Por consenso, los 32 gobernadores y gobernadoras firmaron una petición dirigida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para que el máximo tribunal se desista de eliminar la prisión preventiva oficiosa, tal como lo habían acordado el pasado 26 de abril en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México (Conago). Datos del gobierno federal estiman que de cancelarse esa figura, quedarían en libertad de forma inmediata 68 mil presuntos delincuentes, incluidos integrantes del crimen organizado y homicidas.

En el oficio que entregaron a la titular del Poder Judicial de la Federación, los 32 integrantes de la Conago manifiestan su preocupación “por los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana”. Tras manifestarse respetuosos de la división de poderes y en calidad de Amicus Curiae [amigos de la corte], solicitaron que en la resolución que emita la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa se mantenga la “‘supremacía constitucional’ respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra carta magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”.

Los 32 gobernadores y gobernadoras de todas las fuerzas políticas consideraron que si la Suprema Corte se ajusta a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales federales podrían colapsar al “verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

También manifestaron que “la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el ministerio público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso: por lo tanto, sólo en esas condiciones precisas, el juez ordenaría la prisión preventiva de forma oficiosa”.

Los gobernadores y gobernadoras expusieron en su oficio dirigido a Norma Piña que la prisión preventiva oficiosa es parte de la política de combate al crimen. Desde el punto de vista de las y los mandatarios locales, esa figura garantiza una adecuada conducción del proceso penal, para el esclarecimiento de los hechos, además de que se protege a las víctimas de los delitos y se procura que los responsables no queden impunes.

Otro aspecto que asocian a la prisión oficiosa es que se reparan los daños causados por el delito. “Por ello, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactara directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.

Aunado a lo anterior, destacaron que la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tomar en cuenta que las víctimas del delito son quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales.

Y enfatizaron que aunque las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, éstas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de la Constitución de México. “Resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra soberanía y ordenamiento jurídico interno”.

Los gobernadores y gobernadoras concluyeron que si desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le da preferencia a una norma de carácter internacional sobre el derecho interno, “se traduciría en afirmar que un tribunal contencioso del ámbito internacional tendría el alcance de invalidar en sentido práctico una norma de rango constitucional, lo que llevaría a vulnerar la propia Constitución, emanada de la voluntad del constituyente permanente y no de un acuerdo de voluntades entre Estados miembros de la comunidad internacional”.

Foto: Lopexobrador.org / Logo – SCJN / SCJN.gob.

Durante la conferencia matutina del presidente mexicano, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, advirtió el riesgo que representa eliminar la prisión preventiva oficiosa, debido a que de darse la situación esto causaría la liberación de alrededor de 68 mil presuntos criminales a nivel nacional.

«Eliminar la prisión preventiva de oficio dejaría en libertad a 68 mil presuntos delincuentes en el país«, expuso la secretaria de Gobernación.

Uno de los temas que más discusión ha generado esta semana ha sido la posibilidad que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminen la prisión preventiva oficiosa.

La cuestión fue abordada durante la conferencia matutina presidencial el pasado 16 de abril, donde la secretaria de Gobernación dio los motivos del porqué la propuesta es tan riesgosa, argumentando que la prisión preventiva es una medida cautelar para delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, homicidio doloso o violencia sexual, entre otros.

De acuerdo con lo denunciado por Luisa Alcalde el impacto recaería en los actuales presuntos delincuentes que son 11 mil 640 quienes están acusados de homicidio, 7 mil 150 de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 de delincuencia organizada.

Advirtió que la reincidencia criminal es otro problema debido a que con la liberación de estos individuos se pone en peligro a los testigos, víctimas, personal policíaco, fiscalías locales, jueces y demás involucrados; además de que disminuirían las denuncias de situaciones similares por implicar que los denunciantes también correrían peligro.

«Se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga«, alertó Luisa María Alcalde.

La funcionaria detalló que la entidad federativa que más resultaría afectada por esta iniciativa sería el Estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión, además de Jalisco donde se hayan 8 mil 342 individuos acusados y Veracruz con 4 mil 554 presuntos delincuentes.

Cabe resaltar que esta iniciativa se está discutiendo en la SCJN debido a la resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia judicial que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes instan a México a llevar a cabo la reforma de su marco normativo.

Es por ello que la secretaria de Gobernación también expuso que, de darse la abolición de la prisión preventiva, se estaría vulnerando «la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los Estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse».

«Cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución. (…) El artículo 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación«, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a la SCJN para que respete la Constitución, «la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones«.

