La extraterritorialidad jurídica de la declaración del presidente Trump de considerar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como grupos “terroristas” es claramente abusiva, pues busca someter a nuestro país a su legislación nacional de excepción. Además, es una construcción ideológica sin sustento teórico ni histórico, que busca “justificar” una violación a la soberanía. El gobierno estadunidense despliega así una política hegemonista, de supremacía regional, basada en una gran asimetría de poder. Si Estados Unidos quisiera realmente “luchar” contra los opioides, reconocería que la cadena de suministro de precursores de fentanilo inicia en China y declararía la guerra a ese país asiático y potencia militar mundial; en cambio, se ensaña con México, acompañado del aparato mediático-propagandístico para “justificar” su posible intervencionismo

Segunda parte y última. En el orden jurídico y en dimensión extraterritorial, la categorización de “narcoterrorismo” que hoy emplea el gobierno de Estados Unidos –a cuyo frente está Donald Trump y su equipo de gobierno– están impregnados de extraterritorialidad jurídica. Se trata de una legislación nacional de excepción, que quizá sea impecable dentro del sistema jurídico emanado de la Constitución del Estado de la Unión Americana, pero que contiene una connotación abusiva de un Estado nacional poderoso. Desde el punto de vista socio-político es una construcción ideológica.

Y lo es precisamente porque no hay diferenciación conceptual emanada de un cuerpo teórico y de un análisis histórico, básico por lo menos: opositores a su filosofía política, a su concepción económica, a la dimensionalidad de su seguridad nacional y su poder militar, en el contexto del derecho internacional. La actividad punitiva del Estado nacional se sobredimensiona y ampara una violación a la soberanía de sus vecinos. No parece importar.

No sólo es una actitud abusiva, sino irrespetuosa. A México también le afectan los más de 40 millones de consumidores, y no por ello quiere perseguirlos en territorio estadunidense, y menos atacarlos. Hay en ello mucho de una política hegemonista, de supremacía regional, basada en una gran asimetría de poder. Lo demás son justificaciones.

La implosión y caída del “socialismo real” fijó la necesidad de crear un nuevo enemigo que justifique decenas y decenas de iniciativas diplomáticas, discursos ideológicos y acciones militares por todo el mundo, y éste fue el “crimen trasnacional organizado”. No por irreal, sino porque creció en paralelo a su desarrollo mundial, una ideología del fenómeno que partió de las necesidades internas de Estados Unidos.

Para abandonar las políticas sociales e imponer las políticas de seguridad como prioridad nacional, en 1971, Richard Nixon impulsó la lucha contra las adicciones, de la mano del riesgo de destrucción social, etcétera. En el fondo tenía que justificar una posible guerra global en su contra, por lo que surgió la imagen de un peligro terrorista asociado a dos pivotes: la violencia armada y el tráfico de drogas ilícitas. Ambas ocasionan una gran cantidad de bajas civiles entre comunidades indefensas.

Surgió así el concepto de “terrorismo” ligado a ambos procesos: cualquier expresión armada, cualquier violencia social, era equiparada a la violencia terrorista de organizaciones criminales internacionales. El terrorismo había adquirido dimensión global y la guerra en su contra debía ser igual, global. En ello encajaban todos los que usaran la violencia armada, desde acciones irregulares no estatales, igualadas a las del narcotráfico internacional. Eran organizaciones, acciones y grupos narco-terroristas, especialmente los de Oriente Medio y las guerrillas en Colombia, las cuales se organizaban en redes internacionales.

Ya Ronald Reagan usó inicialmente la denominación de “terrorismo”, luego se asoció a la insurgencia armada y al narcotráfico mundial que amenazaba la seguridad global. Se deslegitimaban las insurgencias políticas, se les criminalizaba, se les equiparaba al crimen trasnacional y se las hacía objeto de posibles ataques desde las fuerzas militares de EU, en defensa de la seguridad global amenazada, trascendiendo las fronteras, brincando soberanías y sometiendo gobiernos nacionales a la lógica conceptualizada de las necesidades geopolíticas de Estados Unidos.

Los hechos dentro de su país, en la subregión continental, en otras latitudes, parecían darles la razón: el involucramiento en las redes del narcotráfico de personajes centrales del gobierno de Panamá (1989), el atentado al WTC en EU (1993), atentado al tren subterráneo en Tokio (en donde murieron 167 personas, brutal, 1995), el atentado en Oklahoma.

