Foto: Especial.

Se aprobó en el Senado de México la Reforma Constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico. Con esta iniciativa se promueve la conservación, protección y preservación de los maíces nativos.

«Sin maíz no hay país«, se han pronunciado diversos senadores en redes.

Con 97 votos a favor de miembros de Morena, PT, PVEM, PRI y MC y 16 en contra provenientes del PAN, el decreto finalmente obtuvo luz verde y ya se remitió a los congresos estatales para que se analicé y se de una votación al respecto.

Es preciso resaltar que las reformas presentadas por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum consisten en modificaciones a los artículos 4 y 27 de la Constitución.

El primer artículo establece a México como centro de origen y diversidad del maíz, debido a la existencia de 59 razas de maíz en el país. Mientras que el segundo artículo plantea reconocer al Estado como eje principal para fomentar la autosuficiencia alimentaria y también prohibir todo cultivo de maíz modificado genéticamente.

La nueva reforma crearía un marco para coordinar a la SSPC con la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se impulsará una reforma al artículo 21 constitucional para otorgar a su dependencia facultades de investigación delictiva, en apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y bajo la coordinación del Ministerio Público Federal.

También se propondrán reformas a leyes de seguridad secundaria para fortalecer la colaboración en investigación e inteligencia, conectando mejor a las instituciones de seguridad con la FGR y las fiscalías estatales y locales.

Marath Bolaños expuso que el SAT contabilizó a más de 658 mil trabajadores de plataformas digitales que serían beneficiados en el IMSS.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo para dar seguro del IMSS a repartidores de aplicaciones digitales como Uber, Didi y Rappi. Beneficiaría hasta más de 658 mil personas.

Con esta propuesta los conductores y repartidores de estas plataformas digitales podrán inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los trabajadores que ganen al menos un salario mínimo, el equivalente a 7 mil 468 pesos al mes, accederán a las prestaciones del IMSS, como protección ante riesgos de trabajo, un seguro contra accidentes, enfermedades, incapacidades, licencias de maternidad, guarderías y pensiones.

La reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo busca garantizar derechos para repartidores y choferes de aplicaciones en México.

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, anunció una reforma a la Ley Federal del Trabajo para mejorar las condiciones de los repartidores y conductores de plataformas digitales.

Según el SAT, cerca de 658 mil personas trabajan en estas plataformas, y aproximadamente el 41 por ciento gana lo equivalente a un salario mínimo o más. La reforma busca reconocer sus derechos laborales y permitirles acceso a la seguridad social sin perder la flexibilidad laboral.

La iniciativa firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum se presentará en la Cámara de Diputados e incluirá un programa piloto obligatorio del IMSS para las empresas.

Foto: Captura mañanera

El día de ayer, ante un Zócalo completamente, y mientras exponía sus 100 compromisos de su gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a impulsar la aprobación de la reforma laboral para reducir en México la jornada semanal en México para que pase de 48 a  40 horas.

“Estoy segura que lo vamos a lograr. En acuerdo con las y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas”, afirmó, ello en clara referencia a la reforma constitucional que se quedó en espera  en diciembre de 2023,

Si bien no se especificó una fecha particular para la resolución de esta iniciativa que modificaría la Ley Federal del Trabajo, la presidenta de México dejó en claro la necesidad de mejorar las condiciones laborales en el país y la necesidad de los trabajadores por disponer de más tiempo personal.

Recordemos que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas, fue propuesta en la legislatura pasada por la exdiputada Susana Prieto Terrazas, donde también se ofrecía 2 días de descanso a la semana en lugar de uno, como actualmente lo marca la Ley Federal del Trabajo.

Con lo aprobado, se reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos.

Ciudad de México, 18 de septimebre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular este miércoles la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos que forma parte del “Plan C” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 492 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, aprobó en el pleno el dictamen que reforma el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, luego de su discusión en lo particular, la iniciativa fue aprobada con 483 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Con lo aprobado, se reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos. Considera una nueva Constitución de los pueblos y comunidades indígenas dentro del texto de la Carta Magna.

