En un movimiento que redefine el panorama de la transparencia y la protección de datos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un nuevo sistema nacional denominado «Transparencia para el Pueblo». Esta iniciativa surge tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Durante la conferencia matutina del 31 de enero de 2025, Sheinbaum detalló que este nuevo esquema operará con solo el 35% del presupuesto que anteriormente manejaba el INAI, lo que representa un ahorro significativo del 65%. «Se amplía la transparencia, se protegen los datos personales, y todo esto se hace, incluso, con mucho menos presupuesto», afirmó la mandataria.

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La propuesta incluye la abrogación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la expedición de nuevas leyes:

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Además, se contemplan reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estas modificaciones buscan fortalecer el marco legal en materia de transparencia y protección de datos, adaptándolo a las necesidades actuales del país.

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Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que el nuevo órgano desconcentrado «Transparencia para el Pueblo» será el encargado de garantizar el derecho al acceso a la información. Por su parte, la protección de datos personales será una facultad directa de la Secretaría. «Identificamos que el 80% del trabajo del INAI recaerá en nuestra dependencia, y lo atenderemos con el 35% de la estructura que tenía el Instituto», precisó Buenrostro.

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La desaparición del INAI ha sido objeto de debate desde octubre de 2024, cuando Sheinbaum declaró que «no tiene ningún sentido que permanezca» como organismo autónomo, proponiendo que sus funciones fueran asumidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

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Esta decisión se enmarca en una serie de reformas constitucionales impulsadas por la administración actual, que incluyen la extinción de varios organismos autónomos bajo el argumento de que son prescindibles y que su presupuesto puede ser reorientado hacia otras necesidades del Estado.

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La creación de «Transparencia para el Pueblo» también se alinea con la estrategia de digitalización del gobierno federal. En noviembre de 2024, se anunció la formación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Antonio Peña Merino, con el objetivo de simplificar y digitalizar los trámites gubernamentales, haciendo más eficiente y accesible la interacción entre la ciudadanía y el gobierno.

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Sin embargo, la desaparición del INAI y la centralización de sus funciones han generado preocupación entre diversos sectores. Algunos expertos advierten sobre los riesgos de concentrar el control de la información y la protección de datos en una sola entidad gubernamental, lo que podría comprometer la autonomía y eficacia en la vigilancia de la transparencia.

En respuesta a estas inquietudes, el gobierno ha asegurado que el nuevo sistema garantizará una mayor eficiencia y cercanía con la ciudadanía. «Buscamos que la transparencia sea verdaderamente para el pueblo, eliminando burocracias innecesarias y acercando la información a quien realmente le pertenece: la gente», enfatizó Sheinbaum.

La iniciativa será enviada al Senado de la República para su consideración y posterior discusión en la Cámara de Diputados. De ser aprobada, México entraría en una nueva etapa en materia de transparencia y protección de datos, con un modelo que promete ser más austero y eficiente.

Este cambio representa un hito en la administración pública del país, y su implementación será observada de cerca tanto por actores nacionales como internacionales interesados en la evolución de las políticas de transparencia y protección de datos en México.

El INAI no se ayuda: los acusan de abuso con viáticos, moches, nepotismos, aviadores…

La reforma a discutirse esta semana en la Cámara de Diputados expone que el INAI trasladará la tutela de acceso de derecho a la información y protección de datos personales a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Una revisión a las observaciones que se han hecho a este organismo autónomo evidencia una serie de prácticas irregulares que contrastan con el objetivo por el que fue creado este Instituto.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– Los excomisionados del INAI, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, renunciaron en 2023, cuando ocupaban otros cargos dentro del Instituto, tras revelarse que usaron la tarjeta de crédito institucional para pagar un table dance. Sin embargo, un informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2022 plantea que los derroches van más allá de los viáticos para viajes nacionales e internacionales.

Esta semana la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará la reforma enviada por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea eliminar siete órganos autónomos y trasladar sus funciones a otras dependencias, entre ellos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La Auditoría observó que en 2022 los comisionados abusaron del uso de viáticos para quedarse más días de lo requerido en Islas Mujeres o Baja California; detectó que hubo moches a empleados bajo la amenaza del despido, así como nepotismo y posibles aviadores en el área de limpieza.

