Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, testificó que Genaro García Luna pagó 25 millones de pesos al mes en sobornos a El Universal, para limpiar la imagen del ex secretario de seguridad pública.

Villarreal, quien trabajó para Humberto Moreira cuando era gobernador de Coahuila, le presentó al entonces secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

En una reunión García Luna le ofreció al gobierno de Chihuahua la compra del programa Pegasus, pero supuestamente Moreira se negó por temor a que el programa fuera utilizado por el propio García Luna para espiar a sus funcionarios.

También se detalló que García Luna le pidió ayuda a Moreira para tener acercamientos con El Universal, para tener una cobertura favorable ante los rumores de que había sido secuestrado por integrantes del crimen organizado.

El acercamiento funcionó, pero a cambio de una mensualidad de 25 millones de pesos. El exsecretario de Finanzas testificó que estuvo presente cuando se realizó el arreglo, en el que participó el dueño del periódico Juan Francisco Ealy Ortiz.

A lo largo del interrogatorio el exfuncionario confirmó que él mismo operó el esquema financiero para obtener los recursos para estos sobornos.

El testigo presentó una factura de la Secretaría de Finanzas y El Universal por una campaña para rescatar al turismo, por 11 millones de pesos, la cual presuntamente nunca existió.

Nueva York. Genaro García Luna acordó pagar 25 millones de pesos mensuales al dueño del periódico El Universal para contrarrestar “rumores” sobre los vínculos del entonces secretario de Seguridad Pública con integrantes del cártel de Sinaloa, declaró un testigo cooperante, quien dijo haber participado en el arreglo, así como en un esquema de corrupción encabezado por el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que generó 200 millones de dólares en fondos ilícitos.

Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Coahuila, se presentó ayer en el juicio de García Luna. Contó que, junto con Moreira, en un viaje oficial a la Ciudad de México en 2009, vieron por segunda ocasión al titular de Seguridad Pública.

Según la declaración, en ese encuentro García Luna preguntó al gobernador si conocía a personas en El Universal, ya que le preocupaba que circularan en algunos medios “rumores de que había sido secuestrado” y que “estaba relacionado con algunas gentes del cártel”.

Moreira, afirmó el testigo, le respondió a García Luna que “era muy buen amigo del dueño” del rotativo y que “lo acercaría” con él “sin ningún problema”.

El dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, era “compadre” de Moreira, declaró Villarreal. Añadió que él y su jefe lo habían visto varias veces, tanto en la capital como en Saltillo.

El testigo aseguró que llegaron a un acuerdo por el que se le pagarían 25 millones de pesos mensuales al diario, para contrarrestar las versiones de otros medios de que García Luna estaba relacionado con el narcotráfico y para reportar que “la Secretaría de Seguridad Pública hacía un buen trabajo para el gobierno y para la ciudadanía”.

Dinero en maletas

El testigo indicó que fue enviado a México por Moreira para ayudar en la entrega de uno de los pagos. Contó cómo acompañó a Sergio Montaño, un asistente de García Luna, a las oficinas de El Universal, para cerrar el trato. Montaño llegó con una pequeña maleta llena de efectivo e informó que el resto del pago estaba en la camioneta en la que iban.

Villarreal, bajo la guía de interrogatorio por la fiscal Erin Reid, informó que en una ocasión se usaron fondos del estado de Coahuila para completar un pago al rotativo a nombre de García Luna, después de que el secretario les solicitó ayuda en el trámite.

“Yo di las instrucciones” para pagar 10 millones de pesos y para que se elaborara una factura que no se registrara en las cuentas oficiales, relató el declarante.

Expuso que él mismo había guardado en una caja facturas “inconsistentes” como ésa, un documento que fue mostrado al jurado en la corte.

La factura dice que el destinatario es “El Universal Compañía Periodística Nacional”. El concepto es “publicidad de campaña de rescate del turismo 2009” y está fechada el 24 de junio de 2009 por el monto de 11 millones 500 mil pesos.

Preguntado por qué el total era más alto que los 10 millones que se solicitaron, explicó: “Los 1.5 millones es de impuestos que se aplican en México”.

Otras reuniones

La fiscal le preguntó si había visto a García Luna en otras ocasiones y Villarreal contestó que él y su jefe fueron a un departamento “de lujo en el penthouse” de un edificio en Santa Fe, en la capital, donde se reunieron varios hasta la madrugada. Ahí (el ex funcionario) le agradeció a Moreira “porque todo estaba funcionando bien”.

En otra ocasión, sostuvo Villarreal, llevó a su jefe a una casa de García Luna en Cuernavaca, “porque le iba dar un ride por helicóptero” al gobernador.

La primera vez que Moreira y Villarreal se vieron con García Luna, contó el testigo, fue en 2008, cuando fueron a México a solicitar fondos para programas de seguridad pública en Coahuila.

