Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al revocar el amparo que durante años le permitió evadir a la justicia. La resolución reabre formalmente el proceso penal en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El fallo, aprobado por unanimidad, avala la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y coloca nuevamente al exmandatario panista en riesgo real de detención una vez que se cumplan los trámites de notificación judicial correspondientes.

Fin de la protección judicial

La orden de captura había quedado sin efecto en 2023 tras un amparo concedido por una jueza federal en Tamaulipas. Sin embargo, la Corte concluyó que dicha resolución excedió sus facultades, al valorar aspectos que correspondían exclusivamente al juez penal encargado del caso.

Con esta decisión, el máximo tribunal deja sin protección jurídica al exgobernador y restablece el mandamiento judicial originalmente emitido a solicitud de la FGR.

El caso deberá ahora regresar al ámbito penal, donde se determinará la ejecución de la orden y el eventual proceso judicial.

Acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero

Las investigaciones contra García Cabeza de Vaca se remontan a denuncias presentadas desde 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares durante su mandato (2016-2022).

De acuerdo con el expediente, el exgobernador habría favorecido a empresas vinculadas a su entorno familiar mediante contratos públicos, lo que derivó en sospechas de lavado de dinero y desvío de recursos.

La orden de aprehensión original fue girada por un juez federal tras imputaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos considerados graves en el sistema penal mexicano.

Una larga batalla legal

El proceso judicial ha estado marcado por recursos legales, amparos y disputas entre instancias federales y locales.

En 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador, pero el Congreso de Tamaulipas —controlado entonces por el PAN— se negó a reconocer la decisión, lo que generó un conflicto constitucional y permitió que permaneciera en el cargo.

Posteriormente, distintos tribunales concedieron suspensiones o amparos que frenaron la ejecución de la orden de captura, mientras la FGR insistía en su validez.

Incluso en fechas recientes, jueces federales habían negado nuevos amparos al exmandatario y a miembros de su familia, manteniendo vigente el proceso penal.

Implicaciones políticas y legales

La resolución de la Corte no implica una detención inmediata, pero sí elimina el principal obstáculo jurídico que impedía ejecutar la orden de aprehensión. Una vez notificada formalmente la sentencia, las autoridades podrán proceder conforme a derecho.

El caso vuelve a colocarse en el centro del debate político nacional, al tratarse de uno de los expedientes más emblemáticos relacionados con presunta corrupción y vínculos entre poder político y redes financieras ilícitas.

Para el Gobierno federal, el fallo representa un avance en la lucha contra la impunidad de altos funcionarios. Para sectores de la oposición, en cambio, el exgobernador ha insistido en que se trata de una persecución política.

Un proceso aún abierto

El destino judicial de García Cabeza de Vaca dependerá ahora de su localización, la ejecución del mandamiento y las decisiones de los tribunales penales. Informes legislativos han señalado incluso la posibilidad de que autoridades busquen su extradición si se encuentra fuera del país.

Más allá del desenlace, la decisión de la Suprema Corte marca un punto de inflexión en un caso que ha atravesado administraciones, reformas judiciales y confrontaciones políticas.

La justicia, al menos en el plano jurídico, ha vuelto a tocar a la puerta del exgobernador.

Debido a que el Poder Judicial no ha respetado a los otros poderes ni a la Constitución, la presidenta Claudia Shenbuam Pardo decidió no invitar a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, al acto por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

“La Corte no está invitada para mañana. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, señaló la mandataria en la mañanera de este martes ante pregunta sobre si si la ministra Piña estaba convocada al acto que se realizará mañana 5 de febrero en Querétaro.

Cuando se le insistió en cuál era la razón para no invitar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la jefa del Ejecutivo subrayó:

“Es obvio, somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro. Hasta ahora, la Corte ¿qué es lo que ha estado haciendo, la mayoría de los ministros de la Corte?

“En esta ocasión tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución. En esta ocasión, tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, de que vamos a estar (sólo) dos poderes”.

