La UIF dejó en claro que no está en contra de que MCCI ejerza sus derechos políticos, sino que obtenga recursos ilegales para hacer política.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló los “sueldazos” que reciben la polémica María Amparo Casar, así como el empresario Claudio X. González y diversos colaboradores de la aparente organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

Según el informe presentado, MCCI recaudó entre 2015 y 2023 un total de 502 millones 588 mil 208 pesos únicamente en donaciones, los cuales provinieron de una élite de empresarios y corporativos mexicanos, así como del propio Gobierno de Estados Unidos, que brindó más de 96 millones de pesos.

“A partir del 29 de agosto de 2018 hasta el 23 de enero de 2024, porque también ha habido una aportación en el año actual, Mexicanos Contra la Corrupción recibió 96 millones 740 mil 613 pesos con 60 centavos de la embajada de los Estados Unidos”.

¿Qué mexicanos donaron a MCCI?

Entre los donantes se encuentran:

• Claudio Xavier González Laporte, que entre 2016 y 2022 donó en siete operaciones 16 millones 775 mil pesos
• María Luisa Guadalupe González Cárdenas, que entre 2016 y 2019 donó en ocho operaciones 6 millones de pesos
• Emilio Icaza Chávez, que entre 2016 y 2022 donó en siete operaciones 3 millones 670 mil pesos
• Alejandro Ramírez Magaña, que en 2016 donó en una operación 2 millones de pesos
• Héctor Flores Hernández, que entre 2019 y 2024 donó en 59 operaciones un millón 980 mil pesos
• Alfredo Achar Tussie, que entre 2016 y 2020 donó en doce operaciones un millón 650 mil pesos
• Maria Isabel Lazo Corvera, que entre 2017 y 2021 donó en 53 operaciones un millón 315 mil pesos
• Jaime Ignacio Creely Sisniega, que en 2016 donó en dos operaciones un millón de pesos
• Teresa Guajardo Ortiz, que en 2016 donó en una operación un millón de pesos
• Sergio René Argüelles González, que entre 2017 y 2019 donó en tres operaciones 750 mil pesos
• Armando Santacruz González, que en 2020 donó en una operación 500 mil pesos
• Enrique Guille Terrazas Torres, que en 2019 donó en tres operaciones 500 mil pesos
• 96 personas por montos menores a 500 mil pesos dieron entre 2016 y 2023 en 25 operaciones

UIF revela cuánto ganan los colaboradores de MCCI

No obstante, eso no fue suficiente, pues Pablo Gómez Álvarez también mostró los sueldos de los principales colaboradores de MCCI, quienes no solo son la cara de la organización, sino que incluso a algunos se les ha acusado de haber convencido a los partidos de oposición de unirse para derrotar en las urnas a Morena.

Estos son:

• María Amparo Casar: 26 millones 514 mil 057.74 pesos en 117 operaciones de 2016 a 2023
• Claudio Xavier González Laporte: 11 millones 244 mil 873.72 en 101 operaciones de 2016 a 2020
• Dario Manuel Ramírez Salazar: 10 millones 942 mil 466.51 en 186 operaciones de 2016 a 2023
• Salvador Camarena Rodríguez: 8 millones 615 mil 732.15 en 137 operaciones de 2016 a 2021
• Javier Mijangos y González: 7 millones 79 mil 958.23 en 91 operaciones de 2016 a 2019

La lista completa es:

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que existe una denuncia contra Latinus en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y corrupción, presentada 20 de mayo del 2021 por el extitular Santiago Nieto.

Sin embargo, Pablo Gómez desmintió que exista una denuncia en contra de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, pues ellos no son accionistas de las empresas detrás de Latinus, propiedad de la familia del priista Roberto Madrazo.

Loret de Mola “no aparece como accionista, condueño, ejecutivo, manager, gerente”, de Latinus, indicó Pablo Gómez.

El titular de la UIF informó que Latinus es un consorcio que tiene detrás empresas que hacen negocios con la venta de medicamentos y servicios de salud, las cuales obtuvieron del 2019 al 2024, 2 mil 437 millones de pesos.

Las empresas ligadas a Latinus obtuvieron esos recursos de entidades como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y el Gobierno Federal, como lo hemos revelado en varios reportajes en Polemón.

Pablo Gómez señaló que Latinus tiene 5 empresas, entre ellas Latinus Media Group, Latinus Radio, Latinus Media y 2 empresas instrumentales: Digital Beacon Programatic y BGCS Limited.

