Productor de maíz en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. Foto Cuartoscuro / Archivo
Ciudad de México. Estados Unidos abrió la puerta a una nueva tensión comercial con México, al anunciar que considera acudir al tratado de América del Norte (T-MEC) si no logra una solución favorable a la prohibición mexicana del uso de maíz transgénico a partir de enero de 2024.
Así lo dio a conocer el secretario de Agricultura estadunidense, Tom Vilsack, luego de reunirse ayer por casi dos horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Antes del encuentro, en la conferencia mañanera, el mandatario había enfatizado que su gobierno mantendrá su política en esa materia: “No queremos maíz transgénico para consumo humano, no lo vamos a permitir”.
La polémica surgió tras el decreto emitido por López Obrador en diciembre de 2020, en el cual anunció la eliminación del maíz transgénico y del herbicida glifosato para 2024.
Preocupa a la Casa Blanca
Productores estadunidenses alegaron pérdidas multimillonarias por la decisión mexicana, presionaron para que su gobierno actuara en el caso y perfilaron así la ruta de una posible nueva confrontación entre ambas naciones dentro del T-MEC.
Un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que, durante el encuentro, Vilsack planteó a López Obrador y a altos funcionarios mexicanos las “profundas preocupaciones” de la Casa Blanca y los agricultores de su país por la mencionada medida.
Sin embargo, reconoció que ayer hubo avances en la discusión, como el énfasis del mandatario mexicano en la relevancia de las importaciones de maíz amarillo para la seguridad alimentaria de México, unos 17 millones de toneladas anuales, que se usan para forraje.
“El decreto de eliminación gradual del Presidente tiene el potencial para interrumpir sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos”, expuso el funcionario de Washington.
Afirmó que el cierre mexicano causaría “pérdidas económicas masivas” para la industria agrícola y representaría una “carga injustificada” para los productores estadunidenses de maíz. Subrayó que también impactaría significativamente la relación comercial bilateral, que en 2021 alcanzó un valor récord de más de 63 mil millones de dólares y se estima sea mayor para 2022.
Vilsack exhortó a la parte mexicana a encontrar soluciones aceptables al problema, de lo contrario, “el gobierno de Estados Unidos se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos legales en virtud del T-MEC”.
El representante del gobierno de Joe Biden subrayó que la parte estadunidense ha buscado constantemente la cooperación y consulta con la administración mexicana para resolver el diferendo. Estimó que en la reunión con López Obrador hubo algunos avances, pero advirtió: “Ahora el tiempo se está acabando”.
Agregó que en el encuentro se habló, además, sobre un proceso potencial en el que los dos países “pueden intercambiar información y entablar un diálogo para garantizar la seguridad de los productos biotecnológicos. Esperamos tener una propuesta del equipo del Presidente pronto y evaluaremos de cerca. Si bien no tenemos una solución a la mano, continuaremos comprometiéndonos con México en este importante tema”.
Por la mañana, en su conferencia, el titular del Ejecutivo mexicano informó de la reunión programada para horas más tarde con Vilsack, quien acudió a Palacio Nacional acompañado del embajador Ken Salazar.
López Obrador adelantó ante la prensa que seguramente el tema aparecería en el encuentro. “Pero ya está claro: no queremos maíz transgénico para consumo humano, no lo vamos a permitir. Esa es nuestra política y va a continuar así, pero hay formas de ponernos de acuerdo”.
Por la tarde, al finalizar el cónclave entre ambas delegaciones, los funcionarios estadunidenses evadieron dar declaraciones a los reporteros que esperaban una reacción. Con semblante adusto abordaron una camioneta –escoltada por otras cinco– y se retiraron de Palacio Nacional.
#VideosLaJornada El canciller Marcelo Ebrard (@m_ebrard) y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos (@vmva1950), dan detalles de la reunión que sostuvieron con el embajador Ken Salazar y del secretario de Agricultura de EU, Tom Vilsack, en Palacio Nacional. Video: @emirkuspic.twitter.com/cTWHFjpRyZ
El titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, dijeron que fue un encuentro preparatorio de la Cumbre de Líderes de América del Norte –que se realizará en enero en nuestro país–, para avanzar en temas relativos a la seguridad alimentaria de ambas naciones.
Ante la pregunta sobre el maíz transgénico y el decreto de prohibición que preocupa a los estadunidenses, el canciller evitó ahondar y sólo refirió que será un tema que se toque en enero en la Cumbre. Villalobos se limitó a comentar: “Es en lo que vamos a trabajar”.
El impacto del tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México va más allá del tema de los homicidios. Tan sólo entre 2013 y 2019, la violencia por armas de fuego ha dejado una estela de 150 mil heridos, muchos de ellos con secuelas de por vida y discapcidades
En México, más de 150 mil personas resultaron heridas por disparos de armas de fuego en el periodo que va de 2013 a 2019, y hay tres veces más personas que recibieron un impacto de bala por cada 10 homicidios, de acuerdo con el investigador Carlos Pérez-Ricard, doctor en ciencias políticas por la Universidad Libre de Berlín.
“Se trata de un cálculo tres veces mayor al que reconocen oficialmente las instituciones de salud del país”, indicó. Ello, porque en ese periodo sólo fueron contabilizadas 55 mil personas heridas por arma de fuego en el país
Al participar en el seminario El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México, organizado por El Colegio de México, el doctor Pérez-Ricard destacó que otro tema relevante son los costos financieros de una persona que recibe un impacto de bala frente a una persona que es herida con un arma blanca. La atención médica por un impacto de bala cuesta en promedio alrededor de 16 mil pesos, mientras que atender una herida por arma blanca cuesta alrededor de 1 mil 500 pesos. Para el experto, el costo financiero es enorme y difícil de cubrir para la mayoría de las familias.
Aunado a ello, muchas de las personas heridas por armas de fuego quedan con secuelas físicas de por vida que requieren tratamientos médicos costosos o incluso con discapacidades que limitan el desarrollo de las víctimas.
El doctor Pérez-Ricard señaló que las heridas de bala no sólo generan daños físicos enormes, sino también afectan la salud mental. Ser herido de bala implica un impacto sustancial y hay una proporción de soledad, refirió el experto. Sin embargo, dijo, “esto no lo sabemos, pero empíricamente para el caso de México, es posible inferirlo a partir de investigación que se ha hecho en América del Norte”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), elaborada por el Inegi, revela que las personas que reciben un impacto de bala en México son hombres urbanos de entre 18 y 35 años de edad, con muy pocas variaciones, señaló Pérez-Ricard profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE.
Para los casos de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Centroamérica y México, explicó, los datos indican que las víctimas y los victimarios en un alto porcentaje son las mismas personas que al mismo tiempo son víctimas de la violencia por armas de fuego.
No obstante, dijo, si se pudiera hacer este ejercicio en México se obtendrían estadísticas que no solamente sirven para hacer ciencias sociales, sino para incidir realmente en política pública porque víctimas y sus familias nunca vuelven a ser las mismas.
Armas, el “elefante en la habitación”
De manera figurada, la violencia relacionada con las armas de fuego en México “es el elefante en la habitación” cuando se habla de violencia y de política de armas en particular, indicó Pérez-Ricard, profesor-investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE. “Cuando pensamos en la violencia en torno a las armas, pensamos casi siempre en homicidio; pero deberíamos empezar no sólo a teorizar mejor otro tipo de violencias que tienen que ver con la cuestión armada, como el hecho de la gente que es herida de bala pero que no muere, por eso a las balas que no matan lo llamamos el elefante en la habitación”. Es decir, de heridos con armas de fuego a sobrevivientes a un impacto de bala, que en la mayoría de los casos guardan secuelas físicas y mentales que les imposibilitan llevar una vida normal.
“Estas personas están completamente ausentes del debate público, de los reportes, de las discusiones académicas y, por supuesto, de todo registro nacional de salud de nuestro país”, subrayó. Por ello, consideró que “es un elefante enorme, un coloso en una habitación que cada vez se hace más estrecha y que obliga a mirar a heridos de bala. Un grupo inexistente para la televisión, los periódicos e instituciones de salud, y que urge atender, no solamente por consideraciones éticas, ni porque la sociedad tiene que vigilar y cuidar a los más vulnerables, sino por razones de política pública”.
