El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió mantener las candidaturas de cuatro personas aspirantes a cargos judiciales, quienes han sido señaladas por sus vínculos con la organización religiosa La Luz del Mundo. La resolución se dio tras analizar las impugnaciones presentadas por víctimas de dicha iglesia y por la agrupación Defensorxs, quienes argumentaban que los postulantes no cumplían con el requisito legal de buena reputación exigido para acceder a puestos en el Poder Judicial.

Entre las candidaturas ratificadas se encuentran las de Job Daniel Wong, exministro de culto que busca ser magistrado en materia laboral; Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija de un obispo de la iglesia, quien aspira a un cargo como jueza en materia administrativa; Cinthia Teniente Mendoza, actual alcaldesa de Villagrán, Guanajuato, con aspiraciones a una magistratura laboral; y Betzabeth Almazán Morales, criminóloga, quien se postula como jueza en materia civil.

Los argumentos de los impugnantes se centraron en la supuesta cercanía de estas personas con altos mandos de La Luz del Mundo, incluidos personajes procesados por abuso sexual y corrupción. Según quienes promovieron la impugnación, esta relación debería bastar para considerar comprometida su honorabilidad. No obstante, el tribunal concluyó que no existían pruebas concluyentes que demostraran que las y los aspirantes habían participado en conductas que comprometieran su integridad ética o profesional.

Esta resolución ha generado una amplia discusión pública sobre el equilibrio entre los derechos individuales y el interés público. Por un lado, está el principio constitucional de no discriminación por creencias religiosas; por otro, la exigencia de que quienes aspiren a la judicatura deben demostrar una trayectoria intachable y sin vínculos con estructuras de poder cuestionadas.

El TEPJF subrayó que la participación de personas con antecedentes religiosos o familiares no constituye, por sí sola, una causa para eliminar una candidatura, siempre que no se demuestre una conducta ilícita o inadecuada. Esta postura resalta la importancia del respeto al debido proceso y a los derechos civiles, incluso en contextos polémicos.

A su vez, la decisión del tribunal podría abrir un precedente sobre cómo se valoran las pruebas de reputación en los procesos de selección judicial, y plantea preguntas de fondo sobre la frontera entre la vida privada, las creencias personales y el servicio público. Mientras tanto, las y los aspirantes continuarán en sus procesos de evaluación, a la espera de un nombramiento que, de concretarse, podría seguir generando debate tanto dentro como fuera del Poder Judicial.

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró hoy la validez de la elección presidencial, y del triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera Presidenta de la República.

“En el dictamen se propone declarar que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue la que obtuvo la mayoría de los votos, que la elección es válida por cumplir los principios constitucionales y que ella es elegible por reunir los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política para ejercer el cargo de Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos”, se indica en el documento aprobado por las seis magistraturas que para este proceso integraron el Pleno: Mónica Soto Fregoso (presidenta), Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mara Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otalora Malassis, y Claudia Valle Aguilasocho.

Al colmar también los requisitos constitucionales de elegibilidad, desde el medio día de este miércoles Sheinbaum Pardo es la Presidenta Electa y recibirá su constancia en sesión solemne convocada para este jueves 15 de agosto.

Para la sesión de calificación – a la que asistieron observadores electorales nacionales e internacionales- fue ratificada la validez los cómputos distritales que da amplia mayoría a la candidata de la coalición Sigamos Hacienda Historia – integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista-.

Los magistrados de la Sala Superior concluyeron – con distintos matices- que esta contienda, celebrada el 2 de junio pasado, fue libre, auténtica, democrática, legal y transparente, así como representativa de la voluntad del electorado, y también destacaron el valor de la lucha política de las mujeres que ahora se evidencia en que por primera vez una mujer llegara al máximo cargo de la nación.

Apenas en 1953 las mujeres mexicanas fueron por primera vez a ejercer el derecho al voto.

En ese contexto se hizo un reconocimiento a los poco más de 60 millones de electores que acudieron a las urnas.