Esto ante esto que los pueblos y comunidades indígenas, podrán participar, en términos del Artículo Tercero constitucional, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. De la misma manera, podrán desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconoce a las personas que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud.

El Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, remitió el documento al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Durante la discusión, del dictamen, algunas diputadas y diputados de los partidos de oposición manifestaron su voto a favor de la iniciativa. Por su parte, legisladores de Morena y aliados tomaron la tribuna durante sus respectivas intervenciones para levantar carteles con los nombres de comunidades indígenas

La iniciativa, presentada por el Presidente el pasado 5 de febrero en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, propone reconocer la composición pluricultural y multiétnica del país.

En México, existen 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, integrados por 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 23 millones que se autoadscriben indígenas y 2.5 millones que se autoadscriben afromexicanos.

Estas modificaciones tienen el propósito de reconocer como “sujetos de derecho público” a los ciudadanos que conforman los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con lo que se les dotaría de una “personalidad jurídica y patrimonio propio”, para que, a su vez, se reivindique sus derechos y con ello se contribuya a “saldar una deuda histórica” con estos sectores.

Aunque se logró la probación de la reforma sin ningún voto en contra, legisladores manifestaron reservas sobre los alcances que pueda tener la nueva reforma.”Hay aspectos preocupantes de la reforma, la primera tiene que ver con la garantía de acceso a la justicia y la posibilidad de que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas puedan ser asistidas por personas intérpretes”, expresó por su parte Asael Hernández Cerón, del Partido Acción Nacional (PAN).

La propuesta expone aunque actualmente la Constitución mexicana sí reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, están dotados solamente de “carácter de entidades de interés público”, por lo que la iniciativa de reforma los reconozca como “sujetos de derecho público”, lo que implica que, de aprobarse las modificaciones, se les brinde de un pleno reconocimiento de sus derechos.

“En la actualidad, si bien el artículo 2o., apartado A, último párrafo, de la CPEUM reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, sólo les da el carácter de entidades de interés público. Con esta reforma, se cumple con el reclamo histórico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por ser reconocidos como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos”, señala la iniciativa.

En un acto de determinación y compromiso con la transformación de México, diputados de Morena comenzaron a arribar a la unidad deportiva de Magdalena Mixhuca el día de hoy, poco después de anunciarse el cambio de sede para discutir la reforma al Poder Judicial. Esta reforma, impulsada por la Cuarta Transformación, busca consolidar un sistema judicial más justo, equitativo y en sintonía con las necesidades del pueblo mexicano.

A la entrada del lugar, los legisladores fueron recibidos con la indicación de portar su credencial para acceder al recinto, donde ya se encontraba el senador Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, integrante de la Mesa Directiva. Aunque aún no se ha establecido una hora exacta para el inicio de la sesión, la presencia de varios morenistas ya es evidente, con muchos de ellos ocupando las sillas dispuestas para la asamblea.

El ambiente en la unidad deportiva refleja la seriedad y el propósito de la bancada de Morena, que sigue adelante con la discusión a pesar de los bloqueos y la presión de la oposición. La Mesa Directiva y el sistema de audio ya están instalados, listos para llevar a cabo una sesión histórica que podría transformar profundamente el Poder Judicial en México.

Oposición ausente y presión de manifestantes

En contraste, las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano han decidido no asistir a la discusión en la sede alterna, aduciendo su oposición a la reforma y señalando la manifestación de trabajadores y estudiantes como una razón adicional para su ausencia. Sin embargo, esta actitud ha sido criticada por sectores que ven en su ausencia un intento de obstaculizar un cambio necesario en la justicia mexicana.

A las afueras de la Cámara de Diputados, la situación fue más tensa, con enfrentamientos entre militantes de Morena y manifestantes en defensa del status quo del Poder Judicial, lo que derivó en empujones y confrontaciones. En medio de este ambiente, la empresaria y diputada Patricia Armendáriz fue vista discutiendo con los manifestantes al intentar ingresar a la Cámara, reflejando la fuerte polarización que ha generado la reforma.