Además de una empresa ubicada en el estado de Delaware, un paraíso fiscal, financiero y de lavado de dinero en los Estados Unidos, desde donde, pese a ser un lugar muy opaco, se han obtenido registros de triangulaciones de dinero entre las empresas de Latinus para ocultar recursos de procedencia ilícita.

Tras revelar la información, Pablo Gómez rechazó que se trate de una persecución contra los colaboradores de Latinus y contra “enemigos jurados del Gobierno”, pero eso sí, le respondió a Loret por sus acusaciones.

“La generación que desde los años sesentas luchó por las libertades, no tiene nada que responderle a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio. Latinus se dedica a eso con recursos públicos ilegales. No son de publicidad o comunicación social sino de medicinas” fue la respuesta de Pablo Gómez a Loret.

Así, ante la mirada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez indicó que tras contrastar la información financiera con las unidades de inteligencia financiera en otros países e información bancaria y del sistema financiero, por lo que el Gobierno de México ya sabe para qué se usa y cómo se distribuye el dinero en Latinus.

“Es un reto para el ministerio público, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber” remató Pablo Gómez.

Pablo Gómez Álvarez señaló que Cristina Pereyra también participa activamente en el entramado de corrupción de su esposo, quien fuera Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, Genero García Luna, no sólo era un familiar, sino que también participaba activamente en la red de corrupción.

“Genaro García Luna además de propiedades, tiene empresas y su esposa, Linda Cristina Pereyra, es quien las administra”, dijo Gómez en conferencia de prensa.

Además, el titular de la UIF dio a conocer que Pereyra Gálvez está denunciada por el Gobierno de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y señaló que es dueña de varias propiedades en Miami, las cuales están bajo litigio con Estados Unidos.

“La esposa de García Luna no es simplemente un familiar del jefe [Genaro García Luna], sino que ella participa. […] Ella es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están asegurados por la Corte donde está interpuesto el juicio civil que reclama estos bienes”, afirmó Gómez Álvarez.

El funcionario recordó que en el juicio de García Luna, Cristina Pereyra explicó la procedencia del dinero, que tenía la pareja, sin embargo, aclaró que el testimonio es “enteramente falso”, pues “ella está denuncia está denunciada por el Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos”.

El pasado 14 de febrero, durante el juicio, Pereyra Gálvez subió al estrado y explicó la procedencia de sus bienes entre 1994 y 2008, a lo que reporteros que cubrieron el caso, coincidieron que lo realizó de manera lógica, efectiva y metódica.

“Ella está denunciada, […] al igual que varios de sus familiares que han sido beneficiados del inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de Genaro García Luna y de la Secretaría de Gobernación de [Miguel Ángel] Osorio Chong”, señaló el titular de la UIF.

“No solamente están denunciados, están abiertas las carpetas de investigación, hemos estado insistiendo en la Fiscalía [General de la República] de que es necesario ya la solicitud de las órdenes de aprehensión”, sostuvo.

Asimismo, Pablo Gómez explicó que las solicitudes de órdenes de aprehensión están a órdenes del Fiscal Alejandro Gertz Manero, y que es el Fiscal es quien que abre las carpetas de investigación, y que la UIF sólo se encarga de recibir información, analizarla y presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

PODER JUDICIAL DESCONGELA CUENTAS DE CRISTINA PEREYRA

El pasado 21 de febrero, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo, con la que se había negado Linda Cristina Pereyra el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.

El mismo día en que el jurado en Estados Unidos declaró culpable de todos los cargos a García Luna, el Tribunal, integrado por el presidente Rolando González Licona, el Magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García Gonzále, le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.

La UIF había incluido a Pereyra Gálvez en la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna.

“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó Pablo Gómez, en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en una cobertura de SinEmbargo al Aire, vía YouTube.

“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó.

Además, Pereyra Gálvez está demandada ante una Corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de que México rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami.

GOBIERNO MEXICANO BUSCA RECUPERAR DINERO DE LAS PROPIEDADES

El Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, sin embargo, esa información se supo apenas a finales de enero, días después del inicio del juicio de García Luna.

La meta de las autoridades mexicana es recuperar “los activos adquiridos” con el dinero producto de la supuesta corrupción de la que acusan a la red de García Luna para resarcir el daño al pueblo mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal donde el exsecretario de Seguridad fue declarado culpable de cinco cargos, incluido el de encabezar una organización criminal durante un largo periodo de tiempo y el de conspirar para traficar droga a EU, el pasado 21 de febrero.