Por otro lado, la mandataria rechazó las voces en la oposición que han señalado que personas vinculadas a la 4T fueron los seleccionados en los procesos de elección de candidatos a la elección de cargos del Poder Judicial que se desarrollaron el domingo en las tómbolas de los comités de los dos poderes que decidieron continuar con el proceso.

“Son falsos (los señalamientos). Me llama la atención por qué no preguntan por qué cerró las puertas el Poder Judicial. Lo mas preocupante es que el Poder Judicial renunció a la Constitución, eso es preocupante, que la Corte, que afortunadamente va a cambiar a partir del 1 de septiembre, no siguieron la Constitución”.

Recordó que la mayoría de los ministros del máximo tribunal tomó la decisión de que el Comité del Poder Judicial para seleccionar a quienes irán a la boleta en la elección del 1 de junio próximo

“Tomaron la decisión que no iban a cumplir con lo que dice la Constitución, alegando un amparo, cuando ellos saben que esos amparos no pueden ser elementos para parar la elección judicial, porque la reforma dice que el amparo no va a atender reformas constitucionales, y además ellos mismos resuelven los amparos. Eso es lo más problemático que ha habido en todo este proceso”.

En un intento de apostar a la desmemoria colectiva, personajes, como Roberto Gil Zuarth y Marisela Morales Ibáñez, anuncian su postulación para un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos puestos serán electos mediante el voto popular, el primero de junio de este 2025.

Sin embargo, no podemos olvidar que, durante los sexenios neoliberales de Vicente Fox y Felipe Calderón, contribuyeron a pisotear el Estado de Derecho. Además, se cruzaron de brazos ante el fortalecimiento de la delincuencia organizada.

El exdiputado y exsenador de Acción Nacional, Gil Zuarth es condenado por su pasado ligado al corrupto e impresentable Diego Fernández de Cevallos. De igual manera, cabe mencionar su actitud bravucona y agresora de policías en España, así como su apoyo a la antinacionalista Reforma Energética de Peña Nieto.

Son los profesionistas honestos e imparciales, quienes deben llegar a un puesto de tal nivel. Al Máximo Tribunal, no deben arribar los traficantes de poder que han defendido a sus corruptos compañeros de partido, señalados de enriquecimiento ilícito, a través de sus despachos jurídicos.

Hace un par de años, el también miembro del PAN y exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, denunció que el exsecretario particular del narcopresidente, Felipe Calderón Hinojosa, encabezó la defensa de la mafia de legisladores mediante su despacho Accuracy Legal & Consulting.

Nombres, como Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Cabeza de Vaca y el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, están en esa lista. Más tarde, el mismo despacho apareció como defensor de Cabeza de Vaca, en las indagatorias en su contra de la Fiscalía General de la República (FGR).

De igual manera, Ruffo Appell señaló a Gil Zuarth de haberse aliado con el coordinador de los senadores del PRI en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para sacar adelante la Reforma Energética, que años atrás no pudo concretar Calderón Hinojosa.

Diversos medios han retomado los hechos violentos ocurridos el 28 de diciembre de 2006, en Barcelona, España. En ese momento, el entonces Coordinador de Asesores en la Secretaría de la Función Pública, ebrio, golpeó al personal de un bar y a uniformados.

El 15 de abril de 2011, un juez condenó al recién nombrado secretario particular de Calderón a pagar una multa por daños en propiedad y agresiones a la autoridad.

Y, lejos de que fuera removido de su cargo por el narcopresidente, este último terminó impulsando a Gil Zuarth para que protegiera los intereses que tenía con firmas trasnacionales, como Iberdrola. Situación que cumplió al pie de la letra en la Cámara Alta.

Curioso que antes de inscribirse a las listas a la Suprema Corte, Gil Zuarth era uno de los principales detractores a la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, ahora parece que es mandado, como cabeza de playa, a tratar de hacer ruido y confundir a la ciudadanía. Obviamente, bajo las órdenes de sus jefes neoliberales del PRIANISMO.

