Por Lizbeth Ogazón Nava – El incremento de la representación política de las mujeres que se ha logrado en los últimos años en México ha tenido, como una consecuencia no deseada, el aumento de los casos de violencia política de género que afectan a las mujeres participantes en los procesos electorales.
La gravedad del fenómeno ha trascendido, en los procesos electorales de 2016, 2017 y 2018, a discusiones acerca de la validez de los comicios, abriendo un nuevo tema de debate político y jurídico. El análisis de los criterios del TEPJF acerca de la posibilidad y condiciones para que la violencia política en razón de género sea causal de nulidad demuestran que no existe, hasta el momento, una doctrina firme, y que las decisiones emitidas hasta la fecha parecen reflejar la complejidad desde la conceptualización del fenómeno de violencia política en razón de género, así como las incertidumbres propias de las declaratorias de nulidad.
Las mujeres hemos llegado a la política, se ha aprobado el principio constitucional de la paridad en todo, se ha alcanzado incluso la integración paritaria en la Cámara de Diputados, tenemos legislaturas estatales con una mayoría de integrantes mujeres.
No obstante, aún sigue existiendo el lastre de la resistencia patriarcal a nuestra participación política a través de simulaciones, de violencia o, incluso, aun llegando al cargo, se pretende que ocupemos la silla, pero no el lugar.
Está iniciativa nos hará crecer como sociedad, poner límites y candados para los puestos de elección popular donde salvaguardar la integridad de todas y todos debe ser prioridad.
Estos temas nos permiten aprender y crecer en temas electorales.
La violencia política de género existe y no vamos a dejar que nos siga afectando.
Lizbeth Ogazón Nava, Diputada Estatal.
