CIUDAD DE MÉXICO – “Nosotros vivimos una guerra. Las tanquetas estaban ahí y a las comunidades las amenazaban con bombardearles los cerros, desplazando a muchísima gente. Desaparecieron pueblos, cientos de personas y torturaron a muchísimas más”.
Así recuerda Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco —líder social al que desaparecieron el 25 de agosto de 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero—, la “guerra sucia” en México, un periodo en el que la policía y las fuerzas armadas se dedicaron a combatir toda disidencia política.
Para la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), organización fundada en 1978 que ha documentado unas 1,200 desapariciones forzadas durante las décadas de los 60, 70 y 80, el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la represión. Personas que fueron detenidas y nunca volvieron a ser vistas.
Ya es necesario que se esclarezcan estos crímenes. Mucha gente se ha ido sin conocer el paradero de su familiar y eso es demasiado doloroso. Nosotros estamos esperando, pero ya estamos enfermos, viejos, y aunque todavía están nuestros hijos, nietos y bisnietos, que ya están ahí integrándose a la lucha, se trata de que esto se resuelva”, dice Tita Radilla en entrevista. Ella empezó su lucha cuando tenía 24 años, hoy tiene 71.
Radilla
El pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, a través de un tuit, la creación de una Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y No Repetición de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre los años de 1965 y 1990, una propuesta que cuenta con el respaldo de diversos colectivos de familiares y sobrevivientes.
Tita Radilla, en representación de las víctimas de Guerrero, ha participado en las mesas de trabajo que se han tenido con las autoridades mexicanas.
TRATARON DE EXTERMINARNOS
Uno de los lugares más afectados por la “guerra sucia” fue Guerrero, y en especial Atoyac de Álvarez: el 40% de las personas que desaparecieron durante ese periodo en el país, proviene de este municipio. “Como dicen los compañeros [de AFADEM]: ‘nos refregaron’. Trataron de exterminar a la población”, explica Tita Radilla.
El deterioro de las condiciones socioeconómicas en ese estado, y la falta de espacios de participación ciudadana llevaron a que el descontento de la población creciera a lo largo de las décadas de los 50 y 60, al grado que se fueron articulando diversos movimentos populares con reivindicaciones por el territorio y en abierta oposición al modelo de desarrollo caciquil que no permitía el aprovechamiento inclusivo de la producción de café, la copra (pulpa seca del coco) o las concesiones forestales.
A pesar del tono pacífico y legal de esta primera etapa de insurgencia social, la respuesta de las autoridades fue desproporcionada, militarizando la región y apostando por el control de la población civil: plantones y mítines convocados para buscar una salida política fueron reprimidos por la policía y batallones del Ejército mexicano; algunos de los líderes de las organizaciones populares fueron encarcelados y decenas de campesinos fueron masacrados por agentes a sueldo (35 fallecidos y 150 heridos fue el saldo de la Masacre de la Coprera, en agosto de 1967).
En respuesta, comenzaron a surgir grupos guerrilleros con fuerte base social, como el Partido de los Pobres liderado Lucio Cabañas Barrientos (activo entre 1967 y 1974), y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas (activo entre 1968 y 1972), ambos profesores normalistas egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
A partir de este momento, las desapariciones forzadas se volvieron parte de lo cotidiano. Con la intención de aniquilar a la guerrilla, que se extendía sobre todo por la Costa Grande —región donde se encuentra Atoyac de Álvarez—, se realizaron al menos 14 campañas militares, se instalaron retenes en los caminos rurales y las comunidades comenzaron a sufrir incursiones, sitios y saqueos.
La familia Radilla, tras la instalación de un campamento militar a un lado de su casa, no tuvo más opción que desplazarse a Chilpancingo. Rosendo, el padre de Tita, se quedó en Atoyac para cuidar a su madre enferma y conservar su trabajo, a pesar del recrudecimiento de la represión, que ahora se valía de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Ejemplo de ello fue lo sucedido en agosto de 1972 en el pueblo de El Quemado, donde fueron desaparecidas de forma transitoria y torturadas, al menos, 40 personas por supuesta pertenencia o simpatía con la guerrilla. Se les acusaba, además, de haber participado en las dos emboscadas tendidas contra elementos del Ejército ese mismo año en la sierra cafetalera de Atoyac, eventos que explican en parte por qué este municipio se convirtió en el foco nacional de las acciones de contrainsurgencia y de las desapariciones forzadas llevadas a cabo por las agencias del Estado.
La Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero (2012-2014), una de las instancias creadas para esclarecer ese periodo por mandato del Congreso local, dio cuenta de ello en su momento. En su informe final, sus integrantes llegaron a la conclusión de que en muchas comunidades lo que se vivió fue la “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.
