En víspera del Día Internacional de la Mujer, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su plan de proyecto, con el cual combatirá la violencia de género y las desigualdades que han sufrido las mujeres por décadas

Elevar a grado constitucional la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia; modificar diversas leyes a nivel federal; garantizar el acceso a la salud; crear el programa SOS Mujeres, e implementar diversos apoyos que mitiguen la desigualdad económica son algunas de las acciones planteadas, con las cuales se beneficiarán a más de 67 millones de mujeres en el país.

“Son las acciones, los programas, las leyes, las reformas constitucionales que estamos planeando para que, en nuestro gobierno, las mujeres no solamente se vean reconocidas porque llegue una mujer a la presidencia, sino que, también, desarrollemos acciones de apoyo para las mujeres’’.

Desde Santiago de Querétaro, la doctora Sheinbaum explicó las 11 acciones que conforman su plan de gobierno. Entre ellas, destacó la implementación de un apoyo mensual a mujeres de 60 a 64 años; el reconocimiento de los derechos agrarios; garantizar el acceso a la salud, y la creación de fiscalías especializadas en feminicidios en todos los estados.

“La mayor parte de los feminicidios se cometen por personas cercanas a la mujer: pareja, expareja, en la mayoría de los casos. Por eso, es el *765 para poder prevenir los feminicidios. Pero, además, las fiscalías especializadas nos van a permitir que realmente haya detenciones. Es decir, la cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres”.

Acompañada por los candidatos al senado, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México aseveró que la estrategia “República de y para las Mujeres” logrará que puedan vivir una vida plena y feliz.

Las 11 acciones de esta estrategia son:

• Enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

• Modificar leyes para garantizar gabinetes paritarios en municipios, estados y en particular en el Gobierno federal; eliminar la brecha salarial, así como asegurar la implementación de la Ley Olimpia y la Ley Vicaria en todos los estados de la República.

• Crear un apoyo económico mensual para un millón de mujeres de 60 a 64 años.

• Crear el programa “40 semanas y 1000 días’’, para el cuidado de mujeres embarazadas y los primeros mil días de vida de la primera infancia.

• Crear el programa “SOS Mujeres’’, que conjunta acciones como la implementación del número de atención *765. Además de crear el programa “El agresor sale de casa’’, para la creación de fiscalías especializadas en feminicidios.

• Hacer obligatorio que las muertes violentas de mujeres sean catalogados como feminicidios.

•Crear un Sistema Nacional de Cuidados, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

• Reconocer los derechos agrarios de 150 mil mujeres.

• Aperturar centros de educación inicial para jornaleras y mujeres de la maquila, iniciando por Ciudad Juárez, donde se abrirán 50 centros.

• Garantizar el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, incluyendo la salud sexual y reproductiva.

• Construir Senderos para Mujeres Libres y Seguras, en coordinación con los municipios del país.

*(Cuando nos referimos a mujeres, nos referimos a toda persona que se identifique como mujer).

En ocasión de recordar, este 25 de noviembre, el Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en todo el mundo, desde el CADTM Internacional queremos subrayar la necesidad de hacer una lectura sistémica de este problema global. Queremos un mundo libre de machismo, de racismo y de pobreza. Y para construir este mundo nuevo, es fundamental entender que las violencias contra las mujeres no son un problema individual, reducido al espacio privado del hogar, sino que son parte de un entramado sistémico, colonial, capitalista y patriarcal. Construir una alternativa emancipadora pasa por denunciar y actuar sobre los cimientos de la opresión. Y esto implica ir más allá de lo visible, de la punta del iceberg de dichas violencias.

Desentrañar las violencias para transformar el mundo

Nos referimos a las violencias patriarcales, en plural, porque consideramos que tienen múltiples formas: física, psicológica, sexual, laboral, económica, colonial, etc. Y todas están entrelazadas. Y reconocemos que todas ellas tienen un origen material, enraizado en el modo de producción económica capitalista. Atravesamos un periodo de varias crisis que se superponen en el tiempo y avanzan en paralelo a nivel global: la crisis energética, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis alimentaria, la crisis climática, el avance de la extrema derecha, etc. Que acarrean un el cuestionamiento de muchos de los avances que se han dado en las luchas contra las violencias patriarcales, al mismo tiempo que se transforman y acrecientan las formas de dichas violencias.

