Inician formalmente trabajos de comisión por violaciones graves a derechos humanos durante Guerra Sucia.
Fueron presentados planes de los distintos instrumentos que integran dicho grupo de trabajo especial. Se nombró al director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana Ángeles, como secretario ejecutivo.
En la primera reunión de trabajo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, refrendó el compromiso del Gobierno de México, de garantizar el acceso a todos los archivos e inmuebles que sean necesarios para que la Comisión cumpla con su mandato.
La sesión ordinaria fue conducida por el subsecretario en su calidad de presidente de dicha comisión y se nombró al director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de Gobernación, Félix Santana Ángeles, como secretario ejecutivo.
Asimismo, se presentaron los planes de trabajo de los siguientes cinco instrumentos que integran la comisión:
1) El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación a cargo de la titular de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada.
2) El Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas a cargo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna.
3) El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico integrado por las cinco personas expertas comisionadas: Abel Barrera Hernández, Aleida García Aguirre, Carlos Pérez Ricart, David de Jesús Fernández Dávalos y Eugenia Allier Montaño.
4) El Comité para el Impulso a la Justicia, coordinado por tres personas expertas: Ángela Buitrago Ruíz, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus.
5) El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración e integrado por el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu; el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila Espinosa; la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Gabriela Pulido Llano; el director de Educal, Fritz Glockner; y de la organización Memoria Abierta de Argentina, Verónica Torres.
Bajo este contexto, se refrenda que la comisión tiene por objetivo realizar las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal (APF), y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención.
Por Rosa María González Carranza y Tupac Amaro Gutiérrez Ortega – Desde mediados de diciembre esperábamos con mucho interés una reunión a la cual fuimos convocadas y convocados, por los representantes de nuestro colectivo Unitario de Jalisco, Enrique Velázquez Martin y Francisco Javier López Loza, sobre las acciones llevadas a cabo desde la conformación del Colectivo hasta la Instalación de “La Comisión de la Verdad” en la Ciudad de Chihuahua el 10 de diciembre pasado. Decir que independiente de esta reunión, ya habíamos tenido información a través de un chat en el que nos comunicamos con regularidad o por correo electrónico, así como por las redes sociales. Nuestra reunión fue en el populoso barrio de San Juan Bosco de esta ciudad de Guadalajara, en la casa que recuerda la lucha por los presos políticos y desaparecidos, allí precisamente sentimos la presencia de Don Luciano Rentería a través de sus paredes, sus muebles, sus plantas, esos espacios en donde nos inmortalizamos y donde las paredes hablan por sí solas de los recuerdos. Como puede verse acudimos un poco más de la mitad de quienes integramos el colectivo, lo que nos parece interesante ya que muchos están viviendo fuera de la ciudad sede, y desde luego que hicieron su esfuerzo por estar presentes, esperemos que la siguiente reunión se unan los demás.
Inicio por mencionar las emociones que se dieron al encontrarnos, había quienes teníamos hasta cuarenta y ocho años sin vernos, nuestras manos temblaron ligeramente al encontrarse y no sabíamos si abrazarnos o solo quedarnos con las ganas de hacerlo; algunos otros nos habíamos visto más seguido, pero todo era un gran acontecimiento, porque al menos durante los dos últimos años no nos habíamos comunicado. Hay quienes habíamos participado en algunos temas como la defensa del dinero público y el estado laico o fuimos de los que organizamos la marcha del fatídico 28 de mayo por las calles de Guadalajara, en fin en los últimos años hemos participado con algunos en diversos temas locales. Las emociones estaban tan a flor de piel que solamente faltaba un motivo para que nuestros ojos nos delataran, nuestras palabras salían entrecortadas.