Asimismo, de sus 975 millones de pesos de presupuesto para ese año, el INAI erogó 694 millones de pesos para salarios y prestaciones de más de 700 plazas; así como dos millones para la instalación de piso deck en un piso de su sede. También gastó otros 1.8 millones de pesos para premios por concursos como “60 segundos para informarme en Tik Tok”; y más de un millón de pesos en material con el logo del INAI.

En 2022, tras la renuncia de Ford y Monterrey, la Comisionada Presidenta era Blanca Lilia Ibarra Cadena y el resto de comisionados eran Francisco Javier Acuña Llamas, Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez y Josefina Román Vergara. Ante la salida de Acuña y la falta de designación por parte del Senado, el pleno del INAI quedó sin el número suficiente para sesionar y sus labores se paralizaron hasta que se les permitió sesionar solo con cuatro comisionados.

Pero independientemente de eso, el INAI gastó 2 millones 132 mil pesos en tres autos híbridos para esos “nuevos” comisionados que nunca fueron designados, observó la ASF.

“La adquisición directa se realizó bajo la justificación de que era necesario contar con los vehículos para ser asignados a los nuevos comisionados; sin embargo, no se tenía la certeza de que los referidos comisionados serían nombrados antes del cierre del ejercicio. Asimismo, se identificó que al no haberse nombrado los referidos nuevos comisionados, dos de los vehículos se asignaron a dos de los comisionados en funciones y el restante a la Subdirección de Servicios Generales, sin que de este último se cuente con las bitácoras de uso correspondientes”.

El dictamen de iniciativa a discutirse esta semana expone que el INAI trasladará la tutela de acceso de derecho a la información y protección de datos personales a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción titulada por Raquel Buenrostro; también al Órgano de disciplina del Poder Judicial; las Contralorías del Congreso de la Unión y al Instituto Nacional Electoral (INE) en lo que compete a partidos políticos. La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a “no tocar” a los trabajadores del INAI.

“Mi aspiración en lo particular es que desde la Cámara de Diputados pueda crearse eventualmente un artículo transitorio que dé posibilidad de una instancia con autonomía técnica a fin de que las mexicanas y los mexicanos puedan seguir ejerciendo con plenitud su derecho de acceso a la información, y de manera particular sin retrasos y de manera eficaz”, dijo este martes el Comisionado presidente Adrián Alcalá.

El INAI debe garantizar que órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos entregue la información pública que se les solicite, además de garantizar el uso adecuado de los datos personales. Daniel Lizárraga, periodista coautor de las investigaciones La Casa Blanca y la negra historia de Odebrecht, tuiteó al respecto:

“Sin duda, los excesos en el INAI acabaron con su existencia. Pero, de ahí a dejar en manos del propio gobierno qué es público y qué debe reservarse es un despropósito. No hay, hasta el momento, garantía alguna de evitar que intereses dentro de las oficinas bloqueen la información. Por ejemplo: Si la Defensa Nacional considera no entregar un contrato de obra pública, el o la solicitante debe pedir al mismo Ejército que revise el caso. ¿En serio podemos confiar? ¿Cómo sería posible cuando está de por medio la cadena de mando? ¿Un coronel, por ejemplo, le podrá exigir a su general entregar los documentos?”.

VIÁTICOS PARA FINDE O LA PLAYA

Hace unos días, los comisionados del INAI propusieron a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una serie de ajustes para lograr ahorros por 300 millones de pesos, entre ellos, disminuir el pleno a tres comisionados y reducir viajes, convenciones y viáticos.

La ASF auditó el uso de los viáticos para los viajes de los comisionados en 2022 y encontró entre diversos abusos un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 30 mil 236 pesos.

Antes de esta auditoría, la Comisionada Presidenta era Blanca Lilia Ibarra Cadena y el resto de comisionados eran Francisco Javier Acuña Llamas, Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez, Josefina Román Vergara, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Estos dos últimos renunciaron por el mal uso de la tarjeta institucional incluso para pagar un table dance en 2014.

El “comisionado 2” (así lo identifica la Auditoría) realizó 85 viajes, de los cuales 79 fueron nacionales y seis internacionales. Para ello, el INAI gastó 864 mil pesos para viáticos, pasajes y pagos realizados a la tarjeta corporativa.

