A raíz del evento celebrado el 22 de junio en el Campo Militar No. 1, donde se presentó la ruta de trabajo para abrir los archivos e instalaciones de la Sedena a fin de esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, se ha abierto un debate respecto a sus implicaciones y alcances. En particular sobre el papel que desempeñaron las autoridades civiles y militares en las acciones represivas llevadas a cabo; el deslinde de responsabilidades en la cadena de mando, así como de las corporaciones ilegales creadas para instrumentar operaciones contrainsurgentes.
En el centro de este debate se ubica el discurso que busca equiparar las operaciones represivas del Estado con las acciones de la disidencia política de entonces, pretendiendo eximir de responsabilidad a quienes, en aras “de la seguridad nacional y la seguridad interior”, arremetieron contra toda expresión de inconformidad social, la que no se limitó a los movimientos armados, sino que se generalizó a la lucha por la tierra; la libertad sindical y la defensa de los derechos laborales, a los movimientos urbanos, del magisterio, de estudiantes universitarios y normalistas, a los movimientos contra culturales, la libertad de prensa y de quienes pugnaron por la democracia electoral ante un régimen autoritario.
Se ha abierto la puerta para allanar el camino y cerrar una herida que se mantiene abierta y saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia.
Ahí la relevancia de este acontecimiento en el Campo Militar No. 1, lugar donde, en 1971, se implementó el Plan Telaraña, para desarticular las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas; donde, en 1976, se instaló la Brigada Blanca; donde decenas de personas estuvieron detenidas ilegalmente o fueron desaparecidas; donde se emitió la orden a la comandancia de la 35° Zona Militar de Chilpancingo, señalando: “Ratifíquese orden y sentido de incrementar actividades, a fin de localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas que operan en esa región, debiendo de utilizar el máximo de medidas de seguridad”.
En este contexto, y en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la México, la Comisión de la Verdad y la Sedena consensuamos un programa de trabajo para revisar los archivos y las instalaciones militares donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos; realizar entrevistas y recibir testimonios de personal de la Sedena que cuente con información referente a los hechos objeto del esclarecimiento histórico, así como recoger testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que estuvieron en calidad de detenidas.
El camino hacia la reconciliación se construye con memoria, verdad y justicia. Para ello es necesario que la Fiscalía General de la República acompañe este esfuerzo y reactive las 245 carpetas de investigación sobre la Guerra Sucia que hoy duermen el sueño de los justos, asumiendo que la principal reparación a las víctimas es la justicia.
Que nunca más nadie sea perseguido por su forma de pensar, por sus convicciones filosóficas, su creencia religiosa, su preferencia sexual, su forma de vestir o por la música que escucha.
Que nunca más, nadie recurra a las armas para ejercer sus libertades políticas y su derecho a transformar las formas de gobierno. Que nunca más, la intolerancia enfrente al pueblo con las fuerzas armadas.
Buscamos la verdad, como un acto que permita la reconciliación y que impida que se vuelva a repetir este capítulo oprobioso de nuestra historia. Que la puerta que se ha abierto, no se vuelva a cerrar.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