A pesar de esto iniciamos aprobando el orden del día, y luego el compañero Enrique Velázquez tomó la palabra para dar información del camino recorrido desde que nos conformamos como colectivo, y de las gestiones para incorporarnos a la asamblea Nacional de Colectivos, desde donde se pudieron hacer algunas aportaciones al Decreto que permite el reconocimiento de las víctimas y que permitió nombrar La Comisión de la Verdad. Nos dijo que el camino no ha sido fácil desde este momento hasta la instalación de la Comisión de la Verdad en Chihuahua. Nos menciona a los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad son: David de Jesús Fernández Dávalos, Abel Barrera Hernández, Aleida García Aguirre, Eugenia Alliert Montaño y Carlos Alonso Pérez Ricard. Nos habló de sus orígenes y trayectoria relacionada con su nombramiento para ser parte de esta Comisión.
En su intervención Francisco Javier López Loza, hizo referencia a la Reunión en la Ciudad de Chihuahua para la Instalación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990”; habló de lo importante del evento que fue presidido por el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, así como la Presidenta de La Comisión Nacional de los Derechos humanos Rosario Piedra Ibarra, Autoridades locales y otros integrantes del Gabinete del actual Gobierno de la República, además, Víctimas y familiares de Desaparecidos. Hizo mención entre lo más importante, de los mecanismos que se establecerán para el acceso a la Justicia y No repetición como son: Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, Comité de Impulso a la Justicia, Programa Especial de Búsqueda de las Personas Desaparecidas, Programa Especial de Reparación y Compensación, y el Centro de la Memoria. Francisco nos habló de la importancia de valorar este esfuerzo y de tener confianza en que están puestas las bases para que encontremos la Justicia y Reconocimiento Histórico que hemos buscado.
Los compañeros Enrique y Francisco nos informan que derivado de este evento, se logró una reunión con la presidente de la CNDH Rosario Piedra Ibarra, con la cual establecieron compromisos para realizarse actividades de visitaduría en los lugares de origen de las víctimas. También se estableció una comunicación con Martha Yuridia Rodríguez Estrada de la CEAV, titular recién ratificada por el Senado. Concluimos que para trabajar en los compromisos adquiridos tenemos que hacer un esfuerzo de organización para unificarnos y trazar metas como colectivo.
Surge entre los participantes dudas que son aclaradas, Armado Rentería toma la palabra para decir que independiente de los recursos institucionales, es necesario que cada quién vaya escribiendo su propia narrativa sobre los hechos vividos, para lo cual, surge la idea de revisar una guía que tenemos para escribir y otra para la denuncia de los hechos, por lo que se reunirán en breve Tupac Amaru Gutiérrez Ortega y Enrique Velásquez Martín para arribar a una determinación, la cual será comunicada inmediatamente en el chat del CUJ. También hablamos de la necesidad de tener localizados los lugares de tortura y desde luego de las casas de seguridad que tuvimos. Se toma el acuerdo de nombrar una comisión encargada de revisar los documentos que nos sirvan para recabar datos y de acompañar a quienes lo deseen en la escritura de sus memorias, además esta comisión también tendrá la función de crear mecanismos de difusión de las actividades del colectivo y de realizar algunas actividades de logística y organización del colectivo, en comunicación directa con los representantes del colectivo Enrique Velázquez Martín y Francisco Javier López loza, los cuales son ratificados como nuestros representantes. Se nombra como integrantes de esta comisión a: Túpac Amaro Gutiérrez Ortega, Kyra Zaragoza Jiménez, Eduardo Cartagena López, Carlos Ramón Sepúlveda Luna, Leticia Pérez Rodríguez, Rosa María González Carranza, Luis Reus Núñez, Francisco Javier López Loza y Axel Uriel Pérez Hernández.