La 4T firme en su compromiso con la justicia

Para garantizar la seguridad de los legisladores y la continuidad de la sesión, elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron desplegados alrededor del recinto en Magdalena Mixhuca. Esta medida busca evitar que las tensiones se trasladen a la sede alterna y asegurar que el proceso legislativo se lleve a cabo sin interrupciones.

La Cuarta Transformación avanza con firmeza en la discusión de una reforma que, de ser aprobada, podría marcar un antes y un después en la impartición de justicia en México. Con la oposición ausente y los manifestantes presionando desde fuera, Morena demuestra su compromiso con un cambio profundo que beneficie a todos los mexicanos.

Noroña señaló que hay personas que rechazan la reforma judicial porque consideran un insulto que el pueblo elija a los jueces y ministros.

La discusión sobre la reforma judicial está próxima a suceder, por ello se continúa con la realización de foros para debatir sobre la misma.

Gerardo Fernández Noroña participó en una edición más de los Diálogos Nacionales sobre la reforma al Poder Judicial en Saltillo, Coahuila.

Como era de esperarse, el próximo senador por Morena presentó una polémica intervención en la que compartió datos importantes con el objetivo de hacer conciencia en los trabajadores del PJF sobre la importancia de la reforma y la necesidad de su aplicación en beneficio de todos.

Noroña hizo un desglose del millonario presupuesto que está destinado para el Poder Judicial de la Federación, el cual es de 78 mil 326 millones de pesos. De ellos, el Consejo de la Judicatura Federal absorbe 68 mil 927 pesos; 5 mil 787 son para la Suprema Corte de Justicia y 3 mil 622 para el Tepjf.

Destacó que de esa millonaria derrama poco o nada llega ‘abajo’ a los trabajadores.

Reforma judicial les abriría las puertas a muchos trabajadores

Noroña explicó a los asistentes que la reforma judicial está abriendo las puertas a los empleados de niveles mas bajos para que puedan acceder a ser juzgadores y lamentó que algunos empleados no se den cuenta de ello.

Agregó que incluso quienes laboran en puestos administrativos, que no están dentro de la carrera judicial, pueden participar para ser juzgadores.

Destacó la participación previa de un empleado que abordó dicho tema, asegurando que de nada les servía tener doce años de preparación y experiencia si no contaban con la ‘bendición’ de una persona que les ayudara acceder a esos puestos.

Fernández Noroña responde a enviados de Norma Piña

En una parte de su discurso, Noroña se dijo sorprendido que ningún trabajador de niveles básicos estuviera invitado a participar dentro de los foros. Consideró que era necesario escuchar sus opiniones.

“Yo pensé que iba a trabajar alguna trabajadora humilde de limpieza outsourcing, a quien ni siquiera se le reconocen sus derechos, que no existen para la mayoría de las personas.”

Explicó que para las cúpulas del PJF, los empleados contratados vía outsourcing son invisibles, siendo los que tienen peores condiciones laborales ya que sufren una explotación feroz sin garantizarles los más mínimos derechos.

Destacó que la mayoría de los jueces y magistrados se creen por encima de los mexicanos y por ello consideran un insulto que el pueblo que es ‘el soberano y el que manda’ elija al poder ejecutivo, legislativo y ahora al judicial.

Una de las principales deudas del Poder Judicial con el pueblo de México es la impunidad derivada de sus sentencias. Por ejemplo, en presuntos delitos de cuello blanco, el sistema de justicia falló a favor del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y de sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez. Otro caso documentado es el de Ayotzinapa, con sentencias que no sólo beneficiaron a los presuntos responsables sino que impiden conocer la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos –casos: exprocurador Jesús Murillo Karam, expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa–; o las resoluciones que cambiaron medidas cautelares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin; a Juan Collado, abogado de Carlos Salinas y amigo de Peña Nieto; a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. A la lista se suman otros casos igual de indignantes: los de los exgobernadores César Horacio Duarte y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el del fiscal Uriel Carmona Gándara; el del exgobernador Roberto Borge Angulo; el del exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; o del exfiscal Jorge Winckler