Atender a este grupo demográfico más susceptible de ser víctima y de ser victimario, porque aquellos que han recibido un disparo de bala son más proclives a ser revictimizados, es decir, a recibir otro impacto de bala o a perpetrar violencia futura, expresó durante su alocución en el seminario “El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México”.
Indicó que si bien esta hipótesis no está sustentada en datos a partir de lo que se ha hecho en México o en América Latina, sí se sabe por investigación que se ha hecho en salud pública en Estados Unidos, Canadá y Europa, por lo que es altamente previsible que esta misma hipótesis se sostenga “si tuviéramos investigación también para el caso mexicano”.
Entonces, dijo, “si pensamos que hay montón de gente que recibe un impacto de bala, pero que no muere probablemente tenemos que generar políticas públicas enfocadas precisamente en estas personas”.
Al presentar resultados de investigación en torno al problema del impacto de las armas más allá de los homicidios, el doctor Pérez-Ricard planteó que pensar que la violencia armada en términos de homicidios es un error metodológico y conceptual que más que elucidar, oscurece el tema.
“Siempre que pensamos en torno a la violencia y medimos, nuestro mejor indicador son siempre los homicidios, pero toda la investigación sobre crimen y violencia en América Latina y en el mundo apunta a que, en todo caso, los homicidios pueden ser indicador de algo, pero de ninguna manera pueden en su conjunto abstraer el concepto de la violencia social”. Nuevas investigaciones revelan que, mientras el homicidio, sobre todo en sociedades con grandes índices de violencia organizada, registran picos a la alza y a la baja, que se mueven muy rápido, mientras que el resto de los crímenes se mueven siempre de manera mucho menos evidente con mucho menos picos y con muchos menos bajos.
El homicidio se comporta de manera distinta. “Tendríamos que tener más bien la teoría sobre cómo se comporta el homicidio y cómo se comporta la violencia que, insistió, es radicalmente distinto en el marco conceptual”. Respecto de la construcción de políticas públicas focalizadas, estimó que hay algunos intentos a nivel local, pero ninguna a nivel federal, y urgió a crear programas de trabajo de atención psicológica y apoyo a las familias que lidian con heridos, como trabajadoras sociales, y vincularse con la persona que recibió el impacto de bala.
“Por eso es tan importante reunir el tema de las armas con el de la seguridad pública en nuestro país. Si nosotros evitamos que estos grupos se hagan de estas armas difícilmente van a tener capacidades para diversificar, el fondo es que hay que desmilitarizar al crimen organizado porque la disponibilidad de armas genera mayores percepciones de inseguridad”, concluyó.
EU, país más armado del mundo
Por su parte, Eugenio Weigend –doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey, investigador sobre uso y tráfico de armas de fuego y su impacto en la seguridad– afirmó: “sabemos que Estados Unidos es un jugador importante en el tráfico de armas, no sólo a México sino a Centroamérica, e Caribe e inclusive a Canadá y el mundo”. Dijo que los factores que contribuyen al tráfico de armas desde Estados Unidos y los problemas y retos que enfrenta ese país como exportador de armas, que al mismo tiempo sufre de la violencia con armas dentro de su territorio.
Indicó que un tema fundamental de Estados Unidos es la Segunda Enmienda, que a través de 200 años ha ido cambiando y, a partir de la década de 1990 giró más hacia que no se violara el derecho del pueblo a poseer y portar armas, lo cual observa en las últimas dos interpretaciones y decisiones importantes de la Suprema Corte de Justicia en el 2008, y el 2022 sobre la ley en el estado de Nueva York.
La producción de armas y de pistolas de alto calibre que ha tenido Estados Unidos en los últimos años ha ido en aumento. Resaltó que Estados Unidos tiene un serio problema con armas de fuego: al día mueren 120 personas a causa de un disparo, principalmente por suicidios, y 200 personas reciben un impacto de bala y quedan heridas el resto de sus vidas, principalmente jóvenes de comunidades afroamericanas.
El flujo interno de armas en Estados Unidos va en estados con regulaciones más estrictas que respuestas ha habido en años recientes acompañada de un apoyo presupuestal para investigación sobre violencia con armas en tiroteos masivos en escuelas y lugares públicos.
Ha habido apoyo presupuestal para la investigación de causas de violencia con armas de fuego en 2022, y una legislación bipartidista por primera vez en más de 25 años con pasos importantes, pero insuficientes, porque no incluyen la prohibición de armas de asalto ni revisión de antecedentes a compras en transacciones privadas, pero sí incluyen el tráfico de armas como delito federal enfocados a prevenir tiroteos masivos.
Las demandas a la industria no sólo por parte del gobierno mexicano y organizaciones de la sociedad y víctimas dentro de Estados Unidos han utilizado este mecanismo, para pedir revisión de cuentas a la industria de armas que es negligente. Al mismo tiempo, ha habido leyes estatales con medidas más estrictas y estados que, como respuesta a la violencia, han planteado tener más armas en escuelas, armar a los maestros y permitir que cualquier persona pueda llevar un arma en público sin la necesidad de licencia.
Con ello, ha aumentado la violencia y los enfrentamientos con policías y el número de armas aprobadas.
El tráfico de armas de Estados Unidos a México vulnera la seguridad nacional y empodera a organizaciones criminales en varias regiones del país. Este delito potencia el poder de fuego de los cárteles en agravio de la sociedad. Ejemplo de la gravedad del problema son las más de 58 mil armas aseguradas en 2 años y medio
En México se han asegurado –entre enero de 2020 a septiembre de 2022– más de 58 mil armas traficadas ilegalmente de Estados Unidos. En éstas se incluyen armas de alto poder Barrett calibre .50 mm y AK-47, utilizadas por grupos criminales causantes de violencia en amplias regiones del país, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.
FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM
De acuerdo con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Fiscalía General de la República (FGR), la cifra del decomiso de armas en ese periodo es resultado de 32 meses de trazabilidad de cada arma asegurada proveniente de Estados Unidos y reportada a Etrace, indicó el funcionario.
“El objetivo es establecer un entendimiento, regularlo, fijar las metas comunes y corresponsables entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, cuya esencia es el control del tráfico de armas hacia nuestro país, ha sido una negociación de nunca acabar”, afirmó.
Destacó que no se puede reducir la violencia con ese volumen de tráfico de armas en México, mientras que, en Estados Unidos, en lo que va del siglo no ha habido acciones importantes en la materia con el argumento de que el Congreso no quiere modificar la ley, ni restringir a los ciudadanos la Primera Enmienda constitucional.
Al participar en el seminario El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México, afirmó que, mientras que a Estados Unidos le preocupa esencialmente los precursores o fabricación de fentanilo, a México le preocupa que haya un esfuerzo coincidente y proporcional, para reducir el flujo de armas a grupos delincuenciales que provocan violencia.
Las armas decomisadas según informó Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security, en inglés), en lo que podríamos llamar la última milla de salida hacia México, son 355, “lo cual es insostenible y no lo vamos a permitir”, advirtió el canciller.
Se trata de un período corto de las armas aseguradas, por lo que se puede deducir que hay un número mucho mayor, por eso, afirmó canciller, si México no reduce esa disponibilidad de armas, “va a estar muy difícil disminuir la violencia asociada a las armas de fuego, un objetivo estratégico de seguridad nacional del país”.
Subrayó que el esfuerzo de Estados Unidos para frenar drásticamente el flujo de armas a México es muy pequeño respecto el esfuerzo que México tiene que hacer para controlar químicos y las drogas que llegan a Estados Unidos.
“Hay una desproporción, o sea, no les estaríamos pidiendo que hagan una operación gigante, difícil, compleja, casi imposible, ahí están los lugares [de donde provienen lar armas] y lo que vamos a entregar en Washington”.
Consideró que, además del tráfico de drogas, a México preocupan las armas, pues los homicidios dolosos en el país al 2022, no hay una tendencia al alza, que ojalá se pueda consolidar, pero, para ello, es estimó necesario el esfuerzo de Washington.
Por esa razón, México presentó sendas demandas contra el tráfico de armas dirigida a un mercado criminal, registra altos índices de homicidios dolosos, por lo que se demanda se aplique la disposición legal norteamericana en negligencia que le da impunidad a la industria de armamentos.
Esto va a ser la métrica también para medir los que estamos planteando y pensamos que sí se podría lograr la meta de México de reducir cuando menos 10 o 20 por ciento el tráfico de armas de aquí al final de la administración y romper la curva de violencia del país.