El 2 de junio fueron instaladas 170 mil 062 casillas , el 99.9 por ciento de las programadas; solo 23 centros de votación no se instalaron.

El INE reportó que durante la jornada electoral hubo 6 mil 442 incidentes – casi todos durante la recepción de boletas- y se suspendió la votación en solo 27 casillas.

Frente al cómputo de los sufragios, el TEPJF recibió 240 juicios de inconformidad, todos declarados improcedentes.

Así, el cómputo final dio a Sheinbaum 35 millones 924 mil 519 votos, esto es, el 59.76 por ciento del total de sufragios.

También diferían rechazaron los juicios que pedían la anulación de la contienda porque no se acreditó violacion a los principios de independencia, imparcialidad y equidad de la elección.

“Se concluye que los actos previos y la jornada electoral se llevaron a cabo conforme a los principios constitucionales “, se lee en el resume de la sentencia.

Después de la intervención de cada una de las magistraturas, en las que hasta último momento ratificaron sus posiciones en favor y en contra de ciertos tramos del proceso electoral federal 2023-2024 la presidenta ordenó al secretario general de Acuerdos tomar la votación el dictamen. Los magistrados nombraron explícitamente el triunfo de Sheinbaum, como primera mujer en el cargo, para la expedición de constancia de validez.

Rodriguez y Otálora anunciaron que añadirán su reflexión personal en los votos.

Posterior a ello, minutos antes de la una de la tarde, Soto dio la sentencia.

Luego, al saludar a los observadores electorales alzó el pulgar como símbolo de trabajo concluido y dijo que era un momento histórico para ella.

El día de ayer, la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que ya se revocó la suspensión provisional que dictó el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Rodrigo de la Peza López Figueroa, en la que se ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la designación de dos magistrados en la Sala Superior de esta instancia.

En entrevista, Ana Lilia Rivera reconoció que hay resistencias a la reforma al Poder Judicial e intentan impedir que se lleve a cabo a “toda costa”.

Sin embargo, acotó, no podrán detener este proyecto, porque la sociedad está informada, organizada, y no permitirá que -a través de estos espacios, donde se abusa del control constitucional que tienen los jueces de distrito-, se impongan “intereses de unos cuantos”, cuando lo que demandan los ciudadanos es justicia plena.

Al respecto, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que ya no será necesario el juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza, por esta resolución del Senado.

Desde Palacio Nacional, el mandatario recordó:

“La Constitución es muy clara con eso, corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección al Tribunal Electoral, cómo se va a meter el juez a algo que no le corresponde”.

E insistió:

“No es de interpretación, es muy claro que es la autoridad electoral, es última instancia el Tribunal Electoral para estos asuntos, no sé quién lo asesoró. Pero si ya se resolvió qué bueno, felicidades”.

El día de ayer, Ana Lilia Rivera Rivera, enfatizó que la Cámara de Senadores actuó conforme a Derecho al impugnar el recurso que presentó Rodrigo de la Peza, pues se arrogó facultades metaconstitucionales al ordenar a una autoridad superior jerárquica que realice determinados actos que no están dentro de sus facultades.

Acusó que el juez le concedió personalidad jurídica a una organización civil que no justifica en los objetivos, para los que fue formada, interés sobre el asunto; además de concederle “más de lo que solicitó”, en un contexto político en el que se debate la reforma al Poder Judicial y en el que, incluso la Constitución, establece que el amparo no procede en materia electoral.

Finalmente, advirtió que desde que llegó la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial tiene una irresponsable confrontación con los otros dos poderes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló cuál era el plan del juez Rodrigo de la Peza al tratar de imponer un tiempo límite al Tribunal Electoral (TEPJF) para nombrar magistrados aún cuando esto extralimitaba sus funciones.

Durante su conferencia mañanera, López Obrador aseguró que a través de una “maniobra politiquera” se trato de imponer a dos magistrados conservadores en el TEPJF. Esto con la intención de que los conservadores fueran mayoría y pudieran tomar las últimas decisiones en materia electoral.