La acusación de la UIF se extiende mucho más allá de solo García Luna. Incluye una lista de personas (ocho físicas): el propio Genaro García Luna; su esposa Linda Cristina Pereyra; “los Weinbergs”, quienes fueron mencionados durante su juicio penal en Nueva York: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg; así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Además, se encuentran demandadas 44 personas morales –empresas– supuestamente relacionadas con la red de García Luna. De ellas, ocho fueron las que adquirieron las 19 propiedades ahora incautadas por el Gobierno estadounidense, las cuales tienen un valor total de 17 millones 930 mil 402 dólares.

La que más destaca es Delta Integrator LLC, creada en 2013 y la cual estaría directamente relacionada con Pereyra, la esposa de García Luna. Cuatro de las propiedades aseguradas fueron adquiridas por dicha compañía. En total, el valor de mercado es de dos millones 476 mil 726 dólares, casi 45 mil millones de pesos.

Se trata de cuatro departamentos ubicados en el mismo edificio, tres de ellos contiguos: las unidades 1009, 1010 y 1011. Además, adquirió el 505. Por su parte, otra empresa señalada, Jagra LLC, adquirió la unidad 1007 valuada en 469 mil 806 dólares.

SinEmbargo

Resulta que en México ya también se pusieron las pilas y de acuerdo con información de Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha reforzado la investigación contra el expresidente Felipe Calderón y otros funcionarios cercanos al ex secretario de seguridad, Genaro García Luna; quien es señalado culpable de 5 delitos en Estados Unidos.

Información del medio citado señala que la UIF sí encontró elementos que podrían resultar en nuevas denuncias penales derivadas de los contratos por más de 745 millones de dólares que beneficiaron al exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón.

Y es que el titular de la UIF, Pablo Gómez a Milenio, la investigación contra el expresidente panista no solo sigue abierta, sino que incluso, ya detectaron nuevas evidencias.

“No (se ha cerrado), no, a Calderón se le sigue analizando, no se ha suspendido el análisis de Calderón y de ninguna persona vinculada o posiblemente relacionada con García Luna”.

A la pregunta de Milenio si “todavía no encuentran nada adicional”, Pablo Gómez replicó: “no, sí, sí, hemos encontrado muchas cosas, pero todavía no las puedo decir porque tengo que terminar, no hemos terminado, imagínate”.

Ante estos nuevas rutas de corrupción, la UIF podría tener finalmente, elementos sólidos para una denuncia penal en contra de Calderón, pero no solo él, podría salpicar a otros funcionarios de las dependencias que entregaron los contratos a las empresas de García Luna.

“Empresas que además, tienen cuentas bloqueadas, que están denunciadas penalmente ante la Fiscalía General de la República y que forman parte del juicio que inició el gobierno mexicano en Florida para recuperar los bienes que se compraron con este dinero del erario”. Relata el medio.

La investigación que relaciona a Felipe Calderón con García Luna es por 30 contratos “considerados como ilícitos”, por un monto total de 745 millones 879 mil 384 dólares.

“Los contratos van del 17 de febrero de 2009 con Felipe Calderón, hasta el 20 de abril de 2018 ya con Enrique Peña Nieto como presidente de la República e involucran a la Policía Federal, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México”.Se detalla.

Es importante precisar, que el caso García Luna no está del todo cerrado en Estados Unidos, pues a pesar de ser declarado culpable. En el senado estadounidense ya están pidiendo información, no solo del exsecretario de seguridad de Calderón. También de agencias norteamericanas como la DEA y el FBI.

El senador republicano Chuck Grassley pidió a la DEA y al FBI la información acerca de caso contra García Luna. Ya sea grabaciones, reportes, notas y otros documentos de la actividad criminal del secretario de Seguridad de Felipe Calderón, así como los archivos que hayan obtenido de su computadora y celular, artículos que le fueron decomisados tras ser detenido en diciembre de 2019.

Con información de Milenio.

Linda Pereyra, esposa del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, había sido incluida por la UIF en la Lista de Personas Bloqueadas desde diciembre de 2019; además, tiene una denuncia ante la FGR por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– El mismo día en que un jurado de Estados Unidos declaró culpable a Genaro García Luna de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.

Es decir, el Tribunal integrado por el presidente Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García González le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.

Linda Cristina Pereyra Gálvez está denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había incluido a Pereyra Gálvez en la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna.

Además, Pereyra Gálvez está demandada ante una Corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de que México rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en una cobertura de SinEmbargo al Aire, vía YouTube, que el viernes pasado un Tribunal Colegiado de Circuito de México revocó la sentencia de juicio de amparo en favor de la esposa de García Luna.

