El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió una propuesta de Xóchitl Gálvez, sin mencionarla explícitamente, relacionada con el pago individual de un seguro para los trabajadores del sector público.

El mandatario consideró que la propuesta carece de fundamentos y es equivocada, ya que sugiere un pago de 70 mil pesos, una cifra que supera considerablemente el salario promedio en el país.

Durante una conferencia, el presidente expresó que más allá de las inconsistencias financieras de la propuesta, es fundamental reflexionar sobre la mentalidad privatizadora que afecta lo público y lo social. Comparó este enfoque con el modelo aplicado en Estados Unidos, que intentó cambiar el expresidente Obama sin éxito debido a intereses poderosos y fuertemente influentes.

AMLO recuerda lo que se vivió antes con este sistema

El presidente AMLO destacó que este modelo neoliberal imperó en México durante 36 años, provocando la desaparición de aseguradoras públicas en favor de las privadas.

La referencia en abstracto a la propuesta “de una persona” surgió a raíz de una pregunta sobre los excesos cometidos por empresas con concesiones para operar el agua a nivel municipal.

El mandatario subrayó la importancia de revisar los contratos para asegurar que se cumplan adecuadamente y no sean contratos desfavorables.

AMLO también mencionó que la cancelación de los contratos es competencia de las autoridades estatales y en algunos casos municipales, limitando la intervención de Conagua en estas situaciones.

Asimismo, el presidente cuestionó el impacto de las privatizaciones en los trabajadores, señalando que estas acciones conllevan la desaparición de empresas públicas y despidos sin las liquidaciones correspondientes. En particular, mencionó excesos en concesiones de San Luis Potosí y Veracruz.

Regeneración

Tras decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el entonces presidente Felipe Calderón consintió que la Secretaría del Trabajo –a cargo de Javier Lozano Alarcón– y el SAE obtuvieran una bolsa extraordinaria de 5 mil 917 millones de pesos, al margen del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Documentos de Hacienda revelan que los recursos públicos se extrajeron supuestamente para atender a los más de 44 mil trabajadores que quedaron en la calle. La desaparición de LyFC fue planeada antes de que el panista asumiera la Presidencia de la República y a espaldas de la sociedad, en el Proyecto de Gran Visión México 2030, plan que buscaba entre otras cosas privatizar el sector energía. Una vez materializado el cierre de la paraestatal mediante el uso de la fuerza, estalló el conflicto de los integrantes del SME que apenas en este sexenio se está resolviendo

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) para extraer 5 mil 917 millones de pesos de las arcas nacionales, supuestamente para destinarlos a los más de 44 mil trabajadores que quedaron en la calle desde aquel 10 de octubre de 2009, revelan seis acuerdos de ministración de fondos de la Subsecretaría de Egresos –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, fechados entre noviembre de ese año y julio de 2010.

Los recursos fueron entregados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) –encargada del proceso de liquidación de los extrabajadores– y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces encabezada por Javier Lozano Alarcón. La multimillonaria bolsa se manejó de forma discrecional, pues no fue aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de aquel ejercicio.

Los documentos oficiales –obtenidos por Contralínea mediante la Ley de Transparencia– señalan que el destino de los dineros del pueblo sería en beneficio de los miles de electricistas que de la noche a la mañana se quedaron sin fuente de empleo: 5 mil 800 millones de pesos para el pago de las liquidaciones –monto que se transfirió al SAE–, y 117 millones para que la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral les diera atención y capacitación laboral por parte de, de la STPS.

Fue el subsecretario Dionisio Pérez-Jácome Friscione quien autorizó los seis acuerdos de ministración de fondos. El que más recursos implicó es el oficio 801.1.-188(10), del 8 de julio de 2010 a favor del SAE: el documento ordenó a la Tesorería de la Federación entregar 5 mil 800 millones de pesos “con el propósito de contar con recursos para que pudiera continuar con el proceso de liquidación de los extrabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro (en liquidación)”. Más de 15 mil agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas rechazaron la “indemnización” y estallaron el movimiento de resistencia que perdura hasta ahora.

