Como ya es costumbre, Donald Trump amenazó a México con subir los aranceles si no controla a los migrantes y criminales del narcotráfico.
DonaldTrump, candidato presidencial de EstadosUnidos, amenazó a México con aumentar un 25 por ciento los aranceles en caso de que no se atienda correctamente el flujo de migrantes centroamericanos y el combate a los grupos criminales dedicados al narcotráfico.
Fue durante un mitin en Raleigh, Carolina delNorte, que el expresidente estadounidense señaló que su gobierno, el cual se llevó a cabo de 2017 a 2021, obligó a México a desplegar soldados para frenar el flujo de migrantes y criminales, cosa que dejó de ocurrir con la administración de JoeBiden.
“Si no detienen este embate de criminales y drogas que vienen a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel de 25 por ciento a todo lo que envíen a Estados Unidos… Comenzaré con un 25 por ciento, es mucho”.
Trump acusa a México de haberse apoderado de EU
En ese mismo sentido, Donald Trump acusó a México de haberse apoderado de Estados Unidos en los últimos cuatro años, exponiendo que gracias a estas facilidades, la nación comandada por ClaudiaSheinbaum Pardologró convertirse en el principal socio comercial de los norteamericanos, por encima de otras naciones como Canadá.
“¿Saben que México es nuestro socio comercial número uno?… ¿Saben a qué se debe eso?… Ganan una fortuna. Se han apoderado de nuestro país, se convirtió en nuestro socio comercial número uno y nos están estafando a diestra y siniestra, es ridículo”.
Respecto a la mandataria de México, el estadounidense dijo que no la conoce aún; sin embargo, ha escuchado que es muy agradable, al igual que Andrés Manuel López Obrador, a quien siempre consideró como su amigo.
¿Cómo respondió Sheinbaum a las amenazas de Donald Trump?
Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó, en su conferencia de prensa, que no se pronunciará al respecto sobre las declaraciones de DonaldTrump, sino que esperará a los resultados que se obtengan en las próximas elecciones que se llevarán a cabo este 5 de noviembre.
Finalmente, la capitalina adelantó que confía plenamente en que México tendrá excelente relación con Estados Unidos, independientemente de quien termine ganando la batalla, sin importar si es Donald Trump o KamalaHarris.
“No nos vamos a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral, así debe ser, así lo hizo en su momento el expresidente López Obrador… En el momento en que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento estableceremos la relación y buscaremos la mejor comunicación”.
Una vez más el Gobierno de México logra demostrar al mundo como es que recupera las industrias estratégicas, y es que la Secretaría de Hacienda ha sido galardonada con el premio “M&A Loan Deal of the Year” en los prestigiosos Global Banking & Markets: Latin America Awards 2024. Este reconocimiento se otorga por la destacada transacción de 6.2 mil millones de dólares mediante la cual el gobierno adquirió 13 centrales eléctricas de la empresa Iberdrola, una operación que fortalece la soberanía energética del país.
La transacción contó con la colaboración de instituciones financieras clave como BBVA, Bancomext, Banobras, Nafin, Santander y SMBC, cuya participación facilitó el financiamiento de la operación y reafirmó el compromiso de México con el desarrollo sostenible y la seguridad energética.
Estos premios destacan los esfuerzos más innovadores y transformadores en América Latina y el Caribe, evaluando criterios rigurosos como el tamaño, la estructura y el acceso a nuevas fuentes de financiamiento. El reconocimiento a México resalta la calidad y eficiencia en la ejecución de la operación, que se ha convertido en un ejemplo de crecimiento y estabilidad en la región.
La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en Miami, consolidando esta transacción como una referencia en el sector financiero latinoamericano y confirmando el impacto positivo de la Cuarta Transformación en la economía y en el sector energético nacional.
Fuentes: Rebelión – Imagen: Desde Nueva York, en la sede de la ONU, Netanyahu dio la orden de asesinar a Hassan Nasrallah, líder máximo de Hezbolá.
“El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y, en el holocausto, morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo”. -Fidel Castro, Discurso ante la ONU, 1979.
Los crímenes de Israel contra la humanidad alcanzan tales ribetes que parecen entresacados de una novela distópica. Nuevos hechos desbordan la imaginación, por el cinismo y el descaro de la cúpula dirigente de Israel ‒que es compartida por la gran mayoría de los habitantes de ese país‒, entre los cuales cabe destacar lo sucedido el 27 de septiembre, cuando desde Nueva York y antes de pronunciar una sarta de mentiras en la sede de la ONU, el genocida Benjamin Netanyahu dio la orden de asesinar a Hassan Nasrallah, al líder máximo de Hezbolá.
Este hecho evidencia dos cosas: la impunidad absoluta de Israel como Estado genocida y la inutilidad de la ONU, una entidad que ya pertenece al basurero de la historia, de donde se deriva la muerte del derecho internacional que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial.
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La ONU ni siquiera es un artículo decorativo, puesto que es objetivo de los ataques de Israel en numerosos frentes. Es para Israel un enemigo más, y por eso la ataca a diario, y no en términos figurados o metafóricos, sino sobre el terreno con aviones, bombas y tanques. La ONU es el octavo frente de guerra de Israel y se suma a los otros siete, que la cúpula sionista ataca en estos momentos: Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen, Irán, Irak. Es un frente de guerra muy singular, porque no solo sufre la agresión sionista, sino que la ONU la tolera e incluso la legitima, al permitir que en su interior se mantenga un estado genocida, el cual además se enorgullece de serlo y lo proclama a los cuatro vientos. Y la ONU con su propia complicidad lo admite, sencillamente porque es una instancia dominada, desde su misma fundación, por Estados Unidos y sus vasallos europeos, que no son otra cosa que antiguas potencias coloniales.
2
En el octavo frente de guerra del Estado genocida de Israel, igual que hace en los otros, no hay límites ni justicia y se recurre a todas las formas de agresión que, con impunidad, despliegan los sionistas. Se ataca a instituciones como la UNRUWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo), se mata a sus funcionarios y se los calumnia por haber supuestamente participado en los ataques del 7 de octubre; se destruyen escuelas y hospitales administrados por la ONU; se atacan cuarteles de los cascos azules que están en territorio del Líbano; las resoluciones de la ONU contra Israel son para los sionistas papel higiénico usado… Lo que Naciones Unidas es para Israel quedó bien simbolizado con lo que hizo el Embajador de Israel en su sede central en Nueva York, cuando trituró en vivo y en directo la Carta de la ONU, lo cual fue visto como una simple anécdota. Ese hecho no mereció ni siquiera el repudio de la ONU como institución y nadie exigió a Israel que se disculpara y mucho menos se le aplicó algún tipo de sanción.
Para completar, el 28 de octubre el Parlamento de Israel prohibió las actividades de la UNRUWA en Israel y en Jerusalén y la declaró “organización terrorista” y despojo a su personal de inmunidad jurídica. La legisladora sionista Sharren Haskel balbuceó que “Si Naciones Unidas no está dispuesta a limpiar esta organización del terrorismo, de los activistas de Hamas, entonces tenemos que tomar medidas para asegurarnos de que no puedan dañar a nuestro pueblo nunca más”. Como puede notarse, el cinismo del terrorismo de Estado que encarna Israel no tiene límites, algo explicable por la permisividad de la comunidad imperial de Occidente y de la propia ONU. Esta es otra acción genocida contra los palestinos, puesto que unas 100 mil personas se encuentran sitiadas en Jabaliya, Beit Lahiya y Beit Hanoon, en el norte de Gaza, y no cuentan con suministros médicos ni alimentarios. Esto indica que los están asesinando, literalmente, de hambre y sed.
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Los palestinos y los libaneses son asesinados por los sionistas de Israel con armas y municiones que les suministra Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta el momento la ayuda de Estados Unidos, proporcionada después del 8 de octubre, es de 45 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, si se aceptara la cifra ‒que es inferior a la realidad‒ de 45 mil gazatiez asesinados, en la muerte de cada uno de ellos se ha invertido un millón de dólares.
La impunidad de Israel es posible por el respaldo incondicional de los Estados Unidos. Eso ha quedado claro con el asesinato de Hassan Nasrallah por varias razones: las bombas que lo mataron fueron proporcionadas por Estados Unidos; el gobierno de Joe Biden sabía del ataque terrorista que se avecinaba y lo respaldó; y, tras conocerse la noticia del aleve bombardeo y la muerte del principal dirigente de Hezbolá, Joe Biden personalmente se apresuró a felicitar al genocida Netanyahu y a justificar el crimen como parte de una «una medida de justicia” inscrita en el “derecho de Israel a defenderse”. Como parte del cinismo que caracteriza a Biden agregó que su objetivo es la desescalada de los conflictos en Gaza y Líbano «a través de medios diplomáticos», e indicó que Estados Unidos hace esfuerzos en la ONU para que se atenué la guerra en Gaza y en El Líbano. Es lo que se ha llamado la lógica de desescalar a través de la escalada militar de Israel, que simplemente significa que aquellos que son agredidos por el estado sionista deben quedarse quietos, no responder y dejarse matar por las bombas inteligentes de Israel y Estados Unidos.
Como si fuera poco con el cinismo exhibido por Joe Biden, la representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha dicho, y no es un chiste, que la ONU tiende a “concentrarse excesivamente” en Israel, país que sufre una injusta y desmesurado atención en esa entidad. Durante un evento en el Consejo de Relaciones Exteriores Thomas-Greenfield sostuvo que “tenemos un problema con Israel en la ONU, y hay una cantidad injusta de atención sobre Israel, incluso antes de Gaza, en la ONU. Es algo que hemos planteado de manera regular”.