“Ella está en la lista de personas bloqueadas que maneja la UIF como elemento de precaución, de defensa del sistema financiero, para impedir que ciertos sujetos, ya sea personas morales o personas físicas, operan y manejen sus recursos dentro del sistema financiero, es decir, usen dinero ilícito dentro del sistema financiero nacional”, detalló funcionario federal.

Pablo Gómez precisó que Linda Cristina Pereyra está en la lista de personas bloqueadas por lo que manifestó su extrañeza de que el Tribunal de Circuito revocara la sentencia que le negó el amparo y dijera “la justicia de la unión protege y ampara a esta persona”.

“Esa persona está en la banda [de García Luna que exhibió la UIF], fue parte de la banda, no importa que sea la esposa de García Luna, nosotros no operamos en función de parentescos, sino en función de lo que cada quien hace”, señaló.

De igual forma cuestionó que los tribunales protejan a personas que, a su decir, deberían enfrentar a la justicia. “¿Por qué no están en un proceso penal? Bueno, no se ha desarrollado esto, estas personas no están en el territorio nacional, algunos que sí están ya han sido sometidos a proceso, se han abierto estas causas, pero la justicia mexicana no les alcanza, en cambio son exonerados por un Tribunal Colegiado como ocurrió con Cárdenas Palomino, volvió a ocurrir”, refirió.

Gómez Álvarez ahondó que “justo en el momento en el que García Luna, el jefe de la banda es declarado culpable por un jurado de los Estados Unidos a falta de un Tribunal mexicano que lo hiciera como hubiera sido mejor para nuestro país”.

“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó.

Pablo Gómez dijo que los fiscales “han demostrado una lentitud exasperante” y señaló que esto es “un boleto para operar libremente, sin ningún obstáculo en el sistema financiero nacional que es lo que impide estar en la lista de las personas bloqueadas”.

“El punto aquí es que junto con García Luna, ella y 10 personas más están denunciadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por delitos de corrupción, por asociación delictuosa, por todos los delitos que cometieron, el dinero que está en Florida es dinero que procede del pueblo de México, no les cayó del cielo, incluso ella se ha acercado a los abogados del gobierno de México en el proceso civil a intentar un acuerdo económico, yo no voy a aceptar eso, que se lleve a cabo el proceso civil y a ver qué recupera México”, destacó el funcionario federal.

Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue la única persona en testificar a favor del funcionario durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El pasado 14 de febrero, subió al estrado para explicar de dónde viene la riqueza del exfuncionario.

“La esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereyra, actualmente está declarando por la defensa”, informó Keegan Hamilton, quien cubre el juicio para Vice News.

A través de su cuenta de Twitter, detalló que la mujer “ha estado explicando metódicamente al jurado cómo compraron todas sus propiedades y vehículos en México con ahorros y/o préstamos”, algo que el periodista consideró “aburrido, pero efectivo”.

Jesús García, periodista del diario La Opinión de Los Ángeles y quien cubre el juicio contra el exsecretario desde Nueva York, explicó que este día la defensa cuestionó a Linda Cristina Pereyra sobre bienes entre 1994 y 2008 y ella respondió de manera lógica en cuanto a la compra-venta de casas y negocios.

“La Fiscal Erin Reid cuestionó ciertas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los García Luna, pero Pereyra señaló que hubo ajustes posteriores”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter en donde también precisó que la Fiscal quiso preguntar sobre la vivienda de 3.7 millones de dólares en Miami, pero el Juez aceptó la objeción de la defensa al no entrar en el periodo de acusaciones (2001-2012).

“Aunque los fiscales hicieron un buen cierre con ‘El Rey’ Zambada, la defensa logró justificar los ingresos y bienes de los García Luna con poco margen para los fiscales. Mañana el cierre de ambas partes”, añadió.

En tanto, Nadia Sanders, quien ha seguido de cerca el juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, narró que ella y el exfuncionario comenzaron con “un departamentito en Xochimilco que después vendieron y se compraron un terrenito para hacer una casa”.

Según lo que ha compartido la periodista, “ella se hizo de una papelería en 1998 y en 2000 compraron una casa en Jiutepec, Morelos, principalmente para que descansara ahí sus suegros”.

“El caso es que Cristina Pereyra está dando una reseña de cómo compraron y vendieron propiedades con créditos bancarios más los bonos de su esposo”, aseguró en un hilo de Twitter.

SinEmbargo

La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indaga desde octubre de 2021 un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021. La dependencia presentó una denuncia ante la FGR, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, cuenta con los elementos suficientes para judicializar el caso del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Gómez Álvarez destacó que a diferencia del pasado mes de julio, fecha en la que se abrió la carpeta de investigación en contra del exmandatario mexicano, ahora la FGR cuenta con más información no solo de sus años como Presidente, sino también de su gestión Gobernador del Estado de México (2005-2011).

