Ciudad de México.— La participación de legisladores del PRI y del PAN en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada recientemente en Estados Unidos, desató críticas desde el Gobierno federal, que interpretó el viaje como una señal clara de alineamiento con agendas internacionales de ultraderecha.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la asistencia de los representantes opositores a este foro, al que calificó como un espacio vinculado con posturas contrarias a la democracia y a los intereses del pueblo mexicano. El encuentro, realizado en el Capitolio estadounidense, reúne tradicionalmente a figuras del conservadurismo internacional y promotores de políticas de línea dura en materia migratoria, económica y social.

Desde Palacio Nacional se subrayó que la presencia de legisladores mexicanos en ese tipo de eventos permite a la ciudadanía identificar con mayor claridad la orientación ideológica de la oposición. La mandataria sostuvo que estos vínculos reflejan una continuidad histórica del conservadurismo que, a su juicio, ha buscado en distintas épocas modelos de gobierno excluyentes o autoritarios.

En su posicionamiento, Sheinbaum recordó episodios del siglo XIX en los que sectores conservadores promovieron la instauración de una monarquía en México, aludiendo a la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Según la presidenta, los actores políticos actuales que participaron en la cumbre reproducen esa tradición política, caracterizada —dijo— por su distancia respecto a las demandas populares y su cercanía con intereses externos.

El Gobierno también cuestionó el uso de recursos públicos para financiar los traslados internacionales, sugiriendo la necesidad de transparentar los gastos y justificar el beneficio concreto de estos viajes para la población. La asistencia fue descrita por voces oficiales como “turismo legislativo” que no contribuye al trabajo parlamentario ni a la solución de los problemas nacionales.

Asimismo, legisladores de Morena plantearon la posibilidad de impulsar acciones para revisar el origen de los recursos utilizados y fijar una postura institucional frente a lo ocurrido. El episodio, advirtieron, abre un nuevo capítulo en la confrontación ideológica entre el bloque gobernante y la oposición.

Para el Ejecutivo, la controversia trasciende un simple viaje diplomático: se trata de una disputa por el rumbo político del país y por la definición de los valores que deben guiar la representación popular. Mientras el oficialismo reivindica un proyecto centrado en la justicia social y la soberanía, considera que la oposición busca respaldo en plataformas internacionales que promueven agendas conservadoras.

El debate pone de relieve, una vez más, la polarización política que atraviesa al país, en un contexto donde cada gesto público de los actores políticos adquiere una dimensión simbólica. La presencia de legisladores mexicanos en foros ideológicos extranjeros no sólo se interpreta como una acción individual, sino como una señal del tipo de alianzas que podrían influir en el futuro de la política nacional.

Ciudad de México.— Durante años, una minoría de exfuncionarios y altos mandos del aparato estatal ha gozado de pensiones que desafían cualquier noción de justicia social: pagos mensuales que alcanzan —y en algunos casos superan— el millón de pesos, financiados íntegramente con recursos públicos. Hoy, el Gobierno federal busca poner fin a ese legado de privilegios mediante una reforma que pretende recortar estas jubilaciones extraordinarias y liberar miles de millones de pesos para el gasto social.

Lejos de tratarse de pensiones ordinarias del IMSS o ISSSTE, estos beneficios corresponden a regímenes especiales creados en el pasado para proteger a la élite burocrática y directiva de empresas públicas. Exdirectivos, mandos superiores y funcionarios de confianza integran el núcleo de beneficiarios de un sistema que, según datos oficiales, absorbe cerca de 28 mil millones de pesos al año.

Se calcula que alrededor de 9 mil 457 personas reciben pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales, mientras que algunos casos aislados rebasan el millón. A ello se suman subsidios fiscales que reducen el impuesto sobre la renta que deberían pagar, lo que implica un costo adicional de aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos anuales para el erario.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo plantea establecer un límite claro a estas prestaciones financiadas por el Estado. El tope propuesto equivaldría a la mitad del salario presidencial, lo que situaría las pensiones máximas en torno a los 70 mil pesos mensuales. Con ello se busca eliminar pagos que hoy resultan desproporcionados frente a la realidad económica de la mayoría de los jubilados mexicanos.

