Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró su respaldo para que las propuestas de las madres buscadoras sean tomadas en cuenta en el proceso legislativo que actualmente se lleva a cabo en el Senado de la República. Durante su participación, enfatizó la importancia de incluir de manera efectiva las voces de quienes han vivido en carne propia la desaparición de un ser querido.

La funcionaria federal subrayó que la construcción de leyes en materia de desaparición forzada no debe realizarse únicamente desde los escritorios institucionales, sino que debe nutrirse con la experiencia directa de las víctimas, en especial la de las madres que han encabezado la lucha por la búsqueda de sus hijos e hijas. Señaló que es indispensable crear un marco normativo que responda con sensibilidad, eficacia y justicia a las realidades que enfrentan día a día.

En ese sentido, destacó que desde el Gobierno de México se mantiene el compromiso de acompañar a las madres buscadoras en su demanda de verdad y justicia, y que por ello se impulsa que sus propuestas específicas sean incorporadas en la nueva legislación en análisis. Entre los puntos solicitados por estas colectivas se encuentran mayores recursos para las comisiones locales de búsqueda, mecanismos de protección integral para quienes participan en estos procesos y un seguimiento real a las denuncias por omisión de autoridades locales.

Rosa Icela también señaló que es fundamental garantizar que las reformas en discusión no queden en buenas intenciones, sino que se traduzcan en acciones concretas que fortalezcan la prevención, atención y sanción de los delitos vinculados con la desaparición de personas. Asimismo, añadió que la colaboración entre el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil es clave para lograr una ley efectiva, con perspectiva de derechos humanos y con enfoque diferenciado.

Cabe mencionar que en los últimos años las madres buscadoras han desempeñado un rol fundamental en la visibilización de la crisis de desapariciones en México, realizando búsquedas en campo, impulsando la creación de registros públicos y exigiendo transparencia en las investigaciones. Su participación ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional, lo que refuerza la urgencia de integrar su experiencia en el diseño de políticas públicas.

La secretaria concluyó su intervención reiterando su llamado al Senado para que escuche con atención a las familias y colectivos, y aseguró que desde la SSPC se continuará trabajando de la mano con ellas, con respeto, empatía y compromiso, para avanzar hacia una legislación que esté realmente a la altura del desafío humanitario que enfrenta el país.

Introducción

El Halconazo de 1971 representa uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México. Este evento, marcado por la brutal represión gubernamental contra manifestantes pacíficos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, revela no solo la violencia estatal contra la disidencia, sino también la complicidad y la falta de rendición de cuentas en el sistema político mexicano. En este ensayo, exploraremos cómo el viejo régimen de gobernantes estuvo involucrado en el Halconazo, cómo el nuevo PRI y PAN minimizaron su importancia y continuaron con políticas represoras, y destacaremos el papel del gobierno de MORENA y su Comisión de la Verdad en la búsqueda de justicia y verdad histórica en México.

El Halconazo y el Viejo Régimen

El contexto político y social en México durante la década de 1970 estaba marcado por la dominación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su régimen autoritario. Desde su fundación en 1929, el PRI había consolidado un control absoluto sobre el país, utilizando tácticas de represión para mantener su poder. El Halconazo de 1971 fue una manifestación violenta de esta represión estatal.

El 10 de junio de 1971, cientos de estudiantes y ciudadanos se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para protestar pacíficamente contra el gobierno. Sin embargo, fueron recibidos con una brutalidad inimaginable por parte de un grupo paramilitar conocido como «Los Halcones», presuntamente vinculado al gobierno. Esta represión indiscriminada resultó en la muerte y desaparición de cientos de personas, dejando una herida profunda en la sociedad mexicana.

La respuesta del viejo régimen ante este acto de violencia fue característica de su naturaleza autoritaria. En lugar de investigar a fondo el incidente y responsabilizar a los perpetradores, el gobierno optó por encubrir la verdad y perpetuar la impunidad. Los líderes del PRI en ese momento, lejos de condenar la represión, la justificaron como un acto necesario para mantener la estabilidad del país.

La Actitud del Nuevo PRI y PAN

A medida que el tiempo avanzaba, surgieron nuevas fuerzas políticas en México, como el Partido Acción Nacional (PAN), que buscaban ofrecer alternativas al régimen autoritario del PRI. Sin embargo, tanto el nuevo PRI como el PAN demostraron una falta de voluntad para confrontar el legado de represión del pasado.

Después del Halconazo, el nuevo PRI, que había surgido como una versión renovada del partido, optó por minimizar la importancia del evento y continuar con las políticas represivas de sus predecesores. En lugar de reconocer la gravedad de la violación de derechos humanos y buscar justicia para las víctimas, el nuevo PRI optó por mantener el statu quo y proteger a los responsables de la represión.