Los más de 5 mil millones que otorgó de forma urgente el subsecretario no fueron los únicos fondos multimillonarios que operó el SAE. La auditoría de desempeño 10-1-06HKA-07-0977, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, indica que “para hacer frente a la liquidación” de esa paraestatal, los ingresos fiscales del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes –en el ejercicio 2010– ascendieron a 22 mil 641 millones 853.7 mil pesos.

Pero ahí no paro el manejo de miles de millones de pesos por medio del SAE: “con el flujo operativo de octubre-diciembre 2009 y enero-diciembre de 2010 de LyFC en liquidación (cifras acumuladas a 2010), elaborado por el SAE, se determinó que el costo de la liquidación al 31 de diciembre de 2010 fue de 45 mil 605 millones 737.8 mil pesos”, de acuerdo con la Auditoría Superior.

En su auditoría 16-1-06HKA-02-0088 –de la Cuenta Pública 2016–, el máximo órgano de fiscalización detalla que entre octubre de 2009 y diciembre de 2010, el SAE pagó 12 mil 81 millones 505.5 mil pesos por concepto de “indemnización voluntaria” a 28 mil 750 extrabajadores de la paraestatal. Además, el 30 de agosto de 2010, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el laudo en el expediente IV-239/2009, con el que se aprobó la terminación de las relaciones colectiva e individual de trabajo y condenó al SAE, como liquidador de LyFC, a pagar las indemnizaciones. En esa cuarta etapa de indemnización denominada “Cumplimiento Voluntario del Laudo”, liquidó a otros 1 mil 75 electricistas por 906 millones 305.7 mil pesos en total.

En resistencia se mantuvieron 15 mil 403 electricistas, quienes el 6 de noviembre de 2009 promovieron, a través del SME, la demanda laboral 1267/2009 ante la JFCA. En ésta se reclamaba, entre otras cosas, la reinstalación en sus puestos de trabajo. El laudo lo ganaron los trabajadores el 10 de julio de 2015. Nunca se cumplió y ha sido hasta el actual sexenio obradorista que se empezaron a atender las demandas de los trabajadores.

Además del SAE, la Secretaría del Trabajo pidió a Hacienda recursos millonarios extraordinarios para “dar capacitación” a los extrabajadores de LyFC, “a fin de que puedan encontrar nuevas opciones de empleo y se les dé preferencia tanto en la bolsa de trabajo como en el Programa de Reinserción Laboral”. No obstante, la mayor parte de la atención a los liquidados la otorgaba a Secretaría de Economía.

La primera solicitud se realizó el 13 de noviembre de 2009 y se autorizó (oficio 801.1.-242(10), el 17 de ese mismo mes por Pérez-Jácome. Ese acuerdo de ministración proveyó a la Subsecretaría de Empleo de la STPS 30 millones de pesos.

Con los mismos argumentos se otorgaron los otros cuatro acuerdos de ministración de fondos:

-Oficio 801.1.-67(10), por 39 millones de pesos, y fechado el 29 de enero de 2010.

-801.1.-98(10), por 46 millones, del 9 de marzo de aquel año. A este acuerdo se le agregó como objetivo: “para llevar a cabo los procesos de revisión documental, reclutamiento, selección así como el examen médico para determinar su posible incorporación en otro sector”.

-801.1.-130(10), por 57 millones de pesos, del 12 de abril.

-Y oficio 801.1.-176(10), del 21 de junio de 2010, por 60 millones de pesos.

En octubre de 2006 y a espaldas del pueblo de México, Felipe Calderón Hinojosa planeó extinguir la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, como parte de Proyecto de Gran Visión México 2030, que buscaba privatizar sectores estratégicos y bienes de la nación.

En su capítulo “Energía”, el Proyecto de Gran Visión indicaba que era necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad, permitir que Petróleos Mexicanos contara con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.

Con ello, el gobierno calderonista buscaba “erradicar” lo que consideraba una de  las “distorsiones” del mercado en el sector energético. Y aunque en ese punto los documentos de “Energía” y “Economía” señalaban que se habrían de abolir los “monopolios privados y públicos”, las políticas concretas revelaban que el gobierno federal sólo atacaba los públicos.

La fusión de LyFC con CFE fue impuesta mediante el uso de la fuerza el 11 de octubre de 2009. Ese día fue publicado el decreto presidencial –que firmó Calderón Hinojosa– por el cual se extinguió a Luz y Fuerza del Centro. Desde la madrugada, la Policía Federal tomó por la fuerza todas las instalaciones y los trabajadores electricistas ya no pudieron regresar a su fuente de empleo. A partir de entonces, miles de electricistas salieron a las calles a protestar.

