El Gobierno de México impugnará la absolución del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien es señalado como la persona que ordenó el ataque y el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, condenó la absolución de Abarca Chávez y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene los elementos suficientes para impugnar la decisión.

Además, el funcionario federal responsabilizó al juez Samuel Ventura Ramos de ser clave en la absolución del exedil y de la liberación de 77 personas que también estuvieron implicadas en el caso.

No obstante, la absolución de José Luis Abarca se adjudica al juez tercero del Distrito de Procesos Penales Federales, Jorge García Suárez, con residencia en Tamaulipas, de acuerdo con la causa penal 66/2014 difundida por medios como Milenio Diario.

El rotativo mexicano señala que la estrategia del político perredista fue similar a la que utilizó Gildardo López Astudillo, jefe de plaza en Cocula de la organización criminal Guerreros Unidos y a quien se responsabilizó de coordinar el secuestro de los estudiantes.

Abarca Chávez habría promovido un recurso de libertad por desvanecimiento de datos, es decir, un recurso que le permite anular los testimonios que se usaron en su contra bajo el alegato de que estos se obtuvieron de manera ilegal.

Semanas antes de su absolución, la familia de José Luis Abarca organizó varias protestas en Cocula para exigir su liberación, luego de la presentación de un informe preliminar presentado por la Secretaría de Gobernación, y la cual derivó en la liberación de 83 militares acusados de ser cómplices de la desaparición de los normalistas.

Tanto Abarca como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron acusados de ordenar la desaparición de los 43 estudiantes para evitar que sabotearan un evento público de Pineda Villa, quien presuntamente aspiraba a suceder a su esposo en el Ayuntamiento de Cocula.

La acusación se sostuvo principalmente por los señalamientos de El Cabo Gil y de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos.

SputnikNews

La verdad histórica, “fundada en actos de tortura”, se diseñó en los más altos niveles del gobierno federales “e involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.

El también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Aytotzinapa del gobierno federal estuvo en la mañanera de este viernes para ahondar en el contenido del informe y sus diferencias con la llamada verdad histórica –que fue le versión oficial en el sexenio pasado, en la que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ahora detenido y sujeto a proceso, jugó un papel preponderante—, esto para responder a las voces que siguen defendiendo esa versión y alegan que ambas concluyen lo mismo.

El funcionario remarcó que será en esas reuniones que se dieron al más alto nivel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde hoy las autoridades correspondientes –la fiscalía y los jueces— tendrán que ubicar no sólo el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de las acciones para construir la verdad histórica, “que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”.

Enfatizó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa debió evitarse, “sin duda las omisiones de la autoridad –de los tres niveles de gobierno— permitieron que ésta se concretara”.

El subsecretario destacó que una diferencia “sustancial, de fondo”, entre la verdad histórica y el informe de la comisión que encabeza es que la primera “se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los detenidos, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.

El funcionario destacó que el informe de la Comisión que preside es resultado de la reconstrucción y análisis del caso Iguala en dos momentos: el análisis de los antecedentes, hechos y contexto de personas que participaron en la desaparición forzada de los jóvenes, las repercusiones posteriores y la intervención de las autoridades de diferentes órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos.

Y dos, “dicen que es una posición política de gobierno, pero no, es el resultado de un proceso de investigación y análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas que ciencia y tecnología deben estar al servicio de la verdad.

“Y sí, también hay un contenido político: esclarecer un crimen, más que uno de Estado, además que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política para ir al fondo de los hechos”, apuntó el subsecretario.

Algunos los críticos sostienen que el informe se basa en una fuente, a lo que Encinas replicó que hay al menos 13 fuentes básicas distintas: toda la información y documentación que aportaron las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional, de la procuraduría y fiscalía del estado de Guerrero, de la Fiscalía General de la República; así como de los informes que ha elaborado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Geo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del propio Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las cuatro organizaciones que ha acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Los críticos dicen que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la verdad histórica, lo que es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio (María de los Ángeles Pineda), lo cual es falso, porque la misión de ellos era tomar camiones y su llegada a Iguala fue al momento que había concluido este evento, e incluso el festejo organizado en la plaza central había concluido”, detalló Encinas.