No esperaron más: el Senado aprobó una Ley Antiterrorista que ampliaba facultades a la policía para combatirlos, no podía considerarse aún que se trataba de un fenómeno que ocasionaba grandes bajas civiles, pero en septiembre de 2001, tras lo atentados a las Torres Gemelas, se modificó todo el entorno nacional-mundial.

Esos hechos ofrecieron todo lo que faltaba: número de víctimas, identificación de victimarios, organizaciones terroristas, santuarios de terroristas ubicados en las lejanías del mundo, disposición militar punitiva, doctrina militar intervencionista, pretextos, sometimiento de organismos internacionales, una guerra global con la formación de un ejército multinacional legitimado por la ONU. La legislación estadunidense al respecto proliferó: Ley Patriota o Ley 2001, particularmente la sección 311 con su artículo 312, la sección 314 hasta la 319, sus artículos, etcétera, todos muy restrictivos, hasta llegar a plantear públicamente como lo hizo el expresidente George W Bush a los ciudadanos: “libertad o seguridad”, que ante el “estado de vulnerabilidad social”, se inclinaron por “la seguridad” (https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act).

Todo ello está escrito y promulgado, no son juegos. El presidente Bush no dejó de torpedear la psicología estadunidense diciendo: “estamos participando en una lucha mundial contra los seguidores de una ideología asesina que desprecia la libertad, elimina toda distensión, tiene ambiciones territoriales y van en pos de objetivos totalitarios, nacionales”. Agregó entonces: “nuestra estrategia reconoce que la guerra contra el terrorismo es un tipo diferente de guerra, que implica tanto la batalla armada como la batalla ideológica” (4 de julio de 2006).

En tanto, su gobierno con los ejércitos de EU construían una red internacional de prisiones clandestinas, con prisioneros indirectos de Estados Unidos porque no estaban en su territorio ni bajo su jurisdicción, salvo en Guantánamo, pero no en Abu Graib, Bagram. Estas últimas, aludidas como “centros de detención”, sin derechos de ningún tipo. Sus reclusos fueron torturados y abusados de mil maneras, y esas prisiones fueron custodiadas y operadas por la CIA, mediante el llamado “Programa de Rendición Extraordinaria”.

En un informe que data de 2007, el Parlamento Europeo indicó que la CIA operó 1 mil 245 vuelos a través del espacio aéreo europeo, de centros clandestinos de detención que además de Irak e Irán, operaron el Polonia y Rumania. A pesar de que se trataba de “traslado ilegal de detenidos” en nombre de una guerra ideológica.

Las cifras reflejan el tamaño de esas operaciones: 50 prisiones de este tipo se establecieron en 28 países (además de otras 25 en Afganistán, y 20 en Irán). A lo que se sumaron 17 buques en los que se establecieron “prisiones flotantes”. En total, más 100 prisiones clandestinas usadas por EU desde 2001. Por el carácter secreto, se desconoce el número de prisioneros, pero se trata de varios miles.

Amnistía Internacional mencionó en un informe de 2011 que tales prisiones funcionaban en 98 países, usados como centros de tortura y desaparición en la más absoluta ilegalidad internacional (Calveiro, 2012, p. 101).

Luego siguieron otras leyes excepcionales, como las Leyes de la Victoria I y II. La hipótesis del prestigiado profesor Noam Chomsky, lingüista y politólogo, manifestada en su conferencia en la UNAM en noviembre de 2019, es que el NAFTA o TLCAN fue consumado por Estados Unidos como “como una forma de impedir los riesgos de una eventual democratización que osara desafiar a Estados Unidos. Esto se solucionó al imponer reformas neoliberales que ataran al gobierno mexicano”.

Además, “la ficción de la guerra contra las drogas” no sólo es una geopolítica de dominación, sino que internamente es un mecanismo policial de control de las minorías étnicas, negros y latinos. “Habría que crear al enemigo latino”, hipótesis no explorada a fondo, como eje de control social. Al respecto no hay que olvidar que está ampliamente documentado la introducción del FBI a los barrios con población negra para desatar la represión en ellos, siendo el objetivo real, la represión política al Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa (fundado en 1966 por Huey P Newton y Bobby Seale, en Oakland, California), que crecía aceleradamente por su reivindicación de derechos civiles para los negros, bajo la conducción de Malcom X, luego asesinado.