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“El derecho de Israel a defenderse”, el mantra que repiten como loros amaestrados los sionistas del todo el mundo, los encubiertos y los desembozados, es algo muy singular como expresión de la muerte del derecho internacional. Con ese pretexto se ataca, bombardea, asesina y destruye a todo lo que se le ocurra a Israel y a su cúpula de genocidas en los territorios ocupados y en países vecinos. Con ese “derecho” ‒una verdadera carta blanca de muerte‒ Israel comete los crímenes que caracterizan a una arrogante “potencia” colonial, entre los cuales se incluye matar niños, bombardear población indefensa, quemar vivas a personas, matar de hambre y sed, encarcelar niños, violar a mujeres, asesinar a miles de civiles so pretexto de que son “terroristas”, recurrir a la limpieza étnica para despejar el territorio para sus colonos sionistas…
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Que Benjamín Netanyahu, un genocida activo, acuda a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York sin ser detenido como un criminal de guerra, es una muestra de que esa entidad no tiene ninguna relevancia en detener la máquina asesina de Israel, que es la misma de Estados Unidos. Incluso, tal es el descaro que el genocida se enorgullece de haber dado la orden de asesinar a Nasrallah desde Nueva York, pocos minutos antes de mentir a granel en la ONU.
Algunas informaciones señalan como muy probable que, en el mismo momento del bombardeo genocida, Nasrallah estuviera observando por televisión las mentiras de Netanyahu en Nueva York.
Una de las más crueles paradojas radica en que mientras dirigentes de diversos países hablaban de paz en el mundo durante la Asamblea General de la ONU, el genocida Netanyahu ordenaba bombardear y masacrar a decenas de personas en un barrio de la capital de El Líbano.
Entretanto, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, se limitaba a enunciar su inútil e ineficaz verborrea: «El Líbano está al borde del abismo. Gaza es una pesadilla permanente que amenaza con arrastrar a toda la región al caos, comenzando por el Líbano». Como es habitual, estas son declaraciones para la tribuna, que no tienen ninguna implicación real para detener el genocidio de los palestinos ni las agresiones de Israel al mundo árabe y persa.
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Los ataques a la ONU por Israel no son nuevos y, mucho menos, son producto de “errores” y “equivocaciones”. Son el resultado, consciente y planificado del Estado sionista para liberarse de la institución que, en teoría, encarna el papel de vigilar las reglas de juego del derecho internacional, impuestas por los Estados Unidos, que se establecieron luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo viene haciendo desde el mismo momento de la creación del Estado de Israel, ente sionista que surgió por una decisión de la ONU. Desde su fundación, Israel no cumple las resoluciones de la ONU, como sucedió con la Resolución 181, aprobada el 29 de noviembre de 1947, la que dividió la Palestina histórica en dos porciones, una con el 54% del territorio se le entregó a Israel, siendo que la población judía solo correspondía al 30%, y el resto a los palestinos, que eran la mayoría. De ahí en adelante, Israel ha violado los centenares de Resoluciones de la ONU que se han emitido desde 1947 hasta el momento actual. En síntesis, Israel acumula 75 años de desprecio e incumplimiento de las resoluciones de la ONU.
7
El bombardeo en el que fue asesinado Nasrallah y que fue autorizado desde Nueva York, durante una sesión de la Asamblea General de la ONU, es un ataque que muestra el carácter genocida del Estado sionista de Israel. Ese aleve ataque violó las leyes de la guerra y las leyes del derecho internacional. Se perpetró en otro país, el Líbano, se lanzaron 80 bombas de 2 toneladas cada una. Esas bombas atravesaron todos los pisos de las edificaciones, perforaron sus estructuras y llegaron hasta el subsuelo, a varios metros de profundidad, justo hasta los búnkeres donde se encontraba el líder máximo de Hezbolá. Esas bombas estadounidenses correspondían a MARK 84, bombas anti-refuerzo de 1 tonelada cada una y bombas BLU-109 de 2 toneladas cada una. La explosión destruyó cuatro edificios y generó temblores que se sintieron a 30 kilómetros de distancia. Como resultado de este bombardeo fueron asesinados decenas de civiles, entre ellos niños y mujeres.
Esta cifra indica la magnitud del crimen sionista que masacró en un solo bombardeo a un dirigente de Hezbolá junto con decenas de civiles, lo que comprueba que esos asesinos no tienen ningún respeto por la vida humana. Y todavía se indignan cuando se les compara con los nazis. Claro, parafraseando a Silvio Rodríguez, puede decirse que los sionistas no son lo mismo que los nazis, pero son iguales. Agregaríamos que los sionistas son peores, porque ni siquiera Adolfo Hitler tuvo el descaro de anunciar desde una tribuna diplomática internacional el bombardeo que iba a hacer minutos después a algún país o territorio de los que había invadido.
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En la Asamblea General de la ONU, Netanyahu sostuvo que nada lo detendrá en su camino genocida y que no existe ningún lugar que Israel no pueda alcanzar con su poder militar. Presentó dos mapas, el de la “bendición” y el de la “maldición”, el primero representado por el “Gran Israel” expandido según los cánones bíblicos bien lejos de sus fronteras actuales, el segundo con “agresivos islamistas” del “eje del mal iraní”. Lo notable es que en ninguno de los mapas aparece Palestina, lo que indica que el genocida da por sentada la desaparición del pueblo palestino. Y, en medio de este reconocimiento espacial del genocidio, dice que Israel siempre ha buscado la paz, como lo confirmaría minutos después con el asesinato de Nasrallah. Claro, la paz de los genocidas que era la misma que proclamaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Todo lo anterior conduce a plantear algunas preguntas esenciales. ¿Para qué sirve la ONU? ¿Acaso tiene alguna utilidad el derecho internacional vigente? ¿Los grandes problemas del mundo pueden solucionarse con bombardeos? ¿El “derecho a asesinar” que predica y lleva a la práctica el estado terrorista de Israel puede considerarse como la nueva pauta del derecho internacional en tiempos de agonía del dominio hegemónico de los Estados Unidos? ¿El asesinato a mansalva y con premeditación por parte de Israel debe ser aceptado como la nueva pauta del derecho internacional y del derecho internacional humanitario? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar el espectáculo de ver desfilar a los genocidas impunemente y tener que escucharlos en la sede de la ONU? ¿A dónde queda la conciencia humana ante la magnitud de los crímenes de Israel, Estados Unidos y el occidente imperial?
Una solo respuesta es posible: hoy, la ONU, tal y como está diseñada, es un cadáver insepulto que apesta y debería dársele un funeral de quinta categoría y dejársele descansar en paz. En el futuro inmediato, con el fin de la hegemonía estadounidense y la desaparición de Israel, existirá una entidad internacional diferente, que nada tendrá que ver con una instancia hecha a la medida de criminales y genocidas, como los que producen en forma industrial Estados Unidos, Israel y la Unión Europea.
En la entrega anterior se abordaron algunos aspectos de la política del sexenio anterior en temas laborales. En esta entrega, el objetivo principal es analizar la asistencia económica de Estados Unidos (EU) en México por lo que es importante primero definir qué es la asistencia y qué objetivos cumplen cada una de éstas. Este aspecto es importante porque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la injerencia estadunidense tuvo una de sus tantas expresiones en el financiamiento a ciertas organizaciones de la sociedad civil, potenciando a grupos opositores.
Asistencia extranjera
Desde la visión estadunidense, la asistencia extranjera fue establecida durante la Guerra Fría y al calor del triunfo de la revolución cubana en 1959. Así, en 1961, ya con la aplicación de la Alianza para el Progreso, la asistencia extranjera se definió como “cualquier artículo tangible o intangible proporcionado por el gobierno de Estados Unidos [donación, préstamo, venta, crédito o garantía] a un país extranjero u organización internacional, bajo esta o cualquier otra ley, incluyendo pero no limitado a cualquier capacitación, servicio o asesoramiento técnico; cualquier elemento de propiedad real, personal o mixta; cualquier producto agrícola, dólares de Estados Unidos, y cualquier moneda de cualquier país extranjero que son propiedad del gobierno de Estados Unidos”.[1]
Hay tres razones por las cuales se ha otorgado la asistencia desde que fue establecida: 1) seguridad nacional, 2) intereses comerciales y 3) preocupaciones humanitarias.[2] Sin embargo, desde 2006 el gobierno estadunidense utiliza distintas subcategorias para otorgar la asistencia extranjera –como: desarrollo bilateral, desarrollo multilateral, asistencia humanitaria, apoyo económico estratégico y militar y de seguridad.
Según lo anterior, podríamos entonces definir dicha asistencia como la aplicación del poder del Estado estadunidense para lograr la defensa de sus intereses y objetivos de seguridad nacional, que en gran medida son económicos, pues contribuye a fortalecer a los grupos de poder económicos. Las razones humanitarias, incluso, suelen ser una forma de otorgar recursos a empresas estadunidenses. Con lo anterior, la clase política y económica estadunidense mantiene su hegemonía y crea capacidades de injerencia en otros países. El monto del recurso aplicado en otro país e incluso, las instituciones del gobierno estadunidense que participan, va relacionado al grado de importancia que tiene.