“Dentro de la comprobación, se constató que el ‘comisionado 2’ realizó comisiones al estado de Baja California en los meses de marzo, mayo y agosto de 2022, lugar donde permaneció sábado y domingo, sin que estos días estuvieran relacionados con el objeto de las comisiones a las cuales fue designado”, observó la ASF.

El INAI justificó que por el horario de conclusión de actividades y la disponibilidad de vuelos, los regresos se realizaron en las fechas antes citadas; sin embargo, no se remitió la documentación que lo acredite.

Respecto a los viajes del ‘comisionado 2’ del 24 de febrero y 9 de agosto de 2022, en Jalisco y Baja California, se constató que realizó erogaciones con recursos públicos federales correspondientes para el pago del consumo de alimentos para más de una persona.

De los meses de septiembre a diciembre de 2022, además, se identificaron 11 cargos a la tarjeta de crédito American Express institucional por un monto de 12 mil 700 pesos, mismos que no se encontraron vinculados con algún oficio de comisión autorizado, ni con los formatos de desglose en incumplimiento con los lineamientos.

Por su parte, el “comisionado 3” realizó seis viajes a España, Marruecos, Brasil, Turquía y Bélgica, en los cuales el comisionado ejerció viáticos por 331 mil 500 pesos; sin embargo, del viaje a Barcelona por 88 mil 600 pesos, sólo se remitió el pase de abordar de regreso.

Asimismo, la ‘Comisionada presidenta’ salió de viaje del 23 al 27 de febrero de 2022 a Isla Mujeres, Quintana Roo, por un monto de viáticos por 14 mil 400 pesos. Pero la ASF observó que no se acreditó que los días del 25 al 27 de febrero de 2022 fueran estrictamente necesarios para desempeñar la comisión, ya que la ficha técnica de la “Información general del evento”, invitación, mensaje y tuit del evento únicamente contempló el día 24 de febrero de 2022. De los días restantes, no se proporcionó documentación que justificara las actividades realizadas por un importe de 9 mil 700 pesos.

LOS MOCHES Y EL NEPOTISMO

La ASF aplicó 44 cuestionarios a diversos servidores públicos del INAI y entrevistas a servidores y exservidores públicos. Ahí se reveló que de 2018 a 2023, servidores públicos del INAI pedían a personal de este ente público entre el 10 al 60 por ciento de sus sueldos y demás prestaciones de forma quincenal “para continuar laborando”.

Si se denunciaba o se oponía a seguir realizando el pago de los porcentajes de sus sueldos, había despidos.

También el órgano fiscalizador detectó personal sin experiencia ni capacidad para el cargo y al menos cinco personas que no laboraba directamente en las oficinas del INAI y cuyo trabajo lo realizaban otros servidores públicos del Instituto.

Asimismo observó nepotismo, es decir, la existencia de diversos servidores públicos laborando en el INAI con lazos de parentesco que prestan sus servicios en dicha institución, desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos. Pese a ello, no se contó con un mecanismo para prevenir posibles conflictos de interés o temas de nepotismo, previo a su contratación.

Respecto a los aviadores, se detectaron en el área de limpieza. “Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 36 mil 955 pesos por pagar a 14 personas físicas con recibos de nómina que no se vincularon con la ejecución del servicio integral de limpieza en las instalaciones del edificio sede del INAI”.

PISO DECK Y PREMIOS

En 2022, el INAI ejerció 194 millones 315 mil pesos para “Servicios Generales”, la segunda partida donde más se destina el presupuesto anual después de los salarios y prestaciones.

Para materiales con la identidad gráfica del INAI se establecieron dos contratos por adjudicación directa: el OA/P017/22 por 564 mil pesos y OA/P044/2022 por 439 mil pesos, es decir, este órgano autónomo erogó más de un millón de pesos para materiales con su logo.

En tanto, en año de pandemia, para mantenimiento ejerció 2 millones 365 mil pesos para “Suministro e instalación de piso DECK en el acceso principal y andador del quinto piso del edificio sede del INAI”.

Asimismo, de los 5 millones 509 mil pesos ejercidos para “congresos y convenciones”, el INAI reportó un gasto de un millón 284 mil pesos para el servicio integral de eventos de todo el año 2022 del Sistema Nacional de Transparencia consistente en el servicio de cafetería y alimentos, servicio de transporte, hospedaje y renta de sedes de eventos en hoteles, mobiliario y equipo (sillas, sillones, sala tipo lounge, tablón, periqueras, tarima, pódium), equipo de audio y video, así como servicios profesionales de intérprete del lenguaje de señas mexicanas y estenógrafo.