Además del canciller, en el seminario también participó un grupo de expertos nacionales e internacionales durante dos días abordaron desde múltiples perspectivas una cuestión que ocupa la comunidad internacional desde hace más de un siglo: la eliminación, producción, distribución, almacenamiento y uso de armamento.
De la trazabilidad al aseguramiento
Del total de armas aseguradas en México de acuerdo al país de producción, se concluyó que casi el 60 por ciento las estas se produjeron en Europa, y el 40 por ciento restante fueron comercializadas en Estados Unidos, explicó Edgar Guerrero Centeno, director general de análisis nacional en el Cenapi.
Es decir, aun cuando ese porcentaje de armas se produjeron en Estados Unidos y que en algún momento ingresó ilegalmente al país, otras fueron producidas en otra parte del mundo, se importaron por Estados Unidos, y representan el 73 por ciento de las que provenían de Europa y posteriormente llegaron a México de manera ilegal. El resto ingresaron seguramente por la frontera sur o por las fronteras marítimas.
La trazabilidad –una vez que asegurada el arma– se identificó el punto donde fue comercializada a nivel de coordenadas geográficas, y el condado en el que se encuentra la tienda que la vendió, desde puntos muy alejados al noreste de Estados Unidos, hasta California, Arizona y Texas, donde se concentra la mayoría del tráfico de armas.
Hay condados –prosiguió Guerrero Centeno– donde también hay una mayor concentración de armas identificadas que fueron comercializadas: prácticamente de todos los estados de Estados Unidos ha salido un arma hacia México del total asegurado, enfatiza.
Las trazas indican que en la zona del Bajío en México es muy representativa, adonde llega la mayoría de armas que vienen de Texas, es cuando el Cenapi prende las alertas para empezar a vincularlas con organizaciones criminales y a generar concurrencia en el análisis del fenómeno criminal.
Y de la zona de Arizona y de California se concentra más geográficamente los espacios que también tienen más cercanos toda la zona del norte de Baja California parte de Sonora, y Culiacán, Sinaloa.
Estos tres puntos que configuran las todas las trazas tienen un punto común: la zona centro de la república, donde confluyen dos organizaciones delictivas muy fuertes de amplio espectro en términos de posicionamiento y mercados que dominan el narcotráfico, señaló Guerrero Centeno maestro en políticas públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El funcionario de la FGR hizo un diagnóstico del impacto que tienen las armas de fuego con base en cifras oficiales de homicidios, cómo han evolucionado los que se tienen identificados cometidos con arma de fuego y cómo se han venido incrementando año con año en el país.
El homicidio delito tiene que ver con las defunciones según las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, a partir de lo que recopila de autoridades estatales y del Inegi a través de los registros de defunción de secretarias de Salud federal y estatales.
Es decir, la causa de muerte por homicidio que dictamina el médico a una autoridad investigadora es muy parecida en su tendencia, resalta para el último año disponible la cifra total de defunciones que se certificaron con el uso de arma de fuego como causa de muerte en Guanajuato, Michoacán y Estado de México, estados que más presentan a este tipo de causa por uso de arma de fuego.
En el caso de Guanajuato resulta interesante la cifra de muertes por arma de fuego, de casi el 15 por ciento en el grupo poblacional que va de los 15 a los 44 años de edad, es decir, uno de cada tres personas muere por esta causa en la entidad.
Por lo que cuando análisis más a fondo, desde el enfoque de la seguridad pública, empezamos a cuestionar si también tendríamos que discutir si ya es un asunto de salud pública.
Es decir, se está restando esperanza de vida a ciertos grupos poblacionales en ciertas entidades federativas porque el riesgo por el uso de arma de fuego ya se aproxima directamente a una víctima colateral por diversas situaciones.
Sabemos el impacto que tiene la investigación de los delitos relacionados con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) sobre preguntas específicas a víctimas de algún delito, casi 40 por ciento reconoció que sí había un arma de fuego en el momento en el que fueron atacadas, un dato que no es menor.
Ahora, dijo Guerrero Centeno, si llevamos esto a términos absolutos alrededor de 4 millones de eventos delictivos al año están siendo cometidos con armas de fuego utilizando justo las cifras de la encuesta del Envipe.
En ese contexto, la fiscalía empieza a actuar cuando tiene conocimiento de que hay un arma que no se demuestra su legal posesión y resulta que son 52 mil aseguramientos de arma de fuego de 2020 a octubre de 2022 el total de armas aseguradas.
Algunos claramente están relacionados con la frontera norte del país, es decir, se logra normalmente impedir que las armas lleguen a su destino. En todos los municipios fronterizos la hipótesis es la misma, como Tijuana donde se registra mayor aseguramiento de armas.
Incluso algunos municipios alejados como Acapulco, Guerrero o Benito Juárez, Quintana Roo, donde se están asegurando también gran cantidad de armas.
Armas cortas. Largas, especiales…
Asumiendo que llegaron a su destino, y cuyo origen claramente está en Estados Unidos, al ir desagregando los patrones, se identifica que no es lo mismo las armas cortas que armas largas, ni las armas especiales, puntualiza Guerrero Centeno.
En concreto, de 58 mil armas aseguradas, 35 mil son armas cortas cuyo comportamiento de estos flujos mantiene cierta estabilidad en municipios del sur de la república, lo cual refleja el impacto que tienen las armas.
Es decir, no solamente estamos interrumpiendo el flujo de armas al momento de asegurarlas, sino también cuando es probable que hayan tenido actividad criminal dependiendo del punto donde se están asegurando.
Respecto de armas largas aseguradas, se concentra en la parte noreste del país y en municipios fronterizos de Tamaulipas, hay una gran cantidad de aseguramientos, lo cual empieza a pintar patrones distintos, tienen que ver con el modo y la forma en la que llegan estas armas de contrabando.
Los mayores aseguramientos son en municipios que tienen puntos legales de entrada al país, en puntos de revisión, o en puntos de control ubicados en algunos kilómetros posteriores a la línea de revisión fronteriza.
La hipótesis es que se está interrumpiendo el flujo, pero por el volumen de cosas que fluyen en la frontera en esta parte del país, es más difícil de detectar, lo aprovechan traficantes de armas al país, además son armas largas, no es lo mismo ocultar un arma corta en un vehículo que trasladar una carabina Barrett calibre .50.
Requiere de más espacio y logística para poder internar esas armas de manera ilegal y evitar que estas sean detectadas en los puntos de control del centro del país, cómo Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato y una parte de Michoacán, destino de esas armas que se aseguran antes de que las utilicen.
Y las armas especiales que se están asegurando tienen un foco de atención importante para el Cenapi porque el poder de fuego de estas armas en manos de la delincuencia organizada, genera un reto muy distinto para poder combatirlo.
De esa manera, cambia la figura del tipo de armas aseguradas en zonas alejadas del país, significa que llegaron a manos de organizaciones delictivas, que pudieron haberlas utilizado, pero una vez aseguradas se pueden identificar a partir de su trazabilidad, desde donde se comercializó, hasta el punto de aseguramiento.
“Estamos monitoreando frontera en puntos en aduanas, tanto del lado norteamericano como del lado mexicano, y los aseguramientos del lado mexicano por estado son grandes cantidades y del lado norteamericano en conjunto con la agencia de aduanas de Estados Unidos”, aduce el funcionario del Cenapi.
Sin embargo, los flujos de un lado y del otro no vemos la misma película, en la parte del noroeste vemos una gran cantidad de aseguramientos en Baja California y Sonora uno de los puntos de internamiento que tenemos que revisar justamente en una lógica de coordinación, pues tenemos que alertar que ahí hay más tráfico de hormiga porque son armas cortas que estamos asegurando de este lado.
Por lo que planteó que habría que establecer estrategias de contención en las dos fronteras y del lado de Texas donde ya vimos el volumen, es muy alto, implica también la cantidad de frontera y puntos de internamiento que hay hacia el país.
En la parte del tráfico en términos de los móviles, dijo que se atacan los modos operandi de estos flujos ilícitos, no es lo mismo asegurar armas cortas por los modos de ocultamiento, el tipo de organización delictiva que los trafica, o si el traficante está relacionado con una organización delictiva.
Los retos nos imponen ahora se denominan armas fantasmas, armas de polímero o las partes de armas que se comercializan y que tendrían que ser reguladas, para ver cómo configurar delitos cuando se aseguran, principalmente en la zona del Bajío.