El argumento central es de carácter moral y político: no puede sostenerse un modelo de austeridad y redistribución del ingreso mientras subsisten beneficios que recuerdan a una etapa de privilegios institucionalizados. Desde la perspectiva oficial, estas pensiones representan un vestigio del viejo régimen, en el que los altos cargos públicos se blindaban con garantías económicas vitalicias a costa del presupuesto nacional.

El Gobierno ha insistido en que la reforma no afectará a los trabajadores comunes ni a las pensiones derivadas de contratos colectivos laborales. Tampoco se tocarán las Afores ni la pensión universal para adultos mayores. El objetivo, se afirma, es corregir excesos concentrados en un grupo reducido, pero extremadamente costoso.

De aprobarse la medida, el ahorro estimado ronda los 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían destinarse a programas sociales y proyectos prioritarios. Más allá de la cifra, la reforma busca marcar una ruptura simbólica con el pasado: la idea de que el servicio público no debe convertirse en un mecanismo de enriquecimiento perpetuo financiado por la ciudadanía.

En un país donde millones de personas sobreviven con pensiones mínimas, la existencia de jubilaciones millonarias se ha convertido en un recordatorio incómodo de la desigualdad estructural. La discusión, por tanto, trasciende lo presupuestal y se instala en el terreno de la legitimidad política: quién paga el costo del Estado y quién se beneficia de él.

La propuesta abre así un nuevo capítulo en la disputa por redefinir el alcance de los privilegios dentro de la administración pública. Para el actual Gobierno, limitar estas pensiones no sólo es una decisión financiera, sino un acto de justicia que busca cerrar definitivamente una de las brechas más visibles entre la élite burocrática y la sociedad que sostiene sus ingresos.

Sheinbaum indicó que cualquier señalamiento hecho por el PAN carece de credibilidad debido a su alianza con el crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que las reformas a los artículos 19 y 40 de la Carta Magna vayan a dañar la imagen de México a nivel internacional.

TE PUEDE INTERESAR: 

El día de ayer, la presidenta Sheinbaum presentó dos reformas constitucionales en respuesta a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para designar a los carteles mexicanos como grupos terroristas.

La reforma al artículo 40 establece que el pueblo de México no aceptará intervenciones extranjeras que comprometan su soberanía, como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violaciones a su territorio.

Por otro lado, la reforma al artículo 19 indica penas más severas, incluyendo prisión preventiva oficiosa, para nacionales y extranjeros involucrados en el tráfico de armas o actividades que atenten contra la soberanía del país.

Sheinbaum se burla de la oposición y los llama hipócritas

En respuesta a estas reformas, el bloque opositor advirtió sobre un posible uso faccioso por el incremento de sanciones severas, lo que Sheinbaum señaló como un acto de hipocresía.

“Hay mucha hipocresía en el conservadurismo, la verdad; ayer andaban marchando contra la reforma judicial ya ya
pasó que se actualicen un poco la verdad no no va a dañar la imagen de México”, destacó.

Asimismo, señaló que “México es un país con una fuerza enorme y una autoridad moral muy importante en todos los países del mundo”. Como ejemplo, mencionó los anuncios de inversiones en México que se han hecho en días recientes, además del incremento en el turismo durante enero.

“No, no va a dañar el trabajo que hacemos permanentemente en la promoción y en la defensa de nuestro pensamiento, y nuestra acción es mucho más fuerte que cualquiera de estas designaciones”, concluyó.

Sheinbaum critica falta de autoridad moral en la oposición

La mandataria federal también abordó las campañas de desprestigio impulsadas por la oposición, que buscan vincular a los gobiernos de la Cuarta Transformación con el crimen organizado y que han incrementado desde la llegada de Trump al poder.

Sheinbaum afirmó que el bloque opositor no tiene autoridad moral para hacer tales señalamientos, ya que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está sentenciado en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico en México.

“¿Por qué no hablan de García Luna?, a ver, ¿y por qué ya se les olvidó la falsa guerra contra el narco? […] Nosotros tenemos autoridad moral y eso es algo que no tienen”, apuntó.