Finalmente, en el capítulo de transferencias, el INAI gastó 3 millones 648 mil pesos en la partida “Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil”. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación identificó que un millón 887 mil pesos se destinó al pago de premios a los ganadores de 10 concursos que se llevaron a cabo en el 2022.

“Se entregó a los ganadores un total de un millón 173 mil pesos por medio de cheques, y en los 5 concursos restantes los premios por 713 mil pesos se entregaron en especie, los cuales consistieron en teléfonos celulares, tabletas electrónicas, cámaras fotográficas, libros y entradas a parques de diversión”, fiscalizó la ASF.

Y el restante un millón 761 mil pesos corresponde a las aportaciones efectuadas a 12 asociaciones civiles dentro del “Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso de a la Información y Protección de Datos Personales” (PROSEDE).

El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) mostró su respaldo a la transformación impulsada por la Cuarta Transformación (4T), tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En el encuentro, se discutieron nuevas formas de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, con el objetivo de dejar atrás las malas prácticas del pasado y construir un organismo verdaderamente al servicio del pueblo.

En su intervención, el titular del INAI subrayó la importancia de un diálogo institucional abierto y respetuoso, destacando que el órgano ahora está comprometido a acompañar el proceso de transformación del país. A diferencia de lo que se vivía en administraciones anteriores, en las que el instituto fue señalado por favorecer a ciertos actores políticos, como Xóchitl Gálvez, vinculada a contratos millonarios, el presidente del INAI aseguró que la Cuarta Transformación representa una oportunidad para limpiar el organismo y eliminar cualquier vínculo con la corrupción.

El presidente del INAI afirmó que, de la mano de las reformas que propone el gobierno de Claudia Sheinbaum, el instituto se someterá a la voluntad popular, garantizando que la transparencia sea un pilar en el nuevo diseño institucional del país, dejando atrás acuerdos corruptos que tenía el supuesto órgano autónomo, como los sostenidos con Xóchitl Gpalvez. Este tipo de cambios buscan garantizar un mejor uso de los recursos públicos y una mayor supervisión de los funcionarios, alejando al instituto de cualquier influencia política.

Finalmente, el presidente del INAI reiteró su compromiso con la Cuarta Transformación y su disposición para continuar dialogando con el gobierno federal, de cara a las reformas legislativas que buscan hacer del INAI un organismo más eficaz y transparente, siempre en beneficio del pueblo mexicano.

En 2021, el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, en Coahuila, dejó marcadas sus finanzas por un agujero negro.

La administración estatal no fue capaz de aclarar el destino de mil 900 millones de pesos de recursos otorgados por la Federación, lo que equivale a casi el 20 por ciento del total de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública de ese año en todo el país.

Pero ese no es el único foco rojo que se encendió con el uso del dinero público del gobierno coahuilense.

Múltiples empresas con antecedentes de colusión y con antecedentes de mal desempeño resultaron beneficiadas con contratos millonarios de la estrategia de asistencia alimentaria en la que el gobierno de Riquelme Solís concentró sus esfuerzos políticos, así como el gasto público.

Los grupos afectados por la pobreza y la pobreza extrema —el 22.5 por ciento de la población en 2018, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– se convirtieron en el objetivo principal de las compras públicas durante 2021 en Coahuila, de acuerdo con una revisión en Compranet.

Ese año, la administración coahuilense erogó mil 377 millones 112 mil 23 pesos en 104 contratos.

Para insumos alimenticios y despensas fueron destinados 835 millones 87 mil 638 pesos en 11 contratos; es decir, el 60.6 por ciento de las erogaciones, según lo publicado en Compranet.

En estas compras públicas participaron el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Finanzas.

Se adquirieron insumos para los programas Apoyo a familias coahuilenses, Adulto Mayor en Abandono y desayunos escolares, así como equipo y artículos básicos de cocina para Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales.

Las empresas

Dominus Messico S.A. de C.V. se llevó la mayor tajada con un único contrato por 611 millones 564 mil 800 pesos.

