Ciudad de México. La elección de jueces, magistrados y ministros del próximo 1 de junio “ya no tiene ninguna barrera”, aseguró este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio ayer un plazo de 24 horas a los jueces de distrito para revocar las suspensiones definitivas contra la reforma judicial que violen el terreno electoral.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo enfatizó que la SCJN determinó que en materia electoral no se pueden otorgar suspensiones y que las sanciones impuestas a algunos servidores públicos no serían procedentes. «Hasta donde yo entiendo, les da creo que 24 horas», agregó en referencia al plazo otorgado por el máximo tribunal para revocar las suspensiones definitivas que vulneren el terreno electoral.

La presidenta aseguró que la reforma judicial «va» y que la Corte reconoció que se trata de un tema electoral. Enfatizó además que la elección de jueces, magistrados y ministros «ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo» y que el proceso sigue su curso sin impedimentos.

En ese sentido, llamó a la ciudadanía a participar en las elecciones del próximo 1 de junio: «El pueblo de México va a hacer historia. Porque por primera vez en México, quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros».

Sheinbaum reiteró la importancia de esta reforma y exhortó a la participación ciudadana: «Nada más a votar todos y todas el primero de junio».

Derrotados, Jueces cancelan «mañanera judicial»

Tras cuatro meses, los magistrados presentadores de la Mañanera Judicial anunciaron que dejarán de realizarla ante su derrota frente a la Reforma al Poder Judicial.

Después de que la tarde noche de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las suspensiones contra esa reforma, los jueces presentadores de la mañanera judicial anunciaron el fin de sus conferencias, las cuales habían dejado de ser diarias y sin mucho alcance mediático.

Mediante un comunicado firmado por las magistradas Edna Lorena Hernández Granados y María Julia García González, los magistrados Juan José Olvera López, ligado a Juan Collado y el exfiscal de Morelos, y José Rogelio Alanís García, los juzgadores aseguraron que ajustarán su estrategia para el ya iniciado proceso electoral judicial.

Además del fallo de la Corte, los magistrados esgrimieron que hubo otros factores para la suspensión de sus mañaneras que ya casi nadie tomaba en cuenta. Por ejemplo, el “desgaste natural” del tema y por tanto la disminución del interés; aunque las mañaneras del Poder Ejecutivo tienen ya más de 6 años siendo diarias y sus números no bajan. Además, señalaron la divergencia de intereses personales o de grupo entre los togados, quienes amenazaron con seguir tomando acciones contra la reforma que es ya constitucional y que además se ha puesto en marcha.

Estas acciones incluyen los, ya tradicionales, juicios de amparo y la posibilidad de litigios internacionales. Es decir, lo mismo que han hecho hasta ahora.

En las celebraciones dominicales del 24 de noviembre, la Iglesia católica en México dejó claro su rechazo a la reforma judicial que propone elegir a jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular, un proceso que se vislumbra para 2025. A lo largo del país, sacerdotes y obispos expresaron su desacuerdo, dejando a un lado la separación entre la Iglesia y el gobierno.

Durante la solemnidad de Cristo Rey, una misa en la Basílica de Guadalupe reunió a magistrados del Poder Judicial, quienes recibieron una petición por ellos y sus familias: poner a Dios en el centro de sus decisiones. El obispo auxiliar Francisco Javier Acero Pérez, quien ofició la misa, destacó la importancia de la justicia y encomendó al país a la Virgen de Guadalupe para garantizar paz y seguridad. Entre los asistentes destacó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien participó junto a su familia.

En Morelia, Michoacán, el sacerdote encargado hizo una plegaria por los integrantes del Poder Judicial, alarmando sobre las falsas consecuencias negativas que podría acarrear la reforma. Asimismo, el arzobispo Carlos Garfias Merlos exhortó al Poder Judicial a “hablar con verdad” para evitar que la confusión y la mentira prevalezcan.

En otras ciudades como Oaxaca, La Paz, Culiacán, Cancún, Durango, San Luis Potosí, Mérida y Xalapa, también se celebraron misas donde el mensaje se centró en desinformar y violar la laicicidad del Estado mexicano.

