Luego de ser cuestionado por el tema, el Canciller mexicano explicó que “ahora lo que se está negociando es el salvoconducto para que si desean salir” los familiares del exmandatario peruano, lo puedan hacer y venir a México. Sin embargo, aclaró que “están en territorio mexicano porque es nuestra Embajada”.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó la mañana de este martes que se le concedió asilo político a la familia de Pedro Castillo, expresidente de Perú, la cual se encuentra en la Embajada de México instalada en aquel país.
“El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra Embajada y cuando están en la Embajada, pues les concedes el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México”, dijo durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de ser cuestionado por el tema, el Canciller mexicano explicó que “ahora lo que se está negociando es el salvoconducto para que si desean salir” los familiares del exmandatario peruano, lo puedan hacer y venir a México. Sin embargo, aclaró que “están en territorio mexicano porque es nuestra Embajada”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro
Para México, Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú, pues su elección es resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
En la mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre la situación en la nación andina y subrayó que ayer, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México emitieron un pronunciamiento conjunto en el que llaman a los involucrados en el conflicto peruano a priorizar la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas.
“Con apego a acuerdos internacionales se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú que se respete el voto de los ciudadanos y también que se respeten los derechos humanos, que no se reprima al pueblo”.
— ¿Qué significa respetar la voluntad ciudadana en las urnas, restituir a Castillo? -preguntó La Jornada.
— Es que ganó el presidente (Castillo). Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir, que eso, de origen, aunque esté en la Constitución peruana tiene un problema, una falla antidemocrática, de origen. Ésta es la historia de muchos años de inestabilidad política, todo esto de que van haciendo las constituciones, van haciendo las leyes a modo. Lo que aquí (en México) pasó también, todo el periodo neoliberal todas las reformas que se hicieron fueron para favorecer a una minoría, y para afectar al pueblo, todas las reformas -respondió el mandatario.
— ¿Para México sigue siendo Pedro Castillo el presidente de Perú? – se le insistió.
— Sí, lo acabamos de decir en el documento. Hasta que allá lo resuelvan, en términos de legalidad -refirió López Obrador.
Rechazó que con estas opiniones esté interviniendo en asuntos de otra nación o realizando injerencismo, pues el embajador mexicano en aquel país, Pablo Monrroy, sigue haciendo su labor diplomática y la cancillería está en atención al proceso en Perú, en tanto que la relación “está en pausa”, por lo que confió en que se busque una salida democrática en el país andino.
“Lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano de Perú, porque esto de una u otra forma se origina arriba, lo que siempre hemos estado sosteniendo, de que la llamada cúpula política y los intereses económicos, los medios de información son los que provocan toda esta inestabilidad que perjudica a los pueblos”.
Consideró que no hay estabilidad política hoy en territorio peruano, pero pese a ello no se retirará al embajador; y también recordó que dentro de la diplomacia mexicana no existe la figura de reconocimiento de un líder de Estado, esto ante la insistencia de si México reconocerá a la nombrada presidenta Dina Boluarte.
“Lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestros principios de política exterior. Haciendo un poco de historia, cuando se daba un golpe de Estado en México, o se llegaba al poder mediante las armas, o a través de una invasión a nuestro territorio, siempre se buscaba el reconocimiento en el extranjero (…) Lo del reconocimiento no tiene que ver con nuestra política exterior. No aceptamos por ejemplo los que fueron los llamados tratados de Bucareli, que era ‘para que Estados Unidos nos reconozca tenemos que someternos a sus pretensiones’, es una doctrina de política exterior en México, o sea ni para bien ni para mal, no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero”.
Lo que hace la diplomacia mexicana en el caso de Perú, dijo en cambio, es analizar los acontecimientos recientes y unirse a otras naciones para buscar una salida democrática, sin violación de derechos humanos y expresando la solidaridad con el pueblo de esa nación, “que no debe ser víctima de represión”.
—¿Mientras no se tendrán tratos diplomáticos con la nueva presidenta? -se le volvió a preguntar.
—Es que no hay normalidad política en Perú. No se trata de decir ‘va a haber relaciones’. Está la gente en la calle, que también, dicho sea de paso, no se informa. Los medios no informan, si fuese en Venezuela o ¿en cual otro país? Cuba, ¡uff! Nicaragua, cualquier país, cualquier otro, Colombia, en México. Aquí no pasan esas cosas, toco madera, y de todas maneras inventan y están hablando de ‘pon tus barbas a remojar Andrés Manuel…’ –rió a carcajadas—. Nada más que se les olvida de que aquí manda el pueblo.
López Obrador señaló que aún no se sabe qué se hará con la transferencia de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico –que le correspondería a Perú—, por lo que pidió esperar. Esta alianza está compuesta por México, Perú, Colombia y Chile.
La mañana de este 7 de diciembre se desarrolló un golpe de Estado en Perú, en contra del gobierno de Pedro Castillo. Los orquestadores fueron los integrantes del Congreso, con asistencia de la policía y el ejército de ese país, luego de que el primer mandatario declarara Estado de Excepción y disolviera el Poder Legislativo.
La derecha consiguió que la Policía Nacional del Perú detuviera al presidente legítimamente elegido por el pueblo. Durante los hechos, también fueron arrestados familiares de Pedro Castillo. Minutos antes, el Congreso lo había destituido como respuesta al anuncio en cadena nacional sobre la disolución de esa Cámara.