También mencionó que Jorge Romero Herrera, actual dirigente nacional del PAN, fue líder del cartel inmobiliario durante su gestión al frente de la alcaldía Benito Juárez.

“Por más que sigan con la campaña, no va a proceder, y además, enero fue el mes de menos homicidios desde hace ocho años; hay atención a las causas y seguimos insistiendo en la importancia de la atención a las causas y avanzar en la cero impunidad”, declaró.

En este sentido, subrayó la importancia de la reforma al Poder Judicial, para frenar las liberaciones a delincuentes.

Algunos de los supuestos trabajadores del Poder Judicial que tomaron violentamente el Senado, han sido identificados como personajes cercanos al PRI, PAN, Claudio X. González y la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruíz.

La tarde de este martes una horda de supuestos trabajadores del Poder Judicial tomaron de forma violenta las instalaciones del Senado en plena discusión sobre la Reforma Judicial.

Al romper las puertas de cristal de uno de los balcones del recinto, cientos de manifestantes entraron agresivamente a la cámara alta y comenzaron a vociferar en contra de las y los legisladores de Morena y la 4T, lo que provocó que la sesión se suspendiera y fuera trasladada a una sede alterna.

Foto: Rodrigo González / Polemón

Este hecho significó una clara violación a la autonomía del Poder Legislativo por acción de otro Poder del Estado y también un antecedente funesto para México. Sin embargo, al poco tiempo de la invasión del Senado, comenzó a salir a la luz la identidad de algunos de los líderes manifestantes.

Uno de estos personajes fue el Concejal Electo de la alcaldía Miguel Hidalgo, Juan Pablo Beltrán Viggiano, hijo de la senadora priísta Carolina Viggiano.

El abogado subió a sus historias de Instagram videos de la irrupción en el Senado asegurando que “la reforma judicial no va a pasar”.

De la misma manera, entre los manifestantes que irrumpieron en el Senado, se identificó a Jimena Villacaña quien fuera parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez en la pasada contienda electoral donde fue arrollada por los votos de Claudia Sheinbaum, Presidenta Electa de México.

Lo logramos. Estamos dentro del Senado. ¡No va a pasar! #TodosSomosPJF pic.twitter.com/qmvIHGNKTR

— Jimena. (@JimenaVillicana) September 10, 2024

Además, se pudo observar como algunos de los “trabajadores judiciales” se acercaban a la bancada del PRI para tomarse fotos con Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del partido tricolor.

Finalmente, habría que destacar el caso especial de uno de los personajes que asaltó el Senado con mayor prisa, ligado al PRI, y que resultó afectado al tropezar y entrar en la sede legislativa.

De acuerdo con lo reportado por Rodrigo González, fotógrafo de Polemón que se encontraba en el Senado, el militante priísta fue de los primeros en entrar, sin embargo tropezó y quedó a la mitad de la estampida de manifestantes. De no ser porque un miembro del equipo de seguridad del Senado lo cubría hubiera sido pisoteado por sus pares.

“Lograron abrir las puertas de madera y él es de los primeros que entró, al entrar lo hizo muy rápido, se tropezó y cayó al suelo. Se corrió el riesgo de que la multitud que venía detrás lo pisara como en estampida, entonces uno de los de resguardo se puso encima para protegerlo”, señaló el fotógrafo.

Foto: Rodrigo González / Polemón

Este personaje, cuyo nombre se desconoce, alegó que fue golpeado y hasta fingió estar inconsciente mientras era tratado por el equipo de protección civil del recinto.

Pero cuando los manifestantes entonaron el himno nacional, refiere Rodrigo González, el priísta se levantó muy recto a cantar.

Incluso ha trascendido en redes que ese personaje es un militante priísta que formó parte de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Gobierno de México compró nueve de 12 hospitales concesionados en sexenios anteriores bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), que significó afectaciones al erario público por el pago de costosas rentas anuales establecidas en contratos de más de 20 años.