Asistencia económica a México en el sexenio de AMLO
Históricamente, México no formó parte de los principales países que recibían financiamiento estadunidense dentro de la región latinocaribeña. Su participación fue marginal hasta que comenzó a aplicarse la Iniciativa Mérida en 2007, con la que Felipe Calderón se aventuró para declararle la guerra al narcotráfico.
A partir de 2007, EU financió varios programas que fueron definidos como prioritarios y que están en rubros como gobernabilidad, crecimiento económico, educación, infraestructura, entre otros. Según datos de Foreign Assistance (actualizados el 26 septiembre de 2024), en los últimos cuatro sexenios, fue el de Enrique Peña Nieto (2013-2018) el que recibió más asistencia económica o para el desarrollo (ver Gráfica 1).
Gráfica 1. Asistencia económica de EU a México (dólares de 2021)
Fuente: elaboración propia con datos de ForeignAssistance.gov
En México hay financiamiento que proviene de ocho departamentos, dos agencias y una fundación, como se muestra en el cuadro 1. Los más relevantes son el Departamento de Estado y la USAID, que en conjunto representaron el 96 por ciento del total de la asistencia económica de Estados Unidos en México en el periodo de AMLO.
Cuadro 1. Asistencia económica de EU a México por Departamento (2019-2024)
Departamento, agencia o fundación
Millones de dólares (2021)
%
TOTAL
1148.9
100
Departamento de Estado
776.2
68
USAID
327.9
29
Departamento del Trabajo
34.1
3
Fundación Inter-Americana
10.5
1
Cuerpo de Paz
8.3
1
Agencia de Comercio y Desarrollo
2.2
0
Departamento de Agricultura
1.2
0
Departamento de Justicia
0.7
0
Departamento de Energía
0.5
0
Departamento de Salud y Servicios Humanos
0.1
0
Departamento del Tesoro
0.0
0
Comisión Federal de Comercio
0.0
0
Departamento del Interior
0.0
0
Fuente: elaboración propia con datos de ForeignAssistance.gov
Principales rubros que financian USAID y Departamento de Estado
En cuanto al Departamento de Estado, es la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, conocido por su sigla como INL, la que erogó 687.4 millones de dólares (constantes de 2021, sin la inflación para poder hacer series históricas), entre 2019-2024. La segunda oficina con más recursos del Departamento de Estado fue Población, Refugiados y Migraciones, y contó con un financiamiento de 82.3 millones de dólares en el mismo periodo.
En cuanto a la USAID, esta agencia tiene nueve oficinas que financian proyectos en México, y es la Oficina de América Latina y el Caribe la más importante, por dos razones: el monto y las organizaciones que reciben financiamiento. Esta Oficina recibió 323 millones de dólares en el sexenio de AMLO (98.5 por ciento del total de USAID).
Esta oficina es la que financia a asociaciones ligadas a la oposición política, como: México Evalúa, IMCO, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Artículo 19, Data Cívica, Cómo Vamos La Paz, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC, entre otros. En más de una ocasión, el expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que había pedido al gobierno de EU la aclaración por el financiamiento a opositores en México. La última carta fue en 2024. Ahora, con el gobierno de Claudia Sheinbaum se suma la solicitud de información por el secuestro del narcotraficante Ismael –el Mayo– Zambada, en el que estuvo presumiblemente implicada la DEA.
Como se ha detallado en otras investigaciones deContralínea, en el IMCO, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Consejo Mexicano de Litigio Estratégico, entre otras organizaciones, confluyen los principales grupos de poder económico y fáctico del país y sus representantes, entre los que destaca Claudio X González Guajardo; también, empresarios prominentes de México, que se beneficiaron del periodo neoliberal (1982-2018). La red de poder constituida por estos grupos, como se muestra en la figura 1, llega al Consejo Mexicano de Negocios, a la Coparmex, a miembros del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil, y son estos mismos grupos los que litigaron contra las reformas y proyectos impulsados por el gobierno de AMLO.
Figura 1. La red de poder contra la 4t
Fuente: elaboración propia con datos de ForeingAsisstance.gov
Oficina para AL y el Caribe, instrumento injerencista
Dentro de la USAID, es la oficina para ALC la que otorga el mayor financiamiento a varias organizaciones que instrumentaron proyectos contra el primer gobierno de la 4T. Dentro del marco de análisis de lo que se denomina guerra híbrida, uno de los aspectos que le dan forma es la proyección del poder blando (soft power). Andrew Korybko, quien ha teorizado sobre la guerra híbrida ofrece un marco de análisis en el que menciona que “Estados Unidos es precursor de una nueva estrategia para hacer guerra en el mundo multipolar: el ‘liderazgo velado’. Esto permite a EU tercerizar las operaciones de desestabilización a aliados regionales con ideas afines, si el blanco se considera muy caro o políticamente sensible para que EU persiga directa y unilateralmente”.[3]
Analizado así, esta oficina de la USAID ha financiado a organizaciones que han litigado contra el aparato de Estado –como las reformas al sistema de justicia–, han difundido noticias falsas, han contribuido a identificar ciertos factores psicológicos capaces de causar, cambiar o reforzar ciertos comportamientos y matrices de opinión contra el gobierno objetivo –en este caso, de la 4T–, y determinar los momentos políticos clave para lograr la mayor incidencia en la población. En otras palabras, han realizado una manufacturación de consenso para ganar “las mentes y corazones” de la población mexicana, y revertir el proceso de transformación nacional.
En la figura 2, se destacan algunas de las organizaciones y empresas que han tercerizado la asistencia del gobierno de EU en México y forman parte de la expresión del poder suave en el país. Antes, es pertinente hacer dos aclaraciones: 1) no todas las organizaciones sociales en México tienen financiamiento de EU o de poderes fácticos, por lo que siempre es relevante hacer esta distinción al momento de analizar el amplio espectro de organizaciones civiles, sociales y no gubernamentales en México, y 2) a partir de la llegada del gobierno de Joe Biden, hubo modificaciones en la estructura del gobierno, por lo que la National Endowment for Democracry (NED) dejó de informar a qué organizaciones otorga financiamiento. Es una gran opacidad pública de un país que se precia ser el “modelo de democracia” mundial.
Figura 2. Financiamiento de la Oficina de América Latina y el Caribe de la USAID (2019-2024)
Fuente: elaboración propia con datos de ForeingAsisstance.gov
El esfuerzo que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas –1 mil 438 conferencias, más de 2 mil horas– sirvió para desactivar la manufacturación de consenso, evidenciar las noticias falsas, informar oportunamente a la sociedad cumpliendo con el derecho humano a la información, así como exhibir a los grupos de poder opositores, nacionales y extranjeros. Fue, en síntesis, un acto político cotidiano para desactivar la guerra híbrida en el país, que impuso la agenda política y mediática. Un acto que, sin duda, deberá estudiarse con mucho más detalle.
A pesar de este esfuerzo, el proyecto político-económico de la 4T tuvo varios reveses a lo largo de los casi seis años que gobernó López Obrador, y comenzó a tener más sentido cuando la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues judicializó las reformas propuestas por el expresidente, e impidió su aplicación –incluidas las reformas político electorales–, además de que la gestión de Piña propició la liberación de generadores de violencia. Por lo anterior, al impedir las primeras reformas político electorales (conocidas a la postre como el Plan A), se generó el Plan B que también fue judicializado y, comenzó a tomar forma el Plan C, un paquete de reformas que concatenan muchas de las luchas históricas del pueblo mexicano y que suben a rango constitucional, al obtener mayoría calificada en el Congreso. La judicialización de la política –que no lawfare– será el tema de la siguiente entrega.
Traducido del neerlandés para Rebelión por Sven Magnus.
Los 36 países que representan más de la mitad de la población mundial se reunieron en Rusia para preparar una nueva infraestructura financiera y económica mundial. El impacto a largo plazo podría ser enorme.
Del 22 al 24 de octubre 36 países, en su mayoría del Sur, participaron en la décimo sexta cumbre de los BRICS. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, también asistió a la reunión. En palabras del Presidente chino Xi, la cumbre pretende «crear nuevas oportunidades para el Sur Global».
Cambio en el equilibrio de poder
Desde la Segunda Guerra Mundial hubo varios intentos por parte de los antiguos países colonizados de establecer un orden mundial más justo. En los años setenta, por ejemplo, se intentó establecer un Nuevo Orden Económico Internacional.
Estos y otros intentos fracasaron debido a las divisiones internas y, sobre todo, a que el equilibrio de poder mundial era muy desfavorable. El Norte tenía todo tipo de palancas económicas y diplomáticas para mantener a raya a los países del Sur. Y si eso no alcanzaba, Estados Unidos sacaba la opción militar.
La situación ha cambiado profundamente desde entonces. En las últimas décadas,el dominio económico de Occidente ha disminuido drásticamente. En 1990 Estados Unidos y sus aliados aún representaban el 62,4% del producto mundial. Este año se ha reducido al 39,6%, y el descenso continúa. Por otro lado, países como China e India, y a su estela otros países emergentes, están irrumpiendo con fuerza.
El impacto de Occidente en la esfera militar también ha caído en picado. Todas las intervenciones militares de Estados Unidos y sus aliados de los últimos 25 años han fracasado. Tuvieron que abandonar Irak y Afganistán, no consiguieron dominar Siria y Yemen, y Libia terminó siendo un completo fracaso y un caos.
Al empezar la guerra en Ucrania esperaban poner de rodillas a Moscú sobre la base de un apoyo militar generalizado a Kiev y fuertes sanciones económicas contra Rusia. Pero fue otro fracaso .No en vano, el jefe de la CIA William J. Burns señaló que «Estados Unidos ya no posee una supremacía indiscutible».
