En medio de la agitación política en Coahuila, se ha desatado una controversia sobre las acusaciones falsas dirigidas hacia Morena, partido político, respecto al reciente plantón en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) relacionado con la elección de rector.

Las autoridades estatales han estado bajo el escrutinio público después de que medios oficiales fueran señalados de llevar a cabo labores de inteligencia para el gobierno de Manolo Jiménez, al parecer con el propósito de señalar presuntos implicados en la organización del plantón en la UA de C.

Desde el lado de Morena, se ha rechazado categóricamente cualquier participación en los eventos que llevaron al plantón en la universidad. Se ha insistido en que las acusaciones son infundadas y forman parte de una estrategia de desprestigio por parte de los sectores políticos opuestos.

Los medios oficiales, por su parte, han sido objeto de críticas por su supuesta parcialidad y por su papel en la propagación de información que podría tener motivaciones políticas. Se ha solicitado una investigación imparcial para determinar si realmente han estado involucrados en actividades de inteligencia en nombre del gobierno estatal.

Mientras tanto, la comunidad universitaria de la UA de C ha expresado su preocupación por la politización de la situación, destacando la importancia de mantener la autonomía universitaria y el respeto por los procesos democráticos internos en la elección de su rector.

Ante la creciente tensión y la polarización política, se espera que las autoridades competentes tomen medidas para esclarecer los hechos y restablecer la confianza en las instituciones gubernamentales y en los medios de comunicación.

Diego del bosque, presidente de Morena Coahuila declara lo siguiente

Hacen un llamado al diálogo

Hacemos un llamado al diálogo y la prudencia en el conflicto de la UAdeC y reafirmamos, morena no está detrás de las protestas estudiantiles. ¡Dejen de mentir!

Diego del Bosque

Editor

Por Miguel Ángel Ferrer

esde las primeras décadas del siglo veinte empezaron a tomar cuerpo una teoría y una práctica económicas que recibieron el nombre de Estado de Bienestar. Históricamente los primeros y máximos exponentes de estas dos nuevas ideas fueron los llamados países nórdicos.

Curiosamente, el nacimiento de esta novedosa forma de mirar la economía coincidió con los aires socialistas y revolucionarios que empezaron a soplar en el mundo, y sobre todo en Europa, a raíz del triunfo de la revolución bolchevique.

Se trató de un enfoque destinado a evitar el contagio de las ideas colectivistas entre las masas populares. Y también de mostrar que el capitalismo podía ser menos feroz, menos inequitativo, menos inhumano.

Las bases del desarrollo de esa original idea fueron la salud y la educación públicas, es decir, gratuitas. Un poco más tarde se adicionó el llamado seguro de desempleo, que protegía a los trabajadores del mayor flagelo del capitalismo que es la desocupación.

El ejemplo escandinavo se propagó velozmente. Y tuvo su mayor auge en la segunda posguerra mundial, hasta los años ochenta en que surgió la llamada contrarrevolución monetarista, igualmente denominada neoliberalismo.

Desde luego, la nueva doctrina que prometía mayor prosperidad e igualitarismo sólo consiguió lo contrario, sobre todo en materia de empleo, situación que dio lugar a una nueva idea que proponía y propone una política económica para paliar los renacidos infernales efectos del capitalismo en la inmensa mayoría de la población humana.

 Esta teoría económica, también renacida, es el antiguo Estado de Bienestar nórdico o escandinavo, con un nuevo componente: la renta básica universal: una asignación monetaria directa, sin contraprestación alguna, para todos los habitantes de un país.

A partir de la victoria electoral de López Obrador en diciembre de 2018, el gobierno mexicano abandonó la política económica neoliberal y adoptó la teoría y la práctica del Estado de Bienestar. 

Se reforzaron la salud y la educación públicas y otras modalidades de intervención estatal y beneficio popular. Entre estas últimas se encuentra la pensión básica universal para los adultos mayores de 65 años y las becas a estudiantes, discapacitados y madres solas.