La respuesta del gobierno calderonista no sólo se centró en la defensa de la legalidad, sino sobre todo en la denostación de los trabajadores, a quienes responsabilizó de la crisis financiera que supuestamente enfrentaba la empresa del Estado, y estigmatizó las prestaciones laborales como privilegios onerosos.

Contralínea

RegeneraciónMx, 23 de julio de 2022.- Cuando el agua escasea en las llaves de los hogares, las escuelas y las oficinas aún queda la esperanza de encontrarla en un anaquel, embotellada y etiquetada con una marca y un precio. Pero, ¿no se supone que los gobiernos deberían proporcionarla en condiciones aptas para el consumo humano? ¿No se supone que se podría tomar directamente del grifo sin riesgo a enfermedades? ¿Por qué hay que pagar por un garrafón para poder consumirla y, a parte, pagar al sistema de aguas por líquido para lavar, trapear y bañarse?

En la década de los 80 bastaba con abrir la llave para tomar agua después de la escuela o para llenar la licuadora y cocinar sopa. Pero, a inicios de los 90 todo cambió: el agua empezó a venderse en garrafones y surgieron algunas campañas «de salud» en contra del agua de grifo.

¿Por salud?

Si bien es cierto que las enfermedades gastrointestinales como cólera, tifoidea y rotavirus —por mencionar algunas— se adquieren tras consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal, también es real que la prevalencia de éstas ha bajado gracias a las vacunas y los medicamentos, y no precisamente porque la gente haya cambiado el grifo por el garrafón.

Y es aquí donde viene el primer «pero» de los gobiernos mexicanos. La población no confía en el agua de grifo, porque las autoridades no han implementado, desde hace sexenios, alguna campaña o algún sistema de información sobre la calidad del agua que proporcionan. Únicamente hay, por todos lados, mensajes de conservación, pero nada que regrese la confianza de la gente.

La propia Constitución Mexicana establece que el agua es un derecho humano. «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible«, dicta. Pero, los mexicanos con posibilidades prefieren comprarla embotellada antes que confiar en la que manda el Sistema de Aguas.

Cabe destacar que el costo que se le paga al Sistema de Aguas es por el traslado desde el acuífero hasta la llave, la demanda total de agua y las cargas comerciales y operativas (como servicios administrativos y de mantenimiento), pero principalmente, por el tratamiento que se le da para eliminar contaminantes y hacerla potable. Entonces, si los mexicanos ya pagan por recibir agua consumible, ¿por qué compran más agua en botella?

El presunto culpable

¿Cuándo embotellaron el agua? A partir del 1 de diciembre de 1992, cuando el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari aprobó la Ley de Aguas Nacionales. Una ley que le cedió a las empresas privadas los derechos de las presas y canales, y permisos para explotar fuentes acuíferas.

Apenas unos meses después y por decreto de Salinas de Gortari, en febrero de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), convirtiéndose en la única y discrecional autoridad. De tal manera que las concesiones y asignaciones sólo le corresponderían (y siguen correspondiendo) a ella. ¿Incorruptible?

Desde entonces, por la dirección de Conagua han pasado varias «casualidades». El primero al mando fue Fernando González Villarreal, pero años más tarde, en el sexenio de Vicente Fox entró al ruedo Cristóbal Jaime Jáquez, quien ha sido directivo de Femsa (Coca-Cola), de la Corporación Industrial Escorpión (integrada por empresas embotelladoras) y de Lala.

Se ha favorecido a las industrias y, por supuesto, a los amigos. Entre ellos a los cercanos a Salinas de Gortari, como la empresa Bachoco y los parques temáticos Xcaret, en Yucatán. Incluso, según un texto publicado por La Jornada en agosto de 2006, Jaime Jáquez permitió a la empresa Lala explotar 250 pozos en Cuatrociénegas, Coahuila.

En 2021, durante el foro El derecho humano al agua: avances y retos en el Senado, Elena Burns Stuck, subdirectora general de Administración del Agua de la Conagua, dijo que desde 1992 y hasta ese día se habían otorgado 518 mil concesiones. Y eso no es todo, sino que todas han sido bajo la presión de los tribunales.