En plena discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conforman el llamado “bloque conservador” omitieron hacer una autocrítica a ese Poder de la Unión, en especial a sus decisiones que favorecen a los presuntos responsables de delitos de cuello blanco y del crimen organizado. Nada dijeron de la impunidad que propician las sentencias a favor de influyentes políticos o exservidores públicos que dañaron al erario de la nación, y que ahora disfrutan de esos recursos mal habidos o de su libertad sin ninguna consecuencia por sus actos.En la lista de beneficiarios de ese sistema que se busca reformar en la próxima legislatura del Congreso de la Unión están, por ejemplo, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez; el exprocurador Jesús Murillo Karam, el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa–, presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa; el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; el abogado de Carlos Salinas y amigo, Juan Collado; la exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles; los exgobernadores César Horacio Duarte, Roberto Borge Angulo y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del líder priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el fiscal Uriel Carmona Gándara; el exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; yel exfiscal de esa misma entidad, Jorge Winckler.

Todos los casos han sido documentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la sección “Jueces que favorecieron a presuntos delincuentes”, contenida en el informe quincenal Cero Impunidad, que se presenta en la conferencia presidencial.

Caso: García Luna

Actualmente detenido en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de cuatro cargos por narcotráfico y uno más por falsificación de documentos, García Luna se salvó de enfrentar cargos en México gracias al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López. En mayo de 2023, el juzgador desestimó una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario de Seguridad Pública.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, el desfalco al erario nacional cometido por la red de corrupción de García Luna supera los 745 mil millones de dólares, por lo que la Fiscalía General de la República lo acusó de un presunto incremento injustificado en su patrimonio.

Sin embargo, el juez Alarcón López descartó proceder, bajo el argumento de que no se demostró que el aumento patrimonial estuviera directamente relacionado con actividades ilícitas vinculadas al ejercicio de la función pública. La decisión fue ratificada posteriormente por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.

Caso: Jannet Miriam Martínez Sánchez

Martínez Sánchez, quien enfrentaba cargos por delincuencia organizada y peculado relacionados con la red de corrupción presuntamente dirigida por García Luna, fue puesta en libertad el pasado 24 de junio. La extitular de la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social fue aprehendida y vinculada a proceso por su presunta participación en el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados a obras y servicios en penales federales.

Después de un año de detención y en una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez Gregorio Salazar Hernández revocó la prisión preventiva justificada. En su lugar, ordenó medidas cautelares no privativas de libertad y decretó su liberación inmediata, omitiendo los trámites de egreso obligatorios en estos casos. Se ordenó su salida directamente de la sala de audiencia, al término de la misma.

Caso: Luis Cárdenas Palomino

Quien fuera coordinador de Inteligencia de la Policía Federal en el gobierno de Felipe Calderón y colaborador cercano de Genaro García Luna, fue liberado de los cargos relacionados con el controversial operativo Rápido y Furioso. Éste fue ejecutado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, e introdujo ilegalmente más de 2 mil armas a México con el consentimiento del gobierno del gobierno de Calderón. El armamento fue entregado al Cártel de Sinaloa en 2009 –cuando García Luna estaba aliado a ese grupo delictivo encabezado por el Chapo Guzmán–, y contaba con unos chips para ser rastreados; sin embargo, la ATF perdió el control de éstas.

A pesar del daño que ese operativo causó, al contribuir a la violencia extrema, la jueza Novena de Distrito en Sonora, Jesús Karina Almada Rábago, dictó auto de libertad para Cárdenas Palomino el 20 de enero de 2024. Su argumento: “falta de elementos para procesar”. La acusación señalaba al colaborador de García Luna de omisión en el impedimento de la entrada clandestina de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la jueza determinó que no se presentaron pruebas suficientes y aptas para sustentar los cargos en su contra.