“Hoy sabemos más del asunto de Peña Nieto y no solamente del tiempo en el que fue Presidente, sino del tiempo que fue Gobernador. Hoy tenemos un conocimiento mayor de cómo se hicieron las cosas, de cómo se operó, de cómo se realizó no solamente el delito que nosotros investigamos que son operaciones con recursos de procedencia ilícita sino también peculado, todos los delitos predicados de lavado de dinero que eso es lo que nosotros hacemos”.

A pregunta expresa de si existe la posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto sea encarcelado, el titular de la UIF indicó que no puede asegurar nada, pues el papel de la UIF, instancia que encabeza, no es la de actuar como Ministerio Público ni como Juez.

“Nuestro punto de vista no es más que un punto de vista, no pretendemos ser quienes toman esas decisiones y respetamos la esfera de competencia del Ministerio Público. […] El Ministerio Público lo sabe y no solamente sabe lo que nosotros le decimos, sabe lo que ellos investigan por su lado que tiene que ver con otras cosas. Yo estoy a la espera de que el Ministerio Público integre todo esto y ya tiene suficientes elementos para pedirle a un Juez que le conceda una audiencia de imputación, ese es el inicio de todo proceso de carácter judicial”.

El titular de la UIF indicó descartó que Peña Nieto haya sido citado a declarar y recordó que desde mayo de 2022 el político mexiquense vive en España con un permiso migratorio conocido como “‘golden visa”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista, según ha revelado el diario español El País.

“No creo que lo haya citado a declarar ningún Tribunal, ni siquiera el Ministerio Público. Nosotros sabemos donde vive este señor, no es el único expresidente que ha cambiado domicilio”, expresó Pablo Gómez.

El 7 de julio de 2022, la UIF informó que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. La denuncia fue presentada por la dependencia y la FGR abrió una carpeta de investigación.

La UIF detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España. También detectó que era accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.

La UIF, frente a la cual está por Pablo Gómez, indaga las operaciones desde octubre de 2021 y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

Ante los señalamientos, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

Posteriormente, el pasado 2 de agosto, la Fiscalía General de la República informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

La institución encabezada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó en un comunicado que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judiacialice el caso en los próximos meses, detalló. Pero no se ha dicho más del tema.

Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales, hacendarios y fiscales. A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.

Pero mientras apenas se sabe de las investigaciones en curso, Enrique Peña Nieto continúa en España con una vida de lujos, sin ser requerido por las autoridades mexicanas a las que se las ha exigido que los señalamientos no queden impunes.

“GARCÍA LUNA, EJEMPLIFICA ESTADO CORRUPTO”

La mañana de este jueves, Pablo Gómez denunció que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, que actualmente enfrenta un juicio en su contra en Estados Unidos por su supuesta relación con grupos del crimen organizado, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.

El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.

De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.

A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.

Al respecto, Pablo Gómez indicó que estas operaciones fueron posibles gracias al Estado de corrupción que imperó en México durante muchos años, en específico, dijo, durante los gobiernos de los llamados partidos de oposición, el PRI y el PAN.

“Es un sistema de corrupción de los varios que existieron durante ese periodo que se construyeron en el país dentro de un esquema que desde el punto de vista interpretativo es un fenómeno difícilmente visto en otros países. El Estado corrupto es aquel donde la corrupción se constituye como uno los pilares de la gobernanza, que es una cosa continua, sistemática en el cual la corrupción se convierte en parte de una forma de gobernar”.

El titular de la UIF detalló que la oposición, la misma que critica al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyó a que la corrupción se expandiera y convirtiera en parte del mismo Estado durante los años que estuvo en el poder.

“Lo interesante de nuestro fenómeno político es que la oposición que durante 40 años había estado luchando contra la corrupción, según decía, lo asumió a plenitud, no solo lo asumió, lo reprodujo y lo expandió. Lo que hoy tenemos con el estudio de estas tramas de corrupción es eso, un nuevo partido que había sido víctima de fraudes electorales, se convierte en un sostenedor, impulsor, como lo quieran llamar del mismo Estado corrupto. El fenómeno es digno de tomarse en cuenta, es una transición perturbada hacia la democracia. La alternancia no es por sí misma democracia”.

Respecto al estado en que se encuentran las denuncias presentadas por la UIF en contra de García Luna en 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Pablo Gómez explicó que la dependencia que encabeza ya cumplió con su parte de presentar toda la información correspondiente ante la FGR y ahora corresponde a esta dependencia seguir el proceso.