Desde Campeche, el obispo José Francisco González afirmo que la “falta de seguridad” amenaza al país entero, suscribiéndose a un mensaje permeado por una falsa narrativa.

La movilización de la Iglesia católica en torno a la reforma judicial deja ver la importancia del debate nacional sobre el futuro de las instituciones judiciales, así como el papel de las voces religiosas en un proceso que sigue generando controversia.

Segunda Parte. Definido lo que es y lo que no es el lawfare y ante la oposición del Poder Judicial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es pertinente analizar lo que caracteriza la guerra judicial en el país desde 2019. En esta entrega se abordan dos aspectos: la manufacturación de consenso y la injerencia de Estados Unidos en el combate a la corrupción y reformas judiciales.

Las vías de la guerra judicial: manufacturación de consenso

Las causas contra políticos de izquierda con características de lawfare comenzaron en el país en 2005, cuando –sin pruebas– intentaron desaforar a Andrés Manuel López Obrador para impedir su participación en las elecciones de 2006. En el sexenio anterior, también se pusieron demandas contra el doctor Hugo López-Gatell: ocho denuncias, según declaraciones del abogado Javier Coello. Estas demandas fueron desestimadas en la Fiscalía General de la República; sin embargo, son parte de la judicialización de la política en México.

Por otra parte, los medios de comunicación han realizado una constante manufacturación de consenso –a favor de la élite del poder económico–  contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de su sexenio desde distintos medios nacionales y extranjeros e incluso think tanks de Estados Unidos, el marco (frame) establecido fue, entre otros, el de “autoritario” “desmantelamiento de la democracia” y “erosión democrática”.[1] En el contexto de la elecciones de 2024, el frame se sumó el del supuesto vínculo con el narcotráfico y la consigna fue la de “narcopresidente”, establecido desde que dos agentes estadunidenses (un medio, Propública, y una organización, InsightCrime) y la cadena alemana DW publicaron dicho vínculo, sin prueba alguna. Incluso el mismo embajador Ken Salazar y la Casa Blanca mencionaron que ese supuesto vínculo de AMLO fue investigado en 2006 y el caso se cerró por falta de pruebas. No obstante, estas tres publicaciones fueron motivo para que los medios de comunicación hegemónicos nacionales replicaran dicha información. Como mencionó la entonces titular de la sección “Quién es Quién en las Mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis, en la conferencia del 14 de agosto de 2024, fueron 29 mil 650 cuentas en la red social X (antes Twitter) las que replicaron el hashtag de #narcopresidente, sólo 5.2 por ciento eran reales, y 94.8 por ciento eran cuentas automatizadas.

Fuente: Conferencia de prensa de Presidencia, 14 de agosto de 2024

En dicha conferencia, García Vilchis mencionó: “existe una campaña pagada a través de cuentas automatizadas como ‘narcopresidente’, y tienen mucha más injerencia en esta red social que se hace tendencia nacional y ha llegado hasta tendencia mundial y esa es una estrategia para intentar debilitar gobiernos democráticos, sobre todo en América Latina”.[2]

En esa misma conferencia de prensa, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó datos concretos sobre los recursos recibidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Como detalló Contralínea, MCCI recibió de Estados Unidos 96 millones 740 mil 613.6 pesos, entre agosto de 2018 y enero de 2024. Con datos de esa conferencia de prensa, se sabe que MCCI recibió en 2019 12.3 millones de pesos del gobierno de Estados Unidos, equivalentes al 15.4 por ciento del total que recibió. Para 2023, fue de 67.8 por ciento, de ese nivel era la relevancia del financiamiento para sostener a una organización opositora.

Además, tiene entre sus financiadores a empresarios que forman parte del Consejo Mexicano de Negocios, grupo de empresarios mexicanos que fueron beneficiados en el periodo neoliberal. Entre Fundación Maelva, Sistema de Observación Ciudadano, Fundación Kaluz, Fundación UNIFIN, Fundación ALSEA, Fundación Gentera, Kyara, American Express Company México, Centro de Estudio Espinosa Yglesias y Laboratorios PISA suman 151 millones de pesos en el periodo 2016-2023.