En conferencia de prensa matutina explicó que la federación priorizó en todo momento el diálogo y los acuerdos con empresarios, quienes aceptaron la propuesta de adquisición y el avalúo de los inmuebles por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

“Vamos a comprar nueve hospitales, todos los que se tenían contratados de esta manera; nueve se van a dejar pagados, se recuperan. (…) Quiero agradecerle a los empresarios de estos servicios de salud porque aceptaron los acuerdos; entendieron que son otros tiempos, no nos fuimos al pleito, no expropiamos, ellos no se cerraron sino se buscó el acuerdo. (…) Hay que reconocer porque si nos vamos al pleito, pues se iba a llevar mucho tiempo, no resolvíamos y esto fue lo mejor, un acuerdo”, subrayó el mandatario.  

Resaltó que la operación busca devolver al pueblo de México bienes privatizados a lo largo de 36 años del periodo neoliberal. Este proceso de nacionalización, de regreso a lo público, beneficiará al IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

El mandatario sostuvo que bajo el modelo de APP “privatizaban las ganancias y se socializaban las pérdidas”. 

La directora general del ISSSTE, Bertha María Alcalde Luján, puntualizó que la dependencia a su cargo tiene cuatro de los nueve hospitales concesionados a la iniciativa privada, de los cuales, la empresa PRODEMEX ya firmó el primer convenio de compra del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell, en Tabasco.

En tanto, continúa la negociación con las empresas GIA, Sacyr e INVEX / Grupo Ortíz para la Clínica Hospital Mérida, en Yucatán; Hospital General Tláhuac, en la Ciudad de México y el Hospital General Aquiles Calles Ramírez, en Nayarit. 

Sobre el proyecto de recuperación del ISSSTE, el jefe del Ejecutivo destacó que el Gobierno de la Cuarta Transformación revierte las condiciones de decadencia y saqueo del periodo neoliberal que afectaron al instituto.

Reiteró que se privatizó de manera silenciosa servicios básicos como camillas, ambulancias y laboratorios a partir de diferentes redes de corrupción en las que estuvieron involucrados políticos, directores y altos funcionarios de la institución.

“Imagínense cómo estaba la situación que le pedimos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (Rosa Icela Rodríguez Velázquez) que nos ayudará a coordinar el esfuerzo para limpiar y recuperar, rescatar al ISSSTE”, expresó. 

El presidente López Obrador puntualizó que las instituciones de salud federales consolidan convenios de coordinación e integración de servicios de primer nivel y atención a infartos, diabetes, cáncer y emergencias para garantizar que derechohabientes y población sin seguridad social accedan a su derecho a la salud.

Con esta medida, dijo, si un derechohabiente del ISSSTE vive en una comunidad apartada como La Montaña de Guerrero, podrá acudir a una de las más de 11 mil clínicas del IMSS Bienestar o IMSS en el régimen ordinario.

Desesperado porque su candidata Xóchitl Gálvez no levanta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, se comprometió a renunciar a la dirigencia del PRI y a su candidatura al Senado si Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), declina a favor de la panista.

“Hago un enorme llamado al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Máynez a que si antes del tercer debate, el candidato declina en favor de Xóchitl Gálvez y destina todo su tiempo aire de radio y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata, yo renunciaré a la dirigencia del PRI y a mi candidatura del Senado de la República”, apuntó.

La promesa de su renuncia sucedió en una conferencia de prensa intentando con un movimiento desesperado que Movimiento Ciudadano y su candidato, Álvarez Máynez, decline a favor de Xóchitl Gálvez.

“Demuestren que no están aferrados y que de verdad aman y quieren servir al pueblo de México”, dijo el líder tricolor.

Moreno Cárdenas aseguró que el emecista “no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección” por lo que le pidió declinar en favor de Xóchitl Gálvez. Esta estrategia se asemeja a la que terminó por “definir” la candidatura de Gálvez en el proceso interno del PRIAN, donde tuvieron que bajar a todos los demás candidatos para que fuera la panista la que saliera airosa.

“Su candidatura es vista por millones como una muestra de terquedad y ambición política. Sin duda alguna la única opción viable para ganar la Presidencia es la candidatura de Xóchitl Gálvez”, declaró Moreno.