Él mismo ha aceptado que a la par de prepararse para buscar ser ministro, ya trabaja en la conformación de una Asociación, la cual buscará transformarse en partido político. Situación que de antemano anula la mínima pretensión de imparcialidad para desempeñar el cargo.

Caso similar de oportunismo político aderezado de amnesia política es el de Marisela Morales Ibáñez. También, ella trata de llegar al Máximo Tribunal, luego de haber sido procuradora general de la República en 2011, durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

La titular de la PGR fungió como cómplice de la red de corrupción operada por el entonces Secretario de Seguridad a nivel federal y hoy condenado en las cortes estadunidenses,  Genaro García Luna, pues durante su gestión nada hizo por corregir el rumbo de la fallida estrategia contra el narco que entonces ahogaba en ríos de sangre al país.

Al igual que su antecesor, Arturo Chávez, Morales Ibáñez se convirtió en un brazo ejecutor de los enemigos de García Luna. Obligó a testigos protegidos a acusar a miembros de la Policía Federal, como Javier Herrera Valles, cuyo crimen había sido enviar a Calderón diversas cartas, en las cuales denunciaban a su Secretario de Seguridad de sus nexos y negocios con el narco.

Morales Ibáñez usó sus atribuciones para que el denunciante terminará como otros tantos enemigos del poderoso funcionario… en la cárcel. Al paso de los años, Herrera Valles obtuvo su libertad por falta de pruebas, porque las fabricadas por la ahora aspirante a la Corte, se fueron cayendo durante su proceso.

En el actual contexto, previo a la elección de los nuevos miembros del Poder Judicial, también ha salido a la luz otro de los antecedentes poco recomendables. Éste es el caso del desafuero que armó el entonces primer mandatario Vicente Fox, en contra del jefe de Gobierno y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en 2004.

Como brazos ejecutores, fueron designados el entonces titular de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, Carlos Vega Memije, quien era uno de los tantos expriístas que se pusieron de tapete con Fox, y Marisela Morales, cercana a Memije. Esta última, jugó un papel de primer orden en construir el endeble tinglado que se montó para tratar de sacar de la contienda presidencial a López Obrador.

En tal sentido, los antecedentes de haber torcido la Ley y el Estado de Derecho para atentar contra los derechos políticos del entonces jefe de Gobierno, representa un antecedente muy duro de poder ser justificado por la exprocuradora. ¿Cómo podrá hablar de honestidad para aplicar la ley cuando ella misma se encargó de pisotearla hace 20 años?

Tras concluir el sexenio de Calderón, fue de las exfuncionarias a las que el narcopresidente buscó proteger, al conseguirle un consulado en Milán, Italia. Temía que fuera investigada por el nuevo gobierno, debido a su ayuda a García Luna, pues le proporcionó información y protección a los cárteles de la droga. Al final, como se vio en los hechos, el PRIANISMO hizo una alianza de intereses comunes, y Morales Ibáñez quedó a salvo.

La pregunta, que los mexicanos debemos hacernos, con miras a la renovación del Poder Judicial que se avecina, es: ¿Cuántos aspirantes más con oscuros historiales y afrentas al pueblo de México se han inscrito?

Los ciudadanos deberemos estar atentos en echar un vistazo a las listas para recordarles que, además de traidores a los intereses del país y los derechos ciudadanos, son unos consumados cínicos, a quienes se debería negar no sólo el voto, sino también exhibirlos ante la opinión pública.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Foto: Alejandro Armenta

La SCJN reafirmó  la exclusividad del Estado mexicano en la explotación del litio, al desestimar, este miercoles, un amparo promovido por la empresa Grupo Bararal, que tenía como fin impugnar la reforma a la Ley Minera de abril de 2022.

El proyecto para desestimar este amparo tiene como inicios el 2022 y fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y aprobado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN.