Cuando ya parecía que terminaba la reunión el compañero Francisco nos dijo a quienes conducíamos la mesa que hacía falta que cada quien se presentara, sentimos que eso tendría que ser al principio, pero si vimos que era muy necesario, ya que no todos nos conocíamos por la edad o por las condiciones de nuestra participación o de las zonas geográficas donde realizamos nuestra actividad. Iniciamos esta presentación pidiendo fuéramos breves y pues hubo quienes lo fueron, pero otros que ni siquiera podíamos interrumpir por la riqueza del contenido de sus palabras. Escuchamos algunos relatos muy breves de varios integrantes de una misma familia quienes se unieron al movimiento, ahora sí que desde la Madre, por invitación de su hijo; hubo quienes solo dijeron soy el hermano o el sobrino del “Tenebras” y con ello nos dimos cuenta de todo lo que implicó: Formé parte de los tres grupos que se fundaron en Jalisco: LC23S, FRAP, Unión del Pueblo y tuve oportunidad de conocer a militantes del movimiento en varios lugares del Pais…; Fui el padrino de “Fulgencio” y de “Camilo”, y supe de la manera de torturar de Nassar Haro…; Fui integrante del grupo de barrio en Santa Tere, militante del FER y luego el abogado designado para la defensa de la mayoría de los presos políticos…; estuve en la LC23S y participe en la etapa de la rectificación…; Fui fundador de las FRAP y estuve desde su inicio hasta su etapa concluyente…; Fui fundadora de la LC23S y llegué a tener varias comisiones a nivel nacional…; Soy Historiador y quiero estar con Ustedes para conocer el estado del conocimiento de este movimientos sociales…; Obtuve mi graduación en las Juventudes comunistas desde los 14 años, después fui integrante de la LC23S, después de ser preso político estudié en Cuba una licenciatura y Maestría…; Estuve en algunas importantes acciones de las FRAP, como estudiantes de las Normales rurales y ETA…; Soy hermano del “Guaymas”; Finalmente concluye el Compañero Rubén con un reconocimiento a dos Camaradas que tuvieron una militancias digna de mencionar por su entrega y ante eso se quiebra su voz y solo pudo continuar ante los aplausos de quienes lo escuchábamos. Además, agradece la noble labor del abogado solidario.
Realmente fue un momento sublime, como la hubieran disfrutado las historiadoras que me ha tocado conocer, en donde algunos tuvimos la oportunidad de ver los acontecimientos desde la otra cara de los acontecimientos no vivida, analizamos también de qué forma fuimos victimas desde diferentes perspectivas, a la distancia vemos lo que muchas personas nos han dicho, sobre todo quienes analizan la historia de manera sistemática, ¡que valiosa etapa de la historia de México digna de no ser olvidada! Y sobre todo de lograr el reconocimiento histórico que merecemos, así como el impulso a la Justicia por los delitos graves a nuestros Derechos Humanos, que tanto hemos buscado por diferentes medios.
Finalmente decir a los integrante de esta recién constituida “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos” y los mecanismos creados para obtener resultados, así como a las integrantes de este colectivo, que acá en Jalisco hay mucho trabajo por hacer, mucho tejido social que reconstruir, que esperamos entre otras demandas nos digan donde están los desaparecidos de esta Comunidad de familiares y amigos, seguiremos CAMINANDO HASTA QUE LA JUSTICIA SE SIENTE ENTRE NOSOTRAS Y NOSOTROS.
La hija de Rosendo Radilla Pacheco, líder social desaparecido durante la llamada “guerra sucia”, confía en que la Comisión de la Verdad sobre ese periodo, cuya creación anunció el presidente hace unos días, permitirá saber qué sucedió con sus familiares desaparecidos.
CIUDAD DE MÉXICO – “Nosotros vivimos una guerra. Las tanquetas estaban ahí y a las comunidades las amenazaban con bombardearles los cerros, desplazando a muchísima gente. Desaparecieron pueblos, cientos de personas y torturaron a muchísimas más”.
Así recuerda Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco —líder social al que desaparecieron el 25 de agosto de 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero—, la “guerra sucia” en México, un periodo en el que la policía y las fuerzas armadas se dedicaron a combatir toda disidencia política.
Para la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), organización fundada en 1978 que ha documentado unas 1,200 desapariciones forzadas durante las décadas de los 60, 70 y 80, el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la represión. Personas que fueron detenidas y nunca volvieron a ser vistas.
Ya es necesario que se esclarezcan estos crímenes. Mucha gente se ha ido sin conocer el paradero de su familiar y eso es demasiado doloroso. Nosotros estamos esperando, pero ya estamos enfermos, viejos, y aunque todavía están nuestros hijos, nietos y bisnietos, que ya están ahí integrándose a la lucha, se trata de que esto se resuelva”, dice Tita Radilla en entrevista. Ella empezó su lucha cuando tenía 24 años, hoy tiene 71.