Estos fueron considerados como un tema de seguridad nacional: Edgar Hoover director del FBI, en 1969, los describió como como “la mayor amenaza para la seguridad interna del país” (Luna Ray Films, LLC-PBS, Org.com), como grupo político radical, al ser considerado como un modelo de organización y acción de perfil similar al “de los revolucionarios anticoloniales contemporáneos de África y América Latina”. Así, se inventó la lucha contra las drogas en tales barrios negros para dar cobertura política a la represión social e ideológica (BBC News Mundo, 13 de mayo, 2022).

Con los antecedentes históricos aquí pormenorizados, entendemos claramente que el enfoque actual de “organizaciones terroristas” de Donald Trump constituye una construcción ideológica para legitimar acciones políticas y militares, cualquiera que sea su naturaleza, y le otorga a ellas permanencia mediante la aplicación de legislaciones excepcionales de perfil extra territorial, configurando así la más poderosa herramienta de hegemonismo configurado por el gran aparato de poder, duro y blando, de Estados Unidos.

Y hablamos de construcción “dura y blanda” porque la otra enorme vertiente constructiva es la de los medios de comunicación, que difunden, persuaden, propagandizan los principios de la doctrina usados en los discursos, generan la resonancia magnificada de las acciones seleccionadas para confirmar la razón de las operaciones militares. Si no pasa por allí la veta del reforzamiento ideológico se debilita, cualquiera que sea la magnitud y trascendencia del hecho, pero más aún ocurridos en las grandes ciudades, la audiencia se multiplica por miles. Los ideólogos militares refuerzan: guerras de ocupación y estabilización, ataques preventivos, cárceles clandestinas extraterritoriales, etcétera, apoyo y legitimidad social amplificada, el círculo se cierra.

En el caso de hoy sobre responsabilizar a México de la entrada y adicción multiplicada de opiáceos en Estados Unidos, los gobiernos estadunidenses saben perfectamente bien que, en China y otros países cercanos, se inicia la cadena de suministro para la fabricación del fentanilo, y no por ello se plantean una acción de extraterritorialidad, militar, porque con China tienen cada vez con mayor precisión, una paridad estratégica y un poder militar similar. Atacar a un país más débil responsabilizándolo de un fenómeno internacional, que pasa también por la sociedad estadunidense, es una política abusiva de permisibilidad ante la falta de instituciones multilaterales que impongan la normatividad internacional contenida en el derecho público internacional.

También el presidente Trump se da cuenta que con ello debilita las de por sí débiles y desprestigiadas instituciones del “sistema global”, y acelera el tránsito hacia una nueva ruta de transición hacia un nuevo orden global. Contradictoriamente, cree que puede detener esa evolución mediante la fuerza militar también en ello se equivoca. La supremacía militar es cada vez más relativa.

Una de las grandes contradicciones en que se debate esta administración es: debilitar la estabilidad regional-global como vía para el fortalecimiento inusitado del Estado nación de la Unión Americana, y de su seguridad nacional entendida en términos absolutos, aunque su predominio militar y económico se ha debilitado también en forma muy pronunciada. La desestructuración hegemónica es profunda, está más cerca de la conceptualización hecha durante el gobierno de Bill Clinton, con su secretaria de Estado Madeline Albright: EU es hoy un Estado indispensable en la política mundial, muy lejos de un Estado sobre determinante en los distintos órdenes del decadente sistema de relaciones entre Estados en el planeta. Pero de que da coletazos, no hay duda. Podrá mantener a un país como México en asecho, amenazado, hostigado y bajo diversas presiones, pero no será por mucho tiempo dentro de una prospectiva histórica. México hoy tiene todas las condiciones propicias para ir a fondo hacia una diversificación estratégica de sus alineamientos geopolíticos en defensa de su soberanía y auto determinación.

Sobre el proceso histórico del que nos habla Paul Kennedy desde 1500 en adelante, son justamente esos dos grandes pivotes del poder de una gran potencia los que se debilitan y anuncian con claridad la ruta de su caída: la estructura económica y el poder militar, en una relación recíprocamente condicionada. Estados Unidos en tanto más recurre a la ilegalidad internacional, en tanto más usa coartadas y figuras o símbolos ideologizados, más exhibe las vulnerabilidades que en toda su estructura otrora hegemónica se van evidenciando.