Este golpe de Estado ha sido respaldado por el gobierno de Estados Unidos –en abierta injerencia en asuntos que sólo competen a los peruanos– que al calor de los hechos declaró rechazar la decisión de Castillo, de disolver el Congreso.
También ha sido acompañado por medios de comunicación corporativos no sólo de esa nación, sino de medios internacionales, bajo el argumento de que quien estaba intentando hacer un golpe de Estado en Perú era el presidente constitucional Pedro Castillo.
De acuerdo con la prensa local, con 101 votos a favor, el Congreso peruano declaró vacancia del presidente por “incapacidad moral”. Al mismo tiempo, los legisladores decretaron que la vicepresidenta Dina Boluarte asumirá la conducción del país, en una franca traición política.
En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional peruana confirmó que el presidente Pedro Castillo fue detenido. A partir de entonces, medios corporativos de diversos países justificaron el derrocamiento del gobierno legítimo y legal de Pedro Castillo.
Una vez suscitados todos estos hechos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de su viaje a Lima, mismo que se realizaría el próximo 14 de diciembre, para celebrar la reunión de la Alianza del Pacífico.
Asimismo, en su cuenta de Twitter, el primer mandatario mexicano expresó: “es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”.
Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’. Foto Ap / Archivo
El presidente Andrés Manuel Löpez Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos aclarar el paradero de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, luego que el Buró de Prisiones (BOP), agencia dentro del Departamento de Justicia, confirmó que “actualmente no está en custodia”.
“Miren esto que está pasando en Estado Unidos, está raro con este señor Villarreal, que no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está. Y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema”, señaló el mandatario esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional.
Indicó que su administración pedirá a la Casa Blanca que se informe dónde se encuentra La Barbie, quien es ciudadano estadunidense nacido en Texas, fue miembro del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, fue capturado en México en 2010 y extraditado a Estados Unidos en 2012. Un juez federal en Atlanta lo condenó a 49 años y un mes de prisión en 2018, tras declararse culpable en 2016 de cargos de conspiración de tráfico de cocaína y lavado de dinero.
Al respecto de que no se le encuentra en el registro de prisioneros de la autoridad estadunidense, el presidente mexicano manifestó su preocupación y pidió una aclaración.
Refirió que en México existe una orden de aprehensión en contra de Valdez Villarreal, “pero el asunto es lo de Estados Unidos”.
Cuando se le preguntó si tendría que ser entregado a México en caso de una liberación en Estados Unidos, dijo que sí, “pero se han dado casos donde incluso se llevan acabo extradiciones con condenas de muchos años y allá hacen arreglos y ya no regresan, los liberan”.
Estas liberaciones, agregó, se dan por acuerdos en aquel país. Sin embargo, el mandatario subrayó que si fuera el caso y se diera ese acuerdo, las autoridades mexicanas tendrían que actuar debido a que hay denuncias en contra de La Barbie en nuestro país.
—¿Cuándo aparece perdido? -se le interrogó.
—Yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible. Un periódico, en exclusiva, da a conocer que ya no aparece en el registro de presos. ¿Quién anda revisando la lista de millones de presos? Pues nadie, esto fue una filtración. ¿Con qué finalidad? Eso es lo que hay que saber, que la vida pública sea cada vez más pública. Saber todo esto -respondió.
Este miércoles, La Jornada informó que el gobierno de Estados Unidos confirmó que Valdez Villarreal fue trasladado de su prisión en Florida y uno de sus ex abogados advierte que probablemente fue enviado a Nueva York para asistir a los fiscales en la preparación del caso en ese país contra Genaro García Luna, ex titular de Seguridad Pública durante el calderonato, acusado de nexos contra el narcotráfico.
Productor de maíz en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. Foto Cuartoscuro / Archivo
Ciudad de México. Estados Unidos abrió la puerta a una nueva tensión comercial con México, al anunciar que considera acudir al tratado de América del Norte (T-MEC) si no logra una solución favorable a la prohibición mexicana del uso de maíz transgénico a partir de enero de 2024.
Así lo dio a conocer el secretario de Agricultura estadunidense, Tom Vilsack, luego de reunirse ayer por casi dos horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Antes del encuentro, en la conferencia mañanera, el mandatario había enfatizado que su gobierno mantendrá su política en esa materia: “No queremos maíz transgénico para consumo humano, no lo vamos a permitir”.
La polémica surgió tras el decreto emitido por López Obrador en diciembre de 2020, en el cual anunció la eliminación del maíz transgénico y del herbicida glifosato para 2024.
Preocupa a la Casa Blanca
Productores estadunidenses alegaron pérdidas multimillonarias por la decisión mexicana, presionaron para que su gobierno actuara en el caso y perfilaron así la ruta de una posible nueva confrontación entre ambas naciones dentro del T-MEC.
Un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que, durante el encuentro, Vilsack planteó a López Obrador y a altos funcionarios mexicanos las “profundas preocupaciones” de la Casa Blanca y los agricultores de su país por la mencionada medida.