Otra diferencia, agregó, es que la versión de Murillo Karam –que fue encabezada por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo de la justicia que se encuentra en Israel— apuntaba que se dieron “enfrentamientos” entre estudiantes y policías municipales de Iguala, “los cuales no existieron porque fueron agresiones de los uniformados a los jóvenes”; la verdad histórica agrega que policía de Iguala entregó al grupo delictivo Guerreros Unidos a los normalistas, quienes fueron ultimados a incinerados en basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plásctico y vertidos en el río San Juan.

A lo que el subsecretario replicó: “En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que los dispersó en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí, hubo actos de agresión donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con fuerzas de seguridad y autoridades de orden municipal, estatal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.

La Jornada

La captura de Jesús Murillo Karam fue, además de una gran esperanza para que exista justicia, un golpe durísimo para la oposición. Y es que mostró que en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno anterior estuvo involucrado. Es decir, que fue un crimen de Estado.

Aquí algunos puntos breves sobre esa captura: 

1.- Es el recordatorio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple lo que promete: cuando estaba en campaña afirmó que investigaría la desaparición de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, y que se castigaría a los responsables.

2.- La captura de Murillo Karam significa que la justicia puede llegar a quien sea. Él era el Procurador con Peña Nieto, y es un priísta importante: exgobernador, exsenador, expresidente de la Cámara de Diputados, ex secretario del PRI y de Estado. No es cualquiera. Por eso es muy simbólico verlo capturado. No hay intocables.

3.- También esta captura significa para muchos mexicanos la confirmación de que las anteriores administraciones eran corruptas e indolentes ante la tragedia. Hoy la gente está más convencida de eso, y por supuesto, afecta no sólo al PRI, sino a toda la oposición.

4.- Si bien es cierto el PAN no defendió a Murillo Karam, sí lo hicieron los del PRI y los del (decadente) PRD. Esos tres partidos están aliados en Va por México, así que esa “defensa” de Murillo Karam, que afectó negativamente al PRI y al PRD, también afecta a su aliado: el PAN. La oposición está desfondada por donde se vea.

5.- Y claro, la captura de Murillo Karam es un acto de justicia para los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Quienes permitieron su desaparición y supieron de eso y no hicieron nada para detenerlo, están en proceso de ser castigados.

Todas estas cuestiones confirman algo: que vivimos otros tiempos, que la esperanza es realidad, y que la justicia, tan anhelada, está llegando.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que del informe sobre lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa no sólo evidencia los horrores que ocurrieron sino la forma en que los responsables de las investigaciones se pusieron de acuerdo “para ocultar los hechos y construir lo que se conoce como la verdad histórica”. Afirmó que el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón (quien encabezó las investigaciones) “fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones”.

Durante su conferencia, López Obrador descartó que del informe Ayotzinapa se desprenda que haya una orden de aprehensión ni en contra del ex presidente, Enrique Peña Nieto ni del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

—Usted ha dicho que el presidente siempre sabe lo que pasa, que no lo denunciara (la verdad histórica) no lo hace sujeto a una orden de aprehensión?

—Eso el juez lo va a decidir. Eso sí es muy difícil que pase cuando uno está pendiente. Pero también no podemos adelantar ningún juicio. Esto tiene que resolverlo el juez. Lo más doloroso es la situación de las familias de los muchachos, pero al mismo tiempo ejemplar. Doloroso pero ejemplar, porque no se rindieron, no se han rendido. Son excepcionales

Señaló que en el expediente hay muchos personajes, dijo, que se mencionan ahi, pero no se debe hacer juicio sumario por lo que consideró que no era procedente que el actual secretario de Seguridad Pública capitalina, Omar García Harfush deba apartarse de su cargo porque se le mencionó en la audiencia de Murillo Karam.

En una larga intervención sobre el caso Ayotzinapa, el presidente cuestionó que se haya descalificado a priori su resultados porque los conservadores y algunos medios aseguraron que era mas de lo mismo y que hasta ahí se quedaría. “Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometen delitos en nombre del estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó”.

Destacó que el documento tiene dos grandes capítulos: La descripción sobre lo sucedido en la desaparición y una segunda que alude al comportamiento de las autoridades.