Nos tuvimos que salir, todo el pueblo se salió porque el gobierno nos quemó las casas con todo: mis animales, gallinas, puercos y burros, todo se perdió y yo me salí con mis dos hijos y mi mujer embarazada de cuatro meses”, narra uno de los 409 testimonios recogidos por la comisión, integrada por dos defensoras de derechos humanos, dos académicos y un ex combatiente.
La represión no se limitaba a la guerrilla. Ser profesor, estudiante, activista social, indígena, campesino, familiar o incluso llevar el apellido de algún guerrillero, se menciona en el informe final, era más que suficiente para ser considerado como una amenaza para el Estado.
Bajo el supuesto de cortar el abastecimiento a los grupos guerrilleros, el Ejército limitó la compra de alimentos y artículos de primera necesidad a la población civil, la salida de sus comunidades e incluso la atención de sus parcelas.
Te daban un papelito si ibas a Atoyac. Te decían a qué hora te ibas y a qué hora tenías que regresar. No era si querías. Te controlaban la comida, solamente podías llevar un kilo de frijol y dos kilos de maíz por persona a la semana; decían que si llevábamos más íbamos a alimentar a la guerrilla”, narra otro de los testimonios.
Quizá un diez por ciento de las personas que desaparecieron, dice Tita Radilla, eran guerrilleros. “No sabemos por qué le ocurrió a quienes no tenían nada que ver, por qué se los llevaron. A veces los líderes [de la guerrilla] pasaron, les pidieron de comer y les dieron, pero también pasaban los militares y les daban de comer porque iban armados”, explica.
Especial atención merece la represión dirigida hacia las mujeres, cuyos casos se conocen poco. A decir de la vicepresidenta de AFADEM, las escasas denuncias y la cultura machista del momento, impidieron saber quiénes eran y qué pasó con las mujeres que estuvieron detenidas con personas sobrevivientes que posteriormente ofrecieron sus testimonios.
La Comisión de la Verdad del estado de Guerrero documentó 239 desapariciones forzadas, incluidas las de 16 mujeres, una de ellas menor de edad; además de 209 desapariciones forzadas transitorias, incluidas 16 mujeres, dos de ellas menores de edad.
Cuatro mujeres de este último grupo sufrieron violencia sexual, según consta en su informe final, en donde también se da cuenta de la presión a la que fueron sometidas algunas mujeres detenidas y trasportadas en los llamados “vuelos de la muerte” (vuelos para tirar al mar a las personas desaparecidas), esto para intercambiar sexo a cambio de su vida o la de sus esposos.
EL CASO ROSENDO RADILLA
“¡Ni vivo ni muerto aparece Rosendo Radilla Pacheco!”, gritaba un vendedor de periódicos a un costado de la casa de la familia Radilla aquel año de 1974. De esta forma, la madre de Rosendo se enteraría de la desaparición forzada de su hijo a manos del Ejército mexicano.
El motivo de su detención: componer corridos alusivos a Lucio Cabañas.
“El señor Lucio Cabañas, hombre de resolución, quiere salvar a su pueblo y se opone la reacción, han muerto muchos hermanos sin piedad ni compasión. Arriba Lucio Cabañas, el pueblo ya está contigo, a conquistar la justicia y a terminar al enemigo”, dice una de sus canciones más conocidas.
—¿Y eso es delito? —le preguntó Rosendo al militar que estaba al mando del retén que paró el autobús en el que viajaba.
—No, pero mientras ya te chingaste —le contestó, según recuerda su hijo Rosendo Radilla Martínez, presente al momento de la detención.
A Rosendo padre, cafeticultor y destacado líder social del municipio de Atoyac de Álvarez —del que fue presidente—, no hizo falta que se le comprobara militancia alguna; bastó su simpatía por los clamores de justicia que recorrían aquellas tierras para ser considerado una amenaza.
Lo último que se supo sobre su paradero —de acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que recupera un documento de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), con fecha 8 de agosto de 1975— es que Rosendo, luego de ser detenido, “quedó a disposición de la [27] Zona Militar” del estado. En ese entonces, su hija Tita tenía 25 años.
La DFS, creada en 1947 por el presidente Miguel Alemán y dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue la policía política del gobierno mexicano; disuelta en 1985, se convirtió en la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional y, en 1989, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), recientemente señalado por espiar, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La búsqueda de Rosendo, por parte de su familia, no se limitaría al ex cuartel militar de Atoyac, ni a las oficinas de gobiernos locales y cárceles de Guerrero y la Ciudad de México, siguió su camino por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el año 2000, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a partir de noviembre de 2001.
En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de fondo sobre el caso Radilla y en 2009, ante la falta de cumplimiento de las primeras recomendaciones, por parte de las autoridades nacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió su histórica sentencia, la primera que reconoce la responsabilidad directa del Estado mexicano por la violación de ciertos derechos humanos (libertad personal, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida), y la primera en el tema de desaparición forzada.