Estas asignaciones son crecientes en monto y en número de beneficiarios, por lo que puede afirmarse que el obradorismo y la Cuarta Transformación (4T) mexicana es el inicio de la cristalización de la práctica de la Renta Básica Universal, y con ello, de un avance descomunal del Estado de Bienestar.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto al descubierto una serie de irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2022, ascendiendo a 628 millones de pesos en el Gasto Federal sin aclarar por parte de Coahuila. Alarmantemente, casi el 98% de estas irregularidades recae sobre la Universidad Autónoma de Coahuila.

El reciente informe de la ASF destaca a Coahuila como una entidad con señalamientos significativos por malos manejos de recursos públicos durante el año pasado. En la revisión 722, las autoridades de la ASF han señalado a la Universidad Autónoma de Coahuila por la falta de documentación justificativa y comprobatoria en el gasto de Participaciones Federales y Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, sumando 224.4 millones de pesos.

Adicionalmente, la Universidad realizó pagos por 368.8 millones a 2,130 empleados con múltiples puestos de trabajo y 3.3 millones a 22 trabajadores que solicitaron licencias con goce de sueldo.

La ASF, en auditorías realizadas desde 2016 hasta 2022, ha revelado un panorama cuestionable sobre la transparencia y rendición de cuentas de la máxima casa de estudios. Las observaciones, relacionadas principalmente con la falta de documentación y transparencia en la gestión de recursos, han arrojado dudas sobre la administración financiera de la universidad.

Estas irregularidades, sumadas a la ineficacia en la gestión de recursos, han minado la confianza en la institución educativa. La Universidad Autónoma de Coahuila se enfrenta no solo a la posible pérdida de recursos, sino también a una amenaza para su reputación y la confianza de sus estudiantes y la comunidad en general.

Los resultados de la ASF subrayan la urgencia de abordar la transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en el uso de recursos en la Universidad. La falta de transparencia en los procesos de adquisición y documentación de gastos plantea cuestionamientos persistentes sobre el manejo de los recursos públicos y la eficiencia en la gestión financiera.

Este escándalo ha generado indignación y llamados a una investigación completa para esclarecer las irregularidades en el manejo de los recursos de la UAdeC.

La corrupción en la UAdeC no es nueva, se remonta a décadas anteriores, lo que ha llevado a la institución a una crisis económica.

El escándalo destapa una historia de corrupción arraigada en la UAdeC, y a medida que se desarrolla la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre cómo la universidad ha sido utilizada para el enriquecimiento de unos cuantos políticos a lo largo de los años.

La corrupción en la UAdeC se ha institucionalizado durante décadas: desvíos de recursos, funcionarios universitarios implicados, directores de escuelas y facultades comprometidos, y saqueos perpetrados por gobernadores en turno han marcado la historia de la universidad desde el siglo pasado.

UAdeC, la caja chica de gobernadores

En lugar de ser un centro de excelencia académica, la UAdeC ha sido utilizada como un botín económico y político. Sin ir tan lejos, está el caso del exgobernador Humberto Moreira Valdés, quien convirtió la UAdeC en su caja chica con la colaboración de Héctor Javier Villarreal Hernández, su entonces Secretario de Finanzas (y que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por malversación de fondos) exigía cuantías millonarias a los rectores en nombre del gobernador.

Además, la crisis económica actual de la UAdeC se agrava por una enorme nómina de «aviadores» y funcionarios que cobran sin trabajar. El tesorero, Jorge Alanís Canales, estima que se requerirán 420 millones de pesos este año solo para el pago de pensiones. La práctica de insertar a amigos en la nómina de la universidad por parte de gobernadores ha perdurado a través de diversas administraciones estatales.