“El Ministerio Público tiene toda la información y está la denuncia presentada por la UIF, el Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo porque la UIF no es policía, no es una agencia de investigación criminal. Nosotros proveemos de información a las entidades públicas que las necesitan para el ejercicio de sus facultades constitucionales, pero lo que no podemos hacer es sustituir a esas instituciones en el ejercicio de facultades que están concedidas a ellas mismas. Nosotros lo que hacemos es aproximamos al conocimiento de los hechos, de la verdad y darle ese conocimiento a la autoridad para que actúe y procure justicia, nosotros no podemos procurar justicia, lo más que podemos hacer es clamar justicia”.

Pablo Gómez detalló que en México el delito de lavado de dinero no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, por ende, dijo, el trabajo de esta dependencia es de suma importancia.

“Estamos en un dialogo con el Ministerio Público toda la vida, estamos planeando acción ministerial en el sentido que estamos haciendo las denuncias. La UIF tiene una peculiaridad mexicana, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, no se puede llevar a juicio a ninguna persona por operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces el valor de las denuncias de la UIF es muy grande”.

Finalmente, el funcionario expresó su confianza porque la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero acelere el proceso para poder presentar imputaciones contra García Luna.

“Ir al fondo lo más rápido posible. Hace un par de mese, hace poco. Claro, la denuncia de la UIF ya tiene su tiempo […] Yo espero que las cosas empiecen a correr más rápido, que los elementos con los que pueda contar el Ministerio Público sean consolidados todos ellos a efecto de poder presentar imputaciones contra García Luna. Como no es una cosa urgente desde el punto de vista del manejo de los procesos, a un diversos proceso penal entonces evidentemente la autoridad que hace la investigación en México no corre ninguna prisa, por más que pueda acelerarlo un juez podría ordenar una tercer aprehensión en contra de García Luna que no tendría una consecuencia porque él no está al alcance del Estado mexicano”.

Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, informó que están involucrados 745 millones 879 mil 384 dólares que se litiga en un juzgado de Florida.

Durante la conferencia presidencial, Gómez dijo que bajo auspicia de este conglomerado de empresas familiares se obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas mediante lo cual obtuvieron estos recursos los cuales se trasladaron a paraísos fiscales del Caribe, especialmente Barbados para triangularlos posteriormente hacia Miami. Entre los coacusados se encuentra también la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; Samuel Weinberg López; Jonhatan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg.

Gómez detalló que estos recursos extraídos ilícitamente al erario mexicano fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos” como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de estos recursos.

Explicó que la UIF identificó la red de corrupción de García Luna y sus familiares y empresas, a partir de una transferencia de una de estas firmas a García Luna por monto de diez millones de dólares y presentó una denuncia en el Tribunal undécimo circuito judicial en Florida para resarcir el daño generado.

Mediante esta denuncia, al avanzar el proceso se involucraron en el juicio algunos bienes inmuebles que fueron vendidos previamente pero que forman parte del proceso para seguir la trama de lavado de dinero. Entre ellos se encuentran vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades

Gómez dijo que en México existen procesos penales que siguen su curso, que abarca peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezados por García Luna durante 20 años. Incluyendo dentro de estos, los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público.

El funcionario explicó que el gobierno mexicano ha bloqueado cuentas de García Luna por un monto de 29 millones de dólares, producto de esta trama de corrupción, pero en la mayor parte las empresas y las personas involucradas prácticamente no tenían recursos en cuentas dentro del sistema financiero mexicano.

Detalló que hay diez empresas ligadas a García Luna que tienen cuentas bloqueadas en México por un monto de apenas 4.5 millones de pesos, pero que evidencian la trama de cómo se llevaban el dinero a Barbados y a Florida.

También hay en lo individual una serie de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción por montos de algunos millones de pesos pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México. «Quiero dejar este asunto, estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de García Luna y empresas con el propósito que se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo», dijo.

La Jornada

Una empresa como Petróleos Mexicanos (PEMEX), tan importante, trascendente y necesaria en nuestro país requiere que todo el gobierno apoye siempre en su vigilancia para evitar un mal uso de los recursos, dijo Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la firma de un convenio con autoridades de la petrolera.

En la Torre Corporativa de PEMEX, tuvo lugar la firma de este convenio de colaboración que permitirá el intercambio de información con la autoridad fiscal.