Lo que solicitó el priísta fue que el candidato de MC cediera los casi 9 millones de spots de radio y televisión que todavía tiene para promocionar el “voto útil”. Sin embargo, condicionó la oferta a que la declinación tiene que suceder antes del 19 de mayo, es decir, antes del tercer y último debate presidencial.

Por su parte, Álvarez Máynez respondió al dirigente tricolor, a quien expresó que primero debe dar la dirigencia del PRI a Beatriz Paredes, y ya después se pondría de acuerdo con ella. Asimismo calificó la estrategia de Alito como “un grito de desesperación”.

“Que renuncien ellos antes del debate… están en la lona… es un grito de desesperación, a parte de la trampa, del engaño al que él recurre. Le vamos a pedir que ponga el ejemplo, que por México renuncie, se haga a un lado. Le sugiero que ponga a Beatriz Paredes de dirigente que es una persona respetable, que Beatriz encabece la lista al Senado y después del tercer debate con gusto platico con Beatriz Paredes que es lo que procede para que México se aún mejor lugar”, dijo.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, exhibió por cuenta propia un acuerdo firmado por él, Alejandro “Alito” Moreno y Manolo Jiménez, actual gobernador de Coahuila, en el que pactaban repartirse desde los cargos en las notarías, recaudadoras y organismos autónomos, hasta una magistratura y las direcciones en planteles educativos y universidades.

Al inicio de esta semana trascendió un conflicto entre el PRI y el PAN en Coahuila, donde Manolo Jiménez, gobernador coahuilense del tricolor, declaró para Milenio que el PAN no podía exigir más posiciones porque no alcanzó el 20% de la votación que habían acordado, pues sólo pudo conseguir un 6%. Empero, aseguró que la relación entre los dos partidos en el estado era “muy buena”.

Las declaraciones del priísta irritaron a Marko Cortés, quien pensando que sería una buena respuesta, exhibió el acuerdo electoral firmado por ambos partidos. El argumento del panista era que en ningún momento acordaron un porcentaje de votos, por lo que no aceptarán menos de lo que está en el papel.

Sin embargo, el tiro pareció salirle por la culata, pues terminó por exhibir la manera en la que los viejos partidos de la época neoliberal “se reparten” las posiciones importantes en el estado. Pues en el acuerdo se puede leer que por ejemplo, el PAN exigió al PRI obtener el 20% de las subsecretarías, mismo porcentaje de los órganos descentralizados, de los desconcentrados y las direcciones de Coahuila.

Pero no es lo más grave, pues en el rubro 5, el PAN también exige al Instituto de Transparencia, ese organismo que en lo federal han defendido por su supuesta “imparcialidad“. Además, el partido blanquiazul exige el 20% de los Registros Civiles y de las oficinas de recaudación.

Por si no fuera poco, Marko Cortés hizo público que también se repartió con el PRI por lo menos 6 notarías y el 20% de las direcciones de planteles educativos y universidades.

En el último punto exigido para 2023, el PAN pidió la ratificación de “Bernardo con Magistrado”, haciendo mención de otro de los Poderes que la oposición se ha enfrascado a defender, sin cuestionar, a capa y espada; el Poder Judicial. Poder que a decir de la oposición es “independiente” e “imparcial”.

Sobre el asunto, se pronunciaron diversos personajes de la política mexicana, pues hubo quien se burló del dirigente del PAN por exhibir los moches y la repartición de posiciones. Por su parte, hubo otros que le pidieron “discreción” al panista quien no se ha pronunciado más que para advertir al PRI, que si no se cumple con lo acordado la alianza acabará en Coahuila.

Fuente

Por Álvaro Delgado

Los periodistas Beatriz Pagés Rebollar, Raymundo Riva Palacio y Joaquín López Dóriga impulsan en sus respectivos espacios informativos la hipótesis de un magnicidio contra la senadora Xóchitl Gálvez, como el que sufrió en 1994 el priista Luis Donaldo Colosio, y culpan desde ahora al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿En qué fundamentan los tres tamaña conjetura? En nada. Sólo en sus propias suposiciones y prejuicios. Su rudimentario razonamiento es que las críticas que López Obrador formula contra Xóchitl Gálvez conducen, casi en automático, a que sea blanco de homicidas.