Ciudad de México. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, y el dirigente de Morena, Mario Delgado, lamentaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló la aplicación de prisión preventiva oficiosa (PPO) en delitos fiscales, ya que, lamentaron, desaparece una norma encaminada a impedir el saqueo de las finanzas públicas.

Armenta era presidente de la Comisión de Hacienda en 2019 cuando se dictaminaron las reformas que ampliaron la aplicación de la PPO.

Ayer aseguró que empresarios y políticos que se volvieron delincuentes desviaron, en gobiernos anteriores, más de 4.5 billones de pesos a través de empresas fantasmas y facturas apócrifas.

El senador morenista agregó que respeta pero no comparte la resolución de la Corte y espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga llegar nuevas iniciativas en la materia, que pongan fin a la corrupción y “actuación desleal” de los defraudadores fiscales.

Rechazó, además, que senadores y diputados se hubieran equivocado al aprobar las reformas para ampliar la PPO. “Hicimos lo correcto y vamos a insistir en legislar para evitar abusos.

“Puerta giratoria de la corrupción”: Delgado

Por su parte, Delgado manifestó que el fallo de la Corte “es una regresión”.

Ponderó que en el gobierno actual ya no hay privilegios ni favores fiscales, pero el hecho de que esos delitos “no sean sancionados de manera grave, como sí sucede en otros países, destapa la puerta giratoria de la corrupción a gran escala, a la que estaban acostumbrados los delincuentes de cuello blanco y los alienta a vivir sin miedo a la justicia”, añadió.

La decisión de la SCJN “sólo la celebran los factureros y contrabandistas que en el pasado, impunes, vivían de defraudar a la hacienda pública. Por el traspatio la mafia del poder recupera los privilegios que con las reformas de la mayoría del pueblo perdieron”, indicó el presidente de Morena.

De último momento se informó que se vinculó a proceso a Daniel Tabe, propietario de la taquería ‘Don Eraki’ y padre del alcalde Mauricio Tabe, por el delito de tentativa de homicidio calificado, luego de hace unos dias, amenazara con un arma blanca a un trabajador de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a través de un comunicado.
informó que Tabe fue vinculado a proceso por el intento de agresión que sufrió un empleado del INVEA, el pasado 27 de septiembre, cuando acudieron a poner sellos de clausura a la taquería ubicada en la colonia Escandón.

Sin embargo, el padre de alcalde de Miguel Hidalgo no pisará la cárcel, pues enfrentará su proceso bajo prisión preventiva domiciliaria, es decir, no será ingresado a un centro de reclusión.

Las autoridades capitalinas fijaron el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria; de momento se analizan los datos de prueba reunidos por la Policía de Investigación (PDI).

De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales se determinó que Daniel Tabe “posiblemente habría utilizado un arma blanca para amagar a un servidor público de la Ciudad de México“.

Con información de SinLínea

Por Miguel Ángel Ferrer

Con sus mañaneras López Obrador venció a los grandes poderes mediáticos y al sector más retardatario y corrupto del Poder Judicial.

En su desesperada batalla contra la Cuarta Transformación (4T), el conservadurismo, incapaz de recuperar el poder presidencial, se ha atrincherado en tres sectores en los que aún mantiene poder, influencia y recursos económicos: los medios de comunicación, los organismos autónomos y el Poder Judicial.

La tarea de estos tres sectores se reduce a obstaculizar las tareas gubernamentales. O, dicho de otro modo, impedir que cuajen las muy necesarias transformaciones por las que la ciudadanía votó mayoritariamente en los comicios de 2018.

Para combatir exitosamente a esos tres poderosos adversarios, López Obrador se ha valido del recurso de sus diarias conferencias de prensa matutinas, las muy célebres mañaneras.

En ellas, López Obrador se dirige directamente al pueblo para explicar las razones de su proceder y para desnudar las mentiras, las calumnias, las falsas noticias y los falaces argumentos con los que el conservadurismo combate inútilmente las políticas emanadas del gobierno de la 4T.

El más reciente caso de la confrontación entre obradorismo y conservadurismo se ha dado en el tema de la prisión preventiva oficiosa o automática (PPO). La 4T en favor de mantenerla vigente y la derecha procurando eliminarla.

El resultado de la batalla es ya por todos conocido: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantenerla vigente. De modo que el Presidente López Obrador obtuvo una nueva e importantísima victoria sobre los conservadores.