“Estamos en la mejor disposición de compartir absolutamente toda la información que se requiera, ponerla a disposición de la UIF, porque todavía quedan cosas que resolver. Vamos a firmar este convenio de intercambio de información y colaboración en todos los ámbitos, algo que se venía haciendo de manera informal y ahora será de manera oficial”, aseveró Octavio Romero Oropeza, director general de PEMEX.

Dijo que al interior de PEMEX hay un avance en la lucha contra la corrupción y aseveró que “no tienen nada que ocultar”, pues los mecanismos de transparencia que ha implementado la administración actual han dado resultados positivos.

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Como parte de las herramientas para transparentar su información, la petrolera ha hecho públicos todos sus contratos con proveedores, sus deudas con éstos, así como la implementación de mecanismos digitales para que sus trabajadores realicen trámites sin necesidad de intermediarios.

“La transparencia funciona y estamos convencidos de que hay que combatir la corrupción en todas sus modalidades. (…) En PEMEX no hay ningún tema que no se pueda tratar, no hay información secreta, todo lo que se requiera está a disposición de la UIF”, destacó.

Por su parte, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, comentó que el rescate que se inició en la petrolera mexicana durará y que el proyecto al servicio de la patria es vigente, pues supone utilizar los beneficios comunes para los beneficios comunes, por lo que si bien este convenio fortalecerá la transparencia y la lucha contra la corrupción en PEMEX, es necesario que todo el gobierno se involucre.

“Nuestro convenio tiende a continuar con una colaboración que es muy importante porque en otro orden, pero junto con todo, PEMEX ha sido víctima de una cantidad de atracos impresionantes y requiere que todo el gobierno en su conjunto apoye siempre en la vigilancia”, destacó Gómez Álvarez.

La Hoguera

De enero a mayo de este 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez, recibió de entidades financieras, principalmente bancos, 115 mil 139 reportes de operaciones inusuales de clientes que hicieron movimientos que no corresponden a su comportamiento habitual.

En esos cinco meses, la cantidad ya es igual a la mitad de los 230 mil 438 casos que se registraron en todo 2021.

Además, se emitieron 279 reportes de inteligencia, por operaciones preocupantes que involucran a directivos, funcionarios o empleados de instituciones financieras.

La UIF también revela que las instituciones financieras, transmisores de dinero y centros cambiarios generaron 4.6 millones de reportes relevantes por operaciones hechas por clientes con billetes o monedas naciones o extranjeras, cheques de viajero, de platino, oro o plata superiores o equivalentes a 7 mil 500 dólares.

Lo anterior sin importar si son o no sospechosas de lavado de dinero.

Los reportes por operaciones por un monto superior o igual a 500 dólares en efectivo de clientes de instituciones financieras, de mil dólares de clientes de centros cambiarios y de usuarios por una suma igual o mayor a 250 dólares fueron 2.7 millones.

Contra desvío y corrupción

El desvío de recursos, la corrupción y la emisión de facturas para simular operaciones son los principales delitos en las denuncias que presentó la UIF entre enero y mayo de 2022.

De las 45 demandas penales que se interpusieron en ese periodo ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 se deben a desvíos de recursos, en donde se involucra a 100 personas; siete contra facturemos, cinco por corrupción contra 38 individuos y una más por corrupción y peculado, donde hay 13 sujetos implicados.

También hay una demanda por enriquecimiento ilícito contra 12 presuntos culpables, así como una denuncia por peculado que involucra a 35 sujetos, así como una por divulgación de información contra quien resulte responsable.

Por pesca ilegal y contrabando, existe una denuncia en contra de tres personas. Según la información, en esas demandas están involucrados 285 sujetos, de los cuales 95 corresponden a un solo mes, es decir, mayo pasado.

También en esos primeros cinco meses, se emitieron ocho acuerdos de bloqueo contra 51 sujetos, lo que implicó el congelamiento de 334 cuentas por un total de poco más de 26 millones de pesos.

Actividades vulnerables

De igual forma, la UIF recibió 4.9 millones de avisos de enero a mayo por información enviada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero.

De dicho total, las empresas de traslado o custodia de dinero o valores generaron 2.7 millones de avisos, mientras que las que se dedican a servicio de vehículos aéreos, marítimos o terrestres dieron origen a 458 mil 869.

Por su parte, las operadoras de tarjetas de servicios o de crédito enviaron 650 mil 386 avisos al SAT, como lo determina la Ley Antilavado para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También generaron 91 mil 549 avisos por casinos y casas de apuestas, mientras que las operaciones con monedas virtuales emitieron mil 446.

Las donatarias reportaron 6 mil 700 informes por donativos recibidos y los fedatarios públicos enviaron a las autoridades 23 mil 749 reportes.