Figura 1. El sol y sus planetas: financiamiento a MCCI

Fuente: conferencia matutina, Presidencia de la República, 14 de agosto de 2024.

Injerencia estadunidense en la justicia y el combate a la corrupción

Este caso de la organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo es apenas una parte de la amplia estrategia de injerencia estadunidense en México. Además de MCCI, Estados Unidos financia al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). También financió a varias organizaciones y empresas encargadas de instrumentar las distintas reformas al Poder Judicial, entre las que destacan Management Systems International, Fundación Ethos, Fundación IDEA, Fortis Consultora, por mencionar sólo algunas de las que recibieron financiamiento de EU en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Según datos de ForeingAsisstance, el IMCO recibió de la USAID montos por 493 mil 513 dólares (constantes de 2021), para instrumentar el programa “Reformas Anticorrupción” en 2022. El objetivo era “promover instituciones, procesos y políticas de gobernanza que sean transparentes y responsables en todos los sectores del desarrollo. Apoyar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales (incluidas las entidades de ejecución e investigación, los organismos independientes de auditoría, las comisiones anticorrupción, las agencias de contratación pública, las legislaturas, los ministerios competentes, las agencias independientes, los partidos políticos, los actores judiciales, así como las organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico, prensa y el sector privado). Apoyar la educación cívica y la promoción de reformas legislativas y prácticas o mejorar directamente la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos de gobernanza en diversos sectores del desarrollo”.

Otro proyecto financiado por la USAID para el IMCO tuvo como objetivo una “Alianza por la integridad en México (AIM): apoyar al gobierno de México y a la sociedad civil (incluyendo el sector privado) en la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción para fortalecer la transparencia, la integridad, los derechos humanos, y el imperio de la ley. Proporcionar mayores cantidades de datos para fortalecer la base de evidencia para desarrollar propuestas políticas que aborden los desafíos en capital humano, reformas legales, diseño institucional o materiales, y equipos para implementar con éxito la reforma judicial mexicana, aumentar la seguridad jurídica y la seguridad de las inversiones, especialmente en casos de robo, fraude, soborno, cumplimiento con cláusulas contractuales, etc. Elaborar una propuesta técnica en la que se esbocen los elementos clave para el diseño institucional ideal de la fiscalía especial anticorrupción a nivel estatal”. La propuesta del IMCO se basaría en “un análisis a fondo de las necesidades internas, institucionales y procedimentales de una fiscalía anticorrupción funcional. El objetivo es que las recomendaciones se conviertan en una herramienta para las fiscalías federales y estatales, los grupos de la sociedad civil y otros que buscan apoyar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) de la OMS”. Este proyecto fue financiado con 77 mil 671 dólares en 2023.

Otra empresa que destaca por el monto del financiamiento es Management Systems International. Ésta recibió de la USAID 25 millones 304 mil 955 dólares sólo entre 2019 y 2022. El recurso fue para el programa PROJUST, que “tiene como objetivo proporcionar apoyo personalizado directo o indirecto a nivel estatal y federal para el impulso final hacia los plazos de reforma de 2016, ayudando a estados mexicanos seleccionados a pasar el “punto de no retorno” en sus reformas del sistema judicial, y, por lo tanto, contribuir a los esfuerzos más amplios del Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México para mitigar el conflicto, reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente”.

La Fundacion Ethos también recibió financiamiento de la USAID por 1 millón 250 mil 976 dólares para instrumentar un programa enfocado en  el “fortalecimiento de los sistemas nacionales y locales de lucha contra la corrupción mediante la participación de la sociedad civil y el sector privado es promover la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) y seleccionar sistemas locales de lucha contra la corrupción en estados fronterizos clave, mediante la educación de los ciudadanos, el compromiso y la participación del sector privado”.