“Los tribunales dicen, no importa si hay veda, no importa si hay daños a terceros o si no hay disponibilidad del líquido, la Conagua está obligada a otorgar permisos. En este momento, en toda la nación y en nuestras oficinas centrales, se están otorgando concesiones al mayoreo en acuíferos y cuencas sobrexplotadas. (La Conagua) está obligada a otorgar concesiones en acuíferos y cuencas sobrexplotadas por órdenes de tribunales que nos dan 24 o 72 horas para otorgarlas, y si no lo hacemos nos aplican sanciones que van desde multas descontadas del salario del funcionario, inhabilitación o prisión”, dijo la funcionaria.

Hay problemas como sobreconcesionamiento de más de 200 cuentas y acuíferos, que haya compradores que apartan metros cúbicos por año sin siquiera un estudio de campo y que existan pozos fantasma para adquirir recursos públicos a diestra y siniestra.

Las grandes del agua

Mientras la industria posee los derechos del agua, hay millones de ciudadanos mexicanos que no ven una sola gota y, por tanto, se ven obligados a contratar pipas o comprar garrafones para actividades tan básicas como bañarse o lavar alimentos.

Lo peor de todo, quizás, es que las más favorecidas con esta ley han sido empresas extranjeras. Por ejemplo, hasta 2017, Agua.org estimó que las marcas con mayor venta en México eran Bonafont (de la francesa Danone), con 2.5 millones de litros al año; y las estadounidenses Ciel (de Coca-Cola), con 2.3 millones de litros anuales, y E-Pura (de Pepsico), con más de 2.1 millones de litros.

En conjunto, estas élites controlan unos 730 mil millones de litros de agua. Mientras que, Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo y Aga controlan otros 133 mil millones de litros de agua al año. ¿Y los mexicanos que por años han cumplido con sus cuotas? ¿Seguirán en silencio? ¿Qué está haciendo el Gobierno obradorista al respecto? ¿Qué se le puede exigir?

Regeneración

En Querétaro, 10 empresas dedicadas a la producción de papel, telas, cartón, agroquímicos, neumáticos, embotelladoras y desarrollos inmobiliarios acaparan más de 39 millones de metros cúbicos de agua al año, revelan datos de la Conagua. La lista es encabezada por Kimberly Clark, presidida por el empresario Claudio X González Laporte. Querétaro se encamina al llamado “día cero”, que implica una severa escasez del vital líquido

Kimberly Clark, Manufacturas Kaltex, Bienes Raíces Juriquilla, Cartones Ponderosa, Michelín, Agrogen, Grupo Constructor ABDI, Fuentezuelas Agrícola, Ingredión México y Fomento Querétaro –vinculada a la refresquera Coca Cola– son las 10 empresas que más agua consumen en Querétaro, revelan datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con un uso anual de 39 millones de 721 mil 356 de metros cúbicos en total.

El estado, gobernado por el panista  Mauricio Kuri, se encuentra entre las cinco entidades del país que podrían llegar al llamado “día cero”, es decir a una crisis severa de agua, según datos del Atlas de estrés hídrico Aqueduct del Instituto de Recursos Mundiales de Estados Unidos.

Especialistas alertan que el crecimiento desmedido de la industria y de los desarrollos de los bienes raíces podrían provocar un desabasto de agua similar al que sufre la población de Nuevo León, donde colonias enteras no han recibido ni una gota del vital líquido en semanas.

Además, critican la recién aprobada Ley de Aguas en el estado, que entrega la administración del líquido a particulares, a través de los mecanismos denominados organismos operadores de agua y saneamiento.

Las más consumidoras

De la revisión hecha por Contralínea al Repda, se desprende que a la trasnacional Kimberly Clark de México, SAB de CV, se le otorgó una concesión que le permite explotar anualmente 14 millones 191 mil 200 metros cúbicos de agua. La empresa es liderada por Claudio X González Laporte, su hijo Claudio X González Guajardo –uno de los principales opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador– y Valentín Diez Morodo.

La compañía obtuvo su permiso de explotación de agua de la Dirección Local Querétaro, con fecha del 1 de julio de 1996, bajo el título 09QRO100304/26FMDL18. Su registro de consumo de agua en la entidad está por debajo de lo concesionado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, que tiene una dotación de 15 millones 646 mil 535 metros cúbicos de agua por año.