Así que han cambiado muchas cosas. En marzo de este año el presidente chino en visita a Vladimir Putin lo expresó así: «Ahora mismo hay cambios como no hemos visto en cien años y debemos impulsarlos juntos»‘.
Este es el contexto en el que se desarrolló la cumbre de Kazán.
Un club que no es pequeño
El grupo BRICS se creó en 2006. La sigla viene de los cuatro miembros originales Brasil, Rusia, India y China. Sudáfrica se incorporó en 2010. El objetivo de los BRICS es «remodelar la arquitectura política, económica y financiera mundial de manera justa, equitativa y representativa, basándose en el multilateralismo y el derecho internacional». En otras palabras, los cinco países quieren establecer un gobierno mundial que sea inclusivo e igualitario.
El 1 de enero de 2024, se incorporaron cuatro nuevos miembros como miembros de pleno derecho: Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). En la cumbre en Kazán, 13 «países socios» se unieron a BRICS+. Y hay al menos otros 20 países que tienen interés en unirse, de modo que el grupo BRICS+ ya no es un club pequeño.
Representa actualmente el 46% de la población mundial y el 37% del producto mundial (1). Los BRICS+ también representan una cuarta parte de todas las exportaciones de bienes y el 40% de la producción de petróleo. El PIB de los BRICS+ es ya mayor que el del G7 y su producción industrial duplica incluso la del G7.
Mundo multipolar
Los BRICS se fundaron para crear un espacio de mayor cooperación entre las economías emergentes y servir de contrapeso a Estados Unidos y sus aliados. Los países BRICS quieren alejarse de las prácticas dominantes de Occidente. Buscan un mundo multipolar, un mundo en el que haya más equilibrio de poder y más oportunidades para los países del Sur.
La gran crisis financiera (2007-2011) demostró lo frágil y poco fiable que es la arquitectura económica de los países occidentales. El nacionalismo respecto a las vacunas contra el COVID-19 demostró lo poco fiables que, a la hora de la verdad, son los países del Norte. Lo mismo ocurre con la negativa de los países ricos a asumir su responsabilidad histórica en el calentamiento global.
La división aumentó a raíz de la guerra en Ucrania. La mayoría de los países del Sur se mantienen en gran medida neutrales y se niegan a cooperar con las sanciones económicas contra Rusia. Además, muchos países fruncieron el ceño cuando se congelaron las reservas de efectivo del Banco Central ruso en Occidente y se excluyó a los bancos rusos del tráfico internacional de pagos (SWIFT). Si hoy se puede hacer con Rusia, mañana se puede hacer con cualquier otro país. A consecuencia de ello, se vio gravemente mermada la confianza en el sistema financiero occidental.
La ruptura se agravó por el apoyo incondicional de Occidente al genocidio de Gaza. Los países occidentales habían anunciado inmediatamente fuertes sanciones contra Rusia tras la invasión de Ucrania, pero dejan a Israel totalmente libre, incluso suministran armas o dejan que se utilicen sus puertos y aeropuertos para transportarlas a Israel. Este doble rasero es incomprensible e inaceptable para los países del Sur.
Independencia financiera
Uno de los aspectos importantes es la búsqueda por parte de los países BRICS de una mayor independencia financiera de los sistemas financieros occidentales y del dominio del dólar. «Todas las noches me pregunto por qué todos los países tienen que basar su comercio en el dólar», dijo Lula en un discurso ante el Nuevo Banco de Desarrollo, el nuevo nombre del banco de los BRICS. Ese banco se creó en 2015 para promover estos esfuerzos en pro de la independencia financiera.
Para liberarse del dólar, en el seno de los BRICS circulan ideas para crear una moneda de reserva, respaldada en un 40% por oro y otros recursos naturales y en un 60% por una cesta de monedas de los países miembros.
También promueve una plataforma de pagos y liquidación que conectaría los mercados financieros de los países BRICS, independiente del actual Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Suiza.
Otros proyectos son: un sistema de seguros propio, una agencia de calificación independiente de las potencias occidentales y un sistema independiente de transacciones interbancarias que pueda competir con el SWIFT, controlado por Estados Unidos.
Aunque aún no se ha destronado al dólar y puede que siga siendo la moneda de reserva mundial durante bastante tiempo, en los próximos años podría surgir un mundo monetario «multipolar «, que haría a los países del Sur menos dependientes del dólar y reduciría la capacidad de Estados Unidos para utilizar el arma de las sanciones económicas.
A primera vista puede parecer que los pasos dados en esta reunión no son muy grandes, pero a largo plazo podrían ser el principio de toda una nueva infraestructura económica en la que Occidente deje de ser el único dominante, lo que permita a los países del Sur participar plenamente.
En cualquier caso, al haber cambiado las relaciones de fuerza, ahora hay muchas más posibilidades de que esto ocurra que hace cincuenta años. La historia dirá si se puede calificar esta cumbre de histórica.
(1) Producto mundial expresado en dólares PPA (paridad de poder adquisitivo). Esta cifra tiene en cuenta las diferencias de precios entre países para los mismos bienes o servicios y expresa el poder adquisitivo real.
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se presentó hoy en una audiencia de revisión en la corte de Chicago, Illinois. Su abogado, Jeffrey Lichtman, confirmó que tanto Ovidio como su hermano Joaquín Guzmán López están en negociaciones con la justicia de Estados Unidos para llegar a un acuerdo de culpabilidad.
Guzmán, conocido como “El Ratón”, quien anteriormente se declaró no culpable, compareció para revisar el estado de su expediente y el avance en la recolección de pruebas. La audiencia, que duró aproximadamente 15 minutos, fue presidida por la jueza Sharon Johnson Coleman. Durante la sesión, la jueza preguntó a Guzmán si estaba consciente de un posible conflicto de intereses, dado que Lichtman también representa a su hermano. Ovidio respondió afirmativamente.
El acusado enfrenta cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, en Chicago, de un total de 12 acusaciones en su contra en Estados Unidos.
Lichtman también comentó que los hermanos Guzmán buscan un acuerdo de culpabilidad, lo que podría incluir la cooperación con las autoridades a cambio de una reducción en sus condenas. Se especula que los “Chapitos” podrían estar dispuestos a colaborar en la captura de otros líderes del narcotráfico, como Ismael “El Mayo” Zambada.
El abogado de Los Chapitos confirma que Joaquín y Ovidio Guzmán negocian un acuerdo con Estados Unidos
Jeffrey Lichtman rompe el silencio en la primera comparecencia de El Ratón en Chicago tras la captura de El Mayo. Ambos hermanos tienen programada una audiencia conjunta el próximo 7 de enero.
Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán sí están en negociaciones para colaborar con la justicia de Estados Unidos. Así lo confirmó este lunes el abogado de la familia Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien puso fin a semanas de especulaciones en torno a un posible acuerdo de culpabilidad para Los Chapitos. Lichtman hizo las revelaciones en la primera audiencia de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, en un tribunal de Chicago, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, su hermano mayor, a finales de julio. La jueza Sharon Johnson Coleman ordenó que se celebre una audiencia conjunta con ambos hermanos programada para el próximo 7 de enero.
Se trata de la primera vez que Lichtman, que representa a ambos hermanos, reconoce las negociaciones con las autoridades. Las versiones sobre una posible colaboración de Los Chapitos para traicionar y delatar a sus antiguos socios a cambio de una pena reducida ganaron fuerza en los últimos días, después de que los medios en México se hicieron eco de que Joaquín y Ovidio Guzmán han sido trasladados en las últimas semanas fuera de la cárcel. Tras una breve audiencia de unos 15 minutos, el abogado aclaró ante los reporteros que sus clientes siguen bajo custodia de Estados Unidos y achacó, en buena parte, los movimientos a cuestiones de seguridad de la prisión federal de Chicago.
El Mayo acusó en una carta difundida por sus abogados a Joaquín Guzmán El Güero, su ahijado, de secuestrarlo y entregarlo a las fuerzas de seguridad estadounidenses a cambio de mejorar la situación legal de su hermano, extraditado en septiembre del año pasado. Es posible que la audiencia en enero sea el final de meses de especulaciones en torno al pacto entre los herederos de El Chapo y Estados Unidos, en caso de que ambas partes pacten las condiciones para la rendición de los capos. En México, los hombres de El Mayo y la Chapiza libran una guerra por el control del Cartel de Sinaloa desde el pasado 9 de septiembre, que ha sembrado el caos y dejado miles de muertos en Culiacán y otros municipios, bastión histórica de la organización criminal. Zambada sigue su proceso judicial en Nueva York y compareció el viernes pasado ante la corte de Brooklyn, epicentro de la ofensiva judicial de Estados Unidos contra los carteles mexicanos.
Tras la publicación de la carta de El Mayo a mediados de agosto, Lichtman fue tajante y negó en repetidas ocasiones la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad. La última vez fue apenas el viernes pasado, cuando dijo a la cadena de televisión Telemundo que no había tal pacto. El abogado de Los Chapitos, que también defendió a El Chapo en su juicio de 2019, había sido cuidadoso a últimas fechas con lo que compartía a los medios. Sin embargo, conforme han avanzado las investigaciones sobre la captura de El Mayo, los Gobiernos de México y Estados Unidos aludieron que Los Chapitos han establecido negociaciones secretas y contactos informales con agencias estadounidenses desde hace años para concretar su rendición. Esa es la hipótesis más plausible detrás de la detención de Zambada, que se ha convertido también en la principal línea de investigación de las autoridades mexicanas.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió su propia investigación para esclarecer lo que sucedió en México durante las horas previas al arresto de El Mayo en un aeropuerto rural cerca de la ciudad fronteriza de El Paso. En su último comunicado, publicado el domingo, la FGR confirmó que Héctor Cuén, exalcalde de Culiacán y diputado federal electo, fue asesinado en la misma finca donde Zambada aseguró que fue secuestrado y maniatado por Los Chapitos. El capo de 76 años afirmó que fue sometido tras ser citado a una reunión con Cuén y su principal adversario político, el gobernador Rubén Rocha Moya.