La Fundación IDEA recibió financiamiento por 1 millón 995 mil 736 dólares para dos programas idénticos, que tenían por objetivo “la reducción de la impunidad y ayudará a desarrollar tanto la sociedad civil como la capacidad del gobierno para aumentar de manera sostenible la eficacia del sistema de justicia penal en 12 estados mexicanos: 1) fortalecer la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar una resolución eficaz y eficiente de los casos, aumentar el número total de casos penales resueltos y mejorar la calidad y cantidad de las investigaciones y enjuiciamientos de delitos graves; 2) desarrollar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar un proceso adecuado y protección de los derechos humanos, así como servicios adecuados para las víctimas; y 3) mejorar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia y la sociedad civil para construir legitimidad, confianza y cooperación de los ciudadanos, fomentando la responsabilidad y la participación ciudadana. Esto se logrará mediante la capacitación, la asistencia técnica, la orientación y el establecimiento de redes entre iguales”.

Otro proyecto para la Fundación IDEA que tiene que ver con el sector justicia es el de MiFiscalía, financiado en este caso por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés). Dicho proyecto contó con financiamiento por 4 millones 319 mil 838 dólares entre 2021-2023. Como mencionan en su página en internet, este proyecto tiene por objetivo promover “la procuración de justicia de manera proactiva, oportuna y eficaz al incrementar la capacidad instalada de las fiscalías y procuradurías para hacer frente a los desafíos operacionales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio mediante un enfoque adaptado al contexto local”.

Fundación Fortis, a su vez, trabaja en el proyecto MiFiscalía con Fundación IDEA. Fortis recibió financiamiento por 5 millones 134 mil 970 dólares entre 2020-2024. El programa financiado fue “Justice access for victims and the accused (JAVA) en México”. Este proyecto tiene por objetivo centrarse “en la participación de la sociedad civil en la protección del debido proceso y la mejora de la asistencia a las víctimas mediante la aplicación de estrategias que aprovechen sus capacidades existentes y el fortalecimiento de la comprensión técnica de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de permitirles desarrollar estrategias sofisticadas para el cambio de políticas. JAVA también se centrará en la comunicación de la importancia del debido proceso para fines políticos específicos y para audiencias específicas”.

El papel de los medios

Como mencionamos al inicio, no hay proceso de lawfare sin medios de comunicación. Para ello, la USAID financió al International Center for Journalists (ICJ) para cumplir con el objetivo de “disuadir a la corrupción y apoyar la transparencia en estados y municipios mexicanos específicos, mejorando la capacidad de los periodistas para investigar cuestiones relacionadas con la corrupción. Para mejorar la capacidad de los periodistas de investigar la corrupción y cuestiones relacionadas con ella, USAID prevé cinco amplias categorías de apoyo. USAID trabaja con soluciones innovadoras y creativas, centrándose en las alianzas con organizaciones locales, para ayudar a mejorar la calidad del periodismo de investigación y datos a nivel subnacional en México”. ICJ recibió 6 millones 76 mil 405 dólares entre 2019-2024.

Durante el periodo 2004-2021 varios programas de reformas al sector justicia fueron aplicados en México, entre los cuales destacan “Política estratégica y reforma institucional”, “Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México”, “Rule of Law III: Support for Legal Reforms”, “Promoting Justice Project (Projust)”, “Sistema de Justicia”, “Program Support (Rule of Law)”. Varios de estos proyectos fueron realizados en el periodo de la aplicación de la Iniciativa Mérida que comenzó cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en 2007.

[1] https://www.oblawfare.org/post/manufacturaci por cientoC3 por cientoB3n-de-consenso-y-lawfare-en-m por cientoC3 por cientoA9xico

[2] https://amlo.presidente.gob.mx/14-08-24-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/

Claudia Sheinbaum presentó ante los líderes mundiales una propuesta para disminuir las guerras e impulsar la reforestación.

Claudia Sheinbaum se encuentra en Brasil como parte de su participación en la cumbre de líderes del G20. Este lunes 18 de noviembre, la presidenta se reunió con sus homólogos de diferentes países del mundo.