El doctor Carlos Ávila Bello, profesor-investigador de la Universidad Veracruzana, considera que la papelera es “una de las que han sido privilegiadas con el régimen de concesiones que predominó en el sistema neoliberal” (https://bit.ly/3u6fp70).

Le sigue Bienes Raíces Juriquilla, SA de CV, con una explotación de 5 millones 744 mil 808 metros cúbicos de agua anuales. Esta empresa presta servicios de agua potable y alcantarillado de manera privada a la población del municipio, uno de los de más plusvalía en la entidad, pues cuenta con una represa, club de yates, club de golf, hotel gran turismo, la Plaza de Toros Provincia Juriquilla, el Parque Bicentenario y cuatro campus universitarios. Esta cuenta con los títulos de concesión: 08QRO105262/12HMDL13, QRO105264 y QRO105265, que datan del 2001.

En tercer lugar está Manufacturas Kaltex, SA de CV, que tiene el derecho de uso de 5 millones 774 mil 191 metros cúbicos de agua al año. La compañía se dedica a la producción de hilo, telas, fibras sintéticas, prendas de vestir y productos textiles. De acuerdo con el Repda, cuenta con el título de concesión 09QRO100308/26FMDL18, con fecha del 9 de diciembre de 1997, para su uso industrial. Es encabezada por el empresario Adolfo Kalach Mizrahi.

Cartones Ponderosa, SA de CV, es otra de las empresas que arroja el Repda con mayor consumo de agua en la entidad, con 3 millones 500 mil metros cúbicos de agua anuales para su uso industrial. Ésta se dedica a la “producción y comercialización de cartoncillo recubierto y no recubierto reciclado, material utilizado para la elaboración de empaques plegadizos”, indica su información corporativa. Cuenta con dos permisos de explotación bajo los folios: 09QRO102160/26FMDL15 y 09QRO102159/26FMDL15, desde 1995. Su planta principal se ubica en San Juan del Río, Querétaro.

En quinto lugar se ubica Fuentezuelas Agrícola y Ganadera, S de RL de CV, con la dotación de 3 millones 26 mil 502 metros cúbicos del vital líquido al año, con un uso agrícola. Con los títulos 09QRO102645 y 09QRO103881/26AHDL18, otorgados por las Oficinas Centrales y la Dirección Local de Querétaro.

Neumáticos, agroquímicos y embotelladoras

Michelin México Services, SA de CV, acapara anualmente 1 millón 688 mil 467.20 metros cúbicos de agua anuales. La trasnacional de origen francés se dedica a la fabricación de neumáticos. Nacida en Francia en 1889, cuenta con el título de concesión 08QRO155823/12FMDL17, otorgado el 28 de julio de 2017, según el registro de la Conagua.

Con un uso de agua industrial, Agrogen, SA de CV, es la séptima empresa que se visualiza en el Repda como una de las que más agua consumen en el estado, con 1 millón 643 mil 740 de metros cúbicos al año. La compañía se dedica a la fabricación y comercialización de fertilizantes y productos químicos.

Grupo Constructor Abdi, SA de CV, se dedica a la fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto. Cuenta con el título 08QRO100852/12HMDL09, para la explotación de 1 millón 632 mil 960 metros cúbicos de agua al año. Aunque la dirección corporativa se ubica en San Luis Potosí, obtiene el líquido del permiso otorgado por la dirección local de Querétaro desde 1995.

Ingredion México, SA de CV, se encarga de la producción de pan, bebidas lácteas y saborizadas, así como cárnicos. Obtiene de esta entidad 1 millón 294 mil 288 metros cúbicos de agua anuales para la elaboración de sus productos, bajo el permiso de concesión 09QRO100853/26FMGC14 que data del 4 de noviembre de 1994.

Fomento Queretano, SA de CV, es la décima entidad que arroja el Repda con más agua para “diferentes usos”, con una dotación de 1 millón 225 mil 200 metros cúbicos asignados cada año, gracias al permiso de concesión QRO104012, otorgado el 15 de junio de 1998. Éste es un “grupo diversificado con divisiones en bebidas, comercio, servicios, bienes raíces y turismo”, que firmó un acuerdo comercial con Coca Cola en 2011 como embotellador de la trasnacional de origen estadunidense.