La sola enunciación del magnicidio, desprovista de toda información y hasta de lógica, es tan irresponsable que parece una invocación. No es seria, pero si ya se ha formulado, que se discuta para que eso no ocurra, ni ahora ni nunca.

Es deber de los políticos, pero también de los periodistas y de los medios que exista una deliberación pública de calidad, cuya base sea la información, los hechos, no los prejuicios ni las mentiras.

Un principio del periodismo es que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados, y tanto Pagés, directora de la revista Siempre y exdiputada federal del PRI, como Riva Palacio y López Dóriga pueden opinar lo que les dé la gana, pero tienen también el deber, como lo tenemos todos los periodistas, de presentar pruebas o indicios de lo que se afirma.

Hace años, antes de las elecciones de 2018, López Dóriga había advertido que se tramaba un atentado contra López Obrador, pero jamás presentó datos, en una hipótesis que ahora reproducen también Riva Palacio, exdirector de la agencia Notimex en el Gobierno de Carlos Salinas y fundador del periódico Eje Central, y Pagés Rebollar, partícipe de las iniciativas de Claudio X. González.

Esta patraña, inspirada sólo en la rabia de quienes perdieron privilegios económicos, la nutre también el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, quien advierte que la vida de la empresaria y servidora pública Xóchitl Gálvez está en peligro, en una argumentación más propagandística que de responsabilidad política.

“Yo he hablado con ella y le he sugerido ya no sólo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque, de verdad, Palacio Nacional genera violencia, provoca, y pude haber un ofrecido o puede haber algún mandado y no puede Xóchitl simplemente andar como le encanta andar”, expuso ante opositores de la talla de Carlos Alazraki y Javier Lozano.

Si Cortés fuera un político serio, atajaría sin vacilar la hipótesis del magnicidio por todas las graves implicaciones que un hecho así tiene para la nación. El solo hecho de exponerlo como posibilidad, tiene un efecto político indeseable.

Toda persona, no sólo las dedicadas a la política, a la empresa, al periodismo o a cualquier actividad, tiene derecho a nadie, ni del crimen ni del Estado, atente contra su integridad física, emocional y patrimonial.

En esa exigencia a las instituciones del Estado no debe haber vacilación ni discrepancia entre distintos, incluido el esclarecimiento de las agresiones que ya han sido cometidas y que no deben quedar en la impunidad, que las reproduce.

En el caso del Gobierno federal, incluyendo el Presidente de la República, es su responsabilidad garantizar las condiciones de seguridad de todas las personas en el país, independientemente de si son mexicanos. Él mismo ha admitido que no acreditará su Gobierno si no serena al país y, claro, si no lo hace pagará el costo, incluido el electoral, pero hacerlo responsable desde ahora hasta del hipotético asesinato de una persona es aberrante.

Podrá no gustar el estilo personal de López Obrador como dirigente ni como gobernante, pero nadie ha podido acreditar hasta ahora, ya no una orden para cometer un asesinato o un acto de represión, sino una agresión física y/o censura.

Y si de asesinatos políticos se trata, incluyendo magnicidios, esos han ocurrido en lo que hoy es el PRIAN. Nadie quiere que México vuelva a vivir el asesinato de un candidato presidencial, como el de Colosio, ni el del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, pero hasta en ese mismo partido se afirma que fueron crímenes de Estado, tramados por priistas.

Nadie quiere tampoco que sea asesinado un dirigente del PAN, como el secretario general de este partido en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda, pero sus homicidas materiales e intelectuales fueron los también panistas Aldy Manuel González y Benito Manrique Contreras.

Por cierto, qué feo mandaron callar a Vicente Fox. Y obedeció la orden. Porque no enmudeció por el reconocimiento de un error ni por un repentino pudor personal, lo que jamás ha hecho, sino por disposición de sus jefes, los mismos que lo impusieron a él y quieren imponer a Xóchitl Gálvez. ¡No te calles, chachalaca!