Las autoridades ministeriales dieron a conocer que se encontraron rastros de sangre de Cuén en la escena del crimen, en las primeras revelaciones sobre pruebas materiales tras el magnicidio. En su anterior comunicado, de finales de agosto, la FGR vinculó a Ovidio Guzmán con el secuestro de El Mayo y dijo que estaba indagabando si participó como uno de los autores intelectuales que planearon el golpe contra su antiguo socio. No hubo un pronunciamiento en ese sentido en el último boletín del ministerio público. Joaquín Guzmán López es el principal sospechoso de la Fiscalía. Rocha ha negado cualquier vínculo con el narco.
Tras semanas de silencio, los casos abiertos contra El Mayo y Los Chapitos en Estados Unidos se vuelven a entrelazar. Los hermanos Guzmán fueron requeridos por la jueza a comparecer juntos por primera vez desde que El Güero se entregó el pasado 25 de julio. Zambada tuvo su primer encuentro en Nueva York con el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a cadena perpetua a El Chapo en 2019 y a Genaro García Luna la semana pasada a 38 años. Se verá las caras otra vez con él el próximo 15 de enero, una semana después de que los hijos de su antiguo socio tengan su próxima vista en Illinois. Mientras sigue el juego de delaciones y traiciones sigue del otro lado de la frontera, Sinaloa arde. Se registraron otros nueve asesinatos en el Estado el pasado fin de semana, según datos oficiales.
El juez de la Corte de Nueva York, Brian Cogan, dictó 38 años de cárcel para el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, García Luna, ello por sus vínculos con el narcotráfico.
De esta manera, García Luna será enviado a una prisión federal a Washington D.C. en donde cumplirá con su condena, a la que se le restarán los 5 años que ya lleva en prisión.
Durante la audiencia, el juez Cogan cuestionó el perfil de García Luna pues afirmó que él contaba con la confianza de los mexicanos al ser el encargado de la seguridad pública de México, por lo que estableció la doble vida que llevaba el funcionario en México.
🔴 ÚLTIMA HORA | Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada
Los fiscales lo señalaron no solo como colaborador del Cártel de Sinaloa, sino que «él era el Cártel», pues facilitó las operaciones de dicho grupo criminal y lo responsabilizaron de apoyar la carrera criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Las reglas del juego entre Estados Unidos y México han cambiado. En sus primeros 11 días de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió que no se reunirá con Joe Biden, sino que esperará al sucesor o sucesora para entablar la nueva relación bilateral. Al mismo tiempo, ordenó crear un canal diplomático de comunicación, que echa abajo la anarquía en la que operó por años la Embajada de Estados Unidos en nuestro país: ahora, el embajador sólo podrá comunicarse con el secretario de Relaciones Exteriores, y no como estaba acostumbrado a llamar a todos los secretarios de Estado y funcionarios federales, de acuerdo con los intereses y necesidades del vecino país. Además, en este breve periodo, ha insistido en que el gobierno estadunidense adeuda la información detallada sobre la detención, en nuestro territorio, del Mayo Zambada; y el secretario de Defensa envió un mensaje al vecino del norte sobre el tráfico de armas, y reveló que se pedirá revisar el Entendimiento Bicentenario que rige la cooperación en materia de seguridad. Y la primera mandataria dejó claro que no habrá marcha atrás en temas como el de Calica, maíz transgénico y glifosato
Once días de gobierno han bastado para delinear una nueva relación entre México y Estados Unidos. En este corto periodo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó un límite a la administración de Joe Biden, al restringir la comunicación del embajador Ken Salazar. A partir de ahora, éste sólo podrá comunicarse con el secretario de Relaciones Exteriores –Juan Ramón de la Fuente– para tratar toda su agenda, y no como lo hacía en el sexenio pasado, cuando hablaba con todos los secretarios de Estado y funcionarios federales de alto nivel, de acuerdo con las necesidades de su agenda.
Otra señal de esta nueva relación es el hecho de que la primera mandataria no acordara reunirse con su homólogo, el presidente Joe Biden, cuando sostuvieron una llamada telefónica; sino que esperará a conocer los resultados electorales que determinarán al sucesor –entre la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump–, para plantear una reunión bilateral de alto nivel.
A ello se suma que, en este breve periodo, la doctora Sheinbaum Pardo ha insistido al gobierno estadunidense que entregue la información detallada de la detención, ocurrida el pasado 25 de julio en territorio mexicano, del narcotraficante y hasta entonces líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada. En el contexto del reclamo, la jefa del Ejecutivo federal ha reiterado que esa captura –organizada unilateralmente por el vecino país del norte– es la que desató la violencia en la entidad sinaloense.
Pero éste no ha sido el único reclamo de su administración. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, envió un mensaje fuerte sobre el tráfico de armas, al advertir que Estados Unidos debe entender que los flujos armamentistas contribuyen a la violencia que aún enfrenta México, por lo que se le exige compromiso para detener este mercado negro. De hecho, también reveló que una de las instrucciones de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es que se solicite a EU revisar el Entendimiento Bicentenario, que rige la cooperación en materia de seguridad.
Aunado a ello, la presidenta de la República ha aclarado que en su gobierno no habrá marcha atrás en temas como el de Calica, y la prohibición del maíz transgénico y el glifosato, que para el vecino país del norte han sido banderas en defensa de los intereses de las trasnacionales estadunidenses afectadas por estas decisiones.
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Nuevas reglas a la embajada estadunidense
El 10 de octubre pasado, el secretario Juan Ramón de la Fuente se reunió con el embajador estadunidense Ken Salazar, tal como lo acordaron en una llamada telefónica, el pasado 4 de octubre, la presidenta Sheinbaum y el presidente Biden. En ese encuentro, México fijó nuevas reglas para la relación del diplomático estadunidense con la actual administración.
“Se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales; porque a veces el embajador acostumbra a llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora le dijimos: ‘bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con la Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadunidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la cancillería’. Fueron algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer, y eso ordena de manera muy importante la relación”, indicó la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina del pasado 11 de octubre.
Aunque se trata de una medida severa que restringe el actuar del embajador a favor de nuestra soberanía nacional, la primera mandataria suavizó la decisión al indicar: “nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así. Y, además, nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”.
Los lineamientos impuestos a Ken Salazar se dan luego de que éste y el expresidente de México tuvieron varios desencuentros, a grado tal de que Andrés Manuel López Obrador pausó la relación con el diplomático. Ello, luego de que Estados Unidos se negara a proporcionar toda la información relacionada con la captura del Mayo Zambada –pues su gobierno mantuvo la sospecha de que ésta se dio en suelo mexicano por agentes de la DEA, lo que habría violado la soberanía–, y de que Ken Salazar se entrometiera en el tema de la reforma judicial, cuando ese es un asunto que sólo le compete a los mexicanos.
De la reunión entre De la Fuente y Salazar, la única información que se reveló fue la que compartió la presidenta de la República: hasta el cierre de esta edición, ni la SRE ni la Embajada estadunidense emitieron pronunciamientos. Y de lo que indicó la primera mandataria, se desprende que el único canal de comunicación que mantiene abierto el gobierno federal con el embajador es Juan Ramón de la Fuente, por lo que todos los temas estadunidenses pasarán por ese filtro que le rendirá cuentas directamente a la doctora.
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Captura del Mayo mantiene tensión bilateral
El 9 de octubre –un día antes de este encuentro entre el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador Salazar–, la presidenta Sheinbaum expuso en su conferencia matutina que no tiene pensado reunirse pronto con su homólogo Joe Biden, y que en la llamada telefónica que sostuvo con él, esa posibilidad ni siquiera se planteó.
Este detalle no es menor. La administración de Biden está por concluir, y el gobierno de México estaría dando por terminada prácticamente esa relación, en espera de que, en noviembre próximo –cuando ya se sepa quién gobernará la nación vecina–, se establezcan las reglas del juego entre ambos países: “¿qué es lo que pasa? Que hoy está la elección en Estados Unidos; entonces. nosotros somos muy respetuosos de la elección. Por supuesto que la coordinación es con el presidente Biden y va a seguir esta coordinación. [Pero] el 5 de noviembre es la elección en Estados Unidos y luego se llevan su tiempo para la calificación de esa elección, y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, y se mantiene la coordinación”, declaró Sheinbaum Pardo.
La relación bilateral que se establezca con el próximo gobierno estadunidense pasará por la exigencia del gobierno federal para que Estados Unidos entregue toda la información de la captura del Mayo Zambada. Ello, porque el mismo 9 de octubre, en su conferencia, la titular del Ejecutivo federal reiteró la necesidad de esa cooperación.
Al respecto, la primera mandataria recordó que si bien la relación de México con Estados Unidos no se pausó por esta falta de información: “lo que se suspendió fue la visita del embajador al presidente de la República [López Obrador], por la acción en Sinaloa [del 25 de julio, cuando el líder del Cártel de Sinaloa fue detenido], en donde nunca se consultó al gobierno de México, ni se coordinó, sino que fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención”.