La segunda ocasión fue cuando García Luna los invitó a recorrer un edificio de alta seguridad, conocido como El Búnker, donde les mostraron la recolección de inteligencia de todos los estados en tiempo real y el monitoreo e intervención de comunicaciones celulares con el programa Pegasus.

Interrogado si compraron el programa, Villarreal señaló que no. “No queríamos que nos estuvieran escuchando a todos los que estábamos en el gobierno”. Aseveró que fue al concluir esa segunda visita que García Luna les pidió ayuda en la relación con El Universal.

Trama en Coahuila

Villarreal comenzó su declaración identificándose primero como ex subsecretario de Presupuesto y después secretario de Finanzas de Coahuila a partir de 2005, por nombramientos del gobernador Moreira.

Agregó que ahora es un testigo cooperante, que espera sentencia en Texas. Se entregó a las autoridades estadunidenses en 2014, llevando sólo su caja de facturas y un servidor lleno de datos. Se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero ese mismo año. Quedó libre bajo fianza y llegó a un acuerdo de cooperación con los fiscales estadunidenses.

Describió los delitos financieros que cometió junto con su jefe, el gobernador Moreira, a través de comisiones ilícitas y sobrefacturación de obras públicas en el estado, y que el esquema de corrupción generó unos 200 millones de dólares entre 2006 y 2011.

Moreira se quedó con unos 40 millones y Villarreal y otros siete colaboradores ganaron 2.5 millones cada uno, indicó el testigo. Añadió que los beneficiados gastaron sus ganancias en la compra de propiedades, como casas en Cuernavaca o en la playa. Confesó que tenía pequeños centros comerciales, inmuebles y un Mercedes McLaren, entre otras inversiones.

El testigo informó que también compraron medios e “hicimos pagos a muchos medios”, tanto del estado como a nivel nacional, con el propósito de “tener una mejor imagen”, hacer favores a quienes apoyaban y “perjudicar” a otros.

Interrogado sobre qué hizo después de la conclusión del periodo del gobernador, Villarreal recordó que fue asesor de Moreira cuando era presidente del PRI.

Casi al final, Villarreal fue preguntado si conocía a Édgar Veytia, ex procurador de Nayarit. Respondió que conoció al jefe del mencionado, el gobernador Roberto Sandoval, en 2011.

Veytia ha sido señalado como posible testigo en este juicio.

Embajador en el banquillo

En este octavo día de audiencias con testigos y presentación de evidencias en el juicio de García Luna, el último declarante fue Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.

El diplomático testificó que conocía al acusado y que había participado en entre 10 y 20 reuniones con él, incluso varias con delegaciones de funcionarios y políticos estadunidenses que visitaban México, interesados en los avances en la cooperación sobre seguridad.

Fue preguntado sobre la peculiar manera de hablar del acusado, aparentemente para demostrar que las reuniones con altos funcionarios estadunidenses con el entonces secretario de Seguridad Pública eran rutinarias.

Con información de La Jornada y SinLínea

Durante el juicio en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad con Felipe Calderón, serán expuestos los periodistas que recibieron dinero a cambio de no revelar los vínculos del poder con el crimen organizado, según reveló el periodista Jesús Esquivel.

“Lo que prometieron los fiscales es que en el juicio darán a conocer el nombre de periodistas mexicanos que en el sexenio de Felipe Calderón recibían dinero de García Luna para que no se reportara lo que se mencionaba, la presunta colusión de él y otros funcionarios con el Cártel de Sinaloa”, indicó.

Esquivel agregó que le “gustaría escuchar” el nombre de dichos reporteros, según las investigaciones que ha realizado el Departamento de Justicia estadounidense.

“Me gustaría escuchar qué reporteros, de acuerdo a lo que sabe el Departamento de Justicia, recibían dinero de García Luna. Porque ya sabes, todo mundo investiga, todo mundo es especialista, todo mundo denunció, y a la mera hora como Felipe Calderón: se les olvida todo”, dijo.

Fue durante una entrevista con Julio Astillero que Esquivel reveló dicha información y, agregó que “no es improbable la posibilidad de que pueda existir algún tipo de arreglo” porque los fiscales del Departamento de Justicia mantienen la propuesta para que García Luna se declare culpable.

“No es improbable, porque los fiscales del Departamento de Justicia mantienen sobre la mesa la propuesta que le hicieron desde que fue detenido Genaro García Luna, que se declare culpable, con lo cual se anula el juicio y que se convierta en testigo cooperante”, aseguró.

También explicó que seguramente el Departamento de Justicia “quiere información que sólo puede tener García Luna” por sus años como secretario de Seguridad Pública y como titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el Gobierno de Vicente Fox.

“Me parece que García Luna está tratando de llegar al máximo, presionando de alguna manera, desafiando al Departamento de Justicia para que le den la categoría de testigo protegido y no cooperante”, declaró.

Según el periodista, si García Luna recibe la “categoría de testigo protegido”, se anularía el proceso de extradición que solicitó México y sería “asignado” a un “punto desconocido” de Estados Unidos, bajo una “nueva identidad”.