A pesar de un presupuesto anual considerable de 3 mil 626 millones de pesos, comparable al de los municipios de Saltillo, la UAdeC arroja modestos resultados académicos. El actual rector, Salvador Hernández Vélez, ha intentado desviar la atención con inventados rankings positivos, pero la realidad detrás de la situación es innegable.

Para que la corrupción en la UAdeC llegue a su fin y la institución pueda enfocarse en sus funciones fundamentales como la formación de profesionistas, la academia, el pensamiento crítico, la cultura y la investigación al servicio del pueblo trabajador, es necesaria la organización democrática e independiente de estudiantes, profesores y trabajadores, para exigir que sea la comunidad universitaria la que maneje la administración de los recursos públicos.

La politiquería de los grupúsculos priistas debe ser rechazada y enfrentada con la movilización en las calles y la unidad entre estudiantes y trabajadores, reconociendo que la corrupción es un lastre para el desarrollo de toda la comunidad escolar.

Diario La Izquierda

Durante la décima sexta Sesión del Segundo Período Ordinario del Congreso del Estado de Coahuila, la Diputada de morena, Lizbeth Ogazón, presentó una proposición con punto de acuerdo, con motivo de enviar un atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado para que ejerza estricta vigilancia y puntual seguimiento al enriquecimiento desmedido de funcionarios y ex funcionarios de la UADEC.

La Coordinadora de la bancada de morena, señaló que que ex rectores de la UAdeC ocupan cargos públicos gracias a su abierta simpatía al PRI, tales como Jesús Ochoa Galindo, quien fue Secretario de Educación y José María Fraustro Siller, quien fue diputado local, presidente de la Junta de Gobierno, Secretario de Gobierno y hoy Alcalde de Saltillo.

 “De verdad la autonomía universitaria aún existe? Elecciones a rector con candidatos únicos, candidatos que encubren al anterior y se sirven de todo lo que encuentran al llegar. La UAdeC es una extensión más de puestos para gente que sirve en la política estatal. ¿Qué encuentran al llegar a esta rectoría?” Cuestionó.

Aunado a lo anterior, la legisladora de morena informó que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) hizo supuestos pagos indebidos y en exceso a sus trabajadores ─algunos ya fallecidos─ por más de 700 millones de pesos que no han sido aclarados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que fueron considerados como un presunto daño patrimonial a la Hacienda pública federal, Ogazón señaló que así lo revela el informe de la auditoría practicada a dicha institución como parte de la revisión a los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales, que forma parte de la segunda entrega de informes de la ASF a la Cuenta Pública 2021.

“Aunque en el informe general de la ASF se menciona que la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un monto pendiente por aclarar de 693 millones 282 mil pesos, en el detalle del informe individual, los ocho pliegos de observaciones emitidos suman un total de 738 millones 281 mil 996.03 pesos de probable daño patrimonial a las finanzas federales. Esos recursos federales de los que no se encontró documentación que comprobara su buen uso forman parte de un gran total de 2 mil 625 millones de pesos transferidos por convenios firmados entre el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza y la Universidad” expuso.

En ese sentido, la Diputada Lizbeth Ogazón recalcó que otros 133 millones 530 mil pesos se identificaron en los registros contables como “no pagados” y aunque no se encontró que hayan sido gastados en algún concepto en específico, tampoco se encontró que hayan sido regresados a la Tesorería de la Federación. “Curiosamente “se pierden” millones en la UAdeC mientras sus funcionarios de alto mando se enriquecen cada día más. En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas, y aún así pide se le otorgue dinero para pagar lo que le debe a sus trabajadores y pensionados. Las administraciones corruptas que anteponen los intereses partidistas a las necesidades estudiantiles tienen sumida a la universidad en una crisis financiera sin precedentes, lo cual se traduce en aumento de cuotas, recortes presupuestales en infraestructura y becas (académicas y deportivas), despidos, retraso en los pagos a pensionados, investigadores y docentes, falta de apoyos a servicios y programas educativos y lo que viene” finalizó.

¡Vamos por la alternancia!