Jorge Retana Yarto*

*Licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Tiene más de 25 años como docente de licenciatura y posgrado; exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, del CNI.

Tal como lo había anunciado, Canadá declaró a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas, en línea con el decreto emitido ayer por Estados Unidos y como parte de las negociaciones para frenar los aranceles anunciados por Donald Trump. 

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- El Ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, anunció este jueves la clasificación de cinco cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, en línea con la declaratoria emitida ayer por Estados Unidos, y como parte de los compromisos asumidos el pasado 3 de febrero por el Primer Ministro Justin Trudeau para frenar los aranceles anunciados por Donald Trump.

En una conferencia de prensa desde el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, McGuinty formalizó la inclusión del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana, los Cárteles Unidos, y el Cártel del Golfo como organizaciones terroristas.

El Ministro de Seguridad explicó que la medida dará más autoridad y competencias a las fuerzas del orden, como la Policía Montada y la policía local, para «seguir el dinero y ver cómo los cárteles criminales utilizan sofisticadas tácticas de blanqueo»a fin de cortar las ganancias que financian a las organizaciones criminales. También recordó al público que esta prohibido interactuar con miembros de estas organizaciones criminales.

La declaratoria también incluye al cártel venezolano del Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha (MS-13), las cuales están relacionadas con el tráfico de personas hacia Estados Unidos.

Esta medida se da a sólo una semana de que Justin Trudeau nombrara a Kevin Brosseau, exjefe de Policía Adjunto de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), como su nuevo zar del fentanilo, tal como le prometió al Presidente de estados Unidos, Donald Trump, tras acordar una moratoria de 30 días en los aranceles del 25 por ciento a Ottawa.

El acuerdo también incluía la implementación de un plan fronterizo con una inversión de más de mil 300 millones de dólares para reforzar la frontera entre Canadá, y EU con nuevos helicópteros, tecnología y personal; el despliegue de casi 10 mil efectivos de primera línea en la frontera y un gasto de 200 millones de dólares para la nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el fentanilo.

Designación sólo aplicará en Canadá: Embajador

A sólo unas horas de que Estados Unidos diera a conocer la medida, el nuevo Embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, adelantó que su país haría lo mismo con las organizaciones del narcotráfico mexicano, pero puntualizó que la medida sólo aplicaría en territorio canadiense y con respeto a la soberanía de México.

“Reafirmamos que Canadá y México somos fuertes socios, aliados y amigos. Necesitamos trabajar juntos más que nunca para enfrentar nuestros desafíos comunes. En mi país la crisis de fentanilo es realmente una crisis de salud pública con miles de muertos. Es por eso que vamos a designar también unos grupos narcos como terroristas”, dijo MacKay en conferencia de prensa con el Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

A la par, indicó que la declaratoria es «solamente para tener una herramienta para la Policía canadiense que ellos pueden usar solamente para enfrentar a esos grupos”. «Tenemos respeto absolutamente completo para la soberanía mexicana», aseveró.

México ampliará demanda contra armerías allá y elevará penas aquí

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la medida adoptada por Estados Unidos para clasificar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas es unilateral, por lo que su Gobierno responderá con dos reformas constitucionales en el Congreso de la Unión para defender la soberanía nacional.

«Las reformas tienen dos elementos sustantivos. El primero es una reforma al 40 constitucional. El 39 y el 40 tienen que ver con la soberanía nacional. Y el otro es al Artículo 19 constitucional, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa», adelantó.

Sheinbaum Pardo afirmó que comparte la lucha contra estos grupos delictivos, particularmente por la violencia que generar en el país, por lo que su Gobierno está abierto a la cooperación, pero aclaró que la medida no puede ser vista como una oportunidad para invadir la soberanía.

«Nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan; pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión», destacó.

• Hace recomendaciones para reparar el daño al menos a 814 víctimas, la mayoría sobrevivientes
• Pide a la FGR iniciar o proseguir investigaciones; solo del caso V633 señala a 7 victimarios
• Reivindica el derecho a la rebelión que tuvieron las guerrillas recientes: más de 30 en 23 entidades

“Tú como periodista podrías ayudar a divulgar la recomendación 98VG/2023 que desde el 18 de abril está difundiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos… Es sobre violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990. Yo soy uno de los afectados con el número V663,” le escribió a este reportero Arturo Martínez Nateras, perseguido desde que era líder estudiantil, torturado y encarcelado por comunista.