El Gobernador de Nuevo León reiteró que con el PRI y el PAN “ni a la esquina”, tal como dijo ayer Dante Delgado, dirigente del partido.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, reafirmó lo que ayer dijo Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadana (MC), de unirse con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Que me pregunten a mí, Samuel García, qué opino de ir con el PRIAN, ni a la esquina en subrayado, bold y en itálicas, no hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León, y al país”, dijo en conferencia de prensa el Gobernador.

Ayer, Clemente Castañeda, coordinador de senadores de MC, en el programa “Tela de Juicio” en Radiorama de Occidente, abrió por primera vez en cinco años las puertas a formar parte de la alianza opositora si es de la mano de la Senadora Xóchitl Gálvez, una de las favoritas de Va por México en las encuestas.

“Estoy seguro que Movimiento Ciudadano, y yo en lo personal, esta es una posición más bien personal, si Xóchitl Gálvez es la candidata, Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas que tiene”, dijo.

“Respeto mucho a Clemente, es mi amigo, le digo hasta ‘compadre’, pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN, son nuestros enemigos. Vean aquí en Nuevo León cómo todos los días nos están jodiendo”, reviró García Sepúlveda esta mañana.

De igual manera, ayer el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, fue más cortante. “En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el TITANIC de la Alianza tampoco”, afirmó.

“Es muy importante que se mande un mensaje a los que andan bien alborotados: Falta mucho, la campaña empieza en marzo, ¿qué fregados andan haciendo un año antes en campaña? Pónganse a jalar, por eso la gente los odia. ¿Qué andan gastando nuestro dinero en mítines que parecen velorios? Pónganse a jalar, den resultados, quieren ser presidentes, den resultados, pero si la Ley federal dice que la precampaña empieza en diciembre, qué fregados andan en julio alborotando el gallinero como si estuviera todo arreglado”, criticó el mandatario neolonés.

La posición de Delgado es la que ha mantenido luego de 2018 MC, ya que tanto en las elecciones intermedias de 2021 como en 2022 fueron en solitario, sin sumarse a la alianza del PAN, PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 2023, el partido naranja prefirió no participar en las contiendas del Estado de México y de Coahuila.

El partido fundado por Dante Delgado se convirtió en automático en la tercera fuerza al no contender este junio por la gubernatura del Estado de México ni Coahuila, y porque el PRI perdió su bastión mexiquense. Gobierna en dos entidades, Nuevo León y Jalisco, y cuenta con 39 legisladores federales: 27 diputados, entre ellos Jorge Álvarez y Salomón Chertorivski; y 12 senadores como Clemente Castañeda, Dante Delgado, Patricia Mercado y Juan Zepeda.

En las primeras encuestas de presidenciables, solo entre figuras de Movimiento Ciudadano, lideran el Alcalde Luis Donaldo Colosio, y los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García, cuyas gestiones en Jalisco y Nuevo León no han estado exentas de señalamientos. Ninguno se encuentra en el padrón de militantes, conformado por más de 380 mil ciudadanos hasta junio de este año.

MC AGUARDA ANTE 2024

Movimiento Ciudadano es el único partido que no ha presentado la ruta de su proceso interno rumbo a la Presidencia en 2024. Bajo el argumento de no violar la ley electoral, sin prisas, como si no fuera su prioridad, sus integrantes definirán a su aspirante en la Convención Nacional Democrática hasta la primera semana de diciembre, ya iniciado el periodo de precampaña.

Sus principales cuadros no gozan de total aprobación ciudadana y, dado que sus estatutos lo permiten, ni siquiera son militantes. El mejor posicionado entre los emecistas, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, no ha despegado entre el resto de presidenciables y su interés es reelegirse en la capital neolonesa. Ante este escenario, incluso contemplan a un posible candidato de la sociedad civil.

“La trampa no es ventaja y vamos a competir en los tiempos legales”, dijo en entrevista el coordinador de diputados emecista, Jorge Álvarez Máynez, quien denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, y también lo hará contra Va por México.