Lizbeth Ogazón

Diputada

#YoLegisloPorCoahuila

El Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez es señalado por académicos y alumnos luego de obligar a la comunidad universitaria a asistir a un acto proselitista del aspirante del PRI al gobierno de Coahuila Manolo Jiménez, en Torreón.

La Universidad es una institución educativa que, de acuerdo a sus estatutos, debe permanecer ajena a cualquier partido político o candidato. El Rector asistió y acarreó jóvenes universitarios a un evento que pone a la máxima casa de estudios en Coahuila a las órdenes del PRI, denunciaron.

Ante esto, cientos de estudiantes y maestros se manifestaron inconformes con tal acción y denunciaron a Hernández Velez llamándolo “cacique represor por pretender presionar a quienes no apoyan a su candidato Manolo Jimenez” y anunciaron una manifestación en Rectoría y en la SEP en Ciudad de México a efecto de que se audite a la administración de Hernández Vélez, ya que, denuncian desvío de recursos para organizar eventos en favor del candidato tricolor.

“No debemos manchar la Universidad de colores partidistas” enfatizaron los estudiantes y maestros que prefieren guardar el anonimato por temor a las represalias de la administración de Hernández en la UAC.

La Censura

Por: La Redacción/ Agencias

Ante el colapso de sus finanzas y los análisis financieros que hacen prever problemas sumamente delicados al mediano y largo plazo, la UAdeC ha emprendido una restructuración de su gasto, el cual incluye la eliminación de graves anomalías en sus nóminas, el recorte drástico de cientos de plazas eventuales en sus tres hospitales y la revisión a fondo de su sistema de pensiones, que enfrenta, a la fecha, un enorme déficit de 440 millones de pesos, que se incrementarán hasta 750 millones de pesos para el 2028, antes de comenzar a descender.

En lo que es un hecho completamente inédito, el propio rector, Salvador Hernández Vélez, ha dado a conocer a la prensa, de forma personal, todo un entramado de graves anomalías en la muy extensa nómina universitaria, especificando detalladamente cifras e inclusive proporcionando nombres y ubicación de quienes cobran dobles plazas, al cobrar hasta 40 horas semanales en la UAdeC y ocupar, al mismo tiempo, plazas de tiempo completo en otras instituciones públicas.

El problema expuesto es masivo y tiene graves implicaciones, inclusive de carácter legal, además de representar un daño patrimonial a la universidad por al menos 39 millones de pesos mensuales, sólo en lo referente a la nómina.

Es muy delicado el porqué esta situación no se dio a conocer y se tomaron medidas drásticas sino hasta que ha hecho crisis financiera la institución, cuando el problema viene de varias administraciones anteriores.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el rector, se han detectado 1,736 empleados internos con más de una plaza en la UAdeC, de los cuales 449 tienen asignadas 40 horas semanales o más, mientras que 1,287 tiene una segunda plaza con menos de 40 horas.

Con base en lo anterior se desprende que 449 empleados que ya tienen una plaza de 40 horas en la universidad desempeñan otro cargo adicional de tiempo completo, lo cual es imposible en términos laborales y representa una grave anomalía.

Personas como el propio Secretario General de la Universidad, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, quien tiene una plaza de tiempo completo en Ateneo Fuente, pero demás se desempeña como alto funcionario, lo que le permite un ingreso de hasta 117 mil pesos mensuales, más el paquete de prestaciones.

Los restantes 1,287 empleados ocupan un cargo de tiempo completo en la universidad, pero al mismo tiempo tienen una plaza de docencia con menos de 40 horas, lo cual es posible en términos laborales siempre y cuando el desempeño docente sea fuera de su jornada ordinaria, que concluye a las 3 de la tarde, de lunes a viernes.

Pero hay 610 empleados con plaza de hasta 40 horas en la universidad que externamente tienen un trabajo o plaza de tiempo completo, los que están repartidos en 57 instituciones públicas diferentes, de acuerdo a la investigación que ha realizado la propia universidad.