Atender tal sugerencia, como reportero implicaba primero averiguar cuántos medios atendieron la conferencia de prensa donde la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra presentó ese documento, pero al saberlo fue inevitable entristecer por el periodismo que hoy prevalece.

Según dos motores de búsqueda en internet solo fueron entre 8 y 10 los medios impresos y digitales (entre los centenares que coexisten en México) los que difundieron la noticia de ese informe-recomendación a pesar de sus novedades, contenidos importantes y sobre todo trascendencia histórica y política.

Novedades 

A muchas personas veteranas que naveguen en las 868 páginas del documento le regurgitará, ineludiblemente, la atmósfera política de horrores que miles de mujeres y hombres de México padecieron durante décadas por ser disidentes a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); a las más jóvenes les parecerán historias inverosímiles y de mucho sufrimiento humano.

A otra gente también podrían sorprenderle varias aspectos, como le ocurrió al veterano reportero de política. Ejemplos:

– Que en 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó internamente la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente. Con ello se adelantó un año al surgimiento de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, creada por decreto el 6 de octubre de 2021 bajo la responsabilidad de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. 

– Que, aunque la CNDH no forma parte de la Comisión de la Verdad, con este documento se anticipó a sus investigaciones.

– Que amplió el periodo de represión política y violencia estatal contra disidentes hasta 1990 y por eso agregó 158 nuevos casos de víctimas de la llamada “guerra sucia y que el total aproximado es de al menos 814, buena parte sobrevivientes. Aclara que podrían ser más. La CNDH en su Recomendación de 2001 solo reconocía a 275 víctimas.

– Que la CNDH actual acusa allí de omisiones graves a quienes presidieron antes a la misma CNDH porque en su Recomendación 26/2001 no integró, ni documentó, o bien desechó expedientes. 

– Que el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana de 2005 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), fue “ablandado” antes de difundirlo y eliminó conceptos y calificaciones para sustituirlos por otros que encubrían lo más grave de los años cruentos: en lugar de crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y genocidio pusieron “actos contrarios al honor militar, la ética y el derecho”, llegándose al grado hasta de negar que en los archivos de SEDENA se encontraran pruebas, vestigios o evidencias de los crímenes cometidos.”

– Que ahora sí difunde muchos testimonios de la participación de elementos y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la violencia política extrema que incluso califica de terrorismo de Estado en esos años porque los grupos del Estado desplegaron “una serie de prácticas que rebasaron los límites de la legalidad. Pueblos arrasados en comunidades alejadas, allá en las montañas, detenciones masivas, detenciones ilegales, enclaustramiento en cárceles clandestinas, destierro, persecución, tortura y desapariciones.”

— Y para quienes se interesan en la sociología política también tendrán muchos elementos para rehacer o completar la historia de las rebeliones armadas contemporáneas porque refleja decenas de casos de las organizaciones más activas entonces. En ese marco reivindica el derecho a la rebelión que tuvieron las guerrillas recientes. Asegura que fueron más de 30 en 23 entidades en los 35 años estudiados.

La relatoría

Para tener ese documento la CNDH informa que su Comisión Especial interna realizó en 20 meses 412 diligencias, recabó 130 testimonios, consultó 627 legajos de 10 archivos generales de la Secretaría de Defensa Nacional, de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección de Investigaciones, Políticas y Sociales; de las hemerotecas nacional y de la CDMX; del Archivo Histórico del Comité Eureka y otros.

De las víctimas de represión omite los nombres deliberadamente y los enumera como V1 al V814. Sí se relata que en los momentos de la violación de sus derechos básicos eran estudiantes, maestros, campesinos, periodistas, acusados de comunistas bajo una estrategia planeada.

Aparte de las decenas de testimonios que reproduce uno por uno, también refleja a otras personas insurrectas o civiles inocentes que sufrieron la represión en muchas formas. De cada caso señala cuales fueron los derechos violados por agentes del Estado.