Sin embargo, reconoció que ayer hubo avances en la discusión, como el énfasis del mandatario mexicano en la relevancia de las importaciones de maíz amarillo para la seguridad alimentaria de México, unos 17 millones de toneladas anuales, que se usan para forraje.
“El decreto de eliminación gradual del Presidente tiene el potencial para interrumpir sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos”, expuso el funcionario de Washington.
Afirmó que el cierre mexicano causaría “pérdidas económicas masivas” para la industria agrícola y representaría una “carga injustificada” para los productores estadunidenses de maíz. Subrayó que también impactaría significativamente la relación comercial bilateral, que en 2021 alcanzó un valor récord de más de 63 mil millones de dólares y se estima sea mayor para 2022.
Vilsack exhortó a la parte mexicana a encontrar soluciones aceptables al problema, de lo contrario, “el gobierno de Estados Unidos se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos legales en virtud del T-MEC”.
El representante del gobierno de Joe Biden subrayó que la parte estadunidense ha buscado constantemente la cooperación y consulta con la administración mexicana para resolver el diferendo. Estimó que en la reunión con López Obrador hubo algunos avances, pero advirtió: “Ahora el tiempo se está acabando”.
Agregó que en el encuentro se habló, además, sobre un proceso potencial en el que los dos países “pueden intercambiar información y entablar un diálogo para garantizar la seguridad de los productos biotecnológicos. Esperamos tener una propuesta del equipo del Presidente pronto y evaluaremos de cerca. Si bien no tenemos una solución a la mano, continuaremos comprometiéndonos con México en este importante tema”.
Por la mañana, en su conferencia, el titular del Ejecutivo mexicano informó de la reunión programada para horas más tarde con Vilsack, quien acudió a Palacio Nacional acompañado del embajador Ken Salazar.
López Obrador adelantó ante la prensa que seguramente el tema aparecería en el encuentro. “Pero ya está claro: no queremos maíz transgénico para consumo humano, no lo vamos a permitir. Esa es nuestra política y va a continuar así, pero hay formas de ponernos de acuerdo”.
Por la tarde, al finalizar el cónclave entre ambas delegaciones, los funcionarios estadunidenses evadieron dar declaraciones a los reporteros que esperaban una reacción. Con semblante adusto abordaron una camioneta –escoltada por otras cinco– y se retiraron de Palacio Nacional.
#VideosLaJornada El canciller Marcelo Ebrard (@m_ebrard) y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos (@vmva1950), dan detalles de la reunión que sostuvieron con el embajador Ken Salazar y del secretario de Agricultura de EU, Tom Vilsack, en Palacio Nacional. Video: @emirkuspic.twitter.com/cTWHFjpRyZ
El titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, dijeron que fue un encuentro preparatorio de la Cumbre de Líderes de América del Norte –que se realizará en enero en nuestro país–, para avanzar en temas relativos a la seguridad alimentaria de ambas naciones.
Ante la pregunta sobre el maíz transgénico y el decreto de prohibición que preocupa a los estadunidenses, el canciller evitó ahondar y sólo refirió que será un tema que se toque en enero en la Cumbre. Villalobos se limitó a comentar: “Es en lo que vamos a trabajar”.
A lo largo de la semana diversos líderes de Latinoamérica se han reunido con el presidente López Obrador, esta mañana se confirma la reunión Obrador-Petro
En la conferencia matutina el presidente informó que esta mañana en punto de las 9:00 am se reunirá con su homologo de Colombia, Gustavo Petro.
También aprovechó para comentar que la reunión con el presidente de Ecuador, Lasso, fue productiva.
Aunado a esto, el mandatario mexicano informó que aún no hay una fecha establecida para la reunión de la Alianza del Pacífico.
YO ESTARÍA DISPUESTO A IR A LIMA PARA ENTREGAR LA PRESIDENCIA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO A PEDRO CASTILLO».
La policía de Andorra ha revelado una posible relación de pago de sobornos relacionados con la Central Hidroeléctrica “La Yesca” del ex presidente Felipe Calderón, según dieron a conocer los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil en el diario español El País.
A decir del artículo, el proyecto desarrollado en su totalidad durante el sexenio del panista habría costado mil millones de dólares, es decir, 30% más de lo presupuestado inicialmente.
Los periodistas citan un dictamen policiaco que incluye un informe elaborado por el abogado Mauricio Cort, por el cual habría cobrado 3 millones de dólares, mismos que fueron depositados en una cuenta en Andorra.
La investigación presume que ese dinero habría sido depositado a través de cuatro misteriosas empresas mexicanas:
Comercializadora y marketing Maja SA
Internacional Transfer Gamba SA
Ramra consulting SA
Asesoría y edificación integral Rutgal SA
A decir del diario español, la policía de Andorra cuestiona el informe del abogado, titulado “Estudio de riesgos para determinar la pérdida máxima probable del proyecto hidroeléctrico La Yesca”, en donde sostiene que las firmas que abonaron el trabajo fueron instrumentales.
Por ello, los agentes de la policía consideran que Cort habría operado como pieza clave en un engranaje de pago de sobornos que funcionó para que constructoras resultaran beneficiadas con adjudicaciones públicas.
Fuentes consultadas para la investigación revelan que tres meses después de cobrar en Andorra su sospechoso estudio de consultoría, Cort depositó el 80% en una Caja de Ahorros de Panamá a nombre de la compañía de servicios fiduciarios Assets Trust and Corporate Services Inc.