La ubicación precisa sería la siguiente: 275 en organismos descentralizados del gobierno del estado; 211 en el poder ejecutivo, legislativo y judicial; 59 en los gobiernos municipales; 34 en organismos autónomos; 23 en el sector salud; 10 en organismos públicos descentralizados municipales y 1 en el sistema de agua, para el total de 610.

Una de las formas para disimular la doble plaza, es que en la UAdeC tienen asignadas hasta 40 horas, pero éstas se “distribuyen” en clases frente a grupo, otra parte en “asesoramiento” y otra en “investigación”, por hacer referencia a un esquema muy común.

En los casos de dobles plazas de hasta 40 horas o más, la percepción puede alcanzar hasta los 35 mil 605 pesos más prestaciones, mientras que en dobles plazas de menos de 40 horas la percepción es muy variable, pero se estima que en promedio alcanza los 10 mil 934 pesos, sin considerar en ambos casos las prestaciones.

Además de la pérdida de la universidad al pagar una doble plaza, lo que genera ya un daño económico muy importante, los titulares de estas plazas, aun cuando estén trabajando para otra institución, están generando antigüedad, que les permitirá en un futuro de mediano plazo el jubilarse, lo que repercute en el déficit de pensiones, volviendo más grave el problema.

Para enfatizar en la limpia que está emprendiendo la actual administración universitaria, se han proporcionado inclusive nombres de altos funcionarios que están incurriendo en la doble plaza, como es el caso de los magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María del Carmen Galván Téllez, Luis Efraín Ríos Vega y Juan José Yánez Arreola.

Hay otros casos muy notorios como el de Irene Spigno, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso de jueces y magistrados la lista es mucho más extensa, todos ellos con plazas como docentes de tiempo completo en facultades de jurisprudencia u otras escuelas y facultades.

Todo esto ha sido posible debido a favores, vicios de corrupción muy añejos y a “negociaciones” en los procesos políticos-electorales internos de la universidad, donde se piden plazas de tiempo completo a cambio de no presentarse como candidatos opositores o agitar políticamente en escuelas y facultades, contra otros candidatos preferidos por las familias o camarillas que controlan dichas facultades o escuelas.

La nómina se había convertido en el principal instrumento de corrupción política, inclusive Hernández Vélez cita el caso específico de una persona de nombre Homero Walsh, en la Unidad Torreón, que amagaba con postularse como candidato a rector, pero le ofrecieron una plaza de tiempo completo, en calidad de “aviador”, sin tener que presentarse a trabajar y retiró su posible postulación.

Además de la eliminación de las dobles plazas y de plazas que sin ser de 40 horas no se justifican, se ha decidido disminuir hasta en un 10% los sueldos de los funcionarios universitarios, con el propósito de realizar una disminución del gasto.

Paralelamente a las irregularidades y los “arreglos” políticos, la UAdeC arrastra una política de burocratización, por la cual se fue incrementado cada vez más el número de empleados administrativos y de cargos que no están relacionados directamente con la docencia, por lo que ahora es necesario adelgazar esa burocracia, con lo cual también se podrá disminuir el problema de pensiones en el mediano y largo plazo.

EL PROBLEMA DE PENSIONES

Según lo ha expuesto Salvador Hernández Vélez, el sistema de pensiones de la universidad enfrenta actualmente un pasivo de 440 millones de pesos, pero ascenderá hasta 750 millones para el año de 2028 antes de comenzar a descender, de acuerdo a las proyecciones financieras, lo que se origina por la jubilación de una gran cantidad de empleados, pero principalmente en la eliminación de ingresos que provenían del gobierno federal.

Hasta 2018, el gobierno federal aportaba al gasto de pensiones de las universidades, a través de la partida denominada como U081, pero esta ha sido eliminada, con lo cual la universidad tiene que hacerse cargo de manera directa de todo este gasto y no cuenta con los recursos para ello.