“Aunque se concediera el amparo solicitado a la quejosa respecto de los artículos de la Ley Minera, ya existe una reforma constitucional posterior en donde se prohíben las concesiones en tratándose del litio. Luego, a ningún beneficio podría llegarse, incluso en una eventual concesión del amparo, pues la norma constitucional impide la existencia de concesiones sobre ese mineral específico”, consideró en su resolución el ministro ponente.

Recordemos que la empresa Grupo Bararal, titular de la concesión minera 246359, correspondiente al lote San Pedro, ubicado en el municipio de Satevó, Chihuahua, promovió un amparo contra la reforma a la Ley Minera, que anuló la posibilidad de extraer litio, publicada en un decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de abril de 2022 por el presidente AMLO.

Primera Parte. En la entrega anterior se analizó qué es la asistencia extranjera y, en particular, la asistencia económica de Estados Unidos hacia México y su impacto injerencista en el país. En este artículo se analizará lo que es y lo que no es el lawfare.

Desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Poder Judicial se opuso sistemáticamente a la transformación expresada en reformas constituciones, cambios a leyes, obras de infraestructura y a la propia reforma al Poder Judicial. Varios expertos, medios de comunicación y académicos se han referido a la posibilidad de que México viva un proceso de lawfare, ahora contra Claudia Sheinbaum, la primera presidenta del país.

Sin embargo, ante el curso de la historia de golpes de Estado blandos, golpes legislativos, golpes de nuevo tipo, entre otras formas de atentar contra Estados democráticos desarrolladas en América Latina y el Caribe, es pertinente revisar qué es y qué se entiende por lawfare, qué lo caracteriza y qué es lo que ha sucedido en México.

Qué es el lawfare

El término lawfare se refiere a la guerra jurídica por la vía judicial-mediática. Tiene intereses económicos, políticos y geopolíticos. El concepto fue usado inicialmente por el general estadunidense Charles Dunlap y lo empleó para describir un “método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”.[1]

El lawfare es definido también como una persecución política por la vía judicial y tiene por objetivo la expulsión o aniquilación de personalidades y proyectos –incluso partidos políticos– de la política formal. Pero no se limita a personalidades y proyectos, avanza también contra la militancia, la protesta social y tiene como fin, el fortalecimiento de la vía neoliberal.

Otra característica del lawfare es la manufacturación de consenso realizada por medios de comunicación masivos o no, hegemónicos o no. Pero principalmente son los medios de comunicación masivos y hegemónicos los que llevan a cabo el establecimiento de ciertas matrices de opinión entre la población que operan en determinados momentos políticos, pueden ser una campaña electoral, el inicio de un gobierno o aprovechar una crisis política abierta por problemas de gestión y escándalos de corrupción, principalmente.

El combate a la corrupción ha sido una de las vías con las que nstituciones multilaterales –como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos– y gobiernos –como el de Estados Unidos– han incidido en políticas públicas para estandarizar poderes judiciales en América Latina que terminan reforzando la vía neoliberal, economías abiertas y de mercado. Para ello, desde la década de los noventa se han realizado constantemente reformas judiciales en América Latina y el Caribe.[2] Aquí es necesaria una aclaración, porque no es que se esté contra el combate a la corrupción –desde luego que es necesario que se persiga ese delito–, lo que sucede con el lawfare es que la corrupción se vuelve un pretexto para la guerra judicial-mediática ejercida desde una fracción del poder del Estado de un país y cuenta con el apoyo de poderes fácticos.

Este tipo de guerra opera por medio del aparato judicial que intenta establecerse o erigirse por encima de los otros Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo y Legislativo, con lo cual amplia sus atribuciones, se pierde el equilibrio de poderes y se normaliza la selectividad de casos judiciales. Como muestran varios expertos, hay una amplia agenda de investigación en torno al lawfare.[3]

Sin embargo, no todo es lawfare. No se puede confundir el golpe de Estado con la guerra judicial-mediática, porque esta última no es un tipo de golpe en sí mismo y la evidencia está en casos como el de Honduras en 2009, donde el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas fueron las instituciones principales. Tampoco sucedió en el caso de Paraguay contra Fernando Lugo, que, aunque sí se abrieron causas judiciales, fue por la vía del juicio político llevado desde el Congreso que se le destituyó. Mucho menos tiene relación con los golpes de Estado clásicos latinoamericanos en los que participaron las Fuerzas Armadas.