“Los fondos se destinaron después a adquirir una propiedad en ese país centroamericano en el Ocean Reef, un residencial de lujo con club de yates y helipuerto, e invertir en un ‘proyecto inmobiliario’ en la isla Pedro González, radicada en el denominado archipiélago Las Perlas del golfo de Panamá”, menciona el diario.
Añade que la policía andorrana señala que la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), quien ganó la adjudicación de “La Yesca”, era “socio preferente en diversas licitaciones en México de la española FCC”.
Además, se presume que las sociedades Arados de Plata y Neecel Corp, que aparecen como titulares de cuentas en la BPA donde Cort cobró su informe, “habrían recibido fondos de FCC”.
Un oscuro pasado
Además, los periodistas Irujo y Gil explican que el abogado es dueño de un enigmático y controversial historial.
En 2018 fue condenado por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por mover comisiones de Odebrecht, la empresa brasileña que operó la mayor trama de sobornos en América.
El ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, vinculó ante la Fiscalía Anticorrupción de España a Cort, con suspuestos pagos de FCC a los hijos del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a través de operaciones de compensación, un mecanismo usado para el lavado de dinero.
La hidroeléctrica “La Yesca” fue desarrollada bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF) por el consorcio conformado por ICA, Promotora e Inversora Asida, La Peninsular Compañía Constructora y Constructora de Proyectos Hidroeléctricos, el ganador de la Licitación Pública Internacional correspondiente.
“La Yesca” está ubicada en el cauce del Río Grande de Santiago, en el municipio La Yesca, de Nayarit. Su construcción comenzó el 27 de septiembre de 2007 y su primera unidad entró en operación en octubre de 2012, mientras que la segunda, en noviembre de ese mismo año.
El impacto del tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México va más allá del tema de los homicidios. Tan sólo entre 2013 y 2019, la violencia por armas de fuego ha dejado una estela de 150 mil heridos, muchos de ellos con secuelas de por vida y discapcidades
En México, más de 150 mil personas resultaron heridas por disparos de armas de fuego en el periodo que va de 2013 a 2019, y hay tres veces más personas que recibieron un impacto de bala por cada 10 homicidios, de acuerdo con el investigador Carlos Pérez-Ricard, doctor en ciencias políticas por la Universidad Libre de Berlín.
“Se trata de un cálculo tres veces mayor al que reconocen oficialmente las instituciones de salud del país”, indicó. Ello, porque en ese periodo sólo fueron contabilizadas 55 mil personas heridas por arma de fuego en el país
Al participar en el seminario El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México, organizado por El Colegio de México, el doctor Pérez-Ricard destacó que otro tema relevante son los costos financieros de una persona que recibe un impacto de bala frente a una persona que es herida con un arma blanca. La atención médica por un impacto de bala cuesta en promedio alrededor de 16 mil pesos, mientras que atender una herida por arma blanca cuesta alrededor de 1 mil 500 pesos. Para el experto, el costo financiero es enorme y difícil de cubrir para la mayoría de las familias.
Aunado a ello, muchas de las personas heridas por armas de fuego quedan con secuelas físicas de por vida que requieren tratamientos médicos costosos o incluso con discapacidades que limitan el desarrollo de las víctimas.
El doctor Pérez-Ricard señaló que las heridas de bala no sólo generan daños físicos enormes, sino también afectan la salud mental. Ser herido de bala implica un impacto sustancial y hay una proporción de soledad, refirió el experto. Sin embargo, dijo, “esto no lo sabemos, pero empíricamente para el caso de México, es posible inferirlo a partir de investigación que se ha hecho en América del Norte”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), elaborada por el Inegi, revela que las personas que reciben un impacto de bala en México son hombres urbanos de entre 18 y 35 años de edad, con muy pocas variaciones, señaló Pérez-Ricard profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE.
Para los casos de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Centroamérica y México, explicó, los datos indican que las víctimas y los victimarios en un alto porcentaje son las mismas personas que al mismo tiempo son víctimas de la violencia por armas de fuego.
No obstante, dijo, si se pudiera hacer este ejercicio en México se obtendrían estadísticas que no solamente sirven para hacer ciencias sociales, sino para incidir realmente en política pública porque víctimas y sus familias nunca vuelven a ser las mismas.
Armas, el “elefante en la habitación”
De manera figurada, la violencia relacionada con las armas de fuego en México “es el elefante en la habitación” cuando se habla de violencia y de política de armas en particular, indicó Pérez-Ricard, profesor-investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE. “Cuando pensamos en la violencia en torno a las armas, pensamos casi siempre en homicidio; pero deberíamos empezar no sólo a teorizar mejor otro tipo de violencias que tienen que ver con la cuestión armada, como el hecho de la gente que es herida de bala pero que no muere, por eso a las balas que no matan lo llamamos el elefante en la habitación”. Es decir, de heridos con armas de fuego a sobrevivientes a un impacto de bala, que en la mayoría de los casos guardan secuelas físicas y mentales que les imposibilitan llevar una vida normal.