En el primer caso, se está haciendo la investigación. Este ́ es uno de los hechos más vergonzosos, lamentables, dolorosos. Hay que ventilar, evidenciarlo (…) Se tienen declaraciones de quienes participaron en la ejecución de los jóvenes. Hay declaraciones mucho muy fuertes sobre cómo se deshicieron de los jóvenes. Eso está ahi. Hay declaraciones de cómo planearon irlos moviendo del lugar”.

Durante la conferencia, López Obrador pidió poner un fragmento de la intervención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero en la reunión con los padres de los normalistas previa a la presentación del informe:

“Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26… en Iguala el ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del estado mexican ante un crimen desmesurado y brutal y adjudicar la culpabilidad total a los alcaldes de Guerrero y sus policías como totalmente respnsables”, señalaba Gertz

Y agregó: cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener declaraciones, adjudicándose todas la responsabilidad que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica, todos estudiantes incinerados, cerrar el caso Proyecto lograr que ese asunto se cerrar al haber sido quemados los estudiantes y adjudicando a las políticas y cómplices del crimen organizado”, concluia Gertz.

Al respecto, López Obrador dijo que en una conferencia, el propio Murillo Karam se asume como responsable de la investigación junto con Tomás Zeron. En ese proceso de indagatorias, “Se llegó al extremo de hacer montajes, de torturar en la televisión. Claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa, son los que están siendo juzgados”.

Precisó que en la investigación y preparación del informe participaron expertos nacionales y extranjeros. Hicieron una investigación a fondo, sin injerencia de ningún funcionario ni del presidente, elaboraron el informe. “Y ellos, sin injerencia de nadie hicieron la lista de los que consideraban responsables tanto de la desaparición de los jóvenes como del ocultamiento de los hechos”.

“Lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho pero esas injusticias no pueden quedar impunes. Como veo a la madres a los padres de los muchachos. Llevo tres años reuniéndome con ellos, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor. No tengo nada personal con el señor Murillo Karam. Pero este es un asunto de otra naturaleza tiene que ver con mi responsabilidad, con mis convicciones, mis principios”.

El mandatario dijo que se está realizando la investigación que no está cerrada y va a continuar la búsqueda de los estudiantes. Hay un reporte de días, meses y años enteros de indagar el paradero de los estudiantes.

Tras reconocer que hay militares involucrados entre los imputados, rechazó nuevamente que actuar en su contra implique dañar a las fuerzas armadas. Es la actitud de ciertas personas de esas fuerzas armadas, pero no es lo mismo. “La imagen se mancha si hay complicidad si no se actúa con la verdad.

Finalmente dijo que nunca más que se actúe de esta forma contra los jóvenes, nada que se necesitaba un escarmiento. Nada de eso. Estos argumentos son ofensivos. No se puede . Nada de que se actúe así para proteger el prestigio de las fuerzas armadas”.

La Jornada

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer los avances sobre la desaparición de los 43 normalistas del Colegio Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Este jueves 18 de agosto, el comisionado presidencial afirmó que el caso fue un crimen de estado.

Además de que Alejandro Encinos leyó las conclusiones preliminares de la investigación, se compartió el documento Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Entre algunas de las conclusiones se afirmó que hubo coalición entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, como autoridades federales, estatales y municipales.

“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes de Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen se trató de un crimen de estado”, afirmó.

En ese sentido, Encinas negó la veracidad de la llamada “Verdad histórica”, la cual señaló que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, porque supuestamente pertenecían a Los Rojos, grupo contrario.

Esta “Verdad histórica” fue planteada el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador General de la República,Jesús Murillo Karam. En conferencia de prensa dio a conocer el informe sobre los últimos avances del caso; se refirió a las conclusiones del caso como la verdad histórica, sustentada en una investigación “exhaustiva, profunda y seria”, con resultados científicos. Por este hecho, renunció a su cargo en febrero del mismo año.

De igual manera planteó que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. Ésta versión se sustentó en la información obtenida “espontáneamente” de una llamada telefónica de una mujer quien proporcionó datos de “El Chereje” y “El Pato”, posteriormente también por interrogatorios realizados mediante tortura.