En este sentido son fundamentales los análisis de los movimientos feministas, especialmente desde los feminismos latinoamericanos, que llevan años haciendo esta lectura sistémica de las violencias patriarcales, denunciando la violencia financiera y económica y, la correlación entre el endeudamiento (externo e interno) y la grave situación con respecto a los feminicidios que atraviesa el continente: “Nos queremos vivas, libres y desendeudadas” (Argentina); “¡Nos deben una vida!” (Chile); “¡Nosotras contra la deuda!” (Puerto Rico).

La deuda es violencia capitalista y patriarcal

En el Sur y en el Norte, las deudas ilegítimas han sido y son una herramienta de dominación y de transferencia de riquezas que no hacen más que asentar la imbricación del patriarcado y capitalismo y reforzar un sistema neoliberal fundado en las desigualdades y, también, en las violencias.

En todo el mundo, los Estados endeudados se ven obligados a aplicar políticas de austeridad o planes de ajuste estructural, en nombre del pago de la deuda pública. ¿Y esto en qué se traduce? En la privatización de los servicios públicos, reducción de los gastos públicos (sanidad, educación, empleo, etc.), liberalización de la economía, eliminación de subsidios y subvenciones, aumento del IVA, inflación, precariedad laboral, destrucción de suelos y ecosistemas, eliminación de ayudas a la agricultura, etc. Tanto en el Sur Global como en el Norte este abanico de medidas antisociales acarrea las mismas consecuencias: recurrir al endeudamiento privado para poder hacer frente al encarecimiento del coste de la vida. Fundamentalmente, en los hogares y en los espacios de la reproducción social, con consecuencias, especialmente, graves para las poblaciones más vulnerables y las mujeres como trabajadoras, usuarias mayoritarias de servicios específicos y como personas asignadas a los cuidados. De esta manera se recrudece e intensifica la guerra contra la autonomía económica de las mujeres, aumentando su obligación de endeudarse para sobrevivir y de instalarse cada vez más en situaciones de violencia. El endeudamiento (público y privado) sirve como herramienta para disciplinar a la población.

La imposición de medidas antisociales para priorizar el reembolso de la deuda pública genera violencia:

  Violencia es que en algunos países del mundo sea imposible para las mujeres tener autonomía financiera si no es a través del endeudamiento. Como que el microcrédito sea una de las pocas oportunidades para las mujeres para entrar en el mundo del trabajo, para acceder a la autonomía financiera o para poder continuar sus estudios.

  Violencia es invisibilizar el trabajo de cuidados, de reproducción social y de mantenimiento de los hogares (actualmente nuevos espacios para la colonización financiera a través del endeudamiento privado) y, en consecuencia, la desvalorización de un trabajo asignado a las mujeres. Ante esta lógica los cuerpos y las vidas de las mujeres son considerados como desechables, tanto en la dinámica de producción capitalista como a nivel social: feminicidios, trata de personas, explotación laboral, feminización de la pobreza, etc.

  Violencia es que haya mujeres “atadas” a hogares no seguros por carecer de autonomía económica, porque corren el riesgo de quedarse sin hogar, de perder a sus hijos o porque se han endeudado para poder asumir el coste de servicios básicos para su familia (comida, sanidad, educación, etc.)

  Violencia patriarcal son las políticas extractivistas, de mercantilización y explotación desenfrenada de la naturaleza, que despojan de recursos naturales y de las tierras de cultivo tradicional a las poblaciones locales. Lo que afecta especialmente a las mujeres campesinas, que además de poner sus cuerpos al servicio de la defensa de la tierra e impedir su destrucción, ven cómo estas políticas conllevan un recrudecimiento de la violencia contra mujeres y niñas y de la exacerbación de las desigualdades de género en los territorios en los que se implementan.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo medidas antisociales impuestas para priorizar el pago de la carga de la deuda pública (tales como la destrucción de empleo, de los medios de subsistencia, la privatización de servicios públicos o el recorte en gastos sociales, etc.) contribuyen, de Norte a Sur, generan violencias patriarcales (físicas, económicas y mentales). Así es como endeudamiento público y endeudamiento privado se entrelazan.