Actualmente, Cárdenas Palomino permanece detenido en el penal del Altiplano, enfrentando cargos por tortura contra de Mario Vallarta Cisneros–hermano de Israel– y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, por presuntamente participar en la banda de secuestradores “Los Zodiacos”. Estos fueron detenidos el 27 de abril de 2012, y su caso se relaciona con el montaje televisivo que difundió el comunicador Carlos Loret de Mola en un noticiero de Televisa.

Cárdenas Palomino también enfrenta un proceso bajo acusaciones de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

Caso: Jesús Murillo Karam

Conocido por ser el autor de la mal llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa. Como procurador General de la República en el sexenio de Peña Nieto, Murillo Karam afirmó que los 43 normalistas fueron asesinados y quemados por miembros del grupo Guerreros Unidos en el basurero municipal de Cocula, versión que fue refutada tiempo después.

El 2 de noviembre de 2023 –día feriado en México–, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, José Rivas González, sustituyó al juez titular de la causa y fijó una audiencia de revisión de medidas cautelares. Estableció un plazo acelerado de dos horas y media, y cambió la medida cautelar a Murillo Karam de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Argumentó razones de salud, aunque el exprocurador llegó por su propio pie a la audiencia.

Su proceso por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa aún continúa, pero ahora bajo la medida de arraigo domiciliario.

Caso: José Luis Abarca

El expresidente municipal de Iguala en el momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue identificado como uno de los principales involucrados en este crimen. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2023, un Tribunal Colegiado le otorgó un amparo para cambiar sus medidas cautelares, lo que permitió una nueva audiencia para reconsiderar la prisión preventiva oficiosa que enfrenta por delitos graves como homicidio.

Un año antes, el juez Samuel Ventura Ramos lo había absuelto del cargo de delincuencia organizada. Este mismo juez también dictó sentencia absolutoria para 24 personas relacionadas con el caso de los normalistas, incluyendo a aquellos acusados por el intento de homicidio de Aldo Gutiérrez Solano, estudiante que quedó en estado vegetativo tras recibir un disparo por parte de un policía durante los hechos.

Caso: María de los Ángeles Pineda Villa

En el mismo caso Ayotzinapa se encuentra el proceso contra la esposa de José Luis Abarca. El 24 de abril de 2023, Jorge Mario Montellano Iturralde –magistrado instructor del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México– revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión que le había sido impuesta a María de los Ángeles Pineda Villa, por delincuencia organizada. También ordenó la reposición del procedimiento, pues, a su consideración, el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica (debido proceso, audiencia, defensa e igualdad).

De acuerdo con las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, como parte del expediente por la desaparición de los normalistas, la señora Pineda Villa era la principal operadora del crimen organizado en Iguala. Primero se le relacionó con el cártel de los Beltrán Leyva, ya que sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa se desempeñaban como operadores financieros de dicho grupo delictivo, y posteriormente se le vinculó con Guerreros Unidos, pues Iguala era uno de sus centros de operación.

Caso: Emilio Lozoya Austin

Los beneficiarios de ese sistema judicial que ha sido calificado como podrido va más allá de esos casos, y toca asuntos que implican desvío de recursos públicos y otras modalidades de corrupción. Ejemplo de ello es el caso de Emilio Lozoya Austin, una de las figuras centrales en el escándalo de corrupción global de Odebrecht, además de estar involucrado en el caso de la compra irregular de la planta chatarra Agro Nitrogenados.

El 23 de enero de 2024, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña concedió una suspensión provisional a Lozoya, quien había promovido un amparo contra la resolución que le negaba el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada por su implicación en el caso Odebrecht. Esta decisión se convirtió en definitiva el 6 de febrero del mismo año, cuando dicha jueza decretó la suspensión definitiva y revocó la prisión preventiva. Estableció medidas cautelares menos restrictivas, como el uso de brazalete electrónico y la presentación periódica quincenal. Esto, a pesar de que Emilio Lozoya fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga.