En el nuevo informe se afirmó que esta versión se generó a conveniencia con la finalidad del cierre de las investigaciones y por tanto dar una resolución sobre el caso, mediante “legitimar socialmente la verdad de los hechos”.

Cuáles son las diferencias entre “la verdad histórica” y la información actual

1. Se señaló que los estudiantes buscaban boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, la entonces presidenta del DIF y esposa de José Luis Abarca Velázquez. Sin embargo, se indicó que en realidad los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre de 2014.

2. La “Verdad histórica” determinó que los alumnos detenidos por la policía de Iguala fueron llevados a la comandancia de la entidad. Sin embargo, con la información presentada este jueves 18 de agosto, se afirmó que los estudiantes asegurados por la policía municipal de Iguala en Juan N. Álvarez, fueron los que iban a bordo del autobús 1568 y fueron trasladados a su comandancia.

Asimismo, en el aseguramiento de los estudiantes del puente frente al Palacio de Justicia, del autobús 1531, participaron las policías municipales de Iguala y Huitzuco. “En un inicio la intención era solamente darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque ‘A1′, es decir, un jefe de plaza que no se quiere identificar, no buscaba disturbios, además de recuperar el material, el cual aparentemente venía en uno de los autobuses”, se lee en el informe.

3. En la primera versión se dedujo que los alumnos fueron sustraídos de la Comandancia de Iguala por elementos de policías municipales de Iguala y Cocula y entregados en Loma de Coyotes a miembros de Guerreros Unidos. Mientras que en la información presentada este jueves se aclaró que fueron los alumnos del camión 1568.

La “verdad histórica” indicó que la primera entrega constó de cuatro personas, una de las cuales estaba muerta y fueron transportadas en una camioneta estaquitas. Más tarde se realizó una segunda entrega de 35 a 40 personas las cuales fueron transportados en una camioneta de tres y medias toneladas propiedad de “El Gil”.

Por el contrario, la Segob indicó que los alumnos del camión 1531 fueron asegurados por la policía de Iguala y fueron llevados a Loma de Coyotes, mientras que los asegurados por la policía de Huitzuco fueron llevados a esa entidad.

Una testigo protegida mencionó que se le solicitó tomar fotografías a todos los estudiantes ya que se creía que entre ellos venían personas de Los Rojos. De todos los estudiantes solo tres de ellos fueron de interés para sus superiores, entre los cuales estaban “El Cochiloco” y “El Chilango”.

Hay muchas diferencias entre la «verdad histórica» y la información actualizada (Foto: Twitter/@GlorietaMx)

4. De acuerdo con Murillo Karam, la desaparición de los estudiantes se realizó por instrucciones que “El Gil” transmitió al “Cepillo” a través de “Fercho”, encargado de los sicarios de Guerreros Unidos en Cocula.

Sin embargo, ésto contrasta con la información actual en donde se informó que “A1″ dio la orden de recuperar la mercancía: “Me ch*ngan a todos a discreción”. “A1″ ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben “quien es quien” y se está calentando la plaza demasiado: “Mátalos a todos, Iguala es mío”.

5. La “verdad histórica” afirmó que los integrantes de Guerreros Unidos los incineraron en le basurero de Colula, por tratarse de supuestos miembros del grupo contrario llamado Los Rojos. Las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartirlos por lo que “El Chuky” les metió “machete” y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera.

Hasta el momento se desconoce el método de ejecución del grupo de estudiantes que fue llevado a Huitzuco. En ese sentido, se identificó al sicario Eduardo N, alias “El Chuky” como el que mató y torturó al estudiante Julio Cesar Mondragón “El Chilango”, incluso sin tener instrucciones de sus superiores, se escribió en el informe.

Los operadores de la desaparición de los estudiantes fueron: “El Gil”; “El Negro”; “El Tito”; “El Chino”; “El Pato” Landa y su gente; “El Cholo”; “El Chango”; “La gorda”; “El Duvalín o “Duva”; “El Tony”; “El pollo”; “El Cuca”; “El Feo”; “El Wasako”; “Memo” (primo de “El Chino”); “El Moreno” (cocinero de Guerreros Unidos) y “H1″ mando policial de Huitzuco.