Esa contratación fue la mayor y además representó el 73.2 por ciento de lo destinado a la adquisición de alimentos para la asistencia social.

No es la primera vez que Dominus Messico S.A. de C.V. resulta ganadora en una estrategia gubernamental de un estado en la distribución de alimentos a poblaciones vulnerables.

En 2018 también se coronó en Zacatecas como ganadora con más contratos y dinero en el entonces gobierno de Alejandro Tello (2016-2021) para suministrar alimentos de programas sociales.

Ejecución deficiente

No obstante, también se convirtió en una de las partícipes de un fracaso.

En el informe de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas sobre la revisión de la cuenta pública de 2018, quedó asentado que la ejecución de los recursos públicos de esa estrategia a cargo del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia careció de eficiencia debido a licitaciones con irregularidades.

Otra empresa beneficiada en Coahuila fue Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila.

Según el órgano fiscalizador, ha ganado contratos durante más de una década en la entidad del norte mediante la simulación de competencia.

Ante el pastel de contratos de Coahuila, Distribuidora y Servicios Integrales ganó el contrato cuya licitación llevó la identificación CE-905040987-E7-2021 para proporcionar desayunos escolares.

A cargo del proceso, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no presentó investigación de mercado que comprobara la existencia de por lo menos tres probables licitantes, indicó la ASF en su informe sobre la revisión de la cuenta pública de 2021.

Intoxicación en Puente Grande

De igual manera está el caso de Productos Serel, protagonista de un cuadro de intoxicación en el penal de Puente Grande, Jalisco, uno de los más numerosos en la última década en los centros penitenciarios de México. Del gobierno de Coahuila obtuvo un contrato por ocho millones 365 mil 561 pesos.

El otro participante fue el Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad, que por seis millones 235 mil 500 pesos, se encargó de la logística para las entregas de alimentos en cinco mil 762 puntos en los 38 municipios de Coahuila en la operación del programa: Apoyo a familias coahuilenses.

Personas beneficiadas

Las personas físicas que obtuvieron contratos de la estrategia alimentaria de Coahuila fueron Gerardo Hernández Sandoval y José Alfredo Martínez Sánchez.

El primero proporcionó equipo y artículos básicos de cocina para el programa Cocinas populares y unidades de servicios integrales.

El segundo vendió despensas para la operación del programa Adulto Mayor en Abandono.

Los otros gastos de Riquelme

Coahuila permanece marcado por la falta de explicaciones de lo que se hizo con los mil 900 millones de pesos que recibió de la Federación en 2021, de acuerdo con las 17 auditorías que se le aplicaron en la revisión de la cuenta pública de ese año.

La mayor parte del boquete –mil 291 millones de pesos– corresponden al sector salud. El dinero que provino del Gobierno federal debía apuntar a mejoras en el servicio. Pero lo registrado en Compranet indica que esa área no fue la prioritaria.

De 104 contratos, 31 conciernen a los servicios de salud por una suma de 147 millones 808 mil 444 pesos, lo que es 5.6 veces menos que lo usado en la estrategia de asistencia alimentaria.

En ese año, diversas variantes o mutaciones del virus SARS-CoV-2 hicieron que la pandemia de COVID-19 permaneciera, lo que provocó la caída de los mercados financieros y un freno de la recuperación económica.

Para diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud había aprobado 29 vacunas bajo diferentes especificaciones para su uso.

Ignora la pandemia

El gobierno de Coahuila no acreditó una sola compra para atender la emergencia sanitaria. Lo que se encuentra ese año son suministros de gases medicinales, servicio integral para el banco de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, contratación de anestesia, adquisición de ropa hospitalaria, instrumental para cirugías y fumigación para hospitales, entre otros.

En el ámbito de la salud, la empresa con el contrato más grande, de 34 millones 482 mil 377 pesos, fue Praxair México S de RL de CV.

Dudas en la UAdeC

La otra parte sobre la que el gobierno estatal debe dar explicaciones, es respecto a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

En esa institución, el órgano fiscalizador detectó anomalías por 693 millones de pesos. En Compranet no hay un solo contrato que se refiera a la casa de estudios.

El gobierno también gastó en pavimentación asfáltica, servicio de fotocopiado, adquisición de paquetes de útiles escolares para alumnos de educación básica y de vehículos para el sorteo: “A los cumplidos, Coahuila sí los premia 2021”.