El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro también otorgó un amparo a Lozoya el 19 de febrero de 2024, anulando la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pesaba sobre él desde 2022. Contreras Navarro argumentó que la solicitud de esta medidano estaba suficientemente fundamentada, vulnerando los derechos de Lozoya a la certeza y seguridad jurídica,

Lozoya también enfrenta acusaciones por el caso Agro Nitrogenados, donde se le imputa la compra irregular de la empresa mientras dirigía Pemex durante el gobierno de Peña Nieto. Esta compra, junto con la de Grupo Fertinal, generó acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, siendo parte de un esquema de transferencias offshore vinculado al caso Odebrecht.

Además, el juez Genaro Alarcón López –quien también fue criticado por decisiones en casos anteriores como el de Genaro García Luna–suspendió el procedimiento contra Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta suspensión se basó en un acuerdo de reparación del daño firmado por el empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), quien no ha cumplido íntegramente con los pagos acordados.

El 10 de noviembre de 2023, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la FGR contra un inmueble de Lozoya valuado en más de 38 millones de pesos, adquirido presuntamente con recursos de procedencia ilícita.

Caso: Juan Collado

En otro caso de fraude fiscal, el abogado de Carlos Salinas de Gortari y su hermano incómodo Raúl, Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada y Carlos Romero Deschamps. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Guillermo Aquiles Villaseñor, determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Collado, a pesar de reconocer el riesgo de sustracción del imputado.

Sin embargo, continuó interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por el proceso en que la Fiscalía le acusaba de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, por la presunta venta simulada de un inmueble de la compañía Caja Libertad, propiedad del abogado, hasta que un juez federal lo declaró absuelto de los cargos.

En abril de este año, el abogado libró todos los procesos penales en su contra, luego de que un juez federal dio por concluido el último proceso que enfrentaba por el presunto delito de defraudación fiscal por un monto de 36.7 millones de pesos; el fallo se sustentó en la ponderación de que el delito había prescrito.

Luego de la detención de Collado, su hermana Lucía Collado se amparó contra toda posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra. El 15 de noviembre de 2023, el juez Medina Gaona otorgó suspensión provisional en favor de Lucía, mediante un “amparo buscapiés” –término utilizado en el argot jurídico para referirse a este recurso que busca conocer los elementos a disposición de la Fiscalía, en expedientes y carpetas de investigación para ganar tiempo y preparar una mejor defensa–. El argumento del juez fue que “de no otorgar la suspensión a Lucía se le podía causar daños y perjuicios de difícil reparación”.

Caso: Rosario Robles

Estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por el caso conocido como “estafa maestra” ocurrido en el gobierno de Peña Nieto. Fue absuelta del delito de omisión por el desvío de 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales durante su función como titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Así lo determinó el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes.

Caso: César Horacio Duarte

Uno de los casos recientemente documentados fue el de César Horacio Duarte, exgobernador priísta de Chihuahua, a quien se le acusa de delitos graves como asociación delictuosa y peculado por alrededor de 96.6 millones de pesos. El 4 de junio de 2024, sin celebrar una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza Hortensia García Rodríguez ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que, a partir del 5 de junio, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua.

La jueza ordenó lo anterior tomando como base las dos resoluciones de apelación emitidas por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, mismas que establecen un máximo de dos años de prisión preventiva. Fue hasta el 6 de junio que la misma jueza, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas, cambió la prisión preventiva a domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaporte.

Caso: Francisco Javier Cabeza de Vaca

En 2023, tres comisiones del Congreso de Tamaulipas preparaban una iniciativa impulsada por diputados de Morena, para que los gastos de seguridad del exgobernador dejaran de financiarse con dinero público, ante lo cual Cabeza de Vaca solicitó un amparo, el cual le fue otorgado por el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez.

El juez ordenó la suspensión definitiva contra el acuerdo que ordenaba el retiro de sus escoltas, pero unos meses antes, también dictó una suspensión contra la orden de aprehensión emitida por el delito de delincuencia organizada y un amparo en febrero de 2023. El político panista actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Caso: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Conocido como el Príncipe de la basura, fue acusado del delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delictuosa, esto después de que una investigación periodística reveló que supuestamente dirigía una red de prostitución en la Ciudad de México, aprovechándose de su cargo como dirigente del PRI en 2014.