6. Uno de los temas más polémicos fue que los restos hechos cenizas fueron colocados en bolsas negras que arrojaron al río San Juan. Pero el nuevo informe aseguró que el día de los hechos seis estudiantes se encontraban vivos y estaban retenidos en La bodega vieja. El 30 de septiembre “El Coronel” comentó que ellos se encargarían de limpiar todo y que ya se habían encargado de los seis estudiantes que quedaban vivos.

Los 43 estudiantes fueron señalados de pertenecer al grupo de Los Rojos (REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

Respecto al último punto, la información actual aseguró que los restos fueron movidos a un segundo destino. Respecto a la primera ubicación se conoce que:

-“El Chino” arrojó sus “paquetes” al río Balsas

-“La Gorda” los llevó al pozo de Pueblo Viejo con el apoyo de “El Cuca” y “El Feo”

-A “El Moreno” se le pidió que cocinara a 10 estudiantes, pero por falta de material solo cocinó a cinco, el resto se los mandó a “El Chuky”

– Otros estudiantes fueron desplazados a la casa de Huitzuco; aún se desconoce quién realizó el movimiento

-”El Chino” comentó que hasta en “la mina de los patrones” aventaron gente

En el informe se destacó: “En días posteriores hubo una reunión con Albarca y los ‘asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”. Además se aseguró que secuestraron a un ingeniero de Chilpancingo para que desterrara los cuerpos y se los llevaron al segundo destino en: 27 Batallón, al rancho del Cura, Lomas de Coyote y La Mina.

Por último, se reiteró que con la “verdad histórica” construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia con el fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos.

Infobae

Malinaltepec, Gro. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este sábado que se abrirán los archivos del 27 batallón de infantería con sede en Iguala.

Si bien desde ayer la Presidencia de la República había informado que el mandatario no realizaría actividades oficiales este sábado, López Obrador realiza una gira de trabajo por municipios de la montaña alta de Guerrero.

López Obrador fue entrevistado en la comunidad indígena unión de Las Peras, municipio de Malinaltepec, donde aseguró que se están tomando en cuenta las peticiones de los familiares víctimas de las desapariciones en el estado y que como parte de las investigaciones que realiza la comisión de la Guerra Sucia se abrirán todos los expedientes militares, incluso los archivos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que ha sido mencionado en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario dijo a familiares de víctimas del periodo de la Guerra Sucia que su descontento “es normal, la gente está muy dolida, hay que tener paciencia”.

Cuestionado sobre si se abrirán los expedientes militares, incluyendo el del Batallón 27 de Iguala, respondió: “En todos los casos”.

El presidente concluirá su gira por la montaña en un acto en el municipio de Iliatenco.

En un hecho histórico, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abrió las instalaciones y los archivos de las Fuerzas Armadas a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas en 1965 a 1990.

En el acto de apertura, ocurrido la mañana de este 22 de junio en el Campo Militar número 1 y que encabezó el primer mandatario, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez explicó que se consensuó “un programa de trabajo para revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y las instalaciones militares donde presuntamente se cometieron violaciones graves a los derechos humanos”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión agregó que esto se da en cumplimiento a la encomienda de López Obrador de encontrar la verdad, impulsar el acceso a la justicia, reparar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 (periodo que comprende la llamada Guerra Sucia), así como para garantizar el derecho a la memoria.

En el contexto del programa que ejecutará la Comisión de la Verdad en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, el funcionario indicó que en los lugares e instalaciones militares en los que se presuma se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos –como es el Campo Militar número 1– se realizarán acciones de reconocimiento, búsqueda e investigaciones.

Encinas Rodríguez saludó la presencia en el acto de víctimas que sobrevivieron a esas violaciones ocurridas en distintas instalaciones militares, y a familiares de víctimas. Añadió que la Comisión va a “acceder a instalaciones y consultar repositorios, archivos y documentos con la finalidad de contribuir con las investigaciones para el esclarecimiento de la verdad. Es el caso de la 5ª y 42 zonas militares de Chihuahua, la 7ª Zona Militar de Nuevo León, la 9ª de Sinaloa, la 15ª de Jalisco, la 27 y 35 zonas militares de Guerrero, y la Zona Militar número 28 de Oaxaca”.