Radilla
El pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, a través de un tuit, la creación de una Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y No Repetición de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre los años de 1965 y 1990, una propuesta que cuenta con el respaldo de diversos colectivos de familiares y sobrevivientes.
Tita Radilla, en representación de las víctimas de Guerrero, ha participado en las mesas de trabajo que se han tenido con las autoridades mexicanas.
Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. pic.twitter.com/dERsRGlFbd
Uno de los lugares más afectados por la “guerra sucia” fue Guerrero, y en especial Atoyac de Álvarez: el 40% de las personas que desaparecieron durante ese periodo en el país, proviene de este municipio. “Como dicen los compañeros [de AFADEM]: ‘nos refregaron’. Trataron de exterminar a la población”, explica Tita Radilla.
El deterioro de las condiciones socioeconómicas en ese estado, y la falta de espacios de participación ciudadana llevaron a que el descontento de la población creciera a lo largo de las décadas de los 50 y 60, al grado que se fueron articulando diversos movimentos populares con reivindicaciones por el territorio y en abierta oposición al modelo de desarrollo caciquil que no permitía el aprovechamiento inclusivo de la producción de café, la copra (pulpa seca del coco) o las concesiones forestales.
A pesar del tono pacífico y legal de esta primera etapa de insurgencia social, la respuesta de las autoridades fue desproporcionada, militarizando la región y apostando por el control de la población civil: plantones y mítines convocados para buscar una salida política fueron reprimidos por la policía y batallones del Ejército mexicano; algunos de los líderes de las organizaciones populares fueron encarcelados y decenas de campesinos fueron masacrados por agentes a sueldo (35 fallecidos y 150 heridos fue el saldo de la Masacre de la Coprera, en agosto de 1967).
En respuesta, comenzaron a surgir grupos guerrilleros con fuerte base social, como el Partido de los Pobres liderado Lucio Cabañas Barrientos (activo entre 1967 y 1974), y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas (activo entre 1968 y 1972), ambos profesores normalistas egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
A partir de este momento, las desapariciones forzadas se volvieron parte de lo cotidiano. Con la intención de aniquilar a la guerrilla, que se extendía sobre todo por la Costa Grande —región donde se encuentra Atoyac de Álvarez—, se realizaron al menos 14 campañas militares, se instalaron retenes en los caminos rurales y las comunidades comenzaron a sufrir incursiones, sitios y saqueos.
La familia Radilla, tras la instalación de un campamento militar a un lado de su casa, no tuvo más opción que desplazarse a Chilpancingo. Rosendo, el padre de Tita, se quedó en Atoyac para cuidar a su madre enferma y conservar su trabajo, a pesar del recrudecimiento de la represión, que ahora se valía de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Ejemplo de ello fue lo sucedido en agosto de 1972 en el pueblo de El Quemado, donde fueron desaparecidas de forma transitoria y torturadas, al menos, 40 personas por supuesta pertenencia o simpatía con la guerrilla. Se les acusaba, además, de haber participado en las dos emboscadas tendidas contra elementos del Ejército ese mismo año en la sierra cafetalera de Atoyac, eventos que explican en parte por qué este municipio se convirtió en el foco nacional de las acciones de contrainsurgencia y de las desapariciones forzadas llevadas a cabo por las agencias del Estado.
Familiares de víctimas de desaparición forzada en Atoyac, Guerrero. Crédito: Thelma Gómez.
La Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero (2012-2014), una de las instancias creadas para esclarecer ese periodo por mandato del Congreso local, dio cuenta de ello en su momento. En su informe final, sus integrantes llegaron a la conclusión de que en muchas comunidades lo que se vivió fue la “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.
Nos tuvimos que salir, todo el pueblo se salió porque el gobierno nos quemó las casas con todo: mis animales, gallinas, puercos y burros, todo se perdió y yo me salí con mis dos hijos y mi mujer embarazada de cuatro meses”, narra uno de los 409 testimonios recogidos por la comisión, integrada por dos defensoras de derechos humanos, dos académicos y un ex combatiente.