Las recomendaciones

La recomendación está dirigida, entre otras autoridades, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Este trabajo, se precisa en un comunicado posterior “no es una mera narrativa ni relatoría de hechos, se trata de una investigación seria, una compilación de evidencias y pruebas que permitieron hacer la asignación de responsabilidades de todas las autoridades que violaron derechos humanos en ese período, ya que, además de los hechos mismos, se hizo la revisión de la Recomendación 26/2001, de los casos de las personas excluidas de la misma, así como del trabajo de la FEMOSPP, abordándose en total los casos de 814 víctimas de quienes durante años se ocultó su situación.” 

La recomendación incluye un listado, “lo más completo que se pudo, de todos los perpetradores, violadores de derechos humanos entre 1965 y 1990. Y en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó con la recomendación de 2001, es público, y se pone a disposición de la sociedad y de las autoridades para que realicen las acciones que correspondan.”

“Por la ausencia de libertades y democracia, que caracterizaron al Estado mexicano durante una gran parte del siglo pasado, se reconoce a las guerrillas como grupo beligerante y no como delincuentes comunes, que fue como pretendieron eludir los gobiernos de la época su estrategia genocida, que también fue posible por muchas complicidades, de actores políticos, económicos, religiosos y, sobre todo, de medios de comunicación, que convirtieron la lucha política en actos de bandoleros, actos de nota roja.” 

En las recomendaciones se emplaza a todas las autoridades referidas para que en dos meses respondan la aceptación o no de las recomendaciones. El plazo se cumplirá el 18 de junio de 2023.

El Caso V663

En las recomendaciones solo se ubica a las víctimas con la consonante V de víctimas y el número correspondiente a su aceptación. Arturo Martínez Nateras autorizó referir su caso y para ello él se identificó como el V633. Su caso es una sola muestra de tratos y daños causados al total de las víctimas.

De él dice la recomendación que, a pesar de que se han negado respuestas a oficios, se pudo confirmar que “sufrió persecución política, espionaje, vigilancia y tratos crueles e inhumanos en diversas ocasiones entre la década de los cincuenta y setenta del siglo pasado.

“El 20 de julio de 1965 (cuando era líder estudiantil) comenzó su persecución política, derivada de acciones de acoso por parte de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano en la ciudad de Monterrey en Nuevo León. 

“Otro momento se dio el 6 de febrero de 1968 cuando nuevamente fue víctima de agresiones, amenazas e intimidaciones. Mientras se encontraba en La Marcha estudiantil por la ruta de la libertad, en Valle de Santiago, Guanajuato rumbo a Morelia, Michoacán, en el tercer día de la marcha, V663 y sus compañeros fueron arribados por una brigada de militares al mando del Coronel Carlos Ferrer Villavicencio, quien los amenazó de la siguiente forma: “O se suben a los autobuses o se los lleva su chingada madre”.

“Meses más tarde, del 26 de mayo al 10 de noviembre de 1968 vivió persecución política debido a su participación política durante el movimiento estudiantil de ese mítico año. Los agentes de la DFS reportaron el 31 de julio de 1968 que, tres días antes el 28 de julio 1968, el Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal ejerció acción penal contra V663 por su presunta responsabilidad en los delitos de daño en propiedad ajena, robo, secuestro, resistencia de particulares, lesiones e injurias contra agentes de la autoridad y pandillerismo por los recientes motines estudiantiles. Días después la Procuraduría General del D.F. lo consignó por los delitos antes mencionados ante el Juez 8o. de la 3a. Corte Penal. El hostigamiento en su contra duró hasta que fue detenido y trasladado a la prisión de Lecumberri, donde estuvo detenido e incomunicado durante dos meses en la crujía I. 

“El seguimiento y espionaje hacia V663 se debió a que fue dirigente de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y de la Juventud Comunista Mexicana, condición que provocó el acoso y vigilancia hacia su persona. El primero de enero de 1970, durante su reclusión en Lecumberri fue objeto de brutales agresiones por parte de los presos comunes. Estas acciones fueron realizadas bajo la aquiescencia y organización del General Andrés Puentes Vargas y el Mayor Bernardo Palacio, principales responsables del penal como director y subdirector de éste. 

“Año y medio después, el 2 de octubre de 1971 fue encañonado por policías y soldados guardias del penal, después de una manifestación a favor del 2 de octubre de 1968 en el interior del centro de reclusión. 