También estamos analizando cómo intervenir el tráfico de armas por paqueterías, a través de las cuales no solo se trasiegan drogas, también partes de armas llegan a distintos puntos del país, para encontrarse en otro punto distinto donde se ensamblan.
Trasiego de armas, jugoso negocio
La industria de armas emplea a casi 450 mil trabajadores en Estados Unidos, representa 5 mil 900 millones de dólares solo en 2021, explica la dimensión de una industria que tiene tanto poder dentro del ecosistema político del Estado y en la economía estadounidense en una escala muy importante, señaló por su parte Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte de la SRE.
Si bien se ha ido modificando la legislación a nivel nacional en Estados Unidos en los últimos años, a nivel local es dramático lo que está ocurriendo sobre todo en Texas, donde están transitando hacia un modelo de apertura total a la venta de armas y municiones, lo cual es un tema de preocupación para México, refirió el funcionario.
Destacó la importancia de los criterios del partido republicano para promover a jueces y ministros a la Corte Suprema, su posición en el tema de libertad de armas y la gran amplitud de las libertades de deportación de armas en Estados Unidos.
“Las armas de fuego son parte de una cadena de suministro, pero sobre todo de un modelo de negocios de organizaciones criminales, compran armas para intimidar a poblaciones, confrontar a las fuerzas de seguridad municipales estatales y federales de México, buscar control de territorios y en la frontera compartida, lo cual posibilita su negocio principal”, argumentó.
Implica la trata de personas entre los dos países, mayor volumen de operaciones financieras, y se ha convertido en un círculo vicioso para la violencia armada, arguye Velasco Álvarez, maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago.
Dijo que un factor que contribuyó a la explosión de violencia en México fue que se levantara el veto a las armas de asalto en Estados Unidos, empezó una explosión de la violencia muy importante en nuestro país.
Consideró que el tema de las armas está completamente politizado, pese a que México no está planteándole a Estados Unidos modificar su constitución, ni cómo regular su mercado interno, sino aspectos de su regulación interna que son consustanciales a la relación con México, como es el caso de las armas de asalto y el control hacia fuera de sus fronteras.
Es importante no perder de vista estos cambios en la regulación de drogas, pero independientemente de ello, México ha planteado que nuestra cooperación en esa materia va a continuar, al igual en materia de finanzas ilícitas, es sustancial, y si se modifica la situación, podemos tener un control mayor en materia de armas.
Mario Benedetti nos lo señaló hace años con aquella frase: “Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas”.
Y así fue como tuvimos que escuchar conceptos como bombardeos humanitarios, economía de mercado y globalización, que ocultan la sangre y el horror de la muerte caída del cielo, el criminal capitalismo y el imperialismo, todo ello con su reguero de infinita pobreza camuflada como personas de escasos recursos.
También tuvimos que aprender que hay muchas formas de tumbar gobiernos y que, a reserva del criterio imperial, la asonada militar pasaba a ser un modo marginal rebasado ya por las revoluciones de colores y los golpes de estado en el nombre de la ley (lawfare). Magistrados cooptados en reemplazo de los militares que ya estaban demasiado desacreditados por su protagonismo en materia de violación a los Derechos Humanos durante las dictaduras.
Ahora en México se está ensayando un golpe de estado progresivo y por etapas para que el ejército mexicano llegue al poder en el momento conveniente para el Imperio USA y con el aval de las leyes aprobadas por los diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Más allá de conferencias mañaneras y posicionamientos a favor o en contra del actual presidente López Obrador, la dura realidad es que la violencia del crimen políticamente organizado, no remite en México y mantiene calculados niveles de tensión social.
Laboratorio Zacatecas
El antiguo centro minero de la plata durante el siglo XVI ya era importante en tiempos de la Colonia, por ser punto clave en la ruta hacia los territorios del Norte de la Nueva España. En la actualidad es una de las rutas clave para el tránsito de drogas hacia EEUU. Situado al norte de la meseta central de México, limita con el norteño estado de Coahuila, que, a su vez, es territorio fronterizo con el Imperio. Zacatecas es el segundo estado de mayor producción minero-metalúrgica en México, sólo por detrás de Sonora. Es aún el mayor productor de plata y segundo lugar en producción de oro y cobre.
Las empresas mineras nacionales y extranjeras son dueñas del 31.70% de la entidad con las 2.700 concesiones adjudicadas. Con una convergencia similar con estados donde hay grandes explotaciones mineras o petroleras como Tamaulipas, Zacatecas es asiento, cobijo y centro de operaciones de organizaciones criminales como la del Golfo, del Noreste, Sinaloa, Los Talibanes y Jalisco.
Con un crecimiento de un 450% en el índice de homicidios dolosos en menos de cinco años, el gobernador David Monreal tuvo la ocurrencia de pedir a la población “encomendarse a dios” mientras él buscaba el apoyo del diablo.
«La guerra secreta en México» (Friedrich Katz, 1927-2010)
La obra de Katz, sigue vigente para entender los movimientos y presiones del gobierno estadunidense y británico, desde el planteamiento de la Doctrina Monroe (1823) hasta nuestros días.
“Entre marzo y junio de 1917 se elaboraron tres planes golpistas contra Carranza. Sus autores fueron el encargado de negocios británico en México y el agente del consorcio Cowdray en México… El plan golpista de mayor alcance fue elaborado por Body, representante de Cowdray en México. Proponía un ultimátum de los aliados y de EEUU a México, exigiendo la revalidación de los derechos contractualmente garantizados a los extranjeros… Body formuló estos planes durante un viaje de México a Washington y los discutió allí con Frank Polk, un importante funcionario del Departamento de Estado relacionado con los asuntos mexicanos.” (La guerra secreta en México, pag.526-527).
Un gran vuelo de cuervos mancha el azul del cielo
Como un capítulo más que encajaría perfectamente en la obra de Katz, el muy activo embajador norteamericano en México, Ken Salazar, se reunió la mañana del jueves seis de octubre, con el gobernador de Zacatecas David Monreal Ávila.
“Estoy aquí para trabajar con el gobernador, el estado de Zacatecas y el gobierno federal en esto de la seguridad”, fue el mensaje de Ken Salazar con fuertes tonos injerencistas porque en su comunicado detalló la participación de “todas las agencias de liderazgo de los EEUU: La FBI, el INL (Oficina internacional de Asuntos Antinarcóticos), la DEA y USAID (la Agencia para el Desarrollo Internacional)… de los golpes de estado. La novedad era que el gobierno federal se enteró por la prensa de la reunión que ya es y será conocida como Pacto de Zacatecas. Aunque dos días después el Presidente López Obrador aclaró que la Constitución prohíbe ese tipo de acuerdos; pero bueno, más se aplica el dicho popular que, a la letra, dice que palo dado ni Dios lo quita, que no el artículo 89 de la Carta Magna invocado por el Presidente mexicano, que vaya usted a saber en qué página se encuentra, o en qué realidad se ubica.
El denominador común en la operación largamente diseñada por el liderazgo de las agencias mencionadas, es mantener la actividad criminal de los grupos delincuenciales en altos niveles de impacto. Esto junto a la evidente corrupción y conexiones de las policías estatales y federales con los delincuentes, justifican la presencia del Ejército Federal en las calles cumpliendo labores de seguridad pública. La pretensión de regresar a los milicos a sus cuarteles durante la campaña electoral de López Obrador para aspirar a la silla presidencial se ha ido aplazando hasta llegar a la reciente aprobación por parte de 17 Congresos estatales, para la reforma del quinto artículo transitorio del Decreto de la Guardia Nacional, y permitir así que Ejército y Marina continúen en las calles hasta el 2028. También se avala que la Guardia Nacional quede bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Quedó aprobado que, desde 2023, entidades y municipios dispongan de fondos adicionales para fortalecer sus “instituciones de resguardo a la ciudadanía” (*).
Algunas señales.- En un movimiento progresivo y mínimamente perceptible para la población mexicana, el elemento militar va tomando protagonismo y situándose en primera línea con elevados tonos de clarín a toque de batallón y llamado de tropa. En ese movimiento apenas perceptible se encuentra la cancelación por parte del general Secretario de la Defensa, de la reunión que iba a tener el general Secretario Sandoval con una comisión de diputados federales para que el militar hablara sobre las filtraciones de un grupo de hackers conocidos como “Guacamayas”, la infiltración en los archivos de la SEDENA, y los riesgos que implica la difusión de este tipo de materiales cibernéticos.