“Es una maniobra politiquera, un juez que no tiene facultades, le pide al tribunal que nombre a dos magistrados que hacen falta de nombrar (…) ¿Pero para qué quieren nombrar a esos dos? ¿De cuándo acá al juez le importa que esté integrado completamente el tribunal? Pues todo es un plan con maña, porque los dos que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría”, dijo AMLO.

El mandatario dijo que, con la mayoría conservadora, el TEPJF tendría incluso la facultad para cancelar la elección presidencial. Sin embargo, aseguró que ese no es el sentido del plan del magistrado, sino quitarle la mayoría calificada a la coalición de la 4T.

“Entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es, para no exagerar, no, lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada y no puedan reformar la Constitución ¿Eso es mafia o no es mafia?”, explicó López Obrador.

Finalmente, AMLO volvió a posicionarse a favor del juicio político en contra de este juez que extralimitó sus facultades.

“Ya basta de que estén pisoteando la Constitución. Y no es nada más este caso, los que deberían respetar la Constitución, los Ministros la violan”, sentenció.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF) envió al ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, la opinión a considerar para resolver de fondo la inconstitucionalidad de la segunda parte del llamado Plan B de la reforma electoral.

El documento determina que, de acuerdo a un análisis electoral realizado por la Sala Superior del TEJF, de los 34 artículos y temas recurridos por diversos partidos de oposición, solamente seis pueden ser considerados inconstitucionales, mientras que otros 12 simplemente no requieren una opinión electoral por ser de otro ámbito y los restantes 16 son constitucionales.

Así, la reestructura que el Plan B ordena al Instituto NacionalElectoral (INE), la que ordena la fusión de algunas áreas y la reubicación de trabajadores, así como retrasar el proceso electoral presidencial del 1 de septiembre a la última semana de noviembre, son cambios que se inscriben dentro de la libertad legislativa prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estos cambios, señalan los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón, “son parte de la libertad de configuración legal de que goza el legislador nacional sin que dicha facultad o libertad definitoria se traduzca, per sé, en una vulneración a los principios de autonomía e independencia conferidos constitucionalmente a las autoridades electorales”.

Y es por eso que, concluyen los magistrados, “no se advierte alguna modificación normativa tendente a vulnerar, alterar o menoscabar la autonomía del INE o de los OPLES en general” y que incluso, la reforma “no incide en la atribución del INE de decidir”, pues se preservan los 32 órganos locales y hasta 300 distritales “que podrán ser permanentes o temporales”.

“La inconstitucionalidad que alegan, la hacen depender del supuesto de que la autoridad electoral no contará con el personal especializado y suficiente, pero estos planteamientos derivan de aspectos fácticos que dependen de cuestiones futuras e inciertas y depende de múltiples factores que ni siquiera se han actualizado o materializado. No se advierte que las fusiones, supresiones y creaciones tengan como efectos la imposibilidad de acción o la desarticulación orgánica que torne disfuncional a las autoridades comiciales”, finaliza el documento.

SinLínea

Desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ordenó la restitución temporal del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo.

Ello luego de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió al funcionario una suspensión provisional contra la orden de removerlo de su cargo, planteada en el artículo 17 transitorio del “Plan B” electoral.

Uno de los argumentos que permitió el regreso de Edmundo Jacobo al organismo electoral fue que el Secretario Ejecutivo había sido designado para el periodo febrero de 2020 a febrero de 2026, y no existe ningún motivo para cesar en funciones.

Si bien la medida obtenida permitirá que el funcionario continúe con sus labores en el INE, esta no es definitiva y podría ser impugnada.

Con información de Infobae

l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), validó la elección a gobernador en el estado de Tamaulipas a favor del morenista Américo Villarreal. 

José Luis Vargas Valdez, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), adelantó desde el domingo pasado que votaría a favor del triunfo de Villarreal en su proyecto de resolución (SUP-JRC-101/2022) y fue apoyado por otros tres magistrados.