La represión no se limitaba a la guerrilla. Ser profesor, estudiante, activista social, indígena, campesino, familiar o incluso llevar el apellido de algún guerrillero, se menciona en el informe final, era más que suficiente para ser considerado como una amenaza para el Estado.
Bajo el supuesto de cortar el abastecimiento a los grupos guerrilleros, el Ejército limitó la compra de alimentos y artículos de primera necesidad a la población civil, la salida de sus comunidades e incluso la atención de sus parcelas.
Te daban un papelito si ibas a Atoyac. Te decían a qué hora te ibas y a qué hora tenías que regresar. No era si querías. Te controlaban la comida, solamente podías llevar un kilo de frijol y dos kilos de maíz por persona a la semana; decían que si llevábamos más íbamos a alimentar a la guerrilla”, narra otro de los testimonios.
Quizá un diez por ciento de las personas que desaparecieron, dice Tita Radilla, eran guerrilleros. “No sabemos por qué le ocurrió a quienes no tenían nada que ver, por qué se los llevaron. A veces los líderes [de la guerrilla] pasaron, les pidieron de comer y les dieron, pero también pasaban los militares y les daban de comer porque iban armados”, explica.
Especial atención merece la represión dirigida hacia las mujeres, cuyos casos se conocen poco. A decir de la vicepresidenta de AFADEM, las escasas denuncias y la cultura machista del momento, impidieron saber quiénes eran y qué pasó con las mujeres que estuvieron detenidas con personas sobrevivientes que posteriormente ofrecieron sus testimonios.
La Comisión de la Verdad del estado de Guerrero documentó 239 desapariciones forzadas, incluidas las de 16 mujeres, una de ellas menor de edad; además de 209 desapariciones forzadas transitorias, incluidas 16 mujeres, dos de ellas menores de edad.
Cuatro mujeres de este último grupo sufrieron violencia sexual, según consta en su informe final, en donde también se da cuenta de la presión a la que fueron sometidas algunas mujeres detenidas y trasportadas en los llamados “vuelos de la muerte” (vuelos para tirar al mar a las personas desaparecidas), esto para intercambiar sexo a cambio de su vida o la de sus esposos.
Rosendo Radilla. Crédito: Foto familiar, publicada en el micrositio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dedicado al caso Rosendo Radilla.
EL CASO ROSENDO RADILLA
“¡Ni vivo ni muerto aparece Rosendo Radilla Pacheco!”, gritaba un vendedor de periódicos a un costado de la casa de la familia Radilla aquel año de 1974. De esta forma, la madre de Rosendo se enteraría de la desaparición forzada de su hijo a manos del Ejército mexicano.
El motivo de su detención: componer corridos alusivos a Lucio Cabañas.
“El señor Lucio Cabañas, hombre de resolución, quiere salvar a su pueblo y se opone la reacción, han muerto muchos hermanos sin piedad ni compasión. Arriba Lucio Cabañas, el pueblo ya está contigo, a conquistar la justicia y a terminar al enemigo”, dice una de sus canciones más conocidas.
—¿Y eso es delito? —le preguntó Rosendo al militar que estaba al mando del retén que paró el autobús en el que viajaba.
—No, pero mientras ya te chingaste —le contestó, según recuerda su hijo Rosendo Radilla Martínez, presente al momento de la detención.
A Rosendo padre, cafeticultor y destacado líder social del municipio de Atoyac de Álvarez —del que fue presidente—, no hizo falta que se le comprobara militancia alguna; bastó su simpatía por los clamores de justicia que recorrían aquellas tierras para ser considerado una amenaza.
Lo último que se supo sobre su paradero —de acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que recupera un documento de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), con fecha 8 de agosto de 1975— es que Rosendo, luego de ser detenido, “quedó a disposición de la [27] Zona Militar” del estado. En ese entonces, su hija Tita tenía 25 años.