“Estas personas están completamente ausentes del debate público, de los reportes, de las discusiones académicas y, por supuesto, de todo registro nacional de salud de nuestro país”, subrayó. Por ello, consideró que “es un elefante enorme, un coloso en una habitación que cada vez se hace más estrecha y que obliga a mirar a heridos de bala. Un grupo inexistente para la televisión, los periódicos e instituciones de salud, y que urge atender, no solamente por consideraciones éticas, ni porque la sociedad tiene que vigilar y cuidar a los más vulnerables, sino por razones de política pública”.
Atender a este grupo demográfico más susceptible de ser víctima y de ser victimario, porque aquellos que han recibido un disparo de bala son más proclives a ser revictimizados, es decir, a recibir otro impacto de bala o a perpetrar violencia futura, expresó durante su alocución en el seminario “El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México”.
Indicó que si bien esta hipótesis no está sustentada en datos a partir de lo que se ha hecho en México o en América Latina, sí se sabe por investigación que se ha hecho en salud pública en Estados Unidos, Canadá y Europa, por lo que es altamente previsible que esta misma hipótesis se sostenga “si tuviéramos investigación también para el caso mexicano”.
Entonces, dijo, “si pensamos que hay montón de gente que recibe un impacto de bala, pero que no muere probablemente tenemos que generar políticas públicas enfocadas precisamente en estas personas”.
Al presentar resultados de investigación en torno al problema del impacto de las armas más allá de los homicidios, el doctor Pérez-Ricard planteó que pensar que la violencia armada en términos de homicidios es un error metodológico y conceptual que más que elucidar, oscurece el tema.
“Siempre que pensamos en torno a la violencia y medimos, nuestro mejor indicador son siempre los homicidios, pero toda la investigación sobre crimen y violencia en América Latina y en el mundo apunta a que, en todo caso, los homicidios pueden ser indicador de algo, pero de ninguna manera pueden en su conjunto abstraer el concepto de la violencia social”. Nuevas investigaciones revelan que, mientras el homicidio, sobre todo en sociedades con grandes índices de violencia organizada, registran picos a la alza y a la baja, que se mueven muy rápido, mientras que el resto de los crímenes se mueven siempre de manera mucho menos evidente con mucho menos picos y con muchos menos bajos.
El homicidio se comporta de manera distinta. “Tendríamos que tener más bien la teoría sobre cómo se comporta el homicidio y cómo se comporta la violencia que, insistió, es radicalmente distinto en el marco conceptual”. Respecto de la construcción de políticas públicas focalizadas, estimó que hay algunos intentos a nivel local, pero ninguna a nivel federal, y urgió a crear programas de trabajo de atención psicológica y apoyo a las familias que lidian con heridos, como trabajadoras sociales, y vincularse con la persona que recibió el impacto de bala.
“Por eso es tan importante reunir el tema de las armas con el de la seguridad pública en nuestro país. Si nosotros evitamos que estos grupos se hagan de estas armas difícilmente van a tener capacidades para diversificar, el fondo es que hay que desmilitarizar al crimen organizado porque la disponibilidad de armas genera mayores percepciones de inseguridad”, concluyó.
EU, país más armado del mundo
Por su parte, Eugenio Weigend –doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey, investigador sobre uso y tráfico de armas de fuego y su impacto en la seguridad– afirmó: “sabemos que Estados Unidos es un jugador importante en el tráfico de armas, no sólo a México sino a Centroamérica, e Caribe e inclusive a Canadá y el mundo”. Dijo que los factores que contribuyen al tráfico de armas desde Estados Unidos y los problemas y retos que enfrenta ese país como exportador de armas, que al mismo tiempo sufre de la violencia con armas dentro de su territorio.
Indicó que un tema fundamental de Estados Unidos es la Segunda Enmienda, que a través de 200 años ha ido cambiando y, a partir de la década de 1990 giró más hacia que no se violara el derecho del pueblo a poseer y portar armas, lo cual observa en las últimas dos interpretaciones y decisiones importantes de la Suprema Corte de Justicia en el 2008, y el 2022 sobre la ley en el estado de Nueva York.
La producción de armas y de pistolas de alto calibre que ha tenido Estados Unidos en los últimos años ha ido en aumento. Resaltó que Estados Unidos tiene un serio problema con armas de fuego: al día mueren 120 personas a causa de un disparo, principalmente por suicidios, y 200 personas reciben un impacto de bala y quedan heridas el resto de sus vidas, principalmente jóvenes de comunidades afroamericanas.
El flujo interno de armas en Estados Unidos va en estados con regulaciones más estrictas que respuestas ha habido en años recientes acompañada de un apoyo presupuestal para investigación sobre violencia con armas en tiroteos masivos en escuelas y lugares públicos.
Ha habido apoyo presupuestal para la investigación de causas de violencia con armas de fuego en 2022, y una legislación bipartidista por primera vez en más de 25 años con pasos importantes, pero insuficientes, porque no incluyen la prohibición de armas de asalto ni revisión de antecedentes a compras en transacciones privadas, pero sí incluyen el tráfico de armas como delito federal enfocados a prevenir tiroteos masivos.
Las demandas a la industria no sólo por parte del gobierno mexicano y organizaciones de la sociedad y víctimas dentro de Estados Unidos han utilizado este mecanismo, para pedir revisión de cuentas a la industria de armas que es negligente. Al mismo tiempo, ha habido leyes estatales con medidas más estrictas y estados que, como respuesta a la violencia, han planteado tener más armas en escuelas, armar a los maestros y permitir que cualquier persona pueda llevar un arma en público sin la necesidad de licencia.