Después de los comicios electorales, el Partido Acción Nacional (PAN) que gobierna actualmente la entidad en la persona de Francisco Javier García Cabeza de Vaca,  interpuso recursos de inconformidad contra el triunfo morenista, el cual ya había avalado  el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam) a mediados de agosto.

La impugnación del PAN pretendía que se revocara la sentencia emitida por el TRIELTAM y, a su vez, anulara la elección de la gubernatura en dicha entidad federativa, la cual la alianza opositora perdió ante Morena por apenas 88 mil 431 votos.

Acción Nacional pretendía que el TEPJF  considerera tres causales de nulidad: la vulneración a la cadena de custodia de los paquetes electorales; la vulneración a principios de neutralidad e imparcialidad, es decir, la intervención ilegal de personas servidoras públicas en el proceso; y la supuesta intervención del crimen organizado y violencia generalizada.

Según el expediente de impugnación SUP-JRC-101/2022, los panistas aseguran que el gobernador electo habría sido financiado por el Cártel del Golfo, por el Cártel del Noreste y por una banda dedicada al huachicol internacional.

La impugnación fue elaborada por el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Baños y por el asesor de Cabeza de Vaca, el exsenador del PAN, Roberto Gil Zuarth. Presuntamente aportaba  publicaciones y videos de dominio que aseguran que la campaña de Villarreal fue apoyada por un presunto brazo del Cártel del Golfo, conocido como la Columna Armada de Pedro José Méndez; que tuvo relación y financiamiento de Gerardo Teodoro Vázquez, “El Gerry”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, y que fue beneficiado con dinero del empresario Sergio Carmona Angulo, relacionado con el negocio del huachicol y asesinado en Monterrey en noviembre del año pasado.

Toda esta información fue revelada por el periodista Héctor de Mauleón en una de sus columnas para el diario El Universal, basándose en supuestos cables confidenciales que pertenecían al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien a la postre desmintió la fidelidad de esos documentos.

Por lo anterior, las causales fueron desestimadas, tras considerar que el PAN no aportó los elementos suficientes para acreditar los hechos que denuncia. 

El proyecto de Vargas Valdez explicó al respecto de la presentación de notas de prensa, que “carece de valor demostrativo para generar plena convicción de que existieron supuestas conductas irregulares que tuvieron la finalidad de beneficiar al candidato Américo Villarreal”, pues sólo difunde información de interés público por parte de diversos medios de comunicación en ejercicio de la libertad periodística.

El Magistrado reconoció que el ambiente de violencia afecta el ejercicio de los derechos democráticos, pero el tribunal local que analizó el tema no estudió a fondo todos los argumentos y pruebas sobre intervención de la delincuencia organizada, incluyendo supuestas presiones de criminales para cambiar el sentido del voto de los ciudadanos.

“No es posible presumir la existencia de vínculos de la candidatura con grupos delictivos y menos que se hayan usado para favorecer la campaña”, dijo.

También el Magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que no se puede demostrar que existiera un contexto de violencia generalizada que haya afectado el derecho del voto. Sostuvo que los indicios presentados por el PAN, sobre todo notas periodísticas, no corroboran que un grupo criminal apoyó de forma general a Villarreal.

“No se puede identificar nexo válido entre grupos delincuenciales y el grupo político triunfador… solo existen nexos probatorios aislados”, señaló.

Las Magistradas Janine Otálora y Mónica Fregoso también apoyaron la entrega de la constancia de victoria al candidato morenista.

Apenas este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa que existe una persecución y presiones para revocar el triunfo a Américo Villarreal, pues el presidente del TEPJF fue asesor de Gil Zuarth.

“Parece que el presidente del Tribunal Electoral fue funcionario de uno de los asesores de ese señor, sí, que fue del PAN o es del PAN,  pero ese Tribunal no es una gente”, dijo el mandatario.

Y es que en el historial de Reyes Rodríguez Mondragón, está el haber sido coordinador de asesores de Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón, quien actualmente encabeza la defensa jurídica del aún Gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, de los diversos delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

*En un momento más información

Polemón