Y el factor decisivo, el que inclinó la balanza, fue sin duda el recurso de la mañanera. En varias de ellas, López Obrador explicó elocuente y detalladamente los beneficios para el pueblo de mantener vigente esa medida cautelar. 

Y explicó asimismo que eliminarla sólo implicaría beneficiar a diversas categorías de peligrosos delincuentes, aunque la eliminación llevaba dedicatoria para los políticos corruptos hoy en prisión, como Juan Collado  o Emilio Lozoya, encarcelados gracias precisamente a la existencia legal de la PPO, los cuales habrían de quedar libres de manera inmediata si la PPO era eliminada.

Con sus mañaneras López Obrador venció a los grandes poderes mediáticos y al sector más retardatario y corrupto del Poder Judicial. Con las mañaneras el Presidente ganó la batalla decisiva, es decir, la batalla de la opinión pública. Es obvio que la Suprema Corte no se atrevió a ponerse abierta y claramente en favor de la corrupción. 

Sin darse por vencido en su intención de eliminar la prisión preventiva oficiosa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, retiró el proyecto con el que planteaba inaplicar los fragmentos del artículo 19 de la constitución, que establece y define el procedimiento para esta figura.

Luego de escuchar durante dos días los argumentos expuestos por sus colegas, el ministro Aguilar determinó que su proyecto, en la forma actual, no procedería, por lo que decidió retirarlo y elaborar un nuevo documento que, dice el ministro, recogerá las opiniones vertidas por los demás ministros y ministras.

Según Aguilar, su intención no era quitar un artículo de la constitución, sino solamente comparar al artículo 19 con el primero, donde se plantea que se deben de respetar todos los Derechos Humanos reconocidos por México, sin importar la fuente, sin embargo, decretar la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa tendría como efecto secundario, invalidar el artículo 19 constitucional.

SinLínea

En momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México debate la eliminación de la prisión preventiva automática, aplicable a personas sin sentencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó corrupción en el poder judicial.

«La responsabilidad es de la corrupción del régimen, de lo que imperaba, porque si no hay sentencias es porque no se está cumpliendo la Constitución, porque hay corrupción, porque la Constitución establece que tiene que haber justicia pronta, expedita», apuntó en su conferencia matutina de este martes 6 de septiembre.

«Y por el autoritarismo y por todo esto que prevaleció durante mucho tiempo, nosotros lo que estamos ahora haciendo, desde que llegamos, es procurando liberar a quienes injustamente han estado en la cárcel, que son inocentes o que fueron víctimas de tortura«, añadió el mandatario.

Aseveró que en su gestión se ha buscado liberar a personas mediante la ley de amnistía.

Además, López Obrador descartó haber influenciado en el modelaje de los criterios de los ministros de la Suprema Corte, que inició el debate del asunto el lunes 5 de septiembre. Sin embargo, dijo que es necesario purificar el poder judicial, pues si impera la corrupción entre los jueces del país, no se va a alcanzar la justicia.

«Y buscar los mecanismos de protección, pero eso no está presente, y además acabamos de tener ejemplos, tenemos muchísimos, de delincuentes que son aprehendidos y que los sueltan«, lamentó.

Hay personas que no reciben sentencia por consigna desde los poderes gubernamentales, recriminó, por lo que México debe avanzar hacia una verdadera legalidad. López Obrador dijo que es necesario abordar esos temas en la arena pública porque propicia que la gente esté al pendiente de esas injusticias y exija su resolución.

SputnikNews

En vísperas de que se resuelva el futuro de la prisión preventiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la honestidad en el Poder Judicial: “Si el poder judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de que preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción con honrosas excepciones para no generalizar”.

Por otro lado, reconoció que los bloqueos efectuados durante tres días en Zacatecas se relacionan con el enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. “ Hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado un tiempo para acá de incendiar vehículos cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacer propaganda, pero vamos a mantener la paz, la tranquilidad”. Anunció que la próxima semana acudirá la entidad, donde encabezará la reunión del gabinete de seguridad y recorrerá comunidades indígenas en la entidad, Durango y Jalisco.

Durante su conferencia, alertó sobre los riesgos que tiene para el país una eventual modificación al carácter que tiene actualmente, en torno al cual dijo que en general, la corrupción en el Poder Judicial sigue intacto, hay jueces que ni siquiera les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos, “son jueces para defender grupos de intereses creados Todos estos que defienden a empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creo para defender las privatizaciones, ahi está intacto”

Ante esta realidad, dijo, su gobierno no puede permanecer callado porque afecta todo el esfuerzo que se hace en seguridad, incrementa el el riesgo para servidores públicos que son amenazados. En este asunto de la libertad de este presunto delincuente, “hay el asesinato de servidores públicos Son graves, no nos podemos quedar callados”.