Entre otras cosas, el fallo obligó a que se reformara el Código de Justicia Militar y, junto con otros casos emblemáticos, contribuyó a la eventual reforma constitucional de 2011, que puso en primer plano los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que acompaña el caso, explica que el fallo también contribuyó a la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada y a que las víctimas puedan exigir copias de sus averiguaciones previas/carpetas de investigación.
Sin embargo, recuerda Tita, “de Rosendo aún no se sabe nada”, ni de él ni de las otras personas que fueron desaparecidas de manera forzada. Esto sin mencionar que las medidas de reparación previstas por la Corte Interamericana, a casi 12 años de la sentencia, no han sido cumplidas en su totalidad, comenzando por la identificación y sanción de los responsables, así como la búsqueda de Rosendo.
Cabe recordar que una de las medidas de reparación, referente al reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, se dio por cumplida en noviembre de 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, pese a que el acto se realizó sin la presencia de los familiares.
UNA NUEVA COMISIÓN DE LA VERDAD
En la entrevista, al hablar sobre la creación de la Comisión Presidencial de la Verdad anunciada por López Obrador la semana pasada, Tita Radilla se mostró esperanzada de que ese mecanismo permita el acceso a los archivos oficiales y a las instalaciones militares para conocer qué sucedió con los desaparecidos.
Incluso confía en que las familias están dispuestas a ofrecer, una vez más, su testimonio: “Creemos que se puede lograr. Tenemos ansias, hambre de saber qué pasó con nuestros familiares. Lo hemos dicho una y otra vez, y lo volveremos a decir. Al menos en la organización que yo represento están dispuestos a seguir luchando y a seguir hablando todo lo que sea necesario”.
En el caso de la familia Radilla, lo han dicho “una y otra vez” ante las autoridades de justicia locales, estatales y federales, la CNDH, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero. A la fecha no hay una sola sentencia y aunque se han realizado seis excavaciones en el ex cuartel militar de Atoyac entre 2008 y 2019, Rosendo continúa desaparecido.
Aunque la desaparición forzada como delito no prescribe, según la tesis de 2004 de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y diversos instrumentos internacionales en la materia, el tiempo sí ha cobrado factura, tanto en las víctimas como en los perpetradores.
Ante la posibilidad de saber qué pasó con su padre a 47 años de su desaparición, independientemente de las sanciones que puedan imputárseles a los responsables, muchos de ellos de edad avanzada, Tita comenta: “En otros países ha ocurrido que les han rebajado las sentencias o incluso se les ha otorgado el perdón [si colaboran]. La cuestión de la justicia, de las sanciones, es responsabilidad del Estado; nosotros sí les otorgaríamos el perdón [con tal de conocer la verdad]”.
Este proceso de esclarecimiento no sólo es para las víctimas y los sobrevivientes de lo que también se conoce como “terrorismo de Estado”, dice, es para las familias de los perpetradores –“para que sepan lo que han heredado”–, y para la gente que no vivió en carne propia la represión, se entere de lo sucedido. “La gente tiene que saberlo porque es su historia; terrible, pero es su historia”.
LAS DESAPARICIONES DEL PRESENTE
¿Y qué pasa entonces con las desapariciones posteriores a 1990, con los crímenes cometidos o tolerados por el Estado mexicano desde entonces? ¿Qué diferencia hay entre la persecución, los toques de queda y la violencia desmedida que atestiguaron Tita Radilla y su familia durante la “guerra sucia”, y la violencia del presente que ha resultado en la desaparición de más de 90 mil personas? ¿Por qué no extender el mandato de la Comisión Presidencial hasta nuestros días?
Tita, quien ha acompañado junto con AFADEM las luchas emprendidas por familiares de personas desaparecidas cuyos casos ocurrieron en las últimas dos décadas, entiende las críticas que puedan elaborarse en ese sentido. Sin embargo, insiste, los casos de la “guerra sucia” son responsabilidad directa del Estado mexicano: “es algo que el Estado hizo, es el responsable de esas detenciones y desapariciones, y de todos los hechos aberrantes que sucedieron en aquel momento”.
Hechos que, por otro lado, guardan estrecha relación con la violencia de nuestros días, que suele atribuirse al crimen organizado. No tanto por las raíces castrenses que puedan tener algunos de los cárteles o la participación directa de agentes del Estado en las desapariciones recientes, dice Tita, más bien porque debido a la impunidad en la que han permanecido los crímenes cometidos durante la “guerra sucia”, como la desaparición forzada de su padre, es que los perpetradores de hoy pueden actuar con total libertad.
“Yo creo que si nosotros logramos tener verdad y justicia, también de ahí podrían desprenderse otros procesos que atiendan los hechos que ocurren actualmente”.
Fuente Proceso