La DFS, creada en 1947 por el presidente Miguel Alemán y dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue la policía política del gobierno mexicano; disuelta en 1985, se convirtió en la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional y, en 1989, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), recientemente señalado por espiar, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Ficha de la Dirección Federal de Seguridad sobre Rosendo Radilla. Crédito: Biblioteca “Archivos de la Represión”
La búsqueda de Rosendo, por parte de su familia, no se limitaría al ex cuartel militar de Atoyac, ni a las oficinas de gobiernos locales y cárceles de Guerrero y la Ciudad de México, siguió su camino por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el año 2000, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a partir de noviembre de 2001.
En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de fondo sobre el caso Radilla y en 2009, ante la falta de cumplimiento de las primeras recomendaciones, por parte de las autoridades nacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió su histórica sentencia, la primera que reconoce la responsabilidad directa del Estado mexicano por la violación de ciertos derechos humanos (libertad personal, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida), y la primera en el tema de desaparición forzada.
Entre otras cosas, el fallo obligó a que se reformara el Código de Justicia Militar y, junto con otros casos emblemáticos, contribuyó a la eventual reforma constitucional de 2011, que puso en primer plano los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que acompaña el caso, explica que el fallo también contribuyó a la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada y a que las víctimas puedan exigir copias de sus averiguaciones previas/carpetas de investigación.
Sin embargo, recuerda Tita, “de Rosendo aún no se sabe nada”, ni de él ni de las otras personas que fueron desaparecidas de manera forzada. Esto sin mencionar que las medidas de reparación previstas por la Corte Interamericana, a casi 12 años de la sentencia, no han sido cumplidas en su totalidad, comenzando por la identificación y sanción de los responsables, así como la búsqueda de Rosendo.
Cabe recordar que una de las medidas de reparación, referente al reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, se dio por cumplida en noviembre de 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, pese a que el acto se realizó sin la presencia de los familiares.
Bordados realizados por familiares de personas desaparecidas en Atoyac, Guerrero. Crédito: Thelma Gómez.
UNA NUEVA COMISIÓN DE LA VERDAD
En la entrevista, al hablar sobre la creación de la Comisión Presidencial de la Verdad anunciada por López Obrador la semana pasada, Tita Radilla se mostró esperanzada de que ese mecanismo permita el acceso a los archivos oficiales y a las instalaciones militares para conocer qué sucedió con los desaparecidos.
Incluso confía en que las familias están dispuestas a ofrecer, una vez más, su testimonio: “Creemos que se puede lograr. Tenemos ansias, hambre de saber qué pasó con nuestros familiares. Lo hemos dicho una y otra vez, y lo volveremos a decir. Al menos en la organización que yo represento están dispuestos a seguir luchando y a seguir hablando todo lo que sea necesario”.
En el caso de la familia Radilla, lo han dicho “una y otra vez” ante las autoridades de justicia locales, estatales y federales, la CNDH, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero. A la fecha no hay una sola sentencia y aunque se han realizado seis excavaciones en el ex cuartel militar de Atoyac entre 2008 y 2019, Rosendo continúa desaparecido.
Aunque la desaparición forzada como delito no prescribe, según la tesis de 2004 de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y diversos instrumentos internacionales en la materia, el tiempo sí ha cobrado factura, tanto en las víctimas como en los perpetradores.
Ante la posibilidad de saber qué pasó con su padre a 47 años de su desaparición, independientemente de las sanciones que puedan imputárseles a los responsables, muchos de ellos de edad avanzada, Tita comenta: “En otros países ha ocurrido que les han rebajado las sentencias o incluso se les ha otorgado el perdón [si colaboran]. La cuestión de la justicia, de las sanciones, es responsabilidad del Estado; nosotros sí les otorgaríamos el perdón [con tal de conocer la verdad]”.
Este proceso de esclarecimiento no sólo es para las víctimas y los sobrevivientes de lo que también se conoce como “terrorismo de Estado”, dice, es para las familias de los perpetradores –“para que sepan lo que han heredado”–, y para la gente que no vivió en carne propia la represión, se entere de lo sucedido. “La gente tiene que saberlo porque es su historia; terrible, pero es su historia”.
Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas en el estado de Guerrero.
LAS DESAPARICIONES DEL PRESENTE
¿Y qué pasa entonces con las desapariciones posteriores a 1990, con los crímenes cometidos o tolerados por el Estado mexicano desde entonces? ¿Qué diferencia hay entre la persecución, los toques de queda y la violencia desmedida que atestiguaron Tita Radilla y su familia durante la “guerra sucia”, y la violencia del presente que ha resultado en la desaparición de más de 90 mil personas? ¿Por qué no extender el mandato de la Comisión Presidencial hasta nuestros días?
Tita, quien ha acompañado junto con AFADEM las luchas emprendidas por familiares de personas desaparecidas cuyos casos ocurrieron en las últimas dos décadas, entiende las críticas que puedan elaborarse en ese sentido. Sin embargo, insiste, los casos de la “guerra sucia” son responsabilidad directa del Estado mexicano: “es algo que el Estado hizo, es el responsable de esas detenciones y desapariciones, y de todos los hechos aberrantes que sucedieron en aquel momento”.
Hechos que, por otro lado, guardan estrecha relación con la violencia de nuestros días, que suele atribuirse al crimen organizado. No tanto por las raíces castrenses que puedan tener algunos de los cárteles o la participación directa de agentes del Estado en las desapariciones recientes, dice Tita, más bien porque debido a la impunidad en la que han permanecido los crímenes cometidos durante la “guerra sucia”, como la desaparición forzada de su padre, es que los perpetradores de hoy pueden actuar con total libertad.
“Yo creo que si nosotros logramos tener verdad y justicia, también de ahí podrían desprenderse otros procesos que atiendan los hechos que ocurren actualmente”.
Ciudad Juárez- Alrededor de 30 representantes de familias de víctimas de desaparición de la “guerra sucia” mexicana estarán mañana en la capital del estado para la instalación formal de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.
De acuerdo con Judith Galarza, juarense e integrante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos, para el encuentro fueron convocados por la Secretaría de Gobernación, de donde se les informó que en la ceremonia participará el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Galarza agregó que las decenas de colectivos formados por estas desapariciones registradas en el país antes de la década de los años 90 participaron durante más de un año junto con la Secretaría de Gobernación para dar forma a la Comisión.
La entrevistada es hermana de Leticia Galarza Campos, juarense que fue integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y desaparecida en 1978 en la Ciudad de México. Sobre ella, dijo la hoy activista, espera que la nueva Comisión establezca su paradero, identifique y castigue a los culpables y se pida perdón debido a que por años se les juzgó como criminales cuando eran opositores políticos.
“Lo primero que deseo es que me digan dónde está mi hermana y que digan quiénes fueron los responsables para que los lleven a juicio, no importa que estén muertos, los que por ahí quedan vivos, para que este delito no se vuelva a cometer”, dijo Galarza.
“Dos, exijo que se pida perdón, porque siempre desprestigiaron a nuestros familiares, que eran delincuentes, que robaban bancos… les negaron el derecho de ser opositores políticos a un régimen totalitario y represivo. No eran delincuentes, sino gente muy preparada que, si estuvieran aquí acompañándonos, no estaría todo este desorden”, agregó.
El pasado 6 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que crea la Comisión con la finalidad, dice el documento, de “cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990”.
Esto, agrega, “a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”.
Galarza agregó que al acto formal vendrán representantes de colectivos y familiares de estados como Oaxaca, Sinaloa y Guerrero, donde se registró el mayor número de desapariciones en el periodo que abarca el trabajo del organismo.
Ayer se realizó, en el Palacio de Cobián, la primera reunión de los expertos del Comité de la ONU sobre desapariciones con autoridades mexicanas, encabezadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SG. Foto cortesía Secretaría de Gobernación
Ciudad de México. México enfrenta una verdadera crisis humanitaria con más de 94 mil desaparecidos, que representan una herida abierta heredada porque el Estado mexicano “abdicó de su responsabilidad de búsqueda de personas”, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejando Encinas. Ante integrantes del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) sostuvo que desde 2018 se han emprendido acciones para asumir la responsabilidad del Estado y que garantice el derecho de las personas “a ser buscadas”.