FOTOS: PRESIDENCIA

Respecto de los archivos, expuso que se revisarán “de distintas unidades de las Fuerzas Armadas, como el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, de la Policía Militar, del Batallón de Fusileros Paracaidistas, del Segundo Batallón de la Policía Judicial Federal Militar, de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta y también del Estado Mayor Presidencial”.

De acuerdo con Encinas Rodríguez, “el programa contempla realizar entrevistas y recibir testimonios de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que cuente con información referente a los hechos objeto de esclarecimiento histórico, por lo que la Comisión de la Verdad y la Secretaría de la Defensa Nacional consideramos importantes llamar a este encuentro, a este diálogo de la verdad, a personal activo y en retiro de las Fuerzas Armadas que puedan contribuir a comprender lo que sucedió y pueda brindar información que permita a las familias saber el paradero de las personas desaparecidas”.

Adicionalmente, detalló que se busca tener testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que presuntamente estuvieron en calidad de detenidas.

“La apertura de las instalaciones militares no sólo será para las personas expertas que la comisión determine para realizar las investigaciones, sino también se acompañará de aquellas personas víctimas que hayan estado en las mismas, y su testimonio será fundamental para reconstruir los hechos y llegar a la verdad”.

En presencia de personal militar, incluido el general secretario Luis Cresencio Sandoval, el subsecretario de Derechos Humanos señaló: “hoy, un día inimaginable hace poco más de tres años, se abre la puerta a una nueva etapa en la historia del país que busca allanar el camino para cerrar una herida que se mantiene abierta y saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia”.

FOTOS: PRESIDENCIA

Agregó que “en tiempos de transformación es preciso mirar de frente a nuestra historia para poder reconocernos en ella y abrir una ruta de cambio y de ruptura con un pasado doloroso. El no ser capaces de hacerlo se corre el riesgo que en nuestro actuar no dignifique a las (inaudible) es que nos antecedieron en la lucha por la democracia y la justicia en nuestro país”.

El funcionario agregó: “hoy, pese al escepticismo y malos augurios de actores políticos que apostaban al fracaso, poniendo en duda la firme convicción del presidente de México para abrir las instalaciones y archivos de las Fuerzas Armadas en busca de la verdad y la reconciliación, llegamos al Campo Militar número 1 para mirar de frente a una parte de esa historia. En este lugar, en el mes de junio de hace 46 años se instaló una de las agrupaciones represivas más temidas en el país, la Brigada Blanca, integrada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial y la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal y la Policía Militar”.

Asimismo, recordó que desde el Campo Militar número 1, “hace 51 años se implementó el Plan Telaraña para combatir y desarticular las guerrillas encabezados por los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Desde esa zona de Lomas de Sotelo se emitió un telegrama a la comandancia de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero, ordenando, cito: ‘Ratifíquese orden y sentido de incrementar actividades a fin de localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas que operan en esa región debiendo utilizar el máximo de las medidas de seguridad’”.

Encinas Rodríguez expuso que en esa instalación militar, “de acuerdo con los documentos oficiales y testimonios, estuvieron detenidos y desaparecidos Amanda Arciniega, Ezequiel Barrientos, Ismael Bracho, Micaela Cabañas, Álvaro Cartagena, Cirilo Cota, Alicia de los Ríos, Hilda Flores, Ramón Galaviz, Leticia Galarza, Manuel Hernández, José Luis Moreno, Elda Narváez, Rafael Ramírez, entre otros muchos opositores y disidentes del sistema”.

En el acto, las víctimas y familiares protestaron en contra del discurso del general Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, quien rindió homenaje a los militares.

ContraLínea

Regeneración, 13 de abril del 2022. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que anteriormente la misma Comisión avaló la “verdad histórica”.

“Por su redacción, el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica; si bien no lo señala tácitamente, su argumentación lo hace en sí misma”, indicó.

La CNDH señaló que la recomendación 15VG/2018 de la misma comisión, respecto al caso Iguala.

Durante la presentación de su informe sobre la recomendación 15VG/2018 respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; se presentaron prácticas institucionales de revictimización.