Con ello, ha aumentado la violencia y los enfrentamientos con policías y el número de armas aprobadas.
En conferencia matutina el mandatario López Obrador reafirmó su compromiso para seguir protegiendo las piezas arqueológicas.
En la mañanera, López Obrador destacó un operativo especial y una campaña en el que participa el INAH y la Secretaría de Cultura para recuperar piezas arqueológicas, en México y el extranjero.
Con relación a los trabajos para la recuperación de piezas arqueológicas, el presidente Andrés Manuel señaló que Francia se resiste a devolver el patrimonio cultural de México, pero sin embargo, espera que el presidente Emmanuel Macron cambie de postura.
«NOS CUESTA TRABAJO CON LOS FRANCESES, SE RESISTEN… HAY COOPERACIÓN, POR EJEMPLO, DE ITALIA Y POR ESO LE HICIMOS UN RECONOCIMIENTO, PERO LOS FRANCESES SON LOS MÁS CERRADOS, NO QUIEREN, POR EJEMPLO, EN CONGRESOS DONDE SE TOCA EL TEMA, NO FIRMAN ELLOS».
De igual forma, recordó el caso de una marca famosa que plagió sarapes de Saltillo y Contla, este mismo caso lo denunció su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.
Por último hizo un llamado para que no haya plagios y que se puedan arreglar con los creadores.
El tráfico de armas de Estados Unidos a México vulnera la seguridad nacional y empodera a organizaciones criminales en varias regiones del país. Este delito potencia el poder de fuego de los cárteles en agravio de la sociedad. Ejemplo de la gravedad del problema son las más de 58 mil armas aseguradas en 2 años y medio
En México se han asegurado –entre enero de 2020 a septiembre de 2022– más de 58 mil armas traficadas ilegalmente de Estados Unidos. En éstas se incluyen armas de alto poder Barrett calibre .50 mm y AK-47, utilizadas por grupos criminales causantes de violencia en amplias regiones del país, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.
FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM
De acuerdo con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Fiscalía General de la República (FGR), la cifra del decomiso de armas en ese periodo es resultado de 32 meses de trazabilidad de cada arma asegurada proveniente de Estados Unidos y reportada a Etrace, indicó el funcionario.
“El objetivo es establecer un entendimiento, regularlo, fijar las metas comunes y corresponsables entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, cuya esencia es el control del tráfico de armas hacia nuestro país, ha sido una negociación de nunca acabar”, afirmó.
Destacó que no se puede reducir la violencia con ese volumen de tráfico de armas en México, mientras que, en Estados Unidos, en lo que va del siglo no ha habido acciones importantes en la materia con el argumento de que el Congreso no quiere modificar la ley, ni restringir a los ciudadanos la Primera Enmienda constitucional.
Al participar en el seminario El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México, afirmó que, mientras que a Estados Unidos le preocupa esencialmente los precursores o fabricación de fentanilo, a México le preocupa que haya un esfuerzo coincidente y proporcional, para reducir el flujo de armas a grupos delincuenciales que provocan violencia.
Las armas decomisadas según informó Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security, en inglés), en lo que podríamos llamar la última milla de salida hacia México, son 355, “lo cual es insostenible y no lo vamos a permitir”, advirtió el canciller.
Se trata de un período corto de las armas aseguradas, por lo que se puede deducir que hay un número mucho mayor, por eso, afirmó canciller, si México no reduce esa disponibilidad de armas, “va a estar muy difícil disminuir la violencia asociada a las armas de fuego, un objetivo estratégico de seguridad nacional del país”.
Subrayó que el esfuerzo de Estados Unidos para frenar drásticamente el flujo de armas a México es muy pequeño respecto el esfuerzo que México tiene que hacer para controlar químicos y las drogas que llegan a Estados Unidos.
“Hay una desproporción, o sea, no les estaríamos pidiendo que hagan una operación gigante, difícil, compleja, casi imposible, ahí están los lugares [de donde provienen lar armas] y lo que vamos a entregar en Washington”.
Consideró que, además del tráfico de drogas, a México preocupan las armas, pues los homicidios dolosos en el país al 2022, no hay una tendencia al alza, que ojalá se pueda consolidar, pero, para ello, es estimó necesario el esfuerzo de Washington.
Por esa razón, México presentó sendas demandas contra el tráfico de armas dirigida a un mercado criminal, registra altos índices de homicidios dolosos, por lo que se demanda se aplique la disposición legal norteamericana en negligencia que le da impunidad a la industria de armamentos.
Esto va a ser la métrica también para medir los que estamos planteando y pensamos que sí se podría lograr la meta de México de reducir cuando menos 10 o 20 por ciento el tráfico de armas de aquí al final de la administración y romper la curva de violencia del país.
Además del canciller, en el seminario también participó un grupo de expertos nacionales e internacionales durante dos días abordaron desde múltiples perspectivas una cuestión que ocupa la comunidad internacional desde hace más de un siglo: la eliminación, producción, distribución, almacenamiento y uso de armamento.