Si bien en 2017 se aprobó la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, era un esquema inoperante. “Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, agregó.
Durante el acto protocolario de bienvenida en el Palacio de Cobián, Carmen Rosa Villa Quintana, jefa de la misión, respondió: “Acogemos con muchísima satisfacción la disposición del Estado mexicano de recibir esta visita solicitada desde 2013. Muestra su voluntad de abrir las puertas a ese escrutinio y presencia del Comité”. Ofreció colaboración plena para contribuir a prevenir la desaparición de personas y poner fin a la impunidad.
Enfatizó que la visita a México es “histórica” porque es la primera que realiza el CED desde su creación hace 11 años. Habrá encuentros con autoridades federales y estatales (Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, entre el 15 y 26 de noviembre), también con las víctimas, participarán en acciones de búsqueda oficiales y las que organizan las víctimas para observar las dificultades, se reunirán con instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos y visitarán penales.
“Nuestra interlocución directa con las autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y las instituciones de derechos humanos nos va a permitir apreciar e identificar formas para erradicar la desaparición forzada”. Villa adelantó que el informe sobre la visita se presentará ante el pleno del CED en marzo próximo.
Foto: La Otra Opinión
Encinas afirmó que esta crisis humanitaria es la “herencia más dolorosa que enfrenta el país derivado de la guerra sucia y de la mal llamada guerra contra el narcotráfico”, pues esta última, que comenzó en 2006, desató un fenómeno de desaparición entre particulares derivada de la corrupción de las corporaciones policiacas vinculadas al crimen organizado.
Ante la coyuntura, la nueva administración ha mandado señales muy claras de un viraje institucional: se conformó la comisión especial para esclarecer la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y recientemente la creación de la Comisión de la Verdad relacionada con la guerra sucia en México entre 1965 y 1990.
Recordó que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, lo que derivó en que se han realizado 2 mil 300 jornadas de exploración; se estableció el protocolo homologado de búsqueda y un protocolo adicional para niños y adolescentes; se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y se han canalizado más de mil 200 millones de pesos para fortalecer las capacidades de las comisiones estatales; además se conformó la Mesa para Migrantes Desaparecidos y se crearon centros regionales para identificación humana.
Para hablarnos sobre el avance de la Comisión de la Verdad para esclarecer la guerra sucia por parte del Estado desde los 70s, nos acompañó el periodista Víctor Ronquillo.
Fueron seleccionados cinco expertos para formar parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia. (Captura de pantalla)
Ciudad de México – El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas anunció quiénes son los cinco comisionados que formarán parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia.
El listado de expertos fue dado a conocer a través de un video publicado en redes sociales en el que Encinas estuvo acompañado de Guillermo Fernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Alicia de los Ríos, representante de los colectivos de víctimas y sobrevivientes.
No ha sido fácil el proceso de selección. No solamente la mayoría de las personas cumplieron con los requisitos de legibilidad para este proceso, sino que su experiencia, sus aportaciones son de gran valor
Encinas
¿Quiénes son los integrantes de la Comisión para la Verdad?
Abel Barrera Hernández, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Eugenia Allier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Aleyda García Aguirre, historiadora y experta en el tema de la tortura.
David de Jesús Fernández Davalos, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús y ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Carlos Alonso Pérez Ricart, profesor Investigador en Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.
Estamos convencidos que ellos reúnen no sólo el perfil, sino la formación, la vocación y la convicción para emprender una tarea de esta naturaleza y esperemos que a la brevedad procedamos a integrar este grupo de trabajo que forma parte de uno de los cinco mecanismos que conforman esta comisión por la verdad
Encinas
Encinas recordó que en el proceso de selección participaron 25 personas, de las cuales fueron entrevistadas 24 debido a que una de ellas declinó. “En esas intervenciones hemos encontrado las aportaciones de un gran número de hombres y de mujeres que pueden ser muy importantes en el proceso de esclarecimiento de estos hechos”.