El miércoles 19 de octubre se realizó la comparecencia en el Senado de la República, del Gabinete de Seguridad. Allí estaban presentes el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. La presencia de los tres mandos militares lucía impecable peinado, medallas y símbolos en el uniforme, pero nunca tuvo voz para responder las fuertes críticas expuestas sobre la estrategia de seguridad y la militarización en el país. Fue la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la que rindió cuentas y subió a tribuna para defender la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Con señales como esta, no hay una percepción de que los militares se sometan al poder civil, ni que estén dispuestos a rendir cuentas al llamado de las instituciones republicanas.
Otra señal en la misma línea fue la declaración del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicando que todos los ciudadanos que reúnan los requisitos para poder competir por la Presidencia de la República, incluyendo a los militares, pueden ser partícipes en las candidaturas presidenciales. “Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas, incluso ser presidente, pero deberá someterse a las urnas” declaró el Secretario de Gobernación en el Senado del estado de Hidalgo. Otra vez, y podemos suponer que con un sufrido y profundo suspiro, tuvo que salir a declarar López Obrador que no, que sus adversarios alucinan y quisieran que el Ejército dejara de ser leal para aspirar a un cargo de poder. “Pero nuestro ejército no pertenece a las oligarquías, no se deja dominar por los grupos de poder económico o político, no es como otros ejércitos, además es surgido del pueblo”, señaló el tabasqueño en funciones de Presidente de la República.
Sin ponernos a investigar el origen social de los mandos altos y medios del Ejército mexicano, o la posibilidad de que tengan madre comprobada, lo que sí está a la mano afirmar es que México y su ejército están encuadrados en el Comando Norte de EEUU. Que en enero de 2022 se inició una nueva etapa de cooperación y acercamiento entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las del Imperio de las Sanciones, concretadas en los trabajos del Taller de Sincronización en Cooperación 2022. El grupo está encabezado por el contralmirante Mateo Arzate Loza, Coordinador General de Unidades de Superficie de la Armada de México, quien trabaja con sus pares de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Comando Norte (US NORTHCOM). Los mandos militares comenzaron con los trabajos del taller en una dinámica de acercamientos que ha tenido antecedentes sostenidos en los últimos dos años, con encuentros de mandos militares, aéreos y navales de ambos países y varios ejercicios conjuntos de aire, mar y tierra en ambos territorios.
En una reunión celebrada en Ciudad de México, en julio de 2021, entre el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y el de la Marina de México, Rafael Ojeda, con el general Glen D. VanHerck, Jefe del Comando Norte de los EEUU., se acordó ir estrechando la cooperación y el intercambio académico, tecnológico y de personal militar de ambos países mediante ejercicios de adiestramiento. La cooperación en áreas de seguridad abarca temas de interés común (ciberseguridad, seguridad fronteriza, respuesta inmediata ante amenazas comunes (¿Quién define esas amenazas?), terrorismo, bioterrorismo e intercambio de información.
Es así como la SEDENA trabaja de manera cada vez más estrecha con los Estados Unidos, y la línea que puede involucrar abiertamente al ejército y Armada de México con la OTAN es muy, muy delgada, porque el escenario de guerra total impuesto por EEUU-OTAN contra Rusia se intensifica, y las exigencias de la guerra requieren de un mando vertical y disciplinado, sin estar lidiando con gobiernos más o menos afines, pero que pueden poner peros o someter a votación en el Congreso decisiones vitales para los objetivos del mando militar Imperial, en un punto del conflicto tal vez ya calculado y cuando la niebla de la guerra a alta velocidad nos impida entender en qué momento la sinrazón del ejército empezó a penetrar en nuestra vida cotidiana.
Nota:
(*) Entrecomillado y nota del autor: Actualmente la única institución confiable de resguardo de los mexicanos es el hogar, para sentirse protegidos durante los cada vez más frecuentes enfrentamientos armados entre bandas del crimen políticamente organizado.
FUENTES: La Jornada (Julio Hernández); defensa.com (Jorge Alejandro Medellín; Russia Today (Ariel Noyola Rodríguez).
México aún enfrenta resistencias a la prohibición de la siembra de maíz transgénico en sus tierras por parte de agricultores originarios del país que es su principal exportador de este grano: Estados Unidos.
La Asociación Nacional de Agricultores de Maíz de EEEUU, organización que representa a dicho sector, lanzó un comunicado para exigir al representante Comercial de su país que inicie una disputa en el marco del T-MEC para permitir la exportación de maíz transgénico a México, así como permitir el uso del herbicida glifosato, considerado por varios científicos cancerígeno.
Lo anterior, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto a finales de 2020 para prohibir este tipo de plantas aludiendo el daño que causa a la biodiversidad mexicana, en la cual coexisten hasta 62 variedades de maíz nativo.
Actualmente, sólo se puede introducir maíz amarillo genéticamente modificado a México, únicamente para alimentar al ganado. No obstante, el decreto a cumplirse en 2024 contempla la prohibición total de cualquier tipo de transgénico.
La prohibición fue respaldada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas que se congregan en la campaña nacional Sin maíz no hay país, y la cual, además de defender la prohibición de transgénicos, aboga por la autosuficiencia alimentaria y el respeto al patrimonio de las comunidades rurales, quienes, además, deben defenderse de la biopiratería de sus propias semillas.
Pese a ello, los agricultores estadounidenses presionan a sus representantes ante el T-MEC para iniciar una controversia, pues alegan que el tratado que se firmó en 2018 no incluye tal prohibición que, afirman, afectarán gravemente la economía de EEUU.
De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en el actual año comercial México es su principal comprador de maíz con 5,39 millones de toneladas métricas (TM).
Según datos de la Oficina del Censo de EEUU, durante la última temporada se exportaron a México 16,81 millones de toneladas equivalente a 5.090 millones de dólares, del cual sólo 20% es maíz blanco para consumo humano. Esta cifra podría verse severamente afectada en caso de que la prohibición de los transgénicos también se prolongue al maíz amarillo.
La mayoría de las importaciones de México están destinadas a la alimentación del ganado. No parece probable que la prohibición se extienda a la alimentación del ganado, pero los funcionarios mexicanos aún no han aclarado su posición, poniendo nerviosos a muchos en EEUU por la nueva política”, afirmó para Progressive Farmer el analista Todd Hultman.
Hultman asegura que, incluso en México, los ganaderos están preocupados por la posible salida total del maíz transgénico, aunque ello también signifique más insumos para consumo interno en EEUU.
No obstante, rechazar el maíz transgénico podría establecer un precedente que afectaría el enorme crecimiento que ha tenido el campo estadounidense gracias a este tipo de alimentos. Según un estudio de PG Economics, tan sólo entre 1996 y 2015 el uso de este tipo de alimentos aumentó la producción global en más de 357,7 millones de toneladas.
Este incremento se tradujo en un aumento en los ingresos agrícolas de 261.000 millones de dólares para los principales países productores (EEUU, Argentina y Brasil), acorde con un estudio realizado por también por PG Economics. El mismo informe indica que, de no haberse usado transgénicos, estos países habrían necesitado 274 millones de hectáreas extras para lograr la producción obtenida entre 1996 y el 2020.
La prohibición total de cualquier tipo de maíz transgénico en México, además, tendría una repercusión económica oara ambos países que se calcula en pérdidas de entre 3.500 y 5.500 millones de dólares antes de 2026, según las estimaciones de World Perspectives Inc.
De prohibirse este tipo de alimentos de manera completa se establecería un precedente en el que México antepone su soberanía y “políticas claras respecto a la alimentación de la población”, de acuerdo con el economista Óscar Rojas.
En entrevista para Sputnik, el director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo considera que si bien, “no se puede negar que habrá afectaciones” en caso de rechazarse cualquier transgénico, México demostraría que toma “decisiones no solamente sobre cuestionables contables de costos, sino también de algo importante que es la alimentación y la salud”, ante las denuncias contra los alimentos genéticamente modificados.
Estamos transitando a ese otro esquema en donde los costos y beneficios económicos son una condición importante, pero no la más importante”, opina el investigador.