Esa no era la primera vez que la presidenta Sheinbaum reclamaba a Estados Unidos por este tema. Un día después de asumir el mando, el 2 de octubre, declaró en su primera conferencia matutina que su gobierno sí va “a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio”.
Y posteriormente indicó que Estados Unidos no puede presionar a su administración, luego que le consultaron si había tal situación por el tema de la reforma judicial. “México es un país libre, soberano, independiente. Y nos coordinamos, mas no nos subordinamos, como lo dije ayer”. Y es que el 1 de octubre, durante su toma de protesta, envió un claro mensaje de que México defenderá su soberanía e independencia.
Para el 8 de octubre, nuevamente regresó al tema de la captura del Mayo Zambada; esta vez, sin que mediara ninguna pregunta de la prensa. Ese día, declaró: “hay que recordar en el tema de Sinaloa, solamente, cómo es que Sinaloa tiene este incremento en los homicidios: a la fecha –lo que nos informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de la Seguridad– es que todavía no se recibe la información suficiente por parte del gobierno de Estados Unidos de esa detención, que se sigue solicitando. Se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador, el embajador va a la cancillería, y es uno de los temas, que se dé la información”.
Tráfico de armas
En este breve periodo de 11 días de gobierno, las señales de un ajuste en la relación México-Estados Unidos no sólo han venido de las declaraciones de la presidenta, sino también de algunos integrantes de su gabinete. Ejemplo de ello es el reclamo que hizo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, el pasado 8 de octubre, sobre el tráfico de armas.
“En el sexenio pasado se hicieron esfuerzos muy grandes para que Estados Unidos entendiera que parte del gran problema que tenemos en México de la violencia es producto del armamento que viene de Estados Unidos. En ese sentido, se incluyó en el Entendimiento Bicentenario –creemos que, por primera vez– ese tema en donde se les hace ver que es necesario que implementen acciones”.
En la conferencia presidencial de ese día, el general secretario agregó: “hemos recibido instrucciones [de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas], y se está analizando también dentro del Gabinete de Seguridad, que hay que revisar ese instrumento para que se continúe, se actualice y reforzar las acciones”.
De las palabras del general Trevilla Trejo se desprende que México solicitará a Estados Unidos revisar los términos en los que se da la cooperación en materia de seguridad, poniendo por delante los intereses de nuestro país.
“Dentro de todo lo que se hace es que se proporciona información directamente a Estados Unidos por las partes que deban de ser, por las partes correspondientes, respecto al armamento que se asegura, que aseguran las dependencias del Gabinete de Seguridad. Entonces, ese es un tema que no se puede dejar, va a seguir”, indicó el titular de la Sedena.
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Freno a los intereses desmedidos de EU: caso Calica
Además de las declaraciones del general secretario, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha dado muestras de que México no cederá en terrenos en los que avanzó el expresidente López Obrador. Uno de esos asuntos es el de Calica, en el que la secretaria advirtió que no hay expropiación, pero la empresa no podrá, nunca más, explotar los bancos piedra. Además, reveló que la compañía estadunidense ha mentido no sólo a México, sino también a la SEC y al tribunal internacional donde se ventila su caso.
“Calizas Industriales del Carmen es una empresa filial de Vulcan Materials, dedicada desde 1986 al aprovechamiento y explotación de roca caliza y sus agregados pétreos; principalmente, piedra triturada, arena y grava. Es un desastre ecológico porque se extraía caliza para exportarla a Estados Unidos para construir carreteras, y la explotación de roca caliza se fue incluso por debajo del manto freático, de una zona que está, tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes, una cárstica, y se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esta región. Quería darles un poco cuál es la dimensión, son mil 200 hectáreas lo que se ha explotado en este caso”, indicó en la conferencia presidencial del 11 de octubre.
Como en muchos casos que implican a empresas estadunidenses, en el asunto Calica-Vulcan Materials el gobierno de Estados Unidos y legisladores de ese país han buscado influir en México para evitar el cierre de la mina. Hasta ahora no lo han logrado.
La secretaria Alicia Bárcena señaló que “la empresa ha dado una serie de declaraciones falsas; entre otras, dice que tiene todos los permisos. No es verdad. En segundo lugar, negó sobrexplotar la extracción de piedra caliza. Se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986. Luego, se les otorgó otro permiso en 2000 que les extendió el permiso por 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre de 2020. Explotaron, además, 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático.
“Declararon que había siete cenotes, y cuando se hizo una visita se encontraron sólo cuatro, quiere decir que destrozaron al menos tres. Y afirmaron tener todas las concesiones de agua, y solamente tenían una, que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático. Simularon incluso ante el tribunal internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las zonas arqueológicas. Y yo diría, lo más delicado también para México es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la bolsa [SEC] –porque es una empresa que cotiza en bolsa– el doble de reservas de material pétreo que reportan en México, para poder evadir impuestos”.
De acuerdo con la titular de la Semarnat, luego de que el gobierno de López Obrador les prohibió la extracción de piedra caliza del subsuelo de Playa del Carmen y Cozumel, Quintana Roo, Vulcan Materials demandó a México con base en el TLCAN –no en el T-MEC, que es el acuerdo vigente–, por más de 1 mil 500 millones de dólares. Ello, a pesar de que la Semarnat y la Profepa confirmaron los daños ecológicos, el impacto al sistema hidrológico subterráneo 20 veces más del volumen autorizado.
Otra de las mentiras diseminadas por la empresa, dijo Bárcena, es que se le está expropiando el terreno. “No, no estamos expropiando: su terreno sigue siendo de ellos, lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza, eso sí. Es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque, o a ver qué hacen, pero caliza no”.
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Transgénicos y glifosato
Al igual que en este caso de Calica, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado el freno a la industria agroalimentaria que atenta contra la salud de los mexicanos. Tal como avanzó la pasada administración de López Obrador, la presidenta declaró que no hay marcha atrás en la prohibición del maíz transgénico para consumo humano y del herbicida glifosato.
“Avanzaremos en la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Como dice el presidente, dar de comer a quien nos da de comer. No permitiremos la siembra de maíz transgénico. Andrés Manuel López Obrador, como dice Andrés Manuel López Obrador, no permitiremos la siembra del maíz transgénico, seremos autosuficientes, no sólo en maíz blanco, sino en frijol y en otros cultivos”, señaló Sheinbaum Pardo en su toma de protesta, el 1 de octubre pasado.
México cierra un ciclo político impuesto por la agenda electoral y no así por el agotamiento de su proyecto de transformación social, que continuará con Claudia Sheinbaum, la primera mujer en llegar a la Presidencia del país.
El fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador exige un balance en múltiples materias. Ha corrido mucha tinta con ese propósito, pero quizá falta uno que haga justicia a la política exterior que ejerció el presidente y a su apuesta por una América Latina más democrática, más soberana y más digna. Este ensayo se enfoca en repensar e hilar hechos que podrían parecer dispersos, pero responden a una estrategia política precisa hacia la región.
La ausencia de México en la primavera latinoamericana
Durante casi todo el siglo XX, los sucesivos gobiernos de México se situaron arriba y a la derecha de una Latinoamérica que reclamaba transformaciones en favor de las mayorías[1]. A fines de ese siglo y principios del XXI, inició un maremoto de cambios políticos y sociales progresistas que aún está en marcha.
Durante los 70 años (1929-2000) que gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el gobierno mexicano mantuvo una política exterior con la región basada en el principio de la no intervención, autodeterminación y la resolución pacífica de los conflictos. Sin embargo, mientras México brindaba asilo y protección a las y los revolucionarios del Cono Sur durante las dictaduras del Plan Cóndor –como años antes lo habría hecho el propio Lázaro Cárdenas con el exilio español–, o apoyaba esfuerzos por la pacificación en Centroamérica (Grupo Contadora), fronteras adentro perseguía y aniquilaba a la disidencia y reprimía los esfuerzos de cambio social de las organizaciones campesinas, sociales y populares que escapaban del sindicalismo corporativo de la CTM, la CROM y la CROC[2], por mencionar algunos de los aparatos de control del régimen confeccionados por el partido-Estado post-revolucionario.
Con los gobiernos del conservador Partido Acción Nacional (PAN, 2000-2012), se perdió hasta la mínima decencia de los gobiernos del PRI en materia diplomática, llegando a la grosería extrema del “comes y te vas”, vergonzosa indicación de Vicente Fox al comandante Fidel Castro Ruz en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas (Monterrey, marzo de 2002), para evitar que el entonces presidente George W Bush tuviera el disgusto de un eventual encuentro con el mandatario cubano. Exihibida su grosería, lejos de recular, Fox escaló las asperezas hasta expulsar del país al embajador cubano y romper relaciones con Cuba.
Fuera de estas viñetas que develan la visión de los gobernantes del periodo neoliberal y neocolonial, uno de los principales hitos de la política exterior del panismo fue firmar la adhesión de México la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), un nuevo acuerdo trinacional que ahondaba subordinación de nuestro país a los Estados Unidos, amplificando la influencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). De la misma forma, se puso en marcha la Iniciativa Mérida, calco y copia del Plan Colombia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ambos, programas de seguridad trasnacional confeccionados en Estados Unidos para su implementación por gobiernos afines.