La Dilación en la presentación de la recomendación, pues los hechos ocurrieron en 2014, y la recomendación se presentó cuatro años después.

El informe que presentó la CNDH señala que el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica.

De acuerdo con la revisión hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el proceso de elaboración; esto tras las inconformidades de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

La revisión del documento elaborado por la CDNH determinó que no contó con enfoque diferencial y especializado al momento de redactarse.

Además, señaló que los dictámenes se realizaron en gabinete y no se acudió al lugar de los hechos; asimismo, se detectaron deficiencias en la aplicación del Protocolo de Estambul.

También, se obvio la participación de las Fuerzas Armadas y no se consideró la importancia de investigar la cadena de mando policial.

Fuente Regeneración

El periodista Epigmenio Ibarra cuestionó a Ciro Gómez Leyva por su postura sobre la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.

De forma increíble pese a las pruebas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ciro Gómez Leyva sostuvo que la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sigue intacta a pesar de las pruebas presentadas en días recientes.

Durante su participación en el programa Ciro Gómez Leyva por la mañana, el productor Epigmenio Ibarra pidió al presentador de noticias que se disculpara por haber defendido en el pasado y afirmado que la “verdad histórica” sigue intacta. No obstante, el periodista en lugar de disculparse sostuvo lo dicho y lo repitió.

Ciro Gómez Leyva afirmó que la polémica versión sobre Ayotzinapa durante  el gobierno pasado sigue intacta. Esto pese a los videos difundidos por el GIEI en su nuevo informe, en los cuales  se observa a personal de la Secretaria de Marina interviene en la que se convirtió en la “escena del crimen” antes de que se presentara como tal.

De igual forma, Ciro aseguró que no se ha probado la participación de militares en la desaparición de los normalistas. Incluso dijo que eso solo lo dicen “versiones como las tuyas” refiriéndose a Ibarra y desacreditando las investigaciones contrarias a la “verdad histórica”. No obstante, la reportera Miriam Moreno, parte del equipo de colaboradores del programa, afirmó poco después que a partir de la apertura de los expedientes del caso se supo de la intervención del ejército.

Epigmenio Ibarra aclaró su punto y cuestionó a los colaboradores del programa de Ciro las razones por las que no actuaron las autoridades federales y su inacción incluso a sabiendas de que hubo participación de algunos policías federales. Estas preguntas también fueron descalificadas por Gómez Leyva diciendo que son “puras hipótesis”.

Ciro Gómez Leyva. Foto: Especial.

De igual forma, Ibarra preguntó a Ciro por qué ponen en duda a los expertos que dicen que la escena del crimen fue manipulada. Pero no cuestionan la versión oficial del gobierno de Peña Nieto y continúan afirmando que la verdad histórica sigue intacta.

La defensa de Gómez Leyva fue decir que los “fundamentos” de la verdad histórica son los que están intactos.

“Los elementos de la verdad histórica, los fundamentos los jóvenes fueron secuestrados por grupos criminales y fundamentalmente hasta donde sabemos policías municipales, autoridades municipales. Se los llevaron y los mataron, eso para nosotros, es lo que hemos dicho. Lo dijimos en 2014, lo dijimos después y lo decimos hoy.”

A lo que Epigmenio respondió: “La verdad histórica es: los mataron a todos la misma mañana, los incineraron en el basurero de Cocula” y Ciro nuevamente lo descalificó y lo interrumpió mandando su programa a pausa.

Regresando del corte Epigmenio sentenció que Peña Nieto en lugar de atender el asunto dejó que creciera y después inventó la “verdad histórica”. Y finalizó recordando que el otrora presidente de México dijo en conferencia de prensa “los mataron a todos, los desaparecieron a todos, lo siento mucho. Ya supérenlo.”

Finalmente, Epigmenio Ibarra concluyó que hubo una inacción del Estado “no había autoridad”, que hubo encubrimiento del hecho y coacción de parte de autoridades, municipales y federales. Por su parte Gómez Leyva concluyó que se borraron los restos de los normalistas pero sin certeza de cómo, además puso en duda la participación de autoridades federales en el hecho.