Tampoco todo proceso judicial abierto contra políticos es lawfare. Aceptar la premisa anterior invalidaría que se juzgue, entre otras cosas, la corrupción y otro tipo de delitos. O, dicho de otra manera, las causas judiciales abiertas contra políticos –incluidas las de corrupción– no presuponen necesariamente que haya una persecución política. Aquí aparece una de las características que sí son del lawfare: la persecución política. Eso explica que se hable de lawfare en los casos de Ecuador contra miembros del gobierno de Rafael Correa y contra él mismo, o en el de Argentina, contra Cristina Fernández, puesto que hasta la fecha las causas judiciales abiertas en su contra han violado el debido proceso y han llegado incluso a fabricar pruebas, como la Causa Cuadernos. Por otro lado, la justicia se tornó selectiva, pues no operó contra actos de corrupción y otros delitos en los casos de Mauricio Macri y Guillermo Lasso.[4]

El caso más paradigmático del lawfare es, sin lugar a dudas, el de Luiz Inácio Lula Da Silva. El presidente brasileño fue perseguido judicialmente por delitos fabricados que no se pudieron corroborar y se violan así el debido proceso judicial. Fue tan relevante que, con su encarcelamiento en 2018, se le impidió su participación en las elecciones de 2019 donde ganó Jair Bolsonaro.

El caso de Brasil, además, es una muestra de lo que implica un caso de lawfare. El juez que lo juzgó sin evidencia fehaciente fue Sergio Moro, quien fue preparado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.[5] Tras el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en 2014 (dicho sea de paso, en el marco del mundial de futbol), el PIB de Brasil se contrajo 3.8 por ciento en 2015 y en 2016 3.6 por ciento. Tras el triunfo de Bolsonaro en 2019, se privatizaron carreteras, aeropuertos, puertos, se vendió capacidad de refinación del país a privados y se intentó vender Electrobras, la empresa paraestatal de electricidad. Además, la selectividad de la justicia, dejó fuera del foco de la corrupción a las empresas internacionales como Maersk, Jurong, Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce, Samsung, SBM, Sembcorp Marine, Skanska, Techint, Toyo, Mitsui, Toshiba, Sargent Marine, Astra Oil, GB Marine, Trafigura, Glencore, OceanRig, Pirelli y Sevan.[6]

Por lo tanto, el lawfare tiene una vertiente económica y geopolítica. Se aplica ahí donde hay gobiernos alejados de la política exterior estadounidense, que son los que intentan cambiar las premisas neoliberales de privatizaciones, liberalización económica, mayor explotación laboral con pérdida de derechos sociales y económicos. En suma, es una estrategia de poder, por la vía blanda, para cambiar a un régimen, o reafirmar el neoliberalismo; cuenta con los medios de comunicación hegemónicos y con el poder judicial para perseguir políticamente a determinados sectores de la política ubicados en el espectro de las izquierdas o del progresismo.

En este sentido, podríamos resumir lo anterior en un cuadro que permita visualizar de forma sencilla algunas características del lawfare y cómo han sucedido en varios países de América Latina.

Tabla 1. Elementos de lawfare en América Latina

Fuente: elaboración propia

En la siguiente entrega se abordarán las distintas vías de la guerra judicial en el país, sus principales características y actores.

[1] https://people.duke.edu/~pfeaver/dunlap.pdf, p. 4.