Por otro lado, el PAN, que se presentaba como una alternativa al PRI, tampoco logró ofrecer una verdadera oposición al régimen. Si bien el PAN criticaba ocasionalmente las prácticas autoritarias del PRI, en la práctica no implementaba medidas significativas para abordar la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

La llegada de MORENA y la Comisión de la Verdad

En las últimas décadas, México ha experimentado cambios significativos en su paisaje político, con la llegada al poder de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente en 2018. MORENA ha prometido romper con las prácticas corruptas y autoritarias del pasado y construir un país más justo y democrático.

Una de las formas en que el gobierno de MORENA está cumpliendo esta promesa es a través de la Comisión de la Verdad. Esta comisión, establecida en 2019, tiene como objetivo investigar los abusos de derechos humanos del pasado, incluido el Halconazo de 1971, y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.

La Comisión de la Verdad ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas, celebrado audiencias públicas y recopilado testimonios de testigos para arrojar luz sobre los crímenes del pasado. Su trabajo meticuloso y compromiso con la verdad histórica han sido fundamentales para desentrañar el legado de represión en México y ofrecer justicia a las víctimas y sus familias.

Conclusiones

El Halconazo de 1971 fue un evento traumático que dejó una marca indeleble en la historia de México. Sin embargo, en lugar de confrontar este legado de represión, tanto el viejo régimen como los partidos políticos posteriores optaron por ignorarlo y continuar con las mismas políticas represivas. Ha sido solo con la llegada al poder de MORENA y la creación de la Comisión de la Verdad que México ha comenzado a abordar de manera seria y significativa este oscuro capítulo de su historia.

Si México quiere construir un futuro más justo y democrático, es crucial que confronte su pasado y garantice que los responsables de abusos de derechos humanos rindan cuentas por sus acciones. La Comisión de la Verdad es un paso importante en esta dirección, pero aún queda mucho por hacer. Solo mediante el reconocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia se podrá sanar las heridas del pasado y construir un país más inclusivo y democrático para las generaciones futuras.

Luego de que un presunto grupo de normalistas derribaron una de las puertas de Palacio Nacional, con el afán de radicalizar las exigencias hacia el gobierno para “destrabar” la investigación de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que su titular, el subsecretario Arturo Medina Padilla, se contactó con los padres y madres de los 43 estudiantes, con el objetivo de continuar trabajando en el esclarecimiento del caso.

La reunión entre ambas partes se dio posteriormente a los actos de protesta del grupo de manifestantes. Sin embargo, los padres de los 43 exigieron reunirse también con el primer mandatario. A ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su encuentro tendrá lugar en los próximos 15 días.

A partir de tres ejes, la Segob –junto con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj)– reiteró el compromiso que existe por esclarecer el caso que se originó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien ha sido señalado por ser el artífice de la verdad histórica, con la cual exfuncionarios –ligados a estructuras priístas– encubrieron el crimen.

En un primer punto, anunció que se reforzarán los trabajos de búsqueda en campo, a través de la coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como las autoridades federales y del estado de Guerrero.

En un segundo punto, la secretaría anunció que romperá el llamado “pacto de silencio”, con el fin de hallar el paradero de los 43 jóvenes. Y en un tercer eje, la Segob se comprometió a continuar con las acciones legales necesarias para sancionar a los responsables.

Ciudad de México – El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas anunció quiénes son los cinco comisionados que formarán parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia.

El listado de expertos fue dado a conocer a través de un video publicado en redes sociales en el que Encinas estuvo acompañado de Guillermo Fernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Alicia de los Ríos, representante de los colectivos de víctimas y sobrevivientes.

No ha sido fácil el proceso de selección. No solamente la mayoría de las personas cumplieron con los requisitos de legibilidad para este proceso, sino que su experiencia, sus aportaciones son de gran valor

Encinas

¿Quiénes son los integrantes de la Comisión para la Verdad?

• Abel Barrera Hernández, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
• Eugenia Allier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
• Aleyda García Aguirre, historiadora y experta en el tema de la tortura.
• David de Jesús Fernández Davalos, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús y ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
• Carlos Alonso Pérez Ricart, profesor Investigador en Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.

Estamos convencidos que ellos reúnen no sólo el perfil, sino la formación, la vocación y la convicción para emprender una tarea de esta naturaleza y esperemos que a la brevedad procedamos a integrar este grupo de trabajo que forma parte de uno de los cinco mecanismos que conforman esta comisión por la verdad

Encinas

Encinas recordó que en el proceso de selección participaron 25 personas, de las cuales fueron entrevistadas 24 debido a que una de ellas declinó. “En esas intervenciones hemos encontrado las aportaciones de un gran número de hombres y de mujeres que pueden ser muy importantes en el proceso de esclarecimiento de estos hechos”.

Fuente Expansión