Tal parece que los ministros de la SCJN únicamente quieren garantizar los millones de pesos que llegarían si el Senado les acepta sus cartas de renuncia.

En las últimas horas, varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron presentar su renuncia al cargo que ostenta debido a que no están de acuerdo con la controversial elección de jueces y magistrados que trae consigo la reforma judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, de acuerdo con lo expuesto por el Poder Legislativo, el 30 de octubre era la fecha límite para que los integrantes del Judicial hicieran pública la intención de contender por el cargo, o bien, formalizar su declinación a ser parte del histórico proceso que vivirá México en 2025.

Tras esto, el primero en declinar al pueblo fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Más tarde, siguió los mismos pasos Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Norma Piña Hernández, quien dejó en claro que no dejaría el cargo que tiene, sino que la renuncia era un acto de congruencia.

¿Qué beneficios obtienen ministros de la SCJN al retirarse?

Del otro lado de la moneda, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acusó que las renuncias en la SCJN se darían debido a que los ministros prefieren garantizar los enormes beneficios que podrían recibir; sin embargo, enfatizó que el Legislativo no las aceptaría, por lo que tendrían que cumplir con su cargo sí o sí.

Los beneficios que recibirán en caso de que se acepten las renuncias son:

• Salario al 100 por ciento los primeros dos años y al 80 por ciento hasta su defunción
• Aguinaldo de 580 mil pesos anuales
• Seguro de vida hasta por 12 millones de pesos.
• Pago de defunción por un millón 189 mil pesos para los familiares
• Pago por riesgos por 640 mil pesos
• Gastos de transporte por 22 mil pesos mensuales, incluyendo gasolina y peaje
• Personal de apoyo, siendo dos choferes, tres técnicos y cinco personas de seguridad
• Apoyo en servicios, principalmente acceso a servicios en restaurantes y aeropuertos
• Prima vacacional por 95 mil 474 pesos
• Vehículos blindados, siendo dos camionetas con un costo estimado de 6 millones de pesos.

¿Qué dijeron los ministros que renunciaron a la SCJN?

Por su parte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que no se sometería a una elección popular, puesto que no se consideraba adecuado para ello; sin embargo, hizo hincapié en que su renuncia no implicaba una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma.

En tanto, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek coincidieron en que llevaron a cabo sus funciones con total honestidad, por lo que su renuncia era para mantener su nombre en dignidad.

Finalmente, Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, explicó, como se mencionó anteriormente, que su renuncia era simplemente un acto de congruencia para con sus ideales, puesto que no dejaría el cargo para el que se le designó originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030.

Foto: SCJN

El presidente del Senado, Fernández – Noroña,  recibió las cartas de renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ministros renunciantes, y cuyas renuncias serán efectivas hasta el 31 de agosto del año próximo, son la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, y Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Noroña confirmó que recibió la renuncia de los ocho ministros, como lo establece el Artículo Séptimo Transitorio de la Reforma Judicial.

En un episodio emblemático del realismo mágico que caracteriza la vida pública de nuestro país, y en un acto sin precedente, el pasado 25 de julio comparecí como testigo, por el ejercicio de mis funciones cuando fungí como Presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, ante la audiencia solicitada por los militares indiciados como presuntos responsables de actos delictivos vinculados con la desaparición de los estudiantes.

Esta audiencia forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial, que a final de cuentas no se concretó dada la ausencia de los abogados que amenazaron con “interrogarme hasta el cansancio”.

La audiencia se llevó a cabo de manera profesional y diligente por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y si bien no tendrá mayor efecto en el proceso que siguen los militares, sienta un precedente lamentable respecto a la participación de elementos de las fuerzas armadas en procesos que involucran a una autoridad civil, y en particular en casos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos.

En primer lugar, no hay precedente, en ningún gobierno democrático, de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una Comisión de la Verdad.

Como tampoco lo hay en que una dependencia del Ejecutivo Federal, como lo es la Fiscalía General de Justicia Militar, ejerza acciones en contra del titular de otra institución del mismo Poder Ejecutivo, como lo es la Comisión Presidencial por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, como sucedió en mi caso, pues durante la audiencia, a pregunta expresa de la jueza Duarte Cedillo, el Mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez declaró haber iniciado una demanda en mi contra en la Fiscalía General de la República cuando estaba aún en funciones como Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo que evidenció que el propósito de la promoción de esa audiencia era buscar mi autoincriminación.

Se pretende colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad. He tenido la oportunidad de estudiar la experiencia de decenas de comisiones de la verdad a nivel internacional, y si, bien algunas de ellas fueron objeto de presiones, amenazas y agresiones de los grupos incriminados, en ningún caso se inició proceso penal alguno, menos aún desde el mismo gobierno.

Parece no entenderse que las comisiones de la verdad son organismos oficiales que se constituyen para esclarecer violaciones graves de los derechos humanos. Las comisiones de la verdad no son autoridades judiciales, no establecen responsabilidad penal individual para casos específicos; no determinan el castigo ni utilizan normas de debido proceso aplicables en una corte de justicia.

Las comisiones de la verdad contribuyen con los procesos judiciales mediante sus conclusiones y recomendaciones, y pueden ayudar a superar la cultura del silencio y la desconfianza.

Por cierto, el Artículo 13 de la Constitución establece que los tribunales militares no tienen la autoridad para ejercer jurisdicción sobre personas que no sean miembros del Ejército. La jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y excepcional. No es el fuero adecuado para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a autores de violaciones a los derechos humanos.

Sirva este testimonio para refrendar mi compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Ni el enredo de las estrategias jurídicas ni la cargada de corifeos que desinforman nos distraen de esta causa.

Coordinador de la Comisión de Transición del nuevo Gobierno de la Ciudad de México

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