Días antes de acudir al evento, la presidenta señaló su deseo de buscar avanzar en temas como igualdad de género, desarrollo sustentable, digitalización, programas sociales y la alianza con Brasil para combatir la pobreza y el hambre.

En su participación en el G20, Claudia Sheinbaum destacó el programa social ‘Sembrando Vida’, y propuso crear un fondo con el que los países del G20 destinen un 1 por ciento del gasto militar a la reforestación.

El objetivo es mitigar el calentamiento global, así como recomponer el tejido social y capacitar a las personas de áreas rurales de todo el mundo para dejar de sembrar guerra y cambiar ello por la paz.

¿Con qué líderes se reunió Sheinbaum en el G20?

Joe Biden

Una de las primeras reuniones que tuvo Sheinbaum fue con Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Durante el encuentro hablaron sobre la importancia de trabajar juntos en materia de migración, seguridad y economía. El mandatario la felicitó por su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio.

Justin Trudeau

Sheinbaum también tuvo un encuentro con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La presidenta de México abordó el “buen resultado” del T-MEC, donde colabora con dicho país en materia comercial.

Xi Jinping

La conversación entre el presidente de China y la mandataria mexicana fue muy importante, debido a que hablaron sobre la relación comercial que tienen ambos países y las restricciones que intentará implementar Donald Trump cuando asuma la presidencia de Estados Unidos.

Lula da Silva

El anfitrión de la cumbre del G20 recibió a Sheinbaum, siendo este su primer encuentro tras la toma de posesión de la mandataria en octubre pasado. En este caso, Sheinbaum compartió una fotografía en la que resaltó la unión de Latinoamérica.

Gabriel Boric

El presidente chileno apareció en la misma fotografía con Sheinbaum y Da Silva, reflejo de la unión entre gobiernos de izquierda en la región. Es importante mencionar que Boric también estuvo en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en octubre pasado.

Gustavo Petro

Petro es otro de los acompañantes en la foto con Sheinbaum, Lula da Silva y Boric, y uno de los que más ha celebrado la continuidad de la 4T en México. El mandatario colombiano formó parte de las pláticas de colaboración conjunta para fortalecer la relación entre países latinos.

El ministro Alberto Pérez Dayán se dobló, por lo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ligados al PRIAN no alcanzarían los 8 votos necesarios para echar abajo la Reforma Judicial.  

En medio de la discusión sobre el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para eliminar partes sustanciales de la Reforma Judicial, Pérez Dayán dijo que, aunque se trató de convencer a sí mismo, echar abajo una Reforma Constitucional, sería “una insensatez”.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido de lo que propone la propuesta sería (…) responder a una insensatez con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida”, señaló el ministro propuesto por Felipe Calderón en su participación.

Con el voto en contra de Pérez Dayán, sumado al de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ya solo habría 7 votos a favor del proyecto.

Y esto es importante porque según la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesitan al menos 8 votos a favor para que una acción de inconstitucionalidad sea aprobada.

Foto: Presidencia de México

En el marco de la 14° edición de la US-Mexico CEO Dialogue, un espacio de encuentro entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reunión fue muy buena y anunció millonarias inversiones para el próximo año.

Fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el encargado de dar los detalles del diálogo, el cual consideró como productivo. Detalló que los anuncios de inversión que se realizaron hoy durante el evento rebasan los 20 mil millones de dólares.

Entre las empresas que anunciaron millonarias inversiones se encuentran 4 principales: 

1. Pacific Mexico confirmó una inversión a inicios de 2025 de alrededor de 15 mil millones de dólares.
2. Royal Caribbean anunció mil 500 mdd para crear un proyecto de polo de desarrollo turístico en Mahahual, en Quintana Roo.
3. Amazon anunció que fortalecerá su red y su capacidad digital en México con 6 mil millones de dólares para 2025 y 2026.
4. Pemex anunció el desarrollo de un depósito de combustibles, con una inversión de 10 mil 400 mdd.