En este contexto , la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés), en la que se congregan varias empresas de la industria, entre ellas Bayer, también han presionado a las autoridades estadounidenses para que, en caso de fallar las negociaciones del T-MEC, se busque generar un tratado de biotecnología agrícola que les permite mantener sus ventas.
Ante las presiones por la prohibición, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) reiteró que la decisión de prohibir el maíz transgénico está sustentada en evidencia científica que demuestran los riesgos del uso de este tipo de alimentos.
Las organizaciones de la campaña Sin maíz no hay país, al igual que otras como Greenpeace y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, advierten que el uso de maíz transgénico, aún con las previsiones conocidas, afectará la biodiversidad del campo mexicano a través del proceso de polinización, además de que el uso del glifosato se ha asociado con la aparición de cáncer.
Actualmente, estas organizaciones luchan para impedir una reforma a la Ley de Variedades Vegetales, marco normativo creado a partir de la negociación del TLCAN (hoy T-MEC). Esto debido a que, como parte de la renegociación del acuerdo comercial en el mandato del expresidente Donald Trump, se pide a México suscribir el convenio UPOV91, un marco normativo internacional que, entre otras cosas, defiende el registro de patentes de semillas.
Las organizaciones campesinas advierten que, de adoptarse este convenio, se vulneraría cualquier protocolo de protección para las variedades nativas, cuyas características genéticas adquiridas tras cientos de años de trabajo de generaciones de agricultores son estudiadas y replicadas en laboratorios de trasnacionales extranjeras, quienes después venden las semillas modificados, junto con el glifosato, a los mismos productores.
En esta polémica, México ha mantenido su postura sobre el maíz transgénico, e incluso la ha fortalecido tras anunciar que se suspenderán las exportaciones de maíz blanco, las cuales sumaron 249.144 toneladas en el primer semestre de 2022.
La medida forma parte del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía anunciado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio de la O, el pasado 3 de octubre, como parte de las estrategias para lidiar con la inflación alimentaria.
Aunado a ello, y desde hace meses, el Gobierno mexicano promueve el cultivo doméstico con programas de fertilizantes gratuitos. Según el programa Fertilizantes para el Bienestar, hasta septiembre de este año, se han destinado 274.606 toneladas de urea y DAP para más de 717.570 productores, mismos que se utilizarán en más de 900.000 hectáreas de nueve estados del país.
El doctor Óscar Rojas considera que, dado el contexto económico actual, es el mejor momento para “reconformar el mercado” a un modelo que proteja el maíz nativo y permita establecer límites claros de operación a empresas extranjeras.
Es un buen momento. La tormenta inflacionaria crea la necesidad, ahorita también EEUU está en un momento donde su hegemonía no es fuerte como en otros momentos y esto permite poner por encima nuestros criterios de política de soberanía”, comenta.
El 1 de enero de 1994, día en que estalló la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), también entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Ese acuerdo comercial detonó el crecimiento económico de los tres países. Más de 20 años después de haber sido firmado, la Administración del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto presumió un crecimiento de la actividad comercial trilateral del 265%, con valor en 2012 de 1,05 billones de dólares, casi la totalidad del actual Producto Interno Bruto mexicano, según datos del Banco Mundial. Sin embargo, estos beneficios no necesariamente se tradujeron en mejoras en la vida de los habitantes de la región norteamericana.
Por el contrario, la proliferación de alimentos ultraprocesados que fomentó el TLCAN ha impactado de manera significativa en la salud y en los hábitos de consumo de nutrientes de mexicanos, estadounidenses y canadienses, identificó la antropóloga médica y cultural Alyshia Gálvez, investigadora y autora del libro Comer con el TLC: Comercio, políticas alimentarias y la destrucción de México.
Sputnik conversó con la también profesora universitaria de estudios sobre América Latina en la Universidad de la Ciudad de Nueva York para comprender los daños en la alimentación que ha causado este tratado comercial a casi 30 años de que entró en vigor y ratificó muchos de sus criterios con su renegociación en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Comidas procesadas: omnipresentes
El TLCAN permitió que los alimentos ultraprocesados se encuentren en prácticamente cualquier parte, acusa la investigadora Gálvez.
“En lugar de las comidas tradicionales, los alimentos tradicionales de la milpa, del maíz y frijoles, cocina ancestral, vemos realmente un boom de comidas ultraprocesadas y sabemos que estas comidas ultraprocesadas tiene un efecto dañino en el cuerpo cuando se consumen con frecuencia o en altas cantidades [por su alto contenido de azúcares y grasas, además de las técnicas que se usan para producirlos]”, asegura.
A decir de la experta, el TLCAN promovió el consumo de carne porque el ganado se alimenta del maíz procesado y modificado de origen estadounidense, que goza de bajos precios. Concretamente, agrega, la comida rápida permitió ventajas al capitalismo estadounidense porque sobreexplota la mano de obra, ofrece comida barata que facilita reducir salarios y absorbe excedentes agrícolas.
En México, señala, el TLCAN permitió a las empresas estadounidenses buscar mano de obra móvil y mal pagada del otro lado de su frontera sur, trabajadores vulnerados por el hecho de que Washington no autoriza la migración suficiente para responder a la demanda de trabajadores.
Mientras que en Estados Unidos se puede comprar fruta fresca todo el año, acusa la analista en su libro, sus alimentos preparados y empacados llegan a todas partes del mundo y desplazan otras formas de comer.
“Las empresas estadounidenses obtienen ganancias espectaculares en términos de expansión de sus mercados de exportación para comidas y bebidas procesadas, químicos y otras cosas. Los ciudadanos mexicanos pagan el precio absorbiendo excedentes y productos estadounidenses, y hasta los efectos secundarios de los pesticidas, herbicidas, químicos y disruptores endócrinos que se utilizan en la producción y el procesamiento de alimentos”, indica en sus conclusiones.
“El pueblo mexicano literalmente paga con sus vidas. Primero pagan como trabajadores, valorados según su capacidad de trabajo, con los riesgos de movilidad cargados sobre sus propias espaldas, con escenarios muy limitados para su empoderamiento y participación cívica, y cada vez más pagan con sus cuerpos, blancos para consumo cada vez mayor, hasta que los límites mismos del cuerpo humano han sido empujados hasta el extremo”, añade.
Además, las enfermedades derivadas de esta relación les son presentadas a las víctimas como si fueran su culpa, resultado de su incapacidad para consumir alimentos en proporciones correctas y con nutrientes adecuados.
“El aumento de las enfermedades crónicas asociadas con la dieta en México no es una consecuencia imprevista ni un efecto secundario de los cambios económicos y políticos traídos por el TLCAN. Más bien es un resultado lógico de dar prioridad a la inversión extranjera directa, la agricultura industria, las teorías de las ventajas comparativas y un concepto determinado de desarrollo que no ve ningún rol para la agricultura en pequeña escala”, agrega la antropóloga.
“Las comidas y bebidas procesadas han inundado el mercado mexicano, haciéndose cada vez más baratas y más accesibles en todas las comunidades no sólo porque las empresas siempre están en busca de nuevos mercados, sino también porque se ha creado el espacio para que lo hagan, y la logística de la expansión de su mercado ha sido facilitada por políticas gubernamentales específicas”, enfatizó.
Las corporaciones influyen mucho en la democracia de EEUU
Un ciudadano estadounidense que acude a las urnas a votar tiene mucho menos capacidad de influencia entre los parlamentarios de su país que los cabilderos que presionan directamente a los integrantes del Capitolio para promover sus intereses y dictar de qué manera deben legislar en beneficio de las grandes multinacionales de la industria alimentaria y otros sectores, señala la antropóloga.
Supuestamente, apunta, el TLCAN fue negociado por los representantes populares de Ottawa, Washington y la Ciudad de México. “Pero si analizamos bien el proceso de negociación vemos que las corporaciones grandes, las industrias alimentarias y otras industrias tuvieron una voz demasiado alta, demasiado amplificada en estas negociaciones porque pudieron lograr muchos beneficios”, explica.
Los intereses económicos de estas firmas alcanzaron un estatus mucho más alto que el bienestar de las poblaciones interpeladas por el tratado comercial, reconoce la académica, además de sobreponerse a los intereses de pequeños productores y campesinos.
Esas industrias, indica, usualmente utilizan donaciones a partidos políticos para coaccionar a candidatos y representantes democráticos. “Es un problema del sistema electoral que tenemos y del sistema político, que tenemos una puerta abierta a las donaciones privadas corporativas”, agrega la especialista.