Reconoció que también se tiene que revisar la situación de los ministerios públicos y jueces porque “aunque le tengo confianza al fiscal, al presidente de la Suprema Corte y a algunos ministros, pero la mayor parte del poder judicial no son gente caracterizada por la honestidad. Hablando en plata.No resisten cañonazos, no resisten la tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados. No respetan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida artificial donde el pueblo no cuenta. Cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo. Es una burbuja, son los abogados, relaciones públicas, todo arriba. Tenemos que cambiar esto”.

Vinculó su crítica al caso Florence Cassez “una verguenza” , por lo que advirtió que si la Corte resuelve que no va a haber más esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, “yo respeto la decisión pero no quiero ser cómplice. Que el día de mañana , aquí ustedes me digan, y por que salio de la cárcel este delincuente de cuello blanco, voy a repetir, no fuimos nosotros, fue el juez, el poder judicial. Pues si, pero ya salió, entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad y no queremos que suceda.”

Por lo que hace a la situación de Zacatecas, dijo que se reforzará la seguridad, pero a partir de ahi adelantó que enviará su iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacando que ya se han construido 266 cuarteles de los 590 que habrá y hay 108 mil efectivos operativos de la Guardia Nacional.

Están distribuidos territorialmente, como se requiere, queremos que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional que es la iniciativa preferente del día 1 y que hay oposición de los conservadores que no quieren aprobar nada. Ni esto ni algo todavía de mayor beneficio para el pueblo.

La Jornada

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a un juez federal del Reclusorio Preventivo Norte la detención y encarcelamiento preventivo de Ricardo Anaya Cortés, argumentando que existe un riesgo fundado a que se escape para no enfrentar el proceso en su contra por el caso de los supuestos sobornos de Obdebrecht.

Según publicó Animal Político, autoridades federales confirmaron que la FGR tiene dos vías listas para buscar la aprehensión del panista:

• Si se presenta voluntariamente a la audiencia inicial programada para el 14 de febrero se pedirá al juez que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al menos, mientras se define si se le abre un proceso por este caso.
• Si no se presenta o insiste en comparecer a distancia fuera de México, los fiscales buscarán una audiencia privada para solicitarle al juez que gire una orden de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Esa ruta es la misma que se siguió anteriormente con Carlos Treviño, exdirector de Pemex, quien tampoco se presentó personalmente a comparecer a su audiencia.

Los fiscales defenderán la necesidad de detener y encarcelar a Anaya en el Reclusorio Norte argumentando que la gravedad de los delitos por los cuales puede ser procesado y eventualmente sentenciado podrían incentivar el deseo del queretano a darse a la fuga.

Según el Código Penal Federal, la suma de las penas de estos delitos va de los 12 a los 39 años de prisión. En cualquier caso, el panista no alcanzaría el beneficio de la libertad bajo caución si es declarado culpable.

El segundo argumento de la Fiscalía es la facilidad con la que puede salir del país. Por ello, presentarán unan relación de las entradas y salidas de Anaya, y especialmente la relacionada con su último vuelo -del 4 de julio- a Texas, Estados Unidos.

Su salida se habría realizado mediante un avión privado, y hasta ahora no hay registro de que el imputado haya regresado al país.

Un tercer argumento de la Fiscalía es la capacidad de Anaya a acceder a recursos económicos y redes familiares y políticas que le facilitarían la posibilidad de darse a la fuga. De esa forma, la FGR, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, exhibirán pruebas relacionadas con las finanzas del político y su círculo cercano.

La audiencia inicial a la que se citó a Anaya está programada para el 14 de febrero, una fecha sujeta a confirmación debido a las complicaciones que enfrenta actualmente el Centro de Justicia Federal por la contingencia sanitaria por Covid-19.

Este será el cuarto intento por llevar a cabo esta audiencia, luego de que fuera pospuesta ya en tres ocasiones anteriores. Dos de esos casos fueron a petición de los abogados defensores, quienes necesitaban más tiempo para terminar de revisar el expediente de 170 mi páginas.

Anteriormente, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia advirtió a Ricardo Anaya que tendría que presentarse personalmente a comparecer ante el juzgado cuando se lleve a cabo la audiencia inicial o dar luz verde a la FGR para que proceda a buscarlo.

Fuente Polemón