[2] https://www.oblawfare.org/post/ee-uu-y-la-asistencia-al-poder-judicial-en-am%C3%A9rica-latina

[3] https://revistas.utm.edu.ec/index.php/revistanullius/issue/view/243

[4] https://www.fiscalia.gob.ec/caso-encuentro/

[5] https://www.celag.org/lawfare-o-la-guerra-judicial-en-argentina-y-brasil/ y https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.html

[6] https://www.celag.org/las-coimas-odebrecht-y-la-justicia-made-in-america/

El ministro Alberto Pérez Dayán se dobló, por lo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ligados al PRIAN no alcanzarían los 8 votos necesarios para echar abajo la Reforma Judicial.  

En medio de la discusión sobre el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para eliminar partes sustanciales de la Reforma Judicial, Pérez Dayán dijo que, aunque se trató de convencer a sí mismo, echar abajo una Reforma Constitucional, sería “una insensatez”.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido de lo que propone la propuesta sería (…) responder a una insensatez con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida”, señaló el ministro propuesto por Felipe Calderón en su participación.

Con el voto en contra de Pérez Dayán, sumado al de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ya solo habría 7 votos a favor del proyecto.

Y esto es importante porque según la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesitan al menos 8 votos a favor para que una acción de inconstitucionalidad sea aprobada.

Tal parece que los ministros de la SCJN únicamente quieren garantizar los millones de pesos que llegarían si el Senado les acepta sus cartas de renuncia.

En las últimas horas, varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron presentar su renuncia al cargo que ostenta debido a que no están de acuerdo con la controversial elección de jueces y magistrados que trae consigo la reforma judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, de acuerdo con lo expuesto por el Poder Legislativo, el 30 de octubre era la fecha límite para que los integrantes del Judicial hicieran pública la intención de contender por el cargo, o bien, formalizar su declinación a ser parte del histórico proceso que vivirá México en 2025.

Tras esto, el primero en declinar al pueblo fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Más tarde, siguió los mismos pasos Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Norma Piña Hernández, quien dejó en claro que no dejaría el cargo que tiene, sino que la renuncia era un acto de congruencia.

¿Qué beneficios obtienen ministros de la SCJN al retirarse?

Del otro lado de la moneda, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acusó que las renuncias en la SCJN se darían debido a que los ministros prefieren garantizar los enormes beneficios que podrían recibir; sin embargo, enfatizó que el Legislativo no las aceptaría, por lo que tendrían que cumplir con su cargo sí o sí.

Los beneficios que recibirán en caso de que se acepten las renuncias son:

• Salario al 100 por ciento los primeros dos años y al 80 por ciento hasta su defunción
• Aguinaldo de 580 mil pesos anuales
• Seguro de vida hasta por 12 millones de pesos.
• Pago de defunción por un millón 189 mil pesos para los familiares
• Pago por riesgos por 640 mil pesos
• Gastos de transporte por 22 mil pesos mensuales, incluyendo gasolina y peaje
• Personal de apoyo, siendo dos choferes, tres técnicos y cinco personas de seguridad
• Apoyo en servicios, principalmente acceso a servicios en restaurantes y aeropuertos
• Prima vacacional por 95 mil 474 pesos
• Vehículos blindados, siendo dos camionetas con un costo estimado de 6 millones de pesos.

¿Qué dijeron los ministros que renunciaron a la SCJN?

Por su parte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que no se sometería a una elección popular, puesto que no se consideraba adecuado para ello; sin embargo, hizo hincapié en que su renuncia no implicaba una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma.

En tanto, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek coincidieron en que llevaron a cabo sus funciones con total honestidad, por lo que su renuncia era para mantener su nombre en dignidad.

Finalmente, Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, explicó, como se mencionó anteriormente, que su renuncia era simplemente un acto de congruencia para con sus ideales, puesto que no dejaría el cargo para el que se le designó originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030.

Foto: SCJN

El presidente del Senado, Fernández – Noroña,  recibió las cartas de renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ministros renunciantes, y cuyas renuncias serán efectivas hasta el 31 de agosto del año próximo, son la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, y Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Noroña confirmó que recibió la renuncia de los ocho ministros, como lo establece el Artículo Séptimo Transitorio de la Reforma Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría desechar los recursos legales con los cuales Grupo Elektra, del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, ha evitado pagar sus adeudos fiscales que suman alrededor de 34 mil millones de pesos.