Como el presupuesto universitario es cubierto en un 50% por el gobierno federal y un 50% por el gobierno del estado, al eliminar el gobierno federal la partida U081, ha sido el gobierno del estado el que ha tenido que cubrir el déficit, pues los ingresos propios, debido a la condición de universidad pública, son muy bajos.

La cubertura de este déficit, que debe ser en calidad de préstamo, ya no es posible realizarla con los recursos del gobierno del estado, por lo que la universidad tiene que adoptar medidas para ajustar su gasto.

El número de empleados jubilados irá creciendo notoriamente en las próximas dos décadas. Actualmente la planta jubilada es ya de 2,228, lo que vuelve urgente el disminuir el pasivo laboral, al eliminar la parte que no es indispensable del personal administrativo y poner orden en la nómina magisterial, que está compuesta hoy por 3,005 docentes; 1,038 de ellos de tiempo completo y 1,967 de tiempo parcial, de acuerdo a las cifras publicadas en el último informe anual, rendido por Salvador Hernández Vélez.

Desde 1994 la universidad ha venido realizando ajustes en su sistema de pensiones, pero legalmente no puede modificar las disposiciones que estaban vigentes para aquellos que ingresaron antes de 1994, porque la legislación laboral los protege.

La universidad tiene actualmente 7 mil 800 plazas, de acuerdo a las cifras oficiales reportadas en su portal. De esta enorme nómina se estima que cerca de un 30% podría suprimirse de forma gradual.

El estimado es que si se adoptan hoy medidas drásticas, el gasto en pensiones podría alcanzar su punto de equilibrio hasta el 2064, lo que da una idea de los delicado de la situación que está enfrentando la universidad.

Lo anterior partiendo de que en los próximos gobiernos federales no restablezca lo que fuera la partida U081 dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la propia opinión del rector, la UAdeC es una de las únicas cinco universidades públicas estatales en las cuales la federación aporta solo el 50% y el gobierno del estado el restante 50%, mientras que la UNAM recibe el 100% del gobierno federal; la Autónoma de Nuevo León el 75% y la Universidad Autónoma de Zacatecas el 88%, al citar sólo algunos ejemplos.

Además de aportar solo el 50%, la federación ha eliminado casi la totalidad de las partidas adicionales que se proporcionaban a la universidad, por lo cual no entra ni un solo peso para el fondo de pensiones.

LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS

El otro gran problema financiero de la UAdeC es el gasto que representa tener tres hospitales: uno en la Unidad Saltillo y dos en la Unidad Torreón, algo que ninguna otra universidad pública del país tiene.

De los 2 mil empleados eventuales que tiene la universidad, la mayoría se ubican en los tres hospitales, por lo cual se ha decidido la supresión de todas las plazas eventuales que no son necesarias, debido a que los hospitales están trabajando a un máximo del 35% de su capacidad y, en consecuencia, no se justifica el gasto que se viene realizando.

La intención es reducir el número de empleados de acuerdo a la capacidad de ocupación de los nosocomios, y no se descarta la reconversión de los mismos en unidades médicas muchos más reducidas, e inclusive replantear su operación, si la situación financiera de estos se sigue agravando.

Las decisiones que tiene que adoptar hoy el actual gobierno universitario están sustentadas por el diagnóstico realizado por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP; la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCUIES) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Fuente Revista de Coahuila

“NO TIENEN NADA QUE VER LA  FEDERACIÓN NI NINGUNA OTRA AUTORIDAD, CON LA FALTA DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA”:  GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA EXHORTA A LA INSTITUCIÓN A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE PAGO.

En la segunda Sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado de Coahuila, la Diputada de morena, Lizbeth Ogazón Nava, exhortó a la UA de C a cumplir con las obligaciones de pago de las pensiones y nóminas de los trabajadores y pensionados de la Institución.