Durante casi cuatro décadas, México parecía transitar en otro tiempo y espacio que el resto de Latinoamérica, en plena efervescencia revolucionaria y con estallidos populares que modificaron el mapa político de la región al conquistar espacios de poder con una legitimidad incuestionable. A partir ella, transformaron las estructuras de desigualdad social –y del poder mismo con novedosos procesos constituyentes– en la región andina; con su correlato y sus propias intensidades en Argentina y Brasil.
La desconexión era tal que, mientras en algunos países de la región andina y el Cono Sur se nacionalizaban recursos estratégicos y se redistribuía la renta priorizando a las mayorías empobrecidas por el modelo neoliberal, en México el entonces presidente Fox proponía gravar medicinas y alimentos con 15 por ciento de impuesto al valor agregado (IVA), así como incrementar el precio mensual del gas doméstico. Si bien la movilización social pudo frenar esas contrarreformas, no pudo hacer mucho ante el desfalco del Estado, la privatización de los bienes públicos y la conculcación de derechos sociales mediante otras medidas de “ajuste estructural”.
Un giro a la izquierda, el reencuentro con el Sur
En 2018, México dio el giro a la izquierda que los fraudes electorales y mediáticos habían impedido en 2006 y 2012, y se hizo del gobierno con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Presidencia. ¿De qué manera este cambio impactó en las relaciones con América Latina?, ¿qué tipo de política exterior impulsó el primer gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”?
¿El saldo de dos embajadoras y un embajador mexicanos expulsados de los países en los que cumplían sus misiones diplomáticas durante el sexenio de López Obrador, es resultado de acciones aisladas y exabruptos del presidente –como lo presentan los medios corporativos–, o forman parte de una inédita política de reposicionamiento de México en la arena internacional? Que, dicho sea de paso, parece ir más allá de la defensa férrea del principio de la no intervención y se plantea el reforzamiento de la soberanía y la construcción de un proyecto popular para América Latina.
El análisis que realizamos, basado en los hechos más significativos en materia internacional que involucran al gobierno de AMLO, nos lleva a afirmar que se trata de lo último. Más todavía, la política de justicia social que abandera dicho gobierno rebasó la escala nacional y dibujó una agenda latinoamericana en clave soberana y de autodeterminación que reposiciona a nuestro país en el escenario internacional. Veamos por qué.
La 4T y su política para Latinoamérica
A estas alturas no cabe duda de que las transformaciones del sexenio de AMLO en el plano económico, político y social de México han modificado las viejas lógicas de poder. Nos encontramos en un momento histórico particular en el que las mayorías del país refrendaron su apoyo a este proyecto, abanderado por la Cuarta Transformación, un bloque amplio y heterogéneo de izquierda social y electoral.
Por razones de espacio no profundizaremos sobre las cualidades y la magnitud de esta transformación al interior de nuestro país, por ahora nos interesa valorar la impronta del gobierno de AMLO en la política exterior, específicamente en su relación con América Latina.
En el marco de la celebración oficial por los 238 años del natalicio de Simón Bolívar el año 2021, un acto cargado de simbolismos, López Obrador dejó entrever las claves de una consistente política para la región basada en el reconocimiento y fortalecimiento del multilateralismo, el ascenso de China como actor protagónico en el sistema internacional y el anacronismo de la Doctrina Monroe.
Desde ahí, AMLO lanzó varios mensajes al gobierno de Estados Unidos: “es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia.”[3] Criticó la política migratoria de ese país contra México y vaticinó el declive comercial de esta potencia, pues de continuar con las tendencias actuales, “para el 2051, China tendría el dominio del 64.8 por ciento del mercado mundial, y Estados Unidos entre el cuatro y 10 por ciento, lo cual, insisto, además de una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza, lo que nos pondría en peligro a todos.”[4]
En esa misma tribuna, se posicionó a favor de la autodeterminación de Cuba y condenó el genocida bloqueo que el gobierno de Estados Unidos mantiene desde hace más de 60 años contra la Isla. También cuestionó fuertemente a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que propuso su sustitución: “no debe descartarse la sustitución de la OEA, por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”[5].
Ya en 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales, la diplomacia mexicana acusó a ese organismo regional de intervencionismo y demandó “el respeto del orden constitucional y de la democracia en Bolivia.”[6] La política de México a favor de la restauración de la democracia y del legitimo gobierno de Evo Morales fue contundente, al punto de enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar al ex presidente de su refugio en la zona del Chapare rumbo a México, donde obtuvo asilo político junto a buena parte de su gabinete.
Los detalles de esta misión, los devela el propio Andrés Manuel en su libro A la mitad del camino, en el que publica la relatoria sobre “la misión Bolivia” que realizó la Secretaría de la Defensa del gobierno de México y cuyo objetivo era uno: “traer a salvo a México al señor Evo Morales”. No vamos a ahondar en detalles de este evento, pero conviene recordar las dificultades que afrontó la misión. Las más conocidas fueron las revocaciones de los permisos de sobrevuelo o aterrizaje en Bolivia, Perú y Ecuador, pero no es simple retórica decir que México salvó la vida del expresidente. Fue menos conocido el ataque directo que sufrió el piloto aviador Miguel Eduardo Hernández, tras el abordaje de Evo Morales a la Aeronave 3916 del Escuadrón Aéreo 501:
(…) “un grupo de tres personas armadas portando el uniforme del ejército boliviano, se dirigieron desde el extremo norte de la plataforma hacia la aeronave, encontrándose con el piloto ordenándole uno de ellos levantar los brazos, diciendole que bajarían a Evo Morales de su avión (…) otro de los individuos se le aproximó por detrás y lo golpeó en la espalda baja con la culata de un arma larga (…) otro de los individuos, también uniformado, le golpeó en el abdomen con el rompeflamas de un fusil automático ligero, cargando su arma y apuntándole al pecho”[7].
Por si eso fuera poco, la embajada mexicana en La Paz, Bolivia, fue objeto de asedio durante casi un año por parte de los grupos golpistas que, en repetidas ocasiones, cortaron la luz o el agua de la sede diplomática, invadieron con drones su espacio aéreo e incluso sobrevolaron con aeronaves de la fuerza armada boliviana las instalaciones. El personal diplomático mexicano fue agredido por la polícia boliviana cuando acompañaba a algunas de las personas asiladas en su sede a salir del país con los salvoconductos correspondientes.
Sin embargo, y por paradójico que parezca, el golpismo boliviano no se atrevió a violar abiertamente la inmunidad diplomática y secuestrar a asilados políticos, como sí lo hizo el gobierno de Daniel Noboa en 2024 con el ignomioso allanamiento de la embajada mexicana en Quito y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas, que se encontraba en condición de asilado[8][9].
Sin ambages y con un discurso juarista, López Obrador y su gobierno mantuvieron una férrea defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, interpelaron a quienes rompieron democracias, persiguieron y encarcelaron presidentes electos democráticamente y masacraron a ciudadanos de a pie que resistían los nuevos golpes de Estado.
El cuerpo diplomático mexicano tuvo una actuación honrosa y heroica al anteponer sus propios cuerpos y arriesgar su integridad para proteger a las personas asiladas en sus embajadas. María Teresa Mercado y Pablo Monroy, embajadores de México en Bolivia y Perú, respectivamente, salvaron junto a AMLO las vidas de Evo Morales, Álvaro García Linera y Luis Arce Catacora (actual presidente boliviano). Así como la de la familia de Pedro Castillo, expresidente de Perú. Raquel Serur y Roberto Canseco fueron impedidos a la fuerza de salvaguardar al exvicepresidente Glas.
Simultáneamente, AMLO buscó reforzar espacios de integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), al tiempo que cuestionó fuertemente a la OEA y su reiterado injerencismo en la región, solicitando ante el pleno de ese organismo su disolución.
El 24 de octubre de 2023 en un osado movimiento, el presidente mexicano solicitó formalmente a su homólogo estadunidense, Joe Biden, dejar sin efecto “todas las medidas de bloqueo a Cuba y las sanciones impuestas a Venezuela”, así como “establecer formalmente, lo más pronto posible, un diálogo abierto y bilateral con los gobiernos de estos países”[10].
Para sorpresa de algunos México respaldó al pueblo y gobierno venezolanos, cuando otros presidentes latinoamericanos se prestaron al juego de la ya conocida maniobra de invocar sin pruebas la existencia de “fraude electoral” para robar las elecciones que no ganan en las urnas. Las grotescas declaraciones del presidente Gabriel Boric contra su par venezolano y triunfador de las elecciones Nicolás Maduro, la tibieza y torpeza con las que los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro se manejaron respecto a las elecciones de ese país en julio pasado, contrastan con la lucidez y dignidad de un mandatario como López Obrador, respetuoso del orden internacional y la democracia.
López Obrador llenó el vacío de liderazgo regional existente en un contexto de inestabilidad alimentado deliberadamente para romper el marco legal en diferentes países (Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil, Honduras, Colombia).
Más allá de la región latinoamericana, AMLO abanderó causas tan relevantes como la libertad de Julián Assange, fundador de Wikileaks, intercediendo a su favor de manera directa frente a los presidentes Donald Trump y Joe Biden y ofreciendo asilo político al periodista australiano.
Estas acciones tienen algo en común, representan la defensa de la soberanía y el apoyo a los gobiernos legítimos asediados o derrocados por intereses ajenos a sus pueblos. Lejos de ser hechos aislados o reactivos, son parte de una política consistente de defensa de los principios y disposiciones del derecho y los tratados internacionales, pero también forman parte de una apuesta por el fortalecimiento de los proyectos progresistas en la región acechados por el bloque conservador supranacional.