Fue detenido a finales de 2021 y actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Sin embargo, la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros le otorgó un amparo en junio de este año, contra cualquier nueva orden de aprehensión, presentación y/o su ejecución que exista en su contra. Esto, tras pagar una garantía por la cantidad de 87 mil 500 pesos.

Aunque el ex dirigente priísta continúa en prisión, su abogado espera que tras esta resolución pueda promover un nuevo amparo para que enfrente su proceso en libertad bajo prisión domiciliaria.

Caso: Uriel Carmona Gándara

El fiscal de Morelos fue detenido en cuatro ocasiones durante 2023, por dos imputaciones: su probable participación en el delito de retraso a la justicia por el  feminicidio de Ariadna Fernanda, y por el delito de tortura. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Uriel Carmona no aplicó el debido protocolo para delitos de feminicidio y declaró de forma anticipada que la causa de la muerte de la joven había sido una broncoaspiración por intoxicación alcohólica, lo cual dio ventaja y ayudó a encubrir a los presuntos responsables del feminicidio.

Por el caso se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión: la primera por el delito de retraso a la justicia, por lo que fue detenido en agosto de 2023, sin embargo el 1 de septiembre del mismo año magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenaron su inmediata liberación por “no haberse respetado su fuero”.

La segunda orden fue girada por el delito de encubrimiento por favorecimiento, por lo que fue reaprehendido un día después de su liberación, pero nuevamente fue puesto en libertad, porque los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedieron una suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva.

Una tercera orden fue obtenida por el delito de feminicidio en calidad de auxiliador, pero otro Tribunal en Materia Penal resolvió la suspensión definitiva de la medida cautelar de prisión preventiva y ordenaron su inmediata liberación por considerar que el acusado cuenta con fuero. Para abril de este año, el Poder Judicial de la Ciudad de México decidió cerrar la causa penal contra el fiscal por el feminicidio de Ariadna.

Caso: Roberto Borge Angulo

En audiencia de revisión de medidas cautelares –el 29 de septiembre de 2023– solicitada por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Marco Antonio Beltrán Moreno, determinó modificar la prisión preventiva justificada y modificarla por la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y pago de una garantía de 10 millones de pesos.

Cuando el juez fue exhibido en una de las conferencias matutinas del presidente, publicó un video pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la ONU. En su mensaje señaló que “la democracia en México está en peligro” y pidió apoyo y solidaridad para empoderar la “independencia judicial”.

Caso: Gabriel Deantes Ramos

Ocupó el cargo de subsecretario de Finanzas de Administración en el gobierno del priísta Javier Duarte, en Veracruz. Fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito y sentenciado a seis años con seis meses de prisión, el 15 de junio de 2023. Sin embargo, en agosto del mismo año la jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, Zarahí Escobar Acosta, otorgó un amparo para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio.

Posteriormente, ordenó al juez de Control citar a las partes a una nueva audiencia, la cual fue llevada a cabo en octubre y se determinó el resguardo domiciliario como medida cautelar. La jueza Escobar Acosta argumentó que el juez de Control y Enjuiciamiento “no tomó en consideración la presunción de inocencia, así como la idoneidad y proporcionalidad de la prisión preventiva”. Ello, sin importar que existía un riesgo de fuga por parte del imputado.

Caso: Jorge Winckler

Luego de permanecer dos años prófugo de la justicia, quien se desempeñó como fiscal de Veracruz durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes fue detenido en julio de 2022, acusado de secuestro y desaparición forzada. Un año después, el secretario en funciones de juez federal ordenó cancelar la prisión preventiva oficiosa impuesta a Jorge Winckler porque, de acuerdo con su criterio, es contraria a los Tratados Internacionales.

En la sentencia, ordenó que “se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley”. Sin embargo, el juez de Control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada.