“Aunque salió de la cárcel, entre 1972 y 1979 nuevamente fue objeto de vigilancia, persecución política y tuvo varios intentos de detención arbitraria. Este registro y seguimiento quedó asentado en las múltiples fichas creadas por la DFS en su contra.”

Y como en todos los demás casos en este, en su expediente (CNDH/PRE/2021/1857/Q/VG) se indican los nombres de los responsables de todo ello: Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República; Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación: Gilberto Suárez Torres; Procurador de Justicia del DF y agente y ex director de la DFS; Fernando Gutiérrez Barrios, Director de la DFS; Coronel Carlos Ferrer Villavicencio; General Andrés Puentes Vargas y Mayor Bernardo Palacio director y subdirector de la Penitenciaría del DF, Lecumberri.

La recomendación más general de la CNDH sobre este y todos los casos es que se reconozca su calidad de víctimas, se agreguen como tal a los bancos de datos de la CEAV para que proceda la reparación del daño. Habremos de seguir las secuelas de estas recomendaciones, con especial interés a lo que responda la Secretaría de la Defensa Nacional. Mirada de reportero

Nota.- La recomendación se puede encontrar aquí.

El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar la construcción de un Memorial de la Guerra contra el Terrorismo a construirse no muy lejos del monumento a Lincoln, “para honrar aquellos que sirvieron en el conflicto más largo de la historia de la Nación”.

No será el primero, ya que existe el Global War on Terrorism Memorial en Georgia, para que las nuevas generaciones nunca olviden el sacrificio de «El país de las leye»s que, como Superman, lucha “por la libertad y la justicia” en el mundo. Narrativa para niños educados en Disney World y para adultos que valoran la fé sobre la razón: el mundo se reduce a la lucha del Bien contra el Mal y nosotros somos los guardianes del Bien, del Destino manifiesto.

Como siempre, los mitos están recargados de olvidos estratégicos. Ni siquiera se trató del conflicto más largo, ya que sólo la guerra de despojo, no de la tribu sino de la Nación Seminole se extendió desde 1816 hasta mediados del siglo XIX. Antes de convertirse en mascota de un equipo de fútbol, los seminoles fueron verdaderos héroes en una verdadera guerra de defensa contra el despojo de su territorio en Florida y contra una abismal diferencia de poder militar. Al igual que otros pueblos despojados y masacrados por el fanatismo anglosajón, fueron considerados salvajes (terroristas) que, según el discurso de la Unión del presidente Andrew “Mata Indios” Jackson de 1832,  “nos atacaron primero sin que nosotros los provocásemos”.

El 31 de agosto de 2021, el presidente Joe Biden anunció el “fin de la guerra contra el terrorismo”. (Naturalmente, como escribimos hace veinte años, el negocio de la guerra se desplazará al Extremo Oriente. Habrá una Segunda Guerra Fría en el ciberespacio, no sin los fuegos de la primera.) Como ningún presidente estadounidense puede hablar de amor sino de guerra, el bueno de Biden, con un estilo muy Obama, ha advertido: “permítanme dejarlo bien claro: si buscas hacerle daño a Estados Unidos… debes saber que nunca te perdonaremos. No lo olvidaremos. Te perseguiremos hasta los confines de la Tierra y pagarás por tu ofensa”. Una copia literal de las advertencias de recordar y castigar las defensas y ofensas ajenas que se leen por miles en los anales de la historia de los últimos doscientos años. 

Sólo la “Guerra contra el terrorismo” oculta las raíces del problema de la misma forma que la “Guerra contra las drogas”, diseñada, según sus autores, para criminalizar a negros y latinos. (También Pekin ha usado ese ideoléxico de “Guerra contra el terrorismo” para justificar la violación de los derechos humanos del pueblo Uighur.) El nombre “Guerra contra el terrorismo” y la obligación de no olvidar ocultan un olvido sistemático, como la destrucción de democracias en Oriente Medio (como la de Irán en 1953), la desestabilización de gobiernos seculares (como el de Afganistán en los años 70), la  creación de milicias descontroladas (como los Muyahidín o los Contras en los 80), las Guerras perdidas y genocidas (como Vietnam en los 60 o Irak en los 2000). Como los más recientes bombardeos indiscriminados en Siria e Irak, filtrados por accidente pero probados como recurso sistematico. (Luego, mejor criminalizar a quienes nos descubrieron matando, como es el caso de Julian Assange.) Como la detención indefinida de sospechosos derivada de la Ley Patriota de 2003, la cual se ha extendido de forma obscena a los inmigrantes pobres. Porque los pobres son siempre sospechosos. Porque este es El país de las leyes, como les gusta repetir a los pobres que logran pasar y hacerse de papeles y papelitos.