Polemón

Por Daniela Barragán.

La UIF habla de millones de pesos y las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto solo de miles. Ambos datos contrastan y ponen en evidencia que el expresidente pasó seis años sin reportar todos sus ingresos y sus posibles conflictos de interés.

Ciudad de México, 8 de julio.- Era el año 2015 y el impulso con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a Los Pinos se desvanecía. La razón: desde varios frentes salieron señalamientos de corrupción contra el Presidente Enrique Peña Nieto. Uno de los más graves fue por tener un posible conflicto de interés con Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el supuesto patrocinador de la llamada “Casa Blanca”.

Derivado de ese episodio, desde el Gobierno federal se puso énfasis en la transparencia de las declaraciones patrimoniales, ese documento que todo funcionario público debe presentar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que permite determinar irregularidades en el crecimiento del patrimonio, pero también para poner sobre aviso los posibles conflictos de interés, que son las relaciones que pueden influenciar sus decisiones como servidores.

En ese entonces, Peña Nieto incluso llamó a su amigo Virgilio Andrade para investigarlo y dirigir la SFP. Éste concluyó que nunca existió un conflicto de intereses y que en las declaraciones de Peña Nieto no había anomalía ninguna.

A pesar de todo el revuelo que provocó ese episodio, Enrique Peña Nieto mantuvo la secrecía en sus declaraciones patrimoniales. Ahora contrasta la opacidad con la información que posee la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con el nivel de vida que ha llevado luego de terminar su administración.

El origen de la riqueza de Enrique Peña Nieto no se puede esclarecer con lo que reportó cuando ocupó la Presidencia de México (2012-2018). El día de ayer, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que Peña Nieto, un político que viene de la clase media mexicana y que sólo tuvo empleos en la burocracia, obtuvo beneficios económicos a través de un esquema en el que recibió —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España.

En ninguna de sus declaraciones patrimoniales que ingresó como Presidente informó su relación con dos empresas de las que, según informó UIF, ha sacado los millones con los que ha vivido en España, su actual lugar de residencia en donde cuenta con un “visado dorado”. Esto dio origen a una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Este último dato dado a conocer por El País, fue uno de los que más dudas levantó, ya que para obtener un permiso de ese nivel se requiere ser un inversor que destina al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.

Las declaraciones dan pocas pistas pero hablan de ingresos que no rebasan los 3 millones de pesos anuales. En 2013, la primera declaración patrimonial y de intereses que presentó Enrique Peña Nieto dio información sobre su escolaridad, su experiencia laboral y sus ingresos, que en ese momento eran de 238 mil 205 pesos mensuales derivados de su cargo público (193 mil 478 pesos) y “otros” (12 mil 227 pesos).

En ese momento reportó cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento, obtenidos la mayoría por herencia y donación; solo dos adquiridos de contado. Por último informó de bienes inmuebles por 6 millones 900 mil pesos entre joyería, obra de arte y menaje de casas.

A mediados de ese año presentó otra declaración en la que hubo cambios de sus ingresos, al pasar a los 452 mil 713 pesos anuales derivados de su cargo público (240 mil 234 pesos), por actividad financiera (65 mil 756 pesos) y “otras” actividades (146 mil 723 pesos).

En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.

En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.

En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.

En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.

En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.

En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.

De acuerdo con la UIF, el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras.

SinEmbargo identificó con base a los contratos contenidos en Compranet, la plataforma en la que se publican todas las compras gubernamentales, que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que beneficiaron al expresidente priista.

No obstante, desde que dejó la Presidencia su estilo de vida ha llamado la atención, sobre todo por los viajes que ha hecho a lo largo del mundo y por las recientes revelaciones que hizo el diario El País de su estancia en un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua y de la adquisición en 2020 de un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileño de Chamberí.

De acuerdo con fotos y videos difundidos en los últimos años a través de redes sociales, Peña Nieto ha disfrutado de bodas, fiestas y cenas tanto en Nueva York, Estados Unidos, como en Roma, República Dominicana y México.

Aunque frenó sus apariciones públicas en México desde que dejó su cargo como Presidente en 2018, pero ha sido gracias a las fotografías que difunde en redes Tania Ruiz y a imágenes publicadas por internautas que se ha sabido de los lugares que visita.

Ahora, con la reportado por la UIF, las autoridades han dado una posible explicación sobre el financiamiento de este estilo de vida, un esquema millonario irregular, que implica a empresas que obtuvieron contratos durante a su Gobierno, y sobre el cual no hay un rastro en su declaración patrimonial.