Por Gilberto Martínez Jaime 

Las propuestas de modificación al Poder Judicial, buscan responder al reclamo de la ciudadanía para contar con una institución impartidora de justicia, austera, independiente, legítima, que resuelva los asuntos de su competencia, ajena a intereses privados y abone a erradicar la impunidad.

En esto se destaca el equilibrio de poderes, que el Poder Judicial Federal no se coloque por encima y desaparezca, leyes aprobadas por el Congreso, por ejemplo. Asimismo, propone que las y los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular; que no exista más la onerosa pensión vitalicia y, como establece la Constitución, sus remuneraciones no excedan lo que percibe el presidente de la República.

¿Cuáles son los objetivos de la reforma al Poder Judicial?

1.- Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea más eficiente, austera y transparente tratándose del máximo tribunal del país.

2.- Elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con legitimidad democrática a partir del voto popular.

3.- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para lo cual se propone no sólo dividirlo en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garanticen instancias de vigilancia.

4.- Nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita, no más juicios interminables a través de amparos y resoluciones.

 ¿Qué se propone para la nueva integración de la SCJN?

Reducir el número de ministras y ministros, de 11 a 9 integrantes.

Reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años.

Eliminar las dos salas que son muy opacas en la resolución de conflictos y que solamente se realicen sesiones en pleno, las cuales deberán ser públicas y transparentes para que todas y todos tengan la posibilidad de conocer qué están determinando las y los ministros.

Eliminar la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros y ministras.

Ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.

¿Cómo funcionaría la elección democrática de ministros, magistrados y jueces?

Sobre la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, se plantea en 2025 realizar una elección extraordinaria para renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial (quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones).

Selección de candidaturas: Las y los ministros de la SCJN, las y los magistrados del Tribunal Electoral y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.

La iniciativa de reforma estipula que el Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta cinco candidaturas por cada cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada, y el Judicial hasta 10 candidaturas, a través del pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.

En el caso de las y los mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión).

Proceso electoral y resultados de la elección:

La propuesta incluye crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y que una vez conformado sea este el que organice la elección. El Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan los requisitos de ley.

Las campañas durarán 60 días. No habrá etapa de precampañas.

No se permite el financiamiento público o privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate.

Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la SCJN.

Reglas específicas: En caso de ausencia definitiva de ministras, ministros, magistradas, magistrados o juezas o jueces, el Senado de la República designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.

Para las ternas se establece:

El Ejecutivo federal la propone para ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal de Disciplina;

El órgano de administración judicial para magistrados de circuito y jueces de distrito;

La SCJN para magistrados electorales.

En lo que concierne a la sustitución del CJF, la iniciativa propone integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, que se debe encargar exclusivamente de la vigilancia, del buen actuar de jueces y magistrados, y adicionalmente, lo que se denomina Órgano de Administración Judicial.

¿Cómo quedaría el tribunal integrado?

De esta manera, el tribunal integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años, propuestos por los Poderes de la Unión, tendrá la tarea de recibir denuncias de cualquier persona u autoridad e investigar a ministras, ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces, y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia.

Sus sanciones incluyen amonestación, multa, suspensión o destitución (excepto ministras y ministros). Asimismo, podrá dar vista al Ministerio Público (MP) en caso de delitos, o solicitar el juicio político ante el Congreso de la Unión.

Por otra parte, el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años, de los cuales el Poder Ejecutivo nombrará uno; el Senado de la República a otro; y la SCJN a tres, será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

Reglas procesales

La reforma propone también cuatro nuevas reglas procesales:

Justicia expedita: Se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales (en caso de rebasarlos, la autoridad judicial debe informar al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora).

Suspensiones: Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Justicia local: Los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.

Fideicomisos del Poder Judicial: Una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se respetan los derechos y prestaciones de los trabajadores.

Finalmente, con esta reforma se busca un Poder Judicial que tenga la sensibilidad de conocer las problemáticas que vive la ciudadanía, y también un órgano que pueda ser vigilado como cualquier institución de servicio público.

**Información de Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, 12 febrero 2024 en La Mañanera.