La continuidad empresarial con el T-MEC
El magnate y expresidente de Estados Unidos Donald Trump convirtió al TLCAN en uno de los principales blancos de sus críticas y sus promesas de campaña, bajo el argumento de que el acuerdo comercial afectaba a los trabajadores estadounidenses. Durante su Gobierno, impulsó la renegociación del acuerdo, de donde surgió el nuevo T-MEC.
La antropóloga Alyshia Gálvez identifica que ambos acuerdos trilaterales están orientados a otorgar oportunidades de grandes negocios a las corporaciones. “Ni el tratado de ahora ni el anterior tienen programas efectivos para promover al pequeño cultivador o al emprendedor de pequeña escala”, observa.
Por el contrario, el TLCAN puede traducirse en una creciente crisis sanitaria de enfermedades no transmisibles en México, además de un golpe cultural trasnacional derivado de estrategias empresariales, acusa en el libro.
Esta situación, dice, ha generado una enorme estabilidad, exacerbado la pobreza y desplazado a millones de personas, donde los pobres sufren los peores impactos e incluso utilizan recursos de programas de combate a la pobreza para comprar alimentos y bebidas procesados.
“Acuerdos bilaterales de comercio que no fueron pensados para asegurar un campo de juego parejo y equitativo han producido un paisaje en el que los ciudadanos-consumidores están cada vez menos protegidos“, estima.
Sin embargo, asegura que la Administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado la necesidad de apuntalar la soberanía alimentaria de México mediante la reducción de la dependencia a los alimentos importados.
“Que haya menos producto industrial de Estados Unidos y más posibilidad de competencia y participación en el mercado no solamente mexicano, sino el mercado trinacional de los pequeños cultivadores y empresarios”, describe.
Sin renunciar a los tamales, el problema es económico
Gálvez señala que en su investigación no reconoció a ningún mexicano que haya debilitado su apego cultural y de gusto por los tamales, los tlacoyos, los sopes, las quesadillas de huitlacoche y otros platillos de la gastronomía mexicana, no sólo configurada durante siglos sino reconocida como un modelo cultural completo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La elaboración del alimento mexicano conjuga actividades agrarias, prácticas rituales, técnicas ancestrales, participaciones colectivas en torno a ingredientes históricos como el maíz, el frijol, el chile, el tomate, la calabaza, el cacao, el aguacate o la vainilla, reconoce el organismo.
“Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad culinaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local”, apunta la Unesco.
Sin embargo, el problema del impacto del TLCAN en la alimentación de México, distingue la antropóloga, no es cultural, sino económico. “Todavía existe ese arraigo cultural a todo lo que es la forma de comer ancestral, sin embargo, los cambios económicos, políticos, sociales implican que es difícil mantener esa manera de vivir”, dice.
Procesos como la nixtamalización, centrales en el proceso civilizatorio de las culturas mesoamericanas, no llevan una hora ni poca mano de obra, señala Gálvez. Además, los mexicanos no pueden vivir con sus familias extendidas: se han visto obligados a la migración hacia el sueño americano.
Al menos el 10% de la población mexicana se desplazó luego de la implementación del TLCAN, indica la antropóloga, lo que ha separado a las familias rurales, que contaban con sus milpas para consumo propio. “Es difícil tener un medio, el tiempo, el conocimiento, etcétera, para poder cocinar de esa forma”, comenta.
Varios factores económicos han orillado a los mexicanos a tener menos tiempo de cocinar una comida caliente, por lo que sus opciones giran hacia las sopas instantáneas o los pastelillos ultraprocesados, denuncia la experta. “Son problemas sociales y políticos más que culturales, porque culturalmente yo creo que todavía existe ese sabor, ese gusto por la comida ancestral en México”, agregó.
El futuro está en el pasado: apoyar la cultura ancestral
Apoyar a los pequeños cultivadores y a las culturas ancestrales de México tiene una relevancia no sólo de conservación, sino que ante estas afectaciones alimentarias generadas por el TLCAN se convierte en un proyecto de salud y de desarrollo económico, considera Gálvez.
“Pero no se promueve el alimento ancestral como un bien en términos de la salud o en términos de la economía, del desarrollo”, apunta. De este modo, combatir la diabetes con yogures o refrescos light es mucho menos eficaz que promover la alimentación desde la milpa, que históricamente ha arrojado índices muy bajos de afectaciones en esta enfermedad ligada al consumo de azúcar, concluye.
En medio de las consultas relacionadas por diferendos en materia comercial, en el seno del tratado de América del Norte, esta tarde conversarán vía telefónica los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden. Tras señalar que hay buenas relaciones entre ambas naciones, destacó que el tema del encuentro será probablemente la cumbre trilateral (incluido Canadá) de diciembre próximo.
En su conferencia, el presidente dijo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard le comentó que lo habían contactado desde la Casa Blanca para comunicarle que “Biden quiere hablar conmigo”, aunque no precisó si esto se vincularía con las consultas sobre el tratado comercial.
A pregunta expresa sobre las diferencias en torno a la situación en que se encuentran las consultas sobre los diferendos en el capítulo energético del tratado comercial, después de que representantes de Estados Unidos no descartaron llevar la disputa a un panel, López Obrador desestimó los alcances de estas diferencias. Dijo que Biden ha reiterado que la relación con México se dará sobre la base del respeto a la soberanía.
–¿La controversia se mantiene?
–Estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana eléctrica, en materia petrolera, en el manejo dél litio, eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado, es un asunto de principios.
Más adelante, durante su conferencia, afirmó que “si fueran malas relaciones no se llevarían a cabo estos acercamientos. Es muy buena la relación”.
En otro orden, al referirse a la postura de la Asociación Nacionado de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, en el sentido de que no era obligatorio para sus agremiados preservar los precios de la canasta básica, López Obrador afirmó que efectivamente no es obligatorio pero confió en que empresas como Wal Mart, Soriana o Chedraui puedan cumplir con lo acordado. Efectivamente no es obligatorio, es voluntario, porque “somos juarista sanitario, Juarez decía que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.
Por otro,lado, sostuvo que en materia económica el país va por buen camino, a partir de que proceso de la mejor manera , según inversionistas extranjeros, el impacto económico de la pandemia, sin endeudarse más. Ahora, dijo, hay que abocarse directamente al fenómeno inflacionario para garantizar los precios de la canasta básica.
Durante su conferencia dijo que este mediodía recibirá a directivos mundiales de Wal Mart donde insistirá en que ese distribuidor “preponderante” en el mercado mexicano respete el acuerdo establecido para mantener los precios de la canasta básica.
En su balance general del estado de la economía mexicana dijo que el Producto Interno Bruto de México es de 21 o 22 billones de pesos anuales, en tanto que en España, con un Producto Interno Bruto similar, el porcentaje de deuda es de casi cien por ciento, es decir, una deuda como de 25 billones de pesos.
Atlas Network está en la mira en redes sociales luego de que el activista contra la desinformación, Julián Macías, analizara el hashtag #AMLOVeteYa.
A decir del activista, todo apunta a que Estados Unidos estaría financiando a periodistas como Carlos Loret de Mola para atacar a Andrés Manuel López Obrador mediante Atlas Network.
Tras el analizar el HT #AmloVeteYa, @luigicantu me hizo esta entrevista donde comentaba las conexiones internacionales del movimiento AntiAmlo, tras investigar todo apunta que EEUU está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a AMLO a través de Atlas Network. pic.twitter.com/S85XIzD7Eh
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 26, 2020
Macías apunta a que, para entender los intereses de Atlas Network hay que revisar quién lo financia, además del Departamento de los Estados Unidos, como petroleras y tabacaleras, lo que lo convierte en un brazo de política exterior.
El presupuesto anual de Atlas Network es de aproximadamente 15 millones de dólares, mismo que reparte en gastos de formación, apoyo, sueldos y premios a las fundaciones sociales, principalmente de América Latina.
Entre los premios se encuentra el de Templetom Freedom, con un valor de 100 mil dólares por la campaña #Ley3de3, del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), liderado en su momento por Juan Pardinas, actual Director Editorial General de Reforma, el diario más severo contra la 4T.