De acuerdo con la página oficial del gobierno, en abril se entregaron 15 automóviles Fiat Mobi Like 2021. Mientras, Coahuila pasaba marcada en rojo a los historiales de la ASF.

Cuentas sin cuadrar

Más allá de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, los números no cuadran en Coahuila respecto al Hospital Materno Infantil, una unidad médica ubicada en Saltillo.

El 14 de noviembre de 2017, el entonces gobernador Rubén Moreira Valdez, publicó en el Periódico Oficial que se instalaría ese hospital con el fin de reducir los altos índices de mortandad de mujeres embarazadas y de recién nacidos; sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del estado y con facultades específicas.

El 28 de noviembre de 2017, Moreira publicó en su cuenta de Twitter: “Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno-Infantil. Empieza el proceso para (el) inicio de operaciones”.

Pero Miguel Ángel Riquelme Solís, el gobernador siguiente, quien tomó protesta el 1 de diciembre de ese año, informó en cada uno de sus informes de gobierno que la construcción del centro de salud continuaba con varias inversiones.

En el primero (2018), sostuvo que se invirtieron 53 millones de pesos en “la continuación de la construcción” del hospital.

En su segundo informe (2019), Riquelme Solís expuso que se continuaba con esa edificación para la cual se destinaron 53 millones de pesos.

La tercera vez ante el Congreso (2020), el gobernador también reportó que los trabajos del hospital seguían. Esta vez la inversión fue de 44.4 millones de pesos.

En el cuarto informe (2021) dejó asentado que se continuaba con la construcción del Hospital Materno Infantil con una inversión de 53 millones de pesos.

Para el quinto informe (2022) reportó que varias áreas del hospital fueron terminadas con 8.3 millones de pesos.

El diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles, interpeló la última intervención del mandatario estatal y expuso un presunto fraude respecto al hospital.

En tribuna, sostuvo que las inversiones reportadas no fueron realizadas. Sus evidencias fueron dos contratos pedidos a través de los mecanismos de transparencia, uno por 44 millones de pesos y otro por cinco millones de pesos.

No obstante, en Compranet no hay registro de ningún contrato que se refiera al Hospital Materno Infantil.

Reporte Indigo

Saltillo, Coahuila a 23 de Agosto del 2022.- Durante la sexta Sesión del Segundo Período de la Diputación Permanente, la Diputada de morena, Teresa Meraz, presentó una proposición con punto de acuerdo con motivo de enviar un atento exhorto al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para que transmita por medios digitales las reuniones de cabildo.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, externó que en la actualidad con el surgimiento del Modelo de Gobierno Abierto, es indispensable fortalecer mecanismos de participación ciudadana y los principios de transparencia y máxima publicidad en el actuar de todo organismo gubernamental, incluidos los ayuntamientos, los cuales tienen dos pendientes: eliminar sesiones secretas de cabildo y promover sesiones de cabildo abierto apegadas a la normatividad aplicable.

“En este sentido en repetidas ocasiones el Síndico de Minoría Delfino Álvarez, del municipio de Matamoros, Coahuila ha solicitado de manera permanente desde el inicio de la administración sobre la publicidad de las sesiones de cabildo. Tanto el Código Municipal, como el Reglamento Interior para el Municipio de Matamoros es claro sobre las sesiones de cabildo en cuanto deben ser públicas” manifestó.

Aunado a lo anterior, la legisladora de morena destacó que se apoyaron en las denominadas TICs (tecnologías de la información y comunicaciones), para respetar el principio de máxima publicidad a los que están obligados las autoridades gubernamentales, debido a la pandemia por el COVID-19, ya que se tuvo que restringir la entrada temporalmente.

“Dada la importancia de las sesiones de cabildo, donde les recuerdo se toman las decisiones de un ayuntamiento, de ahí la necesidad de que los ciudadanos tengan a su alcance directo el conocer de manera directa el debate y las decisiones finales que se toman en dichas reuniones; recordando que el principio de máxima publicidad tiene su origen en el artículo 6o. constitucional, derechos promulgados en 1977 y que la Suprema Corte de Justicia de la nación concluyó para que los mexicanos pudieran ejercer su derecho de conocer la información que manejan los actores públicos” finalizó.