No es posible hablar de terrorismo en Medio Oriente sin considerar el rol de los imperios Noroccidentales. No es posible hablar del rol de los imperios sin los intereses corporativos. Mientras éstos existan, existirá el imperialismo y existirán las sangrientas “guerras de defensa”. En 1933, Smedley Butler, el general más condecorado de su generación y héroe de las Guerras bananeras, se puso a pensar y reconoció: “he sido el músculo de Wall Street, un mafioso del capitalismo”. En 1961 otro general, el presidente Eisenhower, antes de ser acusado de comunista advirtió de la injerencia del Complejo Industrial Militar en el gobierno. La última “Guerra contra el terrorismo” costó 8.000.000.000.000 dólares (dos veces la economía de todos los paises de América latina juntos), causó la muerte de más de un millón de personas y el desplazamiento de otros 38 millones. ¿Cuántos grupos terroristas se necesitan para alcanzar alguna de estas cifras?

Pues, entonces, ¿por qué es posible este absurdo universal? La injusta muerte de un ciudadano estadounidense por motivos raciales puede movilizar a millones de indignados, pero cuando se filtra una matanza oculta de cincuenta niños en Medio Oriente, pasa desapercibida. No existe.

¿Acaso no es el imperialismo la mayor expresión de racismo? La vergonzosa cárcel de Guantanamo, el centro de violación de los Derechos Humanos en Cuba, ha sobrevivido dos décadas de vanas promesas porque hasta los psicólogos han hecho fortunas asesorando a torturadores. Al igual que los barcos-prisión de la CIA, Guantánamo no es territorio estadounidense sino territorio ocupado, y, por lo tanto, no se aplican sus leyes humanitarias. Incluso cientos de inocentes torturados por años, muchos liberados como esponjas secas, nunca lograrán indemnización alguna sino estigmatización del resto del mundo. Lo mismo las decenas de cárceles secretas e ilegales que mantiene la CIA alrededor del mundo (black sites) como si fuesen agujeros negros de todos los derechos humanos, esos gobiernos paralelos que Washington mantiene al tiempo que da lecciones de Derechos Humanos.  

Aparte de sus propias raíces, la “Guerra contra el terrorismo” ha logrado ocultar los problemas reales del presente. Los países continúan su absurdo incremento del gasto militar, incrementando la pobreza y la violencia de las naciones. La pandemia los ha desnudado en toda su inutilidad pero, por otro lado, ha contenido masivas protestas sociales en los países “civilizados”, peligro creciente que antes había llevado a la militarización de la policía. (Con la previsible excepcion del asalto al Congreso de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, donde la policía enfrentó a la turba de banderas confederadas con palitos y palabras de consolación.)

¿De verdad quieres servir a tu país? Pues, déjate de masturbaciones patrióticas y empieza a decir la verdad, sobre todo esa verdad que los pueblos no quieren escuchar. Eso requiere más valor que apretar botones y suprimir decenas de inocentes a distancia, como si se tratase de un videojuego. Eso no es heroísmo. Es un crímen mayor. Pero más condenable que esos soldados adoctrinados por una maquinaria trillonaria es el silencio de los ciudadanos, distraídos en apasionados debates sobre fuegos artificiales.

Para terminar, Biden agregó: “La obligación fundamental de un presidente es defender y proteger a Estados Unidos, no contra las amenazas de 2001, sino contra las amenazas de 2021… Gracias, que Dios proteja a nuestras tropas”. 

Sr. presidente, la solución es bastante simple y no requiere más gastos sino menos: deje de considerar que Dios tiene un pasaporte y una bandera colgada a la entrada de su casa. Deje de considerar que las invasiones preventivas son actos de defensa y comience a cumplir con las leyes internacionales. Salvará usted no sólo a su país y la vida de sus soldados, sino millones de otras vidas humanas.

Claro que eso no será un buen negocio para los Señores de la Guerra, pero, en fin, alguien siempre tiene que perder algo. 

Fuente Rebelión