El presupuesto anual de Atlas Network es de aproximadamente 15 millones de dolares que reparte en gastos de formación, apoyo, sueldos y premios a las fundaciones socias. La mayor partida va para fundaciones de América Latina.https://t.co/xmy4MN7r8ypic.twitter.com/E9Y3hlg5HK
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 26, 2020
También Carlos Loret de Mola aparece en varios documentos de Atlas Network, apoyando la iniciativa y, a decir del activista, es más que evidente que el comunicador habría recibido una parte de la partida presupuestaria de Atlas en el concepto de difusión.
“Llama la atención que recientemente Carlos Loret lanzó un nuevo medio con residencia fiscal en Estados Unidos, concretamente en el paraíso fiscal de Delaware”, menciona.
Macías recuerda que, en dicho medio de comunicación, también participa Víctor Trujillo “Brozo”, quien se ha sumado a incontables campañas de desprestigio contra AMLO.
Y adivinen que… Carlos Loret aparece en varios documentos de Atlas Network apoyando esta iniciativa, esto sin duda no es casual, parece más que evidente que Carlos Loret recibió una parte de la partida presupuestaria de Atlas en concepto de difusión.https://t.co/ByVqcOIftDpic.twitter.com/slC4p7FO6h
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 26, 2020
El activista menciona que, al analizar los tuits más virales, se identifica que son difundidos principalmente por cuentas como Felipe Calderón o semibots que comparten cuentas Anti AMLO.
Algunas de las cuentas que también se benefician con estos bots en el hashtag #AMLOVeteYa son Denise Dresser, Javier Lozano y Joaquín López-Dóriga.
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 26, 2020
Y eso no es todo, el director del proyecto, Max Kaiser, también usa sus redes de manera sistemática en contra del mandatario, principalmente difundiendo contenidos de Loret, Sarmiento, Dresser, entre otros.
Macías también explica que otras Fundaciones de Atlas Network, afines o comprados por el proyecto, también apoyan la campaña de desprestigio.
Como ejemplo recuerda que la fundación de Atlas Network, IPEA, recibió un premio por su campaña en redes #NoMásImpuestos, en la línea de los objetivos de Atlas.
Vemos como otras Fundaciones de Atlas Network apoyaron la campaña, al igual que todas atacan a AMLO usando sus propias webs o los diarios afines o comprados por Atlas Network. pic.twitter.com/4qeBxbKBUI
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 26, 2020
Para ello, usaron la cuenta de Twitter @unmillonxmexico, que a decir de Claudia Regil, habría funcionado orgánicamente.
Pero a decir de Macías, la mitad de los seguidores de esta cuenta llevan inactivos en la red social más de dos años.
“Más raro es que miles de las cuentas que la siguen son de Brasil y están inactivas (son compradas)”, analiza el activista.
Añade que “si analizamos la cuenta de Claudia Regil, se nota que el patrón de difusión es parecido a las cuentas analizadas con el hashtag #AMLOVeteYa, es decir, continuos ataques y muchos retuits a Carlos Loret, Felipe Calderón, Econokafka, entre otras.
México Evalúa
También indica que, al revisar México Evalúa, se observa que tanto la fundación como su presidenta, Edna Jaime, tienen fácil y frecuente acceso a medios afines a Atlas Network, como Animal Político, Reforma, El Financiero, entre otros, donde publican ataques contra la 4T.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de Estados Unidos decidió “no dar paso” a un panel en materia energética correspondiente al Tratado México-Estados Unidos- Canadá (T- MEC).
El mandatario aseguró que tanto Estados Unidos como México, buscan llegar a un acuerdo sin tener que recurrir a un panel.
“Vamos muy bien, cuando se pensó que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética, informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, un arreglo. Que no haya confrontación“, señaló López Obrador.
La declaración se da luego de que el 20 de julio, el gobierno de Estados Unidos acusara a la administración de López Obrador de excluir al capital extranjero en materia energética y dar preferencia a los proyectos de empresas paraestatales como Pemex y CFE, argumento que también usó Canadá para pedir su propio recurso de consulta en materia energética a México.
El Presidente AMLO en su conferencia mañanera.
En agosto arrancó el proceso de consultas solicitadas, en donde las tres naciones que componen el T-MEC contaban con 75 días para llegar a un acuerdo. El plazo venció el pasado 3 de octubre y se estipulaba que de, no llegar a un acuerdo, iniciaría el proceso de formación de un panel para resolver las inconformidades.
Ante la abstención de Estados Unidos de recurrir a un panel, el mandatario mexicano agradeció la postura de Biden y señaló que existe una buena relación bilateral entre ambas naciones.
“Agradecerle también al presidente Biden porque ha sido muy respetuoso con nosotros (…) Tenemos una relación comercial de primer orden, somos el primer socio comercial de Estados Unidos“, dijo López Orador.
AMLO en su última visita a la Casa Blanca.
López Obrador dio muestra de las buenas relaciones que lleva con Estados Unidos, pues informó que es probable una visita de John Kerry, enviado especial para el cambio climático de Joe Biden, la cual puede ocurrir a finales de este mes para continuar los trabajos del Plan Sonora de energías renovables.
“Estamos trabajando sobre el Plan Sonora que tiene que ver con energías renovables, estamos construyendo una planta solar. Se tomó la decisión de nacionalizar el litio, no descartamos el que podamos hacer con la participación de la inversión extranjera, fábricas de batería”, manifestó López Obrador.
En tanto, el mandatario aprovechó para agradecer a los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por respetar la decisión de México de no reducir su volumen de producción de petróleo.
“Explicamos las razones y nos respetaron y por ejemplo eso nos evitó el cuestionamiento del gobierno de Estados Unidos que le reclamó a Rusia y Arabia por la reducción, en el caso de México, no”, señaló López Obrador.
Luego de que la semana pasada el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, para establecer acuerdos en materia de seguridad, el presidente de México restó importancia a estos hechos y aseveró que la política exterior del país es materia del poder Ejecutivo.
Al ser cuestionado por Sputnik sobre si estaba enterado sobre los acuerdos, en donde sale a relucir la presencia de la Administración de Control de Drogas de la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el mandatario mexicano señaló que la Constitución prohíbe que las entidades suscriban acuerdos con Gobiernos extranjeros.
“De acuerdo con la Constitución, la política exterior corresponde el Ejecutivo federal, titular del ejecutivo, de acuerdo con el artículo 89, es el responsable de la política exterior. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los Gobiernos estatales suscriban acuerdo con los gobiernos extranjeros”, sentenció.
López Obrador señaló que no hay problema si las autoridades del estado se reúnen con autoridades de Estados Unidos; sin embargo, recordó que la política exterior es asunto del jefe del Ejecutivo.
“No pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido, es importante que todos sepamos que estos hechos ayudan a ir transmitiendo información, a que todos sepamos lo que dicen nuestras leyes”, dijo.
A pesar de la reunión entre Salazar y David Monreal, en donde a decir del mismo embajador estadounidense estuvieron elementos de la DEA, el FBI, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el presidente de México se dijo confiado en el representante estadounidense.
“Es muy claro (las leyes), pero le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados. Hay una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, agregó. “No hay que hacerlo grande, es un pronunciamiento”, señaló.
Fue el pasado viernes, 6 de octubre cuando se llevó a cabo la polémica reunión entre Salazar y el gobernador zacatecano. El encuentro fue calificado como “histórico” por el mismo embajador estadounidense, quien agregó que todo se hizo respetando la soberanía del país latinoamericano.
Reunión histórica en Zacatecas con INL, FBI, DEA, USAID, Departamento de Estado y el Cónsul General de Monterrey–todo con respeto a la soberanía de México y Zacatecas. https://t.co/yvI4iXM1hQpic.twitter.com/WwMV0tSETb
De acuerdo con el artículo citado por el presidente de México en su conferencia de este 10 de octubre, es tarea del Ejecutivo nacional “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado”.
Tras lo dicho por el presidente, el gobernador zacatecano aseveró que no existe ningún convenio o acuerdo firmado entre el gobierno de Zacatecas y el de Estados Unidos.
“Son reuniones de coordinación y colaboración”, dijo David Monreal, quien aseveró que nunca pasaría por encima de la Carta Magna mexicana.
“El diálogo sostenido la semana pasada con funcionarios estadounidenses, a través del embajador Ken Salazar, se dio en un marco de respeto a la soberanía Nacional, uno de los principios centrales de nuestro movimiento, y bajo el Entendimiento Bicentenario acordado por ambos países”, agregó.