Polemón

La policía de Andorra ha revelado una posible relación de pago de sobornos relacionados con la Central Hidroeléctrica “La Yesca” del ex presidente Felipe Calderón, según dieron a conocer los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil en el diario español El País.

A decir del artículo, el proyecto desarrollado en su totalidad durante el sexenio del panista habría costado mil millones de dólares, es decir, 30% más de lo presupuestado inicialmente.

Los periodistas citan un dictamen policiaco que incluye un informe elaborado por el abogado Mauricio Cort, por el cual habría cobrado 3 millones de dólares, mismos que fueron depositados en una cuenta en Andorra.

La investigación presume que ese dinero habría sido depositado a través de cuatro misteriosas empresas mexicanas:

• Comercializadora y marketing Maja SA
• Internacional Transfer Gamba SA
• Ramra consulting SA
• Asesoría y edificación integral Rutgal SA

A decir del diario español, la policía de Andorra cuestiona el informe del abogado, titulado “Estudio de riesgos para determinar la pérdida máxima probable del proyecto hidroeléctrico La Yesca”, en donde sostiene que las firmas que abonaron el trabajo fueron instrumentales.

Por ello, los agentes de la policía consideran que Cort habría operado como pieza clave en un engranaje de pago de sobornos que funcionó para que constructoras resultaran beneficiadas con adjudicaciones públicas.

Fuentes consultadas para la investigación revelan que tres meses después de cobrar en Andorra su sospechoso estudio de consultoría, Cort depositó el 80% en una Caja de Ahorros de Panamá a nombre de la compañía de servicios fiduciarios Assets Trust and Corporate Services Inc.

“Los fondos se destinaron después a adquirir una propiedad en ese país centroamericano en el Ocean Reef, un residencial de lujo con club de yates y helipuerto, e invertir en un ‘proyecto inmobiliario’ en la isla Pedro González, radicada en el denominado archipiélago Las Perlas del golfo de Panamá”, menciona el diario.

Añade que la policía andorrana señala que la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), quien ganó la adjudicación de “La Yesca”, era “socio preferente en diversas licitaciones en México de la española FCC”.

Además, se presume que las sociedades Arados de Plata y Neecel Corp, que aparecen como titulares de cuentas en la BPA donde Cort cobró su informe, “habrían recibido fondos de FCC”.

Un oscuro pasado

Además, los periodistas Irujo y Gil explican que el abogado es dueño de un enigmático y controversial historial.

En 2018 fue condenado por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por mover comisiones de Odebrecht, la empresa brasileña que operó la mayor trama de sobornos en América.

El ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, vinculó ante la Fiscalía Anticorrupción de España a Cort, con suspuestos pagos de FCC a los hijos del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a través de operaciones de compensación, un mecanismo usado para el lavado de dinero.

La hidroeléctrica “La Yesca” fue desarrollada bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF) por el consorcio conformado por ICA, Promotora e Inversora Asida, La Peninsular Compañía Constructora y Constructora de Proyectos Hidroeléctricos, el ganador de la Licitación Pública Internacional correspondiente.

“La Yesca” está ubicada en el cauce del Río Grande de Santiago, en el municipio La Yesca, de Nayarit. Su construcción comenzó el 27 de septiembre de 2007 y su primera unidad entró en operación en octubre de 2012, mientras que la segunda, en noviembre de ese mismo año.

Polemón

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa extranjera Vitol, ya entregó los nombres de los funcionarios de Pemex que recibieron sobornos en su administración.

Tras la advertencia de la semana pasada que hizo el presidente López Obrador, quien dijo, le cerraría operaciones en el país, si no revelaban que funcionarios de Pemex recibieron sobornos.

“Les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres”.

El Presidente aprovechó una pregunta sobre probables actos de corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de México para abordar también el caso de Vitol y señaló:

“Que haya transparencia es una regla de oro de la democracia. Aquí tratamos de un fraude en Pemex, de Vitol, se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos –en un juicio— y llegaron a un acuerdo (en aquel país). Luego vinieron con nosotros a decirnos ‘vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño’. Sí, lo aceptamos (respondió el gobierno), pero ¿quiénes fueron a los que extorsionaron, los que recibieron los moches? ‘No, es que no podemos decirlo’ (habría dicho la compañía en su momento). Ah, entonces no”

Por lo que luego del amague de cerrar operaciones con empresas corruptas, la empresa dijo, ha cambiado su postura y justo ayer entregó la información; sin embargo el mandatario no quiso revelar aún los nombres.

Sólo refirió: “Uno estuvo activo hasta 2019, eran del área internacional de Pemex. Ya se va a proceder, y agradezco a los de Vitol porque tomaron esa decisión. Parece ser que es una empresa importante en el sector petrolero y que además tienen una actitud ética, al final de cuentas eso fue lo que prevaleció. Falta la reparación del daño”.

Con información de La Jornada