El endeudamiento privado es el último recurso ante la carencia de autonomía económica, la dificultad de acceso a un empleo, la falta de políticas públicas para liberar a las mujeres de la carga del trabajo (invisible) de la reproducción social. Es así como las finanzas colonizan los hogares, cómo perennizan el entramado de violencias patriarcales.

Como señalábamos al inicio, una alternativa emancipadora pasa por denunciar y actuar sobre los cimientos de la opresión, uno de esos cimientos son las deudas ilegítimas. Tal y como exponíamos en el manifiesto «Por un impago feminista de la deuda», publicado por el CADTM Internacional el 8 de marzo de 2021, exigimos:

  La CANCELACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA de los países del Sur con todos los acreedores: bilaterales, multilaterales y privados y ANULACIÓN DE LAS DEUDAS ILEGÍTIMAS, una condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar el respeto de los Derechos Humanos.
  LUCHAR CONTRA LA DEUDA PRIVADA y proponer ALTERNATIVAS AL MICROCRÉDITO como las economías solidarias que ya se están experimentando en algunas regiones del mundo y que pueden alimentar nuestras reflexiones; que mientras exista el microcrédito, exigimos un tipo de interés a 0%, una mejora de las condiciones impuestas por las IFI, limitados por la adopción de leyes nacionales.
  Establecer una AUDITORÍA FEMINISTA DE LA DEUDA (que debería incluir la dimensión feminista, es decir, tener en cuenta la contribución no reconocida de las mujeres a la economía y proponer soluciones como la socialización de los cuidados con la implicación de todos los actores sociales y económicos en estas actividades de las que dependen todas las personas), incluyendo en esta dimensión la auditoría e investigación de las diversas formas de abuso cometidas por las organizaciones de microfinanzas, donde las mujeres representan más del 80% de las prestatarias.
  Apostar por una EDUCACIÓN NO MACHISTA/SEXISTA y sensibilizar sobre la discriminación y la violencia contra las mujeres*, así como sobre los derechos sexuales y reproductivos (como el derecho al aborto) y los derechos de las mujeres en general en todas las esferas de la vida; Asegurar en la práctica el FIN DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO en todas las esferas de la vida, mediante la discriminación positiva y la educación popular.
  ACABAR CON LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL EN FUNCIÓN DEL GÉNERO.

Nuestro actual desafío es radicalizar los procesos de lucha que ya estamos construyendo desde una perspectiva de pluralidad de sujetos y de resistencia al actual modelo. Es preciso avanzar para desmantelar este modo de vida basado en las violencias patriarcales, la injusticia y la explotación y transitar hacia nuevas formas de vincularnos donde la sostenibilidad de la vida sea el centro.

CDTM

Por Lizbeth Ogazón Nava – El incremento de la representación política de las mujeres que se ha logrado en los últimos años en México ha tenido, como una consecuencia no deseada, el aumento de los casos de violencia política de género que afectan a las mujeres participantes en los procesos electorales.

La gravedad del fenómeno ha trascendido, en los procesos electorales de 2016, 2017 y 2018, a discusiones acerca de la validez de los comicios, abriendo un nuevo tema de debate político y jurídico. El análisis de los criterios del TEPJF acerca de la posibilidad y condiciones para que la violencia política en razón de género sea causal de nulidad demuestran que no existe, hasta el momento, una doctrina firme, y que las decisiones emitidas hasta la fecha parecen reflejar la complejidad desde la conceptualización del fenómeno de violencia política en razón de género, así como las incertidumbres propias de las declaratorias de nulidad.

Las mujeres hemos llegado a la política, se ha aprobado el principio constitucional de la paridad en todo, se ha alcanzado incluso la integración paritaria en la Cámara de Diputados, tenemos legislaturas estatales con una mayoría de integrantes mujeres.

No obstante, aún sigue existiendo el lastre de la resistencia patriarcal a nuestra participación política a través de simulaciones, de violencia o, incluso, aun llegando al cargo, se pretende que ocupemos la silla, pero no el lugar.

Está iniciativa nos hará crecer como sociedad, poner límites y candados para los puestos de elección popular donde salvaguardar la integridad de todas y todos debe ser prioridad.

Estos temas nos permiten aprender y crecer en temas electorales.

La violencia política de género existe y no vamos a dejar que nos siga afectando.

Lizbeth Ogazón Nava, Diputada Estatal.