Ambos bloques, el 11 y 26 de junio respectivamente, expusieron sus métodos de selección de quienes en un futuro serán los precandidatos a la Presidencia de la República. Los aspirantes, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez… han comenzado recorridos por el país o están siendo promocionados en bardas, espectaculares, redes sociales y encuestas.

–Con información de Dulce Olvera.

Ciudad de México.- La mayoría priista del Congreso de Coahuila autorizó la tarde de este martes al Gobierno de Coahuila reestructurar con los bancos hasta 36 mil 269 millones de pesos de deuda pública estatal por un plazo de hasta 25 años, lo cual extendería los adeudos hasta 2048.

Al autorizar modificaciones al Decreto 404 que autoriza la reestructuración de la mega deuda, los Diputados también autorizaron al Gobierno de Miguel Ángel Riquelme a disponer del 100 por ciento de las participaciones federales, actuales y futuras, para destinarlo al pago de la deuda.

El Congreso de Coahuila había ya autorizado el 21 de diciembre de 2022 la reestructuración de la deuda, sin embargo, aquel decreto 404 contenía fallas en su redacción, pues no especificaba el monto a reestructurar ni las participaciones federales que se podían destinar al pago de los créditos bancarios.

De acuerdo con Legisladores de oposición, el Gobierno de Coahuila inició el proceso de reestructura con algunos bancos, quienes hicieron notar las fallas en el decreto original de diciembre, por lo cual el Gobierno estatal envió una nueva iniciativa con las precisiones requeridas por los bancos.

«El presente Decreto tiene por objeto autorizar al Estado de Coahuila de Zaragoza para que a través de la Secretaría de Finanzas reestructure y/o refinancie la totalidad de la deuda pública directa del Estado hasta por la cantidad de 36 mil 269 millones 382 mil 225 pesos», dice el decreto aprobado este martes.

La autorización permite al Gobierno de Coahuila constituir uno o varios fideicomisos, así como modificar los fideicomisos existentes destinados al pago de los créditos que se reestructuren.

El dictamen permite al Gobierno comprometer la totalidad de las participaciones federales para el pago a los bancos, que tan solo en los próximos dos años se estima que sumen 36 mil 141 millones de pesos.

«Se autoriza al Estado para afectar, aportar, destinar, mantener y/o transmitir en forma irrevocable hasta el 100% (cien por ciento) de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones al que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal», dice el texto aprobado.

En 2018, el Gobierno de Coahuila reestructuró 36 mil 559 millones de pesos en cinco créditos; dos por 30 años, dos por 25 años y uno por 20 años, es decir, el vencimiento de la deuda era al 2048, misma fecha que podrían tener todos los créditos reestructurados.

«(Los créditos) en ningún caso podrán exceder de 25 (veinticinco) años contados a partir de la celebración de los contratos, la fecha en que el Estado ejerza la primer disposición de los recursos otorgados».

Durante la sesión plenaria celebrada este martes, los diputados priistas no participaron en la discusión ni subieron a tribuna a emitir pronunciamiento alguno.

Rodolfo Walss, ex diputado panista, quien se sumó a la bancada de Morena, resaltó que en 2011 la deuda que heredó Humberto Moreira era de casi 36 mil millones, y ahora, 12 años después, se pretenden reestructurar 36 mil 269 millones de pesos.

«En este gobierno ya se hizo una reestructura hace cinco años. La deuda total era 36 mil 559 millones, hoy la deuda es 36 mil 269 millones, en cinco años hemos pagado, según documentos oficiales, 18 mil millones y debemos prácticamente lo mismo», reclamó.

«La deuda de Coahuila es un fraude en su origen y es un fraude hoy en día. Por eso no les conviene que se acabe, por eso la van a aventar otros 25 años más».

El dictamen fue aprobado con el voto de los 16 diputados priistas, donde votó a favor el Diputado Álvaro Moreira, hermano del exgobernador Humberto Moreira, bajo cuya administración se contrataron los créditos por más de 35 mil millones, la mayoría de ellos con documentos falsificados.