De la trazabilidad al aseguramiento
Del total de armas aseguradas en México de acuerdo al país de producción, se concluyó que casi el 60 por ciento las estas se produjeron en Europa, y el 40 por ciento restante fueron comercializadas en Estados Unidos, explicó Edgar Guerrero Centeno, director general de análisis nacional en el Cenapi.
Es decir, aun cuando ese porcentaje de armas se produjeron en Estados Unidos y que en algún momento ingresó ilegalmente al país, otras fueron producidas en otra parte del mundo, se importaron por Estados Unidos, y representan el 73 por ciento de las que provenían de Europa y posteriormente llegaron a México de manera ilegal. El resto ingresaron seguramente por la frontera sur o por las fronteras marítimas.
La trazabilidad –una vez que asegurada el arma– se identificó el punto donde fue comercializada a nivel de coordenadas geográficas, y el condado en el que se encuentra la tienda que la vendió, desde puntos muy alejados al noreste de Estados Unidos, hasta California, Arizona y Texas, donde se concentra la mayoría del tráfico de armas.
Hay condados –prosiguió Guerrero Centeno– donde también hay una mayor concentración de armas identificadas que fueron comercializadas: prácticamente de todos los estados de Estados Unidos ha salido un arma hacia México del total asegurado, enfatiza.
Las trazas indican que en la zona del Bajío en México es muy representativa, adonde llega la mayoría de armas que vienen de Texas, es cuando el Cenapi prende las alertas para empezar a vincularlas con organizaciones criminales y a generar concurrencia en el análisis del fenómeno criminal.
Y de la zona de Arizona y de California se concentra más geográficamente los espacios que también tienen más cercanos toda la zona del norte de Baja California parte de Sonora, y Culiacán, Sinaloa.
Estos tres puntos que configuran las todas las trazas tienen un punto común: la zona centro de la república, donde confluyen dos organizaciones delictivas muy fuertes de amplio espectro en términos de posicionamiento y mercados que dominan el narcotráfico, señaló Guerrero Centeno maestro en políticas públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El funcionario de la FGR hizo un diagnóstico del impacto que tienen las armas de fuego con base en cifras oficiales de homicidios, cómo han evolucionado los que se tienen identificados cometidos con arma de fuego y cómo se han venido incrementando año con año en el país.
El homicidio delito tiene que ver con las defunciones según las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, a partir de lo que recopila de autoridades estatales y del Inegi a través de los registros de defunción de secretarias de Salud federal y estatales.
Es decir, la causa de muerte por homicidio que dictamina el médico a una autoridad investigadora es muy parecida en su tendencia, resalta para el último año disponible la cifra total de defunciones que se certificaron con el uso de arma de fuego como causa de muerte en Guanajuato, Michoacán y Estado de México, estados que más presentan a este tipo de causa por uso de arma de fuego.
En el caso de Guanajuato resulta interesante la cifra de muertes por arma de fuego, de casi el 15 por ciento en el grupo poblacional que va de los 15 a los 44 años de edad, es decir, uno de cada tres personas muere por esta causa en la entidad.
Por lo que cuando análisis más a fondo, desde el enfoque de la seguridad pública, empezamos a cuestionar si también tendríamos que discutir si ya es un asunto de salud pública.
Es decir, se está restando esperanza de vida a ciertos grupos poblacionales en ciertas entidades federativas porque el riesgo por el uso de arma de fuego ya se aproxima directamente a una víctima colateral por diversas situaciones.
Sabemos el impacto que tiene la investigación de los delitos relacionados con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) sobre preguntas específicas a víctimas de algún delito, casi 40 por ciento reconoció que sí había un arma de fuego en el momento en el que fueron atacadas, un dato que no es menor.
Ahora, dijo Guerrero Centeno, si llevamos esto a términos absolutos alrededor de 4 millones de eventos delictivos al año están siendo cometidos con armas de fuego utilizando justo las cifras de la encuesta del Envipe.
En ese contexto, la fiscalía empieza a actuar cuando tiene conocimiento de que hay un arma que no se demuestra su legal posesión y resulta que son 52 mil aseguramientos de arma de fuego de 2020 a octubre de 2022 el total de armas aseguradas.
Algunos claramente están relacionados con la frontera norte del país, es decir, se logra normalmente impedir que las armas lleguen a su destino. En todos los municipios fronterizos la hipótesis es la misma, como Tijuana donde se registra mayor aseguramiento de armas.
Incluso algunos municipios alejados como Acapulco, Guerrero o Benito Juárez, Quintana Roo, donde se están asegurando también gran cantidad de armas.
Armas cortas. Largas, especiales…
Asumiendo que llegaron a su destino, y cuyo origen claramente está en Estados Unidos, al ir desagregando los patrones, se identifica que no es lo mismo las armas cortas que armas largas, ni las armas especiales, puntualiza Guerrero Centeno.
En concreto, de 58 mil armas aseguradas, 35 mil son armas cortas cuyo comportamiento de estos flujos mantiene cierta estabilidad en municipios del sur de la república, lo cual refleja el impacto que tienen las armas.
Es decir, no solamente estamos interrumpiendo el flujo de armas al momento de asegurarlas, sino también cuando es probable que hayan tenido actividad criminal dependiendo del punto donde se están asegurando.