“En resumen, lo confirmado rebasa 20,000 millones de dólares y lo que podría ser para 2025 rebasa 30,000 millones de dólares. Nos fuimos por la (cifra) más conservadora porque es lo confirmado. Todavía tenemos que hacer el cierre del año”, precisó sobre las inversiones el secretario.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum tranquilizó a los empresarios aclarando puntos sobre la reforma judicial y aseguró que lo que se busca es garantizar estado de derecho para todos los ciudadanos, así como brindar “confianza” a inversionistas internacionales.

Foto: La Mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum envió hoy 7 de octubre de 2024 envió 2 iniciativas de leyes secundarias al Congreso para la elección de jueces, ministros y magistrados, mismas que incluyen las fechas clave y reglas del proceso para la votación que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.

“Estamos enviando el día de hoy al Congreso de la Unión para la modificación a la Ley General de Procedimientos Electorales y Medios de Impugnación para la elección de jueces, magistrados y ministros. Consideramos que era importante enviar esta ley o estas leyes secundarias que clarifiquen cómo se desarrolla la elección. Entonces, están enviando el día de hoy para su aprobación en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores”, dijo

Por su parte, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, explicó que lo que se busca es que el proceso electoral en este poder tenga legalidad, certeza, parcialidad, objetividad y transparencia y a la vez garantice la tutela efectiva durante los comicios.

Está la presidenta enviando la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General los Medios de Impugnación en Materia Electoral. El objetivo es que se garantizan los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial”, dijo Godoy.

CNDH hizo énfasis en que no defiende banderas políticas ni es comparsa de estrategias partidistas como solía ocurrir en el pasado.

Hay “malas noticias” para la oposición que se dieron a conocer a través de un comunicado difundido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La dependencia encabezada por Rosario Piedra Ibarra emitió su postura sobre la recién aprobada reforma al Poder Judicial de la Federación.

En su escrito, la CNDH reveló que no piensa interponer alguna acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Al mismo tiempo, se lanzó contra los actores políticos y partidistas que durante los últimos días han presionado para impugnar la iniciativa de AMLO.

La Comisión señaló que la legislación recién promulgada “es un triunfo del pueblo y un avance en materia de Derechos Humanos”:

“Actores partidistas han tratado de presionar a esta Comisión Nacional a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad de paralice los efectos de la reforma y así usar a este órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo, ajenas a los intereses de las y los mexicanos, lo que equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación”, se lee en el comunicado.

La CNDH respetará las decisiones del pueblo

En su escrito, la CNDH señaló que la reforma al Poder Judicial es esencial para transformar un sistema que, hasta hoy, ha permitido dilaciones en los procesos judiciales que impiden el acceso a una justicia pronta y expedita.

También subrayó que la defensa de los derechos humanos “no es un circo” como los partidos de oposición han querido hacerle creer a los mexicanos. En un país como México se tienen que visibilizar las necesidades y las carencias del pueblo.

En torno al proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial, la CNDH observó que “el proceso incluyó la celebración de diálogos nacionales, donde se expresaron diversos sectores de la sociedad en un amplio ejercicio de la democracia participativa”.

En el comunicado de prensa, la CNDH también profundizó en que el ‘análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente’. Todo esto a pesar de un ambiente por momentos ríspido y de los desafortunados intentos de violencia en el Senado.

Finalmente, la Comisión reiteró que no satisfacen agendas partidistas, “Lo dijimos desde un inicio, y lo hemos demostrado de sobra. No nos hemos prestado ni nos prestaremos a esa pobrísima visión del servicio público y de lo que es un organismo público de defensa de los derechos humanos”.

La Senadora Citlalli Hernández consideró que Morena debe de tener los 86 votos que le aseguren la mayoría calificada en la Cámara Alta, al tiempo que no descartó que se le abran las puertas al Senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez en las bancadas de la 4T.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– La Senadora de Morena Citlalli Hernández Mora consideró que es posible que el Senador Miguel Ángel Yunes Márquez “acompañe esta votación” y no descartó que “además de la posibilidad de tener el voto de Yunes” el oficialismo pudiera contar “con otros votos al rato en la discusión y en la votación”.