Los golpes duros o blandos, el impeachment, el lawfare, el desafuero y otros artilugios de intervención contra gobiernos legítimos se inscriben en una estrategia de control geopolítico enfocada en recuperar territorios y recursos indispensables para la etapa actual del capitalismo.
Litio, petróleo, gas, agua, son tan solo algunos de los recursos estratégicos que disputan las potencias mundiales a las naciones del Sur global. Su control y uso dependerán del tipo de gobierno y los márgenes de soberanía que éstos y sus pueblos le puedan imprimir. México, por los más de tres mil kilómetros de frontera compartida con el hegemon en crisis y por las importantes reservas de recursos que posee, se sitúa en una condición de vulnerabilidad que requerirá del acompañamiento de las fuerzas progresistas del país y la región.
Lo que está en juego no es menor, se trata de la viabilidad de otro proyecto de vida que se contrapone al de la lógica de acumulación y devastación social y ambiental. Si alguien duda de lo anterior, que revise el contenido profundo de las 20 iniciativas de reforma constitucional que AMLO envió al Legislativo el emblemático 5 de febrero de 2024, mismas que enunciamos enseguida.
La agenda de futuro y el segundo gobierno de la 4T
Estas iniciativas son el eje de la agenda social y medioambiental postneoliberal del México de los próximos años, con ellas se busca garantizar: el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas, la consulta previa en sus territorios; la proscripción en el territorio nacional del maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking; el freno a las concesiones para la actividad minera a cielo abierto; el respeto a las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
En materia laboral y de seguridad social se busca revertir el régimen individualista y especulativo de pensiones de la etapa neoliberal y garantizar el incremento del salario mínimo mayor a la inflación anual. En materia social se pretende constitucionalizar los derechos que hoy se ejercen vía programas sociales, como el derecho a sembrar una parcela y recibir una remuneración por ello o a capacitarse en el primer empleo y recibir un salario mínimo durante un año, así como el de gozar de una pensión digna para las personas adultas mayores y una beca para estudiantes de bajos recursos de cualquier nivel educativo.
La profundización de la transformación contempla una auténtica refundación del poder judicial en la que jueces, magistrados y ministros sean electos directamente por el pueblo. Esta reforma se debe contextualizar en un escenario político de mayor escala y recordar que el poder judicial en América Latina ha servido en múltiples ocasiones como actor político representante de las fuerzas conservadoras y las potencias globales mediante el famoso lawfare o guerra judicial que se menciona líneas arriba. En este sentido, es notorio que el propio gobierno estadounidense buscó detenerla en uno de sus recurrentes episodios de injerencia y bravuconería contra nuestro país, aunque no pudieron.
El contexto global y la apuesta por el multilateralismo y la paz, exigen de nuestra región una mayor unidad y complementariedad, desde la soberanía y la autodeterminación, pero con una visión estratégica sobre los recursos naturales y el territorio, la migración, la crisis climática o la transición energética, cuestiones todas que, lo hemos visto, pueden significar “espacios” para la disputa política, no siempre desde la arena democrática por la que apuestan las fuerza populares, sino por escenarios de inestabilidad y ruptura, como los vividos en Honduras (2009), Brasil (2016), Bolivia (2019) o Perú (2022).
El reciente protagonismo de México en la defensa de la democracia y la justicia debiera ser fortalecido con una agenda de integración regional y cooperación que nos haga menos vulnerables ante los embates de quienes ven “reservorios de materias primas”, en territorios donde hay comunidades, vida natural y cultural, ecosistemas y raíces profundas.
México tiene la oportunidad o la responsabilidad de seguir enfocando sus esfuerzos en presevar a nuestra región como zona de paz, América Latina es la primera zona libre de armas nucleares, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego y así debe seguir. En el mismo sentido, resulta muy cuestionable que la IV Flota del Comando Sur estadounidense continúe realizando ejercicios militares en nuestra región. Tan solo en junio de 2024 se reportaron operaciones conjuntas en aguas de Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina y Perú[11].
Lo anterior enciende alertas si recordamos las declaraciones de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, quien en una entrevista en enero de 2023 explicó por qué a Washington le importa Latinoamérica:
“¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 por ciento del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile” (…) “las reservas de petróleo más grandes”, (…) “crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año”, (…) “Tienes los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro”, además la importancia del Amazonas “los pulmones del mundo” (…) “tenemos el 31 por ciento del agua dulce del mundo en esta región” [a Estados Unidos le queda] “mucho por hacer” (…) “esta región importa”. “Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”[12].
Por todo ello resulta más que urgente fortalecer desde México los esfuerzos de integración regional a favor de un nuevo orden internacional, democrático, justo, incluyente y equitativo. Bajo el precepto del respeto a la libre determinación de los pueblos, sin intervencionismos y a favor de la cooperación y el multilateralismo.
Rebeca Peralta Mariñelarena*
*Licenciada y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, actualmente cursa el doctorado en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la misma universidad.
[1] No así el pueblo de México, rico en luchas y resistencias que llegó a crear espacios de organización política y social dentro y fuera de gobiernos locales formales (Ciudad de México desde 1997) o autogobiernos en las comunidades p’urhepecha de Michoacán o híbridos (gobierno municipal por usos y costumbres) como es el caso de Ayutla de los Libres en Guerrero, y otras más como el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por citar solo algunos.
[2] La Confederación de Trabajadores de México, fundada en 1936; la Confederación Regional Obrera Mexicana, fundada en 1918; y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos fundada en 1952.
[3] López Obrador, Versión estenográfica, disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-simon-bolivar-el-libertador-natalicio-238-anos?idiom=es
[6] Intervención de la Embajadora Luz Elena Baños Rivas, Representante Permanente de México ante la OEA, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación en Bolivia
Washington, D.C., 12 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509933/MEXICO_INTERVENCIO_N_CP_BOLIVIA_121119.pdf
[7] López Obrador, 2021, A la mitad del camino, Ed. Planeta, México, pp.162.
[8] Glas fue arrebatado de las manos de Roberto Canseco, diplomático mexicano, que quedó a cargo de la embajada tras la deliberada expulsión de la Embajadora Raquel Serur de ese país.
[9] Raquel Serur escribió en primera persona su testimonio de la crisis con el gobierno de Ecuador que culminó con el asalto a nuestra embajada en Quito, titulado “Mis últimas horas aciagas en el entrañable Ecuador”, disponible en: https://elpais.com/mexico/opinion/2024-04-14/mis-ultimas-horas-aciagas-en-el-entranable-ecuador.html
[10] Carta al presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, publicada en el libro Gracias, de la autoría del presidente Andrés Manuel López Obrador (2024, Planeta, México), pp. 536.
[12] “Video: Jefa del Comando Sur de EE.UU. aclara qué busca su país en Latinoamérica”, RT, disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/455823-jefa-comando-sur-eeuu-explica-importancia-latinoamerica
En 2019, AMLO le envió una carta al monarca de España para que reconociera los agravios históricos, pero nunca hubo respuesta.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó la decisión de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, de no invitar al rey Felipe VI de España a su toma de posesión el próximo 1 de octubre. López Obrador reiteró su postura sobre la necesidad de que España ofrezca disculpas a los pueblos indígenas de México por los agravios cometidos durante la Conquista.
“Yo apoyo a la presidenta electa, si ella ya tiene una postura, la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza”, declaró el mandatario durante su conferencia mañanera del miércoles 25 de septiembre en Palacio Nacional.
“Es una bendición que el pueblo de México haya decidido, mediante un proceso democrático como nunca, que tengamos una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo”, agregó.
AMLO acusa prepotencia de España
El mandatario federal explicó que en 2019 solicitó de manera respetuosa a la monarquía española que ofreciera una disculpa a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante el periodo de conquista. No obstante, jamás obtuvo respuesta por parte del gobierno español.
“Y no hubo respuesta y filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, el gobierno de México; actuaron con mucha prepotencia, nunca respondieron una carta respetuosa y formal, mandaron a sus voceros, a sus intelectuales orgánicos”, señaló López Obrador.
AMLO respalda a Sheinbaum en el reclamo a España
"Yo apoyo a la presidenta electa, si ella ya tiene una postura, la suscribo porque le tengo mucha confianza", el presidente @lopezobrador_ señaló que apoyaba la decisión de @Claudiashein de no invitar al rey Felipe de España a su… pic.twitter.com/8cS18MqFZn
El mandatario hizo un llamado a cambiar esa “postura prepotente”, dejar de lado el racismo y rectificar.
“¿Qué les cuesta ofrecer una disculpa? Ya lo han hecho en otros casos. ¿Por qué con los pueblos originarios de México, no?”, expresó
Sheinbaum explica por qué no invitó a rey de España
El gobierno de España ha decidido no asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, programada para el 1 de octubre de 2024, debido a la exclusión del rey Felipe VI de la lista de invitados.
Esta mañana, Sheinbaum explicó que la decisión de no invitar al monarca español se debe a que no respondió a una carta enviada por el presidente López Obrador en la que se solicitaba una disculpa por los “agravios” cometidos durante la Conquista. En su lugar, se extendió la invitación al presidente de España, Pedro Sánchez Castrejón.
De igual forma, la doctora Sheinbaum reiteró el compromiso de su gobierno de proteger la autonomía y hacer valer los pueblos indígenas y afromexicanos, mencionando la reciente reforma constitucional que garantiza sus derechos plenos, aprobada por unanimidad en el Congreso mexicano.