Querétaro, hacia la privatización del agua

La diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, indica que Querétaro “se encuentra entre las entidades federativas con mayor estrés hídrico del país, y al menos la mitad de sus acuíferos están sobreexplotados. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), es una de las cuatro regiones más críticas por estrés hídrico, y el Servicio Meteorológico Nacional señala que al menos el 85 por ciento de su territorio presenta algún grado de sequía”.

En entrevista con Contralínea, la legisladora critica que en la entidad se haya aprobado la nueva Ley de Aguas del Estado de Querétaro porque tiende hacia la privatización del vital líquido. Ello, porque en su artículo segundo habla de “promover la coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal y de concertación con los sectores social y privado, en materia de planeación y gestión de los recursos hídricos y de los servicios relacionados con los mismos, de conformidad con las disposiciones aplicables”.

Hernández Pérez expone: “el que se privatice el agua en Querétaro, en un  gobierno panista es muy grave porque si sucede en un estado, los demás puede tener la misma tendencia; es muy preocupante porque a nivel mundial el agua se nos está agotando y porque debemos de defender el recurso hídrico en todos lados.

“No podemos permitir una privatización del agua porque estamos viendo que está en la misma línea de los gobiernos neoliberales, privatizan algo para beneficiar a empresarios nacionales o trasnacionales. No es para la población. Esto es sólo en beneficio de unos cuantos empresarios, están concesionando el agua y al hacerlo pueden entregar el vital líquido por años”, acusa.

Teresa Roldán, integrante de la organización Ambientalistas del Centro, AC, advierte que hay un rechazo total a esta ley por parte de la ciudadanía, porque Querétaro es uno de los estados que está en riesgo de quedarse sin agua. “Estamos perdiendo los pulmones que rodean las zonas metropolitanas de los municipios más poblados, estamos hablando de Corregidora, El Marqués, Querétaro, Colón, Pedro Escobedo y Huimilpan”, con el desarrollo de las inmobiliarias.

Aunando a esta ley, la ambientalista identifica a empresas como Kimberly Clark y Coca Cola entre las que más agua acaparan en el estado, e indica que “debería haber un trabajo por parte de autoridades [federales] en los que se llevara a cabo un censo para que haya respeto hacia los ecosistemas y el tema ambiental”.

Las 10 empresas con más explotación de agua en Querétaro

Fuente: Registro Público de Derechos de Agua, Comisión Nacional del Agua

El agua dulce en el mundo es suficiente
para abastecer una población humana
tres veces mayor a la actual.
Instituto Mexicano para el
Desarrollo Comunitario
(IMDEC AC, 2006)

Monterrey.- Si las condiciones del crecimiento demográfico global y la tecología para disponer de agua siguieran como hasta ahora y –sobre todo– se continuara administrando imprudentemente el vital recurso, faltaría casi un siglo para enfrentar el proceso multifactorial de selección natural, implícito en la teoría de Maltus, aplicable a la evolución a la especie humana.

Las crisis detonadas por la falta de agua, que ciclicamente aparecen en algunas zonas, se explican básicamente por lo difícil que resulta distribuir la población y el sistema productivo de acuerdo a la forma que, por su naturaleza, se reparten territorialmente las fuentes hidráulicas.

Para el mundo de los negocios toda crisis viene asociada a un ambiente de oportunidades para quienes tienen la suerte y facilidades de operar, con recursos suficientes, en el ramo de activadad económica donde se propicia el desajuste. No hay mejor negocio que, además de extenso, se goce de hegemonía a largo plazo y libre de regulaciones estrictas de precio.

Es en el caso de la crisis del agua donde actualmente tienen puesta la mira los cazadores de fortunas procreados dentro del modelo neoliberal, en cuya mística se tiene por sano al lucro sin recato alguno, la privatización del agua ha llegado a ser, hasta ahora, la expresión más clara de cómo el sistema capitalista de producción puede llevarnos doctrinalmente al darwinismo social.

Hay señales, como el caso del proyecto para traer agua del río Pánuco, ante la potencialmente permanente crisis para suministrar el agua a Monterrey y su Área Metroplitana, que indican la tendencia de entregar el servicio, como negocio, a la iniciativa privada. Abundan ejemplos en otros países donde, independientemente del nivel de desarrollo, estrategicamente se tomaron medidas semejantes con miras a privatizar el agua, argumentando que el Estado es per se un deficiente administrador de los recursos.

El agua es un recurso para el cual, por su naturaleza, no se puede excluir de su uso a nadie por lo tanto –la única opción, para cumplir con tal propósito, en toda organizción económica nacional– el manejo del agua debe estar en el Estado no en la iniciativa privada.

Según un artículo sobre “La lucha contra la privatización del agua en México “, publicado en el 2006 por The Transnational Institute (TNI), existe una organización formada por grandes corporaciones transnacionales que aliadas a sus gobiernos tienen una agenda a seguir en torno al agua con la misión de hacer, con este tema, eco de las políticas neoliberales. En dicha publicación argumentan que la pivatización del agua, donde se ha llegado a establecer, ha provocado trastornos en el bienestar económico y social, haciendo más notorios los daños en los países menos desarrollados.

Las cicunstancias actuales obligan al debate nacional para el diseño de políticas públicas dirigidas al abasto de agua de manera equitativa. En lugar de ceder al sector privado la administracion del recurso, corresponde al Estado mexicano su prudente operación a través de una institución estrictamente autónoma.

Entre las medidas a tomar más apremiantes estaría la de los cobros de impuestos, específicos y progresivos, a las industrias y negocios que sean intensivos en el uso de agua potable, así como otorgar estímulos fiscales para quienes inviertan en su ahorro y/o el reciclado. Los recurso recaudados (específicamente) serían destinados, una parte, a programa nacional de ahorro y, la otra, para ampliar y mejorar los sistemas acopio y distribución.

Por Víctor Vela

Por Gerardo Villagrán del Corral.- En México, el acceso al agua potable es un derecho humano consagrado en la Constitución, pero en los hechos presenta todo el aspecto de un privilegio del cual quedan excluidos millones de personas.

Si bien el 90 por ciento de los habitantes cuenta con una toma de agua en sus domicilios, apenas 64 por ciento recibe líquido diariamente, muchas veces con una calidad muy deficiente para su consumo o incluso para su uso en otras actividades.

Fuera de los que tienen toma de agua, 13 millones de mexicanos deben abastecerse fuera de casa, en ocasiones en recorridos extenuantes que suelen recaer en las mujeres, en un escenario que amenaza con empeorar, ya que el 70 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas se abastecen de los acuíferos, pero 115 de las 653 capas subterráneas existentes se están agotando rápidamente por sobrexplotación, y otras 90 ya no tienen disponibilidad para recibir nuevas concesiones.

Durante 34 días, organizaciones y colectivos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro integraron la Caravana por el agua y por la vida: Pueblos unidos contra el despojo capitalista para visibilizar las luchas en todo el mundo, en el marco del Día Internacional del Agua y a un año de la toma de las instalaciones de la empresa Bonafont.

 “Se hará eco a la voz de los pueblos que han decidido ya su destino a través de sus leyes, pronunciamientos, decretos y acuerdos propios que los malos gobiernos han despreciado e ignorado. Es decir, la Caravana por el agua y la vida tiene por objetivo hacer valer la Ley de los pueblos”, señaló un comunicado de la Caravana.

Sin dudas, el acceso y el control del agua se ha convertido en una fuente de poder y conflicto. Es, en ese sentido, un asunto de seguridad nacional en casi todo el mundo, pero también en México, ya que es un gran negocio del futuro, que hoy crece a un mayor ritmo que el conjunto de la economía.

Sólo 64 por ciento de mexicanos recibe diariamente agua entubada en sus hogares, pero al mismo tiempo el crecimiento del negocio del líquido embotellado se incrementó hasta 26 por ciento de 2016 a 2020 y por eso es blanco de la ambición de grandes bancos, instituciones financieras  y empresas, que ya tienen concesiones para explotar el líquido.

En algunas regiones del país la situación es crítica; como en Nuevo León donde se alertó a finales de marzo que el nivel de las presas únicamente permitiría distribuir agua durante 60 días, y eso considerando que algunas zonas ya padecen semanas sin recibir el líquido. Una parte del problema responde a la sequía (que en Tamaulipas ya se prolongó por una década) o el crecimiento de la población; pero otra parte se explica por decisiones políticas y empresariales lesivas para el Estado y para las mayorías sociales, señala La Jornada.

El núcleo de este abuso de los recursos hídricos se encuentra en la Ley de Aguas Nacionales promulgada en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, una legislación neoliberal que responde a los intereses privados y que convierte el agua en un objeto de lucro sin tomar en cuenta las necesidades humanas, añade

Pero el agua aún falta en un tercio de los hogares de México, en un momento en que prácticamente uno de cada cinco acuíferos del territorio nacional se agota rápidamente. México es hoy el mayor consumidor de agua embotellada del mundo Según la consultora Grand View Research, en 2021 el tamaño del mercado del agua fue de 283 mil millones de dólares y anticipa crecimientos anuales, de 2022 a 2030, en torno a siete por ciento..

Este es un año con pocas precipitaciones pluviales: la sequía se agudiza, hace más evidentes las desigualdades que han establecido en torno al agua, y así mientras en Nuevo León hay zonas que pasan semanas sin recibir el líquido en sus hogares, en la casa de algunos ex funcionarios de alto nivel se tienen pozos para abastecer sólo a las familias de esos hombres poderosos.

Esta situación también pone al líquido como un factor de la geopolítica, ya que en Chihuahua el control del agua entre empresarios tanto de México como de Estados Unidos ha involucrado planes de desarrollo de los gobiernos de los dos países.

La disputa por el negocio, y de muchas formas el descuido de las autoridades que no han establecido las reglas para lograr una mejor distribución del agua, han levantado un muro que divide económica y socialmente a la población del país.

Y si para los bancos el agua es un negocio que no se les puede ir, para los empresarios de la construcción, el líquido es vital y de su suficiencia dependen los proyectos que se han planteado en la frontera de uno y otro lado. La vieja amenaza de privatizar el agua en el país se convirtió, gota a gota, en una realidad que dentro de poco empezará a pesar en el futuro de los planes de gobierno en todo el país. Las diferencias se acentúan cuando se tiene en consideración que quienes no pueden tener agua en sus hogares, tienen que gastar en agua embotellada.

Hay datos que no parecen ciertos: México exporta agua, indica la información obtenida. La cerveza, los aguacates y las bayas (fresas, arándanos o zarzamoras, entre otras) son las formas de enviar una gran cantidad de líquido más allá de las fronteras. El Atlas del Agua, publicado en 2016, señala que seis de cada 10 ríos tienen diferentes grados graves de contaminación, la mayor parte por desechos de las empresas.

Las acciones del gobierno, señalan los especialistas, pueden ser remedios de momento, pero la exigencia es que desde las leyes se impida que el negocio del agua se tenga que mantener como otro elemento de marginación en contra de las entidades más pobres del país.

Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador propone que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país, además de que el servicio de abastecimiento será prestado exclusivamente por la comisión, que podrá adquirirla con el sector privado.

En los artículos transitorios, se cancelan los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorpora a la CFE, mientras que se suprimen los órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, cuya estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría de Energía.

Reforma eléctrica le conviene al país: AMLO

En conferencia de prensa, del pasado 21 de octubre, López Obrador reiteró que la reforma eléctrica le conviene a todo el país y representa una oportunidad para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca; pues el objetivo del neoliberalismo y de los corruptos fue destruir empresas públicas y privatizarlas, “convertir lo público en privado”.

Saramago y la privatización

El escrito portugués, José de Sousa Saramago, escribió en agosto de 2005 su postura sobre la privatización.

De regreso de un viaje a Bolivia y Argentina, mis cuñados María y Javier traen el periódica Clarín (diario Argentino) del 30 de agosto. En él, viene la noticia de que va a ser presentada al parlamento peruano una Ley de Turismo que contempla la posibilidad de entregar la explotación de zonas arqueológicas importantes como Machu Picchu y la Ciudadela preincaica de Chan Chan a empresas privadas mediante concurso internacional. Clarín llama a esto ‘la loca carrera privatizata de Fujimori’. El autor de la propuesta de ley es un tal Ricardo Marcenaro, presidente de la Comisión de Turismo, Telecomunicaciones e Infraestructura del Congreso peruano

José Saramago.

Fuente Regeneración