Hernández Mora expuso en entrevista con Café y Noticias, programa que se transmite en el canal de SinEmbargo Al Aire, que pueden darse tres escenarios: que Yunes Márquez no asista; la otra, que pidiera licencia y quien asumiera y viniera a la votación sería su papá Miguel Ángel Yunes Linares; “y la otra posibilidad es que, eso, venga Yunes sin pedir licencia y vote, seguramente renunciará al PAN y podría hasta integrarse a uno de los grupos parlamentarios de la 4T o no”.

La Senadora Citlalli Hernández reconoció que “hay un debate interno” en Morena respecto si necesitan 85 u 86 votos en el Senado para la Mayoría Calificada. “Ha habido votaciones y reformas constitucionales con 85 votos en el Senado, sin embargo, yo soy de la idea de que mejor garantizar los 86 por el contexto político, por el nivel de debate, porque algún sector del Poder Judicial se ha portado fuera, incluso, de la legalidad, lo mejor es no dar pretextos a que se pudiera cuestionar o echar para atrás la aprobación de la reforma”.

Cuestionada sobre las implicaciones de sumar a un personaje como Yunes Márquez, acusado de emisión de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, Citlalli Hernández Mora indicó que hay una diferencia entre la militancia orgánica  y la integración a un grupo parlamentario.

“La decisión de integrar o no un grupo parlamentario de cada legislador, no siempre necesariamente tiene que ver con la militancia política (…). Yo espero que si al final Yunes se suma a uno de los grupos parlamentarios de la 4T sea nada más al grupo parlamentario, por supuesto, faltaríamos a la verdad si ignoramos la trayectoria de Yunes”.

Y ahondó: “Creo que, si se concreta esta posibilidad de contar con su apoyo, sería una estrategia parlamentaria, una suma a alguno de los grupos, pero no necesariamente una suma política a las filas de un partido”.

Por Editor

México, un país de profundas raíces históricas y una larga lucha por su independencia y soberanía, se enfrenta hoy a un nuevo desafío que pone en riesgo su autodeterminación. En los últimos meses, hemos sido testigos de una creciente interferencia por parte del gobierno de Estados Unidos y su embajador en México, Ken Salazar, en asuntos internos que son de exclusiva competencia del pueblo mexicano. En particular, la reforma judicial y la propuesta de elección popular de jueces impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sido objeto de críticas y presiones por parte de actores externos que buscan influir en el rumbo político de nuestra nación.

La Reforma Judicial: Un Proyecto de Transformación Profunda

Desde el inicio de su mandato, AMLO ha dejado claro que uno de sus objetivos principales es combatir la corrupción y reformar el sistema judicial para garantizar la justicia en México. La propuesta de elección popular de jueces, que forma parte de un paquete más amplio de reformas judiciales, es un esfuerzo por democratizar el poder judicial y hacerlo más accesible y transparente para los ciudadanos. Esta medida, inspirada en la idea de que el pueblo debe tener un papel directo en la elección de sus representantes en todos los niveles de gobierno, busca romper con décadas de opacidad y nepotismo en el sistema judicial.

El actual sistema de designación de jueces en México ha sido criticado por su falta de transparencia y por estar dominado por intereses políticos y económicos. La reforma de AMLO, al proponer que los jueces sean elegidos por el voto popular, pretende devolver el poder a la ciudadanía y asegurar que los jueces sean verdaderamente independientes y responsables ante el pueblo. Esta propuesta, aunque ambiciosa, ha generado una feroz oposición tanto en sectores de la élite política y económica de México como en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

La Intromisión de Estados Unidos y Ken Salazar

El gobierno de Estados Unidos, históricamente acostumbrado a intervenir en los asuntos internos de América Latina, no ha dudado en expresar su descontento con las reformas propuestas por AMLO. El embajador Ken Salazar, representante de la administración de Joe Biden en México, ha sido particularmente vocal en sus críticas a la reforma judicial y a la elección popular de jueces. En diversas declaraciones públicas, Salazar ha manifestado su preocupación por lo que considera un debilitamiento de la independencia judicial en México, argumentando que la elección popular de jueces podría politizar el poder judicial.

