas y obras de infraestructura. Para ello, evidentemente, necesita jueces, magistrados y ministros sometidos a esos intereses oligárquicos.
Como Contralínea lo ha documentado, la estrategia legaloide del empresario se ha ejecutado desde dos de sus asociaciones civiles: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Ahora mismo, este último apoya las campañas contra la Constitución reformada en materia judicial, y a favor del golpe aguado que pretende asestar el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Pero no sólo eso. En la videollamada del pasado 4 de septiembre, Claudio X enunció todas las reformas constitucionales del llamado Plan C como objetivos a evitar, incluidas: la “nacionalización de la energía”, la extinción de los órganos autónomos y la supuesta desaparición de un árbitro justo para las elecciones.
Y, de plano, el oligarca confesó: “todos esos, amigas y amigos, son temas que están en la agenda de Morena desde el primer día [diciembre de 2018]. Y hemos logrado bloquear una parte importante de esa agenda a lo largo de estos 6 años. Y nosotros jugamos un rol muy significativo en eso, primero, construyendo esta coalición [del PRIAN] y votando por esa coalición en 2021, lo cual permitió en ese momento equilibrar tablas; y en ese sentido, las reformas constitucionales que ahora pretenden, si no hubiéramos logrado eso en ese momento ni siquiera estaríamos platicando ahorita de tratar de detener la reforma judicial. Ya sería una realidad. Entonces, en ese sentido, hemos ganado tiempo”.
Más adelante se arroga que, junto con muchos mexicanos y mexicanas pararon el Plan A y el Plan B. Cuando en realidad eso lo echó abajo la Suprema Corte, que claramente responde a esos mismos intereses del empresario. Pero esa no es la única confesión que ha hecho Claudio X: el 31 de octubre, a través de su red social en X, escribió: “Es criminal que un país que recauda tan poco (medido como porcentaje del PIB), desperdicie tanto dinero en empresas quebradas como Pemex y CFE, así como en proyectos perdedores como el AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya, Mexicana, y tantos otros. Esos recursos derrochados hacen gran falta para combatir la pobreza, para acabar con la inseguridad, para darle calidad a la educación, para universalizar la salud… Entre las muchas taras de Morena, el derroche de recursos públicos es una de las peores”.
Todos esos proyectos fueron combatidos por el empresario con desinformación, y también por la vía legaloide, con decenas de juicios de amparo interpuestos, primero por MCCI –a través de su estrategia #NoMásDerroches, y después por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Millones de pesos para atacar a la 4T
El combate de Claudio X a la cuarta transformación y el humanismo mexicano se mueve con millones de pesos. Tan sólo de enero de 2019 a enero de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –organización fundada por el empresario– operó con 277 millones 231 mil 517 pesos. De ese monto, la UIF detalla que el gobierno de Estados Unidos –a través de la USAID, brazo de la CIA– donó 96 millones 740 mil pesos a ese grupo opositor que actualmente encabeza María Amparo Casar, exfuncionaria foxista cercana a Claudio X y beneficiada con una pensión vitalicia de Pemex, y a la que cada mes MCCI le paga casi medio millón de pesos.
Otras evidencias del dineral que gasta en este activismo contra el pueblo de México –pues lo hace sin respetar la voluntad de las mayorías y para bloquear la agenda del humanismo mexicano, como el mismo empresario lo ha confesado–, es el reporte que MCCI entregó al SAT en mayo de 2024, correspondiente a su situación fiscal en el ejercicio 2023. En éste se detalla, por ejemplo, que la asociación gastó 55 millones de pesos en sus textos que suplantan al periodismo y en sus supuestas “investigaciones aplicadas” –en su mayoría, contra el gobierno de López Obrador–, así como en su difusión masiva.
De acuerdo con el reporte, MCCI destinó ese monto de la siguiente manera:
Investigaciones sobre conflictos de interés: 3 millones 341 mil 5.29 pesos; investigaciones sobre el uso irregular de recursos públicos, 5 millones 577 mil 775.34 pesos; investigaciones sobre redes de corrupción, 3 millones 559 mil 675.24 pesos; investigaciones sobre impunidad, 5 millones 989 mil 509.29 pesos; investigación aplicada contra la corrupción en el sector privado, 2 millones 806 mil 402.60 pesos; investigación aplicada para fortalecer el estado de derecho, la justicia y la democracia, 10 millones 729 mil 961.32; investigación aplicada para la equidad y concientización de la ciudadanía sobre la corrupción, 2 millones 805 mil 369.11; investigación aplicada para la evaluación de políticas públicas y la percepción ciudadana, 4 millones 499 mil 200.14; investigación aplicada para la vigilancia del gasto público, 4 millones 39 mil 260.20; investigación aplicada para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, 1 millón 481 mil 928.29 pesos; así como 3 millones 105 mil 441.86 pesos para difusión masiva en redes sociales; y 7 millones 497 mil 281.52 pesos para “generación de contenido de multimedia”.
Algunos de los textos que publicó la organización y que maquinó con esos millones de pesos fueron: “Triangulan 490 millones de pesos del INSABI a amigo de Andy [hijo de López Obrador, actualmente directivo del partido Morena]”; “El departamento de lujo del Secretario de la Defensa”; “Los viajes del general Luis Cresencio Sandoval”; “Directivo de Segalmex operó en la red de los amigos de Andy”; “Sedatu impuso como proveedor a un amigo de Andy”; “AMLO encargó a amigo de su hijo Gonzalo el Instituto para Devolver lo Robado”; “Las nuevas revelaciones de ‘La Casa Gris’”; “Funcionario ligado al caso Odebrecht firmó 197 contratos en Dos Bocas”; “Asesor de AMLO recibe obra sin licitar por 1,688 millones de pesos”.
Y a ello se suma el costo de las decenas de juicios de amparo que promovió Claudio X González desde el CNLE, organización de la que es consejero. Además del empresario, el consejo directivo está integrado por Luis Asali Harfuch (presidente y quien presta la oficina de su despacho para alojar al Consejo Nacional de Litigio Estratégico), Claudia Aguilar Barroso, Gustavo de Hoyos Walther, Fernando Gómez-Mont Urueta (exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón), José Mario de la Garza Marroquín; y Miguel Carbonell Sánchez.