Respecto de armas largas aseguradas, se concentra en la parte noreste del país y en municipios fronterizos de Tamaulipas, hay una gran cantidad de aseguramientos, lo cual empieza a pintar patrones distintos, tienen que ver con el modo y la forma en la que llegan estas armas de contrabando.
Los mayores aseguramientos son en municipios que tienen puntos legales de entrada al país, en puntos de revisión, o en puntos de control ubicados en algunos kilómetros posteriores a la línea de revisión fronteriza.
La hipótesis es que se está interrumpiendo el flujo, pero por el volumen de cosas que fluyen en la frontera en esta parte del país, es más difícil de detectar, lo aprovechan traficantes de armas al país, además son armas largas, no es lo mismo ocultar un arma corta en un vehículo que trasladar una carabina Barrett calibre .50.
Requiere de más espacio y logística para poder internar esas armas de manera ilegal y evitar que estas sean detectadas en los puntos de control del centro del país, cómo Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato y una parte de Michoacán, destino de esas armas que se aseguran antes de que las utilicen.
Y las armas especiales que se están asegurando tienen un foco de atención importante para el Cenapi porque el poder de fuego de estas armas en manos de la delincuencia organizada, genera un reto muy distinto para poder combatirlo.
De esa manera, cambia la figura del tipo de armas aseguradas en zonas alejadas del país, significa que llegaron a manos de organizaciones delictivas, que pudieron haberlas utilizado, pero una vez aseguradas se pueden identificar a partir de su trazabilidad, desde donde se comercializó, hasta el punto de aseguramiento.
“Estamos monitoreando frontera en puntos en aduanas, tanto del lado norteamericano como del lado mexicano, y los aseguramientos del lado mexicano por estado son grandes cantidades y del lado norteamericano en conjunto con la agencia de aduanas de Estados Unidos”, aduce el funcionario del Cenapi.
Sin embargo, los flujos de un lado y del otro no vemos la misma película, en la parte del noroeste vemos una gran cantidad de aseguramientos en Baja California y Sonora uno de los puntos de internamiento que tenemos que revisar justamente en una lógica de coordinación, pues tenemos que alertar que ahí hay más tráfico de hormiga porque son armas cortas que estamos asegurando de este lado.
Por lo que planteó que habría que establecer estrategias de contención en las dos fronteras y del lado de Texas donde ya vimos el volumen, es muy alto, implica también la cantidad de frontera y puntos de internamiento que hay hacia el país.
En la parte del tráfico en términos de los móviles, dijo que se atacan los modos operandi de estos flujos ilícitos, no es lo mismo asegurar armas cortas por los modos de ocultamiento, el tipo de organización delictiva que los trafica, o si el traficante está relacionado con una organización delictiva.
Los retos nos imponen ahora se denominan armas fantasmas, armas de polímero o las partes de armas que se comercializan y que tendrían que ser reguladas, para ver cómo configurar delitos cuando se aseguran, principalmente en la zona del Bajío.
También estamos analizando cómo intervenir el tráfico de armas por paqueterías, a través de las cuales no solo se trasiegan drogas, también partes de armas llegan a distintos puntos del país, para encontrarse en otro punto distinto donde se ensamblan.
Trasiego de armas, jugoso negocio
La industria de armas emplea a casi 450 mil trabajadores en Estados Unidos, representa 5 mil 900 millones de dólares solo en 2021, explica la dimensión de una industria que tiene tanto poder dentro del ecosistema político del Estado y en la economía estadounidense en una escala muy importante, señaló por su parte Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte de la SRE.
Si bien se ha ido modificando la legislación a nivel nacional en Estados Unidos en los últimos años, a nivel local es dramático lo que está ocurriendo sobre todo en Texas, donde están transitando hacia un modelo de apertura total a la venta de armas y municiones, lo cual es un tema de preocupación para México, refirió el funcionario.
Destacó la importancia de los criterios del partido republicano para promover a jueces y ministros a la Corte Suprema, su posición en el tema de libertad de armas y la gran amplitud de las libertades de deportación de armas en Estados Unidos.
“Las armas de fuego son parte de una cadena de suministro, pero sobre todo de un modelo de negocios de organizaciones criminales, compran armas para intimidar a poblaciones, confrontar a las fuerzas de seguridad municipales estatales y federales de México, buscar control de territorios y en la frontera compartida, lo cual posibilita su negocio principal”, argumentó.
Implica la trata de personas entre los dos países, mayor volumen de operaciones financieras, y se ha convertido en un círculo vicioso para la violencia armada, arguye Velasco Álvarez, maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago.
Dijo que un factor que contribuyó a la explosión de violencia en México fue que se levantara el veto a las armas de asalto en Estados Unidos, empezó una explosión de la violencia muy importante en nuestro país.
Consideró que el tema de las armas está completamente politizado, pese a que México no está planteándole a Estados Unidos modificar su constitución, ni cómo regular su mercado interno, sino aspectos de su regulación interna que son consustanciales a la relación con México, como es el caso de las armas de asalto y el control hacia fuera de sus fronteras.
Es importante no perder de vista estos cambios en la regulación de drogas, pero independientemente de ello, México ha planteado que nuestra cooperación en esa materia va a continuar, al igual en materia de finanzas ilícitas, es sustancial, y si se modifica la situación, podemos tener un control mayor en materia de armas.