Estas declaraciones han sido percibidas por muchos como una intromisión inaceptable en los asuntos internos de México. No es la primera vez que Estados Unidos intenta influir en las políticas internas de un país soberano bajo el pretexto de defender la democracia o los derechos humanos. Sin embargo, en este caso, las críticas de Ken Salazar parecen estar motivadas por el temor de que una reforma judicial exitosa en México pueda sentar un precedente peligroso para los intereses estadounidenses en la región.

El Doble Estándar de Estados Unidos

La actitud de Estados Unidos hacia la reforma judicial en México es un claro ejemplo del doble estándar con el que el país del norte maneja sus relaciones internacionales. Mientras que en su propio territorio, el sistema judicial estadounidense ha sido duramente criticado por su parcialidad y por estar influenciado por el dinero y la política, en México se pretende imponer un modelo de justicia que perpetúe la dependencia y la sumisión a intereses extranjeros.

Es importante recordar que Estados Unidos ha tenido un historial problemático en lo que respecta a la promoción de la democracia y la justicia en otros países. Casos como el de Guatemala en la década de 1950, donde la CIA derrocó al gobierno democráticamente elegido de Jacobo Árbenz, o el apoyo a dictaduras en América Latina durante la Guerra Fría, demuestran que la intervención estadounidense rara vez ha tenido como objetivo genuino el bienestar de los pueblos de la región.

En este contexto, las críticas de Ken Salazar a la reforma judicial en México no pueden ser vistas como un acto desinteresado de preocupación por la democracia. Más bien, deben interpretarse como un intento de mantener el statu quo y de evitar que México avance hacia un sistema judicial más independiente y democrático.

El Respeto a la Soberanía Nacional

Uno de los principios fundamentales del derecho internacional es el respeto a la soberanía de los Estados. Este principio, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, establece que ningún país tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Sin embargo, Estados Unidos ha mostrado una notable falta de respeto por este principio en sus relaciones con América Latina.

La interferencia de Ken Salazar en la reforma judicial de México no solo es una violación de la soberanía nacional, sino que también es un intento de socavar el proyecto de transformación que AMLO ha propuesto para nuestro país. México tiene el derecho y la obligación de definir su propio destino, sin la interferencia de potencias extranjeras que buscan imponer sus intereses.

La Elección Popular de Jueces: Una Reforma Necesaria y Urgente

La elección popular de jueces es una de las reformas más audaces y necesarias de la Cuarta Transformación. En un país donde la corrupción ha sido una constante en el sistema judicial, permitir que los ciudadanos elijan a sus jueces es un paso fundamental para asegurar que la justicia sea verdaderamente imparcial e independiente. Esta medida, lejos de debilitar la independencia judicial, la fortalecerá al hacer que los jueces sean responsables ante el pueblo, y no ante los intereses económicos o políticos que han dominado el sistema hasta ahora.

Es cierto que la elección popular de jueces es un experimento que no está exento de riesgos. Sin embargo, los beneficios potenciales superan con creces las posibles dificultades. Un sistema judicial más democrático y transparente no solo contribuirá a la lucha contra la corrupción, sino que también fortalecerá la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Conclusión

El proyecto de reforma judicial y elección popular de jueces impulsado por AMLO es una medida valiente y necesaria para transformar el sistema de justicia en México. Frente a las críticas y presiones de actores externos, es fundamental que defendamos nuestra soberanía y el derecho del pueblo mexicano a decidir su propio destino.

La intromisión de Ken Salazar y del gobierno de Estados Unidos en este proceso es inaceptable y debe ser rechazada con firmeza. México no necesita lecciones de democracia de un país que ha demostrado una y otra vez su disposición a sacrificar los principios democráticos en favor de sus intereses geopolíticos.

Hoy más que nunca, es crucial que nos mantengamos unidos en defensa de nuestra soberanía y apoyemos las reformas que buscan construir un México más justo y democrático. La elección popular de jueces es un paso en la dirección correcta, y no debemos permitir que intereses externos desvíen nuestro camino hacia la transformación.