Saltillo, Coahuila a 11 de Enero del 2022-. La coordinadora de la bancada de morena en el Congreso del Estado, Lizbeth Ogazón Nava, presentó una proposición con punto de acuerdo ante la H. Diputación Permanente con motivo de exhortar al Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez a que dicha Institución a su cargo, acepte su responsabilidad en torno a las obligaciones de pago de pensiones y nóminas a sus trabajadores así como a los pensionados, ya que en vista de la problemática por la que se encuentra la Universidad en relación a la falta de presupuesto para solventar los pagos de los trabajadores, pensionados y jubilados, Hernández Vélez argumentó que la Máxima Casa de Estudios se ha visto “imposibilitada” en el pago de las nóminas y pensiones, debido a que la Federación no ha destinado los recursos necesarios.

“Es importante establecer ciertas premisas con relación a los sujetos obligados en el pago de las nóminas y pensiones en cuestión, la primera de ellas nos dirige necesariamente a que la Universidad Autónoma de Coahuila es un Organismo Público, descentralizado por servicio, dotado de plena personalidad jurídica y autónoma en sus aspectos económico, técnico y administrativo. Partiendo de lo anterior, su propia Ley Orgánica, en el artículo 10, fracción III, establece la libertad de la misma para administrar a su conveniencia su patrimonio” expuso la Diputada Lizbeth Ogazón.

La legisladora, señaló la importancia de destacar que el artículo 7 de la ley establece la manera en la que se constituirá su patrimonio aduciendo que el mismo se integrará, entre otros rubros, con las aportaciones del Gobierno Federal, porque estas últimas están supeditadas a los montos y aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal:

“En ese sentido, tales aportaciones, a su vez, pueden variar con relación a los impuestos recabados por la propia entidad federativa de conformidad con la Ley de Coordinación citada” señaló Ogazón Nava.

Expuesto lo anterior, la coordinadora de morena en el Congreso del Estado, mencionó que en esa línea de ideas, el argumento que emplea la Universidad Autónoma de Coahuila acerca de que el Gobierno Federal ha disminuido los recursos asignados, o en su caso no los ha cubierto, no es motivo o excusa para que la Institución se deslinde  del cumplimiento de sus obligaciones tanto laborales como de seguridad social.

“Tales recursos, reiterando lo expuesto por el Delegado de la Secretaría de Bienestar, Reyes Flores Hurtado, han sido cubiertos, y la Universidad, en torno a sus obligaciones presupuestales debe contemplarlos al momento de realizar sus propias proyecciones de egresos” manifestó la Diputada Lizbeth Ogazón.

La legisladora citó las palabras del propio rector de la UA de C, Salvador Hernández Vélez, dichas al Periódico “El Diario de Coahuila” acerca de un adeudo de la Institución: “…esto es un problema estructural que se planteó en 1994 y que ahora nos tiene con un adeudo de 400 millones de pesos” mencionó Hernandez Vélez a dicho medio de comunicación el pasado 2 de enero.

Ogazón Nava, informó que, en el año 2020, el presupuesto de la Universidad tuvo un incremento del 47.6% en el presupuesto en comparación al que tuvo en el año 2015; además, destacó la denuncia que hizo la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción contra la Universidad por 234.5 millones de pesos en el 2019, según datos recabados de los medios de comunicación nacionales y locales, Polemón MX y Vanguardia.

La Diputada Lizbeth Ogazón, concluyó su participación, manifestando que expuesto lo anterior, con fundamento en las propias palabras del rector y en la información pública difundida por la Auditoría Superior, el problema financiero de la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un origen interno.

“El sujeto obligado en el pago de las pensiones y nóminas de los trabajadores y pensionados de la Universidad, es esta Institución, no tienen nada que ver la Federación ni ninguna otra autoridad, más que su propio deficiente manejo en el mejor de los casos” señaló la coordinadora de morena en el Congreso del Estado.