De acuerdo a información del diario Reforma, la Ministra Yasmín Esquivel y el Ministro Alberto Pérez Dayán presentarán ante la Segunda Sala de la SCJN dos proyectos que desechan los recursos de Elektra que hasta ahora lo han eximido del pago de adeudos fiscales.

La Segunda Sala agendó para el 2 y 9 de octubre la discusión sobre los amparos de Elektra. Estos recursos se emitieron contra sentencias que, en junio, confirmaron la legalidad de los créditos fincados por el SAT en el sexenio pasado.

Para resolver el asunto, bastarán tres votos de los Ministros o Ministras de la Corte para que la empresa del ultraderechista Salinas Pliego, tenga que pagar su adeudo estimado en 34 mil 734 millones de pesos. Si bien, la deuda puede ser negociada para pagarse en 36 mensualidades, el 20% de la suma deberá pagarse al inicio de la negociación.

El proyecto de Esquivel, listado para el 2 de octubre, se refiere a un crédito de mil 431 millones de pesos por omisión de impuestos en 2008. Mientras que el que tiene Pérez Dayán, que se refiere al ejercicio de 2013 y será votado el 9 de octubre, es el más grave que enfrenta la empresa, pues aunque originalmente eran 18 mil 455 millones de pesos, como han pasado seis años desde que el SAT notificó a la empresa, ahora estima que asciende a 33 mil 306 millones, por recargos acumulados.

Cabe mencionar, que el octubre de 2022, Elektra perdió un caso similar por el que tuvo que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 2 mil 626 millones de pesos. Esta determinación ocasionó el enojo del magnate quien llamó “gobernícolas” y “perros” a quienes celebraron que al fin pagaría sus adeudos.

Mientras que la deuda en cuestión fue dada a conocer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien denunció que la tenían “guardada” para así apoyar al empresario y evitar que pague impuestos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha emplazado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el expediente de un «deudor de Hacienda de miles de millones de pesos», sin mencionar expresamente a Grupo Azteca. Este llamado surge después de que la Corte resolviera en una primera instancia que no era competente en el caso, ya que no se trataba de una violación constitucional.

López Obrador cuestionó la actuación del Poder Judicial en casos relacionados con evasión fiscal, haciendo hincapié en el litigio con el empresario Ricardo Salinas Pliego. Aunque reconoció que Salinas Pliego tiene derecho a agotar todas las instancias legales, pidió que se actúe conforme a la ley y se garantice un auténtico estado de derecho.

El presidente recordó que el expediente fue archivado injustificadamente por un famoso ministro durante nueve meses, quien sabía que no sería competencia de la Corte y debía devolverse al Tribunal. López Obrador condenó esta manipulación del Poder Judicial para dilatar casos de evasión fiscal, citando ejemplos como una empresa chatarrera cuya primera audiencia fue dilatada 195 días o una empresa aérea cuya primera audiencia se demoró más de 700 días.

En su discurso, López Obrador pidió transparencia y eficiencia en los procesos judiciales relacionados con temas fiscales. Destacó la importancia del presupuesto público y subrayó que las decisiones judiciales deben velar por el beneficio del pueblo. Asimismo, instó a la Suprema Corte a actuar conforme a la ley y evitar prácticas dilatorias.

Este llamado del presidente refleja su compromiso con combatir los abusos fiscales y asegurar un sistema judicial transparente e imparcial. El mensaje es claro: se espera que tanto empresas como individuos cumplan con sus obligaciones fiscales, pero también se espera justicia pronta y equitativa por parte del Poder Judicial.

Es fundamental estar atentos al desarrollo futuro del caso mencionado por Andrés Manuel López Obrador para evaluar cómo responde finalmente la Suprema Corte